La cosecha del veneno

La cosecha del veneno

Vecinos de Pergamino denuncian que la producción agrícola contamina con glifosato el agua que consumen. Señalan altos índices de cáncer en la población.

A 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino es uno de los núcleos sojeros más importantes del país, con las tierras más cotizadas de Argentina. Estas condiciones traen aparejada la presencia de las empresas más poderosas del agronegocio, que en función de sus intereses económicos utilizan sustancias sumamente contaminantes, no solo para el medio ambiente, sino también para los habitantes de la localidad.

Argentina lidera el ranking mundial en lo que respecta al uso del glifosato, superando los 300 millones de litros cada año. Fernando Sánchez, ingeniero agrónomo, subraya que “el producto mayormente usado para fumigar es el glifosato, con lo que matamos el 95 o 96 por ciento de las malezas”.

Alejado de los ruidos del centro, donde se despliega la mayor parte de la vida pergaminense, se encuentra Santa Julia, un barrio calmo al sur de la ciudad. Con sus veredas arboladas y sus casas de mitad de siglo XX, después de las 16, cuando culmina la hora de la siesta, los negocios locales abren sus puertas, los niños salen a jugar a la calle o se encuentran en la placita del barrio, y los vecinos se sientan en las puertas de sus hogares con sus reposeras rayadas a charlar con quien pase por allí, hasta que el sol comienza a caer. Pero, tras esta fachada encantadora, se oculta una realidad que muchos, consciente o inconscientemente, ignoran: el agua que beben y usan está contaminada con 19 agrotóxicos diferentes como consecuencia de las fumigaciones que se realizan en los campos cercanos.

Alejandra Bianco es una prueba viviente de ello. Docente, vive en el barrio desde hace casi 30 años, a la vuelta de la parroquia. “Yo tomo consciencia de lo que estaba pasando cuando se enferma Sergio, que era mi pareja –recuerda–. Sergio empezó a tener problemas de salud hasta que, finalmente, le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado, y fue el médico que iba a hacerle la biopsia quien me dijo si yo no tenía alguna sospecha de que lo que sucedía no era una cosa aleatoria, que no podía ser casual que toda mi familia estuviera sufriendo alguna patología, todas diferentes, mis dos hijos, Sergio, y yo”.

Alejandra comenzó denunciando el mal funcionamiento de un transformador cerca de su hogar, luego de recibir aviso de un empleado de la Cooperativa Eléctrica. “Lo denuncio primero en una radio, y al día siguiente viene un canal local a hacerme una nota, donde sacaron al aire la imagen del transformador”. La escena, transmitida a través de Canal 2 de Pergamino, llegó al otro lado de la ciudad hasta Sabrina Ortiz, habitante del barrio Villa Alicia, quien llevaba ya varios años denunciando las fumigaciones que se realizaban a pocos metros de su casa y que habían enfermado a todos los integrantes de su familia.

Después de oír el relato, Sabrina decidió contactarse y no dudó en tenderle una mano a Alejandra. Nadie mejor que ella sabía lo que era levantarse en contra de las compañías más poderosas del agro en una localidad donde el campo es “palabra santa”, y donde quien decide enfrentarlo, encuentra su mayor adversario en el silencio cómplice de todos aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. “Hablo de los médicos, de los abogados, de todos los que tienen una voz autorizada, no hay toxicólogos, que no es casualidad, no hay un área ecológica, que en una ciudad de producción sojera donde están contaminadas todas las napas de agua no haya una historia clínica ambiental no es algo azaroso”, expresa Sabrina, indignada.

