Ago 20, 2024 | Destacado 1, Trabajo
Esta semana, Federico Sturzenegger prometió reglamentar el capítulo laboral de la Ley Bases. Eliminación de la indemnización, creación de la figura del colaborador, habilitación para despedir a trabajadores que participen de protestas, quita de multas a las empresas que contraten en negro y apuestas por incrementar el monotributismo. La apuesta a la declaración de inconstitucionalidad.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo en Argentina alcanzó el 7,7% en el primer trimestre de 2024, lo que representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Este incremento significa que aproximadamente 1,1 millones de personas están sin empleo en un contexto económico cada vez más deteriorado. A su vez, destaca que se ha evidenciado una reducción en el empleo informal, lo cual impacta especialmente en los sectores más vulnerables.
En este contexto, el pasado 28 de junio se aprobó la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que entre sus artículos resaltan los que modifican, anulan y reemplazan los hasta ahora vigentes del derecho laboral. Para esta semana se espera que el gobierno publique la reglamentación de todo ese capítulo de la norma.
En relación a este panorama del mundo laboral, conversamos con Matías Cremonte, abogado y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y Daniel Arroyo, diputado nacional, politólogo y exministro de Desarrollo Social de la Nación.
Cremonte considera que si bien antes de la llegada del nuevo gobierno existían niveles altos de inflación y que el salario real en la Argentina estaba deteriorado, lo que ocurrió desde el pasado diciembre “fue un cambio trágico, aún antes de la reforma laboral”: la política económica llevada adelante implicó una importante caída de la actividad industrial, el cierre de empresas y suspensiones, lo cual es acompañado por el temor que empieza a hacerse cada vez más presente entre los trabajadores de perder su empleo.
“Renuncian a derechos para mantener la fuente de ingresos, lo cual es un clásico del mercado de trabajo en el capitalismo, o sea, que haya un ejército de desocupados que presiona a la baja los salarios y a la pelea por mejores condiciones laborales. Es una forma de disciplinar”, denuncia.
Por su parte, Arroyo considera que el parate generalizado en el mercado laboral impacta en mayor medida en los sectores informales de la economía “Objetivamente la gente que hace changas, los ocho millones de cuentapropistas están teniendo más dificultades, y eso lleva en la práctica a que haya más gente en los comedores comunitarios, más gente reclamando asistencia.”
Otro aspecto que destaca es el sobre endeudamiento de las familias que deben hacer frente a los aumentos en insumos y servicios. “Hoy gran parte de los ingresos se van en comprar comida, con el pan a 2.500 pesos y la leche a 1.500 pesos, todo eso se traduce en el endeudamiento de la familia”, dice.
Con la aprobación de la Ley Bases se cristalizaron muchas iniciativas presentes en el DNU 70/2023 que, según Cremonte, fue anunciada como beneficiosa para el mercado laboral pero está muy lejos de ser así: “Empeora todas las condiciones de trabajo y de vida de todos los trabajadores y trabajadoras por un supuesto beneficio que vendrá luego”. Destaca, adeás, que este tipo de recetas regresivas nunca han funcionado, lo cual fue demostrado por un estudio del 2015 llevado adelante por la OIT en el que se analizaron 63 países en los cuales se llevaron adelante y “en ninguno de ellos el resultado fue un crecimiento económico, todo lo contrario: los indicadores sociales y económicos empeoraron”.
En relación a las normas, destaca entre las más perjudiciales la eliminación de la indemnización, agravada para el caso de despidos de trabajadores no registrados ya que desconoce que el daño que sufre una persona no registrada es mayor y el efecto que tendrá es que “los empleadores no van a sentir ningún temor por no registrar al trabajador, y entonces lo que va a crecer es el empleo en negro”.
Por otro lado, está el artículo que legaliza la figura del monotributista, del trabajador autónomo, que antes era considerado un fraude laboral y que promovería un tipo de empleo sin ninguna protección social. “Antes, si alguien prestaba servicios para otra persona de manera continuada y si se daban ciertas características propias de la relación laboral la ley presumía que había un contrato de trabajo encubierto, ahora eso se elimina”, agrega al respecto. Para el abogado, las modificaciones precedentes en la ley nos retrotraen al siglo XIX o principios del XX, momento en el que no existía el derecho del trabajo.
