Personas desechadas como basura

Personas desechadas como basura

Un informe presentado en la Facultad de Ciencias Sociales registró más de 300 agresiones directas a personas sin techo por parte de policías o vecinos durante el último año. Historias de despojos a los que menos tienen.

El Registro Unificado de Violencias describe la violencia sistemática que reciben las personas en situación de calle.

“Ser pobre no es ser delincuente”, dice uno de los carteles que acompañan a una alguien que está recostada sobre un colchón dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y que tiene puesto un sobretodo gris, un gorro y guantes de lana. A la persona en cuestión le faltan unas zapatillas y un montón de otros derechos. En verdad, no es alguien de carne y hueso, pero bien podría serlo. Se trata de un muñeco que representa a quienes no tienen una casa donde vivir. “Son personas, no basura a ser limpiada”, dice otro de los carteles que lo rodean. Lo han puesto en el hall de entrada de la las organizaciones sociales englobadas dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle como parte de las acciones por el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, que se conmemora cada 19 de agosto desde hace veinte años.

“Este informe habla del valor de la vida, de lo que no se puede mercantilizar. Tenemos más fuerza cuando estamos unides. Gracias por elegirnos”, dice Soraya Giraldez, la directora de la carrera de Trabajo Social, a las organizaciones sociales que han venido a contar los resultados del tercer informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle (RUV). Al lado de Giraldez está sentada Florencia Montes Páez, militante del colectivo “No tan distintes” y autora del libro Acompañar es político. Ensayo transfeminista sobre la situación de calle, que es quien ahora toma la palabra. “Es una violencia sistemática”, dice para referirse a las injusticias que constantemente atraviesan los sin techo por vivir en la intemperie y no tener ayuda estatal.

Dentro de un rato Jorgelina Di Iorio, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que también está presente, contará que al tercer informe del RUV lo elaboraron las agrupaciones que forman parte de la Asamblea Popular junto con integrantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dirá que el documento se hizo a partir de relatos contados por los sin techo entre el 16 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024, los cuales fueron escuchados por las organizaciones sociales, y también a partir de noticias referidas a la problemática que fueron publicadas en medios de comunicación nacionales dentro de ese lapso. 

El ambiente de la Facultad se volverá espeso cuando Di Iorio describa los tres tipos de violencia más comunes que suelen recaer sobre quienes viven en la calle. Dirá que el hostigamiento, robo, maltrato o desplazamiento forzado del espacio público que realizan las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos constituyen la violencia institucional, que los ataques físicos perpetrados por ciudadanos de a pie, motivados por un simple rechazo a quienes viven en la calle, conforman la violencia social y que las lesiones físicas graves que se producen por vivir a la intemperie, como las enfermedades o la mismísima muerte, constituyen la violencia estructural. Pero más se tensará el aire invernal que circula por el hall de entrada de la facultad cuando Di Iorio diga, con ese tono de voz que tienen quienes ya llevan muchas calles recorridas, que del informe surgieron como resultados que entre agosto del año pasado y el de ahora hubo 121 situaciones de violencia estructural, 104 de violencia institucional y 95 de violencia social. Todo eso lo dirá con mucha contundencia dentro de un rato. 

«Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más», dice El Punky, que vive en la calle.

Por su parte, El Punky, que vive en la calle, le dirá a esta agencia que “visibilizar violencias está muy bueno, pero no alcanza”. Explicará que ser un cartonero no registrado en una organización como el Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene consecuencias. Contará que el Gobierno de la Ciudad determinó que “a los cartoneros que no están en una cooperativa se les tienen que retirar los tachos, porque privatizaron la basura. Mandan milicos con seis meses de registro nacional a laburar, que no saben lo que significa una orden de cateo —dirá El Punky—. Mandan gente ignorante a tener un fierro, que te bardea y te tortura en la calle. Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más, porque los transas son los que pagan las campañas políticas de este país”. 

