Nov 15, 2022 | Destacado 3, Trabajo
A pesar del constante crecimiento del empleo que se da tras la pandemia, más de un tercio de los trabajadores argentinos no realiza aportes jubilatorios. Un problema que lleva cuatro décadas.
Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC ) sobre el segundo trimestre del año, el mercado laboral argentino mostró un crecimiento en la generación del empleo público a la par de un aumento del trabajo “sin descuento jubilatorio”. Esta situación afecta a más de un tercio de la población económicamente activa. Más precisamente a un 37,8 por ciento de la población económicamente activa. Este proceso de informalidad laboral se viene produciendo desde los comienzos de los noventa. ¿De qué manera se puede revertir la tendencia negativa sobre una población diversa sin acceso a la seguridad social?
El trabajo no registrado comenzó a convertirse en una modalidad cada vez más común desde los comienzos de la democracia, época en que aparecen los primeros indicadores sociales, sobre todo en sectores como la construcción, el comercio y trabajadoras de casas particulares, entre otros. Siguiendo las estadísticas oficiales del EPH-INDEC, al finalizar el primer gobierno democrático post dictadura de Raúl Alfonsín, la informalidad laboral alcanzaba el 32% del total de los asalariados, envuelta en un contexto de hiperinflación económica. Con la política de privatización llevada cabo por los gobiernos de Carlos Menem en la década de los noventa, el trabajo no registrado comenzó a ir en aumento hasta llegar a casi la mitad de la población trabajadora para los años 2001-2002.
Según la socióloga y Doctora en Ciencias Sociales Sandra Giménez, la tendencia negativa comienza a revertirse durante el periodo de pos convertibilidad: “Después con las políticas que se llevan adelante en el 2003-2015, baja pero no se logra erradicar. Hay un tercio de la población económicamente activa que va a seguir en el mercado informal. Eso no quiere decir que la gente no trabaja, lo hace con actividades más de subsistencias, ese mundo del no registro, está el que sale a vender al tren, a la calle o sectores como trabajo rural, comercio, construcción, el trabajo en casa particulares”
La investigadora agrega: “Este sector de gente muy grande que compone el mundo de la informalidad es un mundo diverso. No lograron reducirlo más allá del 30%. Hoy tenemos paradojalmente que bajó la desocupación, pero el empleo que se crea no es el registrado. La pregunta ahí es cómo garantizamos que esa gente pueda satisfacer sus condiciones de vida, el acceso a la salud, los aportes jubilatorios. En treinta años vamos a tener un conjunto de gente que no va tener años de aportes para acceder a la jubilación”.
Según el economista, investigador del Conicet y docente emérito de la Universidad Nacional de Moreno, Julio Neffa, la modalidad del trabajo informal es afín a las crisis económicas del país. “El mercado de trabajo está muy relacionado con la macroeconomía. Si anda bien, va a bajar el desempleo y el trabajo en negro. Si hay estancamiento económico o muchas crisis hacen que la generación del empleo privado sea muy lenta. Estamos viviendo una situación de crisis estructural y el escenario se ha deteriorado después de la crisis internacional 2007-2008. Desde el 2011-2012 argentina tiene un crecimiento muy irregular, un año sube y otro baja”, expresó.
El empresariado argentino cumple un rol fundamental en las decisiones del acceso al trabajo formal por parte de la sociedad asalariada. “Los empresarios buscan reducir sus costos. Cuando un empleador elige no crear empleo en blanco, estable, regulado por la Ley del Contrato de Trabajo, con aportes, se ahorra alrededor de un 30% del monto de los salarios, están reduciendo sus costos salariales pero dejando a mucha gente en situación de precariedad”, dice Neffa.
“Al mismo tiempo, debilita la organización sindical. Porque si trabajan en negro, no pueden acceder a los sindicatos. Están en una situación de inseguridad muy grande, porque los pueden despedir en cualquier momento sin preaviso o indemnización. No tienen un sindicato que los defienda. Hay una serie de responsabilidades que van desde el gobierno, a los empresarios, a las organizaciones sindicales. Hasta que no haya una política de crecimiento económica, no se van a crear ni ampliar empresas ni habrá muchas posibilidades de generar empleos en blanco”, agregó.