Al ser consultado por esto, Arroyo plantea otra mirada, ya que considera que una reforma laboral era necesaria y ve con buenos ojos alguno de los aspectos antes mencionados: “El caso de eximir de multas me parece bien, lo de los tres colaboradores si se toma seriamente puede ser un avance”, dice. El exministro refiere a una nueva figura que crea la Ley de Bases que estipula que un monotributista podrá tener hasta tres trabajadores sin registrar bajo la categoría de “colaborador”.
Pero señala que las modificaciones presentes en la ley son parciales y acotadas, y que es necesario un cambio estructural profundo que aborde tres planos: “Uno es distinguir el tipo de empresa. No es lo mismo una grande que una pyme que un jardinero con dos ayudantes. La forma de contratación laboral, los aportes patronales, la carga impositiva tiene que ser distinta en cada uno de esos casos. Hay que poner una fuerte impronta en el tema del primer empleo, el gran tema en la Argentina es el tema de los jóvenes de 18 a 29 años, a quienes les cuesta entrar en el mundo laboral. Y por último debería haber un incentivo a las empresas que requieren de mano de obra intensiva, como la construcción, los textiles, producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado, que son en esencia los sectores donde trabajan los más pobres”.
Señala, finalmente, que lo que hay en la Ley Bases son grandes incentivos para la inversión extractiva, no así para que las empresas masivamente contraten trabajadores y agrega que “por eso hace falta una Ley PYME”.
Otro aspecto del mundo laboral es la actividad sindical tanto para el resguardo de los puestos de trabajo como para la mejora de las condiciones de trabajo. Según Cremonte, del proyecto inicial del DNU el ataque a la actividad sindical se ve considerablemente disminuido, pero sin embargo señala dos puntos que la afectan de lleno. Uno es que habilita a la justa causa de despido en base al criterio del empleador, “entonces la participación en medidas de acción sindical qué al simple criterio del empleador impliquen un perjuicio lo habilitarían a despedir sin indemnización”, explica y agrega que esto ya fue utilizado por la parte empleadora en un conflicto de la industria ceramista donde hubo trabajadores intimados a volver a trabajar que fueron amenazados con ese artículo.
El otro aspecto es que elimina la obligatoriedad de reincorporación al puesto de trabajo en los casos de despidos discriminatorios. “La reforma incluye un artículo que modifica esto y el trabajador en caso de determinarse su despido discriminatorio tiene derecho a una indemnización agravada, es decir un monto más que el que le corresponde por despido, pero que en ningún caso tiene derecho a ser reinstalado”, dice Cremonte.
Por su parte, Arroyo considera que “el vínculo entre trabajadores y sindicatos no fue afectado en la Ley Bases” y que así como en el derecho laboral, debe darse un debate serio en relación al esquema de la organización sindical.
Un fenómeno novedoso propiciado por las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo laboral, fue la llegada de los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales. Según Cremonte, existen dos miradas muy diferentes con respecto a estos trabajadores; para su visión no tienen ninguna diferencia a cualquier otra relación laboral y por lo tanto debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo.
Arroyo, por su parte, cuenta que se intentó llevar adelante un proyecto de ley que regularizara y formalizara a estos trabajadores pero se encontraron con el rechazo de un amplio sector de los jóvenes, influenciados por las mismas empresas. “Por lo que hay que entender también que hay un cambio en la concepción de libertad y del mundo del trabajo y que estas aplicaciones pegan fuertemente en eso. La legislación tiene que tener en cuenta toda esta nueva complejidad y tal vez avanzar con mecanismos de formalización parciales, de transición, novedosos”.
Al ser consultado por el futuro, Arroyo dice que el gobierno está planteando un país con dos tercios de la población afuera donde los precios y la inflación están estables pero a costa de que dos tercios del país no tengan dinero para consumir. Por su parte, Cremonte ya está viendo conflictividad y “va a haber mucha más debido a la situación social salarial” y añade que “lo que vamos a ver, es que cada vez que se judicialice la aplicación de alguno de estos aspectos regresivos de la reforma se declarará su inconstitucionalidad, lo cual creo va a ser una forma de poner un cierto límite a los efectos nocivos de esta ley”.
