Mar 26, 2025 | Culturas, Destacado 5
De las plazas al mercado, el trap ganó al público joven pero también seduce a los viejos rocanrroleros. Wos, Naty Peluso y Ca7riel, entre otros emergentes, conviven con los póceres de rock, el jazz, el tango y el folclore.
Los últimos diez años de la música argentina estuvieron atravesados por el auge de los ritmos urbanos, que se integraron en un ecosistema de géneros ya consolidados y transformaron la escena sin perder sus bases históricas. El camino de los músicos de aquellos géneros tomó dos direcciones: mientras algunos se mantuvieron fieles a los sonidos característicos, otros emprendieron un proceso de búsqueda, establecieron puentes con el pasado y fusionaron distintos estilos que dieron lugar a un nuevo sonido. En este contexto, artistas y un periodista especializado analizaron los cambios y el impacto de la tradición en la música actual.
Mariano del Mazo, periodista y escritor, examinó la última década y afirmó que el cambio más grande en música popular fue el advenimiento de las nuevas músicas urbanas, que incluye géneros como el pop, el hip-hop, el trap, el reggaeton y la electrónica. “Fue muy pronunciado lo que ocurrió con el trap, en términos de expansión y conquistas de mercados. En otros géneros se mantuvo una tendencia: cierto conservadurismo del rock, cierta producción muy interesante y proteica del tango, pero sin ningún tipo de alcance masivo, el folklore sin grandes novedades y la repetición de formatos ya hechos anteriormente en el pop”, observó.
La música, como todos los aspectos de la vida, fue atravesada por la pandemia, el aislamiento y el aumento del uso de los medios digitales. Del Mazo reconoció estos factores como los impulsores del trap, un movimiento que se gestó en el 2010 y creció al calor de la presencialidad, con batallas de freestyle y encuentros en Parque Rivadavia. La posibilidad de hacer canciones con una computadora, compartirlas en plataformas de streaming musical y difundirlas en redes sociales, sin la intervención de un sello discográfico, abrió la puerta para que una nueva generación de artistas se diera a conocer.
“A principios de este siglo, Chico Buarque dijo que la canción era un fenómeno del siglo XX, y que el siglo XXI sería el siglo del hip-hop y del rap, o del plagio. Después de artistas como Gardel, Jobim, Lennon-McCartney, no habría manera de superar lo que ocurrió en ese tiempo. No sé si acertó, porque ya van 25 años del siglo XXI y la canción sigue presente”, dijo del Mazo y agrega; “Se impuso a través de géneros nuevos, derivados del hip-hop, del reggaeton, de otros ritmos y con un sonido que hoy está naturalizado. Actualmente hay algo que tiene que ver con el silbido, con la repetición, que es aparentemente invencible. Un montón de chicos y chicas son capaces de memorizar largas parrafadas que no tienen ninguna melodía, algo que en el siglo XX hubiera sido bastante complicado. Hoy la atención del oyente es mucho más fragmentada y a su vez más afilada, lo que hace que todo sea más vertiginoso y que lo que ayer fue cantado enseguida caiga en el olvido. Es complicado pensar en un clásico, o un futuro clásico.”
Sin embargo, en esta década la música urbana no permaneció estática, ya que algunos cantantes se alejaron de las fórmulas propias del género, y se encomendaron a una exploración, tanto en sus discos como en sus recitales, en la que incorporaron elementos del rock, jazz e incluso aparecieron guiños hacia el tango y el folklore. Del Mazo afirmó: “La necesidad del toque en vivo hace que se metan instrumentos analógicos. Uno va a ver los conciertos y hay instrumentos en formato rock: guitarras eléctricas, sesiones de vientos. Hay cierta torsión hacia el formato canción que viene de artistas que empezaron haciendo otra música. Aquello que es puro sonido y ritmo con poca melodía va teniendo una tendencia hacia lo cancionístico. Así mismo pasó con Wos, Nathy Peluso, Trueno y Dillom.”
En estos años, los nuevos artistas y géneros convivieron con músicos emblemáticos de otras décadas, tanto en el público, compuesto por distintas generaciones, como en los intérpretes. El periodista remarcó: “Algo que afortunadamente está ocurriendo con la nueva música es que respeta el pasado inmediato. La mayoría de los chicos que hacen música hoy tienen un gran respeto y admiración, también conocimiento de las obras de los Redonditos, de Divididos, de Spinetta. El sonido de esta época ya no es el rock, es otro sonido que está fraguando. Quizás para el oyente veterano estos nuevos artistas cuestan, porque son otras voces, otro estilo y estética, como costó en las décadas del sesenta y setenta a los viejos tangueros asumir el rock. Hoy los jóvenes tienen otra consideración estética de lo que es alguien que canta o toca bien, no pasa por la entonación.”
Fernando Samalea, histórico baterista y bandoneonista que ha tocado con artistas como Charly García y Gustavo Cerati, dialogó con ANCCOM sobre la continuidad de la música actual con el pasado y expresó: “Hay algo mágico donde siempre queda una década en el medio que molesta. Por ejemplo, en los años ochenta se rescataba mucho de los años sesenta, pero los setentas se veían como algo arcaico y obsoleto. En los noventa hubo una nueva revisión de la música disco, del funk, y tanto el rap como el hip-hop tuvieron que ver con eso. Tal vez, sin ánimo de ponerme en pragmático porque nadie tiene la verdad absoluta, estos tiempos dejan muy en claro que convivimos con varias décadas para revisitar. Los videos más actuales de bandas en boga, llámese Bándalos Chinos o Ca7riel y Paco Amoroso, le hacen guiños muy característicos a otros tiempos”.
El músico, que se encuentra en plena escritura de un nuevo libro de memorias, agregó: “Es como si hubiese un mediomundo en el mar atrayendo todo lo que pasó, y a su vez, generando la punta de lanza hacia lugares insospechados, porque en definitiva los jóvenes son quienes deben enseñarnos el camino e ir hacia delante en la música.”
