Las fans de la cantante Taylor Swift se pronunciaron en contra del candidato de La Libertad Avanza y armaron revuelo. Cuestionan sus posturas antiderechos y autoritarias.
El mes de noviembre nos trae dos sucesos importantes. Para un grupo más reducido, la visita de la cantante estadounidense Taylor Swift que se presentará en el Estadio Mâs Monumental los días 9, 10 y 11. Para el resto, el balotaje en el que los candidatos Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la presidencia de nuestro país. Si bien parecen acontecimientos lejanos el uno del otro, un tweet logró que ambos mundos colisionen y la red social se plagara de opiniones al respecto.
El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, que obtuvo el 29,98% de los votos en las elecciones del pasado domingo, mantiene una postura de “extrema derecha” que ha causado polémica en numerosas ocasiones y despierta resquemor y disgustos en los sectores de la sociedad que no comparten su ideología. Entre ellos, algunas fans de Taylor Swift, mejor conocidas como swifties.
Ayer, la cuenta de Twitter Swifties Contra LLA (La Libertad Avanza), que fue creada este mismo mes, emitió su primer mensaje contra la coalición política y su candidato, comparándolo con el expresidente estadounidense Donald Trump, y apoyándose en la postura anti-republicana que tomó Swift por primera vez en 2018 de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
El “Comunicado a la Comunidad Swiftie argentina”, como lo titula la cuenta, dice: “Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos”, y plantea, “¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”.
En Miss Americana, el documental de 2020 que relata la vida íntima de Swift, la cantante cuenta que para mantenerse alejada de controversias —y no tener la misma suerte que las Dixie Chicks— elegía que su postura política permaneciera privada. Esto cambió a sus veintiocho años cuando, a través de una publicación en Instagram, se manifestó en contra de la candidata republicana a senadora por el estado de Tennessee, Marsha Blackburn: “Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país”, dijo Swift y expresó que esos no eran los objetivos de Blackburn, sino todo lo contrario.
En diálogo con ANCCOM, Macarena, una de las creadoras de Swifties Contra LLA, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos cuenta que “el paralelismo entre Milei y Trump está muy claro y no es agarrado de los pelos, ni estamos inventando nada” ya que “están en riesgo exactamente los mismos derechos”. Como se lee en el comunicado, “el partido de La Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum para derogar la última Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, además de haber desestimado las muertes, torturas y desapariciones de la última dictadura argentina y considerar que “el matrimonio igualitario es innecesario” y “el feminismo es una mentira”.
En tanto al surgimiento de la movida swiftie contra Milei, Macarena explica que “ya veníamos viendo hace bastante que varias swifties usaban los extractos del documental de Taylor y citas de su publicación contra Blackburn” para justificar sus posturas antilibertarias ya que “las propuestas de Javier Milei están muy ligadas con lo que Taylor criticaba del gobierno de Trump”. Se trató de “englobar cosas que ya venían pasando en el fandom”
El comunicado de Swifties Contra LLA ha ganado gran notoriedad desde su publicación, contando con más de un millón de visualizaciones y la cuenta acumulando más de seis mil seguidores en tan solo un día. La noticia despertó el interés de medios extranjeros llegando a ser publicada por The Guardian que también aborda el descargo de fans argentinos de la banda coreana BTS contra “dichos de odio y xenófobos” por parte de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza y mano derecha de Milei.
De cara al balotaje, Macarena dice que “la verdad es que no creo que tenga un impacto muy grande, siento que todo tomó proporciones que no esperaba” pero destaca que el objetivo del comunicado era visibilizar los peligros que implicaría la asunción del candidato libertario: “Hoy hay que hacer una micromilitancia desde el lugar que cada uno pueda, militar voto a voto y si este posicionamiento podía llegar a servir para convencer a algún votante indeciso, me parecía que era importante hacerlo”, explica.
Guiándose por “la necesidad de estar en el lado correcto de la historia” que expresa Swift en Miss Americana y en pos de resguardar los derechos humanos, especialmente de mujeres y minorías, Swifties Contra LLA culmina su comunicado: “Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre no lo vamos a votar. Y como dijo Taylor: Cheers to the resistance! [¡Brindemos por la resistencia!]”.
