10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

En el año internacional de las cooperativas, referentes de la economía solidaria repasan la última década. De la expansión a la trinchera. ¿Por qué algunos piensan que a pesar de la crisis el sector puede seguir creciendo?

En el décimo aniversario de ANCCOM, la agencia propone realizar un repaso sobre el cooperativismo y la economía popular en Argentina durante la última década, el estado actual y algunas reflexiones para proyectar el futuro, en el marco del “Año Internacional de las Cooperativas”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025.

En los últimos diez años, Argentina ha cambiado de conducción política cuatro veces, siendo el manejo de la economía la principal razón por la que los últimos mandatarios -Mauricio Macri, Alberto Fernández- no han podido reelegir y Javier Milei fue electo primer mandatario.

La economía popular en Argentina es un sector que abarca desde un vendedor ambulante, hasta cooperativas como Agricultores Federados Argentinos (AFA), organización que cuenta con 30.000 productores en todo el país. La historia del cooperativismo es extensa, y sus inicios tienen relación con la primera gran oleada de inmigrantes europeos a finales del Siglo XIX, en su mayoría obreros con ideas socialistas y anarquistas, que no casualmente también participaron del nacimiento del sindicalismo argentino.

Para Rodolfo Pastore, economista y sociólogo, la economía popular “Es un conjunto amplio de personas que se gana la vida con su trabajo a partir de actividades por cuenta propia o en forma asociativa”. Las cooperativas, según la actividad económica que realizan, pueden ser de trabajo, donde los asociados comparten su fuerza laboral, o pueden brindar servicios. “La falta de empleo registrado en el país en los últimos años ha ampliado los límites de la economía popular. En general, teniendo en cuenta desde el cooperativismo empresarial, hasta el cuentapropista, el estado de la economía popular es de crisis, en consonancia con el contexto del conjunto de las unidades económicas, de las pymes y de los sectores populares”. Pastore hace alusión a que “las tarifas aumentan, los ingresos y las ventas son bajas, y además, una serie de programas públicos que existían años atrás se han eliminado a partir de la política de ajuste, de reducción y de desestructuración del sustento estatal”.

 

Cooperativa de cooperativas

La Red de Alimentos Cooperativos se encarga de generar las condiciones para que cooperativas del sector agroalimentario puedan hacer llegar sus productos a distintas partes del país, de manera que los precios sean acordes a los costos de producción y logística. Además, tienen una fuerte impronta ecológica, minimizando la utilización de conservantes.

Este año, es su décimo aniversario, Miguela Varela, una de las referentes de la organización, explica cómo funciona el sistema que integra la Red. “Alimentos Cooperativos nace específicamente por la necesidad de un grupo de cooperativas de producción de alimentos, que tenían un problema central en poder orientar su producción a través de canales comerciales que sean justos, que sean solidarios y, sobre todo, que sean propios. Las comercializadoras tradicionales especulan y hacen que el productor financie el proceso comercial. Entonces surge la idea de crear un instrumento comercial propio” concluye.

La Red se operativizó con la creación de Alimentando, una cooperativa de trabajo en Buenos Aires. Hoy son más de cien las que forman parte del esquema comercial, que se ha ido complejizando y desarrollando. Actualmente posee un espacio de acopio y distribución mayorista en la ciudad de San Martín. Además disponen de espacios minoristas distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

 A través de estos locales, Alimentos Cooperativos ofrece una variedad de productos agrícolas de cooperativas de todo el país, pagándole al productor el precio que sale su trabajo, con los costos que implican los traslados y la comercialización. Al respecto, la referente asegura que “no especulamos, no miramos cuánto sale la soja en la bolsa de comercio, y comparamos  nuestros precios con las de las cadenas comerciales, nosotros tratamos de que sea siempre el mejor precio posible para consumidores y productores”. Los esquemas de ventas se diversificaron, y han logrado instalar una tienda de comercio electrónico desde donde se pueden hacer pedidos de todo el país.

 Pensando en el cooperativismo como forma de vida, Varela hace alusión a “la solidaridad y la autogestión” como los valores fundamentales que atraviesan estas prácticas. “La mezcla de las dos da como resultado el cooperativismo, un sistema económico de toma de decisiones democrático, que en la Red de Alimentos Cooperativos lo traducimos en términos políticos, con dos conceptos que tienen que ver con la integración y la reciprocidad”. Dentro de un  sistema que es cada vez más individualista, esta forma de trabajo debe luchar contra contradicciones internas en los individuos que forman parte.

Con el Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales, una política pública que se desarrolló durante el gobierno anterior, se han creado numerosas obras públicas para la comercialización y el acopio de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria. Se instalaron sesenta módulos de comercialización directa, locales minoristas que hoy siguen vigentes. Sumado a esto, catorce centros de producción de alimentos en escuelas agrarias fueron también el resultado de esta política pública. Otro hito  al que hace referencia Varela es la integración regional con países como Brasil, Uruguay, Chile, y Bolivia. “El año pasado  firmamos un acta compromiso entre todos para, no solamente pensar políticas regionales, sino también esquemas de comercialización”. Para finalizar, Varela hace hincapié en la constitución del cooperativismo “como un actor económico más fuerte, pero sobre todo como un actor político más homogéneo, que nos permita poder sentarnos en algunas mesas de discusión, donde hoy no estamos”.

