“La cultura genera progreso, no el dinero”

“La cultura genera progreso, no el dinero”

Abr 7, 2024 | Culturas, Destacado 1, Trabajo

Más de 200 trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Nación fueron despedidos a fin de marzo y todas las políticas del sector han sido frenadas y desfinanciadas. Este fin de semana, realizaron un multitudinario festival en la explanada del CCK como forma de protesta.

En plena Semana Santa, tras la cena del miércoles, Jesús –así se llama– recibe un telegrama que reza: “Contrato sin posibilidad de renovación a partir de abril”. Después de 18 años se acaba de quedar sin pan y trabajo. Al igual que Lucas, que Micaela y 206 compañeros más.

“Me enteré por mail”. ”Nos avisó un compañero”. Las historias de los trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Nación que fueron despedidos en Pascuas se repiten. En todos los casos, sin justificativos y hasta sin firma de ninguna autoridad. “Me notificaron vía mail el miércoles a las 21.30. No hay nadie que dé la cara y te diga por qué motivo estamos despedidos”, afirma Lucas Cabrera, coordinador de Logística de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria y delegado de ATE Capital. “No saber cómo le voy a poner un techo sobre la cabeza a mi familia y cómo voy a pagar la comida es desolador”, agrega.

Cabrera hace casi 10 años que se desempeñaba en la Secretaría. Su tarea estaba abocada al trabajo territorial asistiendo en la producción y traslado de docentes y artistas para que puedan llegar a los eventos que organizaba la dependencia. “Todas las políticas culturales están frenadas desde que esta gestión asumió”, remarca. La cantidad de despedidos de la Secretaría de Cultura ya son 248. En diciembre fueron 40, y en Semana Santa 208. Algunos se enteraron días después porque no tenían acceso al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y no podían ingresar a su casilla de correo.

El vaciamiento y la desfinanciación de la gestión libertaria también incluye la falta de presupuesto y de elementos de trabajo. “Hace tres meses que estamos sin caja chica, no tenemos recursos y dependemos de los insumos que fueron comprados el año pasado”, explica Gabriela Castro, trabajadora del Museo de Bellas Artes.

Desde 2006, el Programa de Orquestas “Andrés Chazarreta”, que depende de la Secretaría de Gestión Cultural, enseña a tocar instrumentos a niños, niñas y adolescentes de los barrios populares. Jesús Edgar Colque enseña en la orquesta “El Tambo” de Isidro Casanova, y tras 18 años de docencia fue uno de los cuatro profesores que recibió el telegrama de despido el miércoles por la noche: “Milei dijo que los recortes iban a ser para la casta. Yo no soy de la casta, y tampoco fueron a ver el trabajo social que hacemos. Ellos pueden ir a Isidro Casanova y comprobarlo. El objetivo era llegar a lugares muy carenciados, donde los chicos no tengan acceso a un profesor de música ni un instrumento. Hoy muchos chicos han encontrado el amor por la música y hasta son profesores de orquestas”, cuenta Jesús Colque.

Micaela Fernández fue una de las alumnas que participó del programa orquestal. Hace dos años que es profesora de contrabajo y también fue despedida. Respecto a la posibilidad de revertir los despidos a docentes, dice que es difícil conseguir una mesa de diálogo y que esta dilatación pone en peligro a la orquesta. “Queremos una respuesta, una justificación y ver cómo va a terminar esta situación, porque despidieron a cuatro profesores y cinco están sin renovación de contrato, es decir que la orquesta queda sin profesores”, concluye.

El sábado 6 de abril, en la explanada del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se encuentran las oficinas del actual secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, los trabajadores de la cartera en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizaron el Festival ARDE en defensa de la cultura y en reclamo por los despidos.

“Estamos generando diversas acciones junto a las y los trabajadores, asambleas en los sectores de trabajo, saliendo a la calle, a la espera que los funcionarios den la cara para poder concretar próximas mesas con ellos, que despiden y se escapan”, expresa Julia Pirani, delegada de la Junta Interna del exMinisterio de Cultura de la Nación y del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. “El plan de disciplinamiento que propone esta gestión es evidente –señala–. Dejan a 248 personas sin trabajo y afectan a cientos de personas que no trabajan en el Estado y que son parte de los programas desguazados como las y los alumnos de clases de música y de diversos talleres y actividades culturales”.

