10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

Mar 26, 2025 | DDHH, Destacado 3

La Argentina se había convertido en un país ejemplar por el juzgamiento a sus genocidas y sus políticas de memoria. Sin embargo, desde la asunción de Milei se demanteló la Secretaría de Derechos Humanos y se intenta justificar la dictadura. También hay retroceso en los derechos indígenas.

“Siempre hay avances y retrocesos”, reflexiona Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace diez años esta agencia de noticias publicaba lo que fue su primera nota periodística, un 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde ese momento hasta la actualidad, el campo de los derechos humanos ha sido atravesado por diversas aristas, pero su defensa nunca ha decaído. Los casos de los pueblos originarios y la lucha –más vigente que nunca- por el Nunca Más.

Los derechos en disputa

La década comienza con dos acontecimientos que resultaron cruciales para la democracia reciente: por un lado, el intento de la aplicación del 2×1; y, por otro lado, la desaparición de Santiago Maldonado.

El primero consistía en el beneficio de reducir la pena de prisión de todas aquellas personas que recibieron cárcel preventiva durante más de dos años. Esta normativa fue aprobada por primera vez en 1994 pero derogada en el 2001. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se intentó volver a instalar. Pero la negativa de la sociedad fue contundente, ya que pretendía aplicarse a quienes recibieron condenas por haber cometido delitos de lesa humanidad. En poco tiempo, Plaza de Mayo se llenó de pañuelos blancos bajo un cántico común: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Al respecto, Carlotto recuerda: “El masivo no al 2×1 a los genocidas, en 2017, fue un hito importante que marcó un límite a la impunidad y expresó un amplio acuerdo de la sociedad. Los derechos siempre están en disputa. Hay que luchar por ellos y luego defenderlos”.

Marcha en repudio al intento de aplicacion del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad. 

 10/05/2017

Poco tiempo después, el 1 de agosto del mismo año, otro suceso entró en agenda. En la provincia de Chubut, en Cushamen, se estaba llevando a cabo un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales ocupadas por la comunidad mapuche. Sin embargo, efectivos de Gendarmería Nacional, intentaron, por medio de la fuerza, desconcentrar la manifestación. Entre los convocados, se hallaba Santiago Maldonado, quien, tras el hecho, estuvo desaparecido por más de 70 días hasta que fue encontrado sin vida en el Río Chubut, lugar que ya había sido previamente rastrillado. Según lo que sostenía la autopsia, su fallecimiento fue provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “debajo del agua y no en otro medio”. Posteriormente, en el 2018 se cerró la causa al determinar que la muerte de Santiago fue “accidental sin responsables”. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos se hicieron presentes, especialmente el de su hermano, Sergio Maldonado. Desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y denunciaron que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión en pleno gobierno democrático.

Sergio Maldonado, Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel durante una concentración en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. 11/08/2017

Derecho al reconocimiento

Aquella bandera por la que luchaba Santiago Maldonado en defensa del reconocimiento de las comunidades originarias continúa siendo un campo de batalla. Para este grupo “lo que tiene que ver con el acceso y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra hay una gran deficiencia. El Estado no ha tomado las decisiones legislativas que sean necesarias para reconocer la propiedad colectiva de la tierra y que estas comunidades puedan acceder a sus territorios con servicios básicos de salud y de alimentación”, sostiene Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A mediados de 2023, en Jujuy, un intento de reforma constitucional de dicho territorio, llevada a cabo por el gobierno provincial de Gerardo Morales, puso en evidencia las condiciones de desigualdad que atravesaba el sector. Entre las modificaciones se hallaba la habilitación del desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, y la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida. Sin embargo, resistieron, dando a luz al Tercer Malón de la Paz, una marcha encabezada por comuneros y comuneras del norte argentino con el objetivo de hacer valer sus derechos y visibilizar su lucha. Así, su reclamo se extendió a otras provincias del país con la finalidad de visibilizar la problemática y que la CSJN y el gobierno nacional de Alberto Fernández se pronuncien al respecto. Aunque tras más de cuatro meses de reclamos, retornaron a sus territorios sin respuestas.

En este contexto, Hourcade destaca que ha habido “decisiones o actuaciones de la CSJN que de alguna forma fallan en garantizar la vigencia de los derechos humanos”. De esta manera, se refiere al Caso Lhaka Honhat. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de las comunidades originarias del norte argentino, al establecer que estas tienen derecho a su propiedad ancestral en Salta. Así, el fallo marcó un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones. No obstante, hasta el día de hoy no se ha implementado. Asimismo, la integrante del CELS habla sobre otro caso de la misma índole: “Más recientemente la CSJN ha dejado sin efecto una sentencia que reconocía la propiedad comunitaria de tierras por parte de la comunidad indígena originaria Ranquehue y eso también resulta muy preocupante.”