La misma indignación se instaló en la vida de Alejandra, luego de que Sabrina le explicara que, muy probablemente, los problemas de salud que sufría su familia y el número creciente de fallecidos de cáncer en Santa Julia se debieran a los agrotóxicos aplicados en zonas cercanas. De esta manera, y frente a la indiferencia y la inacción del Municipio, decidió llevar adelante una encuesta dejando en los negocios barriales unas planillas para que completaran quienes hubieran padecido alguna enfermedad o fuesen cercanos a algún fallecido por el mismo motivo. “En mi cuadra era muy llamativo, porque los vecinos de al lado de mi casa murieron los dos de cáncer, otro vecino que aún vive tiene cáncer en los intestinos, al lado de ellos otra mujer que ya falleció hace dos años y medio, el señor de la casa de al lado de ella con leucemia, también fallecido, y así te puedo nombrar infinidad de casos”, detalla Alejandra, mientras cuenta con los dedos. Los resultados fueron estremecedores: en dos manzanas se habían registrado 53 casos de personas con enfermedades diversas.

 

Volver justa la injusticia

Desde 2014, una ordenanza prohíbe fumigar en los primeros 100 metros cercanos a las urbes y 500 metros donde sólo se permitía aplicar productos que fuesen menos nocivos. Sabrina, decidida a salvar a su familia, se recibió de abogada, y en 2018 logró que su caso llegara a la justicia federal. “Acá hay abogados, pero ninguno de los que se hacen llamar ambientalistas me quiso acompañar, porque son los mismos que hacen los contratos agrarios, que asesoran a las empresas, y son los mismos que hoy representan a quienes están procesados por envenenamiento”, sostiene.

La participación de Alejandra en el juicio contra la Municipalidad comenzó después del acercamiento de Sabrina. “Ella me ofreció trabajar juntas, y como yo estoy en la otra punta de Pergamino, ser querellante de la causa por el Barrio Santa Julia”, puntualiza Alejandra. Así empezó, se encargó de recolectar y llevar a la ciudad de San Nicolás 30 historias clínicas de diferentes vecinos, las cuales fueron presentadas ante el juez Villafuerte Ruzo, a cargo del expediente, quien ordenó la distribución de agua apta para el consumo en el barrio de Alejandra. La medida fue apelada. “Para la Municipalidad no hay tantos casos de cáncer, una falta de respeto hacia el dolor de los vecinos y la pérdida de nuestras familias, una falta de respeto después de haber hecho el censo”, se queja Alejandra.

El actual intendente, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio, se lava las manos. Según él, se está gastando “dinero de los pergaminenses injustamente” y asegura fervientemente que “toma agua de la canilla”. Más allá de la apelación, el Municipio debió cumplir con la medida, sin embargo, tal como relatan los vecinos, no funciona correctamente. “A veces pasan, a veces no, hacen lo que quieren, a mí me han desaparecido bidones y nadie nunca se hizo cargo”, cuenta María Lorena Bertora, quien vive frente al Jardín Santa Julia junto con sus dos hijas de 17 y 8 años. “La mayoría de las veces lo que nos dejan no alcanza y tenemos que tomar el agua de la red, no nos queda otra”, se lamenta.

 

La cultura del campo

A pesar de todo esto, se sigue negando la toxicidad de los químicos y cómo pueden afectar a la población. El ingeniero Fernando Sánchez afirma que “el porcentaje de agroquímicos que contaminan el agua es muy poco, porque cuando tocan la tierra se desactivan. Hay mucha polémica con el tema del glifosato, pero no saben que éste se desactiva automáticamente cuando toca la tierra, por eso hay muchos que lo discuten”.   

Cualquiera podría llegar a la conclusión de que es una obviedad la postura que toma el Municipio en un caso como este, teniendo en cuenta que es una ciudad cuya economía gira alrededor de la producción agropecuaria, y que no va a ceder frente al reclamo de unos pocos vecinos.

Esto último es lo que más duele a quienes llevan la lucha adelante: la ignorancia de los pergaminenses, el poco interés que muestran en lo que, quieran o no, es un tema de salud pública.Seguimos así tranquilos, sin movernos, sin hacer nada, por eso yo tampoco empecé ninguna campaña más acá, porque me sentí muy sola, acompañada por muy pocos vecinos y siempre los mismos, no participan de la lucha, así que lo sigo haciendo, pero desde otro ámbito, con Sabrina, cada vez que se necesita algo, respondiendo entrevistas cada vez que puedo, pero es muy triste ver lo que pasa en el barrio, que la gente aún no reaccione”, manifiesta Alejandra con un dejo de resignación.

