“Hay cosas básicas donde vos no podés hacer un recorte”

“Hay cosas básicas donde vos no podés hacer un recorte”

Sep 17, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Martiniano Palazzo festejaba el Día del Niño en un club de la ciudad bonaerense de Mercedes cuando un accidente en un inflable lo dejó con una multidiscapacidad. Su madre le envió una carta a Milei tras el veto a la emergencia en discapacidad. No tuvo respuesta.

“La discapacidad entra. No te avisa y no pide permiso”, repite Daniela Conte, mamá de Martiniano Palazzo (11). Desde el 15 de septiembre de 2024, su vida y la de su familia cambió para siempre: un niño que no está jugando con sus amigos, un matrimonio que no tiene momentos en pareja y la lucha diaria para que no le falte nada. Su historia personal es la de muchos y se enmarca en un contexto donde la discapacidad dejó de ser un asunto privado para instalarse en el centro del debate público, entre vetos presidenciales, manifestaciones callejeras y los escándalos de corrupción en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En diálogo con ANCCOM, Conte describe que los primeros meses en el Garrahan, en situación crítica, “era veinticuatro por siete con él, en el hospital, sentada a su lado”. Hoy, la vida en la clínica es un poco más dinámica: Martiniano asiste a distintas terapias, desde kinesiología y fonoaudiología hasta musicoterapia y estimulación visual. Además, “los jueves tiene clase y vienen los maestros de una escuela especial”.

Sin embargo, la rutina familiar se transformó en un “pase médico”. Daniela vive en la cama de al lado de su hijo en una clínica de rehabilitación en Núñez durante la semana y el viernes se va a Mercedes con su hija de 6 años, mientras el padre, Maximiliano, se queda en la Capital hasta el lunes. “En este año hicimos dos salidas. El jueves, que jugó la Selección, y otro día fuimos a ver a No Te Va Gustar, que nos regalaron dos entradas. Esas fueron las dos salidas que hicimos en un año, los dos juntos, como pareja”.

Desde que Martiniano dejó su casa, lo que más quieren como familia es volver a estar todos juntos. “Ahora estamos esperando la colocación de la bomba de baclofeno, que es una bombita que va dentro de su cuerpo y le infunde la medicación directamente. Ahí él estaría en condiciones de volver. Necesito la cama, los insumos, que tenga un enfermero, un acompañante terapéutico y todo lo que él necesita hacer en Mercedes”. Para lograr el reencuentro familiar están acondicionando tanto su casa como su auto. 

Aunque el foco de la familia está en el presente y en el futuro, hay una causa judicial en curso por el accidente. Martiniano cayó del inflable como todos los demás, pero él se golpeó contra la pared y después también contra la vereda. “No hay culpables, porque es un accidente. Pero sí hay responsables”. El club (Quilmes de Mercedes) no tenía seguros ni permisos ni ambulancia. “Los sopladores no eran los que tenían que ser, un soplador salió volando, el inflable con cuatro metros de altura no estaba estaqueado al piso. Falló todo”. Además, “el dueño del inflable en ningún momento dijo ‘che, esto no se puede armar al lado de una pared, al lado de una vereda’. Alguien lo dejó ahí, y se fue”.

La experiencia de los Palazzo no es un caso aislado, junto a otras experiencias similares arman una red de contención y ayuda que se cruza inevitablemente con la coyuntura nacional, donde la discapacidad se convirtió en un tema diario en la agenda. Las movilizaciones por el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad concentraron su reclamo en el congelamiento de los recursos de asistencia médica, que se combinó con una reducción en la cantidad de beneficiarios, tras una auditoría fuertemente cuestionada, realizada por la ANDIS durante la gestión de Diego Spagnuolo, desplazado tras conocerse los audios en donde revelaba un circuito de coimas entre funcionarios y droguerías. Finalmente, el Congreso rechazó el veto y el Gobierno confirmó que la ley será promulgada, pero no la reglamentará hasta definir cuáles serán los recursos para financiarla.

