10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

En el año internacional de las cooperativas, referentes de la economía solidaria repasan la última década. De la expansión a la trinchera. ¿Por qué algunos piensan que a pesar de la crisis el sector puede seguir creciendo?

En el décimo aniversario de ANCCOM, la agencia propone realizar un repaso sobre el cooperativismo y la economía popular en Argentina durante la última década, el estado actual y algunas reflexiones para proyectar el futuro, en el marco del “Año Internacional de las Cooperativas”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025.

En los últimos diez años, Argentina ha cambiado de conducción política cuatro veces, siendo el manejo de la economía la principal razón por la que los últimos mandatarios -Mauricio Macri, Alberto Fernández- no han podido reelegir y Javier Milei fue electo primer mandatario.

La economía popular en Argentina es un sector que abarca desde un vendedor ambulante, hasta cooperativas como Agricultores Federados Argentinos (AFA), organización que cuenta con 30.000 productores en todo el país. La historia del cooperativismo es extensa, y sus inicios tienen relación con la primera gran oleada de inmigrantes europeos a finales del Siglo XIX, en su mayoría obreros con ideas socialistas y anarquistas, que no casualmente también participaron del nacimiento del sindicalismo argentino.

Para Rodolfo Pastore, economista y sociólogo, la economía popular “Es un conjunto amplio de personas que se gana la vida con su trabajo a partir de actividades por cuenta propia o en forma asociativa”. Las cooperativas, según la actividad económica que realizan, pueden ser de trabajo, donde los asociados comparten su fuerza laboral, o pueden brindar servicios. “La falta de empleo registrado en el país en los últimos años ha ampliado los límites de la economía popular. En general, teniendo en cuenta desde el cooperativismo empresarial, hasta el cuentapropista, el estado de la economía popular es de crisis, en consonancia con el contexto del conjunto de las unidades económicas, de las pymes y de los sectores populares”. Pastore hace alusión a que “las tarifas aumentan, los ingresos y las ventas son bajas, y además, una serie de programas públicos que existían años atrás se han eliminado a partir de la política de ajuste, de reducción y de desestructuración del sustento estatal”.

 

Cooperativa de cooperativas

La Red de Alimentos Cooperativos se encarga de generar las condiciones para que cooperativas del sector agroalimentario puedan hacer llegar sus productos a distintas partes del país, de manera que los precios sean acordes a los costos de producción y logística. Además, tienen una fuerte impronta ecológica, minimizando la utilización de conservantes.

Este año, es su décimo aniversario, Miguela Varela, una de las referentes de la organización, explica cómo funciona el sistema que integra la Red. “Alimentos Cooperativos nace específicamente por la necesidad de un grupo de cooperativas de producción de alimentos, que tenían un problema central en poder orientar su producción a través de canales comerciales que sean justos, que sean solidarios y, sobre todo, que sean propios. Las comercializadoras tradicionales especulan y hacen que el productor financie el proceso comercial. Entonces surge la idea de crear un instrumento comercial propio” concluye.

La Red se operativizó con la creación de Alimentando, una cooperativa de trabajo en Buenos Aires. Hoy son más de cien las que forman parte del esquema comercial, que se ha ido complejizando y desarrollando. Actualmente posee un espacio de acopio y distribución mayorista en la ciudad de San Martín. Además disponen de espacios minoristas distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

 A través de estos locales, Alimentos Cooperativos ofrece una variedad de productos agrícolas de cooperativas de todo el país, pagándole al productor el precio que sale su trabajo, con los costos que implican los traslados y la comercialización. Al respecto, la referente asegura que “no especulamos, no miramos cuánto sale la soja en la bolsa de comercio, y comparamos  nuestros precios con las de las cadenas comerciales, nosotros tratamos de que sea siempre el mejor precio posible para consumidores y productores”. Los esquemas de ventas se diversificaron, y han logrado instalar una tienda de comercio electrónico desde donde se pueden hacer pedidos de todo el país.

 Pensando en el cooperativismo como forma de vida, Varela hace alusión a “la solidaridad y la autogestión” como los valores fundamentales que atraviesan estas prácticas. “La mezcla de las dos da como resultado el cooperativismo, un sistema económico de toma de decisiones democrático, que en la Red de Alimentos Cooperativos lo traducimos en términos políticos, con dos conceptos que tienen que ver con la integración y la reciprocidad”. Dentro de un  sistema que es cada vez más individualista, esta forma de trabajo debe luchar contra contradicciones internas en los individuos que forman parte.

