¿Desapareció la clase media?

¿Desapareció la clase media?

Ingresos, ocupación, consumo, educación, herencia, valores. ¿Qué define hoy a la clase media en Argentina? Es una categoría en permanente transformación pero que aún organiza identidades y disputas sociales, aunque sus fronteras están cada vez más difusas.

“La Argentina es un país de clase media”. Durante décadas esa frase funcionó como un mantra nacional. Pero esa categoría, alguna vez asociada a la movilidad social y a los consumos culturales, hoy aparece cada vez más puesta en cuestión.

En general, se tiende a identificar como clase media a quienes están por encima de la línea de pobreza. Sin embargo, esa definición resulta cada vez menos convincente. Un informe reciente de la Consultora W, basado en datos del INDEC, estimó que el 43% de los hogares argentinos pertenece a este sector. La clasificación se apoya en variables como la Encuesta Permanente de Hogares, la Canasta Básica Total y los niveles salariales, siguiendo una lógica esquemática de: “decime cuánto ganás y te digo a qué clase social pertenecés”.

Sin embargo, para Eduardo Chávez Molina, investigador de la UBA y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una definición basada en ingresos es insuficiente: “Las lecturas más mediáticas consideran clase media a quienes tienen ingresos medios. Generalmente, eso implica estar por encima de la línea de pobreza. Pero eso no alcanza”.

Según el investigador la clase media no se define exclusivamente por sus ingresos ni por lo que posee sino por el lugar que ocupa dentro de la estructura económica. “En general, las clases medias se asocian a tareas de servicios, a actividades no manuales”, precisa. Sin embargo, reconoce que con eso tampoco alcanza en estos tiempos y suma factores que permiten pensar en una clase media que, a pesar de todos los cambios, cuenta con recursos para sostenerse. Uno de ellos, dice, es el familiar: “La baja tasa de natalidad en CABA incide. Quizá tengo peores ingresos, pero tengo más bienes, porque como la abuela o la tía no tenían hijos, lo que tenían se fue heredando”. No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

Entonces ¿qué pasa hoy con la clase media? ¿Es algo que se hereda? ¿Cómo afecta la situación económica de los últimos años al bienestar y a la reproducción de este sector en la Argentina? Chávez Molina describe un panorama dividido: “Hay una situación polarizante. En el sector servicios, que es el prototipo de la clase media, tenés empleados de comercio que atienden una tienda de venta de medias y también tenés empleados que saben informática, que programan, que tienen ingresos elevados, ya sean en pesos o en divisas”.

Pero la clase media argentina no puede pensarse aislada. También se inscribe dentro de una estructura social regional con características particulares. “Argentina, junto con Uruguay, Brasil y Chile, tiene una clase obrera con trabajadores industriales altamente calificados, algo que la acerca a los parámetros de clase de los países centrales”, explica Chávez Molina. “Esos sectores como los técnicos del petróleo, de la industria farmacéutica o del plástico conviven con otros más precarizados, sobre todo en el ámbito de los servicios. Esta configuración es distinta a la de los países andinos y centroamericanos, donde la proporción de población dedicada a actividades rurales llega al 30 o 35%, mientras que en el Cono Sur ronda apenas el 5%”.  “Eso marca diferencias importantes a la hora de pensar cómo se constituye la clase media en la región”, señala el sociólogo.

 

El rol de los libros

Más allá de su ubicación en la estructura económica, otras miradas ayudan a ampliar la tarea de armar el rompecabezas de la clase media. Ana Wortman, investigadora cultural del Instituto Gino Germani, doctora en Ciencias Sociales y docente de Teoría Sociológica en la UBA, aporta una perspectiva que pone el foco en las prácticas culturales: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo muy tempranamente una gran cantidad de teatros, donde ir al teatro no era algo de la clase alta. Estaba incorporado. Y así se fue constituyendo también la clase media”. Esa constitución no fue solo por el empleo asalariado o el crecimiento del comercio y la administración pública, sino también por lo que ese ingreso habilitaba: “Permitía proyectar, ahorrar. Y junto con ese bienestar económico, también estaba la idea del teatro, y cine. Esas eran las metas de la clase media. Tener una biblioteca en casa era parte del sueño. Hoy, para muchos, es un lujo” agrega.