En agosto último, luego del veto a la ley, Daniela le escribió una carta personal a Milei. “Señor presidente, yo lo voté, porque creí que usted puede arreglar un poco esta pobre Argentina”. Y continuaba: “Nadie, a menos que sea megamillonario, puede pagar el tratamiento que requiere un hijo con discapacidad. Por eso existe este mecanismo, en el que toda la sociedad se hace, como dice la ley, solidariamente responsable, todos aportan un poquito, para que nuestros hijos y todas las personas que están atravesando esta situación, que no buscaron y que nadie desea tener que vivir, puedan tener la mejor vida posible. De eso se trata”.

Pasado más de un mes, Daniela no ha recibido respuesta del Gobierno. “Me hubiera encantado sentarme a charlar esto y decirle: ‘Bueno, a ver, explicame’ –y aclara–: Mi reclamo era que si no hay modificación en los nomencladores, los profesionales no pagamos la luz y el gas con amor. Y toda la gente que labura en discapacidad pone mucho. Quiero simplemente que esté lo que uno necesita y que el Garrahan tenga los recursos que le corresponden. Yo hice visible lo que me pasa a mí, pero ¿cuántas familias hay que no tienen ni las herramientas, o no se animan, o no dicen, o no pueden? Y las que vendrán, porque lo que le pasó le puede pasar a cualquiera. Pese a quien le pese, personas con discapacidad va a haber toda la vida”.

Consultada sobre si cree que el tema discapacidad influyó en el resultado de las recientes elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Daniela reflexiona: “Hay un enojo generalizado en la gente. Para mí, hay cosas básicas y una de esas tiene que ver con la discapacidad, con los jubilados, con el hospital Garrahan. Hay cosas donde vos no podés hacer un recorte”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad sigue sin promulgarse

La Ley de Emergencia en Discapacidad sigue sin promulgarse

Sep 13, 2025 | Comunidad, Destacado 1

A pesar de la caída del veto presidencial, el gobierno no pone en marcha la nueva normativa. Las consecuencias de la desaprensión de Milei en la voz de los afectados.

Las pensiones por discapacidad se crearon en 1973 a través de la reforma de la Ley 13.478 cuando se establece la pensión por invalidez laboral, que deja en evidencia el sistema capacitista que los “discas” denuncian. Según el último relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diciembre de 2024 se contabilizaron 1.221.971 pensiones a nivel nacional, mientras que en marzo de 2025 la cifra había descendido a 1.193.523. El 27 de agosto, el jefe de Gabinete de Ministros informó la suspensión de 111.463 pensiones. Estos números aumentarán en breve ya que en las últimas semanas se enviaron 997.654 cartas documento y 504.802, la mitad, no pudieron ser entregadas. Además, se encuentran en proceso de auditoría 418.374 casos. Detrás de cada uno de estos números hay una historia sobre cómo el sistema destrata a las personas con discapacidad, quienes denuncian la baja arbitraria de pensiones, auditorías burocráticas e inaccesibles, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la falta de medicación, coberturas y prestadores.

La actual Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada por el Congreso Nacional y que establece una mejora en las pensiones y en las tarifas de los prestadores, está a la espera de la ejecución del gobierno. Si el presidente la promulga cada provincia tiene la potestad de adherir a ella para que entre en vigencia. Sin embargo, como es costumbre del Ejecutivo no respetar al resto de los poderes del Estado, Javier Milei ya había adelantado su voluntad de judicializar la norma porque –argumenta- va en contra de la Ley de Entidades Financieras. Cualquier juez respondería que no cumplir con la normative aprobada por el Parlamento, va en contra de los tratados internacionales a los que adhiere Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen rango constitucional. Por lo tanto, no puede haber una ley interna contraria y el Estado debe adecuar la legislación. Mientras tanto, la ley continúa en el cajón presidencial.

 

La disidia en primera persona

Karina Herrera tiene 50 años y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una de las personas con discapacidad a las que el Estado le quitó la pensión. Su diagnóstico es “cervicalgia, lumbago con ciática, trastornos de disco lumbar con radiculopatía, anormalidades de la marcha y la movilidad”. A causa de esta situación, hay días en los que no se puede levantar de la cama. Desde que le quitaron la pensión debe ir a comedores populares para poder alimentarse.