Además, el músico destacó la importancia de la tecnología en el rock, y sus influencias sobre otros géneros: “Una afirmación que me gusta mucho es que el rock comenzó cuando a alguien se le ocurrió enchufar una guitarra española a un parlante. Denota que la tecnología tuvo mucho que ver. Yo vengo de los años ochenta y la música tenía mucho que ver con los años sesenta, el tipo de melodía y el tipo de ritmos. La gran diferencia fue la tecnología de los sequencers, las baterías electrónicas, ese sonido particular con los procesadores de entonces”
Samalea añadió: “También en los años noventa afloró la movida de los loops y las repeticiones, que le dieron las marchas características al rap y al hip-hop. Los ingenieros que hacen los sonidos de los teclados, los sequencers o baterías electrónicas, de alguna forma son héroes anónimos que tienen mucho que ver en la personalidad de cada época.”
Daniel “Pipi” Piazzolla, baterista de Pipi Piazzolla Trío y Escalandrum, y nieto de Astor Piazzolla, meditó en torno al impacto de los últimos 10 años en el jazz. El músico expresó: “El jazz ocupa un lugar muy importante dentro de la música argentina porque es un género que le permite a los nuevos compositores expresarse y hacer nueva música sin estar regidos por lo que dicen los grandes sellos, por lo que es un buen ámbito para poder experimentar a pleno todas las ideas que se te van ocurriendo. Al jazz nunca le interesó ser famoso ni sonar en las radios. El jazz argentino fue evolucionando y creo que la globalización ayudó bastante en esto de mezclar estilos, de escuchar música de otros mundos y experimentar con nuestra propia música.”
A lo largo de su historia, y debido a su versatilidad y carácter lúdico, el jazz argentino se fusionó con distintos estilos como el tango, el folklore, el rock, el funk y el hip-hop. Piazzolla remarcó: “No es una novedad que artistas de otros géneros incorporen al jazz en su música, ya pasó con músicos de otras generaciones como Luis Alberto Spinetta, con La Máquina de Hacer Pájaros. En el jazz se experimenta tanto que hay cosas que después quedan para otros estilos como ideas”. De esta forma, su integración a la música urbana se manifestó como parte de un curso natural.
Con entusiasmo respecto al pasado, presente y devenir musical, Samalea concluyó: “El mundo de la música parecería ser un río que no cesa y cada generación va trayendo nuevos artistas que cautivan y congregan a miles de chicos y chicas. Me parece maravilloso como el encanto de la juventud denota siempre atracción por las expresiones artísticas. Quizás estamos en una era que es del vale todo, desde lo robótico a lo funky, a lo barroco, incluso épico, de algunas melodías. Siempre está el ritmo, ya sea en lo urbano, lo hipnótico, lo minimalista o en otras composiciones más elaboradas que insta a la danza. Pareciera que la humanidad conecta siempre con ese instinto primitivo del 2/4 y el latido del corazón.”
Mar 25, 2025 | DDHH, Destacado 3
De los disparos a la murga de la Villa 31 no bien asumió Macri al cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo bajo el gobierno de Milei. Un problema que la democracia no pudo solucionar.
Represión durante la protesta de los jubilados en septiembre de 2024.
Mientras el fotoreportero Pablo Grillo, víctima de un balazo de gas de la Gendarmería, se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, ANCCOM repasó la última década de represión a manos del Estado. El término “violencia institucional” tiene múltiples definiciones y alcances. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) considera que “cuando hablamos de violencia institucional se piensa mucho en la represión policial o militar, pero esta se manifiesta de muchas maneras. La violencia institucional parte de los poderes del Estado: está tambien en la discriminación, en expresiones y condicionamientos”.
Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “es una forma de violencia estatal que no requiere de un plan centralizado para existir, eso la diferencia del terrorismo de Estado. Es una violencia más difusa, que depende del modo en que funcionan las instituciones”.
Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que “en lo que hace a la militancia de Correpi, preferimos utilizar la expresión represión estatal”. A su criterio, “violencia institucional es el género y represión estatal es una de sus especies”. Desde Correpi identifican dos tipos de represión estatal: la preventiva y la selectiva. “La represión selectiva se dirige sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, a través de la criminalización de la protesta y la represión, por ejemplo, y la represión preventiva es la represión de control social en los barrios, invisibilizada hacia adentro de la clase que la padece y naturalizada hacia afuera”. Verdú afirma que hay dos nociones centrales con respecto a esto, control social y disciplinamiento: “Al que ya sale a protestar, lo disciplinan. Al que potencialmente podría organizarse y salir, le aplican el control social para que tengan miedo y se queden quietos en sus casas”.
Tanto Tufró como Verdú hablan de las dificultades que supone la falta de un registro estatal sobre los casos. “No tenemos datos concretos. casos de gatillo fácil, por ejemplo, hay infinidad que nos vamos a enterar en los próximos meses cuando la familia se contacte. Todos los años incorporamos casos de años anteriores”, afirma Verdú con respecto al Archivo de Casos que Correpi realiza desde 1996. “No existe una producción de datos o de información que permita hacer una medición detallada de la violencia institucional y de su evolución”, sostiene Tufró. “El Estado no lo produce y lo que producimos las organizaciones son datos de algunos indicadores, pero esos indicadores no hablan de la generalidad de la violencia institucional”, agrega.
Pese a la dificultad de acceder a los datos concretos, el trabajo de las organizaciones logra ciertas certezas. “Lo que se sostiene y persiste es que la violencia institucional se concentra cada vez más sobre las personas pobres, jóvenes varones pobres particularmente”, establece Tufró. Otro dato certero es que la mayor cantidad de muertes por violencia policial ocurren cuando el oficial se encuentra de civil. “En estos últimos años el 70% u 80% de los casos de muertes por policías se dieron cuando estaban fuera de servicio. Se llevan el arma a su casa y matan a personas que supuestamente les van a robar”, afirma el integrante del Cels.
Florencia Torres, de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» luego de la represión. Año 2016.
2015-19: Macri con Bullrich
29 de enero de 2016. La murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del barrio de Bajo Flores ensayaba en la calle, cuando dos móviles de Gendarmería los encararon con el auto para pasar. Antes de que pudieran despejar la calle, los gendarmes comenzaron a dispararles balas de goma. La ministra de Seguridad presentó los hechos como un enfrentamiento de los oficiales con una banda narco.
En febrero del mismo año, Bullrich presentó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Este identificaba la libre circulación de personas y bienes como el principal derecho a ser defendido por las Fuerzas de Seguridad y omitía regular el uso de armas de fuego, ya que no establecía ninguna disposición respecto al armamento autorizado en los operativos. “Durante la gestión Macri se produjo un recrudecimiento profundo de todas las estrategias represivas del aparato estatal, al punto tal de que a mediados de 2017 hablábamos de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”, afirma Verdú.
