Ago 20, 2024 | Destacado 1, Trabajo
Esta semana, Federico Sturzenegger prometió reglamentar el capítulo laboral de la Ley Bases. Eliminación de la indemnización, creación de la figura del colaborador, habilitación para despedir a trabajadores que participen de protestas, quita de multas a las empresas que contraten en negro y apuestas por incrementar el monotributismo. La apuesta a la declaración de inconstitucionalidad.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo en Argentina alcanzó el 7,7% en el primer trimestre de 2024, lo que representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Este incremento significa que aproximadamente 1,1 millones de personas están sin empleo en un contexto económico cada vez más deteriorado. A su vez, destaca que se ha evidenciado una reducción en el empleo informal, lo cual impacta especialmente en los sectores más vulnerables.
En este contexto, el pasado 28 de junio se aprobó la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que entre sus artículos resaltan los que modifican, anulan y reemplazan los hasta ahora vigentes del derecho laboral. Para esta semana se espera que el gobierno publique la reglamentación de todo ese capítulo de la norma.
En relación a este panorama del mundo laboral, conversamos con Matías Cremonte, abogado y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y Daniel Arroyo, diputado nacional, politólogo y exministro de Desarrollo Social de la Nación.
Cremonte considera que si bien antes de la llegada del nuevo gobierno existían niveles altos de inflación y que el salario real en la Argentina estaba deteriorado, lo que ocurrió desde el pasado diciembre “fue un cambio trágico, aún antes de la reforma laboral”: la política económica llevada adelante implicó una importante caída de la actividad industrial, el cierre de empresas y suspensiones, lo cual es acompañado por el temor que empieza a hacerse cada vez más presente entre los trabajadores de perder su empleo.
“Renuncian a derechos para mantener la fuente de ingresos, lo cual es un clásico del mercado de trabajo en el capitalismo, o sea, que haya un ejército de desocupados que presiona a la baja los salarios y a la pelea por mejores condiciones laborales. Es una forma de disciplinar”, denuncia.
Por su parte, Arroyo considera que el parate generalizado en el mercado laboral impacta en mayor medida en los sectores informales de la economía “Objetivamente la gente que hace changas, los ocho millones de cuentapropistas están teniendo más dificultades, y eso lleva en la práctica a que haya más gente en los comedores comunitarios, más gente reclamando asistencia.”
Otro aspecto que destaca es el sobre endeudamiento de las familias que deben hacer frente a los aumentos en insumos y servicios. “Hoy gran parte de los ingresos se van en comprar comida, con el pan a 2.500 pesos y la leche a 1.500 pesos, todo eso se traduce en el endeudamiento de la familia”, dice.
Con la aprobación de la Ley Bases se cristalizaron muchas iniciativas presentes en el DNU 70/2023 que, según Cremonte, fue anunciada como beneficiosa para el mercado laboral pero está muy lejos de ser así: “Empeora todas las condiciones de trabajo y de vida de todos los trabajadores y trabajadoras por un supuesto beneficio que vendrá luego”. Destaca, adeás, que este tipo de recetas regresivas nunca han funcionado, lo cual fue demostrado por un estudio del 2015 llevado adelante por la OIT en el que se analizaron 63 países en los cuales se llevaron adelante y “en ninguno de ellos el resultado fue un crecimiento económico, todo lo contrario: los indicadores sociales y económicos empeoraron”.
En relación a las normas, destaca entre las más perjudiciales la eliminación de la indemnización, agravada para el caso de despidos de trabajadores no registrados ya que desconoce que el daño que sufre una persona no registrada es mayor y el efecto que tendrá es que “los empleadores no van a sentir ningún temor por no registrar al trabajador, y entonces lo que va a crecer es el empleo en negro”.
Por otro lado, está el artículo que legaliza la figura del monotributista, del trabajador autónomo, que antes era considerado un fraude laboral y que promovería un tipo de empleo sin ninguna protección social. “Antes, si alguien prestaba servicios para otra persona de manera continuada y si se daban ciertas características propias de la relación laboral la ley presumía que había un contrato de trabajo encubierto, ahora eso se elimina”, agrega al respecto. Para el abogado, las modificaciones precedentes en la ley nos retrotraen al siglo XIX o principios del XX, momento en el que no existía el derecho del trabajo.
Al ser consultado por esto, Arroyo plantea otra mirada, ya que considera que una reforma laboral era necesaria y ve con buenos ojos alguno de los aspectos antes mencionados: “El caso de eximir de multas me parece bien, lo de los tres colaboradores si se toma seriamente puede ser un avance”, dice. El exministro refiere a una nueva figura que crea la Ley de Bases que estipula que un monotributista podrá tener hasta tres trabajadores sin registrar bajo la categoría de “colaborador”.
Pero señala que las modificaciones presentes en la ley son parciales y acotadas, y que es necesario un cambio estructural profundo que aborde tres planos: “Uno es distinguir el tipo de empresa. No es lo mismo una grande que una pyme que un jardinero con dos ayudantes. La forma de contratación laboral, los aportes patronales, la carga impositiva tiene que ser distinta en cada uno de esos casos. Hay que poner una fuerte impronta en el tema del primer empleo, el gran tema en la Argentina es el tema de los jóvenes de 18 a 29 años, a quienes les cuesta entrar en el mundo laboral. Y por último debería haber un incentivo a las empresas que requieren de mano de obra intensiva, como la construcción, los textiles, producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado, que son en esencia los sectores donde trabajan los más pobres”.