Herrera cuenta: “A mí me llegaron dos cartas documento alrededor del 6 de agosto del año pasado. La cita era para el último miércoles del mes, muy poco tiempo para reunir los papeles médicos que ellos exigen. Cuando voy, esperando que me reciba un médico o alguien relacionado con el área de salud, me dicen que me van a hacer una auditoría socioambiental que consistió en sacarle fotocopia al DNI”, asegura con ironía.

“En la siguiente auditoría eran dos empleadas que te recibían los papeles y nada más. Te decían que pasaban la auditoría al ANDIS y que de ahí se iban a comunicar para informarte si te seguían brindando la pensión o si te la suspendían. Para el cobro de diciembre, la plata no estaba. Luego recibí la carta documento diciendo que me suspendían la pensión por no tener la incapacidad reglamentaria. Yo reclamé por las vías correspondientes, primero la administrativa. Luego, cuando en mayo voy a presentar el pronto despacho que me hace la Defensoría, me dicen que son sesenta días hábiles para la respuesta. Voy de nuevo y me entero que la auditoría por la cual me sacaron la pensión en diciembre, la hicieron en abril. Entonces, yo no entiendo cómo si me citaron en agosto para la auditoría, me sacaron la pensión en diciembre y la auditoría la hicieron recién en abril”, aseguró sorprendida Herrera.

Karina Herrera

Por su parte, Justina, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, es mamá de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y cuenta que su hijo requiere de tres terapias y de un acompañamiento escolar cotidiano para poder adquirir herramientas que le permitan desenvolverse en su vida diaria. “Para nosotros sería imposible sostener todo eso sin la cobertura correspondiente”, asegura. Aunque su obra social continúa cubriendo las prestaciones, la precarización atraviesa a todas las profesionales que atienden a su hijo. “Las terapistas están afectadas por el desfinanciamiento. En cuanto al acompañante escolar no docente, no nos cubren la jornada completa”, explica. Por ahora, su vida cotidiana no se modificó de manera drástica, pero la incertidumbre y la falta de reconocimiento están siempre presentes.

“Me da impotencia escuchar denuncias de corrupción en la ANDIS. Hay familias que la están pasando muy mal y que se enfrenten a un escenario así me parece nefasto”, dice con firmeza. Justina es clara cuando se dirige a quienes gobiernan y a la sociedad: “Lamentablemente vivimos hoy en un país donde no se vela por los derechos de las personas en general y mucho menos por la minoría que representa el sector de discapacidad. A la sociedad le diría que no tienen idea de lo agotador que es ser responsable de una persona con discapacidad y no por la persona en sí sino por el sistema: un sistema que no te ayuda, no te orienta y mucho menos te cuida. La burocracia te cansa, te pasa por arriba y termina quitándote derechos en lugar de garantizarlos”.

Laura, que también prefiere preservar su apellido para resguardarse de posibles represalias, tiene 51 años, vive en el Centro de internación y rehabilitación “Alihuen” en Villa Lynch (partido de General San Martín) y cobra una pensión graciable, no contributiva. Su testimonio refleja de manera cruda las consecuencias del desfinanciamiento y la falta de personal en el área de discapacidad: “Hoy no hay personal suficiente para entregar los remedios y yo no puedo contar con la medicación neurológica que necesito”, relata. En conversación con ANCCOM, muestra la lista de los remedios que necesita: en total son 18 y dice “de esta lista tengo solamente cuatro”. Para acceder al resto, explica, “tendría que pagar una persona para que me acompañe en todos los trámites burocráticos para conseguir la medicación debido a la falta de personal. Pago a una persona que viene cuatro horas por semana a asistirme. Pero cuatro horas no alcanzan para nada, no se puede vivir así. Siempre pienso en los derechos humanos: entre ellos está el derecho a la vida ¿Dónde queda ese derecho acá? El derecho a sobrevivir no puede ser opcional, es una obligación del Estado”, afirma.

Intentando sostener su independencia, también destina parte de su pensión a pagarle a alguien que la acompañe a salir o realizar actividades. “Yo estoy acostumbrada a nadar sola, a enfrentarme como paciente y hacer lo que puedo, pero en este momento se me hace imposible”. Ella cuenta que antes le pagaba a una asistente para que la acompañe a natación y también a alguien que la asistía dentro de la pileta. Hoy, tuvo que recortar esa actividad: ese dinero lo destina a contratar a una persona que la ayude a realizar los trámites que le aseguren el acceso a su medicación. La indignación aumenta cuando escucha sobre denuncias de corrupción en la ANDIS: “Es terrible, porque mientras nosotros perdemos derechos humanos básicos, otros se enriquecen a costa nuestra. No creo que haya precedentes de algo así”, sostiene.