 

Ese modelo, sin embargo, empezó a desdibujarse en la dictadura y luego en las décadas de los 80 y 90, cuando “ya era cada vez más difícil comprarse un departamentito de dos o tres ambientes, como había sido para generaciones anteriores que trabajaban 20 años en un empleo público, ahorraban y se lo compraban. Vivían muy austeramente, pero había estabilidad y esa cosa de mirar hacia el futuro, de sacrificarse”. Este cambio se refleja claramente en el último censo: en la Argentina, solo el 65,5% de los habitantes vive en viviendas propias, un fuerte descenso respecto al 71% registrado en el censo de 2010.

Por otro lado, con la inflación constante y la pérdida de capacidad adquisitiva, prácticas culturales antes extendidas se fueron elitizando: “Muchos de esos consumos culturales se encarecieron. Hay sectores de clase media que siguen yendo al teatro o al cine, pero hay otros a los que ya no les importa tanto” amplía Wortman. Para dimensionar esta transformación, según datos de Ultracine, 2024 fue el peor año en asistencia al cine desde 2014 cuando se inicio de esta medición en particular y exceptuando los años de pandemia. Ese año se vendieron 8 millones de entradas menos que en 2023, 12 millones menos que en 2019 y 15 millones menos que en el récord histórico de 2015. Este escenario nos presenta una clase media dividida: “Hay un proceso de polarización, de producir una sociedad de pobres y de ricos, y de una clase media baja. Ya no aparece más la clase media-media, como antes”.

No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

A ese caleidoscopio que admite miradas distintas se suma la confusión subjetiva. La socióloga Manuela Leiva advierte que “nadie sabe cómo se define la clase media, pero mucha gente sí se define como tal”. Esa percepción, asegura, se sostiene en factores como la educación universitaria o ciertos cargos de autoridad laboral, incluso cuando las condiciones materiales no acompañan: “Muchas personas asalariadas, sin propiedad de medios de producción, creen pertenecer a la clase media porque tienen un título o manejan a otros trabajadores. Eso les da una posición algo más favorable, pero no necesariamente estable”.

En esa línea, Leiva también cuestiona el avance de discursos meritocráticos vinculados al emprendedurismo: “Hay una idea extendida de que si hacés lo tuyo, si no vendés tu fuerza de trabajo, podés ascender. Es el ‘el que quiere, puede’ neoliberal. Pero muchas veces se

esconde una situación de precariedad y explotación. Trabajadores de apps como Uber o Rappi suelen ser presentados como pequeños empresarios, cuando en realidad reproducen lógicas de subordinación sin derechos laborales plenos”.

Pese a estas señales de cambio o declive de la clase media ciertos valores parecen persistir. Wortman destaca especialmente el peso simbólico de la educación pública superior: “Me parece que eso sigue estando y que es muy fuerte. Por eso fue tan importante la movilización del año pasado en defensa de la universidad pública. Creo que fue más masiva que otras. Y eso me parece que es algo muy distintivo de la sociedad argentina y que hace a la clase. Es del conjunto de la sociedad, pero más de la clase media”. En un escenario donde muchos de los soportes tradicionales de este sector se debilitan, la educación superior pública parece persistir como uno de los últimos bastiones simbólicos. “Hay un reconocimiento de que el título universitario te da un lugar social de pertenencia, incluso más que el dinero”, explica, apelando al concepto de capital simbólico de Bourdieu.

Ese reconocimiento trasciende a los sectores históricamente ligados a la universidad. La expansión del sistema público en el conurbano y el interior del país refuerza su función como herramienta de movilidad: “La existencia de universidades en zonas como José C. Paz o en Florencio Varela hace que los chicos terminen el secundario. Es un factor de motivación tener una universidad cerca”. Según datos oficiales, la matrícula universitaria en instituciones nacionales no ha dejado de crecer, superando los 2,5 millones de estudiantes. Este proceso no solo amplía el acceso, sino que también fortalece el valor simbólico de la universidad como un puente hacia la integración social.

