Sin luz y sin operarios para reconectarla

Sin luz y sin operarios para reconectarla

En la misma semana que cien mil hogares se quedaron sin luz en medio de la ola de frío, la empresa energética Secco, que despidió a casi todos los operarios encargados de atender las emergencias y reconectar los servicios, no se presentó a la conciliación obligatoria y amenaza con nuevas desvinculaciones.

Casi 100 mil usuarios se quedaron sin luz en el Gran Buenos Aires el lunes pasado, una de las noches más frías del año. El corte masivo ocurrió horas antes de que se oficializara un nuevo aumento del 2% en las tarifas de electricidad, que se suma a un incremento acumulado del 316% desde diciembre de 2023. La situación fue agravada por una decisión empresarial: en los días previos, la empresa de energía Juan F. Secco S.A. despidió a 30 trabajadores del área de emergencia, encargados de restablecer el servicio ante apagones masivos.

La demanda eléctrica alcanzó un pico de 26.764 megavatios. Aunque no se superó el récord de 30.240 MW registrado en febrero, fue suficiente para dejar sin servicio a 80 mil usuarios de Edesur y 20 mil de Edenor, además de miles de afectados en la capital bonaerense. Las zonas más perjudicadas fueron los barrios porteños de Almagro, Balvanera, Palermo y Villa Urquiza, y partidos del conurbano como Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas, Berazategui, Quilmes y Avellaneda. En La Plata, EDELAP también registró cortes generalizados.

Desde la asunción de Javier Milei, las tarifas de gas se dispararon un 622 % en el AMBA. En paralelo, una ola polar generó un consumo récord que obligó a cortar el suministro en industrias, estaciones de GNC y hogares. En Mar del Plata, más de mil familias se quedaron sin gas. La situación se agravó porque el gobierno paralizó las obras del gasoducto Perito Moreno, clave para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.

En ese contexto, los despidos en Secco expusieron la desprotección ante las crisis energéticas. La empresa, que cuenta con unos 2.500 trabajadores, pasó de tener 40 operarios destinados al área de emergencia a contar con uno solo, localizado en Mar del Plata. «Ese sector se creó en 2012 para intervenir en cortes que vienen en aumento desde las privatizaciones de los 90. Con obradores móviles restablecíamos el servicio en pocas horas. Ahora, sin personal, los apagones se prolongan por días», explicó Ariel Moreno, delegado y uno de los despedidos. Además de los más de 30 cesanteados del área de emergencia, hubo siete despidos en el sector de energías renovables, tras el cierre de la planta de biogás de Ensenada.

La planta, ubicada en el predio de CEAMSE, convertía metano generado por la basura en energía para 40 mil hogares. También evitaba la emisión de gases contaminantes. Inaugurada en 2019, cerró por falta de inversión. La empresa, que recibe fondos estatales y mantiene contratos con el sector público, no dio explicaciones por el vaciamiento. «Nos mandan cartas documento con sanciones inventadas para justificar despidos. Intentan destruir nuestra organización sindical», denunció Moreno.

En paralelo, trabajadores organizados como la Agrupación de la Energía Móvil y despedidos de otras firmas (Kimberly Clark, Shell, Morillo, Pilkington) se solidarizan. El martes pasado se realizó una asamblea en la Universidad Nacional de San Martín con apoyo gremial del INTI, Cicop‑Posadas, Conicet, Unión Ferroviaria, entre otros. El lunes 7 de julio, a las 18, está prevista una movilización con corte en el Camino del Buen Ayre, frente al CEAMSE.

Juan Luis, despedido del área de Emergencia, relató: «Nuestro sector intervenía ante incendios, inundaciones o cortes técnicos. Si estaba en mi casa, me llamaban, me buscaban en remis y viajaba donde hiciera falta. En Calafate, en medio de una nevada, instalamos 16 equipos para abastecer a 400 familias cada uno». La modalidad laboral incluía rotación nacional: pasaban 18 días fuera de casa y solo una semana en sus hogares.

Antonio Samaniego, también despedido, detalló: «Trabajé 10 años, fui echado justo al cumplir la década. En pandemia quedamos varados 20 días en Calafate por estar asistiendo un corte. No hay muchos operadores capacitados para esto. Usamos motores Caterpillar a diésel y equipos de alta tensión, es riesgoso. El año pasado la empresa planteó que quería que trabajáramos 12 horas con un solo operario por turno, un peligro».

El vaciamiento se produce en paralelo a las denuncias que pesan sobre Jorge Balán, propietario de Secco S.A., imputado en la causa Cuadernos, en la que se presentó como arrepentido tras reconocer el pago de coimas a funcionarios públicos. Su nombre también figura en los Pandora Papers por haber utilizado una offshore en Costa Rica. A pesar de esto, su empresa sigue recibiendo contratos estatales.