Según Neffa, primero tendría que haber un plan de estabilización que frene la inflación actual y segundo hacer un plan de desarrollo nuevo, ya que el último que hubo en el país fue el del año 1973. “Después de ahí nunca más hubo un plan, porque si un gobierno hace un plan tiene un objetivo y tiene que tratar conseguirlo, sino tiene un plan anda a la deriva y nadie le puede decir que no cumplió. Para los gobernantes les da libertad pero es una catástrofe para la sociedad”, manifestó.
Siguiendo la línea de los cambios necesarios, la socióloga Giménez plantea que no solo es suficiente con políticas de ingresos, sino también, una transformación cultural sobre lo que consideramos “trabajo” en los nuevos escenarios del mercado laboral. “En un área más simbólica, qué cosas reconocemos como trabajo. ¿Qué hacemos las madres? Si contribuimos a la fuerza de reproducción del trabajo pero todavía no hay un Estado que reconozca a las mujeres que hacemos esta labor. Lo que hacen los comedores comunitarios es laburo. La disputa es qué registramos como trabajo. No alcanza con la política de ingreso. Aquella persona que vive de hacer carteras y se enferma, no puede ir a vender. En políticas sociales hablamos de desmercantilizar el acceso a ciertas prestaciones como un asunto de derecho independientemente de cuál es tu situación en el mercado de trabajo. De esa discusión estamos muy lejos en el país. La mirada de la clase política está muy afincada en esa Argentina de casi pleno empleo masculino de los noventa, eso ya pasó, ya fue, no vamos a volver a esa época. Hay que construir nuevos consensos”, expresó.
Jul 22, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas
El debate lo planteó Cristina Kirchner pero la crisis económica los impone en la realidad. Opinan dirigentes sociales y políticos.
Una trabajadora de la economía popular es beneficiaria de un plan social, y vive con su marido y sus 3 hijos percibiendo ingresos de $50.000 al mes. Sale a reclamar porque no quiere trabajar 9 horas por 20.000 pesos y se pregunta por qué tiene que vivir así. Mientras tanto, los videographs recortan maliciosamente su relato y dicen: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo». El contexto socioeconómico es complejo: el 37% de la población está debajo de la línea de pobreza y sólo la mitad de los menores de 15 años accede a la canasta básica. Ante ese panorama, ¿qué hacer con los planes sociales?
La propia Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA afirmó que con una tasa de desocupación del 7% debería haber menos planes sociales. Además, insistió en que la aplicación de las políticas sociales no puede ser tercerizada: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, habia señalado en esa ocasión. ¿Qué responden desde las organizaciones sociales?
.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cree que estas declaraciones tienen intenciones de quitarle fuerza al movimiento de lucha de las agrupaciones piqueteras. “Tiene el doble objetivo de desarticular la protesta contra su gobierno que ajusta a los trabajadores y de fortalecer la alianza con los gobernadores para el futuro electoral”, señala a ANCCOM. Además, manifiesta que el Estado ya centraliza la entrega de los planes, y que las organizaciones solo desarrollan tareas de acompañamiento de esos beneficiarios.
Por su parte, Dina Sánchez, secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Frente Popular Darío Santillán, afirma que “gran parte de la dirigencia política habla de la economía popular desde el total desconocimiento. No la conocen, no la entienden y no hay voluntad de entenderla”.
Desde una postura más conciliadora, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social hasta 2021 y actual diputado nacional, asegura que no tiene que existir tercerización con los planes, “ni nadie tiene que quedarse con plata de otro” pero sostiene que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina.
El legislador explica: “Yo fui el ministro de la pandemia, a mí me tocó sostener la paz social y lo logramos. No se logró en Chile, Ecuador, Perú, ni Colombia, pero sí en Argentina. Y cuando digo lo logramos, me refiero al Estado junto a los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas, quienes siguen poniendo el cuerpo en las cooperativas y en los comedores”.
Entonces, ¿hay muchos planes sociales? ¿Deben ser solo un “puente” al trabajo estable? En Argentina, se entiende como plan social a un programa de transferencia de dinero con contraprestación laboral. Actualmente la iniciativa se llama Potenciar Trabajo, y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Su objetivo es mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Entonces los beneficiarios y las beneficiarias cobran el 50% del Salario Mínimo y deben contraprestar 4 horas de trabajo en estas actividades.