Ahora, mientras Montes Páez les recuerda a los presentes por qué se conmemora el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, los integrantes de la agrupación Amigos en el Camino reparten alfajores y café a los sin techo que han venido a la facultad también a contar sus experiencias de primera mano. Mientras las personas llenan sus panzas con una merienda caliente repartida con cariño (¿quizá la única comida del día para muchas de ellas?), Montes Páez cuenta que el 19 de agosto de 2004 ocurrió en Brasil lo que se conoce como la “Masacre de Sé”. Ese día, a la noche, quince personas que dormían en la calle fueron atacadas por personal de seguridad hasta el punto de provocar la muerte de siete y ocasionar lesiones graves en las otras ocho. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria latinoamericana y se convirtió en un caso testigo de la violación a los derechos humanos de los sin techo. De ahí que todos los años se recuerda esa tragedia y muchas otras invisibilizadas a través de la efeméride. 

Pero no hace falta ir a Brasil ni viajar al 2004 para saber que situaciones así ocurren todo el tiempo y en todos lados. De hecho, a la presentación del tercer informe del RUV vino a hablar también la jueza Natalia Ohman, que cuenta que hace un mes anuló, por considerarlas arbitrarias y violatorias de la intimidad, 125 detenciones y requisas a personas en situación de calle hechas sin orden judicial en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que la policía local, para justificar su proceder, había argumentado que las personas portaban “armas no convencionales”, entre las que se encontraban un destornillador, una varilla, un cuchillo Tramontina, un cúter, una tijera y un gancho. Según las actas de contravención, los motivos de las detenciones y requisas habían sido “actitud sospechosa”, “merodeo” y “control poblacional”. Los detenidos habían sido intimados por la policía a despojarse de esos objetos o se les imputaría el delito de desobediencia, lo que también fue anulado después por Ohman. 

“Muchos de esos objetos son para cortar comida y cartón”, aclara Cintia Bernardo, que sabe del tema porque vive en la calle desde hace tres años. En una charla con ANCCOM, Bernardo cuenta que se dedica “al cartoneo y algunas changas” y que suele recurrir a la ayuda de organizaciones sociales como “No tan distintes” y “Abrigar derechos” para subsistir. Dice que el mayor hecho de violencia institucional que experimentó en la calle ocurrió hace un mes. “Me secuestraron el carro”, dice refiriéndose al carrito que usaba para juntar cartón y después venderlo. Cuenta que un día estaba descansando en la Plaza Garay porque la noche anterior se la había pasado juntando desechos. Aclara que en la zona hay mucha competencia con las cooperativas de recicladores urbanos, por lo que a veces necesita duplicar sus esfuerzos para poder quedarse con suficiente cartón como para vender más tarde. “Según los de Espacio Público e Higiene Urbana no podemos estar a las doce del mediodía descansando en una plaza. Yo quería pedirles que no me secuestraran el carro porque había dos policías que lo tenían. Les saqué las manos de la forma más pacífica que pude y terminé en el piso con esposas”, relata Bernardo. Cuenta que, al vivir en la calle, hace pis en un balde para no ensuciar el espacio público ni provocar las quejas de vecinos y que, como defensa, se los revoleó. “Un oficial me dijo ‘Mirá lo que me hiciste’, por dos gotitas de pis que tenía en el uniforme. Mi respuesta fue angustiante porque el carro es mi sustento diario —dice Bernardo, y en las cooperativas de recicladores no hay cupos. Me sacás mi herramienta de trabajo y no me das otra, me estás incitando a que yo tome otras medidas para mantenerme, como la prostitución, la venta de drogas o robos”. ¿Y hay manera de recuperar el carro? “Para que me lo devuelvan me piden que presente un ticket de compra, y eso no existe. Yo lo compré en una villa, a un pibe que no se quería dedicar más a cartonear. No tengo un ticket”, dice. Un rato antes, una mujer de entre el público había opinado sobre los despojos que se dan habitualmente en la calle. “En la Rosada hay un monstruo que defiende la propiedad privada, pero ¿por qué nadie respeta la propiedad privada de los sin techo?”, había preguntado al aire la señora, pero nadie supo qué decirle. 

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

Frente a un escenario con cuestionamientos y reclamos acerca de la internación involuntaria de los pacientes los expertos en salud mental exponen cuales son los avances y las problemáticas de la normativa.

Según una encuesta nacional realizada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en 2019, el 30% de la población argentina consultó a un profesional de salud mental en los últimos doce meses. Esta cifra incluye no sólo a psicólogos, sino también a psiquiatras y trabajadores sociales que brindan atención en el área.