La administración de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante estos años fue caracterizada por la denominada “Doctrina Chocobar”. El nombre hace referencia al caso del policía Luis Chocobar, quien estando de civil asesinó a Juan Pablo Kukoc, tras ver al joven robarle a un turista en La Boca. Las imágenes del hecho demuestran que Kukoc escapaba cuando el policía le disparó por la espalda, desmintiendo la versión del oficial que aseguró haber visto en riesgo su vida. Luego de los hechos, Macri y Bullrich recibieron a Chocobar en la Casa Rosada y aseguraron estar orgullosos de su actuación.
“Algo que nunca había sucedido antes, en ninguna de las administraciones anteriores fue la normativización del gatillo fácil a través de resoluciones ministeriales, los famosos Protocolos Bullrich”, sostiene Verdú. A través de la resolución 956/18, el Ministerio de Seguridad amplió la posibilidad del uso de arma de fuego para las fuerzas federales para “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”. A su vez, se exceptuaba el deber de dar voz de alto en las situaciones donde “resultara ello evidentemente inadecuado o inútil”.
“Durante esta gestión se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas, de la tasa de prisionización y la tasa de crecimiento interanual de personas detenidas”, expresa el informe 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria.
Represión en la protesta contra la Ley de Reforma Previsional en diciembre de 2017.
De acuerdo a la CPM, estos indicadores muestran una política de seguridad dirigida únicamente a una mayor captación de personas por parte del sistema penal, y no a una desarticulación de los mercados delictivos. “En casi cuatro años no existieron políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura. A la par, asistimos a la descomposición acelerada de un Poder Judicial que no previene ni sanciona estas violaciones de derechos humanos y que es parte constitutiva de su realización”, denuncia el informe. De acuerdo a los datos de la CPM, la Gobernadora bonaerense en ese entonces, María Eugenia Vidal, culminó su gestión con 51.000 detenidos que se alojaron en 21.000 plazas: la sobrepoblación carcelaria creció del 72% al 118%. La CPM sostiene que esta tasa de prisionización fue la más alta del país, con 294 detenidos por cada 100.000 habitantes.
Con un discurso punitivista y apologista de la “mano dura”, en estos cuatro años se profundizó la criminalización de la protesta, la persecución a los pueblos originarios enmarcada en un discurso “antiterrorista” y el aumento del índice de prisionalización junto a una narrativa de “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo al informe de Correpi, en los 1.435 días del gobierno de Macri fueron asesinadas 1.926 personas por el aparato represivo estatal.
La madre de Facundo Astudillo Castro reclama por la desaparición de su hijo en julio de 2020.
2019-23: Fernández con Sabina Frederic y Aníbal Fernández
30 de abril de 2020. Facundo Astudillo Castro salió a dedo desde su casa en Pedro Luro hasta Bahía Blanca. En el camino, fue detenido en dos ocasiones por la Policía Bonaerense, por no contar con permiso para circular durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A la misma hora de la segunda detención, tres testigos declararon haber visto un patrullero estacionado en la banquina junto a dos policías y un joven. Uno de esos oficiales afirmó que Astudillo Castro se había ido en un auto luego de ser detenido, pero más tarde cambió la historia y afirmó que el joven se había ido caminando. Facundo permaneció desaparecido durante cuatro meses. El 15 de agosto, restos de su cuerpo fueron encontrados en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. La autopsia del cuerpo arrojó que fue una muerte violenta, no natural, pero no pudo determinarse la causa. La Policía Bonaerense, conducida políticamente por Sergio Berni, entorpeció y manipuló la investigación, hostigó a testigos, amenazó a la familia de la víctima, a sus abogados y a familiares de la exnovia. A más de cuatro años de los hechos, ninguno de los policías sospechados por la desaparición forzada seguida de muerte ha sido imputado.
“La gestión de Alberto Fernández es el mejor ejemplo para explicar cómo la etapa que está atravesando el gobierno influye en las políticas específicas que adoptan”, sostiene Verdú. “Durante esta gestión tuvimos tres etapas muy claras, una primera donde tenía un porcentaje de adhesión muy alto y se pudieron dar el ‘lujo’ de designar en Seguridad a Sabina Frederic, una persona que no está alineada a este tipo de políticas represivas”, afirma la abogada. Frederic asumió como ministra de Seguridad el 10 de diciembre de 2019. El 24 del mismo mes, a través de la resolución 1231/19, derogó la Resolución 956/18 que establecía el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego y otra batería de normativas implementadas por Bullrich. “Eso fue un borrón y cuenta nueva, volver a la legislación preexistente, los pactos internacionales, lo que dice la Constitución. Solo con eso se produjo un descenso importante del gatillo fácil en todo el país”, sostiene Verdú.
“La segunda etapa empezó con la irrupción de la pandemia. En ese momento había un 47% de la población precarizada que si no salía a laburar no morfaba, y el Estado en lugar de poner fondos para el bolsón de comida, la asistencia médica, el agua potable, puso la guita en el aparato represivo para garantizar el ASPO por la fuerza. Los casos de gatillo fácil subieron a pesar de que no había gente en la calle”, repasa la abogada. “Tercera etapa: perdieron las elecciones legislativas, se produce el recambio de Sabina por Aníbal Fernandez y volvimos otra vez a la sopa. A partir de ahí no hubo diferencia en la política represiva entre Nación y provincia de Buenos Aires, donde estaba Berni”, apunta.
El gobierno de Alberto Fernández concluyó con un saldo de 1.924 casos de víctimas fatales de violencia institucional. Durante esta gestión se hizo notable el aumento de muertes en lugares de encierro, que superó a los casos de gatillo fácil. En 2020, más del 70% de los casos de muertes por represión estatal se dieron en cárceles. Esto se debió al crecimiento de la tasa de encarcelamiento, el hacinamiento en los sitios de encierro y la falta de medidas sanitarias adecuadas en una situación de pandemia.
Asamblea Legislativa en marzo de 2024.
