Los trabajadores del subte profundizaron en los últimos meses de 2022 los reclamos que hacen desde 2018 para desasbestizar los trenes y la infraestructura. Desde el gremio aseguran que seguirán las medidas luego de las vacaciones de verano.
Apertura de molinetes, demoras e interrupciones del servicio en diferentes días y horarios. Desde los últimos meses, los trabajadores de la Red de Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan estás medidas de fuerza. El reclamo tiene tres ejes: compra de trenes nuevos sin asbesto, reducción de la jornada laboral a cinco días agregando un franco semanal al actualmente existente para estar menos expuestos a ese material y más personal para prestar mejor calidad en el servicio.
Ante esto, Emova, empresa operadora del subte y el premetro, emitió un comunicado en el que, sin hacer mención a la problemática del asbesto, sostiene que disminuir la jornada semanal resulta inviable, porque no permitiría una operación adecuada del servicio. También señala que es falso que haya falta de personal para cumplir con las tareas correspondientes “ya que los resultados cumplen los parámetros de calidad requeridos y además se han introducido mejoras técnicas y operativas que permiten seguir avanzando en un proceso de mejora sostenida”.
El origen de la problemática
La comercialización, uso, transporte y almacenamiento de asbesto o cualquier tipo de fibra derivada de este mineral está prohibida en el país desde el año 2000, a partir de la resolución 845/2000 y ratificado con el Convenio de Rotterdam que entró en vigor en 2004, debido a su peligrosidad para la salud y el medio ambiente.
En el caso de los subtes porteños, en 2018 los trabajadores de la red descubrieron la presencia de asbesto en formaciones antiguas compradas por el Gobierno de la Ciudad en 2013, provenientes del Metro de Madrid, utilizados en la línea B, y del Metro de Japón, utilizados en la línea C. A partir de este descubrimiento, se apartaron los vagones para su desasbestización y se realizaron chequeos en las demás líneas. Así se comprobó que el material también está presente en toda la red: en los túneles, en las estaciones, en las escaleras mecánicas y en las bombas de agua.
Claudio Dellecarbonara, delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), plantea que el reclamo que hacen es tanto por la salud de los trabajadores como de los usuarios que usan el servicio. Aclara, que hasta el momento, tienen 75 compañeros con afecciones por esta problemática y tres fallecidos. “Cuando se prohibió el uso del asbesto en la Argentina, hace 20 años, la empresa Metrovías y el gobierno nacional, que aún lo administraba, deberían haber iniciado un proceso para retirar el asbesto de toda la red, no solo en la infraestructura, sino también en los trenes que, en su mayoría, tenían asbesto”, indica.
“En los últimos días se conoció que se llamaría a licitación para comprar 16 trenes para la línea B. Esto se debería haber hecho hace cinco años y estamos dando vueltas porque ni la empresa, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que desde 2014 administra el subte, han hecho nada de lo que corresponde», expresa Dellecarbonara. Y asegura: «Que todavía haya flotas contaminadas en circulación es posible porque hay gobiernos corruptos, no importa el signo político, por eso decidimos tomar medidas de fuerza”.
Salud y medio ambiente
En diálogo con ANCCOM, Eduardo Scarlato, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina y jefe de la División Toxicología del Hospital de Clínicas, explica que las principales vías de ingreso del asbesto al organismo son la respiratoria y la digestiva, porque una persona puede ingerir sustancias contaminadas con este material o puede respirar un ambiente con contenido disperso en el aire: “Esta sustancia es cancerígena y al ser la vía respiratoria la principal fuente de exposición, el cáncer característico, patognomónico y casi exclusivo de esta patología es el mesotelioma. Es un tumor maligno que se genera a través de la pleura, la membrana que cubre los pulmones”. Y añade: «Si bien el cáncer de pulmón y el mesotelioma son los principales, también están descritos cáncer en tubo digestivo y en la vejiga”.
“Hay que tener presente que el asbesto es un mineral natural, es decir, está en la naturaleza y como tal no tiene mayor impacto en la misma salvo áreas de contaminación. El problema radica fundamentalmente cuando por distintos tipos de procesos se industrializa y de esta manera se van liberando estas fibras microscópicas, que son las que contaminan el medio ambiente y, a partir de ahí, la exposición del individuo”, aclara el médico toxicólogo.
Por último, plantea que si bien se han cargado las tintas sobre el tema del subte, en tanto problemática real, el asbesto está presente en muchos otros ámbitos laborales y particulares: «Todo lo que es el viejo fibrocemento estaba hecho a partir de, entre otras cosas, fibras de asbesto. Se lo utilizó fundamentalmente por ser ignífugo, como aislante térmico y como tal está presente en chapas, tanques de agua viejos, depósitos de baño en casas viejas, en determinados tipos de industrias y maquinarias que todavía contienen estos elementos”.
El plan de lucha de los trabajadores del subte continuará ininterrumpidamente, afirma Dellecarbonara: “En estos meses que hay un periodo de vacaciones, quizás las medidas no sean las mismas que veníamos realizando hasta ahora. En estos días tendremos las asambleas para definir qué hacer, pero la idea es seguir con las medidas que sean necesarias para que nos den las respuestas que necesitamos”.
El Gobierno porteño no logra resolver el problema que resurge cada marzo. Desde que el PRO está al frente del Ejecutivo, el presupuesto educativo se redujo un 10 por ciento. Los problemas de infraestructura.
Con el inicio del ciclo lectivo 2022, más de 56 mil chicas y chicos no han encontrado su lugar en el sistema educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Si bien no es la cifra definitiva, ya que algunos encontrarán lugar en las próximas semanas, es más que seguro que el número superará ampliamente a los 20 mil jóvenes que se quedaron sin vacantes durante el 2021”, indica Pablo Cesaroni, miembro de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5 y de la agrupación Cooperadores en Movimiento. El dato, que se desprende de relevamientos realizados por agrupaciones gremiales, se condice con la caída de la inversión en educación por parte del Gobierno de la Ciudad en los últimos años. “Lo que el Ministerio de Educación ha hecho, con Soledad Acuña a la cabeza, es achicar todo lo que sea educación pública en gestión estatal. Tanto es así que desde que el PRO es gobierno el presupuesto educativo ha bajado más del 10%”, menciona Cesaroni.
“No solo tiene que ver con una política educativa, tiene que ver con una política sobre los inmuebles”, aclara Lisandro Teszkiewicz, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Las palabras de Teszkiewicz apuntan a uno de los nudos centrales del problema, que es la infraestructura: es que el Gobierno porteño no ha construido ninguna escuela desde que comenzó la pandemia y tampoco tiene planeado iniciar obras con este fin durante el 2022.
Una política no tan publicitada de Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran escuelas en funcionamiento.
Si bien las medidas que el Gobierno de la Ciudad presenta como novedades con respecto a este ámbito son garantizar 192 días de clases, el reemplazo de las horas libres en secundarios por Matemática e Inglés y la introducción de nuevas materias como Educación Financiera para alumnos del último año de secundario, una política no tan publicitada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran establecimientos educativos en funcionamiento.
Uno de estos casos es el del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) ubicado en la calle Pringles 344, en el barrio de Almagro, en donde el 7 de marzo último se realizó un acto en contra de la decisión del Gobierno de subastar este edificio dos días después, junto a otros dos contiguos inutilizados que también pertenecen al Estado local (Pringles 342 y 340). Si bien el intento del Ejecutivo fracasó, ya que finalmente no se presentó ningún oferente, se trata de la cuarta vez que el establecimiento pasa por esta situación, con el último antecedente en agosto del 2021. “Prometieron tres mil jardines y lo único que hacen es cerrarlos”, señala María José Gutiérrez, secretaria de Nivel Inicial de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), para la dirigente, la solución es que la Ciudad ceda los terrenos lindantes al CEDI para que este pueda aumentar su capacidad. “Para esta franja etaria hacen falta quinientas vacantes solamente en esta comuna”, aclara Myriam Godoy, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Durante el año pasado aceptaban niños desde los 45 días hasta los tres años. Tuvieron que subir la edad mínima hasta el año porque no han contratado suficientes maestros -añade Godoy-. Ahora asisten 45 chicos en total pero si se amplía se puede satisfacer a un poco más de la mitad de la demanda comunal”.
A fines del 2021, la Escuela Indira Ghandi, ubicada en una de las zonas de mayor valor de la ciudad, cerca del Aeroparque Jorge Newbery, con grandes espacios verdes, corría el peligro de ser trasladada para que sus terrenos sean vendidos con el fin de dar lugar a proyectos inmobiliarios a manos de privados. Más próximo en el tiempo, en los primeros días de marzo, fue el turno de la Escuela Especial N° 28 Bartolomé Ayrolo que funciona en el Palacio Ceci en Villa Devoto. En este caso se quería ceder el edificio para que pasara a formar parte del Distrito del Vino. En ambas ocasiones lo que detuvo el desplazamiento de los establecimientos educativos fueron las movilizaciones por parte de la comunidad educativa porteña. Para Gutiérrez, la situación es crítica: “Además de que no se abren escuelas las quieren cerrar”.
A estos acontecimientos se le suma el pobre mantenimiento de los establecimientos ya existentes. Para la maestra de Nivel Inicial, Natalia Simonelli: “Es evidente que durante el verano no hicieron mantenimiento en ninguna escuela”. Algunos accidentes durante el mes de febrero ilustran su afirmación: una explosión en la zona de calderas provocó quemaduras en un trabajador que estaba haciendo refacciones eléctricas en la Escuela N° 8 del barrio de Boedo, y en Parque Patricios, el padre de una alumna resultó herido cuando parte de la mampostería del Instituto Bernasconi cayó sobre él.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha destruido la Dirección de Infraestructura Escolar. Hoy solo tiene empleados administrativos, no tiene trabajadores capaces de arreglar las escuelas -menciona Teszkiewicz-. Todo se hace a través de un sistema de licitaciones para empresas que no tienen ni experiencia ni vocación en el sector educativo”. Para el auditor un ejemplo de esto es que una de las contratistas que tiene mayor cantidad de establecimientos asignados en la Ciudad lleva el nombre Mejores Hospitales S.A. A la posible impericia de las empresas se le añade la lentitud con la que las gestiones de las autoridades de cada colegio atraviesan el aparato burocrático del Estado porteño: “El mecanismo de atención de los edificios hace que cualquier reparación demande más de un ciclo lectivo completo. Cada vez que un directivo solicita el arreglo de un baño, por ejemplo, significa que esa obra va a demorar todo un año en ser realizada”, enuncia Teszkiewicz.
Para Cesaroni es de central que desde el gobierno local se arme una mesa de diálogo con representantes de la comunidad educativa para poder dar cuenta de cuáles son los problemas que afectan a gran parte de la población con respecto a las vacantes en la educación de gestión estatal. Por su parte María José Gutiérrez concluye: “Si bien la ministra Acuña dice que los tenemos perdidos en los pasillos de las villas nosotros sabemos dónde están nuestros pibes y nuestras pibas, dónde ir a buscarlos y qué es lo que hace falta para que no sean excluidos de la escuela pública”.
La histórica esquina porteña de Córdoba y Dorrego, a punto de ser demolida.
Basta de Demoler es una organización no gubernamental que se formó en el año 2007 como iniciativa de vecinos y vecinas que vieron cambiar sus barrios, con el objetivo de defender la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción. Frente a la ausencia de políticas públicas y al deterioro o demolición del patrimonio tangible e intangible, surge la asociación que busca crear un nexo entre la sociedad y ocupar ese lugar donde el Estado está ausente, ya que no sólo no resuelve la problemática sino que empeora la vida de la población en pos de defender otros intereses. Para organizar los reclamos a fin de que sean puestos en agenda, la ONG difunde los casos de edificaciones que están en riesgo de demolición –o que ya se han perdido- y promueve acciones de amparo para evitar la destrucción.
Mientras la definición de Código Urbanístico explica que “permite diseñar una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires” y que busca cuidar el patrimonio histórico, en la práctica esta regulación se ajusta, en verdad, a la medida del mercado inmobiliario.
En el barrio de Palermo Chico, por ejemplo, un proyecto inmobiliario amenaza tres casonas del Área de Protección Histórica, donde se otorgó un permiso de manera irregular para construir una altura que casi duplica la permitida, de volúmenes no habilitados, con la unificación de lotes y superficies a construir que superan lo autorizado por la normativa e incluso no se informó a la comunidad vecinal de esta situación.
La Ley 3056 que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) sobrevive como una prórroga hecha por vía judicial ya que se sancionó con fecha de caducidad. Los reclamos públicos y las acciones de amparo de las asociaciones vecinales hicieron posible mantener la vigencia de esta ley que protege de la demolición los inmuebles de propiedad pública o privada que estén inventariados como “Edificios Representativos”, y registrados o construidos antes del 31 de diciembre de 1941.
La Ciudad de Buenos Aires solo tiene 18.195 edificios protegidos, construidos antes de 1941.
En el año 2011, la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron a un convenio con el fin de definir un inventario de edificios de valor patrimonial anteriores a 1941. De los 140.527 inmuebles relevados sólo 18.195 fueron incorporados como inmuebles protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), organismo que actúa como filtro y elige que edificio van a proteger y cual no. Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de Basta de Demoler, explica que además del bajo porcentaje que se propone proteger, la situación es más compleja ya que nunca enviaron al Poder Llegislativo estos proyectos de ley para que sean tratados. Es la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña la encargada de trabajar sobre ese registro de edificios para sancionar una ley que establezca el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad.
Para Sbarbati se trata más de una estrategia de greenwashing que de una verdadera política por la preservación del patrimonio. En comparación con otras ciudades, el porcentaje elegido por el Consejo Asesor es muy bajo y la demolición está a la vista en cada barrio de la ciudad, seguida de la construcción de edificios altos que cambian la escala de la ciudad, impactan sobre la habitabilidad y no la hacen más sostenible, ni social ni ecológicamente. La construcción ilimitada de edificaciones de siete pisos en calles comunes y de doce en las avenidas, afecta la calidad de vida. “La luz y el sol parecen una cuestión abstracta pero después de la pandemia te das cuenta que vivimos como en un zoológico”, afirma Sbarbati.
El Código Urbanístico privilegia la mayor capacidad constructiva. “Lo que más estamos discutiendo es que en realidad cada vez que modifican el Código, el tema del patrimonio va perdiendo potencia y se va flexibilizando la defensa sobre los edificios y las áreas de protección histórica. Antes, a los edificios catalogados no se le podían construir edificaciones arriba, lo empezaron a hacer y finalmente modificaron el Código para ir blanqueándolo. La Dirección General de Interpretación Urbanística toma las decisiones y hacen el enrase –la igualación de las obras del entorno construido en altura- que está bien pero intentan compensar la altura de un vecino con la altura del otro siempre a la mayor cantidad de metros cuadrados posibles, nunca a la más baja. El Código está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria y menos a favor de la habitabilidad”, afirma.
Basta de Demoler nació en 2007 para resistir la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.
Sbarbati explica que es muy difícil el acercamiento con el Estado y que siempre es más llamativo inaugurar más metros cuadrados que la restauración y el cuidado. “Lo que sucede es que nadie tiene poder de decisión sobre su entorno inmediato y sobre su espacio, siempre lo decide otro”. Esta práctica extendida en muchas ciudades del país tiene un impacto ambiental, además de la pérdida del patrimonio que se podría poner en valor culturalmente. “Se están demoliendo un montón de residuos sólidos que en otros países se cobrarían impuestos por ejemplo, están tirando abajo un montón de edificios que a veces tienen materiales nobles que no se reemplazan más”, afirma el integrante de Basta de Demoler. La autorización constante de demoliciones tiene efectos sobre los barrios, el entorno y sus habitantes. “La arquitectura es el ordenamiento de las relaciones sociales entre las personas porque te dice dónde te reunís, circulás, dormís, dónde se ejerce el poder. Eso queda plasmado en las formas que tienen las casas y los edificios, y desaparecerlos provoca que esas explicaciones que son parte de la historia se vayan perdiendo”, concluye.
Lorena Marina Sánchez es Doctora en Arquitectura, Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora Adjunta del Conicet. Explica que la preservación de las viviendas está bastante poco resuelta en muchos lugares del mundo porque en los centros urbanos o en los lugares más codiciados, que tienen todos los servicios y todas las bondades de las ciudades, es donde se trata de densificar. Lo que significa más viviendas y menos lugar. “En general, es un problema histórico –tanto pasado como presente- que no es nuevo sino que ahora está más visible, de conciliar lo antiguo con lo nuevo. Por ejemplo, construir una vivienda en un casco histórico plantea varios dilemas para lo cual la disciplina patrimonial ofrece ciertas soluciones pero con cada caso es un mundo en sí mismo y las resoluciones no son siempre fáciles de tomar”, señala.
La vivienda tiene una particularidad que quizás no tengan otros tipos de arquitecturas, expresa Sánchez, y el mayor problema está en las que tienen una escala intermedia por su condición privada, que forman contexto y caracterizan a las ciudades. “Normar sobre ellas y hacer que un área siga teniendo vida cotidiana, que la ciudad pueda seguir evolucionando y generando nuevos patrimonios -porque es necesaria la arquitectura contemporánea- no es un dilema que tenga una única solución. Tampoco está solucionado en los centros históricos declarados como tales, que tienen un desarrollo importante en normativas y en turismo. Especialmente en Europa aparece la tugurización y la gentrificación. Los centros se vacían de los pobladores originales, las viviendas empiezan a ser temporarias, se empiezan a precarizar y a ser ocupadas o bien, a convertirse en focos de las diferentes élites. Mantener las viviendas con un grupo de personas que le den sentido al lugar en la misma línea histórica en que venían siendo utilizadas como una residencia, es algo complejo. Además, incorporar la arquitectura nueva y responder a planificaciones que a veces piden densificación, no siempre es fácil de solucionar. En esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, la especulación inmobiliaria encuentra un intersticio de lujo para operar, entre vacíos normativos, necesidades económicas de nuestras ciudades y ciertas lecturas extrañas de las normas”.
Sánchez, autora del libro ¡Viva el patrimonio!: un paseo por el legado arquitectónico y urbano publicado en el 2020, cuenta que en Mar del Plata el código de preservación patrimonial solamente protege y ampara en determinada circunstancia los bienes principalmente individuales, y no hay una norma que proteja el contexto. “Donde se construye una torre se alteran los dos linderos y si se construye una torre por intermedio, el que queda en el medio lo vende y se produce un efecto dominó negativo que va cambiando la fisonomía de la zona. No se está equilibrando el pasado con el presente”.
Para Sánchez la noción de patrimonio, recuperada de la reconocida arquitecta Marina Waisman, es lo que le permite a los habitantes encontrarse con su propia cultura, lo que de alguna manera los identifica y que puede ser tangible o intangible. Es decir que además de su materialidad y estética concreta, narra historias únicas. Considera que la vivienda -ámbito de su interés, en el que trabaja y observa muchos cambios- es una de las áreas del patrimonio más complejas. Las viviendas suelen tener valores contextuales-ambientales e histórico-sociales, no solo individuales o artísticos puntuales. “Definitivamente el impacto de una torre que cohabita con una vivienda de dos plantas es negativo. Eso en Mar del Plata se ve. Los recursos naturales como los recursos construidos patrimoniales, son escasos, no son renovables. En ese sentido, la preservación del ambiente entendida como algo integral, implica un equilibrio”.
Para comprender la importancia de la preservación, la Doctora en Arquitectura cuenta que el patrimonio residencial, por ejemplo, expresa la evolución de una sociedad. “Una casa puede revelar lo que pasó no solo una familia sino lo que pasó en esa ciudad e incluso en un país. Si una sabe leer especialmente los conjuntos de viviendas, podrá observar que son muy ricos porque tienen una biografía que es la que hay que explorar para saber qué preservar y descubrir sus valores, que son testimonios de una época y de una sociedad. Las viviendas hablan de lo doméstico, de lo micro y también de lo macro. Se conjugan varios factores que son muy interesantes y en eso reside la complejidad de qué se preserva, qué no y cómo”.
Sánchez explica que la clave de lo residencial, en términos de viviendas que tienen valores contextuales, está en proteger áreas, una vivienda suma por ser parte de un conjunto. “Por ejemplo, en Buenos Aires lo interesante es ver esa cuadra donde esas casas “chorizo” en conjunto alineadas conforman una fachada sobre la línea municipal. Esa cuadra hace a su vez de eslabón del barrio que probablemente sea similar en muchos de sus trayectos o tramos, y en su conjunto identifican un lugar. Tienen valor de conjunto. Observarlas, ver cuándo fueron construidas, por qué tienen ese tipo de zaguán, qué tipos de tecnologías se utilizaron, las alturas que tienen, es como leer un libro”.
En Mar del Plata no hay ningún tipo de regulación de contexto. Para Sánchez, desde la organización interna local, la ciudad debería trabajar con sus áreas porque cada una es particular y requiere un análisis dentro del marco territorial y social. “Un área es mucho más que el conjunto de viviendas pero éstas son importantes porque le dan sentido. El patrimonio es muy dinámico y son muchos los esfuerzos para protegerlos. A medida que va avanzando el conocimiento también se va modificando la forma en que se preserva mejor”.
En su ciudad existen iniciativas locales llevadas adelante por vecinos y vecinas alarmadas por las torres que se están construyendo en el sector costero. “En ese perímetro está siendo demasiado visible la ruptura de cohabitación entre torre y vivienda de uno o dos pisos. Las asociaciones vecinales aparecen como un factor importante que trabajan con abogados y expertos por la defensa, para que no demuelan un chalet para hacer una torre o para que no pongan una torre que anule los chalet contiguos”, cuenta la investigadora. La Asociación Marplatense Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano colabora e incluso impulsa una especie de monitoreo de bienes que están en venta, reúne firmas en petitorios, envía cartas al municipio, realiza abrazos simbólicos y safaris fotográficos, para organizar la defensa del patrimonio, frente a la falta de respuestas del Estado.
Sánchez también destaca la importancia de concientizar a los usuarios ya que son ellos los que definen vender o no vender, en cuanto a la salvaguarda de bienes residenciales. En la facultad estos temas también son de interés y se tratan desde líneas de investigación, quizás más académicas pero en diálogo con la ciudadanía.