Un sorpresivo y cruento ataque de Hamas en el sur israelí desató una violenta represalia en la Franja Gaza. El periodista especializado Pedro Brieger opina sobre esta nueva guerra.
El sur de la Franja de Gaza luego de un bombardeó israelí el 10 de octubre.
El sábado 7 el grupo extremista islámico Hamas desplegó una violenta ofensiva contra Israel por tierra, mar y aire contra población civil que provocó el estado de guerra, declarado por el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.
Más de mil personas murieron en dos días ente nuevo enfrentamiento entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que capturó a un centenar de rehenes en un sorpresivo ataque al sur israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a la población prepararse para una guerra «larga y difícil» y el ejército anunció la próxima evacuación de todos los habitantes de zonas cercanas a la Franja de Gaza. Washington empezó el domingo a enviar ayuda militar adicional a Israel, un anuncio que Hamas equiparó a una «agresión» contra los palestinos.
Las autoridades israelíes confirmaron que hasta ahora hay más de 900 muertos y 2.700 heridos, en su mayoría civiles, desde el inicio de la ofensiva de Hamas. En tanto, el balance de víctimas a causa de la represalia con bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza ascendió a 900 muertos y al menos 4.500 heridos, según informaron las autoridades gazacíes, que mencionaron el asesinato de 260 niños. Ayer Israel difundió imágenes de la incursión terrorista de Hamas en un kibutz del sur del país, y denunció la decapitación de bebés.
El conflicto lleva décadas, provocando pobreza, bloqueos y violaciones a los derechos humanos en territorio palestino. El epicentro fue está vez la Franja de Gaza, un área de 360 kilómetros cuadrados, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo.
Pedro Brieger es periodista y sociólogo especializado en política internacional, además de titular de la cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM, cuenta detalles sobre este tema.
¿Cuáles son los antecedentes y el contexto de este conflicto?
El antecedente más importante es la ocupación Israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza desde 1967 y las políticas de apartheid que está implementando Israel en los territorios ocupados. Israel se retiró en el año 2005 de la Franja de Gaza, pero la sigue controlando quién entra, quién sale, monitorea la situación interna y además ha intervenido y bombardeado la Franja de Gaza en múltiples oportunidades.
¿Por qué razón puede ser que se haya dado este estallido el sábado 7 de octubre?
No queda muy claro por qué estalló el sábado, pero sí parece ser poco casual, o en realidad parece que no es casual, que esta ofensiva militar la hayan realizado el 7 de octubre, un día después de que se cumplieran 50 años de la guerra de 1973, que tomó de sorpresa el Estado de Israel. Entonces podemos unir los dos temas.En 1973 Israel es tomado de sorpresa porque el ejército de Siria y el ejército de Egipto comienzan una guerra y ahora también es tomado completamente por sorpresa, lo que hizo que dentro de la sociedad israelí se asociaron los dos momentos históricos, 1973 y 2023, como parte de un gran fracaso.
¿Qué características nuevas tiene además de la dimensión? ¿Israel está dispuesto a devastar Gaza aunque esto implique cometer crímenes de guerra, como mencionó la ONU?
Lo novedoso en este caso es la dimensión de la penetración palestina. El ejército de Israel reconoce que mató a 1.500 palestinos que entraron en su territorio. Eso significa que deben haber entrado más de 2.000. La forma como lograron entrar, la sorpresiva incursión militar, la toma de rehenes, esto le ha dado una dimensión totalmente novedosa. Nunca pasó algo similar. Si Israel está dispuesto a devastar Gaza, eso es difícil de determinar. Por lo menos es lo que piden algunos en el gobierno, miembros del parlamento, y hay una sed de venganza ante la sociedad israelí producto de los ataques que sufrieron.
¿Será una guerra que dure mucho tiempo?
Sí. Mientras Israel tenga el apoyo de los Estados Unidos, no creo que le importe demasiado que sea acusado crímenes de guerra en Naciones Unidas. Nadie lo sabe.
¿Alguno de los bandos es más vulnerable que el otro?
Claro, de un lado hay un Estado, con ejército, con tanques, con reconocimiento internacional, con aviación. Y del otro lado hay grupos armados que no tienen Estado, que no tienen un ejército. En ese sentido, sí son mucho más vulnerables los palestinos.