Más que una identidad fija o una posición fácilmente delimitable, la clase media aparece como una cuestión abierta, en permanente disputa. Quizás ahí, en esa inestabilidad, es en donde reside su persistencia.

La universidad sale otra vez a la calle

La universidad sale otra vez a la calle

Un paro docente de 48 horas preanuncia una nueva movilización masiva para la semana que viene. La comunidad universitaria exige recomposición salarial y aumento presupuestario. Malestar por la amenaza de Milei con vetar la Ley de Financiamiento y por el magro 6,8% de aumento que ofreció el gobierno.

Ante la emergencia salarial del personal docente y no docente, los sindicatos convocaron a un paro de 48 horas y una nueva marcha federal educativa el próximo 2 de octubre. La medida de fuerza es una respuesta en un contexto de ajuste y un casi congelamiento salarial. Por eso, los gremios exigen una recomposición salarial y una mayor asignación de partidas. “Por salarios dignos y presupuesto universitario” y “No al veto de la Ley de Financiamiento Universitario” son las consignas bajo las que la Asociación de Docentes y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, ADUBA y APUBA, convocaron a las movilizaciones, con una alta adhesión de sindicatos docentes del resto del país. 

Aunque la multitudinaria movilización del pasado 3 de abril logró actualizar las partidas universitarias de gastos de funcionamiento de las instituciones educativas durante el primer cuatrimestre, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el pedido de un aumento salarial para los trabajadores educativos y la denuncia de que el presupuesto para 2025 los recursos son insuficiente, impulsaron una nueva jornada de protesta. 

“Los motivos fundamentales de los paros de este año como de la marcha del 2 de octubre  es la recuperación de nuestro salario frente a una pérdida como nunca tuvieron”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, y continúa: “La pérdida salarial afecta enormemente a los equipos docentes y no docentes, y también a los de investigación. El 50% de la investigación argentina se realiza en universidades, el otro 50 en el CONICET. En ese sentido, con los bajos salarios que tenemos tanto los docentes como los no docentes, se está generando la renuncia de trabajadores. Tenemos una cantidad inmensa de docentes y no docentes que plantean dejar la dedicación exclusiva para pasar a una dedicación parcial que les permita dedicarse a otras actividades que les impliquen mejores ingresos”

En línea con esto, Darío Capelli, delegado en la Facultad de Ciencias Sociales del sindicato FEDUBA, dijo a ANCCOM: “La pérdida del salario docente en relación al costo de vida es de alrededor del 50 % desde que asumió el gobierno de Milei”, y agregó. “Tenemos una ley votada en ambas cámaras que actualiza el presupuesto universitario y nuestro salario con retrospectiva a diciembre de 2023, pero el presidente ya anunció que esa ley, al igual que con cualquier otra norma votada por los representantes del pueblo que no se ajuste a lo que él mismo llama déficit cero, lo va a vetar. Para que no se produzca ese veto, o para que en todo caso se revise en el Parlamento es que nos movilizaremos el 2 de octubre”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en Congreso, permite una actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades, además de una recomposición retroactiva por el índice de inflación desde diciembre del año pasado. Ante esto, Milei contestó en X a través de su cuenta: “Veto total”.

Además de este paro de 48 horas, entre las medidas de fuerza  se prevén acciones de visibilización con clases públicas y charlas. Además, el martes 24 a las 10 horas se realizó un Abrazo al Hospital de Clínicas. Finalmente, las medidas culminarán con una marcha universitaria hacia las inmediaciones de Congreso el miércoles 3 de diciembre, como espejo de la movilización de abril.

«Los sujetos de la movilización no fueron solo los trabajadores y trabajadoras de la universidad”, afirmó Capelli sobre la convocatoria del primer cuatrimestre y completó: “El conjunto de la sociedad había tomado el problema universitario del acceso a la educación superior como un problema propio. En ese sentido, la sociedad en su conjunto se movilizó, no solo la comunidad académica. La sociedad organizada como comunidad académica, la sociedad que asume la universidad como un derecho colectivo”.

