Trabajadores estales y organizaciones sociales se movilizaron contra la reforma laboral

Trabajadores estales y organizaciones sociales se movilizaron contra la reforma laboral

Dic 10, 2025 | Destacado 1, Trabajo

También protestaron contra el congelamiento de la Asignación Universal por Hijo. Hubo paros, ruidazos, movilizaciones y cortes en los principales accesos a la Capaital Federal. ¿El anticipo de un diciembre caliente?

Este martes se vivió una de las jornadas calientes que suele tener diciembre. Mientras el gobierno busca cerrar el proyecto de ley de Reforma Integral del Régimen Laboral para la Formalización y el Empleo para tratarlo en el Congreso y desenganchar la Asignación Universal de la cláusula de aumento automático, en las inmediaciones del Congreso confluyeron diversas organizaciones sociales y sindicales como Territorios en Lucha, la CONADU Histórica, los trabajadores del estado nucleados en ATE, CTA, CTA Autónoma y diversos movimientos sociales. La jornada de protesta incluyó cortes en los principales accesos a la Capital y ruidazo, paro y estado de alerta permanente por parte del sector sindical de trabajadores del Estado.

Desde las centrales de trabajadores estatales rechazan la reforma laboral como también el recorte del 10 por ciento de la planta de trabajadores que el gobierno tiene en carpeta. Exigen, además, la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia. Toda la semana habrá ruidazos en diferentes dependencias. Según informaron desde ATE, el paro tuvo un acatamiento casi total y fue acompañado por más de 100 cortes  de ruta.

Por su parte, las organizaciones sociales se movilizaron por el intento de congelamiento a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en apoyo a los trabajadores, en contra de las reformas regresivas que busca el gobierno de Milei. Entre ellas se hicieron presentes: Territorios en Lucha, Federación Nacional Territorial (FeNaT), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Polo Obrero (PO), Frente Popular Darío Santillán, MTS, entre otras. Algunos de los cortes se realizaron en los puentes Pueyrredón, La Noria y Saavedra, en La Plata y Brown.

Entre los oradores que pasaron por el micrófono abierto, Charly Fernández del FOL  remarcó que “la unidad no es una opción, es el único camino que existe, es la política que tenemos que tener porque vienen por todo”. A su turno, Noemí «La Negra» Fernández, presidenta Centro de Jubilados y Pensionados ATE Capital resaltó que “a pesar de los adversidades salimos a las calles. No estamos dispuestos a aceptar la política de este gobierno fascista, entreguista y en contra de los trabajadores. Somos hombres, mujeres y diversidades que vamos a seguir en la calle. Sin un Estado grande no hay revolución posible”.

El contexto

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre del año, el 43,2 por ciento de los trabajadores está en situación de informalidad. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en diálogo con ANCCOM, dijo que “esta reforma tiene por finalidad disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso el argumento del gobierno mediante el cual esta reforma va a permitir mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir, esta gente no va a lograr crear un solo puesto de trabajo”. El dirigente gremial, además alertó que “nos quieren vender pasado por futuro. Si quitamos derechos a los trabajadores dicen Milei, Caputo y Sturzenegger, y además si eliminamos las penalidades para aquellos empleadores que no registren a sus trabajadores, se va a crear más empleo y va a bajar la informalidad. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Fracasaron. Porque para que eso ocurra hay que volver a industrializar la Argentina, hay que volver a recuperar el mercado interno”.

Sobre el posible tratamiento de la reforma en el Congreso, el dirigente consideró que “están envalentonados con el resultado electoral. Si el gobierno insiste en tratarla en diciembre, nosotros no tenemos ningún problema en pasar la Navidad y el año nuevo sobre las rutas y sobre las calles. No van a poder volver a encender la motosierra del Estado”.

Según detalló Flavio Vergara secretario de Convenios Colectivos de ATE y referente de la Coordinación Nacional de Salud “la situación salarial es crítica, los trabajadores estatales perdimos el 37,7 por ciento de nuestros ingresos. Nunca en la historia en dos años se perdió tanto salario y 60 mil puestos de trabajo, con el agravante de que el Estado quiere despedir un 10 por ciento más”. En la actualidad, los trabajadores del estado son aproximadamente 300 mil, si se ejecuta el porcentaje de despidos, implicaría 30 mil nuevos desocupados. Además, Vergara especificó que “para diciembre tenemos la sombra de los contratos anuales que no se renuevan, lo que significa la sombra de los despidos sobre más de 70 mil trabajadores que son contratados”.

“Tenemos un 40 por ciento de compañeros por debajo de la línea de pobreza, y un casi 15 por ciento en la línea de indigencia. En datos concretos, los trabajadores del Personal Civil de Fuerzas Armadas arrancan con un salario de 359 mil pesos, los del INTI con 390 mil, los del Sistema de Empleo Público 553 mil, SENASA 588 mil, la Comisión de Actividades Espaciales 594 mil pesos; todos en bruto, sin descuentos. Son salarios miserables”, especificó Vergara.

La situación de los empleados del Estado no escapa del pluriempleo, una de las estrategias de todos los sectores para poder vivir con dignidad. Para Vergara “esto rompe la lógica de que el día debe tener ocho horas de trabajo, ocho de esparcimiento y ocho de descanso. Hay compañeros que trabajan más de 12 horas pero no como horas extras sino como sobreexplotación laboral”.