Soldados israelíes frente a los cuerpos de sus compatriotas muertos durante un ataque de militantes palestinos en Kfar Aza, al sur de Israel.
¿Cuál es el apoyo internacional que recibe cada parte?
Bueno, está muy claro. Estados Unidos apoya de manera incondicional a Israel, como siempre lo ha hecho. Y los palestinos reciben el apoyo del mundo árabe. Y Rusia y China no apoyan directamente a los palestinos, pero tampoco apoyan al Estado de Israel.
¿Es posible seguir denunciando el apartheid y los crímenes de Israel contra la población palestina cuando Hamas despliega un ataque terrorista como el del sábado?
Las denuncias del apartheid se van a seguir haciendo, porque si bien Hamas entró en territorio israelí y mató civiles, eso no quita que la situación denunciada como apartheid en los territorios en Cisjordania siga existiendo.
¿Hay que volver a explicar que antisionismo no es antisemitismo?
Hay que volver a explicar que antisionismo no es antisemitismo. Y siempre, porque es el argumento permanente de Israel, que cualquier crítica a Israel es asimilable a antisemitismo. La paradoja es que una parte importante de los movimientos antisionistas están liderados por judíos. Muchas de las voces antisionistas son judías. Entonces es ridículo plantear que una crítica al Estado de Israel se lo pueda asociar con antisemitismo.
La apertura democrática de la década de los ochenta en América Latina posibilitó la participación de nuevos actores en el escenario político. Para los evangélicos, un sector en crecimiento, fue la oportunidad para igualar los beneficios que recibía la Iglesia católica por parte de los Estados, representar los intereses de sus parroquias y posteriormente servir como defensores de valores ultraconservadores.
En América Latina, y especialmente en Colombia, este tipo de discursos cobraron fuerza en los últimos años. La derecha ha encontrado un apoyo especial en los feligreses quienes durante las recientes movilizaciones han utilizado sus preceptos religiosos para estigmatizar y deslegitimar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Harold Segura, pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y de la Junta Internacional del Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud (MJNJ), explica que estos sectores se han mostrado en contra de las movilizaciones debido a ciertos referentes teológicos característicos de la religiosidad evangélica popular latinoamericana: Dios es un Dios del orden, por lo tanto la protesta en el marco del desorden, no es de Dios. En segundo lugar, la creencia de que toda autoridad ha sido puesta por Dios por lo que solo él puede quitarla, como menciona una parte de la Biblia; y tercero, la mirada dualista que explica la realidad a partir de lo bueno y lo malo. A partir de estos preceptos, muchos pastores y feligreses han deslegitimado las movilizaciones.
“Esos referentes construyen una filosofía política que surge también de esas lecturas populares de las Escrituras, una lectura muy simple y muy plana que funciona muy bien para los evangélicos pero que arruinan el testimonio evangélico porque desconocen realidades y procesos sociales”, agrega Segura.
Durante las negociaciones del Acuerdo de Paz en el año 2016, fueron los sectores evangélicos quienes más se opusieron. El triunfo del No en el plebiscito para su implementación se debió en gran parte al disciplinado voto de esa congregación, el cual en medio de la discusión por la paz en Colombia logró hacer foco en el aspecto de la “ideología de género”, supuestamente presente en 315 partes del texto de los acuerdos. Luego de este triunfo, este sector vio con buenos ojos la posibilidad de crear un partido político como plataforma para promover sus ideales en contra de la legalización del aborto y de la libertad sexo-genérica, principalmente. A finales de 2017 se creó el partido Colombia Justa Libres y, en menos de un año de su fundación, logró llegar al Congreso con tres senadores y a la Cámara con un representante gracias a los casi 500 mil votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2018. Muchos de los votantes fueron feligreses de las mega iglesias evangélicas pastoreadas por los fundadores del partido. Incluso el senador y presidente del partido evangélico, John Milton Rodríguez, es pastor de una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Cali llamada Misión Paz a las Naciones, la cual cuenta con 25.000 miembros. En los púlpitos de estas iglesias no solo se declama la Biblia, también se habla de política; en época electoral parece ser ese el sermón de todos los domingos.