 “El conjunto de demandas que hicieron que la sociedad se movlizara en defensa de la universidad no fue atendido por el gobierno -comenta Capelli-. Sólo una de esas demandas y de manera parcial, y con eso el gobierno salió a decir que las universidades ya no tenían motivos para protestar. Todo lo que tiene que ver con actualización de los salarios o la garantía salarial, no fueron atendidos. Solo se actualizó en parte el presupuesto para los gastos de funcionamiento. Y esto en parte, porque en realidad, para que la facultad garantice su funcionamiento adecuado, debe actualizar los salarios de sus trabajadores, sobre todo tomando en cuenta el índice inflacionario.”

 Con la alta adhesión al paro y ante la gran convocatoria que se espera para la marcha universitaria de la próxima semana, el gobierno nacional convocó el mismo jueves 26 a paritarias a las 16 en el Palacio Pizzurno. Este llamado, según un comunicado de AGD UBA, fue un intento fallido de sofocar las movilizaciones. El gobierno ofreció solo un aumento de 6,8 % para octubre, y nada para noviembre y diciembre, es decir, menos de una décima parte de lo que se reclama por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2024. En esta reunión, además, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste para el presupuesto del próximo año.

 “Por lo pronto, vamos a la marcha del miércoles 2 y veremos el escenario. Desde nuestro sindicato, creemos que hay que profundizar las medidas si no hay respuesta”, concluyó Celotto.

 Por otro lado, Capelli agrega: “Nosotros así no podemos continuar. La licuación de nuestros salarios incide no solo en nuestras vidas, la organización de nuestro hogares, sino que incide negativamente en decisiones de carácter pedagógico, como comprar un libro o pagar una fotocopia.”

El gobierno intenta frenar la búsqueda de los nietos desaparecidos

El gobierno intenta frenar la búsqueda de los nietos desaparecidos

A través de un proyecto de decreto, Abuelas de Plaza de Mayo tomó conocimiento de la intención de eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado. Salió a denunciarlo y pedir que se revea la medida.

Un proyecto de decreto impulsado por el Poder Ejecutivo intenta cerrar la Unidad Especial de Investigación (UEI) para la búsqueda de niños desaparecidos como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. La información se filtró y alarmó a Abuelas de Plaza de Mayo que salió a denunciarlo un comunicado de prensa: “La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”. Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido por Abuelas y actual miembro de la Comisión Directiva de la organización, detalló: “Desde el punto de vista de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia esto es algo gravísimo, pero hay que entender que se están llevando puesto todo, es un desgobierno, no hay una sola medida a favor de la ciudadanía”.

El decreto se filtró el miércoles y solo necesita la firma del presidente Javier Milei para entrar en vigencia, por eso desde distintas personalidades y organizaciones salieron a manifestarse solicitando al gobierno que revea la medida. Verónica Castelli, hija de desaparecidos quien desempeñó tareas en la UEI, remarcó que “la medida va en la línea del gobierno, que viene reivindicando a la dictadura militar desde su campaña, pero igualmente apelamos a la reflexión porque Argentina es reconocida en materia de Derechos Humanos y esto implicaría un retroceso”.

La UEI fue creada en 2004 a través de un decreto, dentro de la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.Di.). “La Unidad se funda en el marco de un pedido histórico de todos los organismos de derechos humanos, de los familiares y de los sobrevivientes del golpe al Estado Nacional para que se abran los archivos para saber qué pasó con todas y todos los desaparecidos”, señaló Castelli, quien además explica que “a través del decreto lo que se hizo fue habilitar a la Co.Na.Di funciones de investigación que le permitan acceder a toda la documentación con la que ya cuenta el Estado Nacional”. 