 

El león ataca

 A partir del 10 de diciembre de 2023, con Javier Milei al mando del Poder Ejecutivo Nacional, la motosierra ajustó también a la economía popular y solidaria. Los programas que la impulsaban fueron reducidos o eliminados, las transferencias de dinero congeladas a pesar del 185% de inflación acumulada el último año, gran parte de la distribución de alimentos a comedores fue suspendida, entre otras medidas que perjudicaron al sector cooperativista.

Pastore plantea que sin dudas la crisis económica golpea fuertemente a la economía popular, y que las cooperativas están en una situación muy crítica. Ahora bien, en este contexto, “existen condiciones para potenciar estas economías. Lo que uno ve en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, es que estas economías crecen. ¿Por  qué? Porque la gente busca maneras de ganarse la vida, de generar circuitos económicos que le permitan salir adelante, y muchas de esas alternativas que encuentran tienen que ver con estas economías.»

Muchos especialistas coinciden en que se está generando un caldo de cultivo parecido al de los finales de la década de 1990 en Argentina, con la apertura indiscriminada a capitales extranjeros a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa de privatizar las principales empresas estatales y el incentivo a pequeños y medianos comerciantes a importar productos que antes pertenecían a las cadenas del mercado interno, sumado a la baja del consumo y del empleo registrado, son fenómenos que hacen recordar lo que fue la última etapa del gobierno de Carlos Menem y el posterior estallido social del 2001.

Frente a esta comparación, Pastore señala que “estamos en una situación parecida, análoga, yo diría, más que igual. Obviamente nunca es igual, pero son momentos donde los problemas se vinculan al empleo, al consumo y a la falta de atención del Estado. Es una etapa donde el Estado achica sus funciones, en un contexto general de inestabilidad económica, sobre todo de situaciones en términos del tipo de cambio del dólar. También está presente la crisis del mundo del empleo asalariado registrado, y con la economía de plataformas, eso se ha expandido mucho más”.

 

 

El Moviento de Trabajadores Excluidos 

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) surge a finales de 2002, en la conjunción entre académicos de la Facultad de Derecho de la UBA y cartoneros que buscando una solución al hambre que padecían. Por eso, conformaron una olla popular en la esquina de Tucumán y Agüero, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el MTE tiene una primera etapa asociada a la defensa del sector cartonero en la ciudad de Buenos Aires. Nicolas Caropresi, antropólogo y referente del movimiento, cuenta en conversación con ANCCOM que “lo  que se estaba peleando era por un sistema de reciclado con inclusión social, porque lo que estaba tratando el movimiento era buscar alguna manera de legalizar y darle derecho al trabajo cartonero, sobre un replanteo de algunos posicionamientos políticos e ideológicos. La situación de desempleo es crónica, producto de la modernidad tecnológica y concentrada del capitalismo, hay un montón de gente que se está inventando su trabajo, lo que no tienen son derechos”. Vacaciones, ingresos mínimos, monotributos, aportes jubilatorios, obra social son derechos adquiridos por el MTE en conjunto con otras organizaciones sociales durante el primer período de su historia.

A partir del 2015, el MTE se despide del gobierno de Cristina Kirchner con una movilización al Ministerio de Trabajo, exigiendo por la personería social gremial de la CTEP. Esta personería la firma Jorge Triaca con la llegada del gobierno Macri, y es cuando el movimiento da un salto de institucionalidad para la organización del sector. Mediante una movilización en conjunto con la CGT, logran la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, y emerge como política pública el salario social complementario para las diferentes ramas de la economía popular. Caropresi remarca que esta ley luego se fortalece con la Ley Nacional de Barrios Populares. “En ese momento creció lo que nosotros llamamos la rama sociocomunitaria, que es lamentable que crezca. El MTE no era partidario de hacer comedores populares. Nosotros decíamos que lo que había que organizar era el trabajo. Pero lo que empezó a pasar ahí es que mucha gente se empezó a acercar a nuestras cooperativas a pedir alimento, o a donde había una olla para el funcionamiento de la cooperativa, venía gente que ya no era la cooperativa a pedir alimento. Entonces, producto de la política macroeconómica de Macri, fue un aumento brutal de la gente que empezó a buscar asistencia en los comedores”, asevera el antropólogo.

En términos de infraestructura, de reconocimiento y asistencia, el trabajo cartonero mejoró exponencialmente desde 2015 hasta la actualidad. Hoy la labor va desde la concientización en escuelas sobre el correcto desecho de la basura, pasando por, la recolección  en las calles y el posterior transporte a los centros de reciclado. Nicolás hace una aclaración en ese aspecto: “Antes el cartonero o la cartonera llevaba el material a su casa y el lugar de acopio era el patio, donde reciclaba los fines de semana. Hoy existen los centros verdes, hay gente en la calle juntando el material y hay gente que clasifica ese material en los galpones. Logramos armar una cooperativa de comercialización que abarca casi todo el  país, eso nos ha permitido negociar el precio directamente con la industria, sacando del medio un eslabón que era el de los galponeros que solían estafar al que cartonea”.

