Abr 19, 2023 | Comunidad, Destacado 5
Frente a un escenario con cuestionamientos y reclamos acerca de la internación involuntaria de los pacientes los expertos en salud mental exponen cuales son los avances y las problemáticas de la normativa.
Según una encuesta nacional realizada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en 2019, el 30% de la población argentina consultó a un profesional de salud mental en los últimos doce meses. Esta cifra incluye no sólo a psicólogos, sino también a psiquiatras y trabajadores sociales que brindan atención en el área.
A este clima general en salud mental se sumó en los últimos meses, a partir de varios casos amplificados por los medios de comunicación, un cuestionamiento al Artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) que establece: «La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.
Entre los propulsores de la reformulación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, se encuentran justamente dos personas públicas: Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, y Tamara Pettinato, hermana de Felipe y ambos hijos del famoso músico y conductor Roberto Pettinato. Tanto Chano como Felipe padecen consumos problemáticos y afecciones graves desde hace muchos años. A partir de sus adicciones y la falta de una atención médica adecuada protagonizaron múltiples episodios preocupantes que se hicieron públicos.
En el caso del cantante de Tan Biónica, un policía ejecutó un tiro en su abdomen, mientras se resistía a ser trasladado a un centro de salud mental. Por su lado, el departamento de Felipe Pettinato se incendió y falleció su médico neurólogo, Melchor Rodrigo.
Avances
“La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) constituyó un hito importantísimo en el camino hacia la transformación de nuestro sistema de atención en salud mental”, explica Mariana Moreno, Directora Nacional de la Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones. “Esta norma se sancionó el 25 de noviembre del año 2010, y contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales especializados en salud y derechos humanos y de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil”. Según la especialista, “Este enfoque y el proceso de transformación de las prácticas en salud mental, sin duda impactan positivamente en el cuidado de la salud de la población, ya que garantiza que todes tengamos acceso a la atención integral, de manera gratuita e igualitaria”.
Uno de los aspectos fundamentales para la reformulación de la ley es que toda la población pueda acceder a un centro de salud mental y que se cumpla con los requisitos de atención y equipamientos necesarios para cada caso en particular. “Sigue siendo un problema asegurar que muchas personas externadas tengan garantizada una eficaz atención y seguimiento”, reconoce Juan Pinetta, psicólogo psicoanalista, encargado de la Comisión de Enlace Legislativo de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “Más allá de la Ley Nacional de Salud Mental, aún sigue siendo difícil la incorporación de mayor cantidad de psicólogos en las Jefaturas de Salud Mental en la mayoría de las instituciones. Esto no se ha logrado, salvo contados casos, ya que las áreas de Salud Mental en hospitales sigue siendo un área de primacía exclusivamente médico-psiquiátrica”.
Con respecto a la cuestión puntual que alcanzó cierto debate en los medios, el especialista considera que “es un problema de difícil acuerdo, sobre todo entre el mundo de la psiquiatría y el de la psicología cuando funcionan por separado. Otra cosa es cuando se piensa en interdisciplina, como en mi caso. En este sentido, uno de los principales problemas es que el paciente con riesgo para sí o para terceros que puede decidir su no internación en caso de estar lúcido en el momento de tomar tal decisión”. Este artículo debe gestionar el delicado equilibrio entre el riesgo y los derechos, una tema nada fácil.
“La ley buscó terminar con abusos en internaciones forzosas”, continúa Pinetta. “Indudablemente es un gran avance, pero en situaciones de difícil tramitación, por ejemplo en pacientes con fuerte ideación suicida, intentos suicidas, accidentes reiterados, anorexias extremas, cuadros graves bien estructurados en la interacción social, creo que hay que lograr una buena gimnasia de trabajo interdisciplinario donde puedan establecerse buenas decisiones de internación. Quizás con controles legales eficaces para evitar abusos, que es lo que más se teme. Es difícil lograr el equilibrio”.
