Casi 12.000 personas están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

Casi 12.000 personas están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

Jul 11, 2025 | Comunidad, Destacado 5

El Tercer Censo Popular para relevar a quienes que viven en la vía pública arrojó el doble de personas que el recuento anterior, realizado en 2019. Y muchos más aún de los que declaran las cifras oficiales.

Las organizaciones que llevaron a cabo el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires dieron a conocer este lunes los resultados iniciales. El primer dato es más que alarmante: contabilizaron un total de 11.892 personas, entre ellas, las que se encuentran en situación de calle efectiva y las que están temporalmente en Centros de Integración Social del Gobierno de la Ciudad. Esta cifra, cómo había adelantado ANCCOM, era tristemente esperada por las organizaciones y representa más del 50 por ciento de crecimiento desde el último Censo en 2019.

Los números del Tercer Censo fueron muy superiores a los datos que brinda el Gobierno de la Ciudad. Las organizaciones advierten que la población que vive en la vía pública no deja de crecer y denuncian que la calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir. Entre las organizaciones que convocaron para realizar el censo estuvieron Proyecto 7, Irrompibles, Barrios de pie, Red Puentes, Nuestra América Movimiento Popular y La Patria es el otro. Miles de voluntarios recorrieron la ciudad y encuestaron a quienes encontraban instalados en la calle.

En un contexto de crisis creciente, cuándo en el país ya suman nueve personas fallecidas en situación de calle en lo poco que va del invierno, las organizaciones exigen tanto al Gobierno de la Ciudad como al nacional el estricto cumplimiento de la Ley 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle con un presupuesto adecuado a las necesidades. Además, piden que se garantice el ingreso inmediato a los dispositivos de CABA junto con alimentos y mantas. Por otro lado, solicitan que se declare la emergencia en situación de calle y adicciones en la Ciudad, que se aumente el presupuesto a los programas vigentes y que sean de gestión accesible, que sea menos burocrático.

También exigen prohibir el uso del lenguaje ofensivo, discriminatorio, estigmatizante por parte de cualquier funcionario que trabaje en organismos o instituciones que dependan del Gobierno de la Ciudad, las fuerzas de seguridad y espacios públicos, hacia las personas en situación de calle. Le suman el pedido de cese inmediato de la represión y persecución a esta población, como también que se distribuyan las frazadas que tiene en sus depósitos el Ministerio de Capital Humano.

Según Horacio Ávila de Proyecto 7, “son 75 mil frazadas las que tienen en los depósitos”. Esta organización realiza desayunos y ollas solidarias en Once, Constitución y Flores a las cuales según nos cuentan, cada vez asiste más gente.

Actualmente, la administración gubernamental de la CABA posee una red de 48 dispositivos que están colapsados y sin vacantes. Según pudo saber esta redacción en diálogo con diferentes organizaciones, el gobierno de la Ciudad continúa sin dar respuesta.

 

“Los postítulos son espacios muy valiosos de formación”

“Los postítulos son espacios muy valiosos de formación”

Jun 5, 2025 | Comunidad, Destacado 4

El gobierno de Jorge Macri cerró especializaciones docentes cuya apertura ya había sido aprobada. Profesores y estudiantes se agruparon para denunciar lo que viven como un ataque permanente y un bloqueo a su desarrollo profesional.

“Dejar a la formación pública, gratuita, universal y de calidad a la deriva es bloquear el desarrollo precarizando la educación. Al parecer, cuanta menos educación tengan todos, más fácil podrán ser manipulados –afirma Romina Laura Bralo González, docente egresada de los postítulos de CABA–. Además, es una amenaza a los puestos de trabajo,al limitar la instancia de aprendizaje y diversidad de contenidos en la profesionalización docente”.

A principio de año, el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, cerró postítulos de nivel superior como Educación Ambiental Integral, Ciencias Tecnológicas, ESI, Derechos Humanos, Arte y Cultura, que ya no están dentro de la oferta académica. La medida de discontinuarlos, dispuesta por la secretaria general de Formación Docente, Graciela Uequín, se tomó pese a la aprobación correspondiente de las propias autoridades para su apertura.