La cultura del campo cala muy hondo en la ciudad, muchos habitantes pertenecen a familias rurales. “Nos criamos pensando que el campo es el motor de la ciudad, el que nos da de comer, el que nos da trabajo, y no está mal, está mal que nos digan que está todo bien cuando no es así, cuando sabemos que hay otros métodos de producción que pueden ser compatibles con la salud”, explica Sabrina.

Los productores tienen otra visión del tema. “Si existe algún método menos nocivo para la salud, no lo sé, pero en algún momento tenés que aplicar los químicos, pulverizar, no hay otra, no hay métodos que te permitan no hacerlo, no existe en Argentina, y si no tendríamos que volver a la época de 1930 que se hacía todo a mano, y no estamos en condiciones de hacerlo en este momento”, dice Sánchez. Si no se habla de métodos alternativos ni desde la industria, ni desde la Secretaría de Salud, las víctimas del agronegocio ignoran, no sólo la posibilidad de incorporar medidas que atenúen los efectos de la contaminación, sino también la existencia de ella.

Un ejemplo llamativo es el de la Fundación Leandra Barros, que desde 2011 organiza una maratón con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con personas de Pergamino que padecen enfermedades oncológicas. Lo curioso es que la carrera está auspiciada por algunas de las más reconocidas empresas del agro.

Contra un panorama que no parece ser el más favorable, Alejandra no se da por vencida. Desde los espacios que habita intenta aportar a la causa y visibilizar la problemática, para así llegar a quienes aún desconocen lo que sucede con el agua en Pergamino. “En mi profesión como docente realizo una concientización sobre el tema todo el tiempo –señala–. Me han hecho muchas notas por radio, en los periódicos, en los medios virtuales, he ido a dar charlas a escuelas secundarias, al Instituto de Formación Docente, y en cada invitación que tengo y que puedo, porque trabajo mucho, por supuesto que también asisto”. 

Quienes participan activamente de esta lucha, esperan con ansias la elevación a juicio contra tres productores que incumplieron las medidas de seguridad y de dos funcionarios municipales que, a pesar de estar encargados del control de la aplicación de fumigaciones terrestres, protegieron al fumigador, aun cuando eran conscientes de que había violado la cautelar.

Marcharon contra Monsanto

Marcharon contra Monsanto

Organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda se movilizaron al Obelisco para manifestarse contra el agronegocio, los agrotóxicos y las semillas transgénicas.

En el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, que se celebra desde hace 10 años, cada 20 de mayo, este año en la Ciudad de Buenos Aires de postergó por cuestiones climáticas. La iniciativa surge de diferentes agrupaciones ecologistas y de izquierda, entre ellas Basta de Agrotóxicos y Red Ecosocialista.

Juan Esteche, quien pertenece a Proyecto Timón Verde, en diálogo con ANCCOM, explicó que la marcha mundial se inició hace diez años, como respuesta a un modelo que ya no se puede sostener, que es el modelo del agronegocio. “El modelo que usa semillas transgénicas dependientes de agrotóxicos. Cuando hablamos de agrotóxicos, hablamos de venenos. Los cuales contaminan el suelo, la tierra, el aire”, explicó. Este modelo, según explicó Juan, no está alimentando al pueblo sino que está aniquilando a la población. El integrante del Proyecto Timón Verde dijo que existen una gran cantidad de agrupaciones sociales y de derechos humanos que bregan por el fin de este proyecto. Y denunció que los distintos gobiernos que se han sucedido, nunca respondieron a esta demanda.

