Rogelio Segundo, diputado electo, junto a sus paisanos en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.
Rivadavia cuenta con la mayoría de sus habitantes de naciones originarias. Durante la campaña, la consigna “paisano vota paisano” se replicó en todas partes. Desde siempre, las comunidades tienen la necesidad ser escuchadas y entendidas por un par. El domingo se cumplió el sueño de conseguir la representación de un propio hermano wichi en la Cámara Baja provincial. El escrutinio provisorio informaba que Rogelio Segundo, por la lista 41 del partido Frente Grande, obtenía el 30,04%, porcentaje suficiente para ser diputado. Esa misma noche, los originarios salieron a festejar en las calles de los pueblos.
Al día siguiente, en Santa Victoria Este comenzó la caravana de agradecimiento por cada una de las comunidades. “¡Noco, Noco!”, gritaban las mujeres, niños y niñas haciendo bulla con las botellas al costado del camino de tierra, mientras que el diputado electo saludaba desde una camioneta que pasaba junto a otras y a un camión con los demás festejantes. La alegría desbordaba, porque además, tanto en el municipio de Santa Victoria Este, como en el de Rivadavia Banda Norte, ingresaron varios concejales originarios. Al respecto, uno de ellos mencionaba: “Aún no puedo creer que voy a ser concejal. Nunca nos dejaban participar y si podíamos, íbamos últimos. Muchos años peleamos y sólo recibíamos palizas. Gracias a los hermanos, volvimos a ser personas”.
Un largo camino
La gesta originaria comenzó en el 2019, con el primer triunfo de Rogelio Nerón en la intendencia Santa Victoria Este. A más de 500 kilómetros de la Capital, Nerón abrió el camino del indigenismo en el Chaco Salteño. Asimismo, se decidió a enfrentar al grupo de poder criollo que gobierna y legisla hace 30 años en el Departamento de Rivadavia, uno de los más pobres del país, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Como representante del kirchnerismo, en aquella elección, Nerón quiso participar por el Partido de la Victoria, pero se desató la batalla con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, a su vez, presidente del Frente de Todos de Salta, quien no lo habilitó. No obstante, pudo presentarse por el Frente de Todos, pero mediante la lista del sindicato de Camioneros, el CET (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo).
Este año, Nerón propuso a Rogelio Segundo como diputado, ya que se había acordado que cada intendente lo elegiría. Pero, la situación de discriminación y racismo se repitió. Un día antes del cierre de listas, sin mediar palabra alguna, se enteraron que, otra vez, los habían dejado afuera. Como es de público conocimiento, tanto Sergio Leavy, como el diputado Ramón “Rana” Villa, quien acaba de perder su banca tras 16 años de mandatos, y el senador Mashur Lapad acordaron para que no participaran. De inmediato, Rogelio Nerón llamó a Buenos Aires. Finalmente, gracias al apoyo de Jefatura de Gabinete, logró presentarse por el partido Frente Grande, la única lista que presentaba candidatos indígenas en todos los cargos: diputado, convencional constituyente y concejal.
La campaña electoral se desarrolló en un contexto de total desigualdad. El gran oponente a la lista indígena fue el ex intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, el cual obtuvo el primer lugar como diputado por el frente de Gana Salta. Su candidatura contó con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, el senador Mashur Lapad y los intendentes de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Aún frente a ese gran aparato, sin medios de comunicación a favor, ni respaldo provincial y a penas con una cuarta parte de recursos, los originarios demostraron que con otro tipo de formas podían llegar: una política que innova las formas de construcción ciudadana sin discriminar entre los paisanos ni criollos, que apuesta a la conciencia colectiva y verdadera participación. Durante muchos años, la política criolla se basó sólo en repartir bolsones de frangollo y sémola, cargos a dedos y algunos billetes. Una vez que se ganaba, nadie regresaba por las comunidades. Lamentablemente, en estas últimas elecciones, también, varios candidatos entregaron mercaderías, herramientas y camas para pedir a cambio el voto de las comunidades originarias, y a algunas se las retiraron al enterarse que eran afines a lista indígena.