Justicia y memoria

En el otro extremo se encuentran los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde un primer momento, cuando en 1985 se realizó el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina ha sido un país pionero en el mundo a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. Así lo señala Carlotto: “Ha sido un proceso altamente positivo para la democracia. Los genocidas fueron juzgados, y lo siguen siendo, porque los juicios continúan, por tribunales ordinarios, como no pasó en ningún país del mundo. Las familias, las víctimas, los sobrevivientes, la sociedad toda, ha sanado un poco de tantas heridas gracias a la justicia.” Según datos provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación, hasta la fecha se llevaron a cabo un total de 354 juicios con sentencia, donde más de la mitad han ocurrido en la última década. Al mismo tiempo, la presidenta de Abuelas destaca la envergadura que estos tuvieron para las víctimas: “Los juicios fueron para miles de personas la primera oportunidad que tuvieron de contar los hechos traumáticos que atravesaron. En todo el país, en cada provincia, los juicios suscitaron la reflexión y la memoria sobre lo acontecido.”

Además, al calor de otras luchas, como la encabezada por el movimiento feminista, los delitos sumaron otras tipificaciones. En este sentido, Ana Ríos, de la organización Nietes, señala que es fundamental poder evidenciar que la dictadura tuvo un objetivo político, es decir, la implementación de un modelo social, político y económico. Así, indica que “hubo personas que desaparecieron por su identidad de género y su condición sexual, porque ese modelo económico también implicaba un modelo de relacionarse socialmente y por eso además se habla de una dictadura cívico-eclesiástica- militar, porque se quería reproducir un modelo de familia cis heteronormativa, patriarcal y la gente que iba en contra de eso también era atacada sistemáticamente.” De este modo, el juicio “Brigadas”, cuyo veredicto se dio a conocer el año pasado, fue histórico: posibilitó que por primera vez mujeres trans declararan como víctimas del terrorismo de Estado y así dar cuenta sobre los crímenes específicos que sufrió este colectivo durante la dictadura.

“Memoria y justicia son términos inescindibles”, afirma Carlotto sobre estos dos pilares de la democracia. Y añade: “Cuando hablamos de justicia no sólo hablamos de genocidas condenados. La justicia, la reparación, son algo más amplio. Se trata de poner a la luz lo que la dictadura quiso borrar.” Al respecto, Hourcade asegura que “la memoria existe más allá de la justicia. La memoria es social, es colectiva, traspasa generaciones. Pero más allá de eso, el Poder Judicial tiene un rol muy importante en garantizar la memoria a través de sus investigaciones y causas judiciales, y así aportar a la memoria histórica los hechos que han ocurrido, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que tienen trascendencia social”. “Los últimos 10 años -dice Carlotto- han sido un período de enorme reconocimiento a una historia silenciada por la impunidad. Tenemos derecho a la memoria, además, sin ella, ¿qué justicia perseguiríamos?”

Protesta de trabajadores y trabajadoras por los despidos masivos y el desfinanciamiento de la Secretaria de Derechos Humanos.  07/02/2024

Hay futuro

Poco a poco, de aquellas mujeres que salían de sus hogares, recorrían juzgados en plena dictadura y hacían “las rondas de Plaza de Mayo” con el fin de saber dónde estaban sus hijos y nietos desaparecidos, van quedando cada vez menos. Y es aquí donde la juventud comienza a cobrar importancia para sostener lo que ellas construyeron, sobre todo en un contexto en donde el negacionismo se convierte en política de Estado y avanza contra las políticas de memoria. “Casi no quedamos Abuelas -sostiene Carlotto-, pero están los y las nietas restituidas y las familias que buscan a sus seres queridos junto con nosotras.” Y afirma: “Nos sentimos muy acompañadas y con la garantía de que la lucha va a continuar, aunque nosotras no estemos. Y los nietos y nietas hoy son mayoría en nuestra Comisión Directiva, aunque como siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es que mientras haya una abuela, manda la abuela”.

Además, Ríos expresa la importancia de hablar con la juventud sobre la dictadura, aunque para esta parezca nada más un capítulo en los libros de Historia. “Seguimos insistiendo con construir memoria sobre un hecho que no se vivió o sobre donde no opera el recuerdo, pero creemos que es importante hablar de memoria porque esta, a diferencia de la historia, implica una dimensión activa del sujeto, traer a significar algo del pasado de lo cual uno formó parte. Y nosotros creemos que esta historia que tenemos desde nietos, por ser familiares, no es nuestra historia por ser nietos. Es la historia de todo un pueblo”, sostiene la integrante y señala que es fundamental terminar con “el quiebre en la transmisión transgeneracional», ya que, según ella, “es muy difícil que entre generaciones se pueda hablar de lo que pasó. Las generaciones anteriores están muy amedrentadas y disciplinadas por todo lo que ocurrió. Entonces muchas no hablan del tema y los pibes generalmente mayoritariamente se enteran de la última dictadura por la escuela y hay una generación que desconoce lo que pasó”.

Para los tiempos que corren, donde el gobierno de Javier Milei niega los crímenes de la dictadura y los derechos de las comunidades originarias continúan sin ser garantizados, “les jóvenes tienen un rol clave en el reclamo de la efectiva realización de todos los derechos humanos. La juventud trae nuevas preguntas, miradas y estrategias”, dice Hourcade. En sintonía, Carlotto concluye: “La juventud es protagonista y mantendrá encendida la esperanza”.