Con el Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales, una política pública que se desarrolló durante el gobierno anterior, se han creado numerosas obras públicas para la comercialización y el acopio de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria. Se instalaron sesenta módulos de comercialización directa, locales minoristas que hoy siguen vigentes. Sumado a esto, catorce centros de producción de alimentos en escuelas agrarias fueron también el resultado de esta política pública. Otro hito  al que hace referencia Varela es la integración regional con países como Brasil, Uruguay, Chile, y Bolivia. “El año pasado  firmamos un acta compromiso entre todos para, no solamente pensar políticas regionales, sino también esquemas de comercialización”. Para finalizar, Varela hace hincapié en la constitución del cooperativismo “como un actor económico más fuerte, pero sobre todo como un actor político más homogéneo, que nos permita poder sentarnos en algunas mesas de discusión, donde hoy no estamos”.

 

El león ataca

 A partir del 10 de diciembre de 2023, con Javier Milei al mando del Poder Ejecutivo Nacional, la motosierra ajustó también a la economía popular y solidaria. Los programas que la impulsaban fueron reducidos o eliminados, las transferencias de dinero congeladas a pesar del 185% de inflación acumulada el último año, gran parte de la distribución de alimentos a comedores fue suspendida, entre otras medidas que perjudicaron al sector cooperativista.

Pastore plantea que sin dudas la crisis económica golpea fuertemente a la economía popular, y que las cooperativas están en una situación muy crítica. Ahora bien, en este contexto, “existen condiciones para potenciar estas economías. Lo que uno ve en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, es que estas economías crecen. ¿Por  qué? Porque la gente busca maneras de ganarse la vida, de generar circuitos económicos que le permitan salir adelante, y muchas de esas alternativas que encuentran tienen que ver con estas economías.»

Muchos especialistas coinciden en que se está generando un caldo de cultivo parecido al de los finales de la década de 1990 en Argentina, con la apertura indiscriminada a capitales extranjeros a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa de privatizar las principales empresas estatales y el incentivo a pequeños y medianos comerciantes a importar productos que antes pertenecían a las cadenas del mercado interno, sumado a la baja del consumo y del empleo registrado, son fenómenos que hacen recordar lo que fue la última etapa del gobierno de Carlos Menem y el posterior estallido social del 2001.

Frente a esta comparación, Pastore señala que “estamos en una situación parecida, análoga, yo diría, más que igual. Obviamente nunca es igual, pero son momentos donde los problemas se vinculan al empleo, al consumo y a la falta de atención del Estado. Es una etapa donde el Estado achica sus funciones, en un contexto general de inestabilidad económica, sobre todo de situaciones en términos del tipo de cambio del dólar. También está presente la crisis del mundo del empleo asalariado registrado, y con la economía de plataformas, eso se ha expandido mucho más”.

 

 

El Moviento de Trabajadores Excluidos 

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) surge a finales de 2002, en la conjunción entre académicos de la Facultad de Derecho de la UBA y cartoneros que buscando una solución al hambre que padecían. Por eso, conformaron una olla popular en la esquina de Tucumán y Agüero, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el MTE tiene una primera etapa asociada a la defensa del sector cartonero en la ciudad de Buenos Aires. Nicolas Caropresi, antropólogo y referente del movimiento, cuenta en conversación con ANCCOM que “lo  que se estaba peleando era por un sistema de reciclado con inclusión social, porque lo que estaba tratando el movimiento era buscar alguna manera de legalizar y darle derecho al trabajo cartonero, sobre un replanteo de algunos posicionamientos políticos e ideológicos. La situación de desempleo es crónica, producto de la modernidad tecnológica y concentrada del capitalismo, hay un montón de gente que se está inventando su trabajo, lo que no tienen son derechos”. Vacaciones, ingresos mínimos, monotributos, aportes jubilatorios, obra social son derechos adquiridos por el MTE en conjunto con otras organizaciones sociales durante el primer período de su historia.

A partir del 2015, el MTE se despide del gobierno de Cristina Kirchner con una movilización al Ministerio de Trabajo, exigiendo por la personería social gremial de la CTEP. Esta personería la firma Jorge Triaca con la llegada del gobierno Macri, y es cuando el movimiento da un salto de institucionalidad para la organización del sector. Mediante una movilización en conjunto con la CGT, logran la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, y emerge como política pública el salario social complementario para las diferentes ramas de la economía popular. Caropresi remarca que esta ley luego se fortalece con la Ley Nacional de Barrios Populares. “En ese momento creció lo que nosotros llamamos la rama sociocomunitaria, que es lamentable que crezca. El MTE no era partidario de hacer comedores populares. Nosotros decíamos que lo que había que organizar era el trabajo. Pero lo que empezó a pasar ahí es que mucha gente se empezó a acercar a nuestras cooperativas a pedir alimento, o a donde había una olla para el funcionamiento de la cooperativa, venía gente que ya no era la cooperativa a pedir alimento. Entonces, producto de la política macroeconómica de Macri, fue un aumento brutal de la gente que empezó a buscar asistencia en los comedores”, asevera el antropólogo.