Rogelio Segundo, diputado electo, junto a su familia en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.
La defensa del territorio
Rogelio Segundo se autopercibe principalmente como wichi. Su madre es toba, chorote y su padre wichi, toba. Hasta las inundaciones del 2018 vivió en la comunidad La Curvita, perteneciente al municipio de Santa Victoria Este, y luego con todos los habitantes se trasladaron a unos metros, a la denominada La Nueva Curvita. Es el principal referente de la lucha por la tierra encabezada junto al presidente de la Asociación Lhaka Honhat, Francisco Pérez, recientemente fallecido. La organización llevó adelante el reclamo por la titularización de la propiedad comunitaria de los ex lotes fiscales 55 y 14, ubicados en Santa Victoria Este, a nombre de todas las comunidades que los habitan. A principios del 2020, luego de 20 años de juicio al Estado argentino y a la provincia de Salta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó un histórico fallo por el cual las comunidades originarias recuperaron 400.000 hectáreas de su territorio.
En el 2019, Rogelio Segundo participó de las PASO para la intendencia de Santa Victoria Este. Por 160 votos no alcanzó para ser candidato en las generales. En la política indígena se acordaron que quien pierde acompaña a su competidor. Fue así que Segundo se unió a la campaña de Nerón y posteriormente, al gobierno. El desafió fue y sigue siendo muy grande. “Recibí la Municipalidad vacía, se habían llevado hasta las computadoras de las oficinas. Este municipio es uno de los más abandonados, nuestros niños se nos mueren por deshidratación y desnutrición”, denunció Rogelio Nerón. Contra todos los pronósticos y las difamaciones, actualmente, la gestión indígena es considerada una de las mejores a nivel provincial. En tan sólo un año y medio, en un contexto de una inédita pandemia, con la ayuda del Gobierno nacional, la intendencia ha logrado la construcción de más de 15 pozos de agua, de represas para las familias criollas, la adquisición de maquinarias y transportes, como así también proyectos de redes de agua y cercos comunitarios para el desarrollo de la agricultura y la cría de animales.
Comunidades de Misión La Paz, Santa Victoria Este, Salta, saludan la caravana del diputado electo Rogelio Segundo.
Vida digna para el pueblo
“Lo que quiero al llegar a la Legislatura es defender nuestros derechos, nuestras tierras, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Que las políticas queden para siempre, que nuestras comunidades puedan desarrollarse, aunque sabemos que no será mañana mismo que podamos resolver todas nuestras necesidades, pero este es un nuevo camino que juntos construiremos”, manifestó Segundo durante su campaña en las distintas comunidades.
Además, el dirigente wichi comentó que uno de los principales proyectos para presentar en la Cámara se basa en la titularización de tierras de las comunidades originarias de los municipios Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Como así también, propondrá proyectos para resolver el tema de la escasez del agua en todo el Departamento, para que los originarios puedan ser maestros y directores en las escuelas de sus propias comunidades, para generar puestos de trabajos principalmente en los jóvenes, para construir un albergue para originarios en la Capital.
Rogelio Segundo.
Una nueva etapa
El indigenismo en el Chaco Salteño pretende conformar un frente de pueblos originarios entre los demás intendentes y legisladores originarios de la provincia, con la intención de seguir gestionando políticas públicas nacionales y armar un propio partido de cara a las elecciones del 2023. “Nosotros sólo estamos abriendo un camino”, expresó Segundo días antes de las elecciones, en una reunión con las comunidades de Coronel Page. Y agregó: “Queremos tener un próximo senador originario. También un intendente paisano en Banda Sur y en Banda Norte, no queremos más que la policía sea manejada para atropellarnos. En Santa Victoria Este, nunca el intendente va a dar la orden de detener ni reprimir a ningún paisano que esté cortando la ruta. Y el día que yo sea diputado, no van a ir a pegar a un paisano, si me entero que sucede, yo mismo voy a ir a defenderlo”. Por último indicó: “El día que yo asuma, mi propio pueblo es el que me va a decir que yo lo estoy haciendo bien o mal. El poder está en ustedes. Y a diferencia de los criollos que han llegado, yo voy a estar para dialogar con todos”.