“Esta gestión no tiene ningún plan para la cultura, no existe para ellos. Es absolutamente cruel acompañar despidos con un plan económico tan devastador”, asegura el actor y comediante ‘Osqui’ Guzmán en diálogo con ANCCOM. “Lo que todavía no entienden las personas es que el Estado somos todos, te desfinancian el país para venderlo y lo mismo quieren hacer con las universidades. Ellos creen que el dinero genera progreso y es la cultura la que lo genera. Es la que hace que alguien agarre un hilo, una aguja y haga un poncho y genere progreso en la civilización. Nuestro espacio cultural es el de la lucha, no nos van a vender el país”, sentencia Guzmán.

«El objetivo es borrar la historia»

«El objetivo es borrar la historia»

Abr 5, 2024 | DDHH, Destacado 4, Trabajo

Legisladores, organizaciones defensoras de los derechos humanos y trabajadores denuncian el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, un duro revés para la búsqueda de la verdad sobre delitos de lesa humanidad en Argentina.

Desde las 9.30, en el Salón Perón de la Legislatura porteña, se realizó una conferencia de prensa para denunciar el desmantelamiento de los equipos de Relevamiento y Análisis de archivos y el Sistema de Archivos de la Defensa, que se encargaban de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas, contribuyendo así a la investigación de delitos de lesa humanidad. Además, trabajaban en proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad a estos archivos.

El desmantelamiento del sector, del cual fueron despedidos diez de sus trece trabajadores, tiene como objetivo “borrar una historia que durante años pudimos construir en Memoria, Verdad y Justicia. Y se da en el contexto en el que el gobierno pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, según denunciaron al iniciar la conferencia Victoria Montenegro, diputada por la Ciudad y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que además es una de las nietas recuperadas por Abuelas, y Alejandrina Barry, legisladora del FIT e hija de desaparecidos.

“Es fundamental visibilizar cuál es el objetivo de este gobierno y del ministro de Defensa, Luis Petri, que vergonzosamente se jacta de sus fotos con reivindicadores del accionar de los genocidas y, por supuesto, nuestro compromiso permanente con la lucha de los Derechos Humanos”, comentó Montenegro.

Junto con la presencia de organizaciones sociales, sindicales y políticas, denunciaron que los equipos realizan un aporte fundamental para esclarecer delitos de lesa humanidad. La antropóloga e investigadora Valeria Barbuto leyó el comunicado firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La decisión busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados”, remarcó.

“Son archivos que no pueden, obviamente, estar en manos de los mismos genocidas y de los mismos policías represores, que van a garantizarse la impunidad, porque al pacto de silencio le siguió esto, intentar por todos los medios que no se pudiera conocer toda la información”, denunció Alejandrina Barry. 

Angélica Enz tomó la palabra por los trabajadores despedidos: “Es un hecho gravísimo, ahora los requerimientos van a estar respondidos directamente por las propias fuerzas. No solo porque muchas personas que están en las Fuerzas Armadas pueden tener algún tipo de interés, sino también porque no tienen el conocimiento ni el nivel de información y capacitación que se requiere. Cada compañero conoce en detalle cómo funcionaba cada fuerza, cuáles eran las regulaciones en el período 76-83”, señaló la investigadora. “Hay alrededor de 30 causas abiertas que no van a recibir esos aportes”, estimó Enz. Desde su creación en 2010, los equipos generaron alrededor de 170 informes que colaboraron con tribunales y fiscalías para responder a requerimientos vinculados a investigaciones por delitos de lesa humanidad.

Amparo

Según explicó el abogado Pablo Llonto, junto con su colega Mariana Maurer, presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Capital Federal para la reincorporación de todo el equipo. La idea es que la iniciativa se replique en todo el país. “No tenemos ninguna duda de que cada medida que ya han puesto en marcha desde el gobierno, más las que seguramente están tramando, tienen como objetivo central obstaculizar, frenar y tratar de lograr los objetivos de impunidad para los genocidas”, remarcó Llonto, y agregó: “Por eso la importancia que tiene la lucha tanto sindical, en las calles, por parte de nuestros organismos, como por parte de las abogadas y los abogados para hacer presentaciones en la justicia”.