Otros programas como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo no son planes sociales, ya que son políticas de seguridad social que persiguen otros objetivos como promover el acceso a los alimentos sanos y mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, respectivamente. Belliboni, por su parte, define a un plan social como “un recurso que el Estado otorga a las personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida por día” y que “son el resultado del fracaso de los gobiernos para crear trabajo genuino”. Explica que ese es el problema de fondo ya que “los planes no pueden ser un puente hacia el trabajo si no hay trabajo”.
Los primeros planes sociales surgieron a mediados de los noventa con el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Fue seguido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. “En el 2016 los movimientos sociales, junto a otros espacios sindicales y políticos que nos acompañaron en la lucha, ganamos el Salario Social Complementario, que es un ingreso por tareas que muchos, y fundamentalmente muchas de nosotras, ya realizábamos. Son programas de fortalecimiento a la economía popular, pero también son consecuencia de las malas políticas y de la crisis socioeconómica que atraviesa el mundo y Argentina” expresa Sánchez.
. El Programa que nombra es uno de los que unifica “Potenciar Trabajo”. En resumen, 20 años atrás había 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y actualmente hay 1.300.000 titulares del programa Potenciar Trabajo. Teniendo en cuenta estos números, para Belliboni, a diferencia de la opinión de Cristina, “claro que no son muchos” los planes.
Arroyo plantea que ante un contexto con 45% de informalidad laboral, con gran parte de la población sin acceso a la canasta básica y un mercado que no va a incorporar en los próximos años al 100% de los trabajadores a la formalidad, el debate acerca de los planes sociales presenta tres caminos posibles: reducción de la jornada laboral, flexibilización o ingreso universal ciudadano. Comenta que la primera opción, que corresponde al modelo europeo, consiste en que las personas trabajen menos horas para que más personas tengan empleo. Explica que es una alternativa difícil de aplicar en este país con el nivel de informalidad existente, que podría llevarse a cabo en algunos sectores como el bancario, pero “no es ‘la’ salida para Argentina”.
Por otro lado, el camino que corresponde con políticas neoliberales se basa en la quita de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajo. “Esto ya se hizo en los ‘90, terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación” declara rotundamente Arroyo.
Otra alternativa es la creación de un ingreso universal ciudadano, es decir, “un ingreso de base para lograr que todos accedan a la canasta básica”. Asegura que hacía este camino apunta Argentina, y América Latina en conjunto. “No lo digo yo, lo dice la Cepal y Naciones Unidas, y es lo que están haciendo Alemania, España e Israel”. El exministro apoya el proyecto de ley conocido como Salario Básico Universal y plantea que, dado el contexto de restricción fiscal, debe aplicarse por etapas. ¿Por dónde debería comenzar? Por las provincias del norte del país, donde las tasas de pobreza son peores que en el resto de Argentina.
.
Nov 14, 2019 | Novedades, Trabajo
Los emprendimientos independientes, muchos de ellos unipersonales, se multiplicaron en los últimos años, sobre todo promocionados en las redes sociales. Hombres y mujeres de diferentes generaciones comenzaron a vender sus propios productos o servicios, muchos de ellos porque no consiguen trabajo o fueron despedidos.
Eduardo Donza sociólogo e investigador del Observatorio de la deuda social Argentina, considera que estos emprendimientos son “trabajos refugio” ante no tener un trabajo asalariado. “Esto es común en el neoliberalismo. Son actividades por cuenta propia que en realidad no son genuinas, no existen porque las personas tienen una habilidad especial o porque tienen un espíritu de emprendedores, sino por necesidad, por no conseguir un trabajo en relación de dependencia”, explica.
Martina Martínez tiene 22 años, es estudiante y cuenta con dos emprendimientos, una feria americana online y un servicio de extensión de pestañas. Afirma que cada vez hay más emprendedores: “Vi gente conocida que está haciendo lo mismo porque no hay trabajo, necesitan un ingreso extra. Creo que tiene que ver más con una necesidad que con una actitud de emprendedor”, dice.