Milei con (otra vez) Bullrich
Pablo Grillo tiene 35 años y es fotógrafo. El 12 de marzo de 2025 se acercó al Congreso donde, como todos los miércoles, los jubilados reclaman por una mejora en sus condiciones económicas, siendo reprimidos semana a semana. Esta vez, la movilización tuvo un factor especial: hinchas de clubes de fútbol se autoconvocaron para ir a defenderlos de los palos y los gases del Comando Conjunto al que la ministra Bullrich suma cada vez más fuerzas. Alrededor de las 17 horas, la represión policial estaba enteramente desplegada contra los manifestantes. A unos 150 metros del Congreso, Grillo se resguardó detrás de los restos de un mueble prendido fuego, buscando una imagen de la represión estatal: la Gendarmería avanzaba con el camión hidrante, tirando gas y balas de goma entre el humo. En ese momento, una granada de gas lacrimógeno impactó sobre su cabeza. Grillo aún permanece internado en terapia intensiva del hospital Ramos Mejía, con un cuadro delicado.
La pistola lanza-gas con que Grillo fue herido está prohibida en gran gran parte del mundo por ser potencialmente letal. En Argentina su uso era ilegal desde el 2010 –dos años antes fue uno de sus cartuchos el que impactó en la nuca del maestro Carlos Fuentealba– pero Patricia Bullrich lo volvió a permitir en 2023. Esta pistola debe ser disparada siempre hacia arriba en un ángulo de 45 grados. A través del peritaje y fotografías del momento que logran reconstruir los hechos, se probó que el proyectil que impactó en la cabeza de Grillo fue disparado en línea recta con una trayectoria descendente, por fuera de cualquier protocolo de uso. La represión fue premeditada y de carácter disciplinante. El día previo, la ministra Patricia Bullrich afirmó: “Que no se animen, porque nos van a encontrar”. Para Pérez Esquivel, “la represión de los miércoles es como un Estado de sitio, pero acotado a jubilados y a quienes se solidarizan y van a la movilización”.
Javier Milei llegó al poder con un discurso que reivindica la última dictadura cívico militar, y eligió como ministra de Seguridad a Bullrich, que volvió a ocupar el puesto tras salir tercera en las elecciones presidenciales. Tanto el Presidente como la Ministra tenían el mismo lema durante la campaña: “El que las hace, las paga”. Este eslogan punitivista se transformó rápidamente en una medida concreta: a través de la Resolución 943/23, publicada el 14 de diciembre de 2023, Bullrich efectivizó el denominado “Protocolo Antipiquetes”. Este establece que cualquier manifestación pública en la que se corte la calle constituye un delito que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de orden judicial. El protocolo también dispone que se buscará identificar y judicializar a los manifestantes, habilitando la persecución y criminalización de quienes ejercen el derecho a la protesta, y aprueba que el Ministerio de Seguridad demande a las personas y organizaciones involucradas para que se hagan responsables del costo del operativo represivo. También deroga la Resolución 210/11 que fijaba las reglas y pautas de la actuación policial, y establecía: “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes”. Así, el “Protocolo Antipiquetes” elimina las regulaciones del accionar de las fuerzas al tiempo que amplía su capacidad de intervención en detrimento del derecho a la protesta.
Durante la movilización en repudio a la denominada “Ley Bases”, la policía reprimió y detuvo arbitrariamente a 33 personas. El Gobierno sostuvo que intentaban realizar un golpe de Estado y los acusó de sedición, trasladando a los detenidos a diferentes penales federales. Las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones cobran otra perspectiva a partir de la reciente modificación del Código Penal, que incorpora la figura de reiterancia.
Otra normativa donde las agrupaciones de derechos humanos ponen especial atención es en la denominada “Ley anti-mafias”. En su texto, el objetivo de la ley se establece como “brindarle al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. Establece que son grupos de tres o más personas que “actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. De acuerdo al informe 2024 de Correpi, esta definición es “confusa y permeable a cualquier interpretación”. La ley incorpora el término “zona sujeta a investigación especial”, donde las fuerzas policiales podrán detener a una persona sin causa previa entre 48 horas y 15 días para hacer averiguaciones. También habilita, entre otros puntos, requisas, allanamientos e intervención de llamadas telefónicas y mensajería. Desde el Cels interpretan que: “La “organización criminal” deja de ser algo cuya existencia hay que demostrar y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías”.
De acuerdo al archivo de casos de Correpi, en el año y tres meses que lleva de gestión Javier Milei fueron asesinadas 549 personas por el aparato represivo estatal, entre ellas Rodrigo Torres y Fernando Gómez en Salta a manos de la Gendarmería, y hubo más de 200 detenciones de manifestantes bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Por su parte, en el informe “Milei. 1 año”, el Cels contabilizó hasta septiembre de 2024 723 personas heridas por la represión policial, 50 de ellos trabajadores de prensa.
Consultado sobre el momento actual, Pérez Esquivel afirma que “el gobierno viola la Constitución, el derecho a manifestarse de los pueblos, y quiere disciplinar las protestas sociales”. El Premio Nobel también se refirió a la jueza Karina Andrade, que liberó a los detenidos por protestar el 12 de marzo: “La jueza procedió y ahora está siendo blanco de ataques, este gobierno quiere disciplinar también a la justicia”. En tal sentido, sostuvo que “la política se ha bastardeado, ha perdido valores, como también el Poder Judicial, perdió valores jurídicos de independencia de poderes. Hay una degradación política e institucional. Argentina ha retrocedido más de cincuenta años”.
María del Carmen Verdú, por su parte, considera que “estamos viviendo un momento absolutamente inédito y novedoso de ruptura de los consensos históricos”. A su criterio, “lo que ellos llaman batalla cultural en realidad es la destrucción de los consensos democráticos. Para eso llevaron adelante una política de instalación en el sentido común de cosas como la reivindicación explícita de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la estigmatización de las luchas llamando terroristas, golpistas y subversivos a las organizaciones, el incentivo sistemático al odio”. Concluye Verdú: “No es que antes viviéramos en el paraíso de la tolerancia pero estas expresiones que estaban segmentadas y no eran convalidadas mayoritariamente ahora forman parte del sentido común, impulsadas por el manejo excelso que tiene el Gobierno de las redes y la prensa hegemónica”.
Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel reclaman por libertad de los detenidos durante la sanción de la Ley Bases en 2024.