Durante la tarde del miércoles, la lluvia acompañó en algunos momentos, mientras decenas de personas entre agrupaciones y autoconvocados se acercaban al Obelisco. Los organizadores, en su mayoría jóvenes, tomaron distintos carteles y pancartas para realizar una acción frente al monumento. Algunos se pusieron mamelucos blancos y máscaras de gas, simulando alguien que está manipulando químicos tóxicos. Otros llevaban carteles con formas de bomba. La pancarta principal estaba hecha en letras rojas y rezaba “Basta de agrotóxicos”. En otras, más pequeñas, se podía leer “No es sequía, es saqueo”, “Agroecología como bandera” o “El agronegocio es política de Estado”.

Si bien había personas autoconvocadas que se acercaron porque comparten la idea de que el agronegocio debe finalizar, también movilizaron algunos partidos de izquierda como el MST y el Partido Obrero. En diálogo con ANCCOM, Mariana Bruno, quien pertenece a la Red Ecosocialista del MST y a la agrupación Basta de Falsas Soluciones, habló acerca de esta movilización. Confirmó que la marcha surgió en el 2012 cuando se quiso instalar en Córdoba una fábrica de semillas transgénicas de Monsanto. Mariana resaltó que, en aquel entonces, se pudo evitar la llegada de esta empresa multinacional gracias a la lucha y la organización de los movimientos socioambientales junto con los vecinos del pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba. “En paralelo se hacían marchas en Buenos Aires, sucesivamente”, recordó y concluyó: “Sinceramente nosotres creemos que la movilización y la acción en calle es lo que genera presión a los gobiernos”. Mariana sostiene con convicción, al igual que todos los allí presentes, que son estas empresas la causa de que el modelo productivo argentino no genere nada de desarrollo. Por el contrario, aseguran, “genera hambre y problemas de salud de distinto tipo”.

Otra de las razones que impulsaron esta marcha tiene que ver con la concientización. Porque creen que, si bien hubo un importante cambio a nivel social, aún hay muchas personas que no tienen noción de lo que está sucediendo debido al avance de empresas como Monsanto y Bayer.

Sachasauila, de la comunidad quechua, también se acercó a la movilización para defender -en sus palabras- “una causa común de urgencia.” Que tiene que ver con la soberanía alimentaria. “Tener conciencia sobre nuestra alimentación, sobre la semilla de la Pacha, la semilla infinita que nos cedió generosamente la naturaleza”, destacó.

Ella estuvo presente “para honrar y defender la tierra que es de todos”. Además de acompañar la consigna común que denuncia el uso de agroquímicos en Monsanto para la producción de alimentos. Afirmó: “Estamos muy enfermos espiritual y físicamente. Tanto hemos abusado que eso nos está haciendo tomar en cuenta qué hemos hecho mal, qué nos pasó. Y hay personas que despertaron la conciencia”. Sachasauila cree en que el despertar será para las generaciones que vienen, que ya están en camino hacia una alimentación saludable y en defensa de la tierra.

Cuando finalizó la acción en el Obelisco, los manifestantes comenzaron a dirigirse por la calle Cerrito hacia el Ministerio de Salud. Al llegar allí, las distintas agrupaciones que continuaban con sus pancartas y banderas en alto, leyeron un documento en donde se reflexionó acerca de la nocividad del accionar de empresas como Monsanto, Bayer y Syngenta. También cuestionaron la postura del gobierno que no genera políticas ambientales que cuiden los recursos ambientales: “Seguimos viendo a un gobierno nacional que defiende el modelo de transgénicos dependiente de agrotóxicos. Cuando (Alberto Fernández) sumó a sus filas (como asesor) a Antonio Aracre exceo de Syngenta y cuando promueve una semilla de trigo transgénico HB4 para seguir contaminando nuestros recursos con la excusa de que resiste sequías”, denunciaron.

Hablaron de la importancia de movilizarse y visibilizar el peligro del agronegocio, que atraviesa cualquier postura política. Pero además apoyaron las propuestas políticas con visiones más ambientalistas que promuevan una producción agrícola en armonía con la naturaleza.