 

Pararon los docentes de todos los niveles y marcharon al Congreso

Pararon los docentes de todos los niveles y marcharon al Congreso

Abr 4, 2024 | Destacado 1, Trabajo

Docentes primarios, secundarios y universitarios pararon en todo el país en defensa de la educación pública. Reclamaron la renovación del FONID, mejoras salariales y actualización presupuestarias. Hubo gases de la policía.

“Mis alumnos tienen hambre, algunos chicos solo comen en la escuela”, dijo a los gritos una de las maestras gaseada por la Policía de la Ciudad durante la marcha de este jueves frente al Congreso, donde confluyeron docentes de todos los niveles y de variados sindicatos. “Somos maestros con más de 20 años de antigüedad, las escuelas se caen a pedazos, nos sacaron el FONID, nos pegaron recién a todas, necesitamos un paro general porque no podemos seguir peleando solas”, expresó otra.

Más temprano, Sonia Alesso –secretaria general de CTERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación que convocó al paro nacional de esta jornada– había dicho que “estamos en el inicio de la resistencia”. Los gobiernos de CABA y Mendoza expresaron que fue baja la adhesión al paro. Sin embargo, la dirigente expresó que el acatamiento de la medida de fuerza fue muy alto en todo el país por parte de docentes primarios, secundarios y universitarios, y se dispuso a marchar al Congreso. Además, mencionó que el acto central fue en Neuquén, en coincidencia con los 17 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en una protesta docente sobre la ruta 22, por el disparo –precisamente- de un gas lacrimógeno. “Lanzamos una campaña nacional de recolección de firmas para plantear la necesidad de un mayor presupuesto educativo. Para nosotros lo que está pasando es una vuelta feroz a los 90, con ajustes a la educación pública y en los salarios, despidos, privatizaciones de empresas y otras situaciones que en su momento nos llevaron a la Carpa Blanca y la conquista del FONID que ahora nos pretende arrebatar el Gobierno”, dijo Alesso.

Desde temprano, se sumaron a la convocatoria de CTERA hacía el Congreso la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba, uno de los gremios de docentes de la UBA, así como el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA). Acompañaron a los gremios sindicales, los y las trabajadoras de la educación y jubilados.

Al mediodía hubo un banderazo en la Facultad de Medicina por parte de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). Allí, Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA dijo a que “el paro hoy nos encuentra en un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, quién también peleaba en defensa de la educación y de los derechos docentes”. Para ella, “enfrentamos una feroz ofensiva por parte del gobierno de Milei que ataca nuestros salarios y al propio funcionamiento de las universidades que están ahogándose en un presupuesto que no permitirá seguir sosteniendo las actividades de investigación, docencia ni de extensión”.

Mientras que una multitud de trabajadores de la educación salió a las calles en defensa de sus derechos, el Gobierno cuestionó la convocatoria de CTERA, en palabras del vocero presidencial Manuel Adorni “es triste ver aulas teñidas de militancia”. Y advirtió que se les descontará el día a quienes adhieran al paro. En relación a esta decisión, Romina Gómez, profesora y afiliada a CONADU, dijo a ANCCOM: “No se debería descontar porque es un derecho constitucional hacer huelga, es la única manera que tenemos de hacernos escuchar y reclamar por lo que ganamos dignamente, como el FONID que se paga hace años. No puede ser que justo hoy, en el aniverasrio del asesinato del compañero Fuentealba, estamos acá reclamando y encima nos descuentan, siendo un derecho adquirido, me parece bastante grave”.

Por otra parte, María Laura Torre, docente y dirigente sindical de “SUTEBA declaró: “No vamos a dejar que nos arrebaten nuestros derechos conquistados en la histórica Carpa Blanca, no solo ratificamos que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de cada uno de los y las jubilados, sino también de la educación”.