En términos de infraestructura, de reconocimiento y asistencia, el trabajo cartonero mejoró exponencialmente desde 2015 hasta la actualidad. Hoy la labor va desde la concientización en escuelas sobre el correcto desecho de la basura, pasando por, la recolección  en las calles y el posterior transporte a los centros de reciclado. Nicolás hace una aclaración en ese aspecto: “Antes el cartonero o la cartonera llevaba el material a su casa y el lugar de acopio era el patio, donde reciclaba los fines de semana. Hoy existen los centros verdes, hay gente en la calle juntando el material y hay gente que clasifica ese material en los galpones. Logramos armar una cooperativa de comercialización que abarca casi todo el  país, eso nos ha permitido negociar el precio directamente con la industria, sacando del medio un eslabón que era el de los galponeros que solían estafar al que cartonea”.

Desde hace algunos años, la economía de plataformas irrumpió en el mercado laboral argentino masivamente. Para Caropresi, este tipo de trabajo tiene características muy similares a la economía popular. “Son salidas laborales que surgen más de una necesidad más  individual que colectiva, aunque después se encuentran en la calle y frente a las amenazas se organizan de manera colectiva”, señala el referente de la UTEP. Lo cierto es que aún estos trabajadores no han sido interpelados por ningún tipo de organización, y en el imaginario colectivo de este sector hay derechos resignados de por sí. Caropresi apunta al “cambio de conciencia que han logrado en algunos sectores de la sociedad, que hay que revertir en una Argentina que ha sido famosa por los derechos de su clase trabajadora”.

Naciones Unidas declaró que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible. El único país que votó en contra fue Argentina.

Argentina contra el mundo 

No es casual que Naciones Unidas, el año pasado haya anunciado que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible y anclado en los territorios de los que proviene. Esta declaración fue aprobada por todos los países, excepto uno, el país del presidente Javier Milei. Además, este 2025 se declaró el Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo que este tipo de estructura empresarial tiende a derramar en el territorio, los ingresos que se generan, y tienden a generar formas productivas y económicas menos perjudiciales para el ambiente. Considerando estos aspectos, en todo el mundo está tomando fuerza esta concepción de que la economía social y solidaria tiene mucho futuro para que los Estados la potencien y promuevan.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros organismos internacionales recomiendan generar un proceso de sostenibilidad económica, donde la capacitación es un pilar fundamental para llevar a cabo este proceso. Rodolfo Pastore cuenta que en la Universidad de Quilmes se han creado carreras y programas para enseñar a formar cooperativas y saber administrarlas. “Yo creo que serían muy importantes ampliar esos programas de acompañamiento  técnico, de capacitación, de incubación cooperativa. Junto con eso, se necesita asociarse con otras entidades, como centros de formación profesional y brindar tecnologías que sean apropiadas para el trabajo”, concluye Rodolfo, con vistas al futuro de la Economía Social de nuestro país.

 

Dos velitas para el Reprocann

Dos velitas para el Reprocann

El Registro del Programa Cannabis que permite el uso y cultivo de la planta de marihuana con fines medicinales ya cumplió dos años. En este período se realizaron más de 200.000 solicitudes, buena parte ya aprobadas. ¿Qué impacto está teniendo el sistema? ¿Cómo viene funcionando?

En marzo de 2021 se aprobó el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que habilitó en la Argentina el uso y cultivo de cannabis con fines medicinales. Desde entonces, el Ministerio de Salud recibió más de 200.000 solicitudes para obtener el permiso. La demora para la aprobación suele rondar entre uno y dos meses en promedio para quienes cumplieron con los requisitos, sobre todo un diagnóstico médico que lo justifique. Gracias a este registro, la persona es autorizada a circular dentro del país con la cantidad necesaria para su tratamiento.

¿Cómo funciona el Reprocann? ¿Qué evaluación hacen los expertos a dos años desde su implementación?

 

Cómo se hace

“Para uno poder registrarse tiene que ingresar a la página de REPROCANN y definir si es paciente, si cultiva para sí mismo o si cultiva para un tercero, es decir, si es un ‘cultivador solidario’”, explica Nicolás Di Biase, médico clínico y especialista en hepatología, con posgrado en endocannabinología y terapéutica cannabica de la Universidad de la Plata. El especialista aclara que el REPROCANN está vinculado a la  Ley 27350 de 2017 que permitió legalizar el cultivo y transporte de cannabis para uso medicinal.