Moreno coincide en que los trabajos interdisciplinarios juegan un papel fundamental en lo que respecta al abordaje de una red de salud mental efectiva. “Se aumentaron los cupos de Residencias Interdisciplinarias (Medicina, Psicología, Enfermería, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Musicoterapia) de Salud Mental (RISAM), distribuidas en 17 provincias, garantizando la formación de calidad del recurso humano, con foco en el componente comunitario”. Según la especialista, este fue uno de los avances fundamentales de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos. “El objetivo central de esta Estrategia es implementar y articular políticas públicas destinadas al cuidado y atención de la salud mental de la población en todas las etapas de la vida, con rectoría de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Nación y en conjunto con otros organismos del Estado”.
La problemática es compleja y sobre ese filo los medios podrán contribuir con un debate para nada simple, pero en el que los especialistas parecen coincidir: el desafío no es tanto la ley como su implementación y despliegue. La garantía del acceso gratuito e igualitario a los centros de salud, la adecuada atención y seguimiento de los pacientes psiquiátricos, el control efectivo sobre el requerimiento de la internación involuntaria y el trabajo interdisciplinario en las áreas de salud integral son las claves para que la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se cumpla efectivamente en nuestro país.
Ago 24, 2021 | Novedades, Trabajo
El espacio es enorme. Pasillos y senderos enmarcados en mármol, piedras y vidrio decoran el lugar turístico de la calle Junín al 1700 que hoy está poco habitado. El sol de las tres y diez envuelve a Recoleta con una calidez amena mientras una leve brisa revuelve las hojas de una tarde de otoño.
A pesar de ser día de semana son pocas las personas que esperan el colectivo, hay puestos vacíos en las ferias y es poca la gente que circula. Los turistas de todo el mundo que solían visitar el cementerio ya no preguntan ni sacan fotos; de hecho, solo el personal recorre los largos pasillos. Los colores blanco, gris y negro dominan el laberinto de historias que urbanizan el lugar. La inmensidad de pasillos y las estructuras particulares le dan al cementerio un estilo tradicional que ha permanecido generación tras generación. Se distinguen numerosos estilos arquitectónicos, desde el gótico, con sus sillares de piedra bien labrados, hasta el movimiento Art Deco con sus bases geométricas imperantes: el cubo, la esfera y la línea recta.
Un hombre, vestido de uniforme azul añejo, extrae de su cinturón un manojo de decenas de llaves, diferentes en colores y tamaños: una sola es colocada en la ranura de la cripta. La llave gira, una palanca de metal es colocada debajo de la puerta pero la sacudida de una patada es lo que logra abrirla. Con los pétalos marchitos en mano, el hombre de limpieza parte el tallo a la mitad y, retirándose de la cripta por un momento, lanza las flores en un contenedor de basura colocado estratégicamente al lado del mausoleo. Limpia la puerta a baldazos y cepilla mientras el agua baja y escapa por los escalones, llevándose suciedad, hojas y huellas de pisadas a su paso. De repente, los cepillados cesan y el señor levanta la vista: los llantos de una señora roban su atención y lo lleva a acercarse inmediatamente:
– Madre: un solo familiar puede pasar, el resto tiene que quedarse afuera – dice, con su mano en el pecho.
El 20 de marzo de 2020 se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. De este modo, con el Decreto 297/2020 quedan exceptuadas ciertas actividades y servicios declarados como esenciales. En este marco se vieron afectados los servicios funerarios, entierros y cremaciones, quedando prohibidas las reuniones en las salas de velatorios mientras que los crematorios y cocherías solo realizan el traslado, tratamiento y entierro (o cremación) de un cadáver.
El acceso al cementerio estaba cerrado salvo para los empleados fúnebres, incluso la suspensión de ceremonias supuso una nueva logística para las cocherías: el coche fúnebre debe entrar a un sector designado y solamente una persona puede acompañar el traslado. Los casos confirmados y sospechosos de covid 19 no permiten las despedidas familiares. Sin embargo, los allegados pueden optar por inhumar el cuerpo en tierra, bóveda o mismo realizar la cremación del cuerpo. Todos deben usar barbijos y guantes de látex como protección, desde familiares que ingresan hasta el personal administrativo y del crematorio.