Eduardo Donza, por su parte, explica que en los países como el nuestro, los emprendimientos son la ilusión a una salida que puede llegar a terminar en una autoexplotación: “Si pensamos, por ejemplo, que una salida pueden ser los nuevos sistemas de delivery, como Rappi y Glovo, los chicos que uno ve en bicicleta o en moto, en realidad es porque no consiguen trabajo en relación de dependencia. Desde algunas políticas, a los emprendimientos se los trata de presentar como una salida, pero no le van a servir a la totalidad de la población, hay que tener un perfil específico, poseer una idea para eso, una fortaleza para llevarlo adelante y contar con un capital. Porque si no llegamos a una uberizacón de las actividades: un trabajo para ratos libres”.
Adriana Lui, periodista del diario El Sol, entrevistó a un grupo de mujeres emprendedoras que se lanzaron en la feria de artesanos en Maipú. Ella dice que los microemprendimientos son una consecuencia de las políticas económicas actuales: “Detrás de estos emprendimientos hay desempleo, trabajo en negro, evasión fiscal, precarización laboral y por sobre todo, un Gobierno que no da oportunidades por lo que cada ciudadano se ve obligado a generar su propia fuente laboral. Las políticas económicas y la falta de políticas sociales los azota por completo. El impacto de la inflación y la suba de precios de las materias primas hacen que cada vez tengan más obstáculos para la elaboración de sus productos, sumado a la caída del poder adquisitivo. Hay que evaluar, además, que muchos de estos negocios son visibles gracias a Internet y las oportunidades que brindan espacios como Facebook o Instagram donde cualquier sujeto puede promocionar sus creaciones. Lo cierto es que el país debería crear trabajo genuino y estímulos reales a microemprendedores con línea de créditos a baja tasa para poder regularizar su comercio”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el desempleo alcanzó al 10,6% en el segundo trimestre del 2019 frente al 9,6% del período anterior. Por otro lado, también aumentó el empleo informal, ya que la tasa de subocupación pasó del 11,8 % al 13,1% del trimestre pasado. Martina se incluye en ese índice. Considera que como a las pymes les está yendo mal y los trabajadores piden un aumento, “lo primero que se hace es reducir personal, las empresas no piensan mucho en la parte social, priorizan lo económico. Ante el primer problema con los números, echan gente”, dice. Y sabe por qué lo dice: “En febrero del año pasado conseguí un trabajo en un consultorio de kinesiología y estuve trabajando ahí seis meses. El primero de agosto me dicen que iba a ser mi último mes de trabajo, estaba muy angustiada, realmente no me lo esperaba. Supuestamente fue reducción de costos. Desde ahí empecé a buscar trabajo pero estaba difícil, me llamaron a dos o tres entrevistas pero no quedaba. Pasaron seis meses hasta que en enero de este año conseguí uno y me echaron hace un mes, así que estuve dos meses y medio trabajando en tareas administrativas. Por un tema de reducción de costos y porque había poco trabajo, decidieron terminar la relación laboral. Me dijeron que me echaban en este momento para no tener que pagarme indemnización en un futuro”, declara.
En un barrio de Quilmes Oeste viven Osvaldo y Rosa, un matrimonio que abrió un almacén en su casa y que hoy se convirtió en el único sustento económico de la familia. Rosa tiene 43 y trabajó como operaria en una metalúrgica durante doce años. “Me quedé sin trabajo porque recortaron personal –cuenta-, yo fui una de las cien personas que echaron, me sentí decepcionada porque no creí que me iban a despedir por mi antigüedad”. Rosa dice que a pesar de tener el almacén, sigue buscando trabajo porque su emprendimiento no sirve para solventar todos los gastos. Su pareja Osvaldo, de 43 años, fue marinero de cubierta y también lo despidieron: “Me quedé sin trabajo porque la empresa en donde trabajaba ejerció muchos años con permisos provisorios y presentó quiebra, me sentí indignado. Como vi que me estaba por quedar sin trabajo, me anticipé y fui pensando en crear el negocio que tengo”, dice.