Señala, finalmente, que lo que hay en la Ley Bases son grandes incentivos para la inversión extractiva, no así para que las empresas masivamente contraten trabajadores y agrega que “por eso hace falta una Ley PYME”.
Otro aspecto del mundo laboral es la actividad sindical tanto para el resguardo de los puestos de trabajo como para la mejora de las condiciones de trabajo. Según Cremonte, del proyecto inicial del DNU el ataque a la actividad sindical se ve considerablemente disminuido, pero sin embargo señala dos puntos que la afectan de lleno. Uno es que habilita a la justa causa de despido en base al criterio del empleador, “entonces la participación en medidas de acción sindical qué al simple criterio del empleador impliquen un perjuicio lo habilitarían a despedir sin indemnización”, explica y agrega que esto ya fue utilizado por la parte empleadora en un conflicto de la industria ceramista donde hubo trabajadores intimados a volver a trabajar que fueron amenazados con ese artículo.
El otro aspecto es que elimina la obligatoriedad de reincorporación al puesto de trabajo en los casos de despidos discriminatorios. “La reforma incluye un artículo que modifica esto y el trabajador en caso de determinarse su despido discriminatorio tiene derecho a una indemnización agravada, es decir un monto más que el que le corresponde por despido, pero que en ningún caso tiene derecho a ser reinstalado”, dice Cremonte.
Por su parte, Arroyo considera que “el vínculo entre trabajadores y sindicatos no fue afectado en la Ley Bases” y que así como en el derecho laboral, debe darse un debate serio en relación al esquema de la organización sindical.
Un fenómeno novedoso propiciado por las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo laboral, fue la llegada de los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales. Según Cremonte, existen dos miradas muy diferentes con respecto a estos trabajadores; para su visión no tienen ninguna diferencia a cualquier otra relación laboral y por lo tanto debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo.
Arroyo, por su parte, cuenta que se intentó llevar adelante un proyecto de ley que regularizara y formalizara a estos trabajadores pero se encontraron con el rechazo de un amplio sector de los jóvenes, influenciados por las mismas empresas. “Por lo que hay que entender también que hay un cambio en la concepción de libertad y del mundo del trabajo y que estas aplicaciones pegan fuertemente en eso. La legislación tiene que tener en cuenta toda esta nueva complejidad y tal vez avanzar con mecanismos de formalización parciales, de transición, novedosos”.
Al ser consultado por el futuro, Arroyo dice que el gobierno está planteando un país con dos tercios de la población afuera donde los precios y la inflación están estables pero a costa de que dos tercios del país no tengan dinero para consumir. Por su parte, Cremonte ya está viendo conflictividad y “va a haber mucha más debido a la situación social salarial” y añade que “lo que vamos a ver, es que cada vez que se judicialice la aplicación de alguno de estos aspectos regresivos de la reforma se declarará su inconstitucionalidad, lo cual creo va a ser una forma de poner un cierto límite a los efectos nocivos de esta ley”.
Abr 26, 2022 | Comunidad, Destacado 2
Mientras que el Poder Ejecutivo envía proyectos de ley al Parlamento para industrializar su producción, las fuerzas de seguridad castigan a quienes la cultivan y la consumen. La Corte abre este miércoles una audiencia pública para analizar el tema.
El año 2021 concluyó con más de 33 mil personas autorizadas a cultivar y transportar cannabis medicinal en todo el país. Pero, aún así, muchos de ellos sufren acoso por parte de la policía cuando necesitan usar el cannabis o sus derivados en la vía pública e incluso cuando cultivan en la privacidad de su hogar. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para escuchar argumentos antes de pronunciarse acerca de si las familias de niños y adolescentes bajo tratamiento con cannabis terapéutico deben ser facultadas a “cultivar para sus hijos sin control del Estado”.
Antes de aprobarse la Ley N° 27350 de Cannabis Medicinal, en noviembre del 2020, Argentina permitía su uso solo para pacientes con epilepsia refractaria. Eran los únicos con acceso a importaciones, aunque por medio de engorrosos certificados. Esta nueva legislación habilitó el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo en red de la planta, para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Es decir, cualquiera que tenga indicado tratamiento de cannabis puede cultivar legalmente en exterior hasta nueve plantas en quince metros cuadrados: el único requisito es el aval de un médico junto con la inscripción en el registro REPROCAN (Registro del Programa de Cannabis)
“En principio, la nueva reglamentación tuvo en cuenta las especificaciones del modelo canadiense. Este programa permite vincular médicos con pacientes: el paciente obtiene su medicina pero el médico también un estudio sobre esa planta”, explica Juan Palomino, abogado especialista en el tema.
Bajo su propio lema “La lucha del cannabis es salud”, el abogado sostiene que esta militancia enmarca un concepto amplio que es el derecho a la salud entendido como un estado de bienestar psicofísico que “funciona terapéuticamente” y “ocasiona mejoras en los consumidores”. En este sentido, el profesional apoya el uso medicinal para quien quiera, independientemente de su condición de salud: “Entendemos que el usuario que consume no siempre está enfermo y que en esos casos se debe regularizar como uso adulto y responsable”.
Los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales como castigo”, detalla Palomino.
Si bien estas regulaciones son un avance legislativo, la aplicación de la ley presenta contradicciones con otras anteriores. En Argentina, la Ley 23737 penaliza la tenencia de marihuana en función de la producción, comercialización y uso personal, por lo tanto, la ley vigente considera un delito constitucional la tenencia para el propio consumo.