Algunas bandas deben pagar un seguro de 5.000 pesos para poder tocar.
La música independiente en la última década prosperó a pasos agigantados y las bandas del indie nacional fueron las que más crecieron. Un gran aliado fueron la tecnología y el “saber hacer”. Las herramientas como el Ableton o Pro Tools permitieron a los artistas emergentes bajar el costo a la hora de la producción de sus canciones, ya que parte del trabajo se pudo hacer tranquilamente en casa. Pero, ¿qué pasa a la hora de la ejecución en vivo de lo que se grabó?
“Yo toco desde los 13 y vi todas las posibilidades -cuenta Santino Crisci, baterista de la banda Andrómedas-. Los bares se sustentan los pagos del sonido con la banda, y después ellos tienen la ganancia con la barra, ellos van a ganar porque en mayor o en menor medida birra se va a vender. Aquellos bares que tienen su sonido, en el mejor de los casos, te dicen: ‘Vení y te damos pizza y birra’.”
Una de las bandas que más crecimiento tuvo esta década es Él Mató a un Policía Motorizado; el grupo cerró 2019 en el estadio Malvinas Argentinas y prepara un 2020 con una gira internacional por Latinoamérica y Europa. Pero antes de un presente de viajes y conciertos en diferentes ciudades del mundo, Él Mató supo del under. Manuel Sánchez Viamonte (Pantrö Puto), guitarrista de esta banda, afirma que “los primeros viajes por las provincias eran a pérdidas”. Pero señala que la situación a mediados de la primera década de los 2000 no era la misma que se puede hacer ahora: “Al no existir Spotify ni las redes, te conocían por el ´boca en boca´ y cuando ibas a tocar.”
La convocatoria es algo necesario a la hora del vivo, por lo que cortartickets es imprescindible. En este sentido ¿qué pasa con las bandas nuevas? Gonzalo Fernández de País Aborigen asegura: “Normalmente les pasa a las bandas que recién arrancan que, para poder tocar, ceden a esos arreglos de ´pagar´, ya que todavía por su convocatoria no podrían encarar una fecha propia. Por eso se meten en fechas que se organizan entre dos, tres o cuatro bandas y con todas se arman una fecha”. Por su parte, Ignacio Quellin, manager de La Primera Especie ratifica que “hay pocos lugares que le den cabida a las bandas nuevas, hay que esquivar a los lugares que son medios garchas para tratar de mostrar tu banda. Hay que salir y buscar lugares que te den el espacio y que a la vez sea conveniente para la banda. Son pocos y los tenés que encontrar.”
Por su parte, Francisco Nicholson, de Silvestre y la Naranja, también cuenta su experiencia a la hora de tocar en vivo: “Me acuerdo que cuando empecé con Silvestre había que pagar para tocar y después recuperar con la venta de entradas; estoy hablando de cuando las entradas valían 20 pesos. Creo que todas las bandas pasaron por esto, hasta las más consagradas. Quiero creer que no existe más eso de pagar para tocar, pero sí sé que existen los arreglos chotos. Nosotros mal que mal tenemos nuestra trayectoria, aunque a veces nos llegan ofertas ridículas. Lo que sí, hemos tenido que ir a lugares del interior y vamos con arreglo de alojamiento y de comida, pero volvemos en cero o a lo sumo perdemos un poco pero siempre con la idea de la inversión en Silvestre.”