Eduardo Donza comparó la situación de los emprendimientos actuales con los años noventa: “Ya en esa década, cuando aparecieron los problemas del mercado de trabajo, se dieron muchos casos de este tipo. En ese tiempo era muy común que se pongan lavaderos, canchas de paddle o remiserías. La gente recibía indemnización después de un empleo de muchos años y como no tenía posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo, generaba estas actividades propias. Lo malo es cuando hay personas que no tienen el perfil de emprendedores se ven forzadas a serlo porque no hay un trabajo asalariado ni una estructura productiva que genere una cantidad importante necesaria de puestos de trabajo”.
Martina dice que a pesar de tener dos emprendimientos, no podría vivir de lo que hace ya que la plata no le alcanza y aún no llegó a recuperar el dinero que invirtió. Además agrega que a la gente le está yendo mal y a pesar de que la despidieron dos veces, intenta rebuscársela y estudia en la universidad. “Lamentablemente –señala- no creo que cualquiera pueda salir adelante económicamente llevando a cabo su emprendimiento, estaría buenísimo pero la situación del país está muy complicada, en mi opinión no va a mejorar. Si a mí me está pasando esto, no quiero imaginar otra gente que no tiene la posibilidad de hacerlo”.
Jul 3, 2019 | Novedades, Trabajo
El 20 por ciento de los jóvenes se encuentra desocupado y otro 50 por ciento tiene trabajo precario.
Mientras los colectivos comenzaban a llenarse hasta los estribos, y a pesar de que el cielo aún no clareaba en esa mañana nublada, miles de jóvenes hacían fila sobre la avenida Sarmiento. Esperaban que las puertas de La Rural se abrieran y diera comienzo a una nueva edición de la Expo Empleo Joven. A lo largo de dos jornadas, el flujo no cesó: la esperanza de conseguir un trabajo fue más fuerte que el frío húmedo de Buenos Aires.
Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de la Ciudad organizó la Expo Empleo Joven. El evento se realizó el 28 y el 29 de junio y estuvo destinada a jóvenes de entre 15 y 35 años deseosos de una oportunidad laboral o de capacitación profesional. Las jornadas supusieron también ventajas para las 300 empresas nacionales e internacionales que ofrecieron puestos de trabajo: según los encargados de Recursos Humanos, para las compañías es un método efectivo ya que facilita el proceso de selección al tener un contacto directo con personas interesadas y capacitadas para las tareas. Sin embargo, desde la oposición se hizo mención a la Expo Empleo como una acción de marketing, además de facilitar el recorte de gastos para las grandes empresas.
Caían las primeras gotas cuando, a las 8:30, la fila de jóvenes comenzó a avanzar de manera fluida. El proceso de inscripción, a diferencia de años anteriores, fue completamente online y a través de la página web Potenciate. El nuevo mecanisno hizo que la cola fuera menor a las que se habían formado en las ediciones previas, si bien hubo gente desde varias horas antes de la apertura. Tampoco se aceptaron currículums en papel, sino que los aspirantes debieron cargarlos online; luego se les daba un código QR que podía ser escaneado en cada stand. La mejor organización fue un comentario recurrente entre los asistentes, aunque también hubo algunas quejas: “Lo del código QR está bueno, lástima que tenías que ir hasta Parque Patricios hasta retirarlo cuando lo podríamos haber retirado acá tranquilamente”, explicó Joaquín, un joven de 22 años que acudió a la exposición en busca de un mejor trabajo.
Desde la oposición se hizo mención a la Expo Empleo como una mera acción de marketing.
Hacia el final del primer día ya se habían inscripto más de 66 mil personas. Esta situación se dio en un contexto socioeconómico complejo, en el que el desempleo alcanzó el 10,1%, la cifra más alta desde 2006. No solo eso: el 20% de los jóvenes se encuentra desocupado y más del 50% en situación de empleo informal, según dio a conocer Atenea Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional. Esta situación quedó en evidencia en las largas filas que se formaron en los stands de cadenas internacionales y algunas empresas que, aparentemente, ofrecían mejores condiciones y salarios.
