Abr 26, 2023 | Comunidad, Destacado 1
Docentes y maestros porteños marcharon hasta la Legislatura para protestar contra el ajuste educativo. La agenda de reclamos es grande: abandono en infraestructura, bajos salarios, desatención a la educación especial, viandas que no alimentan, falta de seguridad, entre otras cuestiones.
Bruno asiste a la Escuela Técnica Ingeniero Huergo y se unió a la movilización convocada por el Centro de Estudiantes Secundarios de Base (CEB) y gremiales docentes ayer, para exigir la desratización del colegio. Denuncia que desde que inició la problemática hace dos semanas, no hubo respuesta por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de las advertencias, hasta que a un compañero lo mordió una rata y el hecho atrajo la atención de los medios: “Es medio raro que te digan que van a desratizar en un día, porque tienen que sacar los cuerpos y las heces, es un desastre”, comenta.
Los docentes que se movilizaron desde el Normal 1 hasta la Legislatura porteña, también hicieron referencia a las condiciones edilicias en las escuelas. Fernando Grisi, profesor del establecimiento punto de partida de la marcha, explicó que el colegio tiene clausurado su patio interno porque desde hace un año permanece una obra sin terminar, que genera la ruptura de vidrios que forman parte del techo. Por su parte, Silvina Cuello, delegada de Ademys, reclamó que hace dos años no funciona el ascensor en el Instituto de Enseñanza Superior Alicia Moreau de Justo, lugar al que asisten personas con movilidad reducida. Además, advierte sobre robos en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González: “En 2017, como castigo por la lucha contra la Unicaba, nos quitaron la seguridad que tenían las Instituciones de Formación Docente”, denuncia.
La reapertura de paritarias fue el principal reclamo de los docentes. Con la suba que semanalmente presenta el índice de inflación, el salario de maestras y maestros cayó por debajo de la línea de pobreza: “En estos meses cobramos solamente un 14%, que cerró gracias a la burocracia sindical. La proyección de inflación era de 120% y ya fue superada por los problemas con el dólar”, afirmó Cuello. Además del Sindicato Ademys, estuvieron presentes la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), el PTS (Partido de Trabajadores Socialistas), Tribuna Docente y representantes de institutos de educación docente.
Frente a la Legislatura tuvo lugar un escenario en el que Maritza Rodríguez, madre de una persona con discapacidad mental grave, dio a conocer la situación de la educación especial en la Ciudad. Las Escuelas de Formación Integral sufrieron el recorte. Hoy los estudiantes deben culminar su formación a los 22 años, y allí se termina su posibilidad educativa: “No existe un proyecto para la formación permanente de un adulto con discapacidad. Los chicos quedaron recluidos en sus casas sin ninguna posibilidad de formarse en el sistema educativo”, explicó Eliana, mamá de Ignacio, un joven con trastorno de espectro autista. Además, señala que los y las estudiantes que egresan de las Escuelas de Formación no obtienen un título ni una acreditación de saberes: “No se habla ni se ve lo que pasa en la educación especial, y para nuestros hijos es necesaria. Necesitamos que el Estado esté presente”. Ambas madres mostraron su emoción por poder difundir la problemática, ya que aseguran que no se les cedió la palabra en marchas en las que participaron anteriormente: “Darle un lugar a la discapacidad les cuesta a todos”, concluyeron.
La mala calidad de las viandas que se entregan en las escuelas públicas también integró la agenda de la marcha. David, expresidente del Centro de Estudiantes del Normal 1, resaltó que existe una crisis económica. “Es necesario que estas viandas contengan a los pibes, porque hay estudiantes que vienen a consumir alimento además de a estudiar. La comida tiene que venir, ser de calidad y alcanzar para todos”, sentenció, en medio de cánticos y reclamos que se seguirán escuchando hasta que el gobierno porteño brinde una respuesta.
Nov 11, 2022 | Destacado 2, Trabajo
Docentes y auxiliares educativos se manifestaron frente a la Legislatura. Las condiciones edilicias, los días de capacitación, mejoras salariales y un incremento en el presupuesto fueron los principales reclamos.
Docentes y personal educativo se movilizaron hacia la Legislatura porteña este jueves para reclamar por mayor presupuesto en el sector, una ley que habilite a paritarias, y en contra de las políticas llevadas por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación, Soledad Acuña.
Para Cintia, profesora de educación inicial, el reclamo principal es contra el intento del Gobierno de la Ciudad de extender la jornada laboral. “Quiere hacer las capacitaciones y las EMI (Espacios de Mejora Institucional) los sábados, contra lo que dice el estatuto. Nosotros trabajamos de lunes a viernes por estatuto. Firmamos una declaración jurada y, por más que nos paguen, es un avance sobre nuestros derechos porque es una extensión de la jornada laboral”. Dice que necesitan su momento para que los y las docentes puedan discutir sobre los asuntos institucionales y particulares de cada escuela.
Mientras tanto, cruzando el vallado policial, en la Legislatura se vota el presupuesto para el 2023 que prevé una merma en las áreas de Educación, Salud y Cultura, según denuncian los gremios convocados.
El reclamo salarial y de mejoras está presente en todas las movilizaciones y en todos los paros. Cintia agrega: “Estamos muy por debajo del índice de inflación y esto tiene que ver con la movilización de hoy, porque estamos reclamando por el presupuesto del año que viene. Queremos que se ponga plata básicamente en las escuelas y en las cosas que realmente necesitamos”.
Mariel es una docente que trabaja en el Distrito Escolar 5° de Zona Sur, asegura que hay muchas escuelas que no están en condiciones y la infraestructura es “deplorable: desde ratas hasta aulas que son de durlock”. Sobre el día a día y la impresión de los auxiliares ante la situación comenta: “No tienen suficientes recursos en las escuelas, desde lavandina e insumos muy básicos, para poder mantener la higiene de las aulas. También convivimos con situaciones de familias con derechos vulnerados y nosotros no tenemos a quien recurrir, porque si derivamos un caso a un organismo y este no tiene recursos, entonces se vuelve una espiral”.
En el escenario, una de las oradoras del colegio Mariano Acosta se manifiesta en contra de los jueces que los obligaron a ir a clases en pandemia con el argumento de “donde hay una necesidad hay un derecho”. Para ella esto es relativo porque “nosotros en las escuelas enseñamos y donde hay una necesidad hay un Estado ausente”. Sostiene que Larreta en estos años no los pudo “doblegar ni humillar” porque hay una comunidad. Los aplausos se escucharon fuerte cuando menciona al vicerrector del Acosta, Julio Pasquarelli quien denunció a un trabajador tercerizado del Gobierno de la Ciudad por cortar la luz a los estudiantes durante las tomas ocurridas en ese establecimiento. Ahora enfrenta una sanción del Ministerio de Educación.
No es la primera protesta: el 20 de octubre se concentraron en el mismo lugar (Perú y Diagonal Sur) para reclamar por las condiciones laborales y modificar los días de capacitación a los docentes. Tanto en esta marcha como en la anterior participaron gremios de SADOP, Ademys y UTE, además de la presencia de médicos residentes, autoconvocados de ObsBA y estudiantes junto a los institutos de cultura.
Nov 7, 2022 | Destacado 2, Trabajo
Prestaciones suspendidas, copagos encubiertos, un solo sanatorio para miles de familias, turnos a tres o cuatro meses, desmanejos financieros: la dramática realidad que viven los 280 mil afiliados de ObsBA, todos ellos empleados de la Ciudad.
La obra social de los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra al borde de la quiebra. Las víctimas son sus 280 mil afiliados, cifra que incluye trabajadores activos y pasivos, la mayor parte, casi 120 mil, docentes y auxiliares.
Fundada hace 22 años, por la Ley N 472 de la Legislatura de CABA —como continuación del Instituto Municipal de Obra Social (IMOS)—, está establecido que sus principales acciones y decisiones pasan por un directorio cuyos miembros son designados por el Jefe de Gobierno porteño.
El directorio se compone de cinco representantes propuestos por el Ejecutivo de la Ciudad (vicepresidente y cuatro directores); cinco por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la ciudad (SUTECBA), presidente y cuatro directores; y dos representantes profesionales (un docente y un médico municipal). ObsBA tiene un sanatorio central propio, el Julio Méndez, ubicado en el barrio de Caballito.
Agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), el Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs en Defensa de ObsBA, y la Asociación de Profesionales del Sanatorio Julio Mendez (ASIPRO), denuncian desde hace años el vaciamiento de la obra social y el ajuste en sus prestaciones.
La integrante del Colectivo de Trabajadores y Afiliados, Ana Belinco, señala que el 90 por ciento de las prestaciones fueron suspendidas. “Hay compañeros que necesitan tratamientos oncológicos, de diálisis, algunos de ellos con discapacidad”, se queja. Además, afirma que los prestadores “cobran copagos a los afiliados, quienes ya aportan el 6 por ciento de su salario a ObsBA, a diferencia de la mayoría que retienen el 3 por ciento”.
ObsBA cubre a jubilados, de manera que los trabajadores activos sostienen a los pasivos. “Cuando un trabajador se jubila puede optar por la cobertura de PAMI u ObsBA, pero si elige PAMI, igual debe aportar a ObsBA”, explica Belinco.
El Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs se movilizó el 6 y el 11 de octubre frente al Méndez para exigir un aumento salarial para sus empleados, la restitución de las prestaciones, y la apertura de los libros contables para que los afiliados puedan controlar la situación económica y financiera de la obra social.
El secretario adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro, apunta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como principal responsable de la crisis financiera en la obra social, pero también a SUTECBA: “Desde el sindicato han llevado adelante la administración con un alto grado de connivencia con el Ejecutivo”, sostiene.
Según Adaro, la comisión revisora de cuentas jamás informó a los afiliados sobre la situación deficitaria: “Supongamos que efectivamente detecta problemas financieros, entonces no debería prestar su conformidad al aprobar los balances”, plantea. Por eso, desde las organizaciones en lucha, reclaman la creación de un dispositivo que permita la fiscalización de los afiliados.
El pasado 31 de octubre, Juan Carlos Cela renunció al cargo de presidente del directorio de ObsBA. En julio de este año Cela firmó la Disposición N° 269 en donde advertía sobre la “difícil situación económico-financiera”, dispuso el cierre de las residencias turísticas de la obra social, y suspendió todo movimiento de fondos y erogaciones con destino a tales residencias, excepto aquellos gastos que impliquen sostener un “mantenimiento mínimo e indispensable”.
Tras su renuncia, fue reemplazado por el legislador del Frente de Todos Alejandro Amor, cercano al secretario de SUTECBA, Amadeo Genta. Previo a esto, el 13 de octubre, SUTECBA emitió un comunicado en el que anunció la restitución de 13 instituciones y de los centros turísticos, a excepción de la residencia de Mina Clavero, que permanece cerrada “por refacciones para mejorar el servicio”.
Sin embargo, Belinco destaca que muchas de las instituciones que se mencionan en el comunicado, en realidad cobran copagos y/o siguen suspendidas. “El Sanatorio Méndez es el único centro de salud con el que pueden contar los afiliados, por lo que se satura, y ofrece turnos a tres o cuatro meses”, agrega. Consultados al respecto por ANCCOM, desde SUTECBA no brindaron ninguna respuesta.
Sep 23, 2022 | Destacado 1, Trabajo
Los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un paro de 24 horas contra la eliminación de la capacitación en servicio, entre otros reclamos históricos.
La Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados SADOP y la Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMyP) convocaron ayer a un paro docente en defensa de los derechos laborales ante las medidas tomadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad.
El reclamo principal fue por la suspensión de la jornada denominada Espacio para la Mejora Institucional (EMI) que debería realizarse el 31 de octubre. El Gobierno porteño decidió trasladarla a un sábado con el argumento de no perder días de clase. Esto implicaría que los docentes deban presentarse a trabajar durante el fin de semana, algo por fuera de lo establecido por el Estatuto Docente ya que son sus días de descanso.
La jornada de protestas comenzó desde temprano en el centro porteño, donde ADEMyS realizó una concentración y una conferencia de prensa. A su vez, se organizaron distintas actividades descentralizadas en los establecimientos educativos como clases públicas, asambleas, semaforazos, y abrazos a edificios escolares.
La convocatoria a los “semaforazos” se anunció para las 12, en distintos puntos de la Ciudad. Uno de ellos se desarrolló en la esquina de Avenida Caseros y La Rioja, en el barrio de Parque Patricios.
Más de un centenar de docentes se acercaron con cartulinas y pancartas que contenían distintas consignas, entre las que se destacaron “basta de violencia a los docentes”, “nuestros derechos valen”, y “tocá bocina y apoyá la educación”.
El representante de la CAMyP, Fernando Messina, dialogó con ANCCOM y sostuvo que “el semaforazo tiene que ver con el avasallamiento que tiene el Gobierno hacia los derechos docentes. Hoy se engloba a las capacitaciones en servicio y los cursos de ascenso que históricamente eran los días de semana, y ahora quieren implementarlo los sábados. Las capacitaciones deben ser en servicio”.
Frente al posteo en redes sociales del jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel aclarando que las capacitaciones serán pagas, Messina agregó: “Suponiendo que lo paguen en término, muchos docentes no van a ir ya sea por no estar de acuerdo o docentes madres solteras que no tienen con quien dejar a sus hijos. ¿Qué espacio para la mejora institucional se plantea si no va a estar toda la comunidad educativa?”.
Sin embargo, la suspensión de la jornada EMI no fue el único reclamo. Los gremios denunciaron problemas en la aplicación MIA que otorga las licencias médicas, ante casos de rechazo de licencia sin explicación alguna a docentes que presentaban graves problemas de salud, por lo que sufrieron el descuento de esos días. Los pedidos por la pronta normalización del sistema se suman a los reclamos históricos de problemas edilicios y de infraestructura.
La jornada de paro se trabaja al interior de las escuelas, para derribar el mito de que son los docentes quienes no quieren dar clase. “Hoy nos estamos preocupando porque los alumnos el año que viene van a tener 192 días de clase. Nosotros nos preguntamos, teniendo en cuenta que hay 30.000 alumnos que no tienen vacantes. ¿Esos alumnos dónde están hoy en día? Ellos no tienen ni un día de clase, ni hablar de 192”, reflexiona Messina.
Otra de las propuestas en el lugar fue la de Radio Abierta, a cargo de UTE-Ctera, para contar acerca de las diferentes problemáticas actuales. Monona Gutiérrez, Secretaria de Inicial del gremio, declaró: “También necesitamos que la obra social OBSBA nos atienda y nos dé respuestas. Es todos los días una cosa nueva. Los docentes nos cansamos y hoy acá se lo demostramos. Ascenso, sí. Capacitación, sí. Sábado, no”.
Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, publicó en las últimas horas unos tweets en alusión al paro docente: “Sindicatos dicen que defienden la educación, pero dejan a los chicos sin clases. Otra vez. Otro día. Como si no hubiera sido suficiente con la pandemia, sostienen y alimentan la tragedia educativa”, y agregó “Usan a la escuela y a los chicos como campo de disputa partidaria y alientan a los centros de estudiantes a tomar colegios. Lo voy a decir una y mil veces. No importa cuál sea el argumento: el derecho a la educación no se puede vulnerar”.
Frente a los dichos de la ministra, Gutiérrez consideró que “tendría que estar una maestra al frente del Ministerio de Educación, y no una persona que no para de agredirnos y generar odio en nuestra comunidad educativa, un odio que no va a poder romper el lazo estrecho entre los padres, madres, alumnos, y la comunidad educativa en general”.
Desde ADEMyS, informaron que el paro tuvo una adhesión del 90 por ciento, y convocaron para el próximo jueves 29 de septiembre para definir la continuidad del plan de lucha.
Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
Las Olimpiadas Escolares que promueve el Gobierno porteño llegaron a la Ciudad como “otra oportunidad para aprender” a costa de cambios curriculares y problemas pedagógicos. El programa que obliga a todos los alumnos de 4° a 7° grado a participar de las olimpiadas de Lengua y Matemática fue presentado hace más de dos meses por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta junto al Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro y la ministra local de la misma cartera, Soledad Acuña.
El programa pretende que los alumnos aprendan a “trabajar en equipo, a superar nuevos desafíos y a pensar de forma creativa en dos áreas que les van a servir toda la vida”, como lo presentó el Jefe de Gobierno. Desde la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa sólo reconocieron a ANCCOM que “están en plena fase de preparación”, aunque hayan pasado dos meses de su lanzamiento y que no se esté aplicando en algunas escuelas por problemas pedagógicos.
La comunidad educativa no fue consultada para el desarrollo del programa que trajo cambios en las formas de trabajo en las aulas. “Nunca nos convocaron para decirnos cómo aplicar esta modalidad”, dice Wenceslao Costa Díaz, maestro de la Escuela N° 17 Distrito Escolar 9. “Nosotros hacemos una planificación anual en los primeros 15 días y vemos cómo es ese grupo y qué puntos de interés tienen, como para empezar a diagramar el año escolar”, explicó a ANCCOM, y agregó: “Las Olimpiadas llegan empezando el segundo bimestre. Nos quieren imponer dos horas semanales para trabajar en el material que nos bajan, que no tiene teoría ni argumentos, sólo proporcionan un Power Point”, describe Costa Díaz.
Federico Milman es maestro de la Escuela N° 13 Distrito Escolar 7, forma parte de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y explicó: “El proyecto bajó con un documento muy vacío de contenido y de fundamentación. Una cosa muy desprolija, diciendo que hay que hacerlo porque es una idea buenísima y que los alumnos tienen que competir. Los supervisores les informaron a los directores y ninguno tenía mucha información de cómo se iba hacer”. Ademys señala en un comunicado que estas olimpiadas son “para introducir la competencia como valor relacionado al conocimiento” y “para armar rankings de escuelas y alumnos” e ir “instalando los premios a docentes y alumnos que obtengan mejores rendimientos”. El gremio subraya que esta propuesta se lanza en el contexto en que desde el Gobierno se impulsan evaluaciones estandarizadas para establecer un ranking de escuelas y salarios docentes atados a los rendimientos en esas evaluaciones.
Costa Díaz forma parte del colectivo MatePública, organización de docentes que nació en 2011 como iniciativa ante la ausencia del gobierno porteño en espacios de capacitación en educación y para fomentar la matemática a los niños de forma pedagógica. Desde MatePública también publicaron un comunicado en contra de las Olimpiadas Escolares CABA donde denuncian: “Desconocemos qué profesionales de la educación las idearon, bajo qué propuesta didáctica y en el marco de qué diseño curricular se presentan. No se consultó a los docentes sobre las necesidades que observan en sus aulas en relación a esta área, por lo que una vez más se ignora a los profesionales que estamos a cargo”.
“Nosotros sabemos de escuelas que están en situaciones peores y por ahí esas son las que necesitan los programas mas que la nuestra. En realidad, este gobierno funciona al revés, si vos ves que una escuela no rinde, a esa escuela es a la que le tenés que acercar programas y propuestas, para ver cómo la sacás adelante, en lugar de premiar unas sobre otras, porque deja de ser equitativo”, planteó el maestro de MatePública reconociendo las diversas realidades que tienen los alumnos en las escuelas de la Ciudad.
Además, las Olimpiadas Escolares exigen que dos horas semanales sean destinadas a practicar para participar de las competencias. Al mismo tiempo, implica la reformulación de la planificación para el trabajo en las aulas. “Nosotros tenemos que llevar eso adelante en el aula sin discutir y sin pensar, como si nuestro rol no valiera nada, como meros aplicadores de la educación. Nuestra profesión no es así, no es esto ser docente”, reafirmó Wenceslao. En el mismo sentido, Milman sostuvo: “Los docentes cada vez podemos pensar menos lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, porque cada vez hay más bajada de línea”.
“Queremos enseñar a nuestros alumnos que el conocimiento es algo que enriquece en sí mismo y no es algo por lo que yo tenga que competir con otra persona”, reflexionó Milman. “Lo que buscan estos proyectos es instalar la lógica de la competencia, una lógica que este gobierno quiere imponer en todos los ámbitos: laboral, educativo y es algo que los docentes decidimos enfrentar”, concluyó.