A mediados del 2020, la Dirección General Cementerios junto con el Ministerio de Salud modificaron el protocolo permitiendo ingresar visitas de seres queridos: el ingreso en grupos no debía superar las dos personas, se permitía el uso de vehículos en áreas asignadas y existía un máximo de permanencia de una hora. Además, estaban prohibidas visitas de carácter turístico o recreativo.
Sobre este tema dialogó ANCCOM con Miguel Angel Prieto, tanatopráctico y tanatoesteticista sobre las dificultades que conlleva en este contexto trabajar con personas fallecidas: “En principio, la tanatopraxia es el tratamiento que se realiza a la persona que falleció para que sus familiares puedan despedirse dignamente: combatimos las secuencias mortuoria, golpes, hematomas, deformaciones faciales a través de la desinfección, conservación, restauración y estética final. Se trata de un trabajo invasivo sobre el sistema circulatorio que permite la conservación del cuerpo por meses“. En este sentido, la tanatoestética se diferencia por ser una conservación reducida a, como máximo, sesenta horas.
Tal como explica el profesional, se trata de un trabajo en equipo y por etapas ya que el cuerpo pasa por múltiples especialistas. La causa de muerte es el principal punto de partida: “Lo primero que se realiza en el cuerpo es la autopsia, en este sentido nuestro trabajo se ve afectado no solo por el accidente o muerte traumática sino también por las incisiones o suturas que implica el determinar la causa de muerte. Tras ese procedimiento, restauramos el cuerpo para que las familias puedan despedirse”.
Este tratamiento en particular demuestra que existe una cultura funeraria que está fuertemente burocratizada: existe un asesor funerario que indica la documentación necesaria, se trabaja con salas velatorias acompañada de azafatas pero también se trata de un trabajo cercano y personalizado: “En todo momento acompañamos a las familias en sus decisiones: hay gente que nos pide la reconstrucción de alguna parte del cuerpo, traen ropa o elementos de aquella persona y aparecen las costumbres culturales como las comidas y bailes que hasta el momento están suspendidas”.
Este tipo de ceremonias se vio modificada por los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. En este sentido, Prieto afirma que se trata de protocolos específicos para cada etapa del cadáver: la primera tiene que ver con el traslado del cuerpo desde la sala de internación: “El cuerpo es transferido al depósito y debe permitirse el acceso de un familiar para una despedida, sin establecer contacto físico”. Tal como se detalla en el protocolo, las personas que entren y el personal que participe del traslado deben tener una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. A su vez, el cadáver debe introducirse en una bolsa plástica impermeable y con cierre hermético, identificándose como “material infectocontagioso”.
En el procedimiento de la autopsia, se recomienda no realizar ninguna intervención en personas fallecidas por covid-19: “Esto se debe a que todavía el cuerpo puede contener virus vivos en los pulmones u otros órganos. En este sentido, se deben tomar medidas de protección respiratoria complementarias”. También se encuentra prohibido realizar actuaciones de limpieza, intervención de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver.
Durante el transporte al tanatorio, el personal deberá ser notificado en caso de tratarse de un paciente con coronavirus. Prieto comenta que actualmente “las empresas funerarias ofrecen cuatro destinos para dichos cuerpos: conservación, inhumación, cremación. y traslado al extranjero”.
Tal como se evidencia, los trabajadores fúnebres se encuentran permanentemente expuestos por el contacto diario. Muchas veces no solo retiran los cuerpos sino que interactúan con profesionales de la salud que estuvieron expuestos o con familiares del fallecido.
“Desde el comienzo de la pandemia, el servicio fúnebre se encuentra en constante peligro de contagio. De hecho los sectores fúnebres de los cementerios fueron los que pidieron protocolos para trabajar”, detalla el entrevistado. Por este motivo, a principios del 2021 los trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios (SOECRA) exigieron ser reconocidos como personal esencial. Salvador Valente, referente del sindicato, expresó las condiciones límites de sus tareas: “Se hizo un pedido formal para vacunar al personal porque algunas morgues son de una insalubridad terrible, el contacto con los familiares que fallecen y el traslado desde las clínicas nos pone en un lugar de riesgo importante».