Sin ley

Rocío Librandi es acompañante terapéutica, psicóloga social y estudiante de Trabajo Social. Hace más de quince años trabaja en escuelas acompañando la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Además, es delegada de la organización Prestadores Precarizados y del Frente de Lucha Tribuna Disca. “Venimos de un logro enorme: gracias a la movilización popular conseguimos que se cayera el veto que Javier Milei había impuesto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.” Para Rocío y el colectivo Disca, esa conquista no es un punto final, sino apenas un respiro.

“Hoy exigimos que la ley sea promulgada de inmediato. Cuando decimos que estamos en emergencia, es literal: están en riesgo nuestros trabajos, las prestaciones y, en muchos casos, la vida de las personas con discapacidad que dependen de esos apoyos para poder vivir con dignidad.” Sin embargo, el panorama sigue cargado de tensiones. El presidente anunció que podría judicializar la norma. Frente a esa amenaza, Rocío es contundente: “Si lo hace, vamos a estar en tribunales. No podemos permitir retroceder después de tanta lucha, y menos en este contexto en el que se destaparon casos de corrupción que involucran directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad, a su exdirector Diego Spagnuolo y también al propio presidente Milei y a su hermana Karina.” La voz de Librandi refleja una mezcla de emociones victoriosas y persistencia en la lucha. Celebra la aprobación, pero advierte que la ley es insuficiente. “Nos da un respiro, pero no resuelve los problemas de fondo. Seguimos reclamando la extensión del cupo laboral para personas con discapacidad: ese 4% debe ser un piso, no un techo, porque más del 90% hoy no tiene trabajo. Y peleamos por la reincorporación de los más de 600 despedidos en la ANDIS, muchos de ellos personas con discapacidad. Eso fue un vaciamiento total.”

Entre la desidia estatal y la corrupción se abren paso la vida millones de personas que  se niegan a resignarse y reclaman aquello que les corresponde: existir con dignidad.

Las personas con discapacidad le torcieron el brazo a Milei

Las personas con discapacidad le torcieron el brazo a Milei

Sep 5, 2025 | Comunidad, Destacado 1

El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora regirá hasta diciembre de 2026. El Estado deberá otorgar aumentos a las pensiones y a los prestadores de servicios. El Gobierno amenaza con judicializar la normativa.

En una sesión marcada por la tensión política y a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y repuso una norma clave con 63 votos afirmativos y apenas 7 en contra. La iniciativa había sido impulsada en febrero por el diputado Daniel Arroyo y se convirtió en la primera derrota legislativa directa que enfrenta el gobierno de Javier Milei, marcando un precedente institucional en la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso.

Además, en la misma jornada, la Cámara Alta dio media sanción a un proyecto que limita las facultades del Presidente para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), delegar funciones legislativas y promulgar leyes parcialmente. La ofensiva parlamentaria envía un claro mensaje político en un contexto de creciente desgaste del oficialismo.

La emergencia en discapacidad —aprobada en julio de este año— garantiza fondos hasta diciembre de 2026 para el pago a prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablece el proceso de aprobación de pensiones y actualiza los montos (en junio de 2025 eran de $213.286,50). También incrementa la remuneración de los trabajadores con discapacidad empleados en talleres asistidos, quienes perciben $28.000 mensuales desde febrero de 2023.

Arroyo, en diálogo con ANCCOM, declaró: “La conformación del proyecto de ley fue un proceso larguísimo. Desde un principio me preocupé porque fuera una norma por fuera de la grieta, que incorporara todas las miradas de las organizaciones sociales y de los espacios políticos. Absurdamente el gobierno la vetó, aunque no tiene impacto fiscal. Volvimos a la Cámara de Diputados, donde rechazamos el veto con 172 votos, muy por encima de los dos tercios, y finalmente ayer el Senado lo rechazó”.