De aquí en adelante
Para Tufró, la herramienta principal de la ciudadanía frente a la violencia institucional es organizarse. “No hay nada que pueda reemplazar a la organización, toda la historia del activismo contra la violencia policial demuestra eso”, afirma. Por su parte, Pérez Esquivel sostiene: “La Argentina viene con una experiencia de la resistencia, pero la mayor resistencia que hay que hacer es la cultural, es desarmar la violencia que nos han metido, comenzar a volver a crear los acuerdos, la unidad. Si no conseguimos la unidad estamos perdidos. La unidad debe ser en la diversidad”, postula el Nobel de la Paz. “La riqueza de los pueblos es la diversidad, pero tiene que haber objetivos centrales en la unidad: no a la pérdida de soberanía, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Hoy no lo tenemos, lo hemos perdido. La forma de enfrentar esto es la unidad, con la gente en la calle y las organizaciones trabajando y construyendo”.
Ago 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Rogelio Segundo, diputado electo, junto a sus paisanos en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.
Rivadavia cuenta con la mayoría de sus habitantes de naciones originarias. Durante la campaña, la consigna “paisano vota paisano” se replicó en todas partes. Desde siempre, las comunidades tienen la necesidad ser escuchadas y entendidas por un par. El domingo se cumplió el sueño de conseguir la representación de un propio hermano wichi en la Cámara Baja provincial. El escrutinio provisorio informaba que Rogelio Segundo, por la lista 41 del partido Frente Grande, obtenía el 30,04%, porcentaje suficiente para ser diputado. Esa misma noche, los originarios salieron a festejar en las calles de los pueblos.
Al día siguiente, en Santa Victoria Este comenzó la caravana de agradecimiento por cada una de las comunidades. “¡Noco, Noco!”, gritaban las mujeres, niños y niñas haciendo bulla con las botellas al costado del camino de tierra, mientras que el diputado electo saludaba desde una camioneta que pasaba junto a otras y a un camión con los demás festejantes. La alegría desbordaba, porque además, tanto en el municipio de Santa Victoria Este, como en el de Rivadavia Banda Norte, ingresaron varios concejales originarios. Al respecto, uno de ellos mencionaba: “Aún no puedo creer que voy a ser concejal. Nunca nos dejaban participar y si podíamos, íbamos últimos. Muchos años peleamos y sólo recibíamos palizas. Gracias a los hermanos, volvimos a ser personas”.
Un largo camino
La gesta originaria comenzó en el 2019, con el primer triunfo de Rogelio Nerón en la intendencia Santa Victoria Este. A más de 500 kilómetros de la Capital, Nerón abrió el camino del indigenismo en el Chaco Salteño. Asimismo, se decidió a enfrentar al grupo de poder criollo que gobierna y legisla hace 30 años en el Departamento de Rivadavia, uno de los más pobres del país, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Como representante del kirchnerismo, en aquella elección, Nerón quiso participar por el Partido de la Victoria, pero se desató la batalla con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, a su vez, presidente del Frente de Todos de Salta, quien no lo habilitó. No obstante, pudo presentarse por el Frente de Todos, pero mediante la lista del sindicato de Camioneros, el CET (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo).
Este año, Nerón propuso a Rogelio Segundo como diputado, ya que se había acordado que cada intendente lo elegiría. Pero, la situación de discriminación y racismo se repitió. Un día antes del cierre de listas, sin mediar palabra alguna, se enteraron que, otra vez, los habían dejado afuera. Como es de público conocimiento, tanto Sergio Leavy, como el diputado Ramón “Rana” Villa, quien acaba de perder su banca tras 16 años de mandatos, y el senador Mashur Lapad acordaron para que no participaran. De inmediato, Rogelio Nerón llamó a Buenos Aires. Finalmente, gracias al apoyo de Jefatura de Gabinete, logró presentarse por el partido Frente Grande, la única lista que presentaba candidatos indígenas en todos los cargos: diputado, convencional constituyente y concejal.
La campaña electoral se desarrolló en un contexto de total desigualdad. El gran oponente a la lista indígena fue el ex intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, el cual obtuvo el primer lugar como diputado por el frente de Gana Salta. Su candidatura contó con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, el senador Mashur Lapad y los intendentes de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Aún frente a ese gran aparato, sin medios de comunicación a favor, ni respaldo provincial y a penas con una cuarta parte de recursos, los originarios demostraron que con otro tipo de formas podían llegar: una política que innova las formas de construcción ciudadana sin discriminar entre los paisanos ni criollos, que apuesta a la conciencia colectiva y verdadera participación. Durante muchos años, la política criolla se basó sólo en repartir bolsones de frangollo y sémola, cargos a dedos y algunos billetes. Una vez que se ganaba, nadie regresaba por las comunidades. Lamentablemente, en estas últimas elecciones, también, varios candidatos entregaron mercaderías, herramientas y camas para pedir a cambio el voto de las comunidades originarias, y a algunas se las retiraron al enterarse que eran afines a lista indígena.
Rogelio Segundo, diputado electo, junto a su familia en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.
La defensa del territorio
Rogelio Segundo se autopercibe principalmente como wichi. Su madre es toba, chorote y su padre wichi, toba. Hasta las inundaciones del 2018 vivió en la comunidad La Curvita, perteneciente al municipio de Santa Victoria Este, y luego con todos los habitantes se trasladaron a unos metros, a la denominada La Nueva Curvita. Es el principal referente de la lucha por la tierra encabezada junto al presidente de la Asociación Lhaka Honhat, Francisco Pérez, recientemente fallecido. La organización llevó adelante el reclamo por la titularización de la propiedad comunitaria de los ex lotes fiscales 55 y 14, ubicados en Santa Victoria Este, a nombre de todas las comunidades que los habitan. A principios del 2020, luego de 20 años de juicio al Estado argentino y a la provincia de Salta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó un histórico fallo por el cual las comunidades originarias recuperaron 400.000 hectáreas de su territorio.
En el 2019, Rogelio Segundo participó de las PASO para la intendencia de Santa Victoria Este. Por 160 votos no alcanzó para ser candidato en las generales. En la política indígena se acordaron que quien pierde acompaña a su competidor. Fue así que Segundo se unió a la campaña de Nerón y posteriormente, al gobierno. El desafió fue y sigue siendo muy grande. “Recibí la Municipalidad vacía, se habían llevado hasta las computadoras de las oficinas. Este municipio es uno de los más abandonados, nuestros niños se nos mueren por deshidratación y desnutrición”, denunció Rogelio Nerón. Contra todos los pronósticos y las difamaciones, actualmente, la gestión indígena es considerada una de las mejores a nivel provincial. En tan sólo un año y medio, en un contexto de una inédita pandemia, con la ayuda del Gobierno nacional, la intendencia ha logrado la construcción de más de 15 pozos de agua, de represas para las familias criollas, la adquisición de maquinarias y transportes, como así también proyectos de redes de agua y cercos comunitarios para el desarrollo de la agricultura y la cría de animales.