 

Paro general

Por su parte, Marcela Escobar, secretaria gremial del SUTEBA, manifestó que “el principal objetivo es visibilizar el desastre que el Gobierno nacional está haciendo con las jubilaciones en general y en particular con la de los docentes jubilados en el Estado Nacional”. En su mirada, “el Gobierno no tiene escuela ni docentes a su cargo, todos los docentes dependen de las jurisdicciones provinciales, solo tiene a su cargo un tramo de nuestros salarios que es el fondo nacional de incentivo docente, que desde diciembre no nos están pagando, así que no sé sobre qué parte del salario pretende aplicar descuento”.

En tanto, desde La Plata, Maria Díaz Reck, docente secundaria, referente de la Multicolor y congresal de SUTEBA, expresó a ANCCOM que “además del recorte brutal a la educación pública, denunciamos todos los despidos de trabajadores estatales porque cada compañero o compañera que se despide, es una familia que no come”. Díaz Reck enfatizó que “asistimos a una crisis brutal que expresa que hay 60 por ciento de chicos y chicas en situación de pobreza, por eso hoy nos movilizamos pidiendo un plan de lucha con continuidad, se necesita un paro general para ir contra el ajuste generalizado que plantea el Gobierno de Milei, que se expresa también en la Provincia de Buenos Aires”.

Nadia López, docente de educación especial, dijo a esta agencia que “sostener el plan nacional de lucha es el principal objetivo que nos proponemos, y acompañar a los compañeros jubilados y jubiladas en sus reclamos por los recortes”. Ella entiende que el FONID “fue un logro de hace veinte años bajo un suceso muy emblemático e importante para todo el colectivo docente, que fue la Carpa Blanca, con mil horas de ayuno, y ahora el Gobierno arrasó con eso, lo que significa que la Nación no otorga ese presupuesto a cada provincia y jurisdicción para que cada docente cobre ese incentivo docente”. 

La jornada pacífica en el Congreso, donde los trabajadores de la educación alzaban su voz en reclamo de sus derechos, fue interrumpida cuando la Policía de la Ciudad activó el protocolo antipiquetes, dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reprimir a los manifestantes y obligarlos a subir a la vereda con gases. En ese marco, el secretario gremial de CTA, Oscar Isasi, repudió la represión de los efectivos policiales. “Queremos hacer cargo a Patricia Bullrich por la provocación generada contra los docentes y los jubilados que pacíficamente estamos manifestando en el Congreso Nacional”, dijo Isasi.

 

En todo el país

 También hubo una marcha en Neuquén en conmemoración del asesinato de Fuentealba. Allí la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) organizó un acto en Arroyito, al sur de la capital provincial, donde se realizó el operativo represivo que mató al maestro. Participaron unas 10.000 personas, según fuentes gremiales. Desde ATEN reclaman que se juzgue al exgobernador Jorge Sobisch por haber dado la orden de reprimir.

En Santa Fe, la medida de fuerza nacional llegó tras cuatro días de paro de los gremios provinciales AMSAFE y SADOP. En Córdoba, desde el gremio UEPC estimaron que la adhesión en escuelas públicas fue de un 60 por ciento. Desde AGMER también estimaron un alto acatamiento en Entre Ríos.

En Mendoza, el SUTE denunció la presencia policial en las escuelas: “En un día de paro, la policía recorre amedrentando a los trabajadores”, comunicó el gremio. Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que el acatamiento en la provincia fue “casi nulo”, aunque desde SUTE lo calificaron como “dispar”.

 

Despedidos y organizados

Despedidos y organizados

Abr 3, 2024 | Destacado 1, Trabajo

En casi todos los organismos públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó un ingreso masivo de los 11.000 empleados cesanteados durante el fin de semana largo. Patricia Bullrich montó desproporcionados operativos con policías federales, gendarmes y prefectos para tratar de impedirlo. El viernes habrá paro de la administración pública.

Desde la 9, en Alem 650, la sede central de la secretaría de Trabajo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se preparaba para una jornada de lucha con ingresos masivos y simultáneos a ministerios y dependencias oficiales donde el gobierno de Javier Milei despidió, hasta el momento, a 11.000 trabajadores.

Bajo la lluvia y entre decenas de trabajadores que se enteraron que fueron despedidos durante el fin de semana largo o cuando intentaron ingresar a su lugar de trabajo, el gobierno nacional montó un operativo con policías y gendarmes para impedir el ingreso de los empleados cesanteados a los distintos organismos públicos. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció: “No hay plata para comprar comida o para comprar remedios en la Argentina, para lo que hay plata es para reprimir. Es absolutamente desproporcionado el operativo policial que se ha montado”, expresó en diálogo con ANCCOM.