Mientras algunas bóvedas son limpiadas por el personal con frecuencia, otras se encuentran relegadas entre escombros, polvo y vegetación descontrolada. Muchas tumbas son olvidadas y solo reciben miradas al pasar, quedando como únicos compañeros el tiempo y el viento. Las nubes comienzan a tapar los rayos del sol y la brisa incrementa, los trabajadores caminan en dirección a la salida donde la vida del día a día los espera. Pasos resuenan entre los pasillos repletos de historias, y en el mausoleo blanco de la esquina inferior izquierda, los escalones siguen mojados.
Ago 23, 2021 | Comunidad, Novedades
Verónica Garri junto a su familia.
El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .
En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.
Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”.
Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.
En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global.
Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”
En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local.
Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.
Mar 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Lo acontecido alrededor del caso de M. mostró, con total crudeza, cómo lo más estremecedor de la pobreza existe -y resiste- en los rincones de la ciudad más rica de la Argentina. De repente, se puso sobre el tapete la realidad de este colectivo de personas absolutamente despojado de derechos. Y la ceguera que afecta a la sociedad en general parece cesar, al menos por unos días, al menos por unas horas.
Un censo realizado por distintas organizaciones e instituciones sociales en 2019 reveló que en ese momento había 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 871 eran niños y 40, mujeres embarazadas. Son innumerables las problemáticas que confluyen en estos números: entre ellas, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, la exposición extrema y constante a situaciones de violencia por razones de género, a consumos problemáticos y un tristísimo etcétera. La cifra, coinciden todos los actores involucrados, creció –aún sin relevamientos precisos- de manera exponencial tras la pandemia
En este contexto, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en CABA, en diálogo con ANCCOM explicó que es urgente la creación de “Centros de Integración que puedan recibir, contener y acompañar a las personas. Alguien que está hace años en la calle, tiene que aprender todo de vuelta porque justamente es una persona que fue expulsada del sistema social, económico y laboral en el que vivimos”. A su vez, dado que ya hay segundas o terceras generaciones en la calle, en muchos casos se trata de personas que nunca tuvieron una primera instancia de integración social.
“Hoy lo que hay son lugares deficitarios y que encima son escasos. Techo y comida. Punto. Claramente va a volver a pasar, que vuelven a la calle y ahí aparecen los discursos -que ignoran la problemática- que dicen que hay personas que eligen vivir en la calle”, narró Guillén y agregó: “Es una barbaridad, ¿quién elige pasar frío, hambre, tener que llegar a hacer colas de una hora y media o dos horas para pedir un plato de comida? Esa humillación, nadie la quiere. No hay un mínimo de empatía en todo eso.”
En cualquiera de las dimensiones de la problemática, las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas o, directamente, inexistentes, así lo remarcó la referente del MTE: “Por abordar solo uno de los ejes: al Instituto de la Vivienda de la Ciudad lo vaciaron, no hay presupuesto, entonces ¿cuál es la política de vivienda? ¿Cuál es el trabajo que se está dando para revertir la situación de los hoteles que son una mafia? No hay control, no hay regulación sobre eso y ni hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en Buenos Aires”. A su vez, cuestionó que “cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones legislativas del Gobierno de la Ciudad este año dijo que hay que criminalizar a las personas que trabajan en la vía pública: ¿qué hacemos con esa gente a la que no están dejando trabajar?”.
El caso de M. puso en escena la emergencia habitacional en la ciudad más rica del país.
En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, manifiestó que “el caso de M. debería ser un antes y un después pero a nivel nacional. Obviamente, el lugar donde hay más cantidad es en la Ciudad de Buenos Aires, no hay dudas. Pero nosotros siempre hemos insistido en esto de que la situación de calle no es solamente en CABA. Hemos viajado a otras provincias y hemos visto la situación de compañeros que es lamentable. Estamos cansados de la falta de respuesta a nivel nacional también”.