Algunos arreglan que el 70 por ciento de lo recaudado por entradas queda para las bandas y 30 para el local.
“De pendejo nos pasaba que tenía que pagar para tocar y después rendir entradas -recuerda Marcos Aramburu, voz de Terrores Nocturnos-. Ahora se dice que no se paga por tocar en vivo, pero no es tan cierto. El otro día tocamos en el Cultural Vivo y tuvimos que pagar un seguro de 5.000 pesos y si no venía nadie teníamos que perder esa guita. En muchos lugares está este seguro de sala que a veces es muy alto. Yo tengo una dicotomía con eso. Tengo amigos que tocaron en Niceto, lo llenaron, y si tenés personas que trabajan para vos, es decir, sonidistas, un iluminador, un stage, o alguna cosa más y lo explotás de gente, no te llevás plata, porque el seguro de sala es muy alto”. El cantante agrega: “Tocar en vivo te deja muy poca plata, a veces nada. Si yo hubiese hecho esto por la plata ya lo hubiese dejado hace bastante, esto es algo que te hace perder plata: cuando vas a ensayar, cuando tenés que tocar y te tenés que tomar un remis porque tenés la guitarra… Aun así, nos gusta mostrar lo que hacemos, divertirnos y disfrutar. Me voy contento de una fecha cuando tocamos bien, sonamos bien y nos divertimos… después si nos llevamos un peso me entero varios días después y no nos cambia mucho.”
Pablo Giménez, de El Zar, echa más luz sobre el tema: “Nosotros al principio tocábamos al costo, nos íbamos en cero. Pero cuando arrancás todo cuesta. Ya con un poco de trayectoria tenés la posibilidad de plantear arreglos que te convengan más. Me parece que últimamente estamos yendo para mejor.” El músico explica: “Es como todo este ambiente, te encontrás gente que sólo le interesa la plata y productoras que les interesa más darte una mano, obviamente llevándose una parte porque nadie hace algo por amor al arte. Por lo general estamos trabajando con gente copada que pone en primer lugar la música y eso para mí es lo importante. Estoy muy contento con los resultados que estamos teniendo.”
El acuerdo que por lo general se hace cuando las bandas se presentan en un bar es 70/30, es decir, el 70% de la recaudación de las entradas en puerta va para la banda que toque, mientras que el 30% va para el bar, sumado a la exclusividad de la barra. Julián Pérez, líder de Julepe, habla de esta modalidad: “Casi siempre arreglamos el 70/30, donde no hay que pagar seguro ni nada y se reparte lo de la puerta. En general sacamos algo para solventar algunos gastos. Lo que a veces no nos garpan es cuando le abrís a una banda grande, pero a veces uno pone en la balanza tocar frente a un público un poco más nutrido y no cobrar. Te jode, pero lo hacés igual pensando un poco en la inversión que hacés”. Luciano Scattini de Dharma y Flora, opina de este tipo de arreglo que “lo más sano es el 70/30, lo malo es que hay lugares donde además del seguro, te cobran servicios como iluminación y pantallas. Lo que no me parece bien es que, si vos alquilás el lugar, te pongan un mínimo. O sea, si vos querés hacer un videoclip o meter dos personas eso debería correr por tu cuenta”.
La mayoría coincide que tocar en vivo es a pérdida, una inversión para salir del under.
Por su parte Ramiro Gómez de la banda Los Bicis sigue en la línea de Pérez y Scattini al afirmar que “en general lo que hacemos es un arreglo por medio de nuestro sello, BPM. Del seguro de sala casi siempre se encargan ellos. En todos los lugares hay un arreglo de vender entrada, que en cierto punto está bueno porque te incentiva, generalmente es el 70/30. Además, yo siempre paso planilla de SADAIC, pero no siempre pagan los bares. Esto es medio engorroso porque también depende de cuanta gente hubo en el lugar, y es muy raro que el detalle esté exacto.” La planilla de la Sociedad argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), de la que habla Ramuiro, es un gravamen sobre un porcentaje del precio de la entrada de los espectáculos en vivo.