“La realidad es que es urgente un trabajo, porque no alcanza para vivir. Así que estamos buscando lo que sea”, contaba Rodrigo, de 28 años, estudiante y desempleado reciente. El sistema de organización también resultó conveniente para cubrir mayores ofertas, ya que el escaneo del código QR personalizado acortó los tiempos que los jóvenes destinaban a cada stand y les permitió postularse a más trabajos. Esto fue algo beneficioso para Analía, de 40 años, una de las tantas personas mayores de 35 que acudieron a la exposición en busca de empleo, a pesar de que el evento no estuviera destinado para ellas.
Con predominancia de ofertas laborales relacionadas con lo técnico, la exposición giró en torno a los “empleos del futuro”. Este eje se vio reflejado en las novedades que se ofrecieron, basadas en nuevas tendencias y herramientas: pitch de empleo en los que los aplicantes tenían 60 segundos para explicarle a un empleador el porqué deberían contratarlo; pruebas de habilidades blandas y salas de escape, destinadas a evaluar el trabajo en equipo y las características de liderazgo, entre otras. Estas actividades se sumaron a los espacios de formación y asesoría de las anteriores ediciones. Para Juan Manuel, de 19 años, la incorporación de la tecnología fue un acierto: “Además de buscar una oportunidad laboral, también nos podemos divertir y pasarla bien.” De igual manera, varios coincidieron en la importancia de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.
Según las autoridades porteñas, este año se ofrecieron 5.000 becas y 10.000 puestos de trabajo.
Según las autoridades, este año se ofrecieron 5.000 becas de formación y 10 mil puestos de trabajo. Sin embargo, las posibilidades de contratación no coinciden con las esperanzas de los asistentes: los perfiles buscados por las empresas requerían un rango etario muy acotado y vasta experiencia laboral, además de estar orientados a ámbitos distintos, primando los sectores de programación y gastronomía. “Yo tengo 22 y me preguntan qué experiencia tengo y todavía no la tengo, entonces qué tipo de empleo del futuro querés si yo recién estoy empezando”, decía Marisel quien, como estudiante de diseño de interiores, tampoco encontró demasiadas oportunidades relacionadas con su carrera. En el 2018, de 175 mil asistentes a la exposición, y con 20 mil oportunidades promocionadas, solo 1813 jóvenes consiguieron un empleo. Muchos quedaron fuera, y se espera que los números no varíen en esta ocasión, debido a un mercado laboral que año tras año expulsa a más trabajadores.
Otro punto que llamó la atención en la exposición fue el tipo de empleo ofrecido: abundaban las cadenas de comida rápida, ofertas de empleos administrativos, bancos y hasta se pudieron ver las famosas mochilas de delivery. En las redes sociales rápidamente se hicieron lugar las quejas y críticas a esta modalidad de la “Expochamuyo”, denunciándola como la profundización de la precarización y la flexibilización de los jóvenes. Con el hashtag #DesempleoJoven, incluso Ofelia Fernández, precandidata a legisladora por el Frente de Todos, escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “¿Cuál es el flash de hacer un mega evento carísimo que asuma que las tasas de desempleo juvenil son escandalosas y solo proponga un paseo por las grandes empresas? No somos idiotas, un día en La Rural no va a resolver cuatro años de miseria.”
La Expo Empleo Joven terminó a las 20 del sábado, dejando expectativas pero también frustraciones en muchos jóvenes -y otros no tanto- que, como Joaquín, fueron con el objetivo de “crecer y encontrar un trabajo mejor”; o que, como Laura, buscaban su primer empleo. Mientras tanto, las cifras sobre desempleo continúan creciendo. Y Argentina, a pesar de ser sede de una de las exposiciones de mayor empleabilidad del mundo -como la promociona el gobierno-, encabeza el índice de desempleo joven de la región.
Jun 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
El desempleo, la precariedad laboral y una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza son males que aquejan a la economía mundial. El aumento de la desocupación se ve contrastado con el sobre empleo de los que tienen trabajo; los sistemas de previsión y seguridad social parecen desbordados. Ante este panorama, una vieja aspiración de aquellos que debaten sobre derechos económicos toma fuerza: la Renta Básica Universal (RBU). A diferencia de las tradicionales políticas de asistencia social, la RBU plantea un ingreso para todos los ciudadanos en forma incondicional e indiscriminada. Puede tener diversas formas, dependiendo de las posibilidades de cada país. La propuesta se aproxima más a un derecho como es el derecho al sufragio que a cualquier otra concepción. Busca que toda persona por el solo hecho de nacer tenga asegurada las necesidades básicas para vivir. Hoy, Finlandia lleva adelante un experimento con dos mil participantes en un período de dos años (2017-2018) y cuyos resultados comenzarán a analizarse en 2019.