Comunidades de Misión La Paz, Santa Victoria Este, Salta, saludan la caravana del diputado electo Rogelio Segundo.
Vida digna para el pueblo
“Lo que quiero al llegar a la Legislatura es defender nuestros derechos, nuestras tierras, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Que las políticas queden para siempre, que nuestras comunidades puedan desarrollarse, aunque sabemos que no será mañana mismo que podamos resolver todas nuestras necesidades, pero este es un nuevo camino que juntos construiremos”, manifestó Segundo durante su campaña en las distintas comunidades.
Además, el dirigente wichi comentó que uno de los principales proyectos para presentar en la Cámara se basa en la titularización de tierras de las comunidades originarias de los municipios Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Como así también, propondrá proyectos para resolver el tema de la escasez del agua en todo el Departamento, para que los originarios puedan ser maestros y directores en las escuelas de sus propias comunidades, para generar puestos de trabajos principalmente en los jóvenes, para construir un albergue para originarios en la Capital.
Rogelio Segundo.
Una nueva etapa
El indigenismo en el Chaco Salteño pretende conformar un frente de pueblos originarios entre los demás intendentes y legisladores originarios de la provincia, con la intención de seguir gestionando políticas públicas nacionales y armar un propio partido de cara a las elecciones del 2023. “Nosotros sólo estamos abriendo un camino”, expresó Segundo días antes de las elecciones, en una reunión con las comunidades de Coronel Page. Y agregó: “Queremos tener un próximo senador originario. También un intendente paisano en Banda Sur y en Banda Norte, no queremos más que la policía sea manejada para atropellarnos. En Santa Victoria Este, nunca el intendente va a dar la orden de detener ni reprimir a ningún paisano que esté cortando la ruta. Y el día que yo sea diputado, no van a ir a pegar a un paisano, si me entero que sucede, yo mismo voy a ir a defenderlo”. Por último indicó: “El día que yo asuma, mi propio pueblo es el que me va a decir que yo lo estoy haciendo bien o mal. El poder está en ustedes. Y a diferencia de los criollos que han llegado, yo voy a estar para dialogar con todos”. 
Ene 28, 2020 | Culturas, Novedades
Algunas bandas deben pagar un seguro de 5.000 pesos para poder tocar.
La música independiente en la última década prosperó a pasos agigantados y las bandas del indie nacional fueron las que más crecieron. Un gran aliado fueron la tecnología y el “saber hacer”. Las herramientas como el Ableton o Pro Tools permitieron a los artistas emergentes bajar el costo a la hora de la producción de sus canciones, ya que parte del trabajo se pudo hacer tranquilamente en casa. Pero, ¿qué pasa a la hora de la ejecución en vivo de lo que se grabó?
“Yo toco desde los 13 y vi todas las posibilidades -cuenta Santino Crisci, baterista de la banda Andrómedas-. Los bares se sustentan los pagos del sonido con la banda, y después ellos tienen la ganancia con la barra, ellos van a ganar porque en mayor o en menor medida birra se va a vender. Aquellos bares que tienen su sonido, en el mejor de los casos, te dicen: ‘Vení y te damos pizza y birra’.”
Una de las bandas que más crecimiento tuvo esta década es Él Mató a un Policía Motorizado; el grupo cerró 2019 en el estadio Malvinas Argentinas y prepara un 2020 con una gira internacional por Latinoamérica y Europa. Pero antes de un presente de viajes y conciertos en diferentes ciudades del mundo, Él Mató supo del under. Manuel Sánchez Viamonte (Pantrö Puto), guitarrista de esta banda, afirma que “los primeros viajes por las provincias eran a pérdidas”. Pero señala que la situación a mediados de la primera década de los 2000 no era la misma que se puede hacer ahora: “Al no existir Spotify ni las redes, te conocían por el ´boca en boca´ y cuando ibas a tocar.”
La convocatoria es algo necesario a la hora del vivo, por lo que cortar tickets es imprescindible. En este sentido ¿qué pasa con las bandas nuevas? Gonzalo Fernández de País Aborigen asegura: “Normalmente les pasa a las bandas que recién arrancan que, para poder tocar, ceden a esos arreglos de ´pagar´, ya que todavía por su convocatoria no podrían encarar una fecha propia. Por eso se meten en fechas que se organizan entre dos, tres o cuatro bandas y con todas se arman una fecha”. Por su parte, Ignacio Quellin, manager de La Primera Especie ratifica que “hay pocos lugares que le den cabida a las bandas nuevas, hay que esquivar a los lugares que son medios garchas para tratar de mostrar tu banda. Hay que salir y buscar lugares que te den el espacio y que a la vez sea conveniente para la banda. Son pocos y los tenés que encontrar.”
Por su parte, Francisco Nicholson, de Silvestre y la Naranja, también cuenta su experiencia a la hora de tocar en vivo: “Me acuerdo que cuando empecé con Silvestre había que pagar para tocar y después recuperar con la venta de entradas; estoy hablando de cuando las entradas valían 20 pesos. Creo que todas las bandas pasaron por esto, hasta las más consagradas. Quiero creer que no existe más eso de pagar para tocar, pero sí sé que existen los arreglos chotos. Nosotros mal que mal tenemos nuestra trayectoria, aunque a veces nos llegan ofertas ridículas. Lo que sí, hemos tenido que ir a lugares del interior y vamos con arreglo de alojamiento y de comida, pero volvemos en cero o a lo sumo perdemos un poco pero siempre con la idea de la inversión en Silvestre.”
Algunos arreglan que el 70 por ciento de lo recaudado por entradas queda para las bandas y 30 para el local.