Ante el sistemático recorte y subejecución del presupuesto educativo, la reducción de la oferta –entre otras cosas, no dando apertura a todos los postítulos–, y la consecuente baja de la calidad, docentes de la Ciudad denuncian un ataque a su formación.Desde hace tiempo, los postítulos de CABA vienen resistiendo intentos de cierre, restricciones en la inscripción y vaciamiento progresivo por parte del Gobierno porteño.

“Es un intento de mercantilizar la educación como negocio, y no un derecho.El ataque a la formación es permanente hace años, por lo que estamos tratando de que salga de las sombras para poder visibilizar cómo desfinancian al sistema educativo, atentando a la educación pública, universal y gratuita”, agrega Bralo González.

“Los postítulos son formaciones y capacitaciones que realizan los docentes una vez que están recibidos, que les permiten seguir adquiriendo las herramientas necesarias para su formación profesional, transmitiendo a los estudiantes una educación comprometida y de calidad en cuanto a los contenidos de los programas de enseñanza”, explica con emoción María Marta Fernández Rosa, docente coordinadora del Postítulo Artes y Tecnologías Digitales de la Escuela Superior de Educación Artística “Aída Mastrazzi”.

“Son especializacionesque dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. En febrero de este año, muchos tenían la aprobación para dar apertura a sus inscripciones a estudiantes, pero esto no sucedió, aunque sí están finalizando su segundo año los postítulos que vienen del anterior. Son espacios muy valiosos de formación académica, responden a necesidades docentes, brindan temáticas variadas y otorgan un puntaje que es muy importante para la carrera docente”, detalla Fernández Rosa.

Las planificaciones de los postítulos son elevadas todos los años al Ministerio de Educación, que las aprueba o no y da el visto bueno para su apertura, aclarando, en su resolución, que están sujetos al recorte presupuestario.Este año los docentes vienen denunciando los cierres por decisión del Ministerio y buscando el apoyo de sindicatos docentes, hasta ahora sin respuesta.

En diálogo con ANCCOM, Temis Saccomanno, secretario de Educación Artística de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), puntualiza: “Cuando ocurrió lo de la escuela de Jorge Donn, UTE intervino tratando de buscar explicaciones al cierre del postítulo. Para ello, se reunió con autoridades del Ministerio de Educación, quienes categóricamente anunciaron al sindicato que no iban a abrir los postítulos en este 2025, debido a un tema de presupuesto, como así también dejaron entrever que en un tiempo dejarían de existir, serían remplazados por nuevos programas, reformulaciones que aún están en desarrollo”.

Tras ese hecho, por abajo se formó un colectivo de lucha por la apertura de los postítulos en CABA, integrado por docentes de distintas instituciones, que lleva su reclamo a todos los lugares posibles porque los consideran muy importantes para la formación tanto de docentes como de estudiantes.

El pasado sábado 24 de mayo, la agrupación organizó una protesta en el barrio del Abasto, con juegos callejeros, para visibilizar su reclamo. Allí, Natalia Franchi, coordinadora general del postítulo de “Danza teatro comunitario”, de la Escuela “Jorge Donn”, precisó: “Los postítulos son siempre para profundizar y actualizar en un campo de conocimiento específico, atravesado por un tiempo de duración entre uno y dos años,durante una jornada extensa de trabajo en conjunto, que permite forjar y fortalecer los lazos humanos elementales en las y los otros”.

Franchi añadió: “Este postítulo de Danza teatro comunitario existe desde 2022, luego de tener la aprobación del Ministerio de Educación, que resolvió su apertura de actividades para ese año y el siguiente, y luego hizo lo mismo para 2024 y 2025, para que sus estudiantes pudieran finalizar sus especializaciones en tiempo y forma. Sin embargo, este año los aspirantes no tuvieron la posibilidad de inscribirse. La causa de que no se abra la inscripción a los postítulos es política, junto con el recorte presupuestario en educación,habiendoquedado desmentido (como quisieron instalar), que no había aspirantes o que había irregularidades”.