A este clima general en salud mental se sumó en los últimos meses, a partir de varios casos amplificados por los medios de comunicación, un cuestionamiento al Artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) que establece: «La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Entre los propulsores de la reformulación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, se encuentran justamente dos personas públicas: Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, y Tamara Pettinato, hermana de Felipe y ambos hijos del famoso músico y conductor Roberto Pettinato. Tanto Chano como Felipe padecen consumos problemáticos y afecciones graves desde hace muchos años. A partir de sus adicciones y la falta de una atención médica adecuada protagonizaron múltiples episodios preocupantes que se hicieron públicos.

En el caso del cantante de Tan Biónica, un policía ejecutó un tiro en su abdomen, mientras se resistía a ser trasladado a un centro de salud mental. Por su lado, el departamento de Felipe Pettinato se incendió y falleció su médico neurólogo, Melchor Rodrigo.

Avances

La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) constituyó un hito importantísimo en el camino hacia la transformación de nuestro sistema de atención en salud mental”, explica Mariana Moreno, Directora Nacional de la Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones. “Esta norma se sancionó el 25 de noviembre del año 2010, y contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales especializados en salud y derechos humanos y de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil”. Según la especialista, “Este enfoque y el proceso de transformación de las prácticas en salud mental, sin duda impactan positivamente en el cuidado de la salud de la población, ya que garantiza que todes tengamos acceso a la atención integral, de manera gratuita e igualitaria”.

Uno de los aspectos fundamentales para la reformulación de la ley es que toda la población pueda acceder a un centro de salud mental y que se cumpla con los requisitos de atención y equipamientos necesarios para cada caso en particular. “Sigue siendo un problema asegurar que muchas personas externadas tengan garantizada una eficaz atención y seguimiento”, reconoce Juan Pinetta, psicólogo psicoanalista, encargado de la Comisión de Enlace Legislativo de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “Más allá de la Ley Nacional de Salud Mental, aún sigue siendo difícil la incorporación de mayor cantidad de psicólogos en las Jefaturas de Salud Mental en la mayoría de las instituciones. Esto no se ha logrado, salvo contados casos, ya que las áreas de Salud Mental en hospitales sigue siendo un área de primacía exclusivamente médico-psiquiátrica”.

Con respecto a la cuestión puntual que alcanzó cierto debate en los medios, el especialista considera que “es un problema de difícil acuerdo, sobre todo entre el mundo de la psiquiatría y el de la psicología cuando funcionan por separado. Otra cosa es cuando se piensa en interdisciplina, como en mi caso. En este sentido, uno de los principales problemas es que el paciente con riesgo para sí o para terceros que puede decidir su no internación en caso de estar lúcido en el momento de tomar tal decisión”. Este artículo debe gestionar el delicado equilibrio entre el riesgo y los derechos, una tema nada fácil.

“La ley buscó terminar con abusos en internaciones forzosas”, continúa Pinetta. “Indudablemente es un gran avance, pero en situaciones de difícil tramitación, por ejemplo en pacientes con fuerte ideación suicida, intentos suicidas, accidentes reiterados, anorexias extremas, cuadros graves bien estructurados en la interacción social, creo que hay que lograr una buena gimnasia de trabajo interdisciplinario donde puedan establecerse buenas decisiones de internación. Quizás con controles legales eficaces para evitar abusos, que es lo que más se teme. Es difícil lograr el equilibrio”.

Moreno coincide en que los trabajos interdisciplinarios juegan un papel fundamental en lo que respecta al abordaje de una red de salud mental efectiva. “Se aumentaron los cupos de Residencias Interdisciplinarias (Medicina, Psicología, Enfermería, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Musicoterapia) de Salud Mental (RISAM), distribuidas en 17 provincias, garantizando la formación de calidad del recurso humano, con foco en el componente comunitario”. Según la especialista, este fue uno de los avances fundamentales de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos. “El objetivo central de esta Estrategia es implementar y articular políticas públicas destinadas al cuidado y atención de la salud mental de la población en todas las etapas de la vida, con rectoría de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Nación y en conjunto con otros organismos del Estado”.