Desde hace algunos años, la economía de plataformas irrumpió en el mercado laboral argentino masivamente. Para Caropresi, este tipo de trabajo tiene características muy similares a la economía popular. “Son salidas laborales que surgen más de una necesidad más  individual que colectiva, aunque después se encuentran en la calle y frente a las amenazas se organizan de manera colectiva”, señala el referente de la UTEP. Lo cierto es que aún estos trabajadores no han sido interpelados por ningún tipo de organización, y en el imaginario colectivo de este sector hay derechos resignados de por sí. Caropresi apunta al “cambio de conciencia que han logrado en algunos sectores de la sociedad, que hay que revertir en una Argentina que ha sido famosa por los derechos de su clase trabajadora”.

Naciones Unidas declaró que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible. El único país que votó en contra fue Argentina.

Argentina contra el mundo 

No es casual que Naciones Unidas, el año pasado haya anunciado que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible y anclado en los territorios de los que proviene. Esta declaración fue aprobada por todos los países, excepto uno, el país del presidente Javier Milei. Además, este 2025 se declaró el Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo que este tipo de estructura empresarial tiende a derramar en el territorio, los ingresos que se generan, y tienden a generar formas productivas y económicas menos perjudiciales para el ambiente. Considerando estos aspectos, en todo el mundo está tomando fuerza esta concepción de que la economía social y solidaria tiene mucho futuro para que los Estados la potencien y promuevan.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros organismos internacionales recomiendan generar un proceso de sostenibilidad económica, donde la capacitación es un pilar fundamental para llevar a cabo este proceso. Rodolfo Pastore cuenta que en la Universidad de Quilmes se han creado carreras y programas para enseñar a formar cooperativas y saber administrarlas. “Yo creo que serían muy importantes ampliar esos programas de acompañamiento  técnico, de capacitación, de incubación cooperativa. Junto con eso, se necesita asociarse con otras entidades, como centros de formación profesional y brindar tecnologías que sean apropiadas para el trabajo”, concluye Rodolfo, con vistas al futuro de la Economía Social de nuestro país.

 

«Hay que sacar a los pibes de la calle para que no se los lleve el narco»

«Hay que sacar a los pibes de la calle para que no se los lleve el narco»

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en el Congreso Educativo Nacional, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto a otros dirigentes con el objetivo de pensar una nueva escuela para un nuevo Estado.

Cristina Fernandez de Kirchnner, el sábado 22 de marzo, estuvo presente en el primer Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Junto con ella, compartió la mesa con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Bielli y con la fundadora y directora de la escuela Isauro Arancibia y sobreviviente de la última dictadura, Susana Reyes.

En el evento, la ex mandataria electa dos veces y exvicepresidenta no se limitó a hablar solo de la cuestión de la educación. Mencionó el Decreto 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” como una reforma de la Constitución Nacional encubierta, y que el actual gobierno de Javier Milei “en seis días y una semana vendieron el treinta por ciento de los dólares del BCRA”. 

También, con sus ya típicas ironías, al explayarse en el tema de la educación dijo sobre el actual presidente “No sabe cómo se llama San Martín, le dice Juan José. Creo que eso es motivo suficiente para que estemos hoy reeplanteándonos cómo funciona la educación”.

Cristina destacó el plan Conectar Igualdad de su gestión, cuando se entregaron más de cinco millones de computadoras a los estudiantes secundarios y le asestó a Milei: “Mucho Elon Musk, pero dale computadoras a los pibes”.

La expresidenta también habló del malestar que hay en la sociedad. “Hay que plantear una nueva estatalidad y hacerse cargo porque después vienen planteos como los de este gobierno, que es el planteo de la destrucción, el de la eliminación del Estado” dijo.

Como suele hacer, Cristina recordó a su marido y expresidente Néstor Kirchner. Rememoró la experiencia universitaria de ambos y cómo sus padres los enviaron a estudiar de Río Gallegos a La Plata. Fue la manera que utilizó para defender su política de creación de universidades públicas en todo el país. “Yo si no hubiera tenido la universidad a 19 cuadras de mi casa -agregó- no sé si hubiera ido”. Y con eso mencionó la creación de las 19 universidades nacionales, y en cómo “los pibes de La Puna tienen el mismo derecho de acceder a la educación igual que uno de Buenos Aires”.

“La educación pública la destruyeron pero nunca la reemplazaron”, dijo Cristina. Y reconoció que hay que sacar a los chicos de la calle. “Tenemos que lograr una escuela en la que el pibe desayune, almuerce y meriende. En las barriadas a los pibes se los lleva el narco. Tienen que ir a la escuela” agregó.  

Y cerró con “El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado. Desorganizados ya vimos que el pueblo no va para ningún lado”.

Nueva Educación y nuevo Estado

El  Congreso giró en torno a un texto llamado “Líneas para una nueva estatalidad en materia educativa” con una cita de Mariana Mazzucato de “El Estado Emprendedor”. El texto se divide en cuatro ejes: 1. Formación docente y carrera docente en clave nacional. 2. Una nueva ética digital. 3. La escuela comunidad: nueva arquitectura institucional. 4. Ciencia y Tecnología, Educación y Trabajo en clave de colaboración. 