En contacto vía mail con ANCCOM, el Director de Relaciones Comunitarias de Kela, la institución del seguro social de Finlandia, Olli Kangas, contó cuáles son los motivos que impulsaron la implementación del programa: “El objetivo del experimento es encontrar formas de remodelar el sistema de seguridad social en respuesta a los cambios en el mercado laboral. Se evaluará el efecto de un ingreso básico en diferentes grupos de población y producirá una estimación del costo total”.
“El experimento de ingresos básicos busca respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para abordar la naturaleza cambiante del trabajo? ¿Se puede reformar el sistema de seguridad social de una manera que promueva la participación activa y brinde a las personas un incentivo más fuerte para trabajar? ¿Se puede reducir la burocracia y simplificar el complicado sistema de beneficios?”
En este sentido, Kangas señala: “Es para obtener resultados confiables, sean cuales fueran, para mejorar la elaboración de políticas basadas en evidencia y para producir datos, hechos para los debates muy acalorados sobre los pro y los contra de la RBU”. Ante el debate planteado, señala que “ahora los argumentos se basan en consignas ideológicas en lugar de hechos. Tratamos de producir hechos”. Como la Administración Tributaria finlandesa no participó en la redacción de la ley, no fue posible realizar ningún cambio en las disposiciones fiscales y la prueba tendrá un costo total de 20 millones de euros.
Finlandia optó por experimentar y obtener información de campo antes de implementar un sistema. ¿Cómo se plantea el tema en nuestro país?
Uno de los precursores de estas iniciativas es el economista Rubén Lo Vuolo, director del Centro Interdisciplinario para el estudio de la Política Públicas. En 2001, Lo Vuolo fue parte del Frente Nacional Contra la Pobreza, donde tuvo su inicio el debate por la Asignación Universal por Hijo.
En primer lugar, Lo Vuolo considera que “ya no se puede confiar en que el empleo sea la relación social por la cual todas las personas puedan acceder a un ingreso que alcance para cubrir sus necesidades básicas”. La RBU puede ser un mecanismo que garantice un piso de ingreso para el conjunto de la población y por lo tanto actuar como estabilizador del consumo”.
Al igual que en la propuesta finlandesa, se plantea la necesidad de reformular el sistema tributario.
Lo Vuolo propone que la Renta Básica debe funcionar como un crédito fiscal, explica que “es decir, implica una reforma del impuesto a las ganancias y hacer una nueva tabla para que, a partir de un determinado ingreso, se tribute hasta el punto que se devuelva. Este concepto es muy importante porque algunos cuestionan que se les dé el ingreso ciudadano a los ricos y se lo damos porque es un derecho universal como el de votar o ir a una escuela pública. Estamos hablando de políticas que hacen a la conformación de un nuevo ethos social que implica este tipo de políticas”.
La propuesta requiere de múltiples discusiones. Conlleva conflictos de intereses que impactan en la política. Lo Vuolo considera que “el análisis de la coyuntura no tiene que trabar este tipo de propuestas. Y hay que ser claros, ninguno de los derechos se obtuvieron de la noche a la mañana. Hoy no es ni política ni fiscalmente posible, pero se puede establecer una gradualidad y discutir cual es el mecanismo para avanzar y no tiene que implicar una gran carga fiscal. Ahora, si la política va a seguir siendo favorable a las minorías obviamente una propuesta de este tipo no va a trascender ni va a ser posible de aprobarla”.
En coincidencia con Ollie Kangas, el economista argentino considera que se potencia la autonomía de las personas. “Con las políticas actuales hay un enorme clientelismo, son herramientas fundamentalmente de control social. Una persona que está permanentemente rindiendo examen para poder recibir un ingreso mínimo para poder vivir y sostener su familia evidentemente es una persona que no puede ni siquiera ejercer con libertad su derecho a voto. Esto se terminaría ya que nadie te podría quitar este beneficio”.