 “La articulación con las organizaciones sociales y las familias fue fundamental –describió Arroyo-. Muchos senadores y diputados empezaron a interiorizarse en el tema gracias a ese lazo. Las familias empezaron a sentir esperanza con las reuniones. Siempre informé cómo era el proceso, aprendimos todos de técnica legislativa porque fuimos y vinimos un montón de veces”. Arroyo asegura que el proceso tuvo impacto en el humor social. “Antes de los audios de Spaungnolo, incluso, cuando contaba la ley en la que estábamos trabajando, la gente decía: ‘Qué mal la pasan estas personas’. Se fue construyendo la idea de que hay límites que no deben pasarse. Y se generó una conciencia de que el Estado tiene un rol fundamental en acompañar a las personas con discapacidad, que hay causas de las que no se puede retirar”.

Juliana Di Tullio, senadora, Unión por la Patria, menciono: “Esto es una victoria para todas las familias. El Ejecutivo no puede judicializar esta ley, no está dentro de la Constitución. El presidente debe adecuarse a la Constitución. El plan del gobierno es eliminar pensiones por discapacidad, pero no lo puede hacer. Esta es una exigencia del FMI para seguir endeudando a la Argentina, y lo que pide es un ajuste sobre este sector”.

Por su parte, José Mayans Jefe del Bloque Unión por la Patria, agrego: “El Parlamento, con más de dos tercios, le dice al presidente que no se puede hacer cualquier cosa con políticas públicas que benefician a tantas personas. Decidir mantener con el presupuesto del 2023 a la Ley de Discapacitados fue un acto desaprensivo, que demuestra un grado de crueldad por parte del presidente”.

Desde la oposición, también se sumó el respaldo del radical Pablo Blanco, quien expresó: “Este veto está esencialmente sustentado en el equilibrio fiscal y financiero, pero en Argentina hay un déficit mucho más importante: el déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri también cuestionó el argumento del Ejecutivo de que no había fondos suficientes: “La plata sale del sobreprecio y la coima, así que no pregunten cosas que saben cómo se resuelven”.

Los libertarios votaron en bloque junto con la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y el exlibertario Francisco Paoltroni. “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, desafió Rivero en el recinto. Y agregó: «En Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral, y que, inclusive, esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad. No necesitamos otra ley, ni declarar emergencias: necesitamos gestión».

Sin embargo, la amplia mayoría de los bloques opositores se unieron para garantizar los dos tercios y darle continuidad a la ley, tanto en Diputados como en el Senado. Ningún legislador libertario tomó la palabra para defender el veto presidencial, a pesar de que estaba previsto que el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, lo hiciera.

Mientras el debate transcurría en el recinto, cientos de personas con discapacidad mantenía una vigilia en la Plaza del Congreso. Durante toda la tarde, estuvieron espectantes y cantaban el hit de la semana: “Karina es alta coimera”, Cuando el veto fue rechazado por los legisladores estallaron en gritos de alegría y abrazos.

Silvia Amato, madre de una hija con discapacidad, señaló la importancia de la restitución de la norma: “Tenemos que luchar, seguir saliendo a la calle, para conseguir nuestros derechos, tenemos que sacar las cosas a la luz porque la mayoría de lo que se dice es mentira. El Presidente debería tener más conciencia, la ayuda del Estado es fundamental para poder darle la mejor vida posible a nuestros hijos, es muy duro tener un hijo con discapacidad”.

Mientras tanto, el presidente Milei se encontraba en Los Ángeles, en medio de reuniones con inversores, y con la mirada puesta en la campaña bonaerense. “Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta”, lanzó el mandatario en defensa de su hermana Karina, cuestionada por audios que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en un escándalo de supuestas coimas.

El debate parlamentario no solo tuvo repercusiones dentro del recinto y en Plaza del Congreso. Afuera, un fuerte cruce en redes sociales generó repudio generalizado. El influencer libertario conocido como “Gordo Dan” (Daniel Parisini) publicó un mensaje en X contra el senador cordobés Luis Juez, en el que hizo referencia a su hija con parálisis cerebral.