Oct 20, 2022 | Destacado 4, Vidas políticas
Distintos economistas analizan las disposiciones administrativas que tomó Sergio Massa desde que asumió y el proyecto de presupuesto para 2023. Educación, Salud y Obras Públicas recortadas.
Después de la conflictiva salida de Martín Guzmán como ministro de Economía de la Nación, seguida por la fugaz gestión de Silvina Batakis, el pasado agosto Sergio Massa quedó al frente del Ministerio en medio de un momento de alta inestabilidad. De cara a la creciente crisis económica que amenaza a la Argentina, el economista estableció como objetivo primario la disminución del déficit fiscal a un 2.5% para fin de año. Alcanzar estos porcentajes significaría una repentina reducción del gasto público, con la intención de cumplir las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Y de qué forma se refleja en el proyecto de Presupuesto 2023 que trata el Congreso?
Durante los primeros días de agosto, la nueva gestión ministerial puso en acción la prevista quita de subsidios energéticos, y por medio de la Decisión Administrativa 826 se realizó un ajuste presupuestario sobre seis ministerios nacionales. Respecto del proyecto de Presupuesto 2023, el economista Horacio Rovelli asegura: “No solamente no aparece una sola línea en el presupuesto 2023 de que se recupere la fuga de capitales del gobierno anterior, es como si no existiera semejante fraude. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al exterior le interesan nuestros recursos naturales. No quieren que podamos pagar la deuda para que los malvendamos.”
En cuanto al ajuste de los gastos previstos ya para este año, Desarrollo Productivo sufrió una disminución de 70.000 millones de pesos, seguido por las carteras de Hábitat y Educación, con una quita de 50.000 millones de pesos cada una.
La baja en el área educativa impacta principalmente en el Programa Conectar Igualdad y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. Hábitat, por su parte, se enfrentó al recorte en un contexto de déficit habitacional de 3.5 millones de viviendas. Por su parte, la quita para Obras Públicas fue de 20.000 millones de pesos y la de Transporte y Salud de 10.000 millones por cada ministerio.
“Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta Pertierra.
Nicolás Pertierra, economista del CESO, reflexiona sobre las posibilidades que disponía el gobierno para cuidar el presupuesto de sectores clave como Salud, Educación y Obra Pública: “Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta. Aunque el déficit cumple un rol fundamental en las negociaciones con el FMI, Pertierra cree que “el principal problema no es tanto fiscal sino de disponibilidad de dólares”, y que “tiene que haber alguna medida que administre mejor las pocas reservas que dispone el Banco Central”.
A pesar de que las opciones son pocas, Rovelli asegura que algunas de estas reducciones desatan consecuencias irreversibles: “El gasto en obra pública es irrecuperable, porque el tiempo de no trabajo es tiempo perdido. Lo que no gastaste en educación y salud tampoco lo vas a recuperar. La minoría que se beneficia es el 1% o 2% de la población, y nos perjudicamos el resto del pueblo argentino”. Rovelli, que también es profesor en la carrera de Ciencia Política de la UBA, considera que Massa tomó una decisión administrativa muy fuerte, como la Resolución 827, que plantea un congelamiento de vacantes en el sector público centralizado y en empresas del Estado.
En cuanto a la Resolucióm 826, hace énfasis en el rol de la salud, donde resalta que el recorte afecta áreas muy sensibles como la de enfermedades transmisibles, que son mayores en los sectores vulnerables. A su vez, hace mención a la demora en el pago de trabajadores, destacando como ejemplo más notorio al de la discapacidad, que recién a fines de agosto terminó de abonar deudas de junio.
Zahira Holguin, profesional de apoyo en el Centro de Día Cumelén, explica que la situación que sufre este último rubro no representa un ajuste sino una vulneración de los derechos de los ciudadanos con discapacidad. “Se les quita el privilegio de la salud pública gratuita, que en nuestro país se supone que es un derecho para todos los argentinos”, comenta. Respecto a los fundamentos de ciertas decisiones administrativas, concluye que “las personas con discapacidad generalmente no son personas productivas, y entonces es fácil verlo como una inversión no retributiva”.