Sobre la reforma laboral, el gremialista observó que “es una reforma patronal porque beneficia a los empresarios. Hay un uso maniqueo de las palabras por parte de esta gestión de gobierno. Todo a lo que le dicen reformas es pérdida de derechos para la clase trabajadora”.

Algunas dependencias del Estado

Desde la Administración de Parques Nacionales hicieron un ruidazo en la puerta del instituto exigiendo un aumento de salario porque cobran 500 mil pesos y “los compañeros y compañeras no están llegando a fin de mes”, declaró a ANCCOM Yanina Pereyra, delegada de la Junta Interna. “Estamos preparando una movilización para el 18 de diciembre al Ministerio de Desregularización para exigir el aumento salarial”, adelantó la delegada a esta redacción. Sobre la situación de los trabajadores, Pereyra dijo que “la gente está muy endeudada, ya no tiene más de dónde pedir un crédito para seguir comiendo y es una preocupación que nos está alarmando muchísimo, la gente ya no puede llegar a fin de mes ni siquiera en el principio de mes”.

En el caso de Parque Nacionales, se encargan de proteger los recursos naturales, lo más valioso del país. Al respecto, Pereyra destacó que “quieren modificar la ley de glaciares para extraer petróleo de los ambientes periglaciares lo que pone en riesgo también al mismo glaciar que es quien abastece los cuerpos de agua de todo el país”. Agregó que “quieren privarnos del derecho más elemental que es el agua”.

La delegada de la Junta Interna de Trabajo, Lorena Ciolek alertó sobre un nuevo cambio en la estructura de lo que era Ministerio de Trabajo, actual Secretaría. “Esto posiblemente signifique despidos o eliminación de áreas enteras, no es casual que lo presenten cuando se discute la reforma laboral”. La delegada detalló que en la reestructuración anterior “cerró la Secretaría de Inclusión que trataba con problemáticas de género y violencia laboral. Esta gente percibe al Estado como un obstáculo en el funcionamiento del mercado y nosotros somos una molestia. Hay una lectura muy superficial, no se comprende en profundidad por ejemplo por qué hay un área de estudios laborales en el Ministerio de Trabajo, de ahí sacamos los indicadores para que las políticas estén avaladas y afianzadas por métodos científicos”.

También desde el CONICET adelantaron que este miércoles realizarán una movilización al Polo Científico a las 11 de la mañana en reclamo por la cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) que se suma a toda la situación de los trabajadores del Estado.

La situación de las organizaciones sociales

Mercedes Fossat, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha contó que movilizan “en contra de la reforma laboral que va a tener un impacto sobre el conjunto de la clase trabajadora en general y por la defensa de la Asignación Universal por Hijo y del salario familiar porque entendemos que en este contexto de aumento de la pobreza la ayuda por parte del Estado a los sectores más empobrecidos para llegar a fin de mes es esencial para que el pueblo pueda sostener niveles mínimos de supervivencia”.

Por su parte, Dámaris Rolón, vocera de la Coordinadora por el Cambio social consideró que “el ajuste es violencia patriarcal porque somos los cuerpos feminizados, las mujeres, las disidencias quienes nos ocupamos de sostener las tareas de cuidado y los núcleos familiares, y las que accedemos a los trabajos peor pagos y más precarizados”. La vocera agregó que “el ajuste y congelamiento de la AUH, que es un ingreso que mayoritariamente lo cobran las jefas de hogar, va a redundar en un recrudecimiento de situaciones de violencia porque le quita a esta mujer la posibilidad de sostenerse por medio de changas más el complemento de la asignación, de sostener la canasta de cuidados a sus niñeces. Se disminuye la barrera que le estamos poniendo al avance del hambre, de la desnutrición infantil y al narcomenudeo del que pueden ser víctimas las madres que no llegan a darle de comer a sus hijes. Las mamás exponen su vida, su salud, su seguridad para poder bancar el plato, eso es bastante común”.

El mes de diciembre suele ser un mes caliente en la historia argentina, ¿no será la excepción en este 2025 bajo el gobierno de Javier Milei. Algunos sectores ya comprendieron que la clave es la unidad. ¿Podrán frenar al gobierno?

Amargas golosinas

Amargas golosinas

Dic 6, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Georgalos aplica un esquema escalonado de suspensiones que reduce el salario de los trabajadores, quienes temen que regresen los despidos que ya padecieron este año.

La fábrica de golosinas Georgalos aplica un esquema de suspensiones que afectará a los más de quinientos trabajadores de la planta de Victoria. De manera escalonada y de a tandas de ochenta operarios, la empresa empezó a notificar suspensiones por el lapso de quince días. La medida que comenzó a regir a fines de noviembre afecta fuertemente a los trabajadores que pasarán a cobrar el 80% del sueldo, no tendrán premio por productividad, ni se les pagarán las cargas sociales.

 

¿Dónde está la crisis?

Georgalos justifica las suspensiones: “en virtud de la delicada situación económica de público conocimiento provocada por la crisis económica y financiera que atraviesa el país, y siendo un caso de extrema fuerza mayor, se requiere del esfuerzo conjunto de la comunidad productiva para la continuidad de la empresa”, manifiestan en el acta donde dan a conocer el acuerdo. Por su parte, los trabajadores suspendidos señalan que la fábrica no está atravesando una crisis: “Están viendo de aumentar su producción en Río Segundo y otras partes de Córdoba; están buscando inversores por doscientos millones de dólares para expandir su negocio en Latinