El Gobierno porteño no logra resolver el problema que resurge cada marzo. Desde que el PRO está al frente del Ejecutivo, el presupuesto educativo se redujo un 10 por ciento. Los problemas de infraestructura.
Con el inicio del ciclo lectivo 2022, más de 56 mil chicas y chicos no han encontrado su lugar en el sistema educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Si bien no es la cifra definitiva, ya que algunos encontrarán lugar en las próximas semanas, es más que seguro que el número superará ampliamente a los 20 mil jóvenes que se quedaron sin vacantes durante el 2021”, indica Pablo Cesaroni, miembro de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5 y de la agrupación Cooperadores en Movimiento. El dato, que se desprende de relevamientos realizados por agrupaciones gremiales, se condice con la caída de la inversión en educación por parte del Gobierno de la Ciudad en los últimos años. “Lo que el Ministerio de Educación ha hecho, con Soledad Acuña a la cabeza, es achicar todo lo que sea educación pública en gestión estatal. Tanto es así que desde que el PRO es gobierno el presupuesto educativo ha bajado más del 10%”, menciona Cesaroni.
“No solo tiene que ver con una política educativa, tiene que ver con una política sobre los inmuebles”, aclara Lisandro Teszkiewicz, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Las palabras de Teszkiewicz apuntan a uno de los nudos centrales del problema, que es la infraestructura: es que el Gobierno porteño no ha construido ninguna escuela desde que comenzó la pandemia y tampoco tiene planeado iniciar obras con este fin durante el 2022.
Una política no tan publicitada de Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran escuelas en funcionamiento.
Si bien las medidas que el Gobierno de la Ciudad presenta como novedades con respecto a este ámbito son garantizar 192 días de clases, el reemplazo de las horas libres en secundarios por Matemática e Inglés y la introducción de nuevas materias como Educación Financiera para alumnos del último año de secundario, una política no tan publicitada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran establecimientos educativos en funcionamiento.
Uno de estos casos es el del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) ubicado en la calle Pringles 344, en el barrio de Almagro, en donde el 7 de marzo último se realizó un acto en contra de la decisión del Gobierno de subastar este edificio dos días después, junto a otros dos contiguos inutilizados que también pertenecen al Estado local (Pringles 342 y 340). Si bien el intento del Ejecutivo fracasó, ya que finalmente no se presentó ningún oferente, se trata de la cuarta vez que el establecimiento pasa por esta situación, con el último antecedente en agosto del 2021. “Prometieron tres mil jardines y lo único que hacen es cerrarlos”, señala María José Gutiérrez, secretaria de Nivel Inicial de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), para la dirigente, la solución es que la Ciudad ceda los terrenos lindantes al CEDI para que este pueda aumentar su capacidad. “Para esta franja etaria hacen falta quinientas vacantes solamente en esta comuna”, aclara Myriam Godoy, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Durante el año pasado aceptaban niños desde los 45 días hasta los tres años. Tuvieron que subir la edad mínima hasta el año porque no han contratado suficientes maestros -añade Godoy-. Ahora asisten 45 chicos en total pero si se amplía se puede satisfacer a un poco más de la mitad de la demanda comunal”.
A fines del 2021, la Escuela Indira Ghandi, ubicada en una de las zonas de mayor valor de la ciudad, cerca del Aeroparque Jorge Newbery, con grandes espacios verdes, corría el peligro de ser trasladada para que sus terrenos sean vendidos con el fin de dar lugar a proyectos inmobiliarios a manos de privados. Más próximo en el tiempo, en los primeros días de marzo, fue el turno de la Escuela Especial N° 28 Bartolomé Ayrolo que funciona en el Palacio Ceci en Villa Devoto. En este caso se quería ceder el edificio para que pasara a formar parte del Distrito del Vino. En ambas ocasiones lo que detuvo el desplazamiento de los establecimientos educativos fueron las movilizaciones por parte de la comunidad educativa porteña. Para Gutiérrez, la situación es crítica: “Además de que no se abren escuelas las quieren cerrar”.
A estos acontecimientos se le suma el pobre mantenimiento de los establecimientos ya existentes. Para la maestra de Nivel Inicial, Natalia Simonelli: “Es evidente que durante el verano no hicieron mantenimiento en ninguna escuela”. Algunos accidentes durante el mes de febrero ilustran su afirmación: una explosión en la zona de calderas provocó quemaduras en un trabajador que estaba haciendo refacciones eléctricas en la Escuela N° 8 del barrio de Boedo, y en Parque Patricios, el padre de una alumna resultó herido cuando parte de la mampostería del Instituto Bernasconi cayó sobre él.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha destruido la Dirección de Infraestructura Escolar. Hoy solo tiene empleados administrativos, no tiene trabajadores capaces de arreglar las escuelas -menciona Teszkiewicz-. Todo se hace a través de un sistema de licitaciones para empresas que no tienen ni experiencia ni vocación en el sector educativo”. Para el auditor un ejemplo de esto es que una de las contratistas que tiene mayor cantidad de establecimientos asignados en la Ciudad lleva el nombre Mejores Hospitales S.A. A la posible impericia de las empresas se le añade la lentitud con la que las gestiones de las autoridades de cada colegio atraviesan el aparato burocrático del Estado porteño: “El mecanismo de atención de los edificios hace que cualquier reparación demande más de un ciclo lectivo completo. Cada vez que un directivo solicita el arreglo de un baño, por ejemplo, significa que esa obra va a demorar todo un año en ser realizada”, enuncia Teszkiewicz.
Para Cesaroni es de central que desde el gobierno local se arme una mesa de diálogo con representantes de la comunidad educativa para poder dar cuenta de cuáles son los problemas que afectan a gran parte de la población con respecto a las vacantes en la educación de gestión estatal. Por su parte María José Gutiérrez concluye: “Si bien la ministra Acuña dice que los tenemos perdidos en los pasillos de las villas nosotros sabemos dónde están nuestros pibes y nuestras pibas, dónde ir a buscarlos y qué es lo que hace falta para que no sean excluidos de la escuela pública”.