A su vez, Rovelli recuerda que en agosto el oficialismo hizo un canje de gran parte de los vencimientos de los bonos del Tesoro de la Nación por 2 billones de pesos que debían pagarse entre agosto y noviembre de este año. “Fueron postergados a 2023 a cambio de un bono dual, que se va a pagar sí o sí y que está ajustado al índice IPC o al dólar oficial. Eso le asegura ganancia a los rentistas”, enfatiza.
Respecto al panorama para 2023, Rovelli aclara que estamos en un margen muy grande, donde no está fijado el valor del dólar, y que “mientras no tengas esto definido, es muy difícil ponderar cuál va a ser el futuro del país”. Más allá de todo, argumenta que detrás de los ajustes se esconde la postergación de una decisión que Argentina vuelve a traer a la mesauna y otra vez. “Estas medidas son meros parches para una gran medida final, que va a ser la devaluación de nuestra moneda”, asegura el economista.
May 11, 2021 | Novedades, Trabajo
En 2015 dos niños perdieron la vida en un taller textil de Flores.
Presentado por Editorial Prometeo, ¿Quién hace tu ropa? es un libro que compila una serie de estudios pormenorizados de la difícil situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la industria de indumentaria textil argentina. Los coordinadores de la investigación son Andrés Matta, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador, y Jerónimo Montero Bressan, geógrafo e investigador del CONICET en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, quienes junto a un equipo de investigadores abordaron las cuestiones estructurales, productivas, laborales, y migracionales que operan sobre los talleres de indumentaria desde una mirada necesaria. En diálogo con ANCCOM, Montero Bressán cuenta que “el libro surge de la necesidad de juntar todos los escritos de quienes trabajamos sobre el tema”. El resultado fue una serie de capítulos que abordan las problemáticas de los talleristas en un escenario repleto de presiones empresariales y carente de controles, donde la informalidad laboral representa el 70por ciento del sector productor.
El libro, que gira en torno a la situación de los talleres de indumentaria, pone de manifiesto el problema de la superexplotación y la tercerización laboral desarrollada a partir de una serie de consecuencias económicas ocurridas a nivel nacional y global que comenzaron a gestarse en la década del setenta, a partir de la inestabilidad económica del país y de un fuerte proceso de desindustrialización. Siguiendo el modelo de abaratamiento de costos liderado por megamarcas como Nike, los empresarios nacionales se lanzaron a la implementación de la tercerización laboral. Montero Bressan explica que “la subcontratación se vuelve masiva a finales de los años ochenta, cuando en vez de producir grandes cantidades de ropa estandarizada, las fábricas empiezan a cerrar y se empieza a importar ropa por poca plata. Entonces las empresas locales se dedicaron a diseñar ropa o a traer de afuera y comercializarla. En el caso del diseño, a los mismos trabajadores, sobre todo mujeres, los mandaban a la casa con la máquina de coser al cerrar la fábrica. Ahí seguían produciendo ya no como obreras industriales que tenían un salario fijo con derechos laborales y aguinaldo, sino que pasaron a cobrar a destajo y a su propio riesgo”.
En 2016 un incendio provocó la muerte de 5 niños y una mujer embarazada en un taller clandestino en la calle Luis Viale.
Ese modelo de subcontratación se extiende hasta nuestros días, representa al 70 por ciento del sector de trabajadores de indumentaria. Esta situación acarrea problemas causados por la falta de derechos laborales, que excluye a los talleristas informales de contar con obra social, seguro, aportes para una jubilación, aguinaldo, vacaciones, entre otras cuestiones. Montero Bressán señala que “la subcontratación es una responsabilidad principalmente de las marcas, y también hay una responsabilidad muy grande de los feriantes de La Salada y los empresarios de calle Avellaneda. Hoy, todas las empresas que se dedican a la comercialización no producen nada, o se dedican -aparte del diseño- al corte, como mucho”. Al ser consultado por la cantidad de talleres informales que operan para la feria de La Salada, explica que “durante el 2013, Matías Dewey (sociólogo y doctor en Ciencia Política) haciendo un estudio muy pormenorizado en La Salada, calculó que detrás de todos esos puestos tenía que haber por lo menos trece mil talleres, todos no registrados”.
¿Quiénes cuidan a los trabajadores?