En el tuit, Parisini sostuvo que Juez había tenido la niña “con una mujer que no era su esposa”, que “no se hizo cargo hasta que la justicia lo obligó” y que ahora la utilizaba “para hacer política barata” y ponerle “palos en la rueda al plan de Milei para sacar a los argentinos de la miseria”.

Las expresiones fueron rechazadas hasta por integrantes de su mimsor Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaro:“Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera”. Francos aclaró que Parisini no forma parte de la estructura oficial y contó que se comunicó personalmente con Juez:“Yo lo llamé hace un rato. Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedí disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”.

Tras la ola de críticas, el “Gordo Dan” eliminó el tuit original, pero luego volvió a escribir otro en el que insistió en que Juez utilizaba la situación de su hija “para justificar la quiebra del Estado”. En el mismo mensaje apuntó también contra Francos, aunque cerró diciendo que lo “perdonaba por la Sagrada Causa Argentina”.

Discapacitados sin veto, jubilados con hambre

Discapacitados sin veto, jubilados con hambre

Ago 21, 2025 | Destacado 2, Vidas políticas

La Cámara Baja convalidó el veto de Javier Milei al aumento jubilatorio y la reposición de la moratoria. En cambio, los legisladores rechazaron el de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ahora decide el Senado. Se aprobó la distribución de ATN a las provincias pero no darían los votos para desactivar el casi seguro veto presidencial.

La Cámara de Diputados vivió este miércoles 20 de agosto una sesión especial que quedará en la historia parlamentaria: por primera vez desde la recuperación democrática, la oposición logró anular un veto presidencial. Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, se restituyó la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un resultado celebrado por las familias y organizaciones que desde hace meses reclaman por el deterioro de las prestaciones.

El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) declaró a ANCCOM: “Me hubiera gustado que, antes de que la Cámara tratara este tema, el Gobierno resolviera la situación de las prestaciones para las personas con discapacidad, que hoy se encuentran en estado de emergencia. Lo que se generó con esta votación es una expectativa en las familias, pero aún no una solución concreta. Ahora es el Senado el que debe rechazar el veto, tal como indicaban los números hasta la última votación, para que finalmente se pueda resolver la emergencia. De todas maneras, mi expectativa es que el Gobierno se haga cargo y resuelva de inmediato el problema de las prestaciones”.

Desde el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano destacó el rol del quórum y denunció la falta de apoyo sindical: “Lo que se logró hoy fue una nueva derrota para el Gobierno, producto de la movilización de las familias de personas con discapacidad. Reclamamos que la CGT debería estar apoyando esta lucha con un paro, y no lo hace. Eso demuestra una complicidad muy grande que denunciamos con fuerza”.

En la misma línea, Myriam Bregman (PTS–Frente de Izquierda Unidad) subrayó que el rechazo al veto “es un logro del colectivo de la discapacidad, que luchó lo suficiente y consiguió un triunfo muy importante”. Más tarde vinculó el debate con el contexto internacional: “Acá hay una decisión del FMI de recortar jubilaciones y todas las partidas sociales, incluidas las de discapacidad, y próximamente también la Asignación Universal por Hijo. Lo que hay que cuestionar de raíz es el acuerdo con el Fondo y que la Argentina tenga que someterse a este tipo de políticas”.

El segundo gran tema de la sesión fue el veto presidencial al aumento del 7,2% a las jubilaciones y al bono. En este caso, La Libertad Avanza, con apoyo de un sector del PRO y de gobernadores aliados, consiguió mantener la decisión oficial. La votación terminó con 83 diputados en contra de la Ley y 160 a favor de insistir, sin llegar al número necesario para revertir el veto. “No se trata de ganarle a Milei, sino de que gane la Argentina”, afirmó Pablo Juliano (Democracia para Siempre), mientras que Nicolás Massot (Encuentro Federal) advirtió: “No estamos en la sintonía de eliminar a cero bienes personales y licuar 50% las jubilaciones, o en bajar impuestos a autos importados mientras no se garantizan los presupuestos mínimos para ciencia y universidades”.