Cushamen, a siete años de la muerte de Santiago Maldonado

Cushamen, a siete años de la muerte de Santiago Maldonado

Jul 31, 2024 | DDHH, Destacado 3

El territorio mapuche desalojado por la Gendarmería hoy es tierra arrasada donde conviven el miedo de la población y la memoria de Santiago. Las novedades en la causa que abren una nueva esperanza.

A siete años de la desaparición de Santiago Maldonado, las comunidades (Pu Lof) en Resistencia de Cushamen, el territorio mapuche donde fue encontrado su cuerpo meses después, son el reflejo de un recuerdo viviente y de la interminable lucha de los indígenas por sus derechos indígenas. 

Si bien los antecedentes conflictivos se remontan a varias décadas, esa zona mapuche contó con la atención de un país entero en 2017 cuando cuatro escuadrones de la Gendarmería Nacional a las órdenes de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich ingresaron al territorio que la comunidad liderada por el lonko (líder espiritual y político) Facundo Jones Huala había recuperado de manos del magnate Luciano Benetton dos años antes. El operativo de los gendarmes, del 1 de agosto, saqueó y quemó las casas y pertenencias de la Pu Lof, y durante esas horas se produjo la desaparición y posterior muerte de Maldonado, que tenía 28 años, era tatuador, anarquista y viajero que se comprometía con las luchas de los lugares por los que pasaba. De hecho, poco antes había participado del conflicto por las salmoneras en Chile.

Actualmente, poco y nada queda de aquella recuperación de tierras. La casilla de vigilancia donde Maldonado pasó la noche del 31 de julio era la última construcción que quedaba en pie y fue incendiada por la policía de Chubut junto a personal de la estancia Leleque, de Benetton, sin dar explicación alguna, a 9 meses de la desaparición de Santiago. El que fuera territorio en disputa, por donde los gendarmes avanzaron al grito “fuego al indio”, ahora predomina la estepa patagónica y casi nadie se atreve a decir en voz alta qué sucedió.

En parte esto es así porque varios de los habitantes de la Pu Lof siguen criminalizados, desfilando por fiscalías, juzgados e incluso cárceles. Los demás temen represalias. El año pasado, Jones Huala fue extraditado a Chile, acusado de haber participado en un ataque incendiario en la región de Los Ríos. Le restaba cumplir un año, cuatro meses y 17 días de pena en Chile, por lo cual debería haber recuperado su libertad el 26 de junio pasado. Pero no sucedió y el referente mapuche continúa sin ser liberado al día de la fecha, por lo que hace ya más de un mes decidió realizar una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El 17 de julio fue internado por su grave estado de salud y en las últimas horas los partes médicos comienzan a mencionar el riesgo de fallas en sus órganos. El día 33 de su huelga de hambre, compañeros y familiares del líder se solidarizaron con la causa y convocaron a una ceremonia de limpieza para fortalecer la salud de Jones Huala frente al Hospital Intercultural Nueva Imperial, reclamando también por su libertad inmediata.

“Y eso no queda ahí, con Matías Santana también hay preocupación” declaraba una fuente cercana a la comunidad en diálogo con ANCCOM. El 17 de febrero este integrante de la Pu Lof de Cushamen había sido detenido en pleno centro de Bariloche acusado de dos causas: por participar en los incendios de viviendas en Villa Mascardi y por resistirse a las autoridades en una marcha en el departamento de Cushamen. 

Actualmente, el joven de 27 años sigue detenido en Esquel, y sus allegados continúan reclamando su pronta liberación. 

Santana estuvo en el ojo de la tormenta pública –incluso en una burlona entrevista televisiva con Jorge Lanata– cuando en 2017 declaró ante la justicia y los medios de comunicación que había visto cómo Gendarmería se llevaba a Maldonado el día 1 de agosto. Gracias a sus binoculares, explicó que lo reconoció porque llevaba puesta la campera celeste que él le había prestado, prenda con la cual Maldonado fue encontrado sin vida el 17 de octubre de ese mismo año. 

Archivo Adriana Meyer, 2017. Deslizá para ver la galería.

Voceros de la comunidad en diálogo con ANCCOM manifestaron que las causas contra las mujeres y hombres mapuches que se iniciaron en ese contexto resultaron grandes montajes sin pruebas donde lo único que se vio es la violencia estatal represiva. Los hechos respaldan estas palabras: el 25 de noviembre de ese mismo año la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Y cuatro años después asesinaron a Elías Garay en la Cuesta del Ternero. 

 

Lo último que se supo de Santiago

Santiago había llegado a El Bolsón en abril, y pronto se consustanció con las reivindicaciones del pueblo mapuche. Como recuerda su amigo Ariel Garzi, tenía tres grupos de amigos, los artesanos con quienes compartía su puesto en la Feria donde hacía tatuajes, a veces por trueque en lugar de dinero, los anarquistas que lo alojaban en la Biblioteca del Río, y los mapuche. El 31 se despidió de los dos primeros y se fue a apoyar el corte de la Ruta 40, que la comunidad había organizado en reclamo por la detención de su lonko, Jones Huala, en Bariloche, junto a la mitad de la comunidad, entre ellas Romina Jones Huala. 