Hoy, tanto ella como sus compañeros se encuentran en la incertidumbre de no saber si los postítulos van a continuar o si acaso ya es un hecho que van a dejar de existir.Frente a lo que califican como un ataque sistemático a la educación, el colectivo de docentes promete seguir peleando por la apertura, hasta que sus voces sean escuchadas.

¿La legislatura porteña mira a la calle?

¿La legislatura porteña mira a la calle?

Jun 5, 2025 | Destacado 4

El gobierno de Javier Milei decretó que no habrá ayuda nacional para los sin techo y que cada jurisdicción se tendrá que hacer cargo de ellos. En una coproducción con la revista Hecho en Buenos Aires, ANCCOM le preguntó en campaña a los candidatos que políticas propondrían para esta cuestión.

Agentes de la Secretaría de Espacio Público e Higiene Urbana, acompañados por efectivos de la Policía, desalojaron este 4 de junio a Leonella y un grupo de personas en situacion de calle que pasaban la noche en un pallier de Juramento y O´Higgins, en la Ciudad de Buenos Aires.

El 18 de mayo la Ciudad votó y treinta bancas en la Legislatura porteña cambiarán de manos en diciembre. Afuera, en las veredas frías y sin promesas, hay personas que duermen bajo el cielo de Buenos Aires. Las cifras oficiales dicen que son poco más de cuatro mil, pero las organizaciones sociales aseguran que son muchísimas más. Las campañas hablaron de ellos: los sin techo, los sin nombre, los sin nadie. Se prometió de todo —desde la erradicación de la miseria hasta la gentrificación disfrazada de orden—, pero las promesas, como siempre, flotan. No bajan. No abrigan. No salvan. Mientras tanto, las Personas en situación de calle siguen ahí, esquivando a la policía, al hambre, al miedo. Resisten, no por épica, sino porque no hay otra. A continuación, lo que cada legislador electo dijo en campaña sobre las políticas que tienen para ellas.

“Adorni es Milei”

El secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, fue electo como candidato del oficialismo nacional. Su campaña se basó principalmente en su identificación con el presidente: “Adorni es Milei”, como se leía en los afiches diseminados por la ciudad. El candidato libertario, que propone “llevar el modelo de Milei a la Ciudad”, no presentó propuestas concretas orientadas a las personas en situación de calle. Sí prometió implementar “un Estado más chico y eficiente” y una “Ley Bases porteña”. En materia de vivienda, propone bajar el ABL, eliminar el impuesto a los Sellos —3,5% del monto de la compraventa, excepto en primera vivienda— y desalojar rápidamente a los “usurpadores” de casas. 

“San Toro”

Electo por la lista Es Ahora Buenos Aires, “San Toro” –tal como se autoproclamó en campaña–, planea “dar pelea contra el abandono de Jorge Macri y la crueldad de Javier Milei”. Parte de su campaña se centró en denunciar los negociados del Gobierno de la Ciudad con empresas privadas que prestan servicios en el territorio porteño. 

En cuanto a las personas en situación de calle, propone erradicar la indigencia en cuatro años con un enfoque que combine asistencia inmediata y soluciones estructurales. En tal sentido, promueve el plan «BsAs sin Indigencia», donde incluye un ingreso básico común, urbanización de barrios vulnerables y programas de reinserción laboral. Por otro lado, en su programa electoral también se afirma que la Ciudad estuvo planteada desde un modelo urbano que privilegia la especulación inmobiliaria sobre las necesidades humanas, lo que provoca una crisis habitacional sin precedentes, pérdida de espacios verdes y “una desigualdad territorial que fractura el tejido social entre un norte próspero y un sur olvidado”. Para ello, desde su plataforma propone realizar una auditoría integral sobre las ventas de tierras públicas y los convenios urbanísticos de los últimos 16 años; actualizar el Plan Urbano Ambiental y modificar el Código Urbanístico para limitar la construcción especulativa; proponer un Plan de Vivienda Integral que incorpore al mercado 20.000 viviendas ociosas; generar una transformación ecológica plantando árboles nativos para crear nuevos parques públicos y promover la urbanización de barrios populares. 