Entre los autoconvocados estuvieron presentes también Soledad y Santiago, quienes se acercaron convencidos de la consigna que se estaba manifestando en esta movilización. “Las causas ambientales nos están mostrando el rol que cumplimos como territorio, como una zona de sacrificio. Y hay que despertar, venir a hacer ruido, a que la gente escuche”, señaló Santiago. Soledad agregó que es importante que estemos todos para estas acciones, pero sin embargo reflexionó que “Todos los grandes cambios se iniciaron con poca gente, tal vez vamos hacia allá, pero hay que resistir esta parte”.

Las políticas económicas de desarrollo no se han detenido en ningún momento en las cuestiones que atañen a la contaminación o la salud de las personas. Sin embargo, en más de una ocasión, como bien mencionaron varios de los presentes, levantar la voz logró cambios importantes. Es por eso que estas movilizaciones son importantes y necesarias, aunque sean algunas personas. Siempre que llamen a la reflexión de otros y sobre todo de los gobiernos.

Un estudio alerta sobre el efecto del glifosato en los niños

Un estudio alerta sobre el efecto del glifosato en los niños

Problemas neurológicos, trastornos de atención y de aprendizaje y autismo son algunos de los males que detectó la Sociedad Argentina de Pediatría.

Este 3 de diciembre es el “Día Mundial por el no uso de agrotóxicos”. La fecha recuerda un escape de gas venenoso que en 1984 mató a 16 mil personas y dejó 500 enfermos en Bhopal (India). Como consecuencia hubo 9 mil muertes más y otras 100 mil personas quedaron con secuelas permanentes. Argentina no escapa a esta realidad en sus tierras fumigadas. 

Los pibes banderilleros que marcaban los campos cuando los aviones fumigaban hace una década ya no son noticia en los medios. Los problemas de salud de aquellos niños hoy tienen como consecuencia enfermedades congénitas en sus hijos, además de los trastornos propios. El abuso de venenos es el resultado de la ausencia de políticas ambientales concretas. 

A pesar de las evidencias científicas, los reclamos de distintas comunidades y los profesionales de la salud, las autoridades gubernamentales aún no han reconocido el grave problema sanitario producto del uso de los agrotóxicos. 

A mediados de noviembre ANCCOM cubrió la radio abierta realizada en la explanada del Hospital Garrahan. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red de Comedores por una Alimentación Soberana y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentaron un relevamiento sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud de la humanidad y, sobre todo, en la salud infantil. La convocatoria llevó el nombre de “Feriazo”.

Norma Lesana, licenciada en Nutrición y Presidenta de la APyT, explicó que  “son muertes que estamos pagando poblaciones enteras. El Ministerio de Salud no puede no hacer nada  cuando hay dictámenes tan severos. Tampoco hay medidas de control, la legislación no se cumple. Hay una cosa encubierta de permitir que siga el negocio a pesar de la salud”.

Lesana  agregó que se trató del primer encuentro con la UTT y con la Red de Comedores: “El compromiso es seguir haciendo acciones hasta que cambie, el peso que tiene el Hospital Garrahan es fuerte, a ver si escuchan”.

Además, hizo hincapié en uno de los documentos que presentaron en el encuentro sobre el “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, un trabajo de investigación por parte de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Diferentes estudios en niñas y niños que han trabajado en las plantaciones de soja o bien de localidades aledañas en donde se aplican agrotóxicos como el glifosato,  han demostrado que la exposición prenatal a pesticidas a bajas dosis, ha sido asociada con efectos sobre el neurodesarrollo. Entre ellos, el documento de la SAP  alerta sobre trastornos como déficit de atención, hiperactividad y trastornos en el aprendizaje. También autismo y problemas de conducta. Todos ellos  han sido asociados a exposición por los plaguicidas. Estas consecuencias inciden directamente en la calidad de vida de los pacientes, así como en los costos de salud. La licenciada en Nutrición agregó que son enfermedades que se pueden evitar mejorando el modelo de producción. 

Por otra parte, existe evidencia que sugiere que la exposición a plaguicidas está relacionada con la presencia de enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson.