El profesional detalla: “Hay un famoso fallo denominado Arriola, que en el año 2009 estableció modificaciones a esta ley y declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada protegida por la Constitución Nacional. Aun así, los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales que funcionan como castigo”, detalla Palomino.
Frente a este contexto, el Estado propone marcos regulatorios para el consumo medicinal pero a su vez persigue a quienes consumen la planta: “Esta diferencia se debe a que la nueva regulación de la ley y el Registro vienen, en principio, a proteger solo a los usuarios medicinales pero incluso en esos casos también son perseguidos”, afirma el abogado.
Por su parte, Emilio Ruchansky, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y coordinador del proyecto de Ley de Cannabis Medicinal afirmó que la Ley de Cannabis Medicinal “es el comienzo de un nuevo marco regulatorio que quita a la planta de un lugar tabú, regula su uso medicinal en salud y prepara el terreno para avanzar en otros campos que son el verdadero problema de fondo: la regulación del uso adulto”. Paradójicamente, la tenencia de drogas para uso personal, mayormente de marihuana, es el delito que más creció.
A fines del 2021, organizaciones civiles, políticas e investigadores redactaron un proyecto que estipula la modificación en el articulado de la Ley 23737. Este cambio propuesto por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Carolina Gaillard (FdT) no solo modifica el Régimen Penal de Estupefacientes sino que además despenaliza la tenencia para consumo personal, incluyendo el cannabis que tendría un régimen especial.
En el mismo documento se incluye la legalización del autocultivo de cannabis para uso personal correspondiente a 40 gramos de tenencia y nueve plantas en floración al igual que los límites máximos que hoy el REPROCANN permite. Este cambio busca garantizar que los usuarios medicinales y quienes cultiven en forma solidaria, no sean perseguidos y que sus cultivos destinados para la salud se respeten.
En este sentido, Gaillard sostuvo a comienzos del año que estos cambios forman parte de las políticas de salud: “Es urgente una reforma de la Ley de Estupefacientes porque esto va a permitir implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños”.
El proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el mercado ilegal de sustancias psicoactivas, entendiendo que “las conductas privadas de usuarios y usuarias no significan un daño a la salud pública y su persecución, en cambio, genera sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.
En este aspecto, la criminalización por cultivar sigue siendo uno de los mayores miedos por parte de los usuarios y, a la vez, una de las principales luchas: una de ellas tuvo lugar el 20 de abril de 2022 en las calles bonaerenses con asociaciones como el Frente de Presos y Presas por Plantar, gremios, universidades y asociaciones como Acción Cannábica. “No más presos por cultivar, indulto, amnistía o absolución de los detenidos, y que dejen de perseguir a los cultivadores”, expresaban los carteles de colectivos, asociaciones y pacientes.
Al final del proyecto, la diputada también promueve que los Ministerios de Seguridad, como las policías, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales capaciten a cada profesional frente a estas situaciones; además se excluye de responsabilidad criminal a médicos que recetan cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo.
“Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad», señala Ruchanksy.
Otro aspecto problemático en relación al cannabis, es la poca formación que brinda el Estado y a la que accede el personal de salud: “De parte de los médicos se debe a la falta de formación o por desacuerdo con el uso de cannabis medicinal pero, a la par, se debe a la inexistencia en el sistema público de unidades de atención pensadas para estos tratamientos. Hoy, para tener derecho a cultivar y transportar tu medicina, tenés que pagar una consulta médica privada porque el Estado no ofrece un listado”, cuenta Palomino.
En cuanto a las políticas públicas en salud, Ruchansky expresa que en el país no hay una política de prevención de riesgos: “Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad. Esto te permite saber qué es lo que estás consumiendo” y agrega que esto “no quita mencionar” que el consumo problemático es una realidad de la que también “debe encargarse el Estado”.
Es que la marihuana, como cualquier otra sustancia, puede generar ciertos hábitos de consumo, que dependen no solo de la persona sino también de su contexto, sostiene el profesional: “La marihuana no genera dependencia física como la cocaína o el cigarrillo pero sí dependencia psicológica como cualquier sustancia; en esos casos es el Estado el que tiene que acompañar esos consumos problemáticos con una política concreta”.
Pero, ¿qué asistencia o tratamiento se le puede brindar a los consumidores si el adicto es tratado como un criminal? ¿Cómo puede haber un plan de asistencia a las adicciones que aborde los problemas de salud y el uso de drogas? Palomino subraya que la base de esta política es la despenalización y la información: “Tenemos que poner sobre la mesa temas como el uso adulto que son parte de una realidad social. Quiero decir con esto que no debemos demonizar la marihuana sin hablar con propiedad: tenemos que investigar sus efectos, sus riesgos y la forma de reducir los mismos”, cierra.
De esta manera, cada vez son más los proyectos que presentan los dirigentes políticos para promover el uso del cannabis y sus derivados: el 19 de abril de este año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el financiamiento para el estudio científico del cannabis. La actual Ley Medicinal estipula el acompañamiento económico para el estudio de la planta, algo que no había ocurrido hasta la fecha. El objetivo propuesto por el oficialismo es “generar conocimientos y avances sobre las propiedades del cannabis y sus derivados” , detalló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.
Por su parte, Nicolás Di Biase, médico de la Red de profesionales para el estudio del cannabis, en diálogo con Radio Nacional expresó que los 250 millones de pesos que invertirá el Estado se usarán para «comenzar el estudio de enfermedades como en Canadá, Israel y Estados Unidos. Pero para lograr un archivo nacional debemos investigar cuáles son los usos que tiene la planta y los derivados como el aceite del cannabis, incluso las flores para vaporizar cannabis, que son las formas medicinales para seguir promoviendo», añadió.