«Están tercerizando el área de emergencia con contratos precarios, sin convenio colectivo. Nosotros logramos pasar a planta en 2018, después de años de contratos renovables cada tres meses. Ahora quieren volver atrás. No solo atacan a los trabajadores, estafan a los usuarios. El cargo por emergencia sigue figurando en la boleta, pero ya no hay quien atienda las emergencias», explicó Moreno.

El conflicto ya tuvo cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales la empresa solo se presentó a dos. En ambas ocasiones amenazó con más despidos. La falta de respuestas institucionales refuerza la organización entre sectores afectados: además de trabajadores energéticos, se suman estatales, del ámbito de la salud, educación y jubilados. El vaciamiento de Secco, aseguran, es una muestra de cómo el ajuste y la desregulación también golpean donde más duele: en la garantía de derechos esenciales como la energía eléctrica.

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Ministerio de Salud echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Sindicatos y profesionales denunciaron la sangría de la salud pública: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, el principal centro de salud pública de alta complejidad del país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Salud a través de las redes sociales, bajo el argumento de “injustificadas inasistencias laborales”. La noticia generó un inmediato rechazo por parte de sindicatos, profesionales y agrupaciones, que denuncian un nuevo capítulo en el vaciamiento del sistema sanitario público. En respuesta, durante la mañana de este viernes realizó una asamblea en el hall central del hospital.

Desde el Ejecutivo, los despidos fueron presentados como parte de una política de “ordenamiento del Estado”. “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que también anunció el descuento salarial a quienes participaron de medidas de fuerza en apoyo al Hospital Garrahan.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, cuestionó el comunicado del Ministerio de Salud que anuncia despidos en el Hospital Posadas y descuentos por los días de paro en el Hospital Garrahan: “Otra vez, el comunicado no tiene firma. Simplemente dice ‘Ministerio de Salud’ y responde al giro autoritario que vienen aplicando las autoridades del hospital, sin mostrar ninguna voluntad de resolver el conflicto”.

Además, señaló que el Gobierno desconoce un conflicto legítimo: “La asfixia salarial que están imponiendo a los trabajadores y trabajadoras afecta directamente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos apelando a la justicia y preparando amparos, frente al abandono y la desatención del Estado en lo que es su obligación: garantizar el derecho a la salud de la población y un salario digno para quienes la sostienen. Son derechos constitucionales”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que los despidos son una represalia contra quienes exigen salarios dignos y mejores condiciones laborales: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo. Quienes dirigen Salud son dueños de clínicas privadas. La plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”, advirtió en diálogo con este medio.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires – Hospital Posadas, denunciaron que ya pasaron cuatro direcciones sin respuestas estructurales y que aún no se ha confirmado la designación de un nuevo director. En ese marco, llamaron a los pacientes y a la sociedad en su conjunto a respaldar el trabajo cotidiano del hospital: “Son testigos del trabajo que se lleva adelante día a día en un hospital donde se resuelven miles de consultas, estudios diagnósticos y cientos de internaciones los siete días de la semana”, señalaron en el comunicado.

Los 110 despidos en el Posadas se suman a los más de 120 ejecutados durante 2023 y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de achicamiento del Estado no se detiene y genera rechazo en distintos sectores del sistema de salud.

Desde la Asamblea de Residentes también se expresaron en contra: “Cada trabajador y trabajadora cumple un rol esencial en el sostenimiento de la salud pública. Estos recortes profundizan el deterioro de las condiciones laborales y sobrecargan aún más al personal”.

Y cuestionaron el anuncio del bono por parte del Gobierno: “Representa un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo: el déficit presupuestario del sistema de salud. Reclamamos una recomposición salarial justa, sostenida y sin exclusiones, que no implique recortes en otras áreas ni fragmentación del equipo”.

Para los gremios, el caso del Posadas no es un hecho aislado. Denuncian una estrategia sistemática de ataque a la salud pública que también se manifestó en el reciente conflicto del Hospital Garrahan, donde —según advierten— se difundieron mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y en el intento frustrado de cerrar el Hospital Bonaparte. Los despidos en el Posadas se conocieron inmediatamente después de la masiva jornada nacional de lucha en defensa del Garrahan y la salud pública.

Frente a esta avanzada, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advirtió que el Gobierno “no debe confundirse”, y recordó que los derechos de huelga, asociación y acción sindical están protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Ningún decreto de necesidad y urgencia puede estar por encima de esos derechos”, subrayó.

Una médica del Hospital Posadas, que prefirió no dar su nombre, expresó a ANCCOM: “Acá trabajamos con miedo. Sabemos que si hablamos o reclamamos, podemos estar en la próxima lista de despidos. Pero no podemos seguir en silencio mientras desarman la salud pública”.