El Movimiento Autónomo de Puel Mapu ya casi había desalojado el corte de esta vía que recorre Argentina paralela a la Cordillera de Los Andes. Pero Bullrich quería la foto de un mapuche preso, al menos. Así, Gendarmería recibió la orden para despejar la zona, y al grito de “fuego libre” ingresó al territorio habitado por la Pu Lof de Cushamen. Poco rato duró la resistencia con piedras hasta que todos, incluso Santiago, corrieron hacia el río Chubut, luego de buscar su mochila en la casilla. Según varios testigos, Maldonado llega a meterse al río para cruzar pero desiste y vuelve a la orilla. Nicasio Luna, un payador chileno, estaba a pocos metros y fue apuntado por los gendarmes. Él sí logró cruzar. Una testigo personal civil de Gendarmería respaldó en la causa judicial los dichos de Santana: a Santiago se lo llevaron los uniformados de ese lugar, en el que el macrismo a coro sostiene que “se ahogó solo”.

Una lamien (hermana en mapuche) en diálogo con ANCCOM, expresó que ese día un gran desconcierto surgía entre gritos, corridas y el intenso sonido que producían los vehículos acelerando para entrar: “Un grupo perseguía con balas de goma a mapuches que corrían hacia el río. Entre ellos, estaba Santiago. Hoy, a 7 años de su desaparición nosotros no sabemos lo que pasó, cómo murió ni dónde tuvieron su cuerpo. No pedimos justicia, no existe. Pedimos memoria. Estar alertas ante este sistema que persigue e intenta disuadir ideas de comunidad, solidaridad y levantamiento ante el opresor”.

Luego de una desprolija y cuestionada búsqueda, el 17 de octubre de 2017, setenta y siete días después de su desaparición, Maldonado fue hallado muerto en el río Chubut. La autopsia especificaba un fallecimiento provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “abajo del agua y no en otro medio”. Las interpretaciones posteriores no se basaron en la lectura del informe de autopsia sino en las pocas palabras que dijo el juez de la causa, en la puerta de la Morgue, dos días antes de las elecciones: que no hubo intervención de tercero y que no se trató de una muerte violenta.

A pesar de la insistencia de la familia por profundizar los puntos que esa pericia no determinó, y otras medidas que nunca quiso hacer, en noviembre de 2018 el juez federal Gustavo Lleral cerró la causa, determinando una muerte accidental sin responsables. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos de la víctima, encabezados por su hermano Sergio, nunca cesaron: desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión desatada en pleno gobierno de Mauricio Macri. 

“La novedad es que el juez ha ordenado ampliar los informes de los peritos y peritas que actuaron en la autopsia atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones de las afirmaciones y fundamentación”, dijo la abogada Heredia

Un giro en la investigación

En el último tiempo, la solicitud de una nueva respuesta logró ser concedida para la familia de Maldonado. El pasado 10 de mayo de este año la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartó al juez Lleral de la causa y revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados pertenecientes a la Gendarmería.  “Hemos perdido más de cinco años desde nuestro pedido en diciembre de 2018 para que apartaran al juez Lleral, un tiempo muy valioso para poder llegar a la verdad. Ahora deberán realizarse las pruebas pendientes ordenadas por la Cámara de Apelaciones así como todas las pruebas que hemos pedido en varias oportunidades y que el juez Lleral se negaba a realizar” expresó la familia en un comunicado.

En las últimas horas, se produjeron novedades en el expediente que ahora está en manos del juez Fernando Calvete. “La novedad es que el juez ha ordenado ampliar los informes de los peritos y peritas que actuaron en la autopsia atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones de las afirmaciones y fundamentación”, dijo la abogada de la familia, Verónica Heredia, a ANCCOM. “Este cuestionamiento lo hicimos desde el mismo 24 de noviembre de 2017 luego de que los peritos de la Corte Suprema nos dijeran que luego de hacer la autopsia no podían afirmar que Santiago murió ahogado el 1 de agosto de 2017 en el mismo lugar donde se encontró su cuerpo. Ésta es la razón por la cual ratificamos que la única hipótesis plausible seguía siendo la desaparición forzada seguida de muerte”, agregó la letrada. Esto se suma a la reciente orden de Calvete de reconstruir cada paso del operativo represivo en Cushamen, en base a una edición de video elaborada por la DATIP (Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración), para precisar la responsabilidad de cada uno y la autoría de casi cien disparos de aquella jornada. “La causa vuelve a empezar”, había dicho Heredia en ese momento

Actualmente Cushamen es el reflejo de un recuerdo y un homenaje perpetuo, donde quedan los murales, algunos vandalizados, con la mirada de Santiago que hicieron los vecinos y sus compañeros. 

El gobierno intenta frenar la búsqueda de los nietos desaparecidos

El gobierno intenta frenar la búsqueda de los nietos desaparecidos

Jun 28, 2024 | DDHH, Destacado 2

A través de un proyecto de decreto, Abuelas de Plaza de Mayo tomó conocimiento de la intención de eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado. Salió a denunciarlo y pedir que se revea la medida.