La problemática es compleja y sobre ese filo los medios podrán contribuir con un debate para nada simple, pero en el que los especialistas parecen coincidir: el desafío no es tanto la ley como su implementación y despliegue. La garantía del acceso gratuito e igualitario a los centros de salud, la adecuada atención y seguimiento de los pacientes psiquiátricos, el control efectivo sobre el requerimiento de la internación involuntaria y el trabajo interdisciplinario en las áreas de salud integral son las claves para que la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se cumpla efectivamente en nuestro país.

Trabajar con la muerte en tiempos de pandemia

Trabajar con la muerte en tiempos de pandemia

El espacio es enorme. Pasillos y senderos enmarcados en mármol, piedras y vidrio decoran el lugar turístico de la calle Junín al 1700 que hoy está poco habitado. El sol de las tres y diez envuelve a Recoleta con una calidez amena mientras una leve brisa revuelve las hojas de una tarde de otoño.

A pesar de ser día de semana son pocas las personas que esperan el colectivo, hay puestos vacíos en las ferias y es poca la gente que circula. Los turistas de todo el mundo que solían visitar el cementerio ya no preguntan ni sacan fotos; de hecho, solo el personal recorre los largos pasillos. Los colores blanco, gris y negro dominan el laberinto de historias que urbanizan el lugar. La inmensidad de pasillos y las estructuras particulares le dan al cementerio un estilo tradicional que ha permanecido generación tras generación. Se distinguen numerosos estilos arquitectónicos, desde el gótico, con sus sillares de piedra bien labrados, hasta el movimiento Art Deco con sus bases geométricas imperantes: el cubo, la esfera y la línea recta.

Un hombre, vestido de uniforme azul añejo, extrae de su cinturón un manojo de decenas de llaves, diferentes en colores y tamaños: una sola es colocada en la ranura de la cripta. La llave gira, una palanca de metal es colocada debajo de la puerta pero la sacudida de una patada es lo que logra abrirla. Con los pétalos marchitos en mano, el hombre de limpieza parte el tallo a la mitad y, retirándose de la cripta por un momento, lanza las flores en un contenedor de basura colocado estratégicamente al lado del mausoleo. Limpia la puerta a baldazos y cepilla mientras el agua baja y escapa por los escalones, llevándose suciedad, hojas y huellas de pisadas a su paso. De repente, los cepillados cesan y el señor levanta la vista: los llantos de una señora roban su atención y lo lleva a acercarse inmediatamente:

 

– Madre: un solo familiar puede pasar, el resto tiene que quedarse afuera – dice, con su mano en el pecho.

 

El 20 de marzo de 2020 se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. De este modo, con el Decreto 297/2020 quedan exceptuadas ciertas actividades y servicios declarados como esenciales. En este marco se vieron afectados los servicios funerarios, entierros y cremaciones, quedando prohibidas las reuniones en las salas de velatorios mientras que los crematorios y cocherías solo realizan el traslado, tratamiento y entierro (o cremación) de un cadáver. 

 

El acceso al cementerio estaba cerrado salvo para los empleados fúnebres, incluso la suspensión de ceremonias supuso una nueva logística para las cocherías: el coche fúnebre debe entrar a un sector designado y solamente una persona puede acompañar el traslado. Los casos confirmados y sospechosos de covid 19 no permiten las despedidas familiares. Sin embargo, los allegados pueden optar por inhumar el cuerpo en tierra, bóveda o mismo realizar la cremación del cuerpo. Todos deben usar barbijos y guantes de látex como protección, desde familiares que ingresan hasta el personal administrativo y del crematorio.

A mediados del 2020, la Dirección General Cementerios junto con el Ministerio de Salud modificaron el protocolo permitiendo ingresar visitas de seres queridos: el ingreso en grupos no debía superar las dos personas, se permitía el uso de vehículos en áreas asignadas y existía un máximo de permanencia de una hora. Además, estaban prohibidas visitas de carácter turístico o recreativo.