El 30 de marzo de 2006, un incendio en el taller clandestino que operaba sobre la calle Luis Viale al 1269 en Caballito provocó la muerte de cinco niños y una mujer embarazada. El hecho se dio en un contexto donde sesenta y cuatro personas convivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento, lo que produjo que el fuego iniciado a partir de un cortocircuito se extendiera rápidamente por todo el taller. Se supo que en este lugar se producían pantalones de jean que luego eran comercializados en un local del barrio de Flores, ubicado sobre Avenida Avellaneda. Luego del juicio en 2016, se condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, capataces del taller, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y estrago culposo seguido de muerte. Una suerte distinta corrieron Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, los dueños del taller, que fueron sobreseídos en 2019 por prescripción de la causa debido a la falta de pruebas. Montero Bressán señala que “después del incendio de la Calle Luis Viale, el subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Lieutier, calculó junto a organizaciones de talleristas que había alrededor de cinco mil talleres en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede decir que las más de 120 marcas denunciadas por subcontratar talleres -entre las que se encuentran, por ejemplo, Mimo y Cheeky– están dentro de esos cinco mil”.
En el año 2015, otro incendio similar ocurrió en un taller del barrio de Flores, donde dos niños -que se encontraban encerrados en el lugar- perdieron la vida por negligencia. La falta de controles y de legislación para preservar los derechos de los talleristas provocan un problema que dista de mejorar. Para Montero Bressán “estamos a cinco minutos de un nuevo incendio en un taller clandestino. En el momento en que haya una reactivación económica, va a influiar de manera muy fuerte a este sector. La gente va a salir a comprar ropa, porque es una de las primeras cosas que se recupera, pero esa recuperación del sector va a estar sobre la base del sector informal. Esto es lo que pasó en 2003, 2004 y en ese contexto fue que en 2006 ocurrió lo del taller clandestino de Luis Viale: la industria estaba produciendo a morir pero sobre la base del empleo informal. Tememos que esta vez pase lo mismo, que la recuperación del sector se sostenga sobre la superexplotación de migrantes en talleres. Si hay un nivel de falta de control como hoy en día, probablemente vuelva a suceder”.
Los capataces del taller incendiado en Luis Viale al 1200 recibieron 13 años de prisión, pero los dueños fueron absueltos.
La falta de controles gubernamentales y de organización sindical por parte de los talleristas es potenciada por la situación de precariedad laboral, donde un gran número de los trabajadores informales son migrantes no registrados en una situación de extrema indefensión, quienes además realizan jornadas, en promedio, de doce horas diarias, donde se busca producir la máxima cantidad de prendas por hora. La elevada intensidad laboral es acompañada por una paga muy por debajo de su valor real, malas condiciones ambientales y de higiene, exposición constante a partículas de tela que son inspiradas y acarrean problemas pulmonares, entre otras problemáticas. Esta serie de factores determina un conjunto de riesgos que arremeten fuertemente contra la salud y el bienestar de los trabajadores. En cuanto a las costureras, el libro también visibiliza las situaciones de abuso y acoso de género que repercuten en su salud tanto física como mental.
El futuro de los talleres
Para Montero Bressán “las perspectivas son malas, principalmente porque entre les costureros no hay organización, lo único que existen son cooperativas que en este sector están peleando muy fuertemente por sobrevivir todo el tiempo, porque están compitiendo en un sector en donde el precio de su contratación es muy bajo y comercializar es muy caro y difícil, necesitás otro capital al que las cooperativas no tienen acceso, entonces lo único que pueden hacer es producir a fasón”. Esto significa que los talleristas dependen del trabajo tercerizado que les brindan las marcas, al mismo tiempo que están ligados a los vaivenes económicos que repercuten directamente en su margen de ganancias, que ya de por sí es muy bajo. A falta de medidas concretas a favor de los talleristas, la organización se torna crucial en este punto. “El sindicato SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines), que es de costureros y costureras, no hace nada. Si vos no tenés un sindicato fuerte que reclame, es muy difícil que los gobiernos decidan empezar a controlar el sector, porque no hay quien demande que esto cambie. Las empresas tienen poder de llegada a los medios y tenés un sindicato que hace lo que dicen las empresas”. La fragmentación de los eslabones de la cadena productiva de la indumentaria y la falta de un sindicato fuerte produce un quiebre en la organización del colectivo de trabajadores, que no logra cohesionarse para hacer frente a la situación de precarización laboral.