Un abordaje integral, nacional y colectivo
A partir de los acontecimientos, y en una urgencia repentina por querer resolver y aplacar la situación, se desató un sinfín de manuales paternalistas que intentan explicar e indicar qué es lo que se debería hacer. Instrucciones y dedos acusadores que ignoran absolutamente la realidad de calle y que lejos están de contemplar a las personas involucradas como actores activos y con capacidad de transformación.
“Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento, que nos apoyen en nuestra lucha, pero no necesitamos que sean nuestros voceros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo venimos demostrando hace muchos años, pero necesitamos que nos den las herramientas y los recursos”, afirmó Ávila y agregó: “Vos me podes decir que te duele mucho el frío de las calles y yo te entiendo y lo respeto y lo valoro, pero yo te puedo decir cómo se siente el frío de la calle: hay una diferencia. Queremos que eso se respete. Todo lo que se armó estos días en relación a nosotros sin que fuéramos partícipes, fue malísimo”.
Con respecto a la cobertura en los medios de la problemática en las últimas semanas, Guillén aseguró que además “la discusión que hay que dar ahora es cómo se tratan estos casos. Porque no se puede decir ‘mala madre’ a una persona que tiene un problema serio de salud mental, un problema serio de adicción. Además, los vínculos y la maternidad en calle son completamente distintos a la idiosincrasia que podamos llegar a tener los de clase media. Entonces hay que acompañar eso desde todos los ejes y tiene que haber un abordaje más humano de lo que hay hoy”.
En este sentido, Nicolás Silva, referente de Red Puentes -organización que aborda casos de consumo problemático y problemas de salud mental-, agregó que “el consumo problemático casi que va de la mano con la situación de calle. No es estigmatizar a las personas pero vivir en la calle es una situación muy extrema, que deteriora la vida en todos los aspectos. Nos encontramos con muchos casos también de padecimiento de problemas de salud mental graves: tratamos de abordarlos pero también tenemos un límite. Hay casos que necesitan una intervención fuerte del Estado, desde los hospitales, desde la salud pública”.
El Centro de integración Monteagudo es parte de Proyecto 7. Fotografía de archivo.
Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7, una organización que cuenta con cuatro centros de integración, participaron en el diseño del proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, presentado en septiembre de 2020 por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli. Si bien es evidente que una problemática con tantas aristas no se resuelve con una sola ley, “son varias las líneas de trabajo y acciones concretas que planteamos en el proyecto -sostuvo Fagioli-. Me atrevo a decir que es una ley muy pragmática. Está claro que hay una fundamentación basada en conceptos éticos y profundamente humanos pero, como siempre, avanzamos con lineamientos claros y concretos”.
El proyecto propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del ‘parador’ al que entran a las 8 de la noche para a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo -desarrolla el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”.
El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. “Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó con diferentes ministerios y junto a organizaciones y compañeros en situación de calle, que también saben cómo resolver el problema. Ese laburo, articulado con las organizaciones tiene que seguir estando, porque la problemática no se labura de otra manera que no sea articulando y de manera integral”, comentó Silva, de Red Puentes.
“Nosotros no podemos seguir cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo el Estado -advirtió Guillén, del MTE-. Por eso también es necesario proponer políticas públicas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la trinchera y no termina siendo transformador, que es lo que buscamos. Pero acá no hay que inventar ninguna rueda: el Estado tiene que poner los recursos para potenciar y mejorar lo que ya se viene haciendo”.
En este sentido, Fagioli expresó que “no es cierto que la realidad no se puede transformar, o que las cosas sólo pueden ser de una manera. Las organizaciones sociales vienen a destaparnos los ojos porque nos muestran con hechos concretos, específicos, que se pueden construir proyectos solidarios, colectivos y que realmente cambien el estado de las cosas”.
Con respecto al tratamiento del proyecto, el diputado aseguró que “hubo algo clave en estos días que fue la visibilización de la problemática, que nos tiene que ayudar para empujar esta ley y cambiar de una vez por todas esta realidad. Esperemos que la indignación y las ganas de transformar no se diluyan cuando el tema desaparezca de las pantallas”. Por su parte, Ávila mencionó que, en caso de ser aprobado, “necesitamos que nuestros compañeros sean protagonistas absolutos, si no otra vez va a haber un montón de gente, que no entiende nada, hablando por nosotros”.