Con esos ejes en mente, se propone la implementación de políticas de diferentes escalas de intervención a partir de la innovación y con mucha voluntad política, poner en el centro la mejora de la enseñanza y el acceso al conocimiento. “partiendo de una fuerte inversión en educación, que promueva el uso eficiente de su funcionamiento. El problema educativo tiene un impacto cotidiano en cada familia del país. Estas líneas son un punto de partida. Se trata de imaginar y transformar”.

“Imaginar y Transformar” es un Congreso Educativo Nacional que se presentó como un espacio plural, democrático y abierto a quienes quieran sumarse a repensar la escuela, a discutir cuáles son sus objetivos irrenunciables y todo lo que debería ser transformado en ella. Quiere ser un lugar de intercambio de experiencias educativas, una invitación a definir y planificar líneas programáticas y que sirva para imaginar una nueva estatalidad educativa en base a los desafíos de este tiempo histórico.

“Reconocer que la educación está en una crisis profunda y que hacen falta respuestas nuevas, diferentes y que para eso hay que debatir cómo mejorar la calidad de educación y como la educación vuelva a generar movilidad social ascendente me parece central”, dijo Daniel Filmus.

Algunas preguntas disparadoras del Congreso fueron: ¿Cómo logramos más y mejores aprendizajes en la escuela? ¿Qué problemas y desafíos tienen la formación y el trabajo docente? ¿Cómo pensarlos en clave nacional? ¿Qué articulaciones generamos entre la escuela y el mundo del trabajo? ¿Cómo colaboran la universidad y el sistema científico y tecnológico con la escuela secundaria? ¿Cómo ordenamos y potenciamos el vínculo entre la escuela y las nuevas tecnologías? ¿Cómo dialoga la escuela con otras instituciones de su comunidad y de su territorio?

Daniel Filmus, sociólogo y exministro de educación durante el gobierno de Néstor Kirchner, en conversación con ANCCOM, dijo: “Reconocer que la educación está en una crisis profunda y que hacen falta respuestas nuevas, diferentes y que para eso hay que debatir cómo mejorar la calidad de educación y como la educación vuelva a generar movilidad social ascendente me parece central”.

Bielli, una de las oradoras en el Congreso y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, agregó en conversación con ANCCOM que fue “Una jornada llena de debate y discusión, donde distintas experiencias educativas vinieron a contar cómo ya resuelven gran parte de los problemas educativos con los que se encuentran y la escuchamos a Cristina que siempre ordena y endereza cuales son los debates trascendentes e importantes para esta etapa”.

Una estudiante y militante de la JUP (Juventud Universitaria Peronista) de la Facultad de Ciencias Sociales también aportó su opinión con ANCCOM y dijo: “creo que Cristina apareció con un tono determinado para que empecemos a levantar la cabeza y salgamos a militar con más orgullo”.

Los jubilados al Fondo

Los jubilados al Fondo

Una nueva marcha masiva frente al Congreso repudió la represión del miércoles pasado y exigió aumento para los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobaba el acuerdo con el FMI sin conocer el monto, los plazos de vencimiento ni las condicionalidades que el organismo impone. No hubo quorum para tratar los proyectos vinculados a la tercera edad.

Tras la violenta represión del miércoles 12 de marzo -cuando efectivos de seguridad golpearon y rociaron gas en los ojos a jubilados, dispararon balas de goma contra manifestantes y un gendarme hirió en el cráneo con un proyectil de gas lacrimógeno al fotoperiodista Pablo Grillo—, la marcha de este miércoles transcurrió sin represión. Sin embargo, la tensión continuó con un fuerte operativo de seguridad, vallas alrededor del Congreso, controles en estaciones de tren y propagación del miedo por todos los medios posibles para desalentar la movilización.

ANCCOM acompañó a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) en la caminata para exigir justicia por Grillo y el respeto a la labor periodística. “¡Fuerza, fuerza, fuerza, Pablo, fuerza!”, coreaban los trabajadores. Alejandra Bartoliche, vicepresidenta de aRGra, advirtió sobre la precarización que atraviesa el sector y la falta de medidas de protección en contextos represivos. “Hay muchas cámaras, pero muy pocos fotorreporteros cuentan con los elementos necesarios para resguardarse en represiones como la del miércoles pasado”, señaló.

Bartoliche también cuestionó la falta de avances en la investigación contra el cabo primero de Gendarmería, Guerrero, quien disparó el proyectil contra Grillo. “Exigimos que se investigue. Pasaron siete días y Pablo sigue luchando por su vida, pero no hay un solo fiscal que haya actuado de oficio”, denunció. Además, criticó la implementación del protocolo de seguridad del gobierno: “Hoy no tenemos acceso al Congreso, está vallado, y eso es anticonstitucional. Exigimos libertad de expresión”.

La aparente calma
La movilización de este miércoles pareció desarrollarse de manera más ordenada. “Tiene que ver con que hubo más organizaciones que convocaron y con que las fuerzas de seguridad tuvieron que ser más cuidadosas, porque, desde el punto de vista político, lo del miércoles pasado fue un fracaso, porque debilitó su imagen nacional e internacionalmente”, opina Rubén Rojas, jubilado universitario.