Fran Saglietti, en tanto, de Francisca y los Exploradores explica: “Si bien los productores y dueños de bares no son unos santos, la coyuntura está muy complicada, la gente no quiere pagar entradas, tenés que movilizarla, etcétera. Lo que sí me hace mucho ruido son las grandes productoras, no el hecho de pagar para tocar. Porque algunos festivales aprovechan su posición de poder para infringir la ley y por debajo de la mesa les piden a los artistas que les devuelvan el dinero que les corresponde. Te ponen restricciones de no tocar en Capital dos meses antes y que te van a pagar no mucho dinero y que, además, te piden en algunos casos el 80% y el 90% de esas regalías”.
Saglietti cierra su testimonio con una anécdota: “Una vez (Adrián) Dárgelos me contó que le abrieron dos shows a U2, y por esta modalidad de SADAIC se les permitió cobrar grandes regalías. A partir de eso construyeron un estudio. Y con ese estudio el primer disco que grabaron fue “Jessico”, que los catapultó a nivel latinoamericano. Tranquilamente le podían haber dicho en ese momento a un ´X´ como Babasónicos: ´Che, dame el 90% de esas regalías que te pertenecen para que te vean 70.000 personas´, y yo leo entre líneas que eso ataca directamente al under, se están robando la posibilidad de que una banda del indie pueda crecer y termine haciendo un disco como “Jessico”.”
Los trabajadores de la Línea 60 en un acampe del conflicto del 2015, por el que fueron condenados.
El conflicto duró 42 días. Había comenzado un 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 dispusieron el no cobro de boletos a los pasajeros como medida de fuerza frente a la falta de diálogo con el grupo DOTA-MONSA, gerenciadora del servicio. Sucedió en 2015, durante las vísperas de la elección presidencial que tendría como ganador a Mauricio Macri. Cuatro años más tarde, el pasado 11 de agosto, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal dictó sentencia de dos años de prisión en suspenso a cinco trabajadores por lo sucedido en aquel entonces.
“Se busca que esto sirva de ejemplo para el resto de los trabajadores, diciendo que el que quiere llevar adelante una lucha para defender sus derechos puede correr con el riesgo de ser denunciado, procesado y tal vez hasta condenado, como estos compañeros”, explica Esteban Simonetta, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Las denuncias se habían presentado por presuntas amenazas coactivas y lesiones hacia otros empleados durante el conflicto. “La empresa tiene algunos empleados que son afines. Son contratados con permisos bastante flexibles y un trato diferencial en lo laboral, distinto al común de los demás trabajadores, para usarlos como rompehuelgas. A través de ellos, denunciaron en 2015 a estos cinco compañeros de la cabecera Barracas diciendo que los habían amenazado y golpeado”, agrega. Sin embargo, es imposible comprender la naturaleza del fallo sin tomar en cuenta el contexto en el que fueron presentadas estas denuncias.
A mediados de 2015, el grupo DOTA-MONSA amenazó con realizar despidos masivos mediante la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que regula las indemnizaciones. La dirección aducía que, pagando los montos allí dispuestos, tenía la potestad para despedir a los trabajadores que creyera conveniente. “Argumentaban que había compañeros que eran enfermos crónicos, que pedían mucha ART. Nosotros dijimos que eso era discriminación y un cercenamiento al derecho a la enfermedad”, recuerda Simonetta. El quiebre se dio ante el despido de Ariel Benítez, chofer que había sufrido un accidente de tránsito y que sirvió como puntapié para aplicar el mecanismo de desvinculaciones pensado por la empresa. Además, los trabajadores venían reclamando, sin ser escuchados, por el pago de haberes adeudados, por la frecuencia del servicio y por las condiciones de seguridad e higiene. La respuesta fue el no cobro de boleto: “Veíamos que la empresa provocaba los conflictos y nos incitaba a que hagamos paro porque total ellos tienen la espalda económica para soportar los días que fueran necesarios. Entonces ya un par de años antes, habíamos puesto en marcha ese tipo de medidas de fuerza ”.