“Una vez hecha la solicitud, el sistema brinda un código de vinculación que  tiene que usar el médico tratante”, comenta Di Biase, quien trabaja en diferentes hospitales de Bahía Blanca. Cualquier médico que tenga matrícula vigente puede recetar, “no tiene que ser un médico especialista en cannabis. Aunque hay médicos que se autodefinen como cannabinólogos, la verdad es que no es una especialidad en sí misma sino una herramienta que está bueno aprender a utilizar” explica Di Biase, también presidente de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis. “En la Universidad Nacional del Sur desde 2018, dentro de la Carrera de Medicina, se dicta una cátedra de uso de cannabis medicinal. Se busca que el estudiante se reciba como médico teniendo información sobre la planta. Hay otras universidades que lo están haciendo”, afirma el médico.

Una vez hecha la inscripción, el médico debe entregar al paciente un consentimiento informado bilateral. Por su parte, el paciente debe brindar al médico el código obtenido de la inscripción en el REPROCANN para cargalo. Si todo va bien, en aproximadamente uno o dos meses se recibe la aprobación. El permiso dura tres años y, “se permite cultivar indoor (interior) u outdoor (exterior). Lo que no se permite es cultivar en la vía pública, como en las veredas”, aclara Di Biase.

Si bien la mayoría de las inscripciones se aprueba, “se puede negar cuando hay patologías psiquiátricas como esquizofrenia, bipolaridad, depresión… No es que lo rechazan definitivamente, sino que piden que el permiso lo haga un psiquiatra. Es importante recalcar que el programa solicita que se haga una evaluación a cargo de un especialista», afirma Di Biase.

Los cuatro grupos de enfermedades frecuentes que trata el cannabis son el dolor crónico, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo y alteraciones del apetito. El cannabis también se utiliza para tratar la epilepsia: ayuda a reducir la cantidad de convulsiones, pero no cura la enfermedad. “Hay que entender que son paliativos de síntomas. El producto no produce intoxicación ni muerte. La única precaución a tener en cuenta es con mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con problemas psiquiátricos graves, enfermedades cardiovasculares no controladas y casos específicos”, aclara.

Existen cerca de quince mil tipos de cannabis y dependiendo el perfil de cannabinoides que tiene, se le receta al paciente. Es frecuente que alguien se acerque con un producto comprado en un negocio: “En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que no tienen nada. Por eso la idea es que mejor auto-cultiven las plantas”, sugiere el especialista.

Di Biase asegura que es difícil que se produzca dependencia o adicción como suele suceder con el clonazepam, la nicotina o la cocaína. La razón es que no es una molécula singular individual que entra al cuerpo y genera dependencia continua si no un grupo de moléculas que interactúan en diferentes receptores y eso hace que la persona no genere dependencia a una sola. Lo que sí puede pasar es que con los años pueda requerir más cantidad para tener el mismo efecto. También aclara que si bien “no produce dependencia química, puede pasar que se produzca la dependencia psíquica».

“Somos hijos de una cultura prohibicionista que se instaló en la década de 1920 y fue una bajada de línea de políticas internacionales de Estados Unidos en las cuales se demonizó a la planta y a su usuario. Hemos nacido en ese contexto y suele relacionarse al cannabis con otras drogas, narcotráfico y crímenes”, aclara Di Biase.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

Ruchansky describe que hay dos tipos de permiso: para pacientes o el llamado «cultivador solidario».   

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

Frente a un escenario con cuestionamientos y reclamos acerca de la internación involuntaria de los pacientes los expertos en salud mental exponen cuales son los avances y las problemáticas de la normativa.

Según una encuesta nacional realizada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en 2019, el 30% de la población argentina consultó a un profesional de salud mental en los últimos doce meses. Esta cifra incluye no sólo a psicólogos, sino también a psiquiatras y trabajadores sociales que brindan atención en el área.

A este clima general en salud mental se sumó en los últimos meses, a partir de varios casos amplificados por los medios de comunicación, un cuestionamiento al Artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) que establece: «La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Entre los propulsores de la reformulación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, se encuentran justamente dos personas públicas: Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, y Tamara Pettinato, hermana de Felipe y ambos hijos del famoso músico y conductor Roberto Pettinato. Tanto Chano como Felipe padecen consumos problemáticos y afecciones graves desde hace muchos años. A partir de sus adicciones y la falta de una atención médica adecuada protagonizaron múltiples episodios preocupantes que se hicieron públicos.

En el caso del cantante de Tan Biónica, un policía ejecutó un tiro en su abdomen, mientras se resistía a ser trasladado a un centro de salud mental. Por su lado, el departamento de Felipe Pettinato se incendió y falleció su médico neurólogo, Melchor Rodrigo.