Sobre este tema dialogó ANCCOM con Miguel Angel Prieto, tanatopráctico y tanatoesteticista sobre las dificultades que conlleva en este contexto trabajar con personas fallecidas: “En principio, la tanatopraxia es el tratamiento que se realiza a la persona que falleció para que sus familiares puedan despedirse dignamente: combatimos las secuencias mortuoria, golpes, hematomas, deformaciones faciales a través de la desinfección, conservación, restauración y estética final. Se trata de un trabajo invasivo sobre el sistema circulatorio que permite la conservación del cuerpo por meses“. En este sentido, la tanatoestética se diferencia por ser una conservación reducida a, como máximo, sesenta horas.

Tal como explica el profesional, se trata de un trabajo en equipo y por etapas ya que el cuerpo pasa por múltiples especialistas. La causa de muerte es el principal punto de partida: “Lo primero que se realiza en el cuerpo es la autopsia, en este sentido nuestro trabajo se ve afectado no solo por el accidente o muerte traumática sino también por las incisiones o suturas que implica el determinar la causa de muerte. Tras ese procedimiento, restauramos el cuerpo para que las familias puedan despedirse”.

Este tratamiento en particular demuestra que existe una cultura funeraria que está fuertemente burocratizada: existe un asesor funerario que indica la documentación necesaria, se trabaja con salas velatorias acompañada de azafatas pero también se trata de un trabajo cercano y personalizado: “En todo momento acompañamos a las familias en sus decisiones: hay gente que nos pide la reconstrucción de alguna parte del cuerpo, traen ropa o elementos de aquella persona y aparecen las costumbres culturales como las comidas y bailes que hasta el momento están suspendidas”.

Este tipo de ceremonias se vio modificada por los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. En este sentido, Prieto afirma que se trata de protocolos específicos para cada etapa del cadáver: la primera tiene que ver con el traslado del cuerpo desde la sala de internación: “El cuerpo es transferido al depósito y debe permitirse el acceso de un familiar para una despedida, sin establecer contacto físico”. Tal como se detalla en el protocolo, las personas que entren y el personal que participe del traslado deben tener una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. A su vez, el cadáver debe introducirse en una bolsa plástica impermeable y con cierre hermético, identificándose como “material infectocontagioso”.

En el procedimiento de la autopsia, se recomienda no realizar ninguna intervención en personas fallecidas por covid-19: “Esto se debe a que todavía el cuerpo puede contener virus vivos en los pulmones u otros órganos. En este sentido, se deben tomar medidas de protección respiratoria complementarias”. También se encuentra prohibido realizar actuaciones de limpieza, intervención de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver.

Durante el transporte al tanatorio, el personal deberá ser notificado en caso de tratarse de un paciente con coronavirus. Prieto comenta que actualmente “las empresas funerarias ofrecen cuatro destinos para dichos cuerpos: conservación, inhumación, cremación. y traslado al extranjero”.

Tal como se evidencia, los trabajadores fúnebres se encuentran permanentemente expuestos por el contacto diario. Muchas veces no solo retiran los cuerpos sino que interactúan con profesionales de la salud que estuvieron expuestos o con familiares del fallecido.

“Desde el comienzo de la pandemia, el servicio fúnebre se encuentra en constante peligro de contagio. De hecho los sectores fúnebres de los cementerios fueron los que pidieron protocolos para trabajar”, detalla el entrevistado. Por este motivo, a principios del 2021 los trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios (SOECRA) exigieron ser reconocidos como personal esencial. Salvador Valente, referente del sindicato, expresó las condiciones límites de sus tareas: “Se hizo un pedido formal para vacunar al personal porque algunas morgues son de una insalubridad terrible, el contacto con los familiares que fallecen y el traslado desde las clínicas nos pone en un lugar de riesgo importante».

Mientras algunas bóvedas son limpiadas por el personal con frecuencia, otras se encuentran relegadas entre escombros, polvo y vegetación descontrolada. Muchas tumbas son olvidadas y solo reciben miradas al pasar, quedando como únicos compañeros el tiempo y el viento. Las nubes comienzan a tapar los rayos del sol y la brisa incrementa, los trabajadores caminan en dirección a la salida donde la vida del día a día los espera. Pasos resuenan entre los pasillos repletos de historias, y en el mausoleo blanco de la esquina inferior izquierda, los escalones siguen mojados.

«Queremos que en Exaltación de la Cruz se priorice la vida»

«Queremos que en Exaltación de la Cruz se priorice la vida»

Verónica Garri junto a su familia. 