“De pendejo nos pasaba que tenía que pagar para tocar y después rendir entradas -recuerda Marcos Aramburu, voz de Terrores Nocturnos-. Ahora se dice que no se paga por tocar en vivo, pero no es tan cierto. El otro día tocamos en el Cultural Vivo y tuvimos que pagar un seguro de 5.000 pesos y si no venía nadie teníamos que perder esa guita. En muchos lugares está este seguro de sala que a veces es muy alto. Yo tengo una dicotomía con eso. Tengo amigos que tocaron en Niceto, lo llenaron, y si tenés personas que trabajan para vos, es decir, sonidistas, un iluminador, un stage, o alguna cosa más y lo explotás de gente, no te llevás plata, porque el seguro de sala es muy alto”. El cantante agrega: “Tocar en vivo te deja muy poca plata, a veces nada. Si yo hubiese hecho esto por la plata ya lo hubiese dejado hace bastante, esto es algo que te hace perder plata: cuando vas a ensayar, cuando tenés que tocar y te tenés que tomar un remis porque tenés la guitarra… Aun así, nos gusta mostrar lo que hacemos, divertirnos y disfrutar. Me voy contento de una fecha cuando tocamos bien, sonamos bien y nos divertimos… después si nos llevamos un peso me entero varios días después y no nos cambia mucho.”
Pablo Giménez, de El Zar, echa más luz sobre el tema: “Nosotros al principio tocábamos al costo, nos íbamos en cero. Pero cuando arrancás todo cuesta. Ya con un poco de trayectoria tenés la posibilidad de plantear arreglos que te convengan más. Me parece que últimamente estamos yendo para mejor.” El músico explica: “Es como todo este ambiente, te encontrás gente que sólo le interesa la plata y productoras que les interesa más darte una mano, obviamente llevándose una parte porque nadie hace algo por amor al arte. Por lo general estamos trabajando con gente copada que pone en primer lugar la música y eso para mí es lo importante. Estoy muy contento con los resultados que estamos teniendo.”
El acuerdo que por lo general se hace cuando las bandas se presentan en un bar es 70/30, es decir, el 70% de la recaudación de las entradas en puerta va para la banda que toque, mientras que el 30% va para el bar, sumado a la exclusividad de la barra. Julián Pérez, líder de Julepe, habla de esta modalidad: “Casi siempre arreglamos el 70/30, donde no hay que pagar seguro ni nada y se reparte lo de la puerta. En general sacamos algo para solventar algunos gastos. Lo que a veces no nos garpan es cuando le abrís a una banda grande, pero a veces uno pone en la balanza tocar frente a un público un poco más nutrido y no cobrar. Te jode, pero lo hacés igual pensando un poco en la inversión que hacés”. Luciano Scattini de Dharma y Flora, opina de este tipo de arreglo que “lo más sano es el 70/30, lo malo es que hay lugares donde además del seguro, te cobran servicios como iluminación y pantallas. Lo que no me parece bien es que, si vos alquilás el lugar, te pongan un mínimo. O sea, si vos querés hacer un videoclip o meter dos personas eso debería correr por tu cuenta”.
La mayoría coincide que tocar en vivo es a pérdida, una inversión para salir del under.
Por su parte Ramiro Gómez de la banda Los Bicis sigue en la línea de Pérez y Scattini al afirmar que “en general lo que hacemos es un arreglo por medio de nuestro sello, BPM. Del seguro de sala casi siempre se encargan ellos. En todos los lugares hay un arreglo de vender entrada, que en cierto punto está bueno porque te incentiva, generalmente es el 70/30. Además, yo siempre paso planilla de SADAIC, pero no siempre pagan los bares. Esto es medio engorroso porque también depende de cuanta gente hubo en el lugar, y es muy raro que el detalle esté exacto.” La planilla de la Sociedad argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), de la que habla Ramuiro, es un gravamen sobre un porcentaje del precio de la entrada de los espectáculos en vivo.
Fran Saglietti, en tanto, de Francisca y los Exploradores explica: “Si bien los productores y dueños de bares no son unos santos, la coyuntura está muy complicada, la gente no quiere pagar entradas, tenés que movilizarla, etcétera. Lo que sí me hace mucho ruido son las grandes productoras, no el hecho de pagar para tocar. Porque algunos festivales aprovechan su posición de poder para infringir la ley y por debajo de la mesa les piden a los artistas que les devuelvan el dinero que les corresponde. Te ponen restricciones de no tocar en Capital dos meses antes y que te van a pagar no mucho dinero y que, además, te piden en algunos casos el 80% y el 90% de esas regalías”.
Saglietti cierra su testimonio con una anécdota: “Una vez (Adrián) Dárgelos me contó que le abrieron dos shows a U2, y por esta modalidad de SADAIC se les permitió cobrar grandes regalías. A partir de eso construyeron un estudio. Y con ese estudio el primer disco que grabaron fue “Jessico”, que los catapultó a nivel latinoamericano. Tranquilamente le podían haber dicho en ese momento a un ´X´ como Babasónicos: ´Che, dame el 90% de esas regalías que te pertenecen para que te vean 70.000 personas´, y yo leo entre líneas que eso ataca directamente al under, se están robando la posibilidad de que una banda del indie pueda crecer y termine haciendo un disco como “Jessico”.”
Nov 5, 2019 | Novedades, Trabajo
Los trabajadores de la Línea 60 en un acampe del conflicto del 2015, por el que fueron condenados.
El conflicto duró 42 días. Había comenzado un 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 dispusieron el no cobro de boletos a los pasajeros como medida de fuerza frente a la falta de diálogo con el grupo DOTA-MONSA, gerenciadora del servicio. Sucedió en 2015, durante las vísperas de la elección presidencial que tendría como ganador a Mauricio Macri. Cuatro años más tarde, el pasado 11 de agosto, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal dictó sentencia de dos años de prisión en suspenso a cinco trabajadores por lo sucedido en aquel entonces.
“Se busca que esto sirva de ejemplo para el resto de los trabajadores, diciendo que el que quiere llevar adelante una lucha para defender sus derechos puede correr con el riesgo de ser denunciado, procesado y tal vez hasta condenado, como estos compañeros”, explica Esteban Simonetta, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Las denuncias se habían presentado por presuntas amenazas coactivas y lesiones hacia otros empleados durante el conflicto. “La empresa tiene algunos empleados que son afines. Son contratados con permisos bastante flexibles y un trato diferencial en lo laboral, distinto al común de los demás trabajadores, para usarlos como rompehuelgas. A través de ellos, denunciaron en 2015 a estos cinco compañeros de la cabecera Barracas diciendo que los habían amenazado y golpeado”, agrega. Sin embargo, es imposible comprender la naturaleza del fallo sin tomar en cuenta el contexto en el que fueron presentadas estas denuncias.