Castelli integró la agrupación H.I.J.O.S, querelló en juicio de lesa humanidad y se encontró con su hermana, que estuvo apropiada durante 31 años, en julio de 2008. Ella sabe de la importancia de las herramientas desplegadas por el Estado durante estos 40 años de democracia. Sobre su paso por la UEI reflexiona: “Es algo que me llena de orgullo, que me permitió y me permite llevar adelante algo de lo que siempre fui consciente y es que en este país, lamentablemente, en el inicio de la democracia las victimas tuvimos que aprender a repararnos a nosotras mismas, tuvimos que volvernos investigadores, tuvimos que aprender de derecho para poder hacer lo que el Estado no hacía y después, de a poco, el Estado fue tomando toda nuestra experiencia y me parece súper importante un Estado que defiende los derechos de la gente y la UEI existe porque es un derecho de la sociedad argentina”.

Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido por Abuelas y actual miembro de la Comisión Directiva. Archivo. 

“No es cierto que cada uno de los poderes del Estado cumpla solo con la función primaria que le compete, así como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de administrar, también cumple con tareas  legislativas, sino no podría emitir decretos por ejemplo”, dice Pérez Roisinblit.

En el proyecto de Decreto que busca eliminar la UEI, el argumento central es la superposición de funciones del Poder Ejecutivo Nacional por tratarse de temas que competen al Poder Judicial. Para Verónica Castelli este argumento no es válido, porque “es importante que los tres poderes del Estado se comprometan con la búsqueda de los chicos, ya no tan chicos, apropiados por la dictadura militar”. En este sentido, Pérez Roisinblit sostiene que “no es cierto que cada uno de los poderes solamente cumple con la función primaria que le compete, así como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de administrar, también cumple con tareas legislativas, sino no podría emitir decretos por ejemplo”. Castelli también explica que “la importancia de la UEI radica en que permite realizar investigaciones de las miles y miles de denuncias que el pueblo argentino acerca cotidianamente para esclarecer la identidad biológica de muchas personas sin necesidad de abrir un proceso judicial”. 

La política del Gobierno de Milei en materia de Derechos Humanos es fuertemente criticada por diversos organismos nacionales e internacionales y esta medida solo aumenta tensiones “que se haya filtrado un proyecto de decreto de este tipo no es poco, creo que están tratando de medir la reacción de la sociedad ante esta medida”, sostiene Pérez Roisinblit. En lo que se refiere a las medidas que tomarán desde Abuelas de Plaza de Mayo, Pérez Roisinblit explayó: “Vamos a recurrir a las distintas instancias, si tienen que ser las nacionales serán las nacionales y si tienen que ser las internacionales, serán las internacionales”.

“El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja”

“El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja”

“La Universidad de Buenos Aires nos obligó a convertir todas nuestras clases presenciales en virtuales, de un día para el otro”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGDUBA) y agrega: “El desgaste físico, laboral y psicológico al que hemos estado sometidos los docentes, estudiantes y las familias, ha sido enorme”.

ANCCOM también dialogó con Daniel Ricci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA): “Los docentes nos vimos atravesados por una situación de emergencia, pero entendimos que mutar a las clases virtuales era una opción para que los estudiantes no perdieran años de cursada. Nosotros siempre defendimos que primero está la salud antes que la educación”.

“Todo el año pasado hemos trabajado nosotros, los estudiantes, los no docentes y las familias en mantener la vinculación pedagógica. Los docentes trabajan en las peores condiciones, con conectividad y equipamiento que pagan de sus propios bolsillos, lo que niega la supuesta gratuidad de la universidad pública”, se queja Celotto.

AGDUBA realizó una encuesta en mayo de 2020, que respondieron 1890 docentes, para relevar la situación. Con respecto a la modalidad virtual, un 77,2% contestó que se siente más precarizado, contra un 22.8% que respondió que no. La carga horaria laboral se vio afectada: pasan horas detrás de la pantalla para dar clases, corregir parciales y trabajos prácticos, y atender consultas de los estudiantes. “Se produjeron situaciones de agotamiento, de estrés y depresión muy marcadas. No tuvimos feriado ni derecho a la desconexión –reflexiona Celotto–. Hubo un montón de docentes que comenzaron sus trámites jubilatorios, porque no querían dar más clases de esta forma”.