Dada la cantidad de trabajadores que exigían entrar a sus puestos de trabajo, en algunos lugares, como la secretaría de Trabajo, se permitió su ingreso escalonado de a 15 personas y presentando su DNI para ser anotados. “Logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos, pero hoy no termina nada para nosotros, acá empieza todo. A la tarde tendremos un plenario con más de mil delegados y delegadas de todo el país para resolver qué medidas tomar, incluído un paro general. Yo estimo, para antes de que termine esta semana”, remarcó por la mañana Aguiar frente a la sede de Alem 650. Por la tarde, ATE confirmaba un paro general de trabajadores del Estado para el próximo viernes.

El lado B de los despidos

Desde ATE denuncian que el nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien reemplazó a Omar Yasín, es trabajador del Grupo Techint y que hay intereses económicos y políticos que intervienen en su nombramiento. “El gobierno ha decidido tercerizar el ajuste, que la motosierra ahora la maneje Techint. Vamos a dar pelea hasta que le saquemos la motosierra de la mano”, afirmó el titular de ATE Nacional.

En diálogo con este medio, Sebastián Scarano, delegado general adjunto de ATE Trabajo, denunció: “Desguazar el exMinisterio de Trabajo es el primer paso para terminar con los derechos de los trabajadores. Le entregaron el ministerio a Techint y están despidiendo trabajadores. ¿Qué va a pasar cuando vengan al ministerio a discutir esos despidos? Los va a estar esperando el mismo Techint. Eso es lo que quieren hacer no solo para los estatales, sino para todos los trabajadores”. Y agregó: “Quieren instalar un régimen de terror renovando los contratos cada tres meses, para que renunciemos a reclamar por nuestros derechos, por miedo a perder el trabajo. La respuesta es esto, más organización y más protesta”.

“Es el grupo empresario Techint que viene justamente a hacerse cargo de esta cartera porque quiere colaborar a pinchar las paritarias y quiere hacer mierda los derechos que los laburantes supimos conseguir con décadas de lucha. Quieren borrarlo de un plumazo en dos meses”, afirmó Daniela Frencia, delegada general de la Junta Interna de ATE Trabajo.

En cuanto a los criterios para los despidos, denuncian que hay tres líneas principales. “La primera, es político-ideológica: barrer con todo el cupo laboral travesti trans. Entendemos que hay un ataque del gobierno nacional a este sector en particular. La segunda, es una cantidad enorme de despidos a trabajadores próximos a jubilarse, que les quedaban unos meses de aportes o estaban cerca de la edad jubilatoria, comprometiendo seriamente sus últimos años de aportes. Y por último, la mayor cantidad de despidos se dio en áreas que a este gobierno no le interesa seguir sosteniendo, como áreas de protección e igualdad laboral, áreas de negociación colectiva, entre muchas otras”, comentó Frencia. “No hubo un criterio técnico de revisar la eficiencia o si los compañeros cumplían o no sus tareas”, concluyó la delegada.

Continúa el plan de lucha

En el cierre de la asamblea en la sede de Alem 650, se acordó declarar a los empleados en estado de “asamblea permanente”, realizar un relevamiento de los datos de los despedidos y establecer una comisión especial con ellos.

“Llamamos a la más amplia solidaridad de laburantes, de organizaciones gremiales, centrales sindicales, para que abracen este conflicto y nos acompañen a dar esta pelea. Sabemos que lo que tenemos enfrente es un monstruo enorme”, pidió Daniela Frencia.

Salvarse bajo tierra

Salvarse bajo tierra

Abr 2, 2024 | Destacado 3, Trabajo

Cada día desfilan más vendedores ambulantes tratándo de rebuscárselas en los vagones de subte. ¿Cómo los afectó la suba del transporte y la mayor competencia?

“Hoy en día bajaron un poco las ventas así que trabajo mayormente los fines de semana en el transporte público”, cuenta Raúl, vendedor de flores. Raúl se dedica a vender jazmines y espuma en verano, y rosas y carilinas en invierno; se mueve en silla de ruedas después de protagonizar un caso de gatillo fácil hace seis años.