Precisamente el senador John Milton Rodríguez y toda la bancada del partido evangélico votó en contra de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada desde la oposición por la sistemática violación de derechos humanos durante las movilizaciones en Colombia. Esa decisión confirmó el apoyo de dicho partido al gobierno de Iván Duque durante las elecciones presidenciales del 2018, en esa ocasión los preceptos religiosos en línea con la defensa por la vida y la familia funcionaron muy bien entre los evangélicos para restar apoyos al candidato de izquierda Gustavo Petro.
No obstante, en diálogo con ANCCOM, el senador y pastor evangélico John Milton Rodríguez reconoce su intención personal de separarse de la coalición de gobierno debido a que como partido no tienen ninguna participación en las decisiones, posición que contrasta con la de su agrupación. Por eso, el legislador ya da como un hecho su candidatura a la presidencia, incluso señala que en unos días tendrá una sesión fotográfica para su campaña.
Y aunque parece contradictorio, Rodríguez justifica su votación en apoyo para evitarle el juicio político al ministro de Defensa: “Yo fui elegido para ejecutar y aplicar la Constitución y la ley en mi entorno como legislador. No puedo, simplemente basado en el malestar de las personas o en las ideas de la gente, tomar decisiones constitucionales”. Niega, además, que haya una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y aunque considera legítima la protesta, responsabiliza a la extrema izquierda por exacerbar los odios entre ricos y pobres y del Estado contra la ciudadanía. Asimismo, denuncia la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en las movilizaciones.
Durante los primeros días de las restricciones impuestas por la pandemia en 2020, a través de sus redes sociales, Rodríguez hizo un pedido de auxilio al presidente Iván Duque para que ayude a las iglesias evangélicas que se vieron obligadas a cerrar sus templos. Un par de meses después, a través del Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, el Ejecutivo de Colombia creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el objetivo de proteger los puestos laborales y ayudar a las empresas que vieron una reducción de su facturación facilitando el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que estuviera contratado formalmente. Según un documento oficial del Ministerio de Hacienda, el apoyo estatal no solo estuvo destinado para empresas de los sectores que dinamizan la economía del país, sino también para las iglesias evangélicas que en Colombia no pagan impuestos y cuentan con colaboradores sin contratos de trabajo formalmente establecidos. Decenas de iglesias fueron priorizadas por encima de PyMES que no obtuvieron ningún tipo de ayuda y muchas de ellas tuvieron que cerrar.
Consultado por los subsidios, el senador destaca que las iglesias, sus fundaciones, colegios y universidades generan alrededor de un millón de empleos formales. Además, es enfático en afirmar que sí pagan impuestos de IVA sobre productos y asumen los costos de seguridad social de sus empleados sin ningún tipo de beneficios como sí los reciben otras empresas. “Si las iglesias no existieran, los impuestos para los colombianos deberían crecer entre unos 20 o 30 puntos más debido a que la ayuda social que brindan las iglesias tendría que ser acogida por el Estado”, añade.
Según explica, el comunismo y el progresismo quieren acabar con las iglesias: “El comunismo quiere estatismo para que el Estado sea el dueño de la ciudadanía y así perpetuarse en el poder. En el cristianismo en cambio, el ciudadano depende de Dios, la familia es responsable de sí misma. El cristianismo lo que le enseña la gente es a ser autónoma e independiente y no estar dependiendo de los subsidios del Estado”.
Curiosamente, la iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali, pastoreada por el senador John Milton Rodríguez, recibió la ayuda estatal que duró casi un año. Pero no solamente se benefició del auxilio estatal, sino también las mega iglesias de Bogotá cofundadoras del partido evangélico como Manantial de Vida eterna y Casa sobre la Roca. Asimismo, se favorecieron otras iglesias con sedes en todo el país que aportaron los votos de sus feligreses como Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios y Centro Misionero Bethesda. De la misma manera, el Gobierno benefició con el PAEF a la iglesia Carismática Internacional fundadora del primer movimiento político evangélico a finales de los ochenta, ahora extinto Partido Nacional Cristiano, capital político que se trasladó al partido Cambio Radical, actualmente aliado de Duque.