Hoy, el régimen jurídico y la política de seguridad en Argentina se contraponen con el proyecto que el mismo Poder Ejecutivo nacional presentó para incentivar y regular la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal. Incluso la persecución a los consumidores tampoco es coherente con esta nueva ley ya que cuenta con dificultades en su sistema de registro y no es acompañada por una política integral de consumos problemáticos, algo que el Estado debe garantizar.
Sep 27, 2021 | Culturas, Novedades
En una noche cálida y luego de más de un año y medio, el público volvió a los locales bailables bonaerenses. Las medidas gubernamentales habilitan, por el momento, hasta el 70% de la capacidad total. La nueva normativa beneficia no solo a las discotecas sino también a otros comerciantes, debido a que incrementan sus ventas en la nocturnidad.
El horario de apertura de los boliches es entre las once de la noche y las seis de la mañana. Previo al nuevo anuncio nacional, se desarrollaban recitales dentro de las instalaciones bailables, pero con un aforo más limitado y solo podían ingresar aquellos espectadores que habían reservado una entrada.
Las primeras horas
Los guardaespaldas controlan el ingreso, la temperatura y colocan con alcohol en gel al público. A las 23:30, el movimiento en el boliche ubicado sobre la calle Alem, en el centro de Quilmes, es intenso. Cientos de personas circulan por las calles aprovechando la cálida noche de luna llena. La fila es corta. Diez personas esperan detrás de una baranda de metal hasta que el guardaespaldas recibe la autorización para que más personas ingresen al establecimiento.
“¿Tienen reserva?”, es la pregunta constante del guardaespaldas. “Recién a la una se puede entrar sin reserva”, explica el encargado de la seguridad, y agrega: “La entrada cuesta 500 pesos y la consumición no está incluida en la entrada”.
A la medianoche, una combi ploteada con la frase “Ay amor por siempre” se estaciona en la acera del boliche. Es el vehículo de la banda que toca en el lugar. “Es una noche tranquila, por suerte tenemos dos recitales más”, señala uno de los integrantes, mientras baja los instrumentos. En ese momento, quienes estaban afuera de la bailanta, miran con curiosidad cómo el guitarrista prueba las cuerdas de su instrumento en la vereda.
El cantante baja de la combi unos minutos más tarde. Tiene unos 30 años, se coloca un saco violeta y comienza a bailar en complicidad con algunos compañeros. Luego ingresa al establecimiento para dar inicio al recital.
Al comenzar el show, el ingreso estaba restringido. El guardaespaldas decía de forma constante :“Recién se puede entrar a la una, después de que termine el recital”. A medida que los minutos pasan, la fila se extiende a lo largo de una cuadra, con personas expectantes por ingresar al lugar.
Una ráfaga de movimientos
A cuarenta cuadras de distancia, otro local bailable, ubicado sobre la calle General Belgrano y Mosconi, está en su mejor momento. Las personas llegan de todas partes. La fila de dos cuadras debe tener cerca de setenta personas. Las luces de neón y el cartel publicitario del local brillan a máxima potencia.
El local tiene un doble dispositivo de seguridad. Primero colocan alcohol en gel a quienes pasan a las boleterías y luego miden la temperatura en la puerta de ingreso del boliche.
Mientras tanto, dentro del local, una banda de cumbia brinda su recital, a las afueras su equipo de producción se prepara para partir. “Volvimos a la normalidad”, afirmó un integrante de la producción, que lleva una campera con el lema de la gira “Dios está conmigo”. El joven asegura que en la jornada debían hacer ocho presentaciones en distintos locales bailables del Gran Buenos Aires. “Ahora tenemos que ir a La Plata”, afirma, mientras de fondo se escuchan los cánticos del público. En tanto, el equipo de seguridad acelera el ingreso de público para evitar aglomeraciones durante la salida de la banda.
Luego un grupo de cinco chicos y chicas, de unos 20 años, se acerca al filtro policial para poder ingresar. “Pónganse el barbijo”, les dice un policía. Los jóvenes, entre risas y un poco de incomodidad, responden que no tenían. “Vayan para allá, que en ese puesto venden”, les señala. Tres de los involucraron se van hasta el pequeño puesto que cuenta con dos carteles: “Ropero” y “Remises”. Cuando se disponen a comprar, los jóvenes se ven sorprendidos: “Son 200 pesos”, dice la vendedora. Los chicos entre risas compran cinco barbijos. Cuando se acercan a las vallas, uno de ellos dice: “El barbijo más caro del mundo”. Los demás integrantes aprovecharon el momento para sacarse una foto con su reciente adquisición
“Nosotros vinimos por el recital”, dice una de las pibas. “Lástima que ya termina”, dice el policía. Entre risas, la joven culpa a uno de los chicos por haber salido tarde. Este se desentiende preguntando: “¿Tan rápido?”. El policía responde: “Sí, claro. Dura 15 minutos”. Los jóvenes se ríen de la situación. “Bueno, ya que vinimos hasta acá. Esperemos que se saquen una foto con nosotros”, bromea uno de ellos.