Un proyecto de decreto impulsado por el Poder Ejecutivo intenta cerrar la Unidad Especial de Investigación (UEI) para la búsqueda de niños desaparecidos como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. La información se filtró y alarmó a Abuelas de Plaza de Mayo que salió a denunciarlo un comunicado de prensa: “La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”. Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido por Abuelas y actual miembro de la Comisión Directiva de la organización, detalló: “Desde el punto de vista de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia esto es algo gravísimo, pero hay que entender que se están llevando puesto todo, es un desgobierno, no hay una sola medida a favor de la ciudadanía”.

El decreto se filtró el miércoles y solo necesita la firma del presidente Javier Milei para entrar en vigencia, por eso desde distintas personalidades y organizaciones salieron a manifestarse solicitando al gobierno que revea la medida. Verónica Castelli, hija de desaparecidos quien desempeñó tareas en la UEI, remarcó que “la medida va en la línea del gobierno, que viene reivindicando a la dictadura militar desde su campaña, pero igualmente apelamos a la reflexión porque Argentina es reconocida en materia de Derechos Humanos y esto implicaría un retroceso”.

La UEI fue creada en 2004 a través de un decreto, dentro de la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.Di.). “La Unidad se funda en el marco de un pedido histórico de todos los organismos de derechos humanos, de los familiares y de los sobrevivientes del golpe al Estado Nacional para que se abran los archivos para saber qué pasó con todas y todos los desaparecidos”, señaló Castelli, quien además explica que “a través del decreto lo que se hizo fue habilitar a la Co.Na.Di funciones de investigación que le permitan acceder a toda la documentación con la que ya cuenta el Estado Nacional”. 

Castelli integró la agrupación H.I.J.O.S, querelló en juicio de lesa humanidad y se encontró con su hermana, que estuvo apropiada durante 31 años, en julio de 2008. Ella sabe de la importancia de las herramientas desplegadas por el Estado durante estos 40 años de democracia. Sobre su paso por la UEI reflexiona: “Es algo que me llena de orgullo, que me permitió y me permite llevar adelante algo de lo que siempre fui consciente y es que en este país, lamentablemente, en el inicio de la democracia las victimas tuvimos que aprender a repararnos a nosotras mismas, tuvimos que volvernos investigadores, tuvimos que aprender de derecho para poder hacer lo que el Estado no hacía y después, de a poco, el Estado fue tomando toda nuestra experiencia y me parece súper importante un Estado que defiende los derechos de la gente y la UEI existe porque es un derecho de la sociedad argentina”.

Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido por Abuelas y actual miembro de la Comisión Directiva. Archivo. 

“No es cierto que cada uno de los poderes del Estado cumpla solo con la función primaria que le compete, así como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de administrar, también cumple con tareas  legislativas, sino no podría emitir decretos por ejemplo”, dice Pérez Roisinblit.

En el proyecto de Decreto que busca eliminar la UEI, el argumento central es la superposición de funciones del Poder Ejecutivo Nacional por tratarse de temas que competen al Poder Judicial. Para Verónica Castelli este argumento no es válido, porque “es importante que los tres poderes del Estado se comprometan con la búsqueda de los chicos, ya no tan chicos, apropiados por la dictadura militar”. En este sentido, Pérez Roisinblit sostiene que “no es cierto que cada uno de los poderes solamente cumple con la función primaria que le compete, así como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de administrar, también cumple con tareas legislativas, sino no podría emitir decretos por ejemplo”. Castelli también explica que “la importancia de la UEI radica en que permite realizar investigaciones de las miles y miles de denuncias que el pueblo argentino acerca cotidianamente para esclarecer la identidad biológica de muchas personas sin necesidad de abrir un proceso judicial”. 

La política del Gobierno de Milei en materia de Derechos Humanos es fuertemente criticada por diversos organismos nacionales e internacionales y esta medida solo aumenta tensiones “que se haya filtrado un proyecto de decreto de este tipo no es poco, creo que están tratando de medir la reacción de la sociedad ante esta medida”, sostiene Pérez Roisinblit. En lo que se refiere a las medidas que tomarán desde Abuelas de Plaza de Mayo, Pérez Roisinblit explayó: “Vamos a recurrir a las distintas instancias, si tienen que ser las nacionales serán las nacionales y si tienen que ser las internacionales, serán las internacionales”.

La memoria argentina es patrimonio de la humanidad

La memoria argentina es patrimonio de la humanidad

Sep 19, 2023 | DDHH, Destacado 1

La UNESCO declaró al Sitio Memoria ExEsma como patrimonio mundial. Es un reconocimiento, además, a las políticas de derechos humanos desarrolladas por la Argentina durante los 40 años de democracia. La mención llega en un momento donde proliferan los discursos negacionistas en medio de la campaña electoral.