“Ahora compro el ramo de veinte rosas a ocho mil pesos en la Vía Barracas, cerca del estadio de Huracán”, dice Raúl. Luego arma ramos de cuatro rosas que revende a dos mil pesos cada uno. Según sus testimonios, los vendedores ambulantes remarcan los productos entre el 50 y 70%, aunque algunos llegan al 100% dependiendo del producto.

El barrio de Once es el principal proveedor de mercadería para los vendedores ambulantes. Mariana, que vende alfajores y carilinas en el puesto de su pareja, explica que compran dos cajas de alfajores triples a cuatro mil pesos para luego revenderlos a dos mil pesos las cuatro unidades. “Los paquetes por seis carilinas los compramos sueltos porque el bulto sale más caro”, señala Mariana pero no aclara el precio del bulto. Según Raúl, los trescientos paquetes individuales salían doce mil pesos el año pasado y le preocupa cuánto puede haber subido en estos meses.

Mariana trabaja desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde cuando llega su pareja que termina la jornada a las nueve de la noche. Para que sea un buen día, cuenta que tendría que vender a partir de 24.000 pesos pero que a veces es difícil llegar a ese monto. Aunque es el puesto de su pareja, Mariana le “da una mano para poder mantenerse entre los dos” ya que conviven y tienen que cubrir el alquiler, los gastos básicos de ambos y de sus dos mascotas.

 

¿Cuánto sale llegar al subte?

El informe inflacionario de marzo de la consultora privada C&T muestra que a partir de la segunda semana la inflación tuvo una desaceleración que la acercó al 13% mensual. Aún así, el precio del transporte público que está en constante aumento dificulta concretar  ventas para los vendedores ambulantes.

Raúl cuenta que no tiene que abonar el viaje hacia su trabajo gracias a que cuenta con su carnet de discapacidad que le permite transportarse de manera gratuita pero calcula que otros vendedores gastan alrededor de 26.000 pesos por mes. “Yo tomo colectivo, tren y subte. Son seis pasajes todos los días, es mucha plata y ni hablar si ahora necesitara un producto y me tuviera que ir a Once”, dice Leonardo, vendedor de accesorios para celulares ubicado en la combinación entre las líneas A y C de subte.

Ir a trabajar a diario a una misma estación hace que ocasionalmente los vendedores suban gratis al transporte público ya que los trabajadores los reconocen y los dejan pasar sin pagar. Aún así, la mayoría de los entrevistados vive en la Provincia de Buenos Aires y el precio actual del transporte es un costo “que se complica si no vendemos mucho”, explica Mariana. A fines de marzo la tarifa del subte es de 125 pesos mientras que el colectivo y el tren cuestan a partir de $270 y $130, respectivamente.

La vida subterránea

En el subte también existen trabajadores en relación de dependencia. “Empecé a vender chipá por una conocida ya que no pude encontrar otro laburo”, cuenta Fernando de dieciocho años, que llegó de Jujuy junto a su novia hace un mes para “buscar trabajo y poder prosperar”. Fernando trabaja todos los días doce horas diarias y cobra por hora aunque prefiere no decir cuánto.

Por día le entregan trescientas veinte unidades de chipá que transporta en un carrito y vende a 1.200 pesos las dos unidades. Fernando explica que eligió quedarse en la combinación de las líneas H y B porque “pasa toda la gente yendo para todos lados y me queda más cerca” aunque aclara: “A veces me muevo cuando me sacan porque no se puede vender en espacios públicos”, comenta.

Según la última actualización del Índice Ripte realizada en enero, la remuneración promedio aumentó en un 14,7% con respecto a diciembre de 2023. Esta cifra se mantiene por detrás de la inflación de enero que fue del 20,6%. Queda por ver qué variaciones hubo en febrero y marzo, pero todo indica que el ingreso cada vez cuesta más y alcanza para menos.

“La antigüedad te permite mantener tu lugar”, dice Antonio, que vende juguetes hace diez años en la misma estación que Leonardo y García, otro amigo que se hizo durante su labor como vendedor ambulante. Antonio agrega que sus productos son difíciles de transportar y quedarse en un lugar le facilita la venta ya que la gente puede detenerse a mirar.