Pasaron tres décadas y el problema se agrava

“Empezamos en 1991. Detectamos que en el área hortícola, por un lado, se usaba una gran cantidad de plaguicidas y, por otro lado, lo que analizamos es que empezamos a vislumbrar que había problemas en la salud, estaba el uso y, por el otro lado, personas con problemas de salud”, relató Javier Souza Casadinho integrante del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina (CETAAR), en una investigación publicada en 2009.

“Consideramos que los chicos son afectados porque participan en estos trabajos como banderilleros en las tareas productivas de los padres. Por otra parte, porque vimos que muchos se enferman dado que viven en las residencias donde el papá aplica el plaguicida. Otro de los  casos estudiados fue por los niños que cooperan con su mamá en cosechar  y se murieron por los productos utilizados para fumigar”, describió Souza Casadinho respecto de los niños banderilleros en las plantaciones de soja.  

Una de las problemáticas vigentes es la falta de registros médicos ambientales con el fin de  diseñar estrategias para combatir el daño de los agrotóxicos a la salud. Sin embargo, en nuestro país, dado los esfuerzos en esa dirección, se lleva adelante la “Historia Clínica Ambiental”, utilizada por el Hospital Garrahan y otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

 La “Hoja Verde” es una herramienta nueva y forma parte de la historia clínica. Incorpora a la visión médica la descripción del ambiente que rodea a las personas, identifica posibles vías de exposición a riesgos ambientales (reales o potenciales) y sus posibles efectos. Por otra parte, permite al profesional médico tomar conciencia de la importancia del ambiente y entornos en el cual se encuentran las madres, padres, niños, familia y comunidad toda. La captación de este tipo de información por los profesionales de la salud mejora la prestación de servicios médicos y también permite concientizar, capacitar y alertar a las autoridades sanitarias y otras responsables sobre aquellas situaciones ambientales que deben ser corregidas o mejoradas.  

En Argentina, los agroquímicos han expandido su mercado, con un aumento del consumo de 100 mil Kg/litro en 1996 a 520 mil para el año 2018. 

El crecimiento en el uso de agrotóxicos fue habilitado por las deficiencias del sistema de regulación. El ente responsable de la regulación de pesticidas en Argentina es el  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que depende del Ministerio de Agricultura y los ministerios de Salud y de Ambiente. Según la legislación vigente, SENASA tiene la responsabilidad de aprobar los llamados pesticidas, clasificarlos toxicológicamente y fijar normas de uso y comercialización. Pero en la práctica sólo se ocupa de las dos primeras y transfiere -descentraliza- la responsabilidad de la regulación del uso y la comercialización a las provincias y municipios. En Argentina, en los últimos años los agroquímicos han expandido su mercado, con un aumento del consumo de 100 mil Kg/litro en 1996 a 520 mil para el año 2018. 

Siguiendo con lo relevado, otro de los documentos que presentaron en aquel encuentro en la explanada del hospital Garrahan fue el póster “Cuerpo-territorio: 10 problemáticas socio ambientales en Argentina y Sudamérica y sus graves consecuencias en la salud”. El documento presenta las partes del cuerpo  sobre el que “se imprimen las consecuencias generadas por el avance de la frontera extractiva, mostrando las dolencias, enfermedades y limitaciones que su expansión provoca”.

Abundan las preguntas

La propuesta de la UTT para solventar y resolver este conflicto es  promover el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar con el fin de acceder a las tierras propias, el llamado “PROCREAR rural”. A mediados de noviembre  tuvo dictamen en las tres comisiones: Legislación, Agricultura y Presupuesto. Cabe destacar que desde el 2016 pretendían que ingrese a la  agenda parlamentaria.

Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y coordinador de la UTT, explicó en declaraciones radiales que “hay que ver el presupuesto que se le asigna, es como un PROCREAR rural. Va a tener impacto en la planificación de la producción para garantizar alimentos sanos a precios accesibles. No es solo un derecho de acceso a la tierra de las familias campesinas, sino en la transformación del modelo alimentario”.