Las casas narran y entender lo que nos dicen es parte muchas veces de una investigación, y en eso está la riqueza de cada lugar, expresa Sánchez. Desde lo monumental hasta lo modesto, desde lo material hasta lo inmaterial, desde lo ambiental hasta lo tecnológico, el patrimonio es aquello que forma parte de la cultura y de la historia, que condensa estilos arquitectónicos diversos, formas de habitar el espacio, la historia de una cuadra, la identidad de una construcción, de un barrio y de sus habitantes.
El distrito más rico del país es la vez uno de los más desiguales. Las diferencias entre el sur y el norte en cuanto a ingresos, vivienda, salud y educación son enormes. Palermo y Recoleta son los barrios mejores posicionados. ¿Cómo convive la Reina del Plata con la Cenicienta?
Texto: Azul García y Cristina Sille | Foto: Muriel Schtivelband y Camila Godoy
Quedan pocos días para el cese de la cuenta regresiva. Este domingo los argentinos votarán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el camino hacia las elecciones generales comenzará finalmente a dilucidarse. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Matías Llammens, Matías Tombolini y Gabriel Solano son los principales candidatos a cubrir el cargo de Jefe de Gobierno. En sus discursos prometen obras, infraestructura y crecimiento económico en el distrito. Frente a ello, aparecen las preguntas ¿Cuál es la situación general de CABA hoy? ¿Y cuál la particular de cada comuna?
Villa 20, Lugano.
Desde el 2005 la Ciudad de Buenos Aires -con sus 3 millones de habitantes- está organizada en quince comunas, muy diferentes entre sí. Basta con viajar las primeras estaciones del Tren Mitre para notar esta disparidad. La pobreza y hasta la indigencia azotan a una parte de la población porteña, mientras que la otra comprende niveles de calidad de vida muy superiores. En lo relativo a estadísticas nacionales, una familia tipo necesitó este junio para no ser pobre 31.148 pesos según el INDEC. No obstante, el ingreso per cápita familiar promedio de la Ciudad de Buenos Aires en 2019 es de 27.088 pesos. Esto significa que, en promedio, todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son pobres.
El año pasado, cuando el ingreso promedio era de 22.459 pesos sólo seis de las quince comunas superaron ese valor, casualmente todas ellas del norte de la ciudad. Quien batió el récord fue la comuna 14, Palermo, con un ingreso per cápita familiar de 34.357 pesos, seguida por la comuna 2, Recoleta, con 31.249 pesos. Conclusión: en promedio, todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son pobres exceptuando los de Palermo y Recoleta. Y algunos más, representados en el siguiente gráfico.
La línea roja del cuadro marca el ingreso promedio.
La línea roja marca el ingreso promedio -22.459 pesos- y la azul el que se percibe discriminando por cada comuna. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad (DGEyC)
Lo mismo ocurre al analizar la relación entre los ingresos y la Canasta Total de Bienes y Servicios no Alimentarios. Nuevamente la comuna 2, la 5 (Almagro y Boedo), la 6 (Caballito), la 12 (Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) y la 14 son aquellas cuyos ingresos llegan a cubrirla de sobremanera. En la 4 (Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) los niveles de ingresos para acceder a la Canasta Total se encuentran en la mitad de la brecha, es decir, un 49,7% supera lo necesario para cubrir la Canasta y un 50,3% está por debajo del nivel. La única comuna que presenta un mayor índice de falencia es la 8, donde sólo el 38% de los habitantes cubren la Canasta Total, dejando un 62% de habitantes por debajo de la línea.
Siguiendo el análisis, la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) es la que tiene el mayor porcentaje de hogares hacinados, un 25% según la Dirección General de Estadísticas y censos (DGEyC), valor que, además, excluye a los hogares sin habitaciones de uso exclusivo. De sus 240 mil habitantes, uno de cada tres reside en una villa, explicó a ANCCOM Marcos Chinchilla, referente de la Villa 20 en Lugano.
Villa 20, Lugano.
Los planes de urbanización tienen más polémicas que avances concretos. La Villa 31 en Retiro o incluso la 20 en Lugano son los casos más emblemáticos de estas políticas públicas que, según los vecinos, sólo cambian la apariencia con construcciones provisorias y descartables. “Un barrio se puede decir que está urbanizado, integrado a la Ciudad, cuando tiene los mismos servicios que el resto de la Ciudad”, sintetizó Chinchilla. El referente ejemplificó algunos temas básicos: la Villa 20 tiene falencias en servicios de primera necesidad, los Bomberos y las Ambulancias no ingresan a los barrios y las calles son precarias o directamente no existen, como tampoco lo hace el transporte público interno.
La situación en Soldati no dista demasiado: “Tenemos el caso emblemático de La Veredita que ya tiene nombre de barrio propio. Es un asentamiento que se hizo en la Avenida Portela y la gente está, literalmente, en la vereda, desde hace como 9 años. Hoy ya hay casas de material, pero imaginate que no tienen ni servicios de cloacas ni de agua potable”, relató Ariel Verón, militante de El Hormiguero, una organización villera.
En un mapa confeccionado también por la DGEyC se observa que de las 38 villas, asentamientos y núcleos de emergencia marcados en la Ciudad, 30 se encuentran en las comunas del sur (18 en la comuna 8, ocho en la comuna 4, dos en la comuna 7, una en la comuna 9, una en el extremo sur de la comuna 1) y ocho en las del norte (cuatro en la comuna 15, una en la comuna 3, una en la comuna 2 y dos en la parte norte de la comuna 1). Nuevamente son las comunas del sur las que presentan condiciones más desfavorables, precarias y marginales. Por su parte, cabe destacar que hablar de vivienda no es únicamente infraestructura. Las condiciones de hábitat signan también la calidad de la salud, el acceso a la educación, la seguridad, la expectativa de vida, la mortalidad infantil, entre otros derechos.