El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .

En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.

Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”. 

 

Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.

En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global. 

Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”

En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local. 

Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.

Proponen una nueva ley de la calle

Proponen una nueva ley de la calle

Lo acontecido alrededor del caso de M. mostró, con total crudeza, cómo lo más estremecedor de la pobreza existe -y resiste- en los rincones de la ciudad más rica de la Argentina. De repente, se puso sobre el tapete la realidad de este colectivo de personas absolutamente despojado de derechos. Y la ceguera que afecta a la sociedad en general parece cesar, al menos por unos días, al menos por unas horas. 

Un censo realizado por distintas organizaciones e instituciones sociales en 2019 reveló que en ese momento había 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 871 eran niños y 40, mujeres embarazadas. Son innumerables las problemáticas que confluyen en estos números: entre ellas, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, la exposición extrema y constante a situaciones de violencia por razones de género, a consumos problemáticos y un tristísimo etcétera. La cifra, coinciden todos los actores involucrados, creció –aún sin relevamientos precisos- de manera exponencial tras la pandemia

En este contexto, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en CABA, en diálogo con ANCCOM explicó que es urgente la creación de “Centros de Integración que puedan recibir, contener y acompañar a las personas. Alguien que está hace años en la calle, tiene que aprender todo de vuelta porque justamente es una persona que fue expulsada del sistema social, económico y laboral en el que vivimos”. A su vez, dado que ya hay segundas o terceras generaciones en la calle, en muchos casos se trata de personas que nunca tuvieron una primera instancia de integración social.

“Hoy lo que hay son lugares deficitarios y que encima son escasos. Techo y comida. Punto. Claramente va a volver a pasar, que vuelven a la calle y ahí aparecen los discursos -que ignoran la problemática- que dicen que hay personas que eligen vivir en la calle”, narró Guillén y agregó: “Es una barbaridad, ¿quién elige pasar frío, hambre, tener que llegar a hacer colas de una hora y media o dos horas para pedir un plato de comida? Esa humillación, nadie la quiere. No hay un mínimo de empatía en todo eso.”

En cualquiera de las dimensiones de la problemática, las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas o, directamente, inexistentes, así lo remarcó la referente del MTE: “Por abordar solo uno de los ejes: al Instituto de la Vivienda de la Ciudad lo vaciaron, no hay presupuesto, entonces ¿cuál es la política de vivienda? ¿Cuál es el trabajo que se está dando para revertir la situación de los hoteles que son una mafia? No hay control, no hay regulación sobre eso y ni hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en Buenos Aires”. A su vez, cuestionó que “cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones legislativas del Gobierno de la Ciudad este año dijo que hay que criminalizar a las personas que trabajan en la vía pública: ¿qué hacemos con esa gente a la que no están dejando trabajar?”.

El caso de M. puso en escena la emergencia habitacional en la ciudad más rica del país. 

En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, manifiestó que “el caso de M. debería ser un antes y un después pero a nivel nacional. Obviamente, el lugar donde hay más cantidad es en la Ciudad de Buenos Aires, no hay dudas. Pero nosotros siempre hemos insistido en esto de que la situación de calle no es solamente en CABA. Hemos viajado a otras provincias y hemos visto la situación de compañeros que es lamentable. Estamos cansados de la falta de respuesta a nivel nacional también”.

Un abordaje integral, nacional y colectivo

A partir de los acontecimientos, y en una urgencia repentina por querer resolver y aplacar la situación, se desató un sinfín de manuales paternalistas que intentan explicar e indicar qué es lo que se debería hacer. Instrucciones y dedos acusadores que ignoran absolutamente la realidad de calle y que lejos están de contemplar a las personas involucradas como actores activos y con capacidad de transformación.

“Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento, que nos apoyen en nuestra lucha, pero no necesitamos que sean nuestros voceros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo venimos demostrando hace muchos años, pero necesitamos que nos den las herramientas y los recursos”, afirmó Ávila y agregó: “Vos me podes decir que te duele mucho el frío de las calles y yo te entiendo y lo respeto y lo valoro, pero yo te puedo decir cómo se siente el frío de la calle: hay una diferencia. Queremos que eso se respete. Todo lo que se armó estos días en relación a nosotros sin que fuéramos partícipes, fue malísimo”.