Hace unos meses, la UTT salió al cruce con Fernando “Chino” Navarro quien en el día del Agricultor estuvo en Chivilcoy presentando “Argentina Armónica”. En aquél acto, aseguró que Gustavo Grobocopatel aporta “soja riquísima para que consuman los comedores populares del Gran Buenos Aires“.

Desde la UTT subrayan que no pueden comprender que haya “proyectos comunes entre la agricultura familiar y la agroindustria”, porque proponen modelos de país y de campo opuestos”.

A pesar de las evidencias científicas, los reclamos de las comunidades y los profesionales de la salud, las autoridades gubernamentales aún no han reconocido el grave problema sanitario producto del uso de los agrotóxicos. No se modificó el sistema regulatorio, tampoco se dictó ninguna nueva norma de presupuestos mínimos para el uso de estos productos válidos para todo el territorio nacional y el SENASA no cambió ni su metodología de clasificación toxicológica ni ninguna de las clasificaciones puntuales (como la del glifosato).

Tampoco se han llevado a cabo relevamientos epidemiológicos oficiales que permitan evaluar el impacto sanitario de la exposición a agrotóxicos en las principales zonas agrarias del país ni se han planificado políticas de salud pública para abordar estos problemas. 

No obstante los antecedentes mencionados, el 7 de octubre de 2020 se aprobó el trigo transgénico HB4 T, tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio -un químico aún más tóxico que el glifosato-. Brasil aceptó el  trigo transgénico HB4 a mediados de noviembre y es el  primer receptor de las exportaciones argentinas de trigo.

Este cultivo transgénico no sólo multiplicará el consumo de agrotóxicos, sino que además incorporará al campo el glufosinato de amonio. Mientras tanto los y las pibas  siguen marcando campos y, ahora, nacen con enfermedades de adultos.

«Queremos que en Exaltación de la Cruz se priorice la vida»

«Queremos que en Exaltación de la Cruz se priorice la vida»

Verónica Garri junto a su familia. 

El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .

En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.

Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”. 

 

Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.

En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global. 

Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”

En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local. 

Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.

Una lucha cuerpo a cuerpo contra los agrotóxicos

Una lucha cuerpo a cuerpo contra los agrotóxicos

¿Cuál es el precio que pagamos por la devastación de nuestra tierra? Existen múltiples ejemplos que pueden responder esta pregunta y que siguen sucediendo a lo largo de nuestro país. Pero sólo a 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay un grupo de vecinas y vecinos que hace siete años decidieron formar un colectivo para luchar contra el agronegocio transgénico en ese territorio. El colectivo ecologista llamado Exaltación Salud nació en 2012 en el partido de Exaltación de la Cruz por iniciativa de dos mujeres que gracias a su lucha y a la unión que forjaron junto a sus vecinos, lograron visibilizar la problemática del agronegocio que acecha a la zona hace tiempo.

El 11 de marzo de 2019 hubo una fumigación sobre unas escuelas de esta localidad de la provincia de Buenos Aires, que derivó en una ordenanza que prohibió definitivamente las fumigaciones aéreas. Fueron las escuelas de Educación Primaria Nº 4 y de Educación Secundaria Técnica Nº1, situadas en Parada Robles, sobre el km 78 de la Ruta 8, las afectadas por una avioneta que durante varias horas y en horario escolar con estudiantes dentro, las fumigó junto a los campos linderos. Varios docentes y alumnos debieron recurrir a la inmediata asistencia médica por sufrir las consecuencias del veneno esparcido. A raíz de lo ocurrido debieron suspender las clases por dos días.

Dos meses después de este hecho, vecinas integrantes de Exaltación Salud realizaron una encuesta en los barrios de San José y Esperanza, pertenecientes al partido de Exaltación de la Cruz, que arrojó datos de la existencia de problemas de salud relacionados al uso del glifosato. En sólo estos dos barrios de 30 manzanas (280 casas) se encontraron 50 casos de cáncer. De un año a otro, 31 de las personas enfermas fallecieron. También descubrieron que en 94 de esos hogares las personas presentan otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones como problemas respiratorios, de la piel, diabetes e hipertiroidismo. Si bien los datos no son oficiales, porque fueron las vecinas quienes los tomaron haciendo el relevamiento de casa en casa, los testimonios de los vecinos coinciden con lo expuesto.