La UNESCO declaró este martes al Museo Sitio de Memoria ESMA Patrimonio de la Humanidad, en la 45° sesión extendida del Comité del Patrimonio de la Humanidad en Riad, Arabia Saudita. Desde la secretaría de Derechos Humanos de Nación, el secretario de esa cartera, Horacio Pietragalla Corti, señaló: “Se trata de un hecho de una relevancia única dentro de la historia argentina y regional, que sienta un precedente para seguir dando ejemplo en el mundo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Expresó además que el Museo representa a todos los Espacios de Memoria del país y de la región, y que esta declaración se trata de un homenaje a “esos miles de desaparecidos que tiene nuestro continente”. Además, señaló que “constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar”.

 La votación

El Comité, que comenzó a sesionar el 10 de septiembre último, ha estado votando desde el 16 del mismo mes las propuestas para nuevas incorporaciones a la lista de Patrimonios de la Humanidad, para la que el Museo había presentado su expediente de nominación en enero de 2022. Esta votación está a cargo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés).

Alrededor de las 11 de la mañana del martes, el comité comenzó con la revisión de la propuesta argentina para la inclusión del Sitio Memoria a esta lista, sobre la que ANCCOM ya ha publicado anteriormente. El presidente del Comité, el doctor Abdulelah Al-Tokhais, comenzó señalando que al expediente se habían integrado algunas correcciones factuales, y explicó dónde se encuentra la ex-ESMA y lo que ocurrió allí durante la última dictadura cívico-militar argentina, marcándola como uno de los sitios más emblemáticos del terrorismo de Estado en el Cono Sur. Como tal: “Es de suma importancia para la memoria de las víctimas y es significativo por la resonancia global de los eventos de ese período de la historia argentina”, aseguró. Icomos también marcó que “la nominación incluye una expansión del área protegida”, lo que implica no sólo el resguardo de lo que fue el Casino de Oficiales, donde se mantuvo cautivas a más de 5000 personas, sino que contempla el resguardo del predio de la Esma, que lo contiene.

Icomos recomendó que el sitio sea incluido a la lista, basándose en el sexto de los criterios de selección de la UNESCO para la inclusión de un sitio a su lista de Patrimonios de la Humanidad, que “trata sobre sitios directa o concretamente asociados con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada importancia universal”. Luego, representantes de otros países presentaron sus comentarios. Los embajadores de Japón ante la UNESCO expresaron que se trata de una de las nominaciones más aptas y que es un ejemplo a seguir para otras naciones. Los embajadores belgas marcaron la importancia del momento como un hito, agregando que esperan que la exESMA sea un precedente, por lo que felicitaron a la Argentina por este reconocimiento. El último comentario fue de parte del embajador de México, quien utilizó una cita del escritor Julio Cortázar para marcar el peso histórico del momento, felicitando también a la Argentina y expresando la necesidad de no olvidar lo sucedido durante las dictaduras latinoamericanas.

 

Finalmente, el presidente del comité declaró al Museo Sitio de Memoria como parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Acto seguido, los embajadores de la Argentina agradecieron y anunciaron la transmisión de un mensaje del presidente Alberto Fernández, quien agradeció a la UNESCO y expresó: “Se trata de un paso muy importante” y remarcó la importancia de mantener viva la memoria para que las malas experiencias no se repitan. El presidente destacó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha y remarcó que la lucha por los derechos humanos en Argentina estuvo liderada por mujeres que “nunca claudicaron”. Agregó que Madres y Abuelas “nos enseñaron a no buscar venganza, sino a pedir justicia”. Respecto a la coincidencia de esta declaración con los 40 años de democracia, el presidente expresó que este no se trata de un dato más y que esta declaración le da tranquilidad de que el horror no será olvidado. Además, destacó el trabajo de la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Losardo, por la candidatura y aseguró que este reconocimiento nos permite avanzar hacia un futuro mejor, que nos hará una mejor sociedad. “La UNESCO puede tener certeza de que ha hecho justicia, porque preservar la memoria hace del mundo un lugar mejor”, aseguró el mandatario

En diálogo con ANCCOM, el abogado y activista Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido e integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló lo importante que es que una organización como la UNESCO, que forma parte de la comunidad internacional reivindique “la lucha que ha llevado adelante nuestro país, empoderando tanto la memoria, la justicia y distintos mecanismos de no repetición” en un contexto en el que proliferan los discursos negacionistas y en el que hay “personas y candidatos presidenciales que reivindican el accionar de los genocidas, el Estado represor y como maquinaria sanguinaria, que desapareció y torturó a 30 mil personas y que además se robó aproximadamente 500 nietos y nietas”. Roisinblit, quien nació durante el cautiverio de su madre secuestrada y desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada, considera que la exESMA es un centro clandestino emblemático en base a su ubicación, la cantidad de desaparecidos que pasaron por él, de los cuales él es uno de los 200 sobrevivientes, y la magnitud de la crueldad que se ejercía allí.