Educación y salud: otras variables
La cantidad de establecimientos educativos y su distribución por los barrios es otra de las diferencias más llamativas entre las comunas. Las que más escuelas de gestión pública tienen son las que, al mismo tiempo, menos privadas cuentan en sus filas. La 4 tiene 68 primarios públicos y 27 privados. La 8 cuenta con 44 escuelas primarias estatales y 17 instituciones privadas. En un sentido opuesto, las comunas 2 y 14 tienen más escuelas privadas que públicas (la 2 tiene 16 primarias estatales y 26 privadas y la 14, 32 estatales y 43 privadas). Los datos podrían indicar que hay barrios donde se concentra mucho más el negocio económico de las escuelas y las clínicas. Tanto la comuna 4 como la 8 son también las que poseen una mayor cantidad de Centros de Salud y Acción Comunitaria (11 y 10 respectivamente) mientras que la 2 no tiene ninguno y la 14 sólo 3.
Belgrano R.
A su vez, los datos de escolarización vuelven a marcar una desigualdad entre el norte y el sur de Capital. En los niveles Inicial, Primario y Secundario casi todas las comunas se mantienen estables. La mayoría ostenta una tasa de escolarización superior al 90% y las más bajas están arriba del 80%. Sin embargo, es la tasa de la educación superior la más alarmante. Mientras que en las comunas con mayor poder adquisitivo la tasa de estudiantes que cursan una carrera de grado o un terciario se mantiene alta (la 14, la 2 y la 13 ostentan este privilegio) otras, como -nuevamente- la 4 y la 8, tienen una tasa muy baja, lo que coincide con el ingreso per cápita familiar estimado en cada comuna.
Tasa de escolarización.
Ineficiencia de insumos e infraestructura
“El estado de los edificios escolares es bastante paupérrimo”, confesó a ANCCOM Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13 por Unidad Ciudadana. “Trabajamos mucho con los contratos de las empresas que tienen que hacer el mantenimiento para que se cumplan y casi siempre están vinculadas a amigos del presidente u Horacio Rodríguez Larreta”, agregó haciendo énfasis en los problemas de infraestructura escolar. “También hay falta de vacantes en las escuelas como en toda la ciudad”, añadió, sumándose a una demanda que llegó a oídos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que negó en televisión.
En la misma línea, Ariel Verón, referente de la Comuna 8, aseguró que es la comuna más carente de vacantes escolares. “También se ve la contracara de la publicidad del gobierno de las nuevas 54 escuelas. Acá hay algunas, pero cuando vas en realidad es un terreno baldío”, aseguró tomando de ejemplo uno que está en Varela y Avenida Cruz, y otro en Avenida Castañares, en Lugano, donde hay una infraestructura de escuela que no funciona.
Comedor El Enano de La Casita de Kiki Lescano Villa 20, Lugano.
“Este año recibimos llamados de la comunidad educativa de distintas escuelas con problemas muy concretos como familias que se quedaron en la calle o que tienen que juntar plata para comer”, detalló Julieta Costa Díaz sobre los problemas que la crisis genera en la Comuna 13, donde siempre vivió una clase media con mayor poder adquisitivo. “Da mucha tristeza y bronca, pero al final las comunidades educativas organizadas y las cooperadoras se terminan haciendo cargo de lo que se debería encargar el Estado”, puntualizó.
En una realidad parecida respecto a la crisis, pero mucho más profunda, Ariel contó la situación de escasez de los comedores escolares de la Comuna 8. “Disminuyeron el presupuesto e hicieron la crueldad de que si no te anotás al comedor vía Internet, perdés la condición de acceder a esa beca”, explicó, haciendo énfasis en el trabajo de los profesores que se la rebuscan para no dejar a nadie sin comer durante el día. “También mandan raciones de comida en promedio de la asistencia de la escuela, entonces si un día van todos, diez o veinte chicos y chicas se quedan sin comida”, completó.
Cuando una maestra de escuela primaria en la Ciudad despliega por primera vez en el pizarrón un planisferio, sus alumnos, alucinados por lo inmenso que parece el mundo, aprenden la distribución de los continentes, los países, los trópicos, los meridianos y demás líneas imaginarias e interiorizan los significados de las categorías “norte” y “sur”. La geografía. Años después, en la secundaria, el profesor de la clase de filosofía decide dar vuelta el mapa y los alumnos, ahora expectantes, boquiabiertos, notan que el norte se convirtió en el sur y el sur es el norte. Argentina se encuentra arriba, a la cabeza, Tierra del Fuego domina el planisferio y Europa se hunde bajo centímetros de hipotética tierra africana. Los alumnos comprenden entonces que hay otra acepción además de la geográfica para esas viejas categorías del norte y del sur. Las ideológicas.
El territorio es subjetivo; no tiene tanto que ver con los mapas sino con la percepción que las personas hacen de su entorno. En varias escuelas se empezó a mostrar un mapa nuevo. Uno que tiene como centro a América Latina y no a Europa; que reconocer el punto en el que están parados sus estudiantes y confirman así que la división del mundo tal cual se lo conoce no es natural, ni mucho menos estática. Lo mismo se puede ver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas comunas del norte presentan demasiadas diferencias con las del sur. ¿Es el sur la zona más abandonada por naturaleza o hay algo intencional en esa desigualdad?
El Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 16 está ubicado en Barracas y es uno de los once CeSAC de la Comuna 4, cuyos barrios cuentan con la mayor cantidad de estos centros de salud de toda la Capital.