Según Ricci, “la profesión docente es elevadamente flexible, donde no hay ni hubo nunca límites de horarios. El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja, porque más allá del aula, hay un tiempo de corrección, preparación de clase, reuniones de cátedra”. Sin embargo, la pandemia “agudizó esta situación, se observó una ansiedad por parte de los alumnos porque mandaban un mail a las doce de la noche de un domingo”.

“Entre ADUBA y la Secretaría Académica de la UBA hicimos un curso sobre especialización en docencia virtual para brindar herramientas y capacitación a los docentes, participaron cerca de ochocientos”, destaca Ricci. No obstante, desde AGDUBA sostienen que no hubo tal capacitación y “muchos docentes tuvieron que adecuarse a usar programas nuevos a la fuerza o viendo tutoriales por Internet”.

“Lo que pasó ya pasó, habría que haber actuado de otra manera antes del comienzo del cuatrimestre”, expresan desde AGDUBA, pero hacia adelante reclaman que “la UBA o el Ministerio de Educación tome la responsabilidad del equipamiento tecnológico, que se reglamente el derecho a la desconexión y se cumpla con la carga horaria de trabajo”. Desde ADUBA coinciden y plantean que “el Estado, a través de las universidades, es el que tiene que darle las herramientas tecnológicas a los docentes para que puedan cumplir adecuadamente su trabajo”.

Ricci cuenta que desde la Asociación pidieron que se reactive el plan Conectar Igualdad pero que se incluya a los docentes y estudiantes universitarios: “Es una opción para poder dictar las clases virtuales. Por eso, debe ser trasladado a todos los niveles educativos”.

Ambas entidades gremiales defienden la presencialidad en las aulas. “No creemos que se pueda reemplazar lo presencial con lo virtual: lo que se genera en el aula, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, el vínculo entre docente y alumno”, opina Celotto y se pregunta: “¿Cómo se genera eso cuando muchos alumnos tienen problemas de conexión y el docente habla con cuadraditos negros?”.

Ricci cita a Paulo Freire, el pedagogo brasileño del que se cumplen en septiembre cien años de su nacimiento: “Todos aprendemos en el aula y eso es irremplazable”. Pero con respecto a lo virtual, considera que “las plataformas tienen que ser una herramienta que debe estar a disposición para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un cambio tecnológico, como en su momento fue la imprenta, pero hay que utilizarla desde lo pedagógico”, y rescata que lo virtual puede ser beneficioso en algunas circunstancias: “Pienso en una clase de exposición que dicta un docente en la presencialidad, con doscientos alumnos, allí se pierden las voces, no se escucha bien, no cabe lugar para todos los oyentes. En cambio, en ese caso, la plataforma virtual permite mejores condiciones”.

Las clases virtuales no son posibles para todas las facultades de la UBA, hay muchas que por sus características requieren sí o sí una presencia en las aulas. “Hicimos un acuerdo con las autoridades de la Universidad, siempre protegiendo la salud tanto de docentes como los no docentes y estudiantes, para construir protocolos para aquellas materias que tengan que cursarse en laboratorios o referidas a la salud”, afirman desde ADUBA y añaden: “¿Qué pasaría si uno va a atenderse con un médico u odontólogo que se recibió de manera virtual?”. AGDUBA confirma esta situación y destacan que “ya hay clases presenciales en carreras como Farmacia, Medicina, Agronomía, Veterinaria, Odontología, Ingeniería, sobre todo en materias que tienen mucho trabajo de campo”. Allí se dictan tanto clases virtuales y presenciales, con un aforo estricto y cumplimiento de protocolos.

La vuelta a las clases presenciales durante los próximos cuatrimestres puede ser una opción. La Facultad de Derecho comenzó este cuatrimestre con la iniciativa y pueden sumarse otras el próximo año. “Queremos una presencialidad con condiciones sanitarias, epidemiológicas y de infraestructura –enfatiza Celotto–. Ojalá podamos tener contralada la pandemia, estar vacunados tanto docentes como estudiantes y que las variantes del covid-19 se hayan esfumado”. Desde ADUBA, Ricci piensa que “el año que viene se va a comenzar a recuperar la presencialidad, pero las clases virtuales no van a desaparecer”.