 

 

Por eso, Pérez Roisinblit destacó la importancia del nuevo estatus del Sitio como Patrimonio de la Humanidad ya que “es algo que ya no se va a poder tocar, que va a perdurar para siempre como prueba irrefutable de lo que fue el genocidio en nuestro país, como prueba indiscutible de a dónde nos puede llegar a llevar la intolerancia, el odio y la disparatada idea de que al otro para anularlo lo tenés que hacer desaparecer”. También, sostuvo que “es enaltecer y reivindicar las distintas posturas que ha estado llevando adelante nuestro país en estos últimos cuarenta años de democracia , porque si hay algo que no puede desconocer el resto de los Estados parte, el resto de los países del mundo, es todo el proceso que ha llevado adelante argentina en materia de los derechos humanos”.

ANCCOM también consultó a Soledad Astudillo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien declaró que este se trata de un logro del movimiento de derechos humanos, un “reconocimiento que demuestra que el camino realizado desde los organismos de derechos humanos de buscar la verdad sin ninguna clase de venganza, es el correcto” y que “es un incentivo a seguir trabajando en este camino de la Memoria, la verdad y la Justicia”.

La directora ejecutiva del Museo Sitio Memoria Ex Esma, Mayki Gorosito fue parte de la delegación que viajó a la capital saudí y expresó a través de la redes sociales del Museo: “Es un día lleno de orgullo y agradecimiento” y agregó: “Orgullo porque logramos con nuestro trabajo dar continuidad a la lucha de los organismos de derechos humanos transformado en política pública”. La directora agradeció a las personas que prestaron apoyo constante en el camino hasta este logro y también extendió sus gracias a las personas que apoyaron y reconocieron su “trabajo para dar cuenta y testimonio del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas”.

Deslizá para ver la Galería. 

¿No culpes al rugby?

¿No culpes al rugby?

Ene 27, 2023 | Comunidad, Destacado 3

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa vuelve a poner al rugby en el ojo de la tormenta. ¿Es todavía un deporte elitista como en sus inicios? ¿Fomenta la violencia? ¿Por qué no pasa con otros deportes?

 El rugby es un deporte de larga historia en nuestro país. El primer partido se jugó en 1873 en el Buenos Aires Cricket Club y 26 años después se fundó la River Plate Rugby Championship, antecesora de la Unión Argentina de Rugby (UAR), y organizadora de la liga local. Según datos de la UAR, el rugby argentino tiene hoy 574 clubes divididos en 25 uniones. Hay más de 100.000 jugadores fichados y 1.693 referís. En las mujeres, el número es mucho más bajo: 4.500 jugadoras.

Como se ve, el rugby tiene una larga tradición en nuestro país y no han sido extraños los casos en que se los asoció con la violencia, el elitismo y el machismo. El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa volvió a instalar el debate alrededor de un deporte que practicaban algunos de los ocho acusados. La pregunta insistente entre propios y ajenos es: ¿qué pasa en el rugby?

Es que el asesinato de Báez Sosa no es un hecho aislado: en los ulltimos años se han registrado muchos ataques y golpizas protagonizados por rugbiers. La muerte ocurrida en Villa Gesell renovó el interés de la prensa que volvió a prestar atención a algo que, en realidad, es recurrente y adquire diversas formas: los tuits racistas y xenófobos de Los Pumas Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Nocino, lo demuestran. Los tres fueron sancionados y pidieron disculpas pero sus “chistes” hablan de qué resulta gracioso para jugadores que son mirados con admiración por sus pares. También tuvo repercusión la experiencia vivida por Julian Princic, productor de TyC Sports.

Sin caer en generalizaciones, la reiteración de estos sucesos invita a pensar si existe o no una relación entre la violencia y el rugby o en por qué estas situaciones no se dan tanto en otras disciplinas deportivas.

Violencia y rugby

“La violencia apunta a una descarga agresiva, sin ningún filtro, con tintes de reírse, maltratar y humillar al otro”, explica Elvecia Trigo, psicóloga y miembro de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG). Ante la consulta de si el rugby es o no un deporte violento, la especialista responde: “Puede ocurrir que la persona que juega al rugby sea violenta previamente y elija al deporte para canalizar sin límites su propia violencia. Pero los deportes no son destructivos, todo lo contrario”.

A diferencia de muchas voces del rugby que prefieren barrer bajo la alfombra estos temas, el ex capitán de Los Pumas, Agustín Pichot, pateó el tablero hace un año durante una entrevista que le hicieron en Infobae: “El gran problema que hemos tenido como deporte es no haber diferenciado lo bueno y lo malo. Haber naturalizado la violencia”.

“A mí me mordió la cola una persona de 130kg que tiene una mandíbula diferente, parece un dogo”, confesó Pichot. “No me pude sentar por cuatro días y eso es cero gracioso, pero se naturalizó”. Los bautismos se realizan cuando un jugador debuta en el primer equipo. Son un rito de iniciación que por lo general suponen un carácter violento. Van desde cortes de pelo, violencia física o ser humillado frente a los demás. Este tipo de tradiciones son históricas en el mundo del rugby, pero en los últimos años, su frecuencia y carácter violento han ido disminuyendo.