Las y los trabajadores sociales tienen la agenda muy ocupada para intentar dar respuesta a las demandas de sus localidades. La cantidad de actividades de salud, talleres y charlas dan cuenta de un intento por cubrir las necesidades primarias de los vecinos y aunque marcan una diferencia en la salud, la contención y el asesoramiento de las personas, muchas veces se siente como una curita ante la deuda que tiene el Estado con la salud y la vivienda digna.
«Lo que más se ve en La Boca son enfermedades respiratorias», explicó una trabajadora social del CeSAC N° 16. Detrás de ella, los flyers de salud sexual inundan las paredes. «El Riachuelo y los problemas de vivienda son las principales causas. En verano, por ejemplo, la descompostura estomacal es muy común por el estado del agua que toma la gente», agregó. El territorio define las condiciones de vida y si no hay políticas públicas que mejoren las principales problemáticas del barrio, la salud es la principal damnificada. Marcos Chinchilla, con respecto a la Villa 20 en la Comuna 8, resaltó el hecho preocupante de que las ambulancias no entran en la villa y esa vulneración de derechos impacta en la calidad de vida de barrios que tiene la mayor cantidad de villas de emergencias.
Hospital Ramos Mejía, Balvanera.
Las políticas públicas son centrales a la hora de la promoción de la salud. «Nos dimos cuenta que hay muchos casos de sífilis entre chicos de 16 a 24 años en la Comuna 4», explicó la trabajadora social. Entre las enfermedades de transmisión sexual, el sífilis estaba casi erradicado hace unos años; ya no era una amenaza. Ahora, este alerta revela un fracaso en las policías públicas. «Vemos que sí usan anticonceptivos, pero esto nos revela que la promoción del uso de preservativos está fallando», terminó. La Comuna 8 también sufre los efectos del Riachuelo y en materia salud es en donde más se manifiestan casos de tuberculosis en toda la Ciudad de Buenos Aires, confesó Marcos Chinchilla. Y detalló: “La manzana 22 del barrio Villa 20 es la que tiene más casos de tuberculosis a nivel nacional”.
En la Comuna 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) que agrupa barrios históricamente de clase media y con índices altos de calidad de vida, no hay ningún CeSAC que atienda las necesidades. «No tenemos hospitales, solo el IREP, que es específico para rehabilitación y kinesiología, y el Centro de Salud Mental N° 1 que están constantemente amenazados por el gobierno que quiere usar sus terrenos para hacer negocios inmobiliarios», explicó Julieta Costa Díaz.
Los barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales son casi los únicos que no tienen un CeSAC junto con Recoleta. «Los lugares a los que van los vecinos es el Centro de Salud N° 12, que depende del Hospital Pirovano, y el principal problema es que están colapsados porque ante la crisis, mucha gente deja de tener prepagas y pasa a atenderse en el sistema de salud público», detalló haciendo referencia a que es algo que se ve más ahora en esos barrios. «No hay suficientes vacunas, ni medicamentos y la atención al público está desbordada», concluyó.
“Tenemos un hospital, el Grierson, que se viene inaugurando hace ocho años pero sólo funciona como una salita más e incluso con menos recursos”, contó Ariel Verón. En sus reuniones con el cuerpo médico se enteraron de la falta de abastecimiento que impedían a los vecinos atenderse ahí y que finalmente provocaba la derivación al Santojanni o al Piñero que no están dentro de la Comuna 8, sino en la 9 y la 7 respectivamente. “Los CeSAC tienen problemas parecidos, no hay insumos para que los profesionales puedan trabajar como corresponde y tampoco turnos”, completó.
Hospital Ramos Mejía – Balvanera.
“La Comuna 8 tiene una población mayoritariamente humilde, así que no tienen tanto acceso a obras sociales y utilizan el servicio público que se desborda por la cantidad de personas”, contó Verón. Uno de los muchos problemas son los turnos, porque aunque sea la segunda comuna con mayor cantidad de CeSAC, como cierran a las cuatro de la tarde, mucha gente se queda sin poderse atender. “En invierno varias veces las madres tienen que hacer cola afuera, a la madrugada, para atender a sus hijos resfriados”, añadió.
En tiempos de crisis, las diferencias se difuminan porque todos los barrios se ven afectados. Ayer el INDEC reveló que el 49,6% de los niños y niñas que viven en zonas urbanas de la Argentina son pobres. Estos números, referentes a lo nacional, si bien alarmantes, nos dificultan la percepción de la problemática, que es bien concreta y cercana.
Como respuesta, la creación de comedores en toda la ciudad -tanto en lugares donde siempre hubo presencia de organizaciones sociales, como en otros caracterizados por una clase de mayor poder adquisitivo- son muestra de que todas las comunas perciben los embates de la situación actual. No obstante, es en los barrios más postergados donde la crisis puede profundizar los ya graves problemas que cargan desde hace décadas. La Comuna 8 es la más austral de toda la ciudad y es, en concordancia, la que presenta mayores deficiencias.
Paradójicamente donde el Estado posee mayor presencia, a razón de escuelas públicas y CeSAC es, a su vez, donde más se evidencia su ausencia. Cabe preguntarse, entonces, qué administración se hace de lo público y por qué las intervenciones, en lugar de solucionar las problemáticas, siguen profundizando la brecha entre las comunas. En los barrios del norte, los servicios son prestados por empresas privadas que superan en número a las instituciones públicas. El boom de lo privado parece ir en detrimento de lo público, que cada vez se pauperiza más o se abandona en pos de un negocio. El debate electoral debería marcar un camino para mejorar las instituciones públicas, que son un derecho, pero la realidad evidencia que las comunas más pobres se tienen que conformar con la ineficiencia, y las más acomodadas pueden aspirar a comprar una mejor calidad de vida.