Avances

La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) constituyó un hito importantísimo en el camino hacia la transformación de nuestro sistema de atención en salud mental”, explica Mariana Moreno, Directora Nacional de la Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones. “Esta norma se sancionó el 25 de noviembre del año 2010, y contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales especializados en salud y derechos humanos y de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil”. Según la especialista, “Este enfoque y el proceso de transformación de las prácticas en salud mental, sin duda impactan positivamente en el cuidado de la salud de la población, ya que garantiza que todes tengamos acceso a la atención integral, de manera gratuita e igualitaria”.

Uno de los aspectos fundamentales para la reformulación de la ley es que toda la población pueda acceder a un centro de salud mental y que se cumpla con los requisitos de atención y equipamientos necesarios para cada caso en particular. “Sigue siendo un problema asegurar que muchas personas externadas tengan garantizada una eficaz atención y seguimiento”, reconoce Juan Pinetta, psicólogo psicoanalista, encargado de la Comisión de Enlace Legislativo de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “Más allá de la Ley Nacional de Salud Mental, aún sigue siendo difícil la incorporación de mayor cantidad de psicólogos en las Jefaturas de Salud Mental en la mayoría de las instituciones. Esto no se ha logrado, salvo contados casos, ya que las áreas de Salud Mental en hospitales sigue siendo un área de primacía exclusivamente médico-psiquiátrica”.

Con respecto a la cuestión puntual que alcanzó cierto debate en los medios, el especialista considera que “es un problema de difícil acuerdo, sobre todo entre el mundo de la psiquiatría y el de la psicología cuando funcionan por separado. Otra cosa es cuando se piensa en interdisciplina, como en mi caso. En este sentido, uno de los principales problemas es que el paciente con riesgo para sí o para terceros que puede decidir su no internación en caso de estar lúcido en el momento de tomar tal decisión”. Este artículo debe gestionar el delicado equilibrio entre el riesgo y los derechos, una tema nada fácil.

“La ley buscó terminar con abusos en internaciones forzosas”, continúa Pinetta. “Indudablemente es un gran avance, pero en situaciones de difícil tramitación, por ejemplo en pacientes con fuerte ideación suicida, intentos suicidas, accidentes reiterados, anorexias extremas, cuadros graves bien estructurados en la interacción social, creo que hay que lograr una buena gimnasia de trabajo interdisciplinario donde puedan establecerse buenas decisiones de internación. Quizás con controles legales eficaces para evitar abusos, que es lo que más se teme. Es difícil lograr el equilibrio”.

Moreno coincide en que los trabajos interdisciplinarios juegan un papel fundamental en lo que respecta al abordaje de una red de salud mental efectiva. “Se aumentaron los cupos de Residencias Interdisciplinarias (Medicina, Psicología, Enfermería, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Musicoterapia) de Salud Mental (RISAM), distribuidas en 17 provincias, garantizando la formación de calidad del recurso humano, con foco en el componente comunitario”. Según la especialista, este fue uno de los avances fundamentales de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos. “El objetivo central de esta Estrategia es implementar y articular políticas públicas destinadas al cuidado y atención de la salud mental de la población en todas las etapas de la vida, con rectoría de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Nación y en conjunto con otros organismos del Estado”.

La problemática es compleja y sobre ese filo los medios podrán contribuir con un debate para nada simple, pero en el que los especialistas parecen coincidir: el desafío no es tanto la ley como su implementación y despliegue. La garantía del acceso gratuito e igualitario a los centros de salud, la adecuada atención y seguimiento de los pacientes psiquiátricos, el control efectivo sobre el requerimiento de la internación involuntaria y el trabajo interdisciplinario en las áreas de salud integral son las claves para que la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se cumpla efectivamente en nuestro país.

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, presentó el Primer Informe de Soberanía Alimentaria. Denuncia que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas en diversas comunidades.

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) presentó el Primer Informe Anual de la situación de la Soberanía Alimentaria en la Argentina, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA, el jueves último.

Este trabajo fue llevado a cabo por CALISAS y la Fundación alemana Heinrich Böll – Cono Sur, que nuclean docentes, estudiantes y profesionales de distintas ramas de la salud, así como también organizaciones independientes que se dedican a defender los derechos por una alimentación sana, segura, soberana y saludable de distintas regiones del país.