Una problemática tan compleja, intrínseca y potenciada por las lógicas del neoliberalismo y enraizada, a su vez, a una historia de egoísmos de unos pocos que, como siempre, azotan las vidas de muchos, no puede menos que obligar a la Argentina toda a reflexionar, de una vez por todas, que no se trata de “empezar a mirar” algo que siempre estuvo pero que “nadie vio”, sino de dar lugar a quienes la viven, la padecen y, por ende, la comprenden en su total profundidad.
“Ojalá que en algún momento no existamos como organización: eso significaría que no hay más personas en situación de calle”, expresó Ávila y concluyó: “Mientras tanto, mejor es que seamos protagonistas y no actores o actrices secundarios. Queremos ser artífices de nuestras vidas y no que el resto nos diga lo que tenemos que hacer”.
Nov 20, 2020 | Comunidad, Novedades
La urgencia sanitaria, sumada a la ausencia de un tratamiento efectivo para combatir el virus, impulsó a las autoridades a elaborar un protocolo de prevención al contagio. Se incluyó a las personas con discapacidad dentro del grupo de riesgo, ya que en muchos casos tienen enfermedades de base y en otros, como los usuarios de sillas de ruedas o las personas con dificultades en la visión, el contacto con diferentes superficies o con terceros implican un mayor riesgo.
Pero, en un principio, no se consideraron las particularidades que requiere esta población a la hora de recibir atención médica. “Nos han llegado casos de personas con discapacidad intelectual a las que en aislamiento, por ejemplo, se les pide que se tomen la temperatura, que avisen por teléfono y les indican qué hacer. Y esas son ordenes que esas personas no pueden seguir”, explica Marcelo Betti, presidente de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), y continúa: “Por otro lado, se complica la interacción con las personas sordas cuando no hay un intérprete de lenguaje de señas. No lo suele haber en los hospitales, ni en los lugares de aislamiento.”
Tras el reclamo de varias instituciones, en el mes de junio, el Ministerio de Salud publicó un protocolo de atención para las personas con discapacidad. “Se logró que haya una directiva a la cual recurrimos, para que en los hospitales se dé el trato correspondiente. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con la dificultad de que son tantos los profesionales de la salud y tantas las instituciones, que es difícil que la normativa sea conocida e implementada”, afirma Betti.
Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), la virtualidad se volvió parte de la vida cotidiana. Desde la compra de alimentos hasta la obtención de los permisos de circulación, todo se realizó a través de la red. El problema es que la mayoría de los sitios e incluso la propia app circular, no estaban adaptadas para cierta parte de la población con discapacidad. “Las páginas no suelen ser accesibles para las personas ciegas, ya que no cuentan con lectores de pantalla. Si bien zoom es muy accesible, otras app y algunos de los portales que usan las universidades no lo son tanto”, señala el presidente de REDI.
Muchos tratamientos también debieron migrar hacia la virtualidad, pero no todos pueden adaptarse a esta modalidad. “Lo que más estamos viendo en este momento, es la necesidad de sostener algunas terapias de forma presencial. Por ejemplo, kinesiología o los casos de chicos con trastorno espectro autista, que necesitan al otro en presencia. Trabajar en la pantalla se puede sostener, pero es un planteo bidimensional, estas en una imagen y es muy difícil poder conectar. Trabajamos en condiciones complejas por el aislamiento y por la extensión. Vos podes sostener un formato en un tiempo, pero en siete meses y con pacientes tan severos en discapacidad es difícil”, dice Lucia Farías, docente especial y psicóloga, miembro del Centro de Parálisis Cerebral de la ciudad de Buenos Aires.
“En este momento estamos con una demanda de apertura de la institución. El Ministerio de Salud emitió protocolos, pero no abarcan a toda la diversidad que hay en la población con discapacidad. Enviamos una nota pidiendo que se aclaren ciertos ítems, ya que nos dicen abran las instituciones y al mismo tiempo, aclaran que no pueden asistir pacientes con riesgo respiratorio, cardiopatías, etc. Y todos nuestros pacientes tienen este tipo de problemas”, agrega.