En los discursos y promesas de campaña, la Ciudad de Buenos Aires es una sola. En la práctica y las experiencias de vida son dos: y vivir en el sur parece siempre ser un karma.
«Saavedra no duerme cuando llueve», es el grito de protesta de los vecinos de la Asamblea de Saavedra.
“Lo que quieren son las tierras públicas, es el negocio inmobiliario”. Así se expresa José Olivo, referente de la asamblea del barrio Saavedra, para hablar de la política del gobierno porteño respecto de los espacios públicos del barrio. Desde finales de 2018, con la aprobación del Nuevo Código de Planeamiento Urbano, las obras planificadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta cobraron un nuevo impulso, pese a la oposición vecinal.
El 2 de abril del 2013, el barrio se inundó y debido a ello fallecieron seis personas. La gravedad del hecho determinó que los vecinos conformaran una asamblea que funciona activamente hasta el día de la fecha para articular numerosos reclamos. “Saavedra no duerme cuando llueve” es uno de los principales mensajes de visibilización que adoptó.
Un reclamo perdido fue el vinculado a la construcción de una planta de reciclado en el predio que se encuentra en Arias y Holmberg. Mercedes Austral, vecina de Saavedra e integrante de la asamblea, explica que “usaron la Plaza de las Esculturas como depósito de vagones de subte viejos y el barrio estuvo esperando y reclamando esa plaza durante 20 años”. Austral agrega: “Presentamos un amparo que nunca terminó de prosperar porque devino en abstracto cuando cambió el Código de Planeamiento Urbano. “Nuestra última propuesta fue que eleven la construcción y la hagan sobre una plataforma para que quede el espacio absorbente debajo. No nos escucharon”. La Plaza de las Esculturas nunca se inauguró y en cambio sí la planta de reciclado.
Al Parque Sarmiento quieren trasladar al Instituto Romero Brest. Docentes y estudiantes se resisten.
La Plaza debería formar parte del Parque Lineal Goyeneche, que se extiende a lo largo de la avenida homónima y que, con la sanción del nuevo Código, permite que se hagan diferentes edificaciones en los espacios verdes. José Olivo cuenta que “los proyectos pensados para esta zona incluyen una guardia de auxilio, el centro de investigaciones de la Metropolitana y la instalación de un polideportivo de entrenamiento para la policía de la Ciudad.”.
Uno de los puntos más conflictivos fue la construcción del túnel de Ricardo Balbín y la Avenida Donado. La obra estuvo parada un año debido a los reclamos vecinales. Sin embargo, la construcción se terminó sin tener en cuenta las observaciones de los habitantes del barrio sobre el gran caudal de los arroyos Medrano y Vega, que circulan subterráneamente en la zona. “Tanto la ingeniera hídrica como los vecinos, que luchamos para que una obra simplemente vial se transforme en una obra hidráulica, estamos preocupados que por la caída de 90 milímetros de agua se inunde el túnel”, señala Olivo.
“Cuando hacen este tipo de obras, nunca te quieren mostrar el impacto ambiental porque es desfavorable. Se supone que ese informe debería ser de acceso público. Ahora, además, cambió la Ley de Impacto Ambiental y para obras de no más de 2.500 m2 no es necesario presentar ese informe de impacto”, subraya Olivo.
Otro espacio verde que funciona como atenuador pluvial, y es además un lugar central de recreación, es el Parque Sarmiento, que fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. El proyecto oficial actual pretende trasladar el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest a este parque. Al respecto, Olivo sostiene que “estamos hablando con todos los que podemos para que se entienda cuál es la problemática. Inclusive la comunidad docente y educativa que forma parte del Instituto Romero Brest tampoco quieren venir al Parque. En donde están, tienen todas las comodidades: hace dos años que se terminó de construir y lo único queda es arreglar la pileta, no es que tienen que hacer una inversión astronómica para seguir funcionando ahí. Lo que el gobierno quieren son las tierras, es el negocio inmobiliario. Forma parte todo de lo mismo”.
La zona cercana al Romero Brest es una de las que podría experimentar mayores cambios. Entre los predios comprometidos con la iniciativa de Cambiemos, se encuentran el CENARD y el Club Obras Sanitarias, en Núñez. Olivo agrega que “ahí tienen un corredor importante de tierras públicas que se juntan con lo que es el Tiro Federal para hacer lo que es un negocio inmobiliario impresionante”. Baldiviezo puntualiza que “de aprobarse estos proyectos, la Ciudad perderá parques públicos y los legisladores habrán violado la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental que ordenan que en Buenos Aires los espacios verdes públicos deben incrementarse y que se debe conservar su integridad”.
El Cenard es otra de las instituciones que el gobierno quiere trasladar para vender sus tierras a emprendimientos inmobiliarios.
La relocalización del Tiro Federal fue programada para el 2020. Ante esta decisión, la presidente de una institución que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en el 2005, redactó una carta al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sosteniendo que “el análisis concreto de las presentes circunstancias fácticas determina que las previsiones legales reseñadas no se ajustarían, cabalmente, a las necesidades que requeriría nuestra institución para su supervivencia económica, y por ende, deportiva”. Sin embargo, el traslado del Tiro Federal hacia un sector pegado al Río de la Plata y cercano al Parque de los Niños, sigue vigente.
Otros espacios que se verían afectados con la reorganización de los barrios de Núñez, Saavedra y la zona cercana al río serían la cancha de River (de hecho su presidente, Rodolfo D’Onofrio, planteó la necesidad de mudar el estadio) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) que sería trasladado hacia el Hospital Muñiz junto con otros cinco hospitales. Según la lectura de Jonathan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “esta venta es parte de la mayor privatización de tierras públicas de la Ciudad, que ya incluye más de 350 hectáreas desde que gobierna el Pro”.