El periodista y escritor, Daniel Dionisi, coincide y celebra las declaraciones de Pichot. Según él, el rugby aún tiene muchas cosas por corregir, como los bautismos, el consumo de alcohol o las salidas en manada: “En el rugby existe el hábito del golpe. El jugador está más acostumbrado a sufrirlo que en otros deportes. Desde chico jugás golpeándote. Además, tienen un físico más desarrollado en cuanto a la fuerza que otros deportistas. En muchos partidos sucede que un jugador le pega una piña a otro y al rato están como si nada. O en reuniones sociales, donde de la nada se agarran a piñas y después comparten una cerveza. Algunos rugbiers no entienden que el resto de la sociedad no está acostumbrada a este tipo de situaciones”.

Rugby de clases

“Buena parte de la sociedad ve a los jugadores de rugby como personas violentas y prepotentes. Mucha gente cree que el rugby es un deporte elitista, de chetos, pero eso cambió hace décadas”, asegura Christian Gomez Scher, periodista y ex rugbier.

Si bien hoy en día es un deporte más popularizado, aún persisten componentes elitistas, clasistas y discriminatorios en el rugby argentino. El hecho de que se practique en todo el país, inclusive en las áreas más carenciadas del conurbano, suele utilizarse como argumento para catalogarlo como un deporte “popular”. Para Dionisi esta simplificación puede ser una trampa: “Si vos sos jugador de un club en González Catán y por el hecho de jugar ahí te sentís superior a los pibes que viven en la villa de enfrente, está funcionando un elemento elitista igual que si el club quedará en San Isidro. Entonces no solo se trata de llevar el rugby a todos lados, sino que además hay que eliminar esa soberbia”.

¿Pasa lo mismo en otros países? En Inglaterra, el rugby fue históricamente de los “college”. Existía allí un componente elitista y clasista que fue copiado por el rugby argentino en sus inicios. En cambio, en Francia siempre se caracterizó por ser un deporte de los sectores populares, al igual que en Gales, donde lo jugaban los mineros. “En los primeros enfrentamientos con Francia, en los años 40’, cuando el rugby sí era un deporte elitista en nuestro país, los jugadores argentinos se sorprendían de jugar ante un carnicero, un barrendero o un obrero”, cuenta Dionisi.

En Nueva Zelanda, país más ganador de la Copa Mundial y del Rugby Championship, es el deporte nacional. Sin embargo, esto no ha impedido que numerosos jugadores estuvieran involucrados en casos de violencia fuera de las canchas, en algunos casos contra las mujeres.

En Sudáfrica, donde incluso antes de que se introdujera la legislación del apartheid en 1948, su selección nacional era integrada sólo por jugadores blancos. Los “Springboks” fueron un símbolo de la división racial dentro del país. La situación comenzó a modificarse paulatinamente gracias a las transformaciones llevadas a cabo por Mandela a partir de 1994. Aún así, solo siete jugadores negros fueron convocados para disputar el mundial de 2015 pese a que forman el 84% de los jugadores sudafricanos menores de 18 años, según el diario Marca.

En estos países no aparece con frecuencia la asociación entre rugby y violencia, al menos fuera del campo de juego.

 

El machismo y racismos presentes

Otro de las variables que afectan al rugby es el machismo. A diferencia del resto del mundo, donde se está fomentando el rugby femenino, los clubes más tradicionales de nuestro país mantienen muchos prejuicios machistas. Para el sociólogo y ex-rugbier Jorge Elbaum: “Una gran parte de los chicos están educados en una impronta donde se autoriza una forma de machismo y lógica patriarcal que lleva a una violencia física totalmente injustificada. Hay una combinación entre el machismo y la violencia dentro del rugby”.

Elbaum señala a las instituciones y al Estado como los responsables de modificar esta situación, exigiendo a los clubes que estén más en contacto con la educación formativa del deporte: “Tiene que haber una política de concientización acerca de lo que significa portar un cuerpo con la capacidad de lastimar. Hay que explicarles desde chicos que no pueden levantarle la mano a nadie, ni dentro ni fuera de la cancha. La UAR, la URBA y los clubes están en falta con lo formativo”.

“Estamos ante un problema social grave, cuya estructura básica tiene dos componentes: un problema de género y otro de clase. En nuestro país, el problema de clase tiene un subproducto que es el racismo. El asesinato de Báez Sosa es la expresión de todas estas problemáticas”, agrega.

Con el objetivo de erradicar la violencia y resolver cualquier tipo de conflictividades del rugby en Argentina, a mediados de 2020 la UAR implementó el programa “Rugby 2030, hacia una nueva cultura”. Siguiendo la misma línea, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) creó la comisión de formación integral y mejora del comportamiento (FIMCO), que realiza diversas actividades y talleres. Sera cuestión de tiempo saber si estos programas logran modificar la formación de los chicos en este deporte.

No cabe duda de que todas estas cuestiones son mejorables, pero sus raíces son profundas. Las decisiones que se tomen no deberán ser aisladas e inconexas como ocurrió hasta el momento. Se debe erradicar la soberbia todavía presente en algunos sectores del rugby que los lleva a idealizarse en una posición ética y moral superior al resto. En definitiva, la solución debe apuntar a problemas sociales de fondo: la violencia, el machismo, el clasismo y la discriminación que continúan particularmente enquistados en el rugby argentino.