Gabriela, mamá de Ana, una de las adolescentes víctimas de cáncer en Exaltación de la Cruz.

En las últimas dos décadas, el 80% de ese territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por las soja transgénica. Si bien no existen estadísticas oficiales del uso de agrotóxicos en el país, según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. Según datos de la industria, en Argentina se aplican de 12 a 15 litros de glifosato por hectárea, mientras que por ejemplo en Estados Unidos se emplea la mitad. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante: Argentina es el país que más glifosato utiliza por persona en todo el mundo.

Anabel Pomar, periodista y vecina de Exaltación, cuenta que en 2012 el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó una ordenanza que prohibía fumigar a menos de 150 metros de las casas y a menos de 300 de las escuelas, pero la norma no fue reglamentada por siete años.

En 2015 murieron de cáncer tres chicas de entre 13 y 15 años, dos de ellas asistían a la escuela fumigada y la tercera vivía enfrente. Las fumigaciones nunca pararon, pero mientras las pulverizaciones crecían, también lo hacían las denuncias de los vecinos. Patricia Benitez, farmacéutica y una de las integrantes de Exaltación Salud, consiguió que la Justicia le otorgue un amparo que prohíba las fumigaciones a menos de 1.000 metros de dónde vive. Sin embargo apeló el fallo porque, según explica, su objetivo no era obtener la medida para ella sola sino para el bien común de todas las personas y el medio ambiente. El Poder Judicial aceptó su apelación.

Argentina es el país que más glifosato usa por habitante en el mundo.

Gracias a Benitez y a otras personas que se sumaron a la causa, en 2019 se consiguió un amparo que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros de distancia, incluyendo las zonas urbanas, rurales y las escuelas. Ese mismo año, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal estableció, a través del Ministerio de Agroindustria, la resolución 246 que permite el uso irrestricto del glifosato y otros agrotóxicos cerca de zonas habitadas y escuelas. Si bien el nuevo gobernador bonaerense, Axel Kicilof, suspendió la entrada en vigencia de la resolución y en mayo de este año prolongó el veto vigente a dicha norma, es necesaria su derogación definitiva. Mientras tanto, el vacío legal existente es aprovechado por los fumigadores para seguir aplicando agrotóxicos. El 3 de marzo pasado, en la localidad de Pergamino, un avión fumigador sobrevoló la escuela N°37. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia normativa y cada municipio su propia regulación local.

 

Un modelo de exclusión social

 

Hay algo que a inquieta a las nuevas generaciones: el ambiente está siendo devastado. Y desde múltiples frentes (agentes políticos y sociales, tanto el sector público como el privado) atacan contra el cuidado y la preservación del mismo. Nos preguntamos qué es lo que despierta a algunos a dar a conocer, alzar la voz de lo que está sucediendo con nuestro suelo. Desde nuestra experiencia, decidimos contar una historia, que engloba a una comunidad y está repleta de subjetividades, pero sabemos que esta problemática está presente en gran parte de nuestro país y trasciende fronteras.

Desde la década de los 90, el agronegocio local se convirtió en un modelo de producción dependiente de los pesticidas altamente contaminantes. Progresivamente, Argentina fue cediendo lugar a la utilización de agrotóxicos y a semillas transgénicas resistentes a estos herbicidas y plaguicidas. En nuestro país no existe un marco legal que regule la utilización de estos productos en el país. Tampoco hay estadísticas oficiales que muestren el uso de estos químicos en estas tierras, las únicas cifras provienen del sector privado. Es decir, para el Estado argentino el suelo tiene un precio, y es la consolidación de esta correlación entre contaminación, insalubridad, pérdida de la soberanía alimentaria, desigual distribución de la riqueza y exclusión social, que se ha convertido en política de Estado.