Por su parte, Esteban Chalá, integrante del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), la ONG de rescatistas que asisten a heridos en las marchas con sus característicos uniformes naranjas, explicó la diferencia en la estrategia represiva: “El miércoles pasado buscaron impedir que los manifestantes llegaran a la plaza; por eso se reprimió antes de que las columnas pudieran ingresar”. En cambio, la marcha del 19 de marzo fue distinta: vallar el Congreso para que manifestantes y fuerzas de seguridad queden separados. “Se encierran en su burbuja blindada porque les da miedo que la gente proteste en la plaza de los y las argentinas”, plantea el integrante del CEPA.
El médico Félix Barbone, del Hospital Eva Perón de San Martín, informó que en la marcha anterior atendieron a dos personas que perdieron un ojo y a muchos manifestantes afectados por gases lacrimógenos. “Hoy no tuvimos que atender heridos, pero la tensión sigue presente, no sabemos qué puede hacer este gobierno represivo”, sostuvo.

Si bien no hubo represión física, durante el día, efectivos de seguridad solicitaron documentos de identidad en estaciones de tren y subte, mientras que en altavoces y carteles se difundían mensajes advirtiendo que la policía reprimiría “todo atentado contra la república”. Sobre esta estrategia, un grupo de jubilados comentó a ANCCOM: “Es un mensaje que busca asustar a la población y desalentar la movilización. Es algo muy grave, nos da piel de gallina”.
Sin embargo, los manifestantes no se dejaron intimidar. Detrás de las vallas del Congreso, se extendieron cuatro cuadras de columnas formadas por organizaciones sociales, partidos, personas autoconvocadas y sindicatos, manifestándose pacíficamente en la defensa de los derechos de los jubilados. “También marchamos por un derecho elemental, básico, constitucional: el derecho a manifestarse, a expresarse, a protestar”, afirmó Alejandro Horowitz, jubilado universitario. Rubén Rojas, también jubilado universitario, coincidió en que la represión no solo ocurre cuando hay violencia física, sino desde el momento en que se bloquea la movilización: “Cuando limitan nuestros cuerpos y nos dicen cómo conducirnos, ya están reprimiendo”.

Resistencia y memoria

La movilización no solo fue una respuesta a la represión de la semana pasada, sino también un recordatorio de la lucha histórica de los jubilados, que marchan todos los miércoles. Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, sostuvo “Esta es una manera de ponerle freno al modelo represivo que acompaña a este trágico modelo económico, de una manera tan cruenta que no veíamos desde 2001, ni en la represión de 2017 y 2018”. Asimismo, Levy critica los mensajes del gobierno sobre supuestos atentados contra el gobierno. Para él, el verdadero golpismo es “tomar el Estado para hacer negocios personales, endeudar al país a cien años y usar la fuerza pública para pegarle a los más débiles”.

Horowitz insistió en la importancia de la movilización: “Los que no marchan deben saber que cada vez somos más, y que no se trata de esconderse, sino de salir a la calle y mostrar que este es un gobierno dictatorial que no puede seguir así”. En esa línea, recordó que quienes hoy son jubilados fueron jóvenes en los años 60 y 70, tiempos de luchas y resistencia. “Por eso es muy difícil que nos corran fácilmente de la calle”, sostuvo.

Adentro del Congreso

Mientras miles de personas se manifestaban, en la Cámara de Diputados se discutía el DNU enviado al Congreso por el presidente Javier Milei para convalidar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nadie sabe de qué monto se trata, a qué plazo y con cuáles condicionalidades. A pesar de no contar con esa información los legisladores lo aprobaron por 129 votos a favor contra 108 en contra. Solo se opusieron los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad.

A si vez, cuando se iban a tratar los proyectos de prórroga de la moratoria jubilatoria, que vence el próximo domingo, la sesión se levantó por falta de quorum. Para ese entonces, las Plaza del Congreso ya estaba casi vacía.

¿Se viene el estallido?

¿Se viene el estallido?

La represión del miércoles pasado fue el punto cúlmine de una sucesión de acontecimientos inaugurados con el caso $Libra donde el gobierno perdió el manejo de la agenda. El sociólogo Pablo Semán, historiadora Dora Barrancos, la politóloga Gabriela Delamata y el diputado Daniel Arroyo analizan el escenario.

El miércoles pasado se vio el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullich en su faceta más cruda. La represión a la marcha semanal de los  jubilados, cuyos haberes han sido recortados en un 24% en términos reales, terminó con el fotoperiodista Pablo Grillo peleando por su vida tras el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Esto abre una serie de interrogantes: ¿Estamos al borde de un estallido social? ¿La tensión en las calles escalará? ¿Cuál es la naturaleza del accionar del gobierno en materia de seguridad?

A todas luces, la política de seguridad frente a la protesta social no parece un accidente ni un exceso, sino algo premeditado. “El gobierno tomó la decisión estratégica de avanzar un paso más en su propio modelo represivo, destinado a aniquilar la protesta. Es contra la actual y la futura, una respuesta política elaborada y meditada con el objetivo de decir ‘podemos ser los más malos del mundo’”, subraya Pablo Semán, sociólogo y antropólogo autor del libro  Está entre nosotros (Siglo XXI).