El grupo DOTA decidió ir por todo. Al tercer día, implementó un lock out patronal, o sea, retiró al personal administrativo de las cabeceras paralizando así el funcionamiento de toda la línea. Al mismo tiempo, continuó con su lista de “enfermos crónicos” y envió 52 telegramas de despido. Los trabajadores y sus familias sostuvieron la medida de fuerza, en un principio, ocupando las terminales. Luego decidieron directamente romper con el lock out y hacer circular los vehículos por su cuenta.
Represión a los trabajadores de la Línea 60 durante el conflicto de 2015.
Con el correr de los días, la tensión siguió en aumento. Gracias a una orden de la fiscalía de Escobar, la empresa logró impedir la salida de unidades desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Más tarde, la jueza María Romilda Servini efectuó la orden de hacer lo mismo con la cabecera de Constitución junto a todo un despliegue policial alrededor del predio. Allí quedaron virtualmente “secuestrados” durante una decena de días 22 trabajadores que resistían el amedrentamiento de la empresa y el Poder Judicial. Según Esteban Simonetta, “lo justificaron aduciendo amenazas falsas de los trabajadores, diciendo que la cabecera estaba tomada por personas ajenas a la empresa, que no sabían en qué condiciones se encontraban las personas acá adentro para manejar, que no teníamos registro, que había gente de rehén…, toda una serie de falsas denuncias que después se probó que no eran ciertas, porque tanto en Maschwitz como en Barracas vinieron los jueces, inspeccionaron y se corroboró que eran acusaciones falsas”.
El conflicto siguió entre idas y vueltas constantes, que incluyeron cortes en Puente La Noria, Saavedra y Panamericana con represión incluída, hasta que finalmente la intervención del Ministerio de Trabajo logró destrabar la situación. No obstante, varias de esas denuncias -que en su momento sirvieron al grupo empresarial para enfrentar a los trabajadores- siguen abiertas hasta hoy. “El cuerpo de delegados tiene un montón de causas. Están siendo procesados, pero todavía no tenemos fecha de juicio oral. También se denunció a 14 compañeros por el no cobro de boletos propiamente dicho”, continúa Simonetta.
De ese caudal de denuncias proviene el fallo que condena a los cinco trabajadores de la Línea 60, cuatro de los cuales ya fueron despedidos. Al tratarse de una prisión en suspenso por dos años, permanecerán en libertad: “El objetivo es otro: buscan eliminar de cuajo cualquier intento de hacer nuevamente una medida como ésta, ya que nos permitió ponernos de igual a igual con la patronal. Además, es una condena que afecta a todo el conjunto de trabajadores porque vulnera la posibilidad de que puedan proteger sus propios derechos”, remarca. Por lo pronto, los trabajadores deberán aguardar a las instancias de apelación.
El transporte como negocio
El grupo DOTA es el mayor conglomerado empresarial del Área Metropolitana en el transporte de colectivos. Posee 180 de las 389 líneas, divididas en 67 empresas. Según la Auditoría General de la Nación, recibió entre 2014 y 2017 el 48% del total de subsidios otorgados al sector: 34.000 millones de pesos -sin tomar en cuenta la inflación-. También posee la concesionaria MegaCar -representante en el país de la terminal de utilitarios brasileña Agrale- y la carrocera TodoBus. El negocio, por lo tanto, es redondo.