En total, fueron más de 230 iglesias evangélicas en todo el país que recibieron el subsidio, muchas de ellas aliadas de varios de los partidos de derecha que apoyaron la candidatura y facilitaron la elección de Duque como presidente. Y es que más del 20% de la población en Colombia se afilia a alguna religión protestante, por lo que la derecha encuentra en ellos un gran caudal de votos digno de ser bendecido.
Pablo Moreno, investigador, rector de la Unibautista, licenciado en historia y candidato a doctor en Teología e Historia por la Universidad Libre de Amsterdam, señala que los evangélicos en Colombia fueron históricamente una minoría perseguida que logró participar en la redacción de la última Constitución de 1991 a través de la cual ganaron ciertos derechos. Sin embargo, con esto no fue suficiente, por eso “durante los noventa y las dos primeras décadas de este siglo hicieron alianzas con diferentes partidos para tratar de sobrevivir y flotar en el ámbito político”, agrega el investigador.
Está alianza entre evangélicos y los partidos de derecha –según Moreno– se da gracias a que los partidos de derecha tienen un reconocimiento de que el factor religioso es muy importante, a diferencia de los sectores de izquierda que tienden a ser muy laicistas y lo subvaloran. “Ellos (los políticos de derecha) no tienen ningún problema en ser profundamente católicos y al mismo tiempo ir a un templo evangélico a hacer todo lo que les digan con tal de que esa población pueda ser una un electorado cautivo para ellos”, concluye Moreno.
La Ley de Solidaridad Sostenible, como llamó el Gobierno eufemísticamente a la reforma tributaria, fue presentada en el Congreso el pasado 15 de abril con el objetivo de mitigar la crisis económica causada por la pandemia que provocó una caída del 6,8 por ciento del PBI en 2020. Entre los artículos más polémicos se encontraban la aplicación del IVA del 19 por ciento a los servicios públicos para las clases medias y altas, y la ampliación progresiva de la base gravable del impuesto de renta para pensionados, según el salario. Estas medidas, para los analistas, provocarían una suba indirecta de los alimentos y afectarían principalmente a la clase media.
La sociedad salió a las calles a mostrar su descontento. Ante la presión ciudadana, el Gobierno decidió quitar del Parlamento la reforma fiscal y el Ministro de Hacienda, impulsor de la ley, tuvo que dimitir. A pesar de estas decisiones, el Ejecutivo no logró calmar los ánimos de la población y las movilizaciones siguieron. El accionar represivo de la fuerza pública y la ira de los manifestantes han provocado un recrudecimiento de la violencia.
Según la periodista Rosalba Alarcón, directora de AlCarajo.org y de la Corporación Puentes de Paz – Voces para la Vida, se trata de una continuidad del estallido social que se vivió en la región durante noviembre de 2019 y que a causa de la pandemia tuvo una pausa hasta reanudarse en el mismo mes de 2020. Señala, además, que “las movilizaciones no son fortuitas y se dan en un contexto de consecutivas violaciones de derechos humanos, laborales y de precariedad del sistema de salud”.
Hacia fines de 2019, distintas organizaciones sociales que integran el Comité Nacional del Paro, entre las que se encuentran movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas, de mujeres, la comunidad LGBTIQ y sindicatos, convocaron a movilizarse y posteriormente se estableció una mesa de diálogo en la que presentaron un pliego de peticiones al Gobierno. Exigían garantías para el ejercicio de la protesta social, derechos económicos y sociales: educación, salud y trabajo, políticas para el cuidado del medio ambiente y la implementación de los acuerdos de paz. Pero vieron incumplidas sus peticiones y decidieron manifestarse de nuevo en noviembre de 2020, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria.
El debate por la reforma tributaria convocó otra vez a los manifestantes por tercer año consecutivo con nuevas exigencias para paliar la actual crisis económica y social que tiene al 42.5 por ciento de la población sumergida en la pobreza. Entre las demandas destacan una renta básica de un salario mínimo para los hogares –hoy reciben del Estado menos de la tercera parte–, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas en un país en donde la educación es arancelada, y la eliminación de una reforma a la salud que el Gobierno todavía no hace oficial.