Otra de las luchas del sector son los salarios: “Tuvimos una paritaria baja, nos castigaron con los sueldos. Un mes antes de comenzar la pandemia, el Gobierno nos anuló la cláusula gatillo que habíamos conquistado el año anterior, y que nos iba a equiparar el salario con la inflación hasta febrero 2020, y recién nos dieron un reconocimiento de gastos en abril del 2021, pero fue sólo mil pesos por mes de abril hasta diciembre”, subraya Celotto.

“En este momento, hay una reapertura de nuestra paritaria, teniendo en cuenta que el acuerdo salarial que firmamos por este año es de un 35% pero producto del proceso inflacionario ha quedado atrasado, y lo que nosotros estamos pidiendo ahora es incorporar 10% más entre septiembre y octubre, así por lo menos empatar a la inflación”, sintetiza Ricci.

Desarmar al machismo también salva vidas de varones

Desarmar al machismo también salva vidas de varones

¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.

“Ambas organizaciones creemos que es clave modificar comportamientos y prácticas en espacios institucionales”, asegura Lucía Sucari, coordinadora de Comunicaciones de Fundación Kaleidos. Los objetivos de la campaña son evidenciar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud y la de sus entornos, y desarmar los estereotipos que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a diversos malestares.

“Aquellos estereotipos que se van reproduciendo en las crianzas, enseñanzas y a través de la socialización en las escuelas, se traducen en más vulnerabilidad para los varones en el acceso y el cuidado de su propia salud”, afirma Daniela Giacomazzo, psicóloga y coordinadora del equipo de expansión comunitaria y especialista en ESI de Casa FUSA.

Entre las conductas de riesgo usualmente llevadas a cabo se encuentran el demostrar resistencia a alcohol y drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad, tener sexo sin protección o subestimar el cuidado de salud mental. Un capítulo aparte merece el último punto ya que, según las estadísticas, son los hombres quienes encabezan las listas cuando de suicidio se trata. “La creencia de que los varones tienen que ser fuertes y el no poder mostrarse sensibles o pedir ayuda son factores que van obstaculizándolos muchas veces para hablar de lo que les pasa y solicitar ayuda”, expresa Giacomazzo.

Pero el vínculo entre la alta tasa de muertes y el machismo no termina ahí: el modelo tradicional de hombría también alcanzó a los cuidados que implica el coronavirus. Si bien se observan porcentajes similares de varones y mujeres contagiados, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los primeros representan un 58% del total de los fallecidos. Esto sucede, entre otras cosas, porque las normas de la masculinidad hegemónica llevan a que se cuiden en menor medida y utilicen menos o de peor manera el barbijo. El resultado no solo los afecta a ellos sino a quienes los rodean y quedan expuestos al riesgo de contagiarse.

La necesidad de probar que se cumple con los mandamientos de la virilidad hace mella sin importar la edad. Sin embargo, ambas organizaciones entienden que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la masculinidad. Por eso, la campaña está dirigida principalmente a ellos. Aun así, además de apuntar a este grupo en particular y a la sociedad en general -porque estos mandatos no solo son reproducidos por los varones-, la iniciativa busca llegar a los adultos que los acompañan en espacios como centros de salud, instituciones educativas o la misma familia, por un lado, y a las políticas públicas, por otro.

Para Giacomazzo, una de las barreras a la hora de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que hacen al cuidado y la prevención en materia de salud masculina es que, muchas veces, en el imaginario social se entiende la únicamente refiriendo a mujeres cuando, en realidad, implica entender cómo las estructuras, los mandatos, la socialización y los estereotipos generan diferentes consecuencias para mujeres, varones y disidencias.

Las asociaciones proponen abordar las políticas públicas desde tres lugares: con programas para prevenir la violencia machista; con iniciativas para el cuidado de la salud mental de los hombres, que busquen prevenir o mitigar el estrés, la depresión y el suicidio; y, por último, pensando políticas que tengan en cuenta cómo las practicas masculinas influyen en sus comportamientos.  Por sobre todo, la tarea de las organizaciones es impulsar el cuestionamiento de lo que se nos fue enseñado. Cuidar la salud también es de varón.