En su primer mes de gestión, el Ministerio de Seguridad instauró el protocolo antipiquetes, dando la posibilidad a las fuerzas policiales de aprehender a los manifestantes ante cualquier corte de calle. Incluso, la propia Bullrich declaró en febrero del año pasado que no dejará de actuar de esta manera “por miedo a un muerto”. El autor reflexiona que “este tipo de represión se empezó a pensar antes. Esta decisión se tomó cuando comenzó la corrida bancaria en Brasil, cuando el gobierno vio urgente acudir al FMI”.

Para la socióloga e historiadora Dora Barrancos, esto se explica también por la figura de la ministra de Seguridad: “Quien comanda la violencia del Estado es alguien que hace lo que quiere. Esta señora desquiciada no tiene ningún contrapeso porque el resto está en otra cosa”. En esa línea, observa en los miembros del Poder Ejecutivo “personalidades que tienen una composición personal grave, incluido el propio presidente. Son muy poco sofisticados en todos los rubros, incluso para la corrupción”, dice, en referencia al caso de la criptomoneda $Libra.

Ante esta situación, Gabriela Delamata, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, especializada en protesta y movilización social, analiza los incidentes del miércoles pasado, destacando que “hubo una guerra de relatos acerca de lo que hicieron las fuerzas de seguridad. La ministra (Bullrich) fue una de esas voces, anclando los hechos a la idea de polarizar entre ellos y kirchneristas, lo que construye significados”.

Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, cuando en realidad sólo 25 de los 94 detenidos contaban con alguna causa en su contra, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.  Por su parte, el Poder Ejecutivo, de la mano de su vocero Manuel Adorni, aseguró que se trató de un intento de golpe desestabilizante. Sobre esto, Barrancos recalca que “saben que esto es falso. Hay un aparato falsario funcionando, todo está producido sobre falsedades”.

Tensión social

Más allá del accionar represivo del Estado, la efervescencia en las manifestaciones está, sin pausa pero sin prisa, aumentando. El gobierno de Javier Milei observa cómo se multiplican las concentraciones en contra de sus políticas. ¿Estamos, entonces, ante una escalada social?

 Sobre esto, el diputado nacional Daniel Arroyo marca que “no hay condiciones en lo inmediato para un estallido porque hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente revienta para adentro, no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, está endeudada. Eso se traduce en tensión social, pero el fenómeno es hacia adentro”.

Por otro lado, destaca que hay un efecto de desmovilización: “Se rompió la idea de que si uno protesta, consigue algo. Hoy tenés riesgo de que te repriman y, además, tenés miedo de perder lo que ya tenés”. Para el diputado, “las puebladas no son un fenómeno del siglo XXI, en donde las formas de comunicación cambiaron. Antes de estallar, la sociedad marca. Un punto de inflexión fue la marcha universitaria, señaló un límite”.

Por su parte, Delamata, investigadora del CONICET y docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), pone distancia entre la situación actual y el 2001, año en el cual el gobierno de la Alianza cayó producto de movilizaciones masivas en todo el país: “En aquel entonces tuvimos un escenario de fragmentación política muy fuerte, fruto de protestas en contra de todo el sistema de representación”. Dicho esto, señala que, a pesar de que puede haber condiciones materiales similares, “en este momento no está esa división, lo que prima hoy es la polarización”.

En esta misma línea, asevera que “el 2001 vino precedido de elecciones legislativas, en las que 10 millones de votantes se ausentaron o votaron en blanco. En el día de hoy, son dos espacios políticos que están enfrentados, que tienen valores y están apoyados en campos ideológicos existentes en la Argentina. Es otra dinámica, mientras no se desestabilice esa construcción del conflicto, no va a suceder (un estallido)”.

A su vez, Barrancos marca la importancia del apoyo con el que todavía cuenta el oficialismo, destacando que Milei “ganó el balotaje con la voluntad popular de mucha gente que podría haber sido indicada como saqueador en el pasado”.

En ciertos sectores de la opinión pública, sobrevuela la expectativa de una desestabilización del gobierno dada su presunta debilidad. Semán se distancia de esto, recordando que con el caso $Libra hubo gente que pensó que el gobierno iba a caer. “¿Cuántos escándalos tuvo Menem antes de que la convertibilidad tenga algo de éxito?”, se pregunta.

Crisis de representatividad

Uno de los factores que más dilata el aumento de la conflictividad social es la desconexión que existe entre el sistema político y la sociedad. Para Arroyo, “no se encuentran canales de representación. Está roto el vínculo con los actores de agregación de demandas”.

Delamata remarca que la praxis discursiva del oficialismo disipa la posibilidad de un desenlace similar al 2001: “Uno de los principales instrumentos del gobierno para mantener su popularidad es apelar todo el tiempo a que está combatiendo al kirchnerismo, a los zurdos, a la gente de mal. Del otro lado, al mismo tiempo, no se puede salir de ahí, ya que allí no hay ninguna construcción alternativa”.