Para Diana Guzmán, doctora en Derecho de Stanford University, profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia y subdirectora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, lo que se está viviendo en Colombia no responde a una única causa ni una única lógica: “Es una convergencia de distintas agendas de reivindicación social que se conectan con demandas históricas frente al Estado y también reflejan un profundo descontento frente al Gobierno actual, tanto por la forma como respondió a la pandemia, como por la falta de implementación adecuada de los acuerdos de paz”.
El malestar social se ha desatado debido al incremento de la acción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes, por eso las organizaciones han solicitado una reforma policial. En Colombia, a diferencia de otros países de la región, la policía forma parte del Ministerio de Defensa, esto conlleva a que la institución esté atravesada por una lógica militar y que a su vez sus delitos sean investigados por la justicia militar sin control civil. Según cifras de la ONG Temblores y la Defensoría del Pueblo, dependiente del Estado, durante las movilizaciones de los últimos días se han recabado casi dos mil casos de violencia física y sexual por parte de la fuerza pública, con 37 muertos, 87 desaparecidos y casi mil detenidos arbitrariamente. Además, por orden del Gobierno, las fuerzas militares se han desplegado en todo el territorio nacional para reprimir a los manifestantes. Incluso las denuncias llamaron la atención de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza.
Guzmán explica que la policía responde a una serie de patrones que en septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia había dejado expuestos tras la muerte de Dylan Cruz, un joven asesinado por las fuerzas de seguridad durante las marchas de 2019, a saber: la intervención sistemática, violenta y arbitraria en las manifestaciones, la estigmatización, el uso de armas letales y las detenciones arbitrarias.
“Las fuerzas policiales están cada vez más armadas, cada vez menos preparadas para lidiar con asuntos de convivencia y más para lidiar con asuntos de seguridad, y eso genera mayor predisposición al uso de la violencia. Incluso al interior de la institución hay resistencias frente a lo que significan derechos humanos y libertades, porque casi que asumen tales discursos como de izquierda o de guerrillas”, asegura Guzmán.
Para Rosalba Alarcón, la fuerza pública provoca los hechos de violencia mientras el pueblo se moviliza pacíficamente. Ambas, Alarcón y Guzmán, coinciden en que los grandes medios y líderes políticos reproducen discursos estigmatizantes acusando a los manifestantes de estar nucleados a través de organizaciones al margen de la ley, lo cual origina riesgos para quienes salen a la calle. “La narrativa estigmatizadora funcionó muy bien cuando el conflicto armado estaba activo porque era mucho más fácil quitarle apoyos sociales diciendo que era simplemente una expresión de la guerrilla”, asevera Guzmán.
Alarcón afirma que el país ha dejado el miedo atrás y quiere apostar a un cambio ante la resistencia del Ejecutivo: “El presidente Iván Duque no quiere reconocer que el sistema de democracia representativa ya cambió en Colombia, ahora se está movilizando una democracia participativa y protagónica, como él se resiste a ese cambio, está reprimiendo al pueblo”.
Y si bien en este momento hay distintas fuerzas llamando al diálogo y a la reconciliación para frenar la violencia, Guzmán destaca que el descontento social ha ido escalando debido a la represión policial y sostiene que mientras haya represión “no existe una salida clara, sino un aumento de las razones por las cuales protestar”.
Las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre definen la renovación presidencial, el total de los 435 diputados que integran la Cámara de Representantes y el recambio de un tercio del Senado, 34 sobre 100 bancas. Se trata de un momento atípico en donde no existen certezas para la pretendida reelección de Donald Trump o el regreso de los demócratas al poder, de la mano de un Joseph Biden, vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.
¿Cuál es el rol de las encuestas? ¿Qué impacto tienen dentro del sistema de Colegio Electoral en un país que llevó 4 años atrás a un outsider de la política, apelando al discurso del odio y su multiplicación por diversas redes y medios sociales? Por ello, resulta oportuno analizar cómo funciona a elección presidencial en EEUU.
Se trata de un esquema de dos partidos predominantes, los Republicanos y los Demócratas, aunque existen candidatos independientes. Los ciudadanos no votan directamente al presidente sino que eligen “electores” que se comprometen por el candidato propuesto a los votantes, aunque no están legalmente obligados a hacerlo. Este proceso es similar al que funcionaba en Argentina antes de la reforma constitucional de 1994; se lo conoce con el nombre de Colegio Electoral, el cual reúne un total de 538 votos.
