Mar 18, 2020 | Novedades, Trabajo
A fines del año pasado la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) realizó una publicación en sus redes en la que recomendaba a la comunidad aeroagricola “minimizar el uso habitual del principio activo glifosato, limitándose a los casos que sean específicamente indispensables y prescriptos por profesionales agronómicos”. El vicepresidente de la Federación, Diego Martínez, sostuvo que el comunicado estuvo relacionado con una serie de prohibiciones de la fumigación aérea en distintos departamentos de las provincias con actividad agropecuaria, sobre todo Buenos Aires y Santa Fe.
Según el dirigente desde FeArCA se busca ir contra la demonización de los pilotos fumigadores y entiende que “es una actividad regulada desde lo aeronáutico y lo agronómico. Operamos y aplicamos según lo que reglamenta el SENASA. Entonces, el problema tendría que ver con los permisos que dan nuestras agencias”. Sin embargo, desde la Federación no se cuestionan si las autorizaciones del SENASA están basadas en información correcta y actualizada, aún sabiendo que existen múltiples investigaciones que prueban la toxicidad y cancerigenocidad del glifosato. Por ejemplo, en la Antología Toxicológica del Glifosato publicada en 2018 se reúne una vasta producción científica que refuta los argumentos en los que se basan las habilitaciones.
En entrevista con ANCCOM el piloto Marcelo De Dio, quien efectúa fumigaciones en la provincia de Santa Fé, sostiene que “lo más riesgoso de la actividad es el vuelo pero después el transporte y la aplicación de los químicos es segura, pero por supuesto que tiene que estar regulada para dejar tranquilos a todos”. Aunque la fumigación se encuentra normativizada tanto desde el agro como desde la aviación las pautas impuestas por los entes reguladores no siempre se cumplen. “Entramos continuamente en contacto con los agroquímicos. Lo que más intentamos es no aspirarlos. Se trata siempre de tener ventilada la sala para que se vayan los vapores. Rara vez usamos máscaras o guantes”, cuenta De Dio y le resta importancia a las implicaciones que esto puede tener en la salud de los pilotos.
Antonio trabajó largos años en el negocio de la aerofumigación y ya prestó testimonio en diversas investigaciones, a partir de allí sufrió perjuicios que hoy le hacen querer mantenerse en el anonimato. Aún así entiende que es un tema de vital importancia que debe ponerse en agenda. “En definitiva para ser piloto aeroaplicador necesitas horas de vuelo, no significa que estés en conocimiento del daño que puede provocar su actividad. Falta información para que los pilotos puedan estar al tanto del peligro al que se enfrentan”, sostiene el ex piloto en diálogo con ANCCOM y explica el por qué de la férrea defensa a esta actividad. Antonio entiende que “las aplicaciones muchas veces escapan al control del Estado y eso causa mucho daño. Habría que establecer otro tipo de controles más exhaustivos y el Estado no sé si cuenta con la infraestructura para lograrlo porque la actividad abarca mucho territorio”.
Así se pone de manifiesto la complejidad de la problemática que involucra a diversos actores, desde los dueños de los campos, los trabajadores y también consumidores, comunidades de escuelas rurales y ciudadanos en general que conviven en las inmediaciones de los campos fumigados, sin mencionar el daño que los agroquímicos producen en el medioambiente. Una modificación de la manera en que se maneja la fumigación de las plantaciones debería contemplar que muchas personas viven actualmente del trabajo de la fumigación, como es el caso de estos aviadores. “Muchas veces importa más, cómo vivimos, qué le damos de comer a nuestras familias, si no no haríamos esto”, resume Antonio.
Un primer paso en este terreno se ha dado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires donde se ha creado el Observatorio Técnico de Agroquímicos para abordar el uso de principios activos en el agro desde una perspectiva científico-técnica. “La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación que debe adecuada es un problema que tiene que ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”, declaró a Telam el ministro, Javier Rodríguez. El funcionario sostuvo que “hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate. Esa será la función del Observatorio”. De esta forma podrán realizarse propuestas para legislar conscientemente la aplicación de agroquímicos.
El activismo que busca promover buenas prácticas agrícolas para un desarrollo sustentable y el bienestar de los pueblos actualmente fumigados sigue dando duras batallas contra los magnates del agronegocio que no reconocen el problema de los agrotóxicos. Aún así la sola prohibición de la fumigación aérea, no ligada a una regulación consciente de los principios activos por parte de las autoridades correspondientes, sólo lleva al malestar y preocupación de quienes trabajan diariamente en estos rubros.
Jun 11, 2019 | Comunidad, Novedades
El sábado pasado murió Ana Zabaloy, docente rural que había denunciado las fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos y que había sufrido en carne propia los efectos del glifosato. El hecho actualizó las consecuencias de su uso en las zonas agrícolas y ANCCOM relevó distintos puntos de conflicto entre los vecinos, los productores y las autoridades.
En una reciente visita a Entre Ríos, el presidente Mauricio Macri expuso su postura ante el conflicto por la utilización de agroquímicos en el proceso agroproductivo. Catalogó de “irresponsable” al fallo que hizo lugar al amparo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná para que se dejara sin efecto el Decreto Provincial Nº 4.407/2018 que permitía la fumigación en las zonas donde se ubican escuelas rurales. Para que no quedaran dudas de la postura oficial, agregó: “El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico.”
Aldana Sasia, abogada especializada en derecho ambiental, integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la Coordinadora Basta es Basta-Por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos, asegura que el amparo fue acompañado de una recopilación de casi diez años de imágenes realizadas por el ambientalista Emilio Vitale. Ese material demuestra la escasa distancia de los campos fumigados respecto a los patios de las escuelas. “Acompañamos estudios científicos en gran cantidad y estudios de las escuelas de algunos departamentos que daban cuenta del grado de contaminación que existía en la tierra, agua y aire -señala-; ofrecimos testimoniales y dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Internacional de los Derechos del Niño y del relator por el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Todos eran informes, desde el año 2012 al 2018, que alertaban sobre la situación de los niños en la Argentina por la exposición a los venenos del agro”.
El 28 de marzo aquel amparo fue concedido. Dejó sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias exigidas entre la actividad de fumigación y las escuelas y mantuvo la vigencia de una separación de protección mínima terrestre de mil metros y de tres mil metros para la distancia aérea.
De todos modos, desde las organizaciones ambientalistas aseguran que la solución de fondo vendrá con un cambio en el modelo productivo: «Por este fallo el campo no se va a despoblar. ¡Es mentira que no se puede producir! Sí se puede, sólo que sin venenos, agroecológicamente. Como lo menciona el llamamiento de la Food and Agriculture Organization de los primeros días de mayo, en los que insta a la modificación urgente del modo de producir y ante la necesidad de producir alimentos para el mundo y no forraje, ya que en el mundo sigue existiendo el hambre y cada día se cultiva más«, afirma Sasia.
En tanto, Pergamino es otra zona en la que trascendieron los problemas causados por el glifosato. Allí, el juez Nicolás Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión de la fumigación con agrotóxicos en los campos que rodean los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. La medida se tomó en en respuesta a las denuncias presentadas por Sabrina Ortiz, vecina del barrio Villa Alicia e integrante de la organización “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”. El fallo fue apelado por el gobierno municipal pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de Villafuerte Ruzo.
Ortiz inició sus reclamos en el año 2011, cuando médicos especialistas determinaron que tanto ella como sus dos hijos tenían valores muy elevados de glifosato en sangre, poniendo en peligro sus vidas. Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa para alejarse de las zonas fumigadas, ya que los médicos de sus hijos le indicaron “sacarlos de la línea de fuego”, según cuenta. “Mudarnos no fue una decisión -afirma-, entendí que tenía que irme. Nuestros sueños quedaron dormidos en esa casa.” Actualmente, los análisis médicos demostraron que posee 58 veces más de lo tolerable del ácido derivado del glifosato en sangre, su hija 100 veces más y su hijo 120.
La mujer, víctima de la contaminación, sostiene que si bien ella tomó cierta distancia de las zonas fumigadas, otras familias que no llegan a cubrir las necesidades básicas, no pueden recibir la atención médica especializada necesaria y mucho menos mudarse. Al respecto, Ortiz cuenta que vecinos de un barrio privado de Pergamino hicieron tan sólo dos denuncias y la fumigación en los campos lindantes fue suspendida “En cuanto a la salud, hacen diferencia de clase. Eso es criminal. Aprietan con el hambre”, denuncia.
Por otro lado, Santa Fe y Córdoba son claros ejemplos de provincias en las cuales la Justicia no avanza, o hasta retrocede, ante este grave problema que afecta la salud de la población En la primera de las provincias, diversas organizaciones ambientalistas luchan para revocar la Ley Nº 11.723, que regula el uso de agrotóxicos desde el año 1995; normativa que no sólo ya no se adecua al sistema de utilización de esas sustancias, sino que además no da cuenta de la peligrosidad que implica su aplicación.
En Córdoba, en tanto, el 30 de abril, el intendente de Cosquín Gabriel Musso vetó la ordenanza Nº 3735, aprobada el 17 de ese mismo mes en sesión extraordinaria, que prohibía el uso y la comercialización del glifosato en esa ciudad.
En el año 2017, el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, quien actualmente integra el grupo activista “Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, se desempeñaba como Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y tuvo que enfrentar un gran problema sanitario en el barrio periférico de Ituzaingó: 200 vecinos habían contraído cáncer en el último tiempo. Rigurosos estudios demostraron que la enfermedad era contraída por la exposición a agrotóxicos. “Antes era una problemática restringida a los aplicadores, a las personas que los usaban, eran enfermedades laborales, pero con el desarrollo de las semillas transgénicas en Argentina, se ha generalizado su uso extensivo, lo que generó un nivel de contaminación elevado en el ambiente”, señala Ávila Vázquez.
Múltiples estudios científicos demuestran que enfermedades respiratorias, infertilidad, abortos espontáneos, niños que nacen con malformaciones y cáncer, son sólo algunos de los problemas de salud a los que están altamente expuestos los pueblos fumigados.
La doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y genetista de laboratorio, Delia Aiassa, sostiene que “los trabajos realizados muestran que existe un aumento de daño en el material genético en las poblaciones que habitan localidades rodeadas de campos de cultivo donde se pulveriza con mezclas de agroquímicos con respecto a poblaciones donde no existen estas condiciones ambientales”.
Las autoridades ya no pueden mirar hacia otro lado: el nivel de daño que provocan los agrotóxicos es tan profundo que, según Ávila Vázquez, mientras en nuestro país la principal causa de mortalidad son los problemas cardiovasculares, las personas que habitan ambientes expuestos a la utilización de esos productos mueren a causa del cáncer. Como Ana Zabaloy.
Oct 10, 2018 | Comunidad, Novedades
La Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) impulsa “la agroecología como transformación social productiva y política”. A través del Almacén de Ramos Generales comercializan sus productos a los que consideran que tienen precios justos y fijos, con el objetivo de fortalecer el trabajo en el campo y el consumo responsable en las ciudades.
Recientemente, la UTT abrió otro espacio de venta de frutas y verduras sin agrotóxicos, en el barrio de Almagro. Se trata del cuarto Almacén de Ramos Generales, caracterizado también por tener una vinculación directa entre consumidores y productores. Los otros se ubican en las localidades de Esteban Echeverría, Berazategui y San Vicente.
“El objetivo es crear un canal de comercialización directo de las familias productoras con el consumidor, organizadas por la UTT, fortaleciendo la producción agroecológica y la creación de cooperativas y trabajo libre y sin patrón”, expresa Nahuel Levaggi, Coordinador Nacional de la UTT. Y agrega: “La situación del sector es crítica, lo venimos denunciando y luchando hace rato. Entre la situación macroeconómica que genera condiciones adversas para el sector, ya que por un lado se produce a precio dólar y se vende en pesos, se suma por otro lado el desmantelamiento de todas las estructuras del Estado que acompañaron el proceso de los agricultores familiares, como el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y la quita del Monotributo Social Agropecuario”.
A través de su página de Facebook, el Almacén de Ramos Generales expresa: “Las familias trabajadoras de la tierra estamos en estado de crisis, y se suma este temporal que arruina nuestros invernaderos. Desde el temporal de febrero de 2017 que venimos exigiendo al Estado políticas públicas para el sector, pero como respuesta nos quitan el Monotributo Social Agropecuario, desarman la Secretaría de Agricultura Familiar y hacen oídos sordos a nuestros reclamos como pequeños productores. Nuestra respuesta es organización, agroecología y comercialización sin intermediarios”.
“La idea es darle una salida comercial a los pequeños productores. Hay muchos que son del interior del país y no pueden llegar a Capital, entonces esto les abre una puerta”, comenta Lucas Levaggi, empleado del Almacén de Ramos Generales de Almagro. Y con respecto a la venta de los productos, explica: “Por un lado, le ofrecemos al cliente una facilidad para llegar a estos productos, y por otra parte le decimos la verdad, ya que hay productos en el almacén que son agroecológicos y otros que no. Entonces cuando un cliente se lleva un producto que no es agroecológico se lo aclaramos, y le explicamos por qué no hay. Los productos no deben ser sí o sí agroecológicos para estar acá, pueden ser también de pequeños productores”.
La venta de estas frutas y verduras agroecológicas, junto con alimentos cooperativos y productos regionales se relaciona con el desarrollo de una agricultura responsable. Al respecto, Nahuel Levaggi afirma que “una agricultura responsable tiene que ver con escapar al paquete tecnológico de las multinacionales, utilizando una tecnología agroecológica que nosotros entendemos que se basa en el cuidado del suelo y en la no utilización de agroquímicos. Es una agricultura dinámica, por un lado, pero por otra parte responsable en la cuestión social, ya que también existe la producción orgánica certificada, que muchas veces está producida bajo relaciones de explotación. Por eso nosotros no hablamos de ‘orgánico’ sino de ‘agroecológico’, que además de toda la cuestión del paquete tecnológico liberador, es también fruto del trabajo digno y de la agricultura familiar”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra se organiza y busca visibilizar que otra manera de producir y comercializar es posible. De este modo, el último mes también realizó una serie de “feriazos” en Plaza de Mayo, Plaza Constitución, Plaza Retiro y Plaza Once, para mostrar la remarcación de precios desmedida llevada a cabo por parte de los intermediarios en la venta de los productos, por la obtención de una soberanía alimentaria y precios justos tanto para los productores como para los consumidores.
May 24, 2017 | Comunidad
Dos millones de personas en más cuarenta países se manifiestan, el 20 de mayo, en la quinta Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. En la Argentina se realizan movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Miramar, Necochea, Pigüé, Río Cuarto, Rosario, Rufino, Tucumán, Santa Rosa, Trelew y Villa Cañás. En la Capital Federal, el lugar elegido es la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.
La gente empieza a llegar cerca de las 12 y el Monumento al Libertador se llena de carteles: “Somos las semillas que no podrán modificar”; “No a los transgénicos”; “Si mata no es progreso, basta de agrotóxicos”; “Tierra para quien la trabaja y respeta”; “Soberanía alimentaria ya”; “La salud no se negocia”.
Una bandera roja anuncia: “Olla popular. Que no se calle la calle, que no se abolle la olla”. En una mesa de dos metros por tres, cuatro voluntarios cortan verduras agroecológicas -papa, zapallo, apio, albahaca, cebolla y zanahoria-, con las que luego van a alimentar a unas 500 personas.
Uno de ellos es Miguel, que está vestido con plantas, sonajeros y una bandera. Es ayudante terapéutico y forma parte del grupo itinerante que llevará a cabo la primera intervención de la jornada. Cuenta que la idea del grupo es “cuestionar” y se indigna al recordar que trabajó muchos años en el INTA: “Ahora me entero que hace cuatro días esa institución prohíbe el uso de la palabra `agrotóxicos´. Ese es el sistema capitalista patriarcal que está destruyendo la vida”, sostiene, y antes de alejarse para dar inicio a su performance, reflexiona: “No es casual que se trate al planeta como se trata a las mujeres”.
Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y de la Universidad de Lomas de Zamora, relata a los asistentes las investigaciones que finalizaron hace un mes sobre el desempeño de la multinacional estadounidense. Un tribunal reunido en La Haya, en el que participaron más de mil organizaciones y treinta testigos de distintas partes del mundo, presentó pruebas sanitarias y jurídicas contra la empresa y la declaró culpable de “ecocidio”.
El objetivo es que la Corte Penal Internacional incorpore esa figura a los delitos que juzga. “El tribunal determinó que Monsanto es responsable de la violación del derecho a una alimentación adecuada, a la salud, al ambiente, al acceso a la información y a la libertad de investigación científica”, subraya y agrega: “El uso del glifosato contamina prácticamente todo lo que comemos. No es sólo un problema de las 14 millones de personas que en Argentina están expuestas a la fumigación con agrotóxicos, sino que nos afecta a absolutamente todos”.
Kita Miryam Gorban, quien fue miembro del jurado del tribunal, coincide con Filardi: “Esto no es un problema sólo del peón rural. Empecemos a pelear por nuestra vida. Todos los días estamos consumiendo alimentos contaminados por agrotóxicos, por residuos de plaguicidas, por organismos genéticamente modificados que están en la comida y que los supermercados adornan con espejitos de colores”.
“Monsanto es la bandera del imperialismo, el gendarme de los pueblos”, afirma Gorban. Los que manejan los recursos del planeta, según él, “son los que van a venir por nosotros. ¿O qué se creen que es lo que sucede en Venezuela? Lo mismo que hicieron con Salvador Allende. ¿Y cómo se manejan? Como dijo (Henry) Kissinger, `controla los alimentos y controlarás los pueblos´”.
Filardi evoca al biólogo Andrés Carrasco, luchador contra los agrotóxicos, fallecido en 2014: “En nuestro país, los científicos que hacían ciencia digna, como Andrés, que en 2009 demostró que el glifosato era cancerígeno, fueron perseguidos y ninguneados incluso por el actual Ministro de Ciencia y Tecnología”. Un fuerte aplauso no lo deja terminar.
Monsanto tiene más de cien años y un frondoso prontuario. “Empezó siendo una empresa química -cuenta Filardi-. Aportó la dioxina para la elaboración del agente naranja que se utilizó en la Guerra de Vietnam para exfoliar las selvas y dejar expuesto al Viet Cong. Todavía hoy siguen naciendo niños vietnamitas con malformaciones y problemas derivados de aquellos químicos”.
En 1920, la multinacional ya producía bifenilos policlorados (PCB). Mucho tiempo después, “se demostró que eran cancerígenos -precisa Filardi- y Monsanto siguió produciendo y comercializándolos como aislantes”. En 1974, lanzó al mercado su producto estrella, “el Roundup, la marca comercial del herbicida glifosato, el agrotóxico más utilizado en todo el mundo”.
Modelo para pocos
“Únase al intercambio de semillas”, reza un cartel en una de las mesas que rodean al Monumento a San Martín. Sobre ella, una caja con cientos de sobres que buscan fomentar el consumo orgánico mediante la repartición gratuita de semillas. Quienes visitan esta mesa, también pueden llevarse macetas con plantas de lechuga, revistas y consejos de agricultura saludable. El objetivo es difundir la nocividad de los alimentos transgénicos.
Abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, subraya que “casi el 99 por ciento de los porteños no sabe qué son los alimentos transgénicos y el daño que producen. Esto se podía ver anoche en Intratables, donde los médicos ortodoxos se reían de (la periodista) Soledad Barruti cuando analizaba los problemas de alimentación y salud que genera un modelo de agronegocios basado en transgénicos y agrotóxicos”.
No sólo es un problema de Monsanto sino de la política del agronegocio, remarca Valdivieso: “En la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo las consecuencias de la acumulación de capital del campo y cómo se lo utiliza para generar más desigualdad y más violación de derechos en las áreas urbanas. Entre el 40 y el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores pasa a manos de los dueños de los suelos”.
Según Valdivieso, las políticas urbanas son iguales que en el campo: “La cantidad de metros de espacios verdes ha disminuido. Está desapareciendo el pulmón sur de espacio verde de la comuna 8, la mitad del Parque de la Ciudad se va a urbanizar, un tercio del Parque Roca se ha transformado en un lugar de cargas y descargas, se han concesionado 50 hectáreas del autódromo y se ha privatizado el Parque de la Victoria, que es un predio de 45 manzanas, para hacer un golf”.
Pasadas las 15, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llegan a la plaza y se suman a la marcha que se dirige, entrada la noche, rumbo al Obelisco. Tamara Migelson, integrante de la Red Ecosocialista del MST, expresa: “Nos sumamos a la lucha contra este modelo de producción de forrajes que es cáncer, deformaciones, abortos espontáneos, alergias y enfermedades, pero que también es ganancias para un ínfimo sector de la sociedad mundial. Este modelo productivo no tiene nada que ver con la alimentación, como la vende Macri en el exterior. Es un modelo basado en la producción para el uno por ciento de la población que comenzó en 1996 con la introducción de la semilla transgénica de soja. En 2003 eran seis millones las hectáreas cultivadas con este producto, y en 2015 eran 26 millones. Lo que buscan es que en 2020 se alcancen las 40 millones”.
Para Migelson, “el panorama no se presenta fácil, pero no está dicho que no se pueda ganar. Los compañeros de Córdoba nos demostraron que un proyecto que estaba avalado por todo el poder político tradicional, y que venía de la mano de Monsanto, que era instalar la fábrica de semillas transgénicas de maíz más grande del país, tras tres años de lucha, se evitó”, rememora.
Todos somos víctimas
De uno de los gazebos que rodea el monumento cuelga una bandera que anuncia “Rebelión en el aula – Taller en defensa de la vida”. Allí está Gastón Meza, parte del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina (FLSAA), y que, junto a integrantes de la fábrica recuperada IMPA, iniciaron un taller para formadores y educadores. Gastón sostiene que “la educación que tenemos, más allá de si es pública o privada, reproduce el mismo sistema”.
El taller intenta “generar conciencia acerca de los problemas que acarrea el agronegocio y el modelo extractivista en manos de las multinacionales. Buscamos generar pensamiento crítico en torno a la crisis civilizatoria y del sistema capitalista, en busca de la organización y salidas alternativas”.
A unos metros del gazebo, hay una mesa de veinte centímetros con un mantel blanco sobre el que reposan decenas de bolsas de cartón de diferentes tamaños. Todas llevan un cartelito que las identifica como “yerba mate”, “albahaca”, “té negro”, “orégano”. Adelante, un cartel explicita: “Orgánicos y agroecológicos. Alimentos libres de agrotóxicos”.
Dos jóvenes atienden a los que se acercan. Renato cuenta que “uno de los mayores problemas es que los pequeños productores familiares van perdiendo su capacidad de competencia económica, porque hoy la mayoría de la población consume a través de los reguladores del mercado, que son las grandes cadenas de comercio y distribución”.
Renato añade: “Los pocos que resisten y tienen la posibilidad de no migrar se ven frenados porque no hay un mercado disponible que le pague lo que vale su producción artesanal y sin agroquímicos. Lamentablemente, vamos entrando en la lógica del marketing que no nos gusta, pero son costumbres incorporadas que ya tiene la sociedad, responde a los precios y a la cartelería”.
Luego del intercambio de semillas, de la olla popular, de la venta de productos agroecológicos, las performances teatrales y musicales, los talleres educativos, el obsequio de plantines, la juntada de firmas y los discursos y propuestas, cuando ya queda poca luz y la llovizna amaina, el medio millar de personas que siguen en la plaza emprende lentamente la caminata hacia el Obelisco para cerrar la jornada de protesta.
Ataúdes, barbijos, mamelucos, bidones, calaveras, máscaras y una parca los acompañan. Bajo el grito unánime de “Fuera Monsanto”, el sonido de bombos y trompetas, y un centenar de carteles, se suman nuevos manifestantes más en el camino. La jornada, después de siete horas, termina en el Obelisco. Pero no la lucha. “Tenemos que dejar de hacer marchas por separado y hacer una marcha federal que empiece en Jujuy y termine en Ushuaia, porque todos somos víctimas, directa o indirectamente. Es víctima el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que caminamos, son víctimas nuestros hijos y nuestros nietos. Depende de nosotros no ser otro Vietnam”, concluye Gorban.
Actualizada 24/05/2017
Mar 16, 2017 | DDHH
El próximo viernes 17 y sábado 18 de marzo se realizará el Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos: “Derechos en foco”, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Libertador 8151. En estos dos días se exhibirán 30 muestras fotográficas que pondrán el lente en los derechos humanos desde diferentes perspectivas. Seis de ellas estarán acompañadas de foros temáticos, donde la fotografía cumplirá el rol de disparador para dialogar sobre problemas actuales que atraviesan a toda la sociedad, siempre guiados por especialistas en los temas convocantes. «En este encuentro quisimos que se arme un diálogo entre los diferentes actores de la foto: el fotógrafo, el protagonista y quien la mira», explicó Julián Athos Caggiano, uno de los integrantes del colectivo organizador.
Se exhibirán 30 muestras fotográficas que pondrán el lente en los derechos humanos desde diferentes perspectivas.
Las imágenes trabajadas en las muestras son aquellas que fueron emblemáticas en la construcción de la memoria colectiva, que ayudaron a pensar relatos vinculados a los derechos humanos. Además de trabajos de fotoperiodismo también se podrán ver algunos de autor, imágenes con intervenciones visuales y collages, entre otras técnicas. Los temas que se abordarán en los foros serán: Agrotóxicos; Identidad y Lucha de los Trabajadores; Diversidad Sexual; Pueblos Originarios; Organismos de Derechos Humanos; y La Tupac Amaru. Las demás muestras abordarán las temáticas de territorio, conflicto social, inmigración, conflictos latinoamericanos y dictadura, entre otros. Ezequiel Torres, miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) resumió cómo se pudo organizar el evento: «Queríamos que el Estado no tuviera injerencia en esto, por lo cual no contábamos con ningún recurso económico. Queríamos que sea una decisión nuestra. Nos empezamos a apoyar entre compañeros que ya tenían trabajos fotográficos exhibidos, e hicimos un trabajo logístico buscando contactos y fotógrafos de otros países. La idea es poner la imagen como actor central de la discusión».
Lo que se busca con el Encuentro es dar cuenta que los derechos humanos rodean a la personas, las conforman, y que en la medida que no son respetados no se reconoce al ‘ser’. Ese el eje que atraviesa las treinta muestras: «Tenemos el derecho a ser libres, sanos, a poder elegir, decir, mirar, amar a quien se nos ocurra, construir nuestras familias como queramos, tener a nuestros muertos y poder enterrarlos, tener identidad, verdad, justicia. Ese es el derecho a ser, que tiene que ver con un ser de dignidad», explicó Cecilia Casablanca, una de las integrantes del colectivo organizador. Casablanca, amplió sobre la génesis del proyecto: «Asumimos un compromiso en la defensa de los derechos humanos que es independiente de las decisiones de las gestiones de turno. Al ver que no había actividades programadas (en el Espacio), y sentir que las conquistas históricas estaban siendo vulnerados, decidimos tomar esa responsabilidad y hacer. Las gestiones pasan, los organismos son los dueños».
«Lo que se busca con el Encuentro es dar cuenta que los derechos humanos rodean a la personas, las conforman, y que en la medida que no son respetados no se reconoce al ser».
También consideran que se necesitan crear espacios de encuentro personal, organizarse más allá de las redes sociales virtuales y aprender a estar con las diferencias. «Hay cosas que nunca se han visto juntas. Por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo junto a la lucha de las personas trans, o los migrantes en Siria; los colombianos de la FARC en el proceso de paz, junto a los centros clandestinos o las víctimas de los agrotóxicos. Al querer buscar distintas miradas, lo que queremos es que no importe el lugar del que estamos hablando, sino de qué estamos hablando. Los derechos son universales», sentenció Julián Athos Caggiano.
Los organizadores consideran a la fotografía como un eje del cual partir para abordar las problemáticas actuales, muy ligadas a la memoria, a lo ocurrido, pero desde un lenguaje universal, como el de los derechos. Por eso, los fotógrafos decidieron compartir la experiencia acumulada de su trayectoria y el compromiso fuerte con los temas que abarcan, ya que el rol de la fotografía, en este caso, es promover los derechos humanos o denunciar situaciones donde estos están vulnerados. También, contar historias desde lo más íntimo hasta lo más grandioso de las organizaciones sociales. Otro de los organizadores explicó uno de los tantos factores que llevan a que una foto sea emblemática: «Hay reacción de la gente frente al dolor de los demás, como dice la escritora Susan Sontag. Hay una capacidad del ser humano de ponerse en la piel del otro. En esas fotos que dan la vuelta al mundo lo que ocurre es que la gente se siente representada en esas imágenes y las hace propias».
El próximo viernes 17 y sábado 18 de marzo se realizará el Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos: “Derechos en foco”, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Libertador 851.
Actualizado 16/03/2017