A mediados de 2015, el grupo DOTA-MONSA amenazó con realizar despidos masivos mediante la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que regula las indemnizaciones. La dirección aducía que, pagando los montos allí dispuestos, tenía la potestad para despedir a los trabajadores que creyera conveniente. “Argumentaban que había compañeros que eran enfermos crónicos, que pedían mucha ART. Nosotros dijimos que eso era discriminación y un cercenamiento al derecho a la enfermedad”, recuerda Simonetta. El quiebre se dio ante el despido de Ariel Benítez, chofer que había sufrido un accidente de tránsito y que sirvió como puntapié para aplicar el mecanismo de desvinculaciones pensado por la empresa. Además, los trabajadores venían reclamando, sin ser escuchados, por el pago de haberes adeudados, por la frecuencia del servicio y por las condiciones de seguridad e higiene. La respuesta fue el no cobro de boleto: “Veíamos que la empresa provocaba los conflictos y nos incitaba a que hagamos paro porque total ellos tienen la espalda económica para soportar los días que fueran necesarios. Entonces ya un par de años antes, habíamos puesto en marcha ese tipo de medidas de fuerza ”.
El grupo DOTA decidió ir por todo. Al tercer día, implementó un lock out patronal, o sea, retiró al personal administrativo de las cabeceras paralizando así el funcionamiento de toda la línea. Al mismo tiempo, continuó con su lista de “enfermos crónicos” y envió 52 telegramas de despido. Los trabajadores y sus familias sostuvieron la medida de fuerza, en un principio, ocupando las terminales. Luego decidieron directamente romper con el lock out y hacer circular los vehículos por su cuenta.
Represión a los trabajadores de la Línea 60 durante el conflicto de 2015.
Con el correr de los días, la tensión siguió en aumento. Gracias a una orden de la fiscalía de Escobar, la empresa logró impedir la salida de unidades desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Más tarde, la jueza María Romilda Servini efectuó la orden de hacer lo mismo con la cabecera de Constitución junto a todo un despliegue policial alrededor del predio. Allí quedaron virtualmente “secuestrados” durante una decena de días 22 trabajadores que resistían el amedrentamiento de la empresa y el Poder Judicial. Según Esteban Simonetta, “lo justificaron aduciendo amenazas falsas de los trabajadores, diciendo que la cabecera estaba tomada por personas ajenas a la empresa, que no sabían en qué condiciones se encontraban las personas acá adentro para manejar, que no teníamos registro, que había gente de rehén…, toda una serie de falsas denuncias que después se probó que no eran ciertas, porque tanto en Maschwitz como en Barracas vinieron los jueces, inspeccionaron y se corroboró que eran acusaciones falsas”.
El conflicto siguió entre idas y vueltas constantes, que incluyeron cortes en Puente La Noria, Saavedra y Panamericana con represión incluída, hasta que finalmente la intervención del Ministerio de Trabajo logró destrabar la situación. No obstante, varias de esas denuncias -que en su momento sirvieron al grupo empresarial para enfrentar a los trabajadores- siguen abiertas hasta hoy. “El cuerpo de delegados tiene un montón de causas. Están siendo procesados, pero todavía no tenemos fecha de juicio oral. También se denunció a 14 compañeros por el no cobro de boletos propiamente dicho”, continúa Simonetta.
De ese caudal de denuncias proviene el fallo que condena a los cinco trabajadores de la Línea 60, cuatro de los cuales ya fueron despedidos. Al tratarse de una prisión en suspenso por dos años, permanecerán en libertad: “El objetivo es otro: buscan eliminar de cuajo cualquier intento de hacer nuevamente una medida como ésta, ya que nos permitió ponernos de igual a igual con la patronal. Además, es una condena que afecta a todo el conjunto de trabajadores porque vulnera la posibilidad de que puedan proteger sus propios derechos”, remarca. Por lo pronto, los trabajadores deberán aguardar a las instancias de apelación.
El transporte como negocio
El grupo DOTA es el mayor conglomerado empresarial del Área Metropolitana en el transporte de colectivos. Posee 180 de las 389 líneas, divididas en 67 empresas. Según la Auditoría General de la Nación, recibió entre 2014 y 2017 el 48% del total de subsidios otorgados al sector: 34.000 millones de pesos -sin tomar en cuenta la inflación-. También posee la concesionaria MegaCar -representante en el país de la terminal de utilitarios brasileña Agrale- y la carrocera TodoBus. El negocio, por lo tanto, es redondo.
En 2010, la operadora adquirió la Línea 60 -MONSA-. Casi automáticamente, redujo la cantidad de ramales de 24 a 12, mientras la nómina laboral pasó de 1.240 a 933 trabajadores. Este año se anunció la posibilidad del cierre de otros siete ramales y la decisión de partir la línea en dos: los servicios provenientes desde zona norte llegarían hasta Barracas, mientras que los de Capital Federal lo harían sólo hasta San Isidro. Así, por ejemplo, alguien que vive en Escobar debería hacer trasbordo dentro de la misma línea para llegar a Constitución.
Simonetta lo describe de la siguiente forma: “Es la concentración del mercado. Al haber abarcado tantas empresas, se superponen entre sí. La empresa busca reconvertir las trazas para hacerlas más competitivas y quitar los ramales más ociosos. Eso hace que incluso la línea pierda la entidad de servicio social, porque de llevarse a cabo esta reconversión se abandonarían lugares históricos del recorrido dejando a esa población sin colectivo”.
Tomar un servicio público como espacio de negocios tiene sus consecuencias. El 9 de septiembre de 2016, se le encargó a David Ramallo la reparación de un colectivo con un desperfecto eléctrico. Para ello, fue obligado a utilizar una rampa nueva sin habilitación que ya había sido denunciada por otros trabajadores. Al subir la unidad, cedió la contención, el micro cayó mientras Ramallo se encontraba debajo y le ocasionó la muerte. Hasta hoy, no hay ningún responsable por el hecho.
“Al ser un grupo tan poderoso, y que aspira a quedarse con todo el transporte en la Argentina, no le interesa respetar ni la Ley de Contratos de Trabajo, ni el Convenio Colectivo ni nada. Ellos vienen a implementar su política patronal y a querer enmarcar nuestro trabajo con sus propias reglas. Lo hacen en todas sus empresas, menos en ésta línea. Por eso están tan abocados a enfrentar esta Comisión Interna y a todos los trabajadores de la 60, para tener el camino allanado y seguir adelante contra las conquistas y los derechos de los trabajadores”, concluye Simonetta.