Pedro Cerviño, representante de la red de cooperativas de alimentos, que combina trabajos con la red y comercializa los productos de un conjunto de cooperativas y productores de todas las regiones del país, explicó que actúa como una contraparte de la fundación Heinrich Böll prestando un servicio de administración y acompañamiento a la red. Explicó que para los compañeros de la cooperativa fue importante llevar adelante este informe: “Se sintieron halagados y muy a gusto con encarar el trabajo, ya que la Soberanía Alimentaria está abordada desde distintos lugares”. Desde la red de alimentos trabajan con especialistas de varias regiones para indagar en la temática, con la idea de crear un espacio de producción y promoción de alimentos sanos. Aseveró que el informe debería ser una referencia obligada para quienes están insertos en la soberanía alimentaria.

A continuación, docentes y profesionales de distintas universidades del país pertenecientes a la red CALISAS, entre ellas Soraya Ataire (Salta), Antonella Geronaso (Jujuy), Mara Eliana Manzur (Formosa), y Melina Gai (Santa Fe), explicaron los hallazgos.

El informe

El informe, distribuido en nueve capítulos, celebra la participación de las universidades públicas que evidencian una preocupación por la soberanía alimentaria, también la adopción de políticas públicas que contribuyen a su implementación en algunas cuestiones. Por otra parte, cuestiona que algunas políticas públicas también limiten y amenacen el avance de la soberanía alimentaria en nuestro país. Y por último se exige el cumplimiento de las propuestas del Foro Agrario para un programa Agrario Soberano y Popular del año 2019, así como también las recomendaciones dadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Adecuada en el mismo año.

El público que asistió a la presentación también aportó su mirada. Docentes e investigadores de distintas universidades, miembros de agrupaciones como Mariano Toranzo, parte de la Campaña Nacional en defensa del Agua para la vida, personas públicas como Leonardo Pérez Esquivel hicieron su devolución: La importancia de cuidar la biodiversidad de nuestro país frente al agronegocio y garantizar el trabajo a pequeños productores brindando alimentos de buena calidad para la población nacional, fue de las principales demandas.

Semillas de libertad

El objetivo del informe busca visibilizar la importancia que tiene la alimentación y la producción agrícola en nuestro país. Denuncia también que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas para gran cantidad de personas. La soberanía alimentaria apunta a abordar cuestiones que tienen como base los derechos humanos. Desde el derecho al agua, como el de los pueblos originarios, hasta el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo.

La red CALISAS lo que propone es ir más allá de un encuentro netamente académico, para tomar conciencia y problematizar realmente estas cuestiones. Brindar herramientas para que los tomadores de decisiones puedan comenzar a trabajar en ellas. Hacer fuerza para que se escuchen las voces de aquellos a quienes representa este enorme grupo de docentes e investigadores: “Así como los árboles escriben la historia en su panza, en forma de anillos, nosotros conformamos una red para contarles las heridas, las cicatrices, pero también los crecimientos que atraviesa nuestro territorio nacional y lo estamos haciendo juntos y juntas. En forma de memoria escrita para que transforme y nos guíe a todos al buen vivir”, señalaron los organizadores.

Salud mental, políticas públicas y nuevas tecnologías

Salud mental, políticas públicas y nuevas tecnologías

La ausencia estadística para la prevención del suicidio es otra de los casilleros en rojo de la post pandemia, en especial entre las personas más jóvenes. El debate sobre el lugar que ocupan las redes sociales y la inteligencia artificial.

El uso intensivo de las redes sociales ha demostrado que los escenarios virtuales pueden transformarse en el infierno más temido para los jóvenes que tienen tendencias suicidas. Al mismo tiempo, para algunos la Inteligencia Artificial puede transformarse en una herramienta para prevenir prácticas destructivas. Todo en un sólo mundo mediado por internet.

Hacia 2007 el escritor estadounidense Jay Asher publicó la novela para el público juvenil  Por trece razones, que pronto se transformó en best seller y en serie para televisión con cuatro temporadas en Netflix. Lo curioso es que la trama tra nscurre por las revelaciones en cintas de cassette, con hechos vergonzantes que llegan a la violación y que ponen en crisis a quienes son mencionados en esas grabaciones. La voz al otro lado denuncia la injusticia en un presente hostil.

Los tiempos lentos de la historia poco tienen que ver con la inmediatez de las redes sociales y el impacto brutal en la vida de los más jóvenes, cuyos avatares pueden terminar en vidas paralelas ocultas o en casos de cibervenganza o bullying. Más allá de la realidad que supera la ficción, y del breve suspiro reflexivo que trajo la mencionada serie sobre el problema del suicidio adolescente, el tema permanece en una agenda casi oculta de la superficie mediática. 