“Acá es un mundo diferente, hay que aprender a caminarlo”, dice Antonio y agrega que “no podés permitir que venga otro y se llene porque nos echan a todos”. En 2019, Antonio cuenta que “venían unos vestidos de verde con la policía y nos sacaban la mercadería”. Los vendedores armaron un grupo de WhatsApp para evitar a “los loros”, como los llama Antonio. “La peleábamos. Fue muy bravo, hubo gente que lo perdió todo”, explica.

“Los tres mosqueteros”, como se autodenominan Antonio, Leonardo y García, destacan la vocación que sienten por el comercio por sobre la necesidad económica. Antonio, que tiene setenta años, cuenta “tengo una pequeña jubilación y salgo todos los días a trabajar” y García, de setenta y un años y que tuvo problemas de salud en repetidas ocasiones, sigue yendo al pasillo entre las estaciones Lima y Avenida de Mayo donde se conocieron. También destacan el respeto y el compañerismo entre vendedores y con los trabajadores del subte. Leonardo cuenta: “Éramos una familia acá. La pandemia nos separó mucho y quedamos nosotros, los sobrevivientes del pasillo”.

En este contexto de desregularización económica, liberación de precios e incertidumbre, los vendedores recalcan la importancia de seguir yendo al subterráneo porteño a vender su mercadería y “llevar algo para la casa”, explica Raúl: “No me funcionarán muy bien los pies pero tengo los brazos y la mente para poder seguir adelante”, resume.

Despidos para olvidar y garantizar la impunidad

Despidos para olvidar y garantizar la impunidad

Abr 2, 2024 | DDHH, Destacado 4, Trabajo

Los equipos de Relevamiento y Análisis de Archivos (ERyA) del Ministerio de Defensa, fundamentales para las causas judiciales de lesa humanidad, serán disueltos tras el despido de diez de sus trece integrantes. Fiscales y querellantes expresan su preocupación.

El Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, anunció despidos en distintas dependencias de esta cartera. Las áreas más afectadas son el Equipo de Relevamiento y Análisis (siete de sus diez integrantes) y el Sistema de Archivos de la Defensa (sus tres integrantes despedidos), además de ponerle fin a la política pública que aportaba información a las causas de delitos de lesa humanidad.

“Conformamos 10 de los 20 despidos totales del Ministerio de Defensa, hay una decisión dirigida dada la particularidad de nuestra tarea. En un contexto en el que desde presidencia se avalan discursos revisionistas y negacionistas, como se vio en el spot del 24 de marzo, esto no es casualidad”, afirmó Macarena Sandoval García, investigadora despedida.

“Desde ATE (Asociación de Trabajadores Estatales), pensamos que esto tiene claramente una intencionalidad, que es cumplir con la parte del contrato electoral que asumieron Javier Milei y Victoria Villaruel, de garantizar la impunidad de los genocidas y que se puedan ir de este mundo sin condena firme o en muchos casos sin siquiera ser elevados al banquillo”, sostuvo Luciano Fernández, referente de ATE. “Este equipo, y fundamentalmente esta política, -agregó- es un gran aporte en materia de prueba para poder desentrañar el período más aberrante de nuestra historia y el pacto de silencio que existe entre los militares que aún siguen con vida”, comentó Fernández.

En la red social X, defensores de acusados de violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado celebraron la decisión de Petri. Para Fernández: “Milei eligió darle una dirección de circo romano a los despidos estatales, le hace una suerte de ofrenda a esa comunidad virtual que está en las redes, porque realmente es muy difícil que alguna persona real, no virtual, se haga cargo de ese nivel de saña y de sadismo, de alegrarse porque se elimina una política de protección o de ampliación de derechos”.

El trabajo de los equipos

Los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) fueron creados mediante el decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner, que releva de la clasificación de seguridad a la documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. “La particularidad de la resolución está también en la decisión de conformar equipos de trabajo especializados y en capacitación constante, con oficinas en los archivos para dedicarse diaria y exclusivamente a la tarea”,  detalló Macarena Sandoval García.