Una brújula ahí

La diputada nacional por Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, respaldó un proyecto de ley para crear una red de Centros de Integración Social de acceso voluntario y permanente, con atención las 24 horas, todos los días del año. El proyecto también contempla la implementación de un sistema de atención móvil y programas de formación y capacitación en oficios para facilitar la reinserción social y laboral de las personas en situación de calle. En una entrevista en Cortá por Lozano, ante la pregunta de Costa —actriz, panelista y humorista trans— sobre el estado de emergencia de los hospitales públicos, la legisladora confundió la ubicación del hospital Ramos Mejía, al que situó en el conurbano. El Ramos Mejía es uno de los lugares donde todavía sobrevive el Estado presente para las personas TLGBIQ+ que viven en condiciones de vulnerabilidad. 

“Vuelvo porque hay olor a pis”

Horacio Rodríguez Larreta encabezó la lista Volvamos Buenos Aires y basó su campaña en su capacidad de gestión, marcando las deficiencias de la nueva administración. “Trayéndolo a Jorge Macri del conurbano me equivoqué”, reconoció en una entrevista con Pedro Rosemblat. Consultado sobre sus propuestas para las personas en situación de calle, afirmó que “el Gobierno de la Ciudad tiene que hacerse cargo del problema. La situación social no es muy distinta a la que tuvimos durante mi gestión, y claramente antes había una respuesta con el Buenos Aires Presente”. 

En lo que respecta a la política habitacional, el legislador electo plantea que se deben seguir modelos que funcionaron en el exterior:  “Poder comprar o alquilar un lugar en la Ciudad es una aspiración permanente de los porteños. Hoy el Gobierno está dejando pasar oportunidades que en otras grandes ciudades, como Nueva York o Barcelona, supieron aprovechar”. Larreta propuso principalmente el Microcentro: “Hay infraestructura, subtes, colectivos y está lleno de oficinas vacías. Hay que generar vivienda ahí para que alquilen jóvenes y adultos mayores, con beneficios fiscales proporcionales al porcentaje de reconversión de cada edificio”. También remarcó la necesidad de recuperar la política de créditos de tasas bajas del Banco Ciudad y de garantías y facilidades para ingresar a un primer alquiler del Instituto de la Vivienda. “Todo eso se suma a lo que ya avanzamos en mi gestión respecto a la vivienda social: hicimos la mayor inversión en 50 años con la construcción de 5.000 viviendas, en la urbanización del Barrio 31, Rodrigo Bueno, Fraga o el Barrio 20”, afirmó.

La eterna presencia

Vanina Biasi, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad (FITU), encabezó la lista trotskista. Su campaña se basó en propuestas para mejorar los ingresos de los trabajadores de la Ciudad, denunciar la violencia de la Policía porteña contra jubilados, mujeres, disidencias y personas pobres, y visibilizar negociados del gobierno con grandes empresas. 

Ante el aumento de personas en situación de calle, planteó desde su cuenta en X que la Ciudad debe detener la criminalización, crear centros integrales de atención en cada comuna, generar empleo genuino y un plan de viviendas populares financiado con un impuesto a la especulación inmobiliaria. En una entrevista con Prensa Obrera, Biasi se refirió al problema de la vivienda en la Ciudad, denunció la concentración habitacional en pocos propietarios y propuso armar un banco de tierras en la Ciudad, para evitar que la especulación financiera encarezca los terrenos. También planteó que hay que aumentar los salarios y establecer un porcentaje proporcional a los ingresos mensuales de los trabajadores, que los alquileres no deberían sobrepasar.

Su compañero de lista, Luca Bonfante, propuso un impuesto a las viviendas ociosas. ya que hay 200 mil viviendas vacías en CABA —dato que surge de un pedido de acceso a la información realizado por el Cedesu (Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano) al ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) en 2022—. “Es falso que el mercado solucionará el problema habitacional. Solo fomenta la especulación con algo que no es un negocio sino un derecho”, afirmó.