Cuando abren las puertas del vehículo para introducir los instrumentos, una de las jóvenes pregunta “¿Nos podemos sacar una foto con el cantante?”. “Sí claro, solo esperen un poco”, asegura una de las integrantes de la producción, mientras la banda sale apurada por un portón negro. El grupo de fans se acerca a los músucis y les piden fotos. Algunos acceden sin dudar. “Dale Chino, rápido, apúrate”, dice un integrante de producción, asediado por los compromisos laborales. Momentos después, el cantante, que usa un saco azul brillante y una toalla que le tapa el rostro, sale del local de forma acelerada y se dirige hacia la cabina del acompañante del vehículo. Antes de partir, y luego de la insistencia de los fans, se baja del vehículo y se saca unas fotos con ellos. Luego se sube al vehículo y se va a toda velocidad del lugar, en donde casi rompe el paragolpes. Los chicos y chicas se quedan contentos por la foto.
El dilema de estacionar
En las cercanías del boliche de la calle Alem, no hay espacio libre para estacionar. El único lugar disponible es exclusivo para los autos de los personajes que actúan en el lugar. En el playón de estacionamiento, ubicado en frente del local, el costo es de 400 pesos.
En la bailanta de la calle Mosconi, los espacios de estacionamiento son limitados. Los cuidacoches ubican los vehículos en espacios increíblemente estrechos. El precio para estacionar en las cercanías del lugar es de 350 pesos y se debe pagar por adelantado. “Esto lo tengo que hacer porque si no se van sin pagar”, admite el acomodador de coches. El hombre, de unos 60 años, asegura que la afluencia de personas fue mayor en comparación a las semanas anteriores, donde el boliche estaba abierto, pero con un aforo menor y limitado solo para los recitales.
Los otros beneficiados
Uno de los grandes beneficiados de la noche de la calle Alem es un kiosko ubicado a una cuadra del boliche: sus ventas mayoritariamente provienen de personas que esperan ingresar al local bailable. “A esta hora, cigarrillos, bebidas y papas fritas fueron las cosas que más vendimos”, aseguró el kioskero, contento por el aumento de las ventas en comparación a las otras semanas. “A este ritmo, en verano no daremos abasto y de seguir así deberemos contratar más personal”, afirma el comerciante.
“¡Cómo necesitábamos tener un día como hoy!”, admite una señora que trabajaba en un puesto de guardarropa. “Por suerte los chicos confían en nosotros”, declara la comerciante, que tiene su puesto nocturno en la avenida Mosconi desde hace siete años.
En la esquina de la avenida Mosconi, un señor y una señora colocan una parrilla. Encienden el fuego con tranquilidad y recién a las 3 de la mañana, colocan los chorizos y hamburguesas en el fuego. “La venta empieza a fluir entre las 4:30 y 5:00, cuando los pibes salen del baile con hambre”. Los precios oscilaban entre los 100 y 300 pesos, de acuerdo al tipo de sándwich. “Ahora que vienen más personas, la venta va a mejorar. Alguna vez la suerte tiene que caer de nuestro lado”, cuenta el vendedor.
Mar 12, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía de archivo.
El alegato de la querella unificada en el juicio de lesa humanidad conocido como Contraofensiva Montonera finalizó ayer con las palabras del abogado Pablo Llonto en una jornada histórica. La querella intentó evidenciar en su exposición la coautoría que imputa a los acusados en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1981. Llonto pidió perpetua en cárcel común para todos ellos.
Los crímenes cometidos contra los militantes políticos que participaron de la Contraofensiva Montonera descansaron, hasta este momento, en la impunidad. Las treinta y seis familias de los montoneros desaparecidos continúan pidiendo justicia y rastreando información que les indique dónde están sus seres queridos. La investigación solo fue posible gracias a la búsqueda implacable de todos los documentos que pudieran probar lo que había ocurrido. Durante todos estos años los acusados vivieron sus vidas en sus casas, muchos de ellos en countries y barrios privados.
Uno de los rasgos más destacados de este juicio es la implicancia de las cuatro piezas de la maquinaria del Ejército: La Jefatura 2 de Inteligencia, el Batallón 601, el Destacamento 601 y la Inteligencia del comando del Instituto de Militancia. El Juicio de las Juntas fue el único en el que estuvieron involucradas todas anteriormente.
13º audiencia del Juicio en 2019.
Llonto explica cómo funcionaba esta maquinaria: “Todas estas piezas encrestaban perfectamente como los engranajes de un reloj y se alimentaba con información. Si no era preciso el funcionamiento, el reloj no podía andar”. Usaban como energía las órdenes y la logística que permitía el accionar: autos, armas, municiones, dinero, pasajes. Siempre avalados por la impunidad y muy organizados.
Los acusados son seis, aunque faltan muchos otros por investigar. Uno de ellos, Jorge Apa, se desempeñó como jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista» entre 1979 y 1980. Cuando fue interrogado había declarado ser solo un órgano asesor, pero su nombre se encuentra involucrado en varios documentos sobre tareas específicas confirmando que eso no era cierto.
El Batallón 601 se encargaba de proveer los interrogadores y toda la información que utilizaban las Fuerzas Armadas. Aquí estaban involucrados Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas quien, entre otras tareas, difundía en medios de comunicación las operaciones de prensa. Y Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad en el Batallón.
Todos los secuestrados de la Contraofensiva Montonera eran trasladados al centro de detenciones Campo de Mayo. Allí se esperaban Jorge Bano y Eduardo Ascheri quienes integraban la Sección Operaciones Especiales (SOE) y Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
De todos los acusados, solo Courtaux y Firpo se encuentran detenidos en centros penitenciarios. Este último por haber sido descubierto violando la prisión domiciliaria el año pasado, en Mar del Plata. El resto se encuentra en su casa mirando el desarrollo del juicio por computadora y solo Ascheri está sentado en el tribunal de manera presencial.
Las historias que forman parte de este Juicio son rememoradas por el abogado. Muchas de ellas con elementos comunes: hombres sin identificarse que entran a la fuerza a las casas y secuestran para torturar y desaparecer a los “subversivos” y trasladarlos junto a algunos de sus familiares a Campo de Mayo.
Llonto señala que uno de los acusados, Cousteaux, estuvo involucrado en una de las historias más fuertes que se han relatado durante el juicio. Es el caso de la familia Lanuscou, integrada por el matrimonio de Roberto y Amelia y sus tres hijos: una nena de cuatro años, un niño de seis y una bebe de seis meses llamada Matilde. Hombres armados entraron a su casa el 4 de septiembre de 1976 y allí mismo asesinaron a la niña mayor, al niño y a sus padres. Matilde aún continúa desaparecida. Cousteaux había sido nombrado por otro militar en su relato de lo que ocurrió esa fatídica noche.
Por este caso y todos los relatados se pide prisión perpetua efectiva en un centro penitenciario, sin goce de domiciliaria. Los motivos que sustentan este pedido y los hace coautores son cuatro para Llonto. Primero el hecho de que todos tenían el mismo objetivo: “El exterminio de la subversión”. También el diseño de un plan común que facilitaba todo el trabajo. A la vez que estaban todos al tanto de los hechos que se iban a realizar. Los imputados tenían el claro propósito de que el plan de exterminio tuviera éxito y no fracasara. Día a día hacían algo por este objetivo.
Tal como explica Llonto, los delitos de lesa humanidad no pueden entenderse con la teoría del delito individual. El abogado adelantó lo que la defensa iba a alegar al respecto: el principio de legalidad y la retroactividad. Al respecto aclaró que la desaparición forzada de personas es un crimen permanente que no cesa hasta conocerse el verdadero destino de la persona. Y es aun hoy que todos los acusados se niegan a revelar información sobre el paradero de las víctimas. Es un delito que continua cometiéndose todos los días.
“Pretenden ocultarse bajo la máscara de la cordura, tratar de dar lastima a los jueces para manejar información y controlarla porque son fríos y calculadores -expresó Llonto-, se los transforma en enfermos y en abuelitos para que los jueces no vean los delitos. Se marginan los crímenes y se logra una suerte de empatía”.
El Juicio se transmite en vivo a través de La Retaguardia.
La posición de la querella es que los acusados que tengan dolencias tratables en hospitales penitenciarios tienen que estar en prisión condenados por los crímenes de lesa humanidad y no en sus casas. Llonto advierte: “¿Quienes piensan que van a celebrar una sentencia condenatoria si escuchan que no se revocan las prisiones domiciliarias?”.
Finalmente, luego de una larga exposición Llonto terminó su discurso emocionado aclarando que la justicia no es utópica. “Queremos que sepan que atrás, en este camino hacia la justicia, vienen nietas y nietos, otras juventudes, otro pueblo que va a seguir reclamando por esos jóvenes que dieron todo y no pidieron nada, que tenían esperanza y apelaron a la resistencia, por esos jóvenes que creyeron en la fraternidad y en la igualdad. Ellos pedían lo mismo que nosotros: justicia”.
Dic 23, 2020 | Comunidad, Novedades
En un momento histórico donde la tecnología se volvió un medio imprescindible para el estudio o el trabajo de buena parte de la población mundial, la pregunta por los efectos de estar frente a una pantalla por muchas horas y a lo largo del tiempo, se hizo más presente. La virtualización de las relaciones sociales en diversos ámbitos de la vida se profundizó. Niños, niñas y adolescentes se enfrentaron a una mayor exposición a las pantallas. ¿Qué problemáticas plantea esta realidad? ¿Qué consecuencias produce el uso lúdico de las pantallas en los primeros años de vida y en la adolescencia?
El neurocientífico Michel Desmurget esbozó en su libro La fábrica de cretinos digitales: los peligros de las pantallas para nuestros hijos un llamado a la reflexión y a la acción sobre los efectos nocivos del uso recreativo de los dispositivos tecnológicos. Entre los numerosos discursos que celebran este uso y los que rechazan y desmienten cualquier resultado beneficioso, Desmurget toma posición: “¿Cómo es posible que, después de cincuenta años de coincidencia de resultados en las investigaciones, los padres sigan pensando que este tipo de productos tienen efectos positivos en el desarrollo de los niños?”, expresa en su obra. Los usos tempranos de los dispositivos digitales determinan en buena medida el consumo posterior. Además, los primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje y la maduración cerebral.
El Doctor en neurociencia ofrece investigaciones científicas como prueba y pone en cuestión los conceptos “nativos digitales” y “revolución digital” que para él se basan en el mito del Homo digitalis, el cual forma parte del imaginario colectivo. Frente a la homogeneización que difunden las leyendas sobre una población uniformemente hiperconectada, Desmurget expone datos que dan cuenta de situaciones heterogéneas relacionadas con las características socioeconómicas de los hogares. No existe una nueva generación uniforme de individuos expertos en el manejo y la comprensión de las herramientas digitales. Los niños, niñas y adolescentes hacen usos diversos de los dispositivos y el tiempo que le dedican también varía. Por lo tanto, para analizar el consumo de las pantallas, no hay que perder de vista el contexto del que cada uno forma parte.
El mito de los nativos digitales
Grandes porciones de la población mundial no tienen acceso a Internet, afirma Carolina Duek, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, investigadora del Conicet y docente. La especialista indaga en los usos que las infancias hacen de las pantallas, los consumos culturales y la socialización atravesada por la presencia de los dispositivos electrónicos. En el ámbito de la investigación, analizar el acceso a los dispositivos implica indagar en un perfil de clase social. “Uno de los grandes hallazgos de la pandemia tiene que ver con la absoluta visibilidad que tienen las desigualdades sociales, económicas, culturales y educativas en Argentina y en el mundo. No son nuevas pero sí se pusieron en evidencia de múltiples formas. Entonces creo que desnaturalizar el acceso es un buen primer paso para abordar el contexto cultural contemporáneo desde una perspectiva materialista”. En Argentina, como en muchas partes del mundo, las posibilidades de conectividad son desiguales y en estas condiciones han surgido iniciativas de las propias comunidades que se organizan para tender redes y garantizar el acceso a Internet.
Duek explica que si bien hay muchos artículos que dan cuenta, o por lo menos pretenden dar cuenta, de ciertos efectos de las pantallas en niños y niñas, no hay ningún estudio que sea concluyente cuyo diseño metodológico pueda ser extrapolable a múltiples países, regiones, clases sociales, entre otros factores. “Lo que aparece como impedimento es que las conclusiones tienden a ser parciales y a estar orientadas en función a las preguntas de investigación. Esto no es nuevo pero sí hay un afán particular en lo que respecta a las infancias, en tratar de sistematizar cuánto tiempo, cuántas horas, desde qué edad les hace bien o les hace mal estar frente a una pantalla”. Para la investigadora es importante primero preguntarse por el contexto sociocultural en el que vive ese niño o niña y luego se podrá evaluar qué efecto puede producir en términos conjeturales esa exposición. “Porque muchas veces frente a la soledad, contextos hostiles o responsabilidad de hermanos menores, ver la televisión, estar enganchado en YouTube o estar frente a una tablet, es mucho menos nocivo que presenciar situaciones de violencia”, señala.
Por otra parte, Duek coincide con lo que plantea Desmurget respecto al concepto de nativos digitales. Cree que hay que desnaturalizarlo así como romper con la idea de que por haber nacido en un momento histórico particular, ya sos “algo”. Respecto del uso patológico o preocupante de las tecnologías, Duek afirma que tenemos que pensar las pantallas en coexistencia con otros dispositivos y con otros espacios. Pero en contexto de pandemia encontrar un equilibrio ha sido desafiante, difícil e incluso hostil. “Porque no podés ver a tus amigos y amigas, incluso ahora que estamos en una fase más avanzada de la pandemia respecto de los permisos, la no escolaridad ha modificado muchísimo la experiencia cotidiana de niños y niñas en este 2020”. En este sentido, es relevante reflexionar sobre los usos educativos de las pantallas y no sólo los ociosos. El autor de La fábrica de cretinos digitales hace hincapié en el “uso idiotizante” de estas tecnologías, que predomina en comparación con las actividades que pueden ser enriquecedoras como las iniciativas pedagógicas y los recursos educativos a los que se puede acceder por medio de las herramientas digitales.
Las consecuencias sobre el desarrollo
En el mes de mayo la Sociedad Argentina de Pediatría compartió un comunicado en el que explicó que era posible que el tiempo de pantalla de niños, niñas y adolescentes aumentara ya que la continuidad escolar y las relaciones sociales se habían digitalizado. En ese marco, elaboró recomendaciones tomando como referencia las directrices de la Asociación Americana de Pediatría que pidió priorizar al niño o niña, el contenido y el contexto en el que utilizan las pantallas, recomendando límites más laxos. Antes de la pandemia sugería que los niños menores de dieciocho meses no utilizaran pantallas de ningún tipo y luego no más de una hora por día como máximo, menos de ser posible. Ya que la niñez es un período de crecimiento y desarrollo donde son fundamentales la tridimensionalidad del mundo real y la interacción humana.
De acuerdo a Desmurget, el uso de los dispositivos es tan sencillo que puede aprenderse en cualquier momento de la vida. Mientras que aptitudes básicas de la infancia y la adolescencia como el pensamiento, la reflexión, la concentración, el dominio de la lengua, la jerarquización de los vastos flujos de información que produce el mundo digital o incluso la interacción con los demás, son aprendizajes esenciales difíciles de adquirir con el paso del tiempo. Las experiencias tempranas tienen una importancia fundamental, asegura. Lo que ocurre en los primeros años de vida marca profundamente lo que viva a futuro un niño o niña. El aprendizaje se produce gradualmente y para el neurocientífico el uso de las pantallas puede obstaculizar la construcción de los primeros armazones y el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, el tiempo diario dedicado a las pantallas durante los primeros meses de vida, va en detrimento de las actividades destinadas a la interacción social, emocional y lingüística de los bebés con los adultos, de la observación activa del mundo, los juegos espontáneos y las exploraciones motoras.
Alejandro Maiche es Doctor en Psicología y forma parte del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA) de la Universidad de la República, donde investiga el desarrollo cognitivo en la niñez para comprender los procesos implicados en la adquisición de aprendizajes como el lenguaje, el cálculo numérico y la dimensión temporal y espacial. Consultado sobre la obra de Desmurget, señala que la preocupación puesta en la niñez y la adolescencia se debe a que en estas etapas se adquieren determinadas habilidades y existen períodos de alta sensibilidad, por ejemplo en la adquisición del lenguaje que está correlacionada a la interacción con otros hablantes. Estos períodos no son críticos, lo que significa que no son determinantes y que hay posibilidades de aprender algo nuevo en la adultez. Pero también en la adolescencia se construyen los criterios racionales y morales. “Hay algo en el uso pasivo, en el consumo de las emociones de los otros, que básicamente tiene un paradigma en Instagram y en YouTube. Los adolescentes usan estas plataformas para ver videos de gente jugando, de gente haciendo cosas que ellos no hacen. Está bien la figura del cretino en ese sentido, una masa de gente que consume lo que algunos elegidos hacen. El libro de Michel está bueno porque abre las preguntas para que otros podamos tomar”, afirma. Para Maiche estas aplicaciones son las que terminan triunfando en términos de tiempo diario dentro de los consumos digitales y entre los elementos de peso que atraen la atención de adolescentes y adultos se encuentra el celular. “Hay que, activamente, desactivar las notificaciones automáticas. El problema es cuando las cosas no son tu decisión. Creo que va a haber que regular a las empresas y regular las notificaciones automáticas. Previamente, hay que empezar a llamar la atención desde el lado científico y quizás está faltando obtener datos ciertos sobre las capacidades que se están perdiendo para que después los Estados empiecen a regular. Nadie se anima a decir “no” en medio de una pandemia. En este momento es complicado pero apenas pase, habrá que abordar este tema muy en serio”.
Maiche fue precursor en la idea de usar el despliegue de CEIBAL para la investigación. Se trata del Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, implementado en el 100% de Uruguay, que busca la inclusión e igualdad de oportunidades y garantiza el acceso a un dispositivo –laptops y tablets- de uso personal a cada niño, niña y adolescente. A través de este programa, junto a un equipo diseñaron intervenciones en la escuela usando juegos de tablets, que consistieron en pruebas y evaluaciones de las capacidades cognitivas de niños y niñas, y su impacto sobre las habilidades matemáticas. “Una de las cosas que explica Desmurget es que los adolescentes que parece que saben un montón de tecnología porque están todo el día conectados, no tienen idea de cómo buscar cierta información en un buscador, por ejemplo. Michel creo que lo dice bastante claro. Dice qué significa ser nativo digital. Debería querer decir que no creés cualquier cosa de lo que circula por Internet. Pero además hay un tema de labilidad emocional, como tu disposición psicológica es justamente la búsqueda de emociones rápidas, vas a ser proclive a lo que te venda una pseudoemoción rápida”.
Un consumo fuera de control
Desmurget advierte los efectos de los usos abusivos de las pantallas y para explicarlos diferencia qué pantallas se utilizan diariamente, cómo y quiénes las usan. Ya que asevera que el consumo no es homogéneo y que delimitar las modalidades de consumo digital de una población no es sencillo. Para explicar estos efectos, retoma investigaciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos, que convergen con las observaciones de otros países similares económicamente como Francia, Reino Unido, Noruega o Australia. El tiempo de exposición a la televisión, los móviles, las tablets, las videoconsolas y las computadoras, destinado a contenidos audiovisuales, redes sociales e Internet, y a los videojuegos, varía desde el primer año de vida hasta los 18 años y de acuerdo a las características socioculturales de cada hogar. En términos generales, Desmurget define tres pilares básicos del desarrollo que corroen las pantallas: las interacciones humanas, el lenguaje y la concentración. Socializar en la “vida real”, desplegar la capacidad verbal y estructurar el pensamiento, quedan en un segundo plano frente al uso abusivo de los dispositivos.
Desmurget no apela a la prohibición o restricción pero sí propone alertar y comunicar sobre las consecuencias que puede producir la exposición a las pantallas lúdicas. Así como expone las omisiones de la industria digital respecto a los productos que comercializan y el lobby que ejercen en el ámbito de las políticas públicas. A su vez, realiza una fuerte crítica a especialistas y periodistas que ponen por delante del interés colectivo el afán de lucro, y comunican las investigaciones respecto a este tema sin rigor.
El neurocientífico destaca la necesidad de explicar desde la infancia los motivos de los límites que se establecen respecto a estos usos, entre ellos las consecuencias negativas en el sueño, la salud, el rendimiento escolar, la inteligencia y la capacidad de concentración. Además es un uso que va en detrimento del tiempo que podría ser dedicado a actividades enriquecedoras como leer, tocar un instrumento, practicar un deporte o hablar con otras personas.
No hay ningún estudio que indique que carecer de pantallas para las actividades recreativas conduzca al aislamiento social ni a ningún tipo de trastorno emocional, señala el investigador francés en su libro, publicado antes de la pandemia. En cambio el impacto negativo en la salud, producto del consumo de pantallas durante el tiempo de ocio, se puede observar en muchos efectos perjudiciales. Entre ellos, una alteración grave del sueño, un incremento en el nivel del sedentarismo y la exposición a contenidos inadecuados o de riesgo (relacionados con el tabaco y el alcohol, la violencia, el sexo y los trastornos alimenticios), ya que son prescriptivos y modelan representaciones sociales que inciden en el comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Frente a esta problemática, propone establecer normas para que el tiempo de consumo se mantenga por debajo del umbral a partir del cual comienzan a aparecer los efectos negativos. En dosis moderadas las pantallas no dañan y un consumo reducido puede dar lugar a otras actividades de socialización, deportivas, artísticas e intelectuales, o incluso el aburrimiento que también es parte del desarrollo.
El tema, ya complicado, se vuelve aún más complejo aún en tiempos de pandemia. No queda duda de que especialistas de todo tipo, sobre todo piscólogos, sociólogos, educadores y neurocientíficos deberán comenzar a establecer un debate que dé un marco razonable y fundamentado a la discusión y eventuales campañas desde el Estado.