Por otra parte, desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), afirman que la mayoría de su población se pudo adaptar bien a la virtualidad, y que si bien hubo algunos retrocesos fueron pocos. Además destacan las ventajas de esta modalidad para llevar adelante el trabajo de la asociación. “Hicimos nuestro encuentro de familias vía zoom, pudimos incorporar a otras provincias y salió muy bien. Si bien la virtualidad no es lo mismo, logramos acercarnos a mucha gente a la que no llegábamos. De hecho atendimos casos de familias en Colombia y Perú, que se fueron enterando de nuestro programa gracias a la virtualidad a la que nos impulsó la pandemia”, explica Alejandro Cytrynbaum, presidente de la asociación.
Las medidas de aislamiento tienen sus consecuencias a nivel general y en el caso de las personas con discapacidad los efectos son diversos. Hernán, papá de Joaquín, quien tiene una discapacidad motriz, comenta que a su hijo “no le afectó no salir, sino más que nada la perdida de los vínculos. Los primeros cuatro meses extrañó a su hermana y por supuesto a sus amigos. Si bien siguió conectado de manera virtual, extrañaba el vínculo en forma presencial. Lo afectó lo emocional, pero lo sobrellevó. Recién al cuarto mes lo sacamos un día que había sol”.
Lo mismo afirma Lina respecto de su hijo Julián, quien tiene Síndrome de Down. “Él es muy sociable y lo que le afectó, como a muchos niños, es el tema de la socialización con personas de su edad. Él aprende muchísimo más en el contexto de la escuela, porque están los compañeros que lo guían y ayudan. Él continuó con las clases y terapias grupales, pero si el contexto hubiera sido el cotidiano, su avance sería mejor”.
Por su parte, Farías dice que en general los pacientes con los que trabaja, no tienen la posibilidad de comprender por qué tienen que estar encerrados y algunos aceptan de mala gana el uso de barbijo. “Tengo una paciente a la que le ponen el barbijo y se lo arranca, sin embargo la mamá la saca un ratito y trata de cubrirla con la polera. Pero la saca, porque la chica mira la puerta y empieza a gritar como loca, quiere y necesita salir”, comenta la especialista.
La pandemia ha puesto sobre el tapete problemáticas por las que las instituciones vienen luchando hace mucho tiempo y siguen generando preocupación. Betti recalca que “es un contexto muy difícil, respecto al acceso a la salud para las personas con discapacidad. El Estado no reconoce la totalidad de prestaciones que debiera, no se actualizan los montos que le deben dar a los prestadores y, en consecuencia, estos no quieren cubrir los tratamientos. La situación económica es muy adversa y las finanzas del estado son muy endebles, por lo cual es una situación muy compleja. Ya veníamos mal en este aspecto y con la pandemia estamos aún peor.”
Según ASDRA, los temas de legales y obras sociales son los que más preocupan a los familiares que los consultan. “Hace años que estamos teniendo muchos problemas. Algunas obras sociales hacen lo que quieren y hay que hacerles recursos de amparo. Otras cuando reciben la primera carta documento, ya empiezan a pagar. No se cumple la ley. Es una desgracia que tengamos que estar ocupándonos de cosas que no se cumplen”, sentencia el presidente de la institución.
Otra demanda que para REDI no debe ignorarse, es el sistema de pensiones. En la actualidad su monto está fijado en 11.200 pesos. Para la institución, esto debe ser reemplazado por una asignación económica más respetuosa de lo que debería ser la seguridad social para estas personas. Además la población con discapacidad, no está incluida en la tarjeta alimentar. “Es un reclamo que muchas organizaciones venimos haciendo. No es una solución, pero en este momento tan adverso donde a mucha gente le han disminuido sus ingresos, y en un contexto en el que la población con discapacidad, históricamente, ha tenido muchas dificultades para acceder al empleo, nos parece una alternativa. Por ahora no obtuvimos respuesta”, explica Betti.