“Hoy la Cámara de Indumentaria tiene mucho peso en el Ministerio de Producción, pero está pensando solamente en recortarle impuestos a las empresas. Me parece que no va por ahí la solución al sector, lo que hay que hacer es controlar”. De igual manera, y para generar algún tipo de mejora a la situación, Montero Bressán explica que a partir de la publicación del libro “armamos un grupo para impulsar el proyecto de establecer una trazabilidad, para que la ropa tenga una etiqueta más que muestre cuáles son los lugares donde se produjo. Entonces el inspector podría ir al local, escanear las etiquetas y ver dónde se fabricó, si no hay información o no coincide con el taller, es que se hizo en negro”.
Dentro de esta obra que relata las vivencias y abusos a los que los talleristas son sometidos, los autores proponen una serie de propuestas para el desarrollo del sector a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, basándose en la innovación, la sustentabilidad y los servicios de apoyo que garanticen un trabajo en condiciones dignas y alejado lo más posible de los peligros de la precariedad e informalidad laboral. La denuncia que lleva a cabo este libro fue coordinada y escrita por Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, y también tiene como autores de los capítulos a los investigadores Cristina Etchegorry, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky, Nahuel Aranda, Juan I. Staricco, Ariel Lieutier, Carla Degliantoni, Paula Salgado, Ayelén Arcos y Antonella Delmonte Allasia.
Mar 5, 2021 | Géneros, Novedades
A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la celebración por las históricas luchas por los derechos de las mujeres terminará en un Paro Internacional Feminista. Mientras tanto, la justicia de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, investiga si Kateherine Saavedra fue atropellada con un auto por su pareja el pasado domingo 28 de marzo. De confirmarse este hecho, la joven de 22 años sería otra víctima de un “noviazgo violento”.
Durante este año, según el informe publicado por el Observatorio Lucía Pérez, se denunciaron 59 femicidios. Los casos de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual ponen en evidencia un patrón: mujeres que denuncian violencia de género y falta de respuesta del Estado y sus instituciones. Según el Observatorio mencionado, en 15 de los femicidios cometidos entre enero y febrero, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor.
A seis años del primer “Ni Una Menos”
“Casos como el de Úrsula o Guadalupe resultan un punto de inflexión por sus características. Son mujeres que toman conciencia de la violencia y hacen lo que se le reclama a la víctima, que es denunciar. Independientemente de los números estadísticos, lo que supone un agravamiento es que los mecanismos institucionales no funcionan y subestiman la situación de riesgo y peligro en que están las víctimas”, afirma Paula Rodriguez, periodista, escritora y autora del libro Ni una Menos.
Los femicidios de Úrsula y de Guadalupe pusieron en debate público, social y mediático el rol del Poder Judicial, con foco en los magistrados, fiscales e instituciones que deben tratar las violencias por cuestiones de género.
“Estamos viendo un patrón que se repite. Las mujeres hacen las denuncias, piden protección y las instituciones no responden como deberían. Desde 2015 hasta acá hay un cambio en la sociedad, no son las mismas historias que aparecen en el “Ni una Menos”, porque hay una conciencia del peligro e identificación de las violencias, que lleva a las víctimas a no quedarse pasivas. Lo que no hay es un acompañamiento ni reacción institucional ni comunitaria”, agrega Rodriguez.
Patricia Nasutti, mamá de Úrsula Bahillo frente a Tribunales.
La agenda del gobierno y la del periodismo feminista por momentos coincide pero reclama más acciones concretas y políticas activas. La Ley Micaela sancionada en enero de 2019, que obliga a los funcionarios de los tres poderes y organismos públicos a capacitarse es sólo un punto de partida que no encuentra aún correlato en la práctica.
El presidente Alberto Fernández insistió este 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, en continuar con la agenda por los derechos de las mujeres. Sostuvo que la batalla contra la violencia de género debe ser tomada como política de Estado. Asimismo, apuntó al rol desempeñado por el Poder Judicial para señalar la cultura patriarcal consolidada en sus funcionarios. “Se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, sentenció.
Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su declaración por la causa “Dólar Futuro” para insistir en el tema: “que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada”.
Rodríguez asegura que aún “no hay un trabajo en cambiarle la cabeza a la Justicia ni una mirada puesta en las víctimas. De todas maneras [la respuesta] no sólo se agota en lo judicial o punitivo, hay una serie de apoyos que deberían existir para que no se llegue a estos niveles de riesgo. La obligación de los Estados es evitar la repetición de los hechos de violencia, no solamente dar una respuesta punitiva o de vigilancia como las tobilleras electrónicas”.
Por su parte, la periodista Claudia Acuña integrante del Observatorio de Femicidios Lucía Pérez y de la Cooperativa lavaca, entiende que “Todo femicidio es evitable. Con una política activa y con los elementos que se pueden detectar a partir de la información que disponemos, podemos de alguna manera establecer muchas políticas y formas de evitarlos”.
3 de junio de 2015. Primer Ni una menos frente al Congreso de la Nación.
“El Estado puede disponer de la red que está creciendo gracias a las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sindicatos, en movimientos sociales, en cooperativas, en territorios, en comedores. Todo eso es un ejército que con capacitación y un sueldo podría estar dando batalla a las violencias, acompañando a esas mujeres y atendiendo esas situaciones, cosa que no puede hacerse a partir de una oficina o una línea de teléfono”, propone Acuña.
“Este año hubo 15 mujeres que hicieron denuncias previas y que terminaron muertas. Ahí está el primer grito que nosotras escuchamos de reclamo en cada barrio y en cada ciudad del país, eso es lo que nos están diciendo esas cifras, no son cifras, son pedidos concretos de alarma que suenan y que nos están diciendo que algo está fallando en el enfoque general y que no es un tema de este gobierno, de aquel funcionario o aquella ministra, sino que es un tema sistémico”, agrega la periodista.
Empoderar a las mujeres
A diferencia de la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández avanzó en la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, a través del cual se implementan el Programa Acompañar y el Programa Potenciar Trabajo, este último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, las medidas resultan insuficientes y no conforman un plan integral contra la violencia de género.
El aumento en el número de casos recogidos este 2021 muestra que la paridad de género en los cargos electivos, entre otros derechos conseguidos por las luchas feministas no tienen un correlato con la deconstrucción de una sociedad machista que exige celeridad en la justicia y un trato no discriminatorio.
“El Estado argentino anunció dos veces un Plan Integral contra la Violencia, la construcción de refugios y la unificación del registro de denuncias, inclusive hay un decreto que lo establece así. Y si bien, obviamente, creo que hay otra voluntad por cumplir con esta medida, también es cierto que son insuficientes. Construir refugios lleva años y necesitamos una solución ahora. Catorce refugios no dan una solución integral a este problema”, explica Acuña.
Asimismo, remarca la necesidad de una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entendiendo que esa red es la que va a garantizar poder llegar en tiempo y forma a los territorios y “eso significa también empoderar a las mujeres”, agrega.
“El Estado tiene que abrir las orejas y los bolsillos, dar recursos y dar escucha. Escuchar que se pide especialmente por aquellas personas que sufrieron, porque son las que más conocen dónde está el sistema y dónde está hoy la clave para poder corregir las respuestas del sistema y después bajar los recursos”, completa Acuña.
Desde la primera marcha de “Ni una Menos” al 2021 hubo un cambio en la sociedad. Las mujeres ya no son pasivas ante la violencia machista y utilizan los recursos y herramientas disponibles para intentar contrarrestarla. El Estado y la Justicia parecen no estar a la altura de las circunstancias. Pensar una reforma política integral con perspectiva de género de estas instituciones es urgente.
Los tiempos largos de la política y de la justicia no alcanzan. El caso número 60 de Katherine Saavedra confirma que las estructuras patriarcales anidadas en el poder son el principal problema.
Dic 24, 2020 | Novedades, Trabajo
El pasado 3 de diciembre se sancionó, con 52 votos positivos y tres abstenciones, la Ley de Promoción de la Economía Social en la Legislatura de la Ciudad. Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, uno de los organismos impulsores del proyecto, esta es una iniciativa que busca “fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra a cientos de miles de personas”. La titular de la cartera porteña, María Migliore, asegura que esta ley otorgará herramientas para que el sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida. Por su parte, los verdaderos protagonistas de ese sector plantean dudas, críticas y expectativas.