La tercera definición de la jornada fue la aprobación del proyecto de los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo millonario que este año podría recaudar alrededor de un billón de pesos. Hasta ahora, la Nación retenía la mayor parte y transfería los montos de manera discrecional. La nueva norma establece un reparto automático: el 41,2% para la Nación y el 58,8% para las provincias, según los coeficientes de coparticipación. La votación arrojó 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones: mayoría clara, aunque sin alcanzar los dos tercios que blindarían la ley frente a un eventual veto.

El diputado Tomás Ledesma (Unión por la Patria) destacó en diálogo con ANCCOM: “En un contexto de crisis y de gran complejidad financiera y económica que atraviesan nuestras provincias, municipios y sobre todo las pequeñas y medianas ciudades, los Aportes del Tesoro Nacional son una herramienta fundamental, que siempre funcionó con rapidez. Es necesario ajustar su distribución para que sea verdaderamente federal, pero no se puede prohibir el uso de una herramienta tan importante en un momento como el que estamos viviendo. Lo que ocurrió hoy con la votación también debe proyectarse en una agenda constante hacia adelante. Eso es lo que da peso, continuidad y permite sostener en el tiempo las decisiones que toma el Congreso. No estamos en una Argentina donde, simplemente porque se rechace un veto o se sancione una ley, la realidad cambie de inmediato. Para que las medidas se vuelvan efectivas necesitamos el compromiso de todos los espacios políticos”.

En la misma línea, Juan Fernando Brügge (Partido Demócrata Cristiano – Hacemos Coalición Federal) sostuvo: “Desde nuestro bloque hemos mantenido siempre una visión federal, especialmente en esta etapa en que el presidente de la Nación utiliza los fondos de la recaudación tributaria sin presupuesto aprobado ni control. Vemos aquí una oportunidad para trabajar con sensatez y compromiso. Es alentador observar cómo diputados que históricamente acompañaron a La Libertad Avanza hoy reconocen la inequidad y la falta de lógica de las medidas del presidente, y deciden votar junto a nosotros”.

También se aprobaron otros proyectos del temario: la conformación de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, el cambio de huso horario en invierno y la reforma del Régimen Penal Tributario.

Quedaron pendientes, en cambio, la emergencia climática en Bahía Blanca, la moratoria previsional y la eliminación de los fideicomisos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que no lograron consenso. “Teníamos el objetivo de un temario completo. Sabemos todas las tensiones que provocó el debate sobre jubilaciones. Lo mejor es retomar estos puntos en una nueva sesión”, admitió Germán Martínez (Unión por la Patria).

La sesión terminó con un cimbronazo político: cuatro diputados de La Libertad Avanza anunciaron la conformación de un nuevo bloque, presidido por Carlos D’Alessandro (San Luis) e integrado por Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González. La fractura expone la pérdida de cohesión del oficialismo en vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre y anticipa un escenario de mayor fragmentación en la Cámara baja, donde cada votación se transforma en una pulseada decisiva para el rumbo del Gobierno.

 

Una plaza con dos caras

Una plaza con dos caras

Ago 21, 2025 | Destacado 1, Vidas políticas

Mientras que las personas con discapacidad festejeban frente al Congreso el rechazo de los diputados al veto de la Ley de Emergencia que realizó Milei, los jubilados mantenían sus protestas por la caída de la ley que aumentaba sus haberes.

Guardapolvos de personal de la salud y educativo, familia y ciudadanos de a pie comienzan a agolparse alrededor de un parlante frente al Congreso de la Nación. Se acercan madres con sus hijos en sillas de ruedas. De repente los jubilados interrumpen su habitual radio abierta. Nadie se quiere perder el resultado de la votación de la Cámara de Diputados por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hasta el sol sale en ese momento, tras dos días seguidos de lluvia y cielo nublado. Cuando la tensión llega a un punto inaguantable, finalmente se escucha “172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo”.

La emoción se desata, los gritos llaman la atención del resto de los presentes que se suman al festejo. Por fuera de esa ronda espontánea de personas que ahora se funden abrazadas, Maria Chiribao abraza a su madre al tiempo que comienza a sonar el Himno Nacional. Lloran, no se sueltan, le dan besos al cartel con la foto de su hija Mía de 5 años: “Tiene parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Ella sufre más de 40 crisis por día. Nuestra obra social que es UTA, del transporte de colectivos, nos está negando lo que para ella sería una mejora en la calidad de vida con una terapia cetogénica y una internación domiciliaria con enfermería las 24 horas. Nosotros estamos luchando por eso, ya nos la rechazaron dos veces. Mi hija tiene riesgo de muerte súbita porque tiene más de 40 crisis por día y es farmacorresistente, toma siete medicaciones a la mañana y siete a la noche”, cuenta Maria, aún recuperándose de la emoción.