La Ciudad soltó a Marra

Ramiro Marra, exlegislador por La Libertad Avanza, se postuló como candidato de la lista Libertad y Orden de la UCeDé pero por el bajo caudal de votos no logró entrar a la Legislatura. “Para la gente que lamentablemente no tiene dónde vivir y está en situación de calle, ya hay normativas”, afirmó el legislador que buscaba reelegir su banca en una entrevista con María Julia Olivan para Border Periodismo. Marra centró su campaña puntualmente en “erradicar a los fisuras”, como llama a las personas en situación de calle con adicciones o problemas de salud mental. “A los fisuras se les termina la joda. Vamos a incluir, en el código contravencional, duras sanciones y detenciones para los que dormitan y merodean en la vía pública, porque esto no es sano para nadie, aumenta la probabilidad de que ocurra un crimen y nos pone en situación vulnerable a quienes queremos circular en paz”, propuso en su spot electoral.

En cuanto a política habitacional, el candidato libertario es partidario de que la única regulación sea la del mercado. En enero de este año celebró vía la red social X la decisión del Gobierno nacional de retirarse de la construcción de viviendas. «El Gobierno no tiene que construir casas, su función debe ser la de generar condiciones óptimas para que las personas puedan acceder a créditos hipotecarios y proyectar ser propietarios”, afirmó. Durante su campaña, también propuso “pasar una aplanadora a todo el costo político de la Ciudad de Buenos Aires”, reducir a la mitad la cantidad de legisladores y eliminar a los comuneros.

Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

Jun 3, 2025 | Destacado 2, Trabajo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.

La ciudad le cobra a los pobres y perdona a los más ricos

La ciudad le cobra a los pobres y perdona a los más ricos

May 23, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Dos informes de ACIJ señalan que en la recaudación impositiva de CABA cada vez tienen más pesos los gravámenes al consumo y menos al patrimonio. A su vez, los subsidios a empresas, son para las grandes y consolidadas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó recientemente dos investigaciones clave para el estudio de la forma en la que se utilizan los recursos públicos. El primer informe estudia la estructura impositiva de CABA haciendo un recorrido desde 1997 hasta 2024. Mientras que el segundo reporte se enfoca en la administración de los gastos tributarios porteños, es decir exenciones fiscales para el impulso empresarial. Ambos informes revelaron la tendencia regresiva de la recaudación en la ciudad, como también la falta de escrutinio legal a la hora de brindar beneficios económicos. Adicionalmente, señala la falta de registros que lleva el gobierno local con respecto a estos gastos.

Los miembros de la asociación, el doctor en Ciencias Sociales Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Fiscal, y Sofía Pasquini, abogada especialista en políticas públicas, brindaron información acerca de su investigación. En cuanto al esquema de recaudación, Gaggero señala que “regresividad” es la palabra que lo caracteriza. “Esto quiere decir que fueron ganando peso en la recaudación los impuestos más vinculados al consumo y a la actividad económica, y que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos a la hora de fijar cuánto se les va a cobra”, señala, y agrega: “La ciudad tiene ingresos por impuestos y transferencias. En impuestos, la mayor parte de la recaudación viene de Ingresos Brutos, que tiende a ser regresivo. Este fue ganando peso a la par que lo perdían los impuestos más progresivos, como el inmobiliario o el de patentes”. Según los datos publicados, Ingresos Brutos en 1997 representaba el 66% de la recaudación, mientras que en 2023 pasó a representar el 92% del total.

En contraparte, los impuestos a la propiedad de carácter progresivo, Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), e Impuesto Inmobiliario (II) ocupaban el 18% de lo recaudado en 1997, y se redujeron a 4% en 2024. Patentes, se achicó del 12% al 3%. Es decir, una reducción a un cuarto de su participación en los últimos 28 años. El informe aclara: “Tanto el ABL, como el Inmobiliario, recaen sobre la parcela y no sobre su propietario. Esto implica que tributa el mismo gravamen quién posee una propiedad, que quien posee varias, quitándole progresividad al sistema”.  Al respecto, Gaggero agrega: “Esto contribuye a la inequidad, porque no le estamos cobrando más a los que más tienen. Y para colmo, este retroceso de los impuestos patrimoniales se da en un contexto de aumento de la actividad inmobiliaria y de encarecimiento de los inmuebles. Es decir que hay más inmuebles y cada vez más caros pero el Estado no parece estar recaudando allí, en esas grandes torres que uno ve en Palermo”.