Se organizan según las diferentes fuerzas militares: algunos se dedican a investigar el desempeño del Ejército durante ese período, mientras que otros se enfocan en la Armada, y un tercer grupo se dedica a la Fuerza Aérea. Dentro de quienes trabajan con los archivos, hay especialistas en comunicación, historia, sociología, derecho, antropología y trabajo social.

Una de las funciones más valiosas es proveer información a todas las causas de delitos de lesa humanidad: aportaron alrededor de 170 informes desde su creación. “Estos informes generalmente funcionan para dar cuenta de lógicas represivas, estructuras orgánicas, identificar autores, sostener las acusaciones y en muchos casos las sentencias”, comentó Sandoval García. “Cada informe es un trabajo minucioso y extensivo de reconstrucción y el conocimiento se fue transmitiendo a lo largo de catorce años entre los diversos profesionales que pasaron por los equipos en su carrera”, amplió la imvestigadora despedida. 

El desmantelamiento de estas áreas no es solo un problema de “acceso” a la información, el trabajo que realizan los investigadores “es una tarea muy específica, es conocer la idiosincrasia del lenguaje castrense militar, cómo se nombra cada unidad, las jerarquías, se relevaron más de 17.000 legajos, es realmente un rompecabezas”, afirmó Marilina Montiel, trabajadora del ministerio y delegada de ATE.

“A veces se piensa que son documentos desclasificados que hablaban sobre la dictadura, pero la mayoría de estos se eliminaron, lo que hay es un trabajo sobre documentos administrativos, pero que con ellos se ha podido, por ejemplo, reconstruir lugares de las diversas unidades de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes. La documentación no dice quién torturó a quién, pero a partir del trabajo de los investigadores se reconstruyó información sobre los lugares de las unidades, la cantidad de personal para la guardias, entre muchas otras cosas”, comentó Montiel.

Los ERyA aportaron alrededor de 170 informes para las causas de delitos de lesa humanidad.

Distintas unidades del Poder Judicial, organismos de Derechos Humanos, funcionarios y exfuncionarios se manifestaron en contra de la medida. “Los despidos y el desmantelamiento del área suponen un obstáculo en los procesos de justicia”, expresó Macarena Sandoval García. Son seis edificios de archivos, sumado a los archivos ubicados en unidades militares, en los que ya no se llevarán a cabo las tareas que tenían los equipos. La trabajadora agregó: “No se puede reemplazar en un día el trabajo y conocimiento especializado transmitido a lo largo de catorce años. Los informes, los cuales volvíamos a consultar constantemente para los nuevos requerimientos, son patrimonio de la Dirección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del ministerio de Defensa”.

Movilización como respuesta

Desde ATE convocan para el miércoles 3 de abril, una jornada de lucha con ingresos masivos y simultáneos a los sectores de trabajo para acompañar física, psicológica y emocionalmente a los trabajadores despedidos y a la tarde habrá un plenario federal de trabajadores del Estado Nacional para definir las acciones a seguir. También se planea movilizar a la Secretaría de Trabajo y a la de Desarrollo Social. “Nosotros queremos estar sobre todo para garantizar y contener un poco a los trabajadores, porque es tanto el nivel de incertidumbre y crueldad que nos parece tremendo que el trabajador, la trabajadora, llegue y se desayune con que no puede ingresar”, dijo Marilina Montiel. 

En medio de la ola de despidos, el Gobierno confirmó que los contratos de los empleados que siguen vigentes serán renovados cada tres meses y no anualmente, como se hizo en gestiones anteriores. “Tenemos que poder llevar alguna respuesta a esta situación, un plan de lucha articulado y consensuado, pero contundente porque los contratos que se renovaron son por tres meses, en junio vamos a estar en esta misma situación”, comentó Montiel.

“Desde ATE nuestra obligación es dar la pelea para que esto, que claramente es una arbitrariedad manifiesta, no pueda avanzar ni ser sostenido, vamos a poner todas las herramientas que tiene la organización en el plano sindical, jurídico y político para ponerle un freno al avance desmedido de Milei, que parece que se percibe como un tirano elegido por el soberano. Nosotros nos vamos a enfrentar a cualquier tiranía, como lo hizo nuestra organización a lo largo de su historia”, concluyó Luciano Fernández.