Así las cosas, para llegar a la presidencia, el aspirante debe juntar 270 votos de esos 538. Puede ocurrir, como en la elección pasada, que la presidencia quede en manos de quien obtuvo menos sufragios, ya que los estados no tienen la misma cantidad de electores.
Cada sección electoral representa aproximadamente 711 mil personas y el número de electores se actualiza conforme a la realización periódica de censos poblacionales. Otros factores importantes son el previo registro para participar del proceso, con atención a que la elección se realiza en un día laborable.
No se trata de una instancia obligatoria como en nuestro país y el factor decisivo suele estar en los indecisos no sólo por un partido, sino entre los ciudadanos desinteresados de la política, tentados a participar en la elección por los candidatos dependiendo cómo vienen los números durante la campaña.
Así, este sistema genera dinámicas particulares en cada ciclo electoral dado que el voto popular puede resultar significativo según contextos variables como la pandemia de Covid-19, la caída de la Bolsa o la xenofobia entre latinos. En su campaña anterior, Trump descubrió que los propios inmigrantes con ciudadanía norteamericana estaban dispuestos a crear un muro en la frontera de México para evitar perder su estatus.
¿Qué pasó con las encuestas de 2016?
En las elecciones pasadas, las encuestadoras daban por ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton, pero en el momento del recuento de votos, si bien ella obtuvo tres millones más que el actual presidente, Donald Trump, este último se consagró ganador al lograr 290 electores. Estos resultados fueron una sorpresapara propios y ajenos, y suscitaron no pocas dudas sobre la validez de las encuestas en situaciones de paridad.
“No es que estuvieron tan mal las encuestas, hubo un error en tomarlas y hacer una predicción sobre el resultado de la elección, sin tener en cuenta que en realidad estaban muy ajustadas”, sostiene Aldana Vales, periodista especializada en política estadounidense.
En el mismo sentido, el consultor político Carlos Fara considera que las encuestas no fallaron. “Todo el mundo puso la mirada sobre unas encuestas nacionales orientadas a observar los sitios que realizan promedios, como Real Clear Politics, que daban aproximadamente 2 o 3 puntos de diferencia a favor de Hillary, cosa que efectivamente sucedió”.
Para el consultor, “Hillary pierde en el Colegio Electoral y en estados muy disputados en donde se dio el margen de error. En algunos estados clave, si se daban vuelta 150.000 votos, la elección terminaba a favor de Hillary pero, bueno, terminó a favor de Trump en porcentajes muy pequeños”, agrega.
Ante la mala fama atribuida a las encuestas, Fara ofrece una explicación: Las encuestas están un tanto cuestionadas en todo el mundo, porque el entorno ha cambiado. El año pasado CNN en su división polls -dedicada a los sondeos de opinión-, estableció que tipo de encuestas iban a publicar. Y decidieron no mostrar aquellas cuya metodología fuera online, o bajo cualquier otro tipo de mezcla de metodologías de dudoso origen. “Estamos en una transición de debate metodológico sobre qué es lo que vale la pena hacer”, advierte Fara.
“El problema que tenemos es que no estamos pudiendo identificar sesgos, no en función de variables sociodemográficas, que serían relativamente sencillas de solucionar, sino en función de otro tipo de variables de opinión, actitudinales o en la relación con la política o el interés con la política, que se vuelve complicado de corregir, porque ahí no tenés un parámetro objetivo, sino que tenes un parámetro variable”, mientras agrega que “la gente se interesaba en la política menos hace dos meses y mucho más hoy que faltan cuatro días para la elección”.
Los temores a un “cisne negro”
En la práctica quien contesta una encuesta suele ser una persona mucho más motivada políticamente, con lo cual existe una zona gris de sesgo imposible de medir, pero que sucede desde siempre. También el voto vergonzante al que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann llamó “La espiral del silencio” (1977).
Si bien existen más dudas que grandes certezas, hay consenso sobre la dificultad de tomar a las redes sociales como termómetro, ¿cuál sería el próximo destino?