La Ley de Emergencia en Discapacidad actualiza mensualmente aranceles y eleva las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo, compatibles con empleos formales de hasta dos salarios mínimos. Además, incluye la regularización de pagos a prestadores condonando intereses y deudas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras de gestión, un mecanismo de transparencia que obliga al Ejecutivo a informar sobre ejecución y políticas, y la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El Poder Ejecutivo Nacional la vetó, alegando que atenta contra el equilibrio fiscal. Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto, restando aún la decisión de los Senadores. La ley, en el caso de ser aprobada, tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Hace un mes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la disminución de retenciones al sector agropecuario, lo que representa el 0,20% del PBI nacional.

La situación para prestadores, docentes y personas con discapacidad llegó a un punto crítico. El último aumento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en octubre de 2024, sumado a que los pagos de la obras sociales llegan con hasta 6 meses o un año de atraso. Todo esto repercute en la calidad del servicio brindado e impacta directamente en el nivel de vida de las personas con discapacidad. “Venimos acompañando a las familias con un esfuerzo enorme que muchas veces es a pulmón, sin recursos. Sabemos que faltan acompañamientos e inversión. Vemos cómo a los chicos se les caen las prestaciones y cómo impacta eso en sus trayectorias en las escuelas y en sus familias. Son recorridos que cuesta mucho sostener y llevar adelante y que, de golpe, por la falta de inversión, se cae un prestador. Nuestros chicos quedan en banda por más esfuerzo que realicemos los docentes desde las escuelas. No alcanza si no hay presupuesto, no alcanza si no hay inversión en discapacidad”, señala Mariana Scayola, una docente que conoce desde adentro la importancia de las maestras integradoras.

El contraste con lo que ocurre dentro del Congreso es inevitable: mientras en los pasillos se discute el impacto fiscal de entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, afuera se mide en terapias que no llegan, medicamentos que se atrasan o chicos que se quedan sin acompañamiento escolar. Según el último censo, más de 3 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en la Argentina, y son ellas quienes están en el centro de esta pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad, en la Cámara de Diputados llegó el turno de debatir el aumento a jubilados, que establecía un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Con esa fórmula, la jubilación mínima pasaría de 309.295 a 331.000 pesos, y sumando el bono alcanzaría los $441.000 mensuales.

Afuera, en la Plaza del Congreso, los jubilados desplegaron su tradicional manifestación de los miércoles, esta vez con el objetivo explícito de hacerse escuchar por los legisladores. Entre cánticos, risas y aplausos, se organizaban en la ronda que da la vuelta a la plaza. Liliana Carci, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, se ríe con sus compañeros, todos con chalecos naranjas, mientras inventan rimas que desembocan en el definitivo: “Traigan a la Bullrich y a Milei para que vean que estos viejos no cambian de idea. Pelean, pelean, son la rebelión”. “Les diría a los diputados que prueben vivir con 300 mil pesos por mes a ver hasta qué día llegan”, sostiene Liliana. “Ellos están ahí porque alguien los eligió; su tarea no es hacer negociados con el gobierno. Si ya se votó la ley, deberían respetar ese resultado. Pero, ¿qué pasa? El gobierno los está comprando para que modifiquen el voto original y no nos den el aumento que, aunque no soluciona todas nuestras necesidades, ayuda un poco. Hay que acordarse que también nos quitaron los medicamentos que tenían el 100% de cobertura. Entonces, encima de que no nos aumenten el haber jubilatorio, nosotros tenemos que pagar nuestros medicamentos y las personas de 70 años o más tenemos enfermedades crónicas que son producto de la edad”.

Por la noche, con la Plaza ya desértica y tras largas horas de debate, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios y el veto se mantuvo, haciendo oídos sordos, una vez más, a los reclamos y necesidades de un colectivo que seguirá luchando todos los miércoles.