En este contexto, la oposición no logra dar respuestas ni tampoco logra tener una postura cohesiva o convincente. Para Semán, “los mismos que alucinaban helicóptero el primer mes de mandato ahora dicen que va a durar mil años. No es un gobierno fuerte ni tambaleante, es uno que está construyendo su mandato como cualquier otro. En Argentina estos procesos son más revulsivos, con más posibilidades de traumatismos sociales”. En consecuencia, destaca que “este modelo represivo se beneficia en parte de la indigenidad de la oposición, que tiene expectativas de repetición histórica y una concepción muy mecánica de la vida social”.

En ese sentido, reflexionando sobre una postura de aquí en más, observa que “hay mucha gente que juega al ‘valentismo’ y a que esto es una dialéctica entre ‘cagones’ y ‘valientes’. Lo que hay que pensar es en cómo generar movilizaciones masivas, que son las que quebraron el protocolo antipiquetes. Pero estas se producen con tiempo, por lo que no se puede jugar a la desesperación”.

 

 

Hinchados de la represión y del ajuste a los jubilados

Hinchados de la represión y del ajuste a los jubilados

En un operativo conjunto, las fuerzas que responden a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentaron impedir la multitudinaria marcha que los hinchas de fútbol organizaron en solidaridad con los jubilados. Reprimieron con balas de gomas, gases y carros hidrantes. El fotógrafo Pablo Grillo fue herido en el cráneo y pelea por su vida. Hubo más de cien detenidos, la mayoría al voleo.

La represión a los jubilados en su marcha de reclamo de cada miércoles esta vez fue feroz. La multitud, que se concentró en Congreso y después se dirigió a Plaza de Mayo, fue atacada por un ejército de policías y gendarmes. Hubo más de un centenar de detenidos, y dos heridos de gravedad, uno de ellos Pablo Grillo, un reportero gráfico que recibió de lleno en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y esta noche era intervenido quirúrgicamente en el hospital Ramos Mejía y luchaba por su vida. 

La marcha parecía que iba a ser inmensa a medida que llegaban las hinchadas de varios clubes de fútbol a las que se sumaron movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicatos. Pero tal como lo había advertido anteriormente Patricia Bullrich, se aplicó -de manera absolutamente ineficiente- el protocolo antipiquetes.

Estruendos por doquier desorientaban a la multitud, que arrinconada en  Plaza Congreso trataba de saber de qué dirección provenía la estampida ensordecedora.   Mientras en Avenida Entre Ríos y Rivadavia explotaban bombas de gas lacrimógeno que espesaban el aire, del lado de Hipólito Yrigoyen se escuchaban los escopetazos de balas de goma. Las explosiones generaban un aura que envolvía a las personas. Policía Federal,  Gendarmería y Prefectura, juntos reprimiendo nuevamente la marcha de los jubilados: varias personas mayores recibieron palazos en sus cabezas, una mujer cayó al piso golpeando seco su cabeza contra el piso.

Desde que asumió Javier Milei, los jubilados se movilizan al Congreso Nacional  todos los miércoles a las 17. Lo hacen porque no les alcanza la plata: cuatro millones y medio de adultos mayores cobran $234.540, algunos perciben un bono de $70.000 que está congelado desde marzo de 2024. La  canasta básica de un jubilado que es de $912.584, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad. A esto se le suma la quita de la cobertura del 100% de los medicamentos que antes ofrecía el PAMI mientras los remedios que aumentaron el último año más del 200%, muy por encima de la inflación. 

El pasado miércoles, la movilización había estado minada de camisetas del club Chacarita: sus hinchas hincharon por los abuelos. Ese día también hubo palo. Casi como contraofensiva a la represión, simpatizantes de más de quince clubes de fútbol anunciaron que participarían en la entonces próxima marcha.  Los de Boca, los de River, los de Racing y los de Independiente, los de All Boys y los de Chicago, los hinchas  de Atlanta, también los de San Lorenzo y los de Huracán, hinchas de Gimnasia e hinchas de Estudiantes, los de Vélez y los de Ferrocarril Oeste; hinchas de todos los clubes, de todo tamaño, clubes millonarios y clubes pequeños,cubrieron, junto a los jubilados, Plaza Congreso. “ Todos unidos triunfaremos” rezaba una bandera que tenía una imagen de Diego Maradona, bandera que en una punta era sujetada por uno de River y en la otra por uno de Independiente.

El camión hidrante también estuvo en esta cancha, de a poco iba avanzando por Avenida Yrigoyen y marcando con el chorro de agua colorida a los manifestantes. La masa retrocedía hacia Paraná: los que estaban recibiendo balas de goma corrían, los que huían del lacrimógeno lo hacían más lento y casi que desganados, pues el gas hacía que el aire queme la piel, los pulmones ardan y los ojos lloren. Con las camisetas de fútbol, algunos improvisaban barbijos para evitar respirar. Alguno que otro trataba, sin resultado, tranquilizar a la multitud y pedirle que no corrieran. Casi al compás de los estruendos se oía “Que se vayan todos/ que no quede/ ni uno solo”, el grito que surgió en el 2001 y terminó con el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa. Mientras tanto, las balas silbaban y las detonaciones resonaban como un martilleo martilleo que rebotaba entre el concreto de los edificios aledaños. 