En 2010, la operadora adquirió la Línea 60 -MONSA-. Casi automáticamente, redujo la cantidad de ramales de 24 a 12, mientras la nómina laboral pasó de 1.240 a 933 trabajadores. Este año se anunció la posibilidad del cierre de otros siete ramales y la decisión de partir la línea en dos: los servicios provenientes desde zona norte llegarían hasta Barracas, mientras que los de Capital Federal lo harían sólo hasta San Isidro. Así, por ejemplo, alguien que vive en Escobar debería hacer trasbordo dentro de la misma línea para llegar a Constitución.
Simonetta lo describe de la siguiente forma: “Es la concentración del mercado. Al haber abarcado tantas empresas, se superponen entre sí. La empresa busca reconvertir las trazas para hacerlas más competitivas y quitar los ramales más ociosos. Eso hace que incluso la línea pierda la entidad de servicio social, porque de llevarse a cabo esta reconversión se abandonarían lugares históricos del recorrido dejando a esa población sin colectivo”.
Tomar un servicio público como espacio de negocios tiene sus consecuencias. El 9 de septiembre de 2016, se le encargó a David Ramallo la reparación de un colectivo con un desperfecto eléctrico. Para ello, fue obligado a utilizar una rampa nueva sin habilitación que ya había sido denunciada por otros trabajadores. Al subir la unidad, cedió la contención, el micro cayó mientras Ramallo se encontraba debajo y le ocasionó la muerte. Hasta hoy, no hay ningún responsable por el hecho.
“Al ser un grupo tan poderoso, y que aspira a quedarse con todo el transporte en la Argentina, no le interesa respetar ni la Ley de Contratos de Trabajo, ni el Convenio Colectivo ni nada. Ellos vienen a implementar su política patronal y a querer enmarcar nuestro trabajo con sus propias reglas. Lo hacen en todas sus empresas, menos en ésta línea. Por eso están tan abocados a enfrentar esta Comisión Interna y a todos los trabajadores de la 60, para tener el camino allanado y seguir adelante contra las conquistas y los derechos de los trabajadores”, concluye Simonetta.
La actual situación socioeconómica; la inseguridad; la corrupción; y la oposición entre el presente oficialista y el pasado kirchnerista. Esas son las temáticas que prorizarán los votantes en estas elecciones, según distintos analistas políticos contactados por ANCCOM.
El escenario principal que concentra la atención de consultores y analistas es la Provincia de Buenos Aires, donde la figura de Cristina Fernández como pre candidata a senadora parece ser el centro de disputa entre los dos proyectos políticos que polarizarían la elección. “En el caso que Cristina gane por un voto en las PASO pueden producirse dos efectos diferentes. El efecto ganador, que puede hacer que en octubre sume votos provenientes de los otros dos candidatos de origen peronista, Massa y Randazzo, o el efecto temor, por el cual el voto antikirchnerista se concentre en Cambiemos. Pero si ella gana aunque sea por un voto el 13 de agosto crecerá fuertemente la incertidumbre, tanto en lo político como en lo económico, se afianzará la idea de que ella puede ganar”, sostiene Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
En el mismo sentido, destacando la centralidad de la figura de Cristina en las próximas elecciones, Orlando D’adamo, director de Communicatio, consultora de comunicación estratégica y opinión pública, señala: “Será una elección donde los factores emocionales y simbólicos, muy en especial a partir de la presencia de la ex presidenta en la campaña, jugarán un papel preponderante.”
Por su parte, Ricardo Rouvier, director general de la consultora Ricardo Rouvier y Asociados, destacó la presencia de dos ejes que según sus mediciones aglutinarán la intención de voto en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. “De acuerdo a nuestros estudios cualitativos y cuantitativos, hay dos ejes principales en la próxima elección tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, mientras en el resto del país se privilegiarán aspectos locales. Los dos ejes, que no son únicos pero si principales, son los efectos de la situación socioeconómica y la confrontación entre el presente y el proyectado futuro, por un lado, y el pasado kichnerista, por el otro. El oficialismo enfatiza el segundo eje y la oposición hará hincapié en el primero”, afirma Rouvier.