La vacancia de estadísticas precisas post pandemia fue la principal preocupación de ANCCOM al momento de relevar los datos sobre una cuestión delicada, por la que transitan no pocos jóvenes frente a situaciones de frustración o visibilidad pública de su vida íntima. Se trata de una situación que hoy trasciende lo analógico y está anclada en los entornos digitales, que a priori no son buenos ni malos en el actual ecosistema hipermediatizado.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un lado oscuro que puede impactar negativamente en los jóvenes e, incluso, llevarlos a cometer suicidio. Aunque, también podrían actuar de manera preventiva, identificando a quién y cuándo lo hará, con el uso de inteligencia artificial (IA) para poder intervenir a tiempo, algo que los especialistas no han podido lograr.

El pasado 29 de septiembre un fallo adverso contra Instagram en el Reino Unido por la muerte autoprovocada de la adolescente de 14 años, Molly Russel, evidenció que las TIC son capaces de condicionar pensamientos negativos entre las personas más jóvenes que están aún en su etapa de conformación identitaria. El forense Andrew Walker afirmó ante medios locales que “Molly Rose Russell murió a causa de un acto de autolesión como consecuencia de la depresión y los efectos negativos del contenido en línea”, según reprodujo el periodista Adam Satariano en el The New York Times.

La compañía Meta, dueña de Facebook e Instagram, y de otras redes sociales como Pinterest, le había permitido a la adolescente acceder a tal cantidad contenido explícito sobre autogresiones, tristeza, y melancolía, que terminó  en  una nota de autodesprecio escrita por la menor,  idéntica a un posteo que había dado me gusta y guardado.  Además, según cuenta el mismo periodista, el padre de Molly leyó un mail dos semanas después del fallecimiento de su hija que decía: “Pines de depresión que quizá te gusten”, detectando así la influencia de ciertos contenidos maliciosos que circulan en la red,  configurando encuadres de pensamientos que conducen a la autoflagelación. 

Marcos Vanzini, vicepresidente de la Asociación Civil de Escenarios Saludables, explicó a esta agencia que “el suicidio es multicausal, ya que hay un dolor existencial que lo percibe como totalizante, y lo que se quiere es dejar de vivir como se está viviendo”. 

Dentro de la historia de sufrimientos, las redes sociales parecen ser un factor influyente en los pensamientos destructivos de los adolescentes. El ciberbullying, la sextorsión, la depresión y la ansiedad hacen un sumario que juega un papel importante en la vulnerable juventud.  La psicología no ha podido identificar el momento previo de potencial riesgo a autolesión y tampoco intervenir a tiempo . Si después de tantos años aún los especialistas no saben en qué punto intervenir frente a signos de alarma y evitar una conducta suicida, ¿podrán hacerlo las tecnologías?

Smartphones y sensores para la prevención

Un estudio de Harvard realizó prácticas para lograr predecir mejor el comportamiento humano y tener una alerta temprana ante un intento de autolesión con herramientas proporcionadas por la Inteligencia Artificial (IA). El mecanismo novedoso logró recolectar gran información sobre la vida diaria de las personas que sufren pensamientos destructivos.  El dispositivo utiliza biosensores que podrán identificar cómo se siente una persona a través de un análisis de las expresiones faciales, de lo que leen en redes sociales y de la música que escuchan.

Según describió Ellen Barry, que cubre noticias de salud mental para The New York Times, la paciente psiquiátrica Katelin Cruz participó como sujeto de investigación. En el ensayo utilizó un reloj inteligente llamado Fitbit que registró su sueño y actividad física, mientras el celular recogía datos sobre su estado de ánimo, sus movimientos y sus interacciones sociales. El estudio logró la intervención a tiempo por parte del grupo de investigación ante un intento autolesivo. La paciente confesó que fue más fácil decirle la verdad a una computadora sobre cómo se sentía en ese momento, así como lo que tenía pensado hacer. Hecho interesante porque uno de los problemas frecuentes es la falta de comunicación de los pacientes con pensamientos destructivos por los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que rodean a la salud mental.

La capacidad de hacer frente a la falta de medidas preventivas eficaces sobre las señales de alarma ante el intento de suicidio, es una de las partes fascinantes de la investigación,  ya que deja en evidencia el  impacto positivo de las tecnologías.

¿Qué dicen las instituciones internacionales?  

Entidades internacionales como la UNESCO, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han puesto el objetivo principal de eliminar el tabú sobre los trastornos mentales, y en aumentar las medidas preventivas de la muerte autoprovocada de todos los países, hecho que se ha puesto en evidencia con la  difusión  de campañas preventivas.

En el marco de la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a fines de septiembre, se llevó a cabo el evento de Promover y proteger la salud mental y el bienestar psicosocial de los alumnos en las escuelas y los entornos de aprendizaje, en donde la OMS junto a otras organizaciones globales destacó la necesidad urgente de transformar la atención de la salud mental en todos los países. La institución pidió reformar los entornos que influyen en la prevención del suicidio de los adolescentes, como las academias educativas, que recomiendan la introducción de programas de aprendizaje social y emocional, mientras se contrarresta el acoso en las escuelas.