La convocatoria era a las 17, pero a las 15 ya había movimiento. Incluso el despliegue de seguridad había empezado mucho antes, cerca del mediodía: cientos de efectivos se habían movilizado para bordear Solis e impedir el paso hacia Entre Ríos, con el objetivo de retener a la gente en la Plaza o en las veredas.Y, sobre todo, que la multitud no ganara la calle. Los efectivos impedían con vallas y cordones policiales que los manifestantes se acercaran a la zona.

Eran varios los jubilados que se dirigían a los policías: “¡No se dejen utilizar! ¿No les da vergüenza estar disfrazados? Díganme, ¿qué les podemos hacer nosotros? ¿Qué les podemos hacer?“, les preguntaba Mabel, de 68 años, mostrándoles las palmas de sus manos en un gesto vacío de grito y agresión. Los ojos de Mabel lagrimeaban y su rostro se ponía rojo de bronca. Algunas señoras más jóvenes, desconocidas para ella, la consolaban: “Yo trato de hablarles para que entiendan, para que conozcan la historia. Yo soy jubilada, cobro la minima, tomo cuatro medicamentos y mi marido ocho. ¿Cómo hacemos para vivir?”, deslizó Mabel. 

En la apertura de sesiones ordinarias de este año, el presidente Milei se jactó de haber hecho el ajuste “más grande de la historia” y que su ajuste fue a la “casta”. Nada más lejos que la realidad. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el gobierno sostuvo el superavit fiscal  a costa de las jubilaciones: el 19,2% del ajuste estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Incluso se desprende de que con la fórmula previsional anterior, los haberes jubilatorios hubieran sido superadores a los actuales.  Pero el pronóstico es aún más desalentador para las mujeres, puesto que este mes de marzo vence la moratoria previsional y con ello 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse en el futuro próximo, siendo que más del 40% de la fuerza laboral se encuentra no registrada.

Sobre el lado de Rivadavia había un grupo de veteranos de Malvinas. Cinco vestidos con sus trajes de combate de color verde y  con la inscripción de Ejército Argentino: “Se le escapó la tortuga a Bullrich. ¿A quién le va a pegar primero hoy? ¿A los jubilados o a los hinchas de fútbol?”, preguntaba Miguel Ángel con un tono jocoso en complicidad con sus compañeros.  Petiso, de barba blanca y con anteojos de seguridad para evitar el gas, Miguel Angel, veterano continental de la Guerra de Malvinas, vino por primera vez a la marcha.  Con orgullo señaló que su hija es cirujana gracias a la universidad pública. Al mismo tiempo lo contrastó con el accionar del gobierno: “Ellos nos dan la espalda, se la pasan viajando a Europa y hoy tienen a todas estas hordas militares, en vez de estar, por ejemplo, en Bahía Blanca”, deslizó.

En la marcha también estuvieron presentes organizaciones políticas como el Polo Obrero, y el MST. La columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también formó parte: “La política tiene que pensar qué está haciendo, porque si los clubes son los que tienen que asumir el protagonismo que tiene que tener la política es porque estamos haciendo las cosas mal, así que ojalá sea un despertar de la política para entender que el pueblo tiene urgencias que no esperan”, arrojó el secretario general, Daniel Catalano, que minutos después sería tacleado por la Polícia Federal, detenido y subido a carro policial.

“Que feo/ que feo/ que feo que hay que ser/ pegarle a los jubilados para poder comer”, agitaba la muchedumbre. “Trátame con cuidado, aún tengo sueños”, rezaba un cartel. “Venimos a cuidar a los que nos cuidaron”, decía otro. ”La protesta no se mancha”, un parafraseo al histórico discurso de Maradona.  

En contraste, un gendarme pateaba -¿plantando?- un arma. La imagen fue captada por un camarógrafo de C5N. Otros policías, que hacia el final de la tarde mostraban pecheras de la policía de la Ciudad, dejaban asomar por debajo camisetas de fútbol y lucían jeans y zapatillas: “¡Ese es infiltrado! Tené cuidado”, gritaba uno que advertía el truco. “Marcamelo que lo filmo”, respondió otro manifestante. “Hay algunos agitadores con cadenas de oro ¿dónde la viste?” 

Tras la represión, una gran parte de la multitud comenzó a marchar hacia Plaza de Mayo. La cacería continuó allí. La motorizada y el camión hidrante llegó hasta Avenida de Mayo y Piedras. Estruendos y más estruendos. Helicópteros que sobrevolaban 9 de Julio y con una gran linterna alumbraba hacia la calle al estilo ciudad gótica. 

Entrada la noche, el padre del fotógrafo herido detalló en la puerta del Hospital Ramos Mejía que Grillo, militante de Nuevo Encuentro, estaba trabajando en la movilización de forma independiente. Responsabilizó a Bullrich y Milei de lo que pudiera pasar con la salud de su hijo. A su vez, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habla de «dos personas en estado de gravedad». 

Hacia el final del día, la respuesta popular a la feroz represión fueron cacerolazos en las intersecciones de diferentes barrios porteños: Dorrego y Corrientes, Montes de Oca y Suarez, San Juan y Boedo, Lacarra y Directorio, Caseros y Rioja, Acoyte y Rivadavia, y en otros puntos de San Cristobal, Monserrat y Constitución.