Desde 1997, los impuestos al consumo tienen cada vez más incidencia en la recaudación porteña. Lo contrario pasa con los gravámentes a la propiedad.

Gaggero explica los motivos por los que se da esta tendencia: “Los impuestos regresivos son más fáciles de cobrar, ya que los patrimoniales no solo tienen mayores dificultades técnicas, sino que también despiertan más resistencia en las clases propietarias. Por otro lado, se trata de un país que tiene una economía en negro muy importante, con niveles de evasión y elusión fiscal muy grandes”.

En cuanto a gastos tributarios, refiere a exenciones fiscales. En lugar de transferirse dinero a empresas, el Estado decide no cobrarles impuestos y brindar beneficios para la radicación en determinadas zonas geográficas, promoviendo la actividad económica. Ahora bien, el corazón de la crítica de ACIJ, es hacia su forma de administración y seguimiento: “La información de la que dispone el Gobierno de la Ciudad es precaria e insuficiente: la proyección anual que se presenta con el proyecto de Ley de Presupuesto es parcial, incompleta, con bajo nivel de desagregación, carece de justificativos y no tiene carácter vinculante. No presenta información sistemática referida al volumen del gasto tributario, a la cantidad de beneficiarios contemplados, ni al desempeño de los regímenes”. Pasquini revela: “Si bien hubo buena predisposición de la agencia que gestionaba los pedidos de información, hubo datos que no pudieron brindar, alegando a la dificultad para localizarlos ya que no estaban digitalizados. Empezaron a digitalizarse a partir de 2018”. Solo tenían registros disponibles desde ese año en adelante, marcando un grave problema de acceso a la información.

Si bien el costo de los gastos en el presupuesto total de la Ciudad es relativamente bajo, este tipo de exenciones que representaba un 0,59% en 2009, asciende a un 2,3% en las proyecciones para 2025. Una incidencia que aumentó cinco veces en 16 años. Pasquini insiste en que el gran problema es que “no están sometidos a ningún control ni tampoco hay datos públicos, y esta concentración de beneficios termina dándose a empresas muy grandes, que se supone que ya están altamente capacitadas. Esos beneficios podrían aplicarse a empresas más chicas para que se desarrollen”. La especialista añade: “Los gastos tributarios suelen ser regresivos por su implementación, ya que se concentran en sectores de altos ingresos, y la realidad es que si hay exenciones esto termina por afectar a todos”.

A esto Gaggero suma: “No parece haber un sistema de monitoreo que permita saber en qué se está invirtiendo ese dinero, y si está bien invertido o no. Esto no pasa con otros gastos del Estado, como el sector de ayuda social, en cual se ha compartido la información. Parece haber una doble vara, donde hay un secreto fiscal que beneficia a las empresas”. Otro de los hallazgos a destacar fue que lo que la Ciudad planeaba gastar en estos incentivos no se correspondía con lo que terminaba gastando, sino que las finales eran cifras mucho mayores.

 “Necesitamos tener buenos mecanismos que te trasciendan en el tiempo y que no dependan de la buena voluntad de un gobierno –dicen los referentes de ACIJ-. Consolidado en una ley que disponga el detalle de los gastos tributarios anualmente, qué tipo de evaluaciones y con qué periodicidad deben hacerse. No tenemos evaluaciones periódicas, no tenemos acceso a la información, y no tenemos responsables directos. Tenemos gastos tributarios que se crean sin estar sujetos a un plazo de vencimiento. Esto genera que existan beneficios que se brindan a ciertas empresas durante décadas. Esto es muy peligroso, porque uno no puede hacer política pública de acá a 70 años. Al fin y al cabo, esta también es una conversación acerca de qué se hace con los recursos públicos”.