“No hay realmente un rol de las redes para encuestar. Incluso con los errores, las encuestas telefónicas siguen siendo más precisas. Es difícil intentar usar las redes para medir la intención de voto”, sostiene Vales.
Por su parte, Fara enfatiza sobre las dificultades de las metodologías online. Las encuestadoras “están huyendo al incentivo de las encuestas online porque tener una buena muestra digital con una mezcla de metodologías implica un grado de rigurosidad y una cierta inversión que en general en la Argentina, por lo menos no hay, con lo cual los sesgos que se están produciendo son imposibles de corregir”.
Sobre lo que más hay consenso es respecto al clima peculiar de la elección. “Es una elección especial que se está desarrollando en un contexto completamente inusual en un escenario muy polarizado. Se espera que la participación sea histórica, entonces tiene varias características que la vuelven una elección muy particular”, prevé la periodista.
“Creo que también hay que tener en cuenta que estamos en una crisis mundial sin precedentes, tanto en lo económico como en lo sanitario, y eso está incrementando notablemente el voto por correo, que empieza a ser un interrogante. Un voto que además el propio Trump ha cuestionado. Luego, el hecho de que algunas hipótesis marcan que pudiera ser la elección de más gente vaya a votar desde la de Teddy Roosevelt -quien obtuvo 336 votos electorales-”, opina Fara.
Sobre la polarización del discurso político, el consultor señala que es una tendencia que excede a Estados Unidos. “Creo que es global y que en boca del presidente de la principal potencia del mundo, tiene una repercusión distinta. Lo vamos a ver en los próximos años y cada vez más seguido. Aunque ya era así, previo a la pandemia, esta actúa como un acelerador disruptivo respecto al vínculo de las sociedades con la política y las instituciones”.
Para Fara la pandemia primero trajo una serie de cuestionamientos, aceleró procesos previos como la asimilación de uso de tecnologías con empleos que nunca volverán.
Algo de ello tiene que ver con la evolución del capitalismo que transita por la 4ta. Revolución Industrial, basada en la automatización de procesos y la inteligencia artificial. Se trata de un escenario parecido al 2008 con la crisis de los holdouts, con una recesión económica estructural, pero con efectos de asimilación tecnológica distintos.
“Eso va a quebrar muchos proyectos de vida. El que se iba a comprar la casa, el que se iba a ir de viaje, etc. y esa ruptura de proyectos de vida, lo que te va a llevar es que también haya un disloque entre la representación política que había hasta la pandemia”, explica.
¿Qué pasará si ocurre un martes negro?
Ante las posibilidades de que un candidato desconozca el resultado de la elección, Fara duda de que eso ocurra: “El sistema es mucho más fuerte que cualquier presidente, incluido Trump, con una narrativa crítica en general de la clase política, Washington, etc. Es muy dificultoso que alguien tuerza el rumbo institucional, aún siendo Trump. Hay que tener en cuenta que si bien se juega el pellejo de Trump, esos son comentarios de la política, pero nadie puso en duda la legitimidad de la elección”.
Por otro lado, Vales tiene algunas reservas sobre el propio proceso electoral. “En Estados Unidos hay un sistema indirecto de votación. La gente vota por miembros del Colegio Electoral en noviembre y estos luego eligen en diciembre al presidente y vicepresidente. Lo que hay el día de la elección es un resultado sobre quién va a tener la mayoría del Colegio Electoral, una tendencia que identifican las cadenas de televisión o agencias como la Associated Press con sus análisis del recuento y que les sirve para declarar un ganador esa noche.
Como tradición, el que pierde reconoce la derrota y después el ganador sale y da su discurso. Es probable que por las condiciones del voto de este año (por correo, con una mayor participación), el recuento sea lento y que sea imposible tener esa tendencia la noche del día de la elección. Sin esos resultados, es poco probable también que alguno de los candidatos reconozca una derrota. Es un territorio bastante incierto”.
Al cierre de esta edición, el promedio de las encuestas nacionales daba una ventaja de poco más de 8 puntos al candidato demócrata, pero ningún dato resulta concluyente. Este lunes 100 millones de personas ya habían votado de forma anticipada -cuando en promedio global de sufragantes suele ser de 150 millones- y el recuento, deberá sumar además los votos en ausencia que lleguen por correo.