Abriendo lugar a un tercer eje como posible aglutinador de intención de voto D’adamo explica: “Los tres temas principales de campaña son economía, inseguridad y más atrás corrupción. En los grandes centros urbanos, la corrupción puede pelear el segundo lugar pero no así en el resto del país.” Y agrega: “Estoy convencido que los factores económicos tienen una fuerte influencia sobre la decisión de voto en Argentina.”
«Massa y Stolbizer se distribuyen funciones. El primero golpea sobre la situación económica social, la segunda sobre la corrupción del kirchnerismo», dijo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
Rosendo Fraga, a la vez, sostiene la existencia de una fuerte lucha política derivada de la campaña electoral anticipada y señala: “El oficialismo nacional se concentra en dos ejes, la corrupción del kirchnerismo y la seguridad pública. El pedido de desafuero y detención del ex ministro De Vido forma parte de este campo de batalla. En materia de inseguridad, la estrategia de Cambiemos es desplegar todo el personal uniformado posible en las esquinas del conurbano. Con Cristina, la estrategia del oficialismo es no responderle para no agrandarla. Cristina por su parte, busca explotar la difícil situación social del conurbano, mostrando casos testimoniales y no cifras.” Y en relación a otros de los candidatos que forman parte del abanico electoral agrega: “Massa y Stolbizer se distribuyen funciones. El primero golpea sobre la situación económica social, la segunda sobre la corrupción del kirchnerismo. Randazzo hace campaña desde una posición crítica hacia la ex presidenta.”
Mas allá de las tendencias y de los posibles ejes que concentrarían el caudal de votos hacia las distintas opciones electorales, según Orlando D’adamo, no hay mediciones que permitan sostener ganadores claros en la provincia. En ese sentido afirma: “Todos los datos disponibles marcan diferencias en Provincia de Buenos Aires que se encuentran dentro del error estadístico. O sea no se pueden sacar conclusiones.” En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, asegura: “La victoria de Carrió está fuera de discusión y Filmus lograría recuperar el segundo lugar, aunque muy lejos, que el kirchnerismo perdió en 2015. Lousteau parecería estar pagando un precio importante a sus idas y venidas.”
Rouvier enfatiza la importancia de las PASO como primer instancia de comunicación política y explica: “En función del resultado de las PASO se planificarán las campañas hasta octubre que es cuando se realizarán las elecciones que determinan premios y castigos en función de puestos en el Congreso.”
D’adamo, vislumbrando escenarios posibles, dice: “El resultado de la elección va a depender de si hay polarización o no y de qué tipo de polarización tenga lugar. A mi criterio hay dos situaciones posibles. Una es la que repetiría la elección del año 2015 y la polarización entre el oficialismo actual y el kirchnerismo. La otra, como podría pasar en la Ciudad de Buenos Aires, la que se daría entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo global.”
“Las PASO adquieren significación como una suerte de primera vuelta para las elecciones de octubre que operan en consecuencia como segunda vuelta. El tema corrupción está en el centro de la escena, aunque no está claro cuánto puede influir en el voto hacia Cristina.” concluye Fraga.
Este año, Nerón propuso a Rogelio Segundo como diputado, ya que se había acordado que cada intendente lo elegiría. Pero, la situación de discriminación y racismo se repitió. Un día antes del cierre de listas, sin mediar palabra alguna, se enteraron que, otra vez, los habían dejado afuera. Como es de público conocimiento, tanto Sergio Leavy, como el diputado Ramón “Rana” Villa, quien acaba de perder su banca tras 16 años de mandatos, y el senador Mashur Lapad acordaron para que no participaran. De inmediato, Rogelio Nerón llamó a Buenos Aires. Finalmente, gracias al apoyo de Jefatura de Gabinete, logró presentarse por el partido Frente Grande, la única lista que presentaba candidatos indígenas en todos los cargos: diputado, convencional constituyente y concejal.