A grandes rasgos, la ley establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que es el registro de proveedores estatales en la ciudad; el acceso a herramientas financieras, como líneas de crédito; y la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos.
A partir de este marco, diferentes cooperativas y fábricas recuperadas expusieron su visión sobre la nueva legislación. Una de ellas fue la cooperativa de productos lácteos Séptimo Varón, formada por un colectivo de trabajadores que recuperó la empresa en el año 2002. Sus productos se encuentran en el mercado desde hace más de 60 años y, actualmente, cuentan con siete locales de venta minorista distribuidos alrededor del AMBA. Federico Chab, uno de sus miembros, considera interesante que haya una ley que recoja a los actores de la economía social, muchas veces postergados en la agenda legislativa.
Asimismo, pone la lupa en cómo se va a reglamentar, ya que a su criterio hay algunos puntos fundamentales que no se mencionan, como el tipo de financiamiento – por ejemplo, si serán microcréditos o no -, si las cooperativas más grandes, como ellos, pueden acceder a estos beneficios y si hay un máximo de facturación o en la cantidad de trabajadores. Chab asegura que en reiteradas oportunidades “se toma a la economía social como pequeños micro-emprendimientos y en realidad nosotros somos una PyME que factura de a millones. Por esto muchas veces nos quedamos afuera de estos cupos fiduciarios”. Chab espera que los convoquen a participar para aportar su visión en la iniciativa.
Por su parte, Fabián Pierucci, presidente de la cooperativa La Litoraleña, que fabrica tapas de empanadas y tartas, comenta que el fin de aquella no es maximizar ganancias sino crecer como colectivo de trabajadores y, por ese motivo, exige una mayor claridad en la forma de financiamiento que otorgaría la ley. “Si es un fondo privado no podemos aceptar imposiciones”, sintetiza. A su vez, se explaya sobre la falta de delimitación entre el tipo de préstamo que puede necesitar una cooperativa como La Litoraleña, que es una PyME, y la que necesita cualquier otro emprendimiento individual. Asegura que la ley no proporciona ningún tipo de diferencia entre estas dos realidades sumamente diversas. Además, comenta que la ley no hace referencia a un tema tan delicado como la seguridad social: “Seguimos siendo monotributistas y somos un colectivo de 55 personas. Te terminás jubilando siempre con la mínima”, sentencia.
En esta línea, Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraES), se pregunta cómo va a ser el registro formal de los trabajadores, cuál va a ser el organismo de aplicación de la ley y cuáles van a ser las características del fideicomiso. Para Montes la ley tiene “muchas carencias” y no se condice con las políticas que el Gobierno de la Ciudad llevó adelante en los últimos años, como fue “la eliminación y el vaciamiento del presupuesto destinado al sector en el año 2015”, agrega.
En busca de una mirada etnográfica sobre la situación de las cooperativas y fábricas recuperadas de cara a esta nueva ley, Andrés Ruggeri, investigador y director del programa Facultad Abierta en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dice que la ley es un hito importante para un sector totalmente desplazado en la economía formal. “Desde el 2007 que no hay un reconocimiento para este colectivo, me parece bien que haya una medida que recoja su realidad”, señala.
Sin embargo, cuestiona la conceptualización que hace la ley de la economía social: “Si vos armás toda la base del financiamiento desde el lugar de una economía de la pobreza y sin capacidad de crecimiento, pensada para pequeños montos de créditos, vas mal“.
Para Ruggieri, la estructura crediticia está mal planteada porque el Estado no invertiría en el fondo fiduciario sino que lo harían los privados que siempre tienen intereses por detrás. Sumado a esto, sentencia cómo se planteó la conformación del comité de financiamiento, que está integrado por los mismos miembros que van a sostener el fondo.
Ante la repregunta por la postulada “economía de la pobreza”, profundizó en lo problemático que pueden llegar a ser las valoraciones que edifica la ley en referencia a los receptores de la misma. “Partís de la base que la economía social no tiene escala y por eso brindás microcréditos o créditos sin mucha capacidad y así el sector nunca va a crecer”, concluyó.