Con respecto a la cobertura en los medios de la problemática en las últimas semanas,  Guillén aseguró que además “la discusión que hay que dar ahora es cómo se tratan estos casos. Porque no se puede decir ‘mala madre’ a una persona que tiene un problema serio de salud mental, un problema serio de adicción. Además, los vínculos y la maternidad en calle son completamente distintos a la idiosincrasia que podamos llegar a tener los de clase media. Entonces hay que acompañar eso desde todos los ejes y tiene que haber un abordaje más humano de lo que hay hoy”.

En este sentido, Nicolás Silva, referente de Red Puentes -organización que aborda casos de consumo problemático y problemas de salud mental-, agregó que “el consumo problemático casi que va de la mano con la situación de calle. No es estigmatizar a las personas pero vivir en la calle es una situación muy extrema, que deteriora la vida en todos los aspectos. Nos encontramos con muchos casos también de padecimiento de problemas de salud mental graves: tratamos de abordarlos pero también tenemos un límite. Hay casos que necesitan una intervención fuerte del Estado, desde los hospitales, desde la salud pública”.

El Centro de integración Monteagudo es parte de Proyecto 7. Fotografía de archivo. 

Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7, una organización que cuenta con cuatro centros de integración, participaron en el diseño del proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, presentado en septiembre de 2020 por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli. Si bien es evidente que una problemática con tantas aristas no se resuelve con una sola ley, “son varias las líneas de trabajo y acciones concretas que planteamos en el proyecto -sostuvo Fagioli-. Me atrevo a decir que es una ley muy pragmática. Está claro que hay una fundamentación basada en conceptos éticos y profundamente humanos pero, como siempre, avanzamos con lineamientos claros y concretos”.

El proyecto propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del ‘parador’ al que entran a las 8 de la noche para a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo -desarrolla el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”.

El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. “Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó con diferentes ministerios y junto a organizaciones y compañeros en situación de calle, que también saben cómo resolver el problema. Ese laburo, articulado con las organizaciones tiene que seguir estando, porque la problemática no se labura de otra manera que no sea articulando y de manera integral”, comentó Silva, de Red Puentes. 

“Nosotros no podemos seguir cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo el Estado -advirtió Guillén, del MTE-. Por eso también es necesario proponer políticas públicas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la trinchera y no termina siendo transformador, que es lo que buscamos. Pero acá no hay que inventar ninguna rueda: el Estado tiene que poner los recursos para potenciar y mejorar lo que ya se viene haciendo”.

En este sentido, Fagioli expresó que “no es cierto que la realidad no se puede transformar, o que las cosas sólo pueden ser de una manera. Las organizaciones sociales vienen a destaparnos los ojos porque nos muestran con hechos concretos, específicos, que se pueden construir proyectos solidarios, colectivos y que realmente cambien el estado de las cosas”.

Con respecto al tratamiento del proyecto, el diputado aseguró que “hubo algo clave en estos días que fue la visibilización de la problemática, que nos tiene que ayudar para empujar esta ley y cambiar de una vez por todas esta realidad. Esperemos que la indignación y las ganas de transformar no se diluyan cuando el tema desaparezca de las pantallas”. Por su parte, Ávila mencionó que, en caso de ser aprobado, “necesitamos que nuestros compañeros sean protagonistas absolutos, si no otra vez va a haber un montón de gente, que no entiende nada, hablando por nosotros”.

Una problemática tan compleja, intrínseca y potenciada por las lógicas del neoliberalismo y enraizada, a su vez, a una historia de egoísmos de unos pocos que, como siempre, azotan las vidas de muchos, no puede menos que obligar a la Argentina toda a reflexionar, de una vez por todas, que no se trata de “empezar a mirar” algo que siempre estuvo pero que “nadie vio”, sino de dar lugar a quienes la viven, la padecen y, por ende, la comprenden en su total profundidad.

“Ojalá que en algún momento no existamos como organización: eso significaría que no hay más personas en situación de calle”, expresó Ávila y concluyó: “Mientras tanto, mejor es que seamos protagonistas y no actores o actrices secundarios. Queremos ser artífices de nuestras vidas y no que el resto nos diga lo que tenemos que hacer”.