“Está claro que no les interesa la salud de la gente. Solo se acuerdan cuando hay paro. El programa de gobierno de Milei en materia sanitaria era este: destruir la salud pública y que sólo se curen los que tienen plata. Los hospitales públicos funcionan hoy exclusivamente por el esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores”, señaló Rodolfo Aguiar.

Mientras crece la conflictividad, las y los trabajadores de la salud aseguran que no dejarán las calles. El reclamo no es solo por salarios y condiciones laborales: es también por el futuro de un sistema que está siendo desmantelado en nombre del ajuste.

ATE contra el ajuste

ATE contra el ajuste

Este jueves 27 militantes de ATE Capital se reunieron en el Obelisco y marcharon hacia el Ministerio de Desregulación en protesta por los contratos que están por vencerse, reclamando aumento salarial y repudiando la represión estatal.

El jueves 27 de febrero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) marchó por el centro de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la situación de los despidos y el ajuste salarial. Este viernes se vencen cerca de 3.000 contratos y se espera que, para fines de marzo, la cifra supere los 50.000. El otro foco de la protesta fue en contra de la represión y el desguace del Estado.

Cerca de las 13 horas, el Obelisco se tiñó de verde y los colores de las remeras, banderas y pecheras de ATE que poblaron varias cuadras. Una vez puesto a disposición el escenario al que subieron varios dirigentes de ATE, desde el primer minuto la consigna fue reclamar pacíficamente. En el panel principal estuvieron presentes el diputado Hugo Yasky, el Secretario General, Daniel Catalano; Ingrid Manfred, delegada general en el exministerio de Desarrollo Social; Adolfo Dardik de la SENNAF;  Jorge Godoy , Secretario de educación especial de UTE-CTERA Más tarde se dirigieron al Ministerio de Desregulación.

El pasado 20 de febrero, las fuerzas de seguridad reprimieron a representantes y trabajadores que se manifestaban frente al Ministerio de Capital Humano. El clima, pese al panorama gris por la situación actual de los trabajadores estatales, los despidos, se terminó por teñir de esperanza por una mejora, aplausos, lágrimas y gritos para resistir y no darse por vencidos, el espíritu de lucha permanece intacto.

Tras ser consultado sobre la situación actual de los trabajadores estatales, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano aseguró: “Los municipales son los más afectados porque están con los salarios más bajos históricamente. El Estado nacional está perdiendo un 40% de masa salarial y 37.000 puestos de trabajo, es una agonía, una situación muy compleja, por eso tantas movilizaciones para garantizar que nuestros compañeros puedan volver a trabajar”.

“El gobierno sigue avanzando en reprimirnos cuando queremos protestar, en despedirnos cuando levantamos la cabeza, en bajarnos los salarios cuando estamos protestando. Vamos a ser parte de la gran pueblada, hay que organizarse y avanzar, resistir”, añadió Catalano sobre la importancia de salir a las calles, en no dejarse amedrentar por las políticas represivas y en luchar a favor de los derechos constitucionales de trabajo, vivienda, educación, que para él, están siendo vulnerados sistemáticamente. “Ellos están delineando un país en donde el Estado no tiene ninguna función más que poder garantizarles seguir siendo ricos. Hay que cambiar ese paradigma”, concluyó.

“La situación es muy mala, están despidiendo a muchos compañeros y no es justo, porque esa gente es necesaria para esos puestos. El gobierno se equivoca, no es el momento para estos cambios, pero bueno, es lo que votó la mayoría”, comentó Juan Francisco Vaz de Borja, empleado municipal ATE General Rodríguez.

Norberto Señor, secretario adjunto de ATE GBA Sur, señaló: “Se está sufriendo una política para derrotar a la clase trabajadora, destruir sus organizaciones, poner el salario en lo más bajo y en despojarnos hasta del derecho a protestar, atacando los derechos más básicos como vivienda, salud, educación”.

Una opinión popular también fue la sorpresa de que la Confederación General del Trabajo (CGT) no haya  tomado medidas más severas contra el gobierno. “Esperábamos más apoyo por parte de ellos”, aseguró Vaz de Borja: “La próxima movilización debería ser en la sede de la CGT”. Los reclamos se extendieron hasta la oposición, acusándolos de cierta pasividad ante la situación y hasta de ser cómplices.

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Organizaciones gremiales, trabajadores y ciudadanos de a pie se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo en defensa del sistema público de salud. Denunciaron al gobierno nacional por el vaciamiento, la falta de medicamentos y de  insumos en hospitales y los despidos en el sector.

Si algún distraído que pase caminando por la avenida 9 de Julio ve el despliegue de fuerzas de seguridad montado frente al Ministerio de Salud, tranquilamente podría imaginar que esas decenas de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y de Gendarmería, que se forman expectantes sobre la vereda, casi relamiéndose, se están preparando para enfrentar a una organización criminal de las más peligrosas del país. Sin embargo, el objetivo a confrontar son los profesionales de salud que desde las 15 se congregaron con sus ambos y guardapolvos, carteles, redoblantes y banderas para reclamar en contra del “desmantelamiento de la salud pública” que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei, para luego marchar hacia Casa Rosada. Los mismos que hace apenas algunos años eran vitoreados por su inmensa labor en la lucha contra el Covid-19, hoy son arreados por la policía y abandonados por el Poder Ejecutivo.

Mientras encabeza la columna de manifestantes que marchan por la avenida Belgrano hacia Plaza de Mayo, Maria Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advierte sobre el carácter crítico que atraviesa la salud pública:Está en riesgo en todo el país, está siendo desmantelada. Las garantías que tiene que dar el Estado Nacional están siendo retiradas y toda la ciudadanía está en riesgo porque las enfermedades no conocen de fronteras, traspasan muros. Las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional atentan contra la vida de los ciudadanos argentinos”, advierte.

Boriotti ahonda en las características del desmantelamiento: “No solo afecta a los trabajadores con los más de 1.400 despidos que se están haciendo efectivos desde el año pasado, sino que se profundiza con la falta de entrega de medicamentos de alto costo, la eliminación de programas como el de prevención de embarazo adolescente, como el de cuidados paliativos, la reducción de más del 76% del presupuesto para VIH, tuberculosis, hepatitis virales. Y eso se traduce en que los pacientes no tengan acceso a lo que necesitan para poder seguir viviendo”.

«El problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional», dice Mariani.

La movilización, que estuvo impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer, contó con más de 135 organizaciones de la salud en todo el país, unificando distintos reclamos y solidarizándose con colegas y pacientes de todas las disciplinas de la salud: “Nosotros somos una organización que pelea desde hace mucho tiempo por el reconocimiento profesional y nos unimos con sindicatos, organizaciones de pacientes y distintos sectores de la salud, para enfrentar esta política criminal que está ejerciendo el Gobierno nacional, principalmente, con el cierre de algunos hospitales, la amenaza de retirarnos de la OMS, el despido de miles de trabajadores de salud, el fin de los programas que vienen sosteniendo la salud de los pacientes con VIH, con sífilis, con tuberculosis, además de negarle la medicación a los pacientes oncológicos”, expresó Andrea Ramirez, integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería . Además, destacó la situación que atraviesan los empleados de enfermería que logran conservar su puesto de trabajo: “Hoy los enfermeros tenemos que sobrevivir con salarios de miseria que se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza”. Mientras que en diciembre de 2024, una familia de cuatro integrantes necesitaba $1.024.435 para no ser pobre (INDEC), los salarios en el área de enfermería rondan entre los $800.000 y $900.000 mensuales.

Dentro de los distintos colectivos que conformaron la manifestación, el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis se destacó por su alegría y ocurrencia a la hora de marchar, revoleando pastillas de cotillon, bailando al ritmo de la música y con carteles que rezaban “Milei=SIDA” y “Con VIH vivo, con Milei muero”. Uno de sus referentes, Claudio Mariani, quien también pertenece a la agrupación Igualar, explica la razón de las frases: “Ahora mismo estamos trabajando con el presupuesto del 2023, lo que significa que actualmente hay un recorte en temas de VIH de aproximadamente un 80%. Esto se traduce en que 170 mil personas se van a quedar sin medicación, por lo que muchos y muchas compañeros y compañeras corren peligro de muerte. Hablamos de 50 mil personas sin medicamento para este 2025”. Sin embargo, esta no es la única consecuencia del desfinanciamiento de los programas para combatir las enfermedades de transmisión sexual. Para Mariani “el problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional. Por eso esta marcha es federal por la salud y por la vida”.

En la previa de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había apuntado en su cuenta de X contra las organizaciones gremiales acusándolos de “mentirosos” y que la movilización se debe a que “impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política”, además de sostener que las acusaciones por la suspensión de entrega de medicamentos a los hospitales públicos y la desfinanciación de áreas y organismos son falsas. Ante estos dichos, María Fernanda Boriotti enfrentó a Lugones: “Si se deja de entregar morfina a las provincias, se está dejando de entregar medicación a los pacientes; si se deja de entregar en tiempo y forma medicación a los pacientes oncológicos y hematológicos, estamos hablando de la vida de estos pacientes. El año pasado ya tuvimos más de 60 fallecidos por el progreso de la enfermedad o recaída por falta de medicación. Así que Lugones miente descaradamente y es uno de los artífices de estas políticas genocidas”.

 

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

Una asamblea de trabajadores del estado se convocó de manera urgente este jueves en el predio de la Ex-ESMA ante el anuncio del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. ATE denunció la militarización del predio y despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos. También hubo cesantías en Parques Nacionales. Mirá las fotos de ANCCOM.