El informe global de la OMS de 2022 expone que el suicidio es una de las principales causas de fallecimiento en el rango etario juvenil. La depresión es un origen común dentro de los factores que pueden conducir a la muerte autoprovocada. Las cifras demuestran que el 14% de los chicos del mundo (de 10 a 19 años) viven con un trastorno mental. La ansiedad es la más prevalente entre los adolescentes mayores (4,6%). 

Por su parte la psiquiatra y psicoterapeuta infantil, Monica Alonso, explicó a ANCCOM que los impactos negativos más evidentes de las TIC son el ciberbullying entre los jóvenes, en  especial porque se encuentran en un contexto de vulnerabilidad por estar en pleno desarrollo; y recomienda entre otras buenas prácticas la “higiene del sueño”, pues el hábito de comunicarse hasta altas horas de la madrugada complica el descanso y las capacidades cognitivas.

El Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU), dependiente del Ministerio de Salud, informó en su primer diagnóstico federal de 2021 sobre el efecto que tuvo el covid-19 y sus consecuencias negativas en la salud mental de la población en general, y de los chicos en particular. No obstante, la precariedad en el análisis de los datos impide mapear el problema con líneas de acción que acompañen políticas públicas efectivas.

Para Marcos Vanzini los dos años de encierro en una época en que los adolescentes están armando su personalidad son una clave a profundizar “La escuela es el mundo de un niño ya que ingresa a los tres y sale a los 18. Y en la pandemia los problemas intrafamiliares se agravaron, no socializaron como deberían y no crearon vínculos”.

Monica Alonso manifestó que las estadisticas formales en el medio todavía están en construcción, no obstante señala que “si se ha avanzado mucho en la difusion de los casos y la alerta que se le da a las familias y los profesionales sobre la prevencion del suicidio y la conciencia que dentro de la red estimulan y trivializan la posibilidad de autolesionarse”. La especialista contó desde su experiencia clínica sobre la incidencia por redes sociales y su impacto en los cuerpos, posando su mirada en los sitios web que promueven modelos anorexicos y afectan, en gran mayoria, los hábitos alimenticios.

La Ley de Prevención de Suicidio de Salud Mental N° 27.130 especifica en el Artículo 6 que se debe crear un sistema de registro que contenga los datos de interés especificos como las causa de los decesos, edad o la modalidad utilizada a los fines del mejoramiento de la información estadística. Pero aún existe falta  de identificación de casos para una contrastación efectiva. El último informe nacional en donde se evidenciaron las causas externas data de un periodo previo a marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia.  En este sentido la información meramente especulativa sin base empírica muestra una implementación deficiente en materia de políticas públicas preventivas.

Queda claro que el fallo sobre la menor del Reino Unido de un hecho ocurrido en 2017, junto al estudio de Harvard y los datos globales de las entidades internacionales de salud son ejemplos reales de cómo las interacciones virtuales pueden impactar tanto positivamente como negativamente. 

Las redes sociales como Instagram siguen armando estándares que generan inseguridades y sentimientos de no pertenencia en jóvenes que atraviesan alguna crisis en la pubertad.  Sumado a esto, en la red existe un acceso fácil a grupos en donde se comparten las maneras de dañar el cuerpo, generando la posibilidad en el adolescente de crear una afinidad por la autolesión. 

En contraposicion la IA ha realizado avances tecnológicos para detectar las señales preventivas de lo que los especialistas de salud no lograron; incluso,  las difusiones masivas han hecho que TikTok (Amazon) en el marco del Dia Mundial de Prevención al Suicidio publicara su preocupación sobre la salud mental lanzando nuevos recursos en su plataforma, este hecho es de vital importancia para evaluar la problematica ya que las redes tienden a generar una dependencia adictiva.

Estamos viviendo en un contexto en donde se está deconstruyendo el tabú del suicidio adolescente, para su prevención mediante  un debate necesario en la sociedad con respecto al uso de la red. No obstante, queda en evidencia la emergencia por falta de cifras por parte del Ministerio de Salud, imprescindible para una estrategia federal de abordaje integral del suicidio en la Argentina.

¿A dónde acudir?

En una situación de desborde emocional que se amerite hablar para no sentirse solo, existen diferentes organizaciones de larga trayectoria profesional que te pueden escuchar, como el Centro de Atención al Suicida (CAS) una ONG a la cual podés llamar para recibir asistencia médica gratuita, confidencial y anónima. La línea 135 es para Capital Federal o Buenos Aires y para el resto del país al (11)5275-1135 o al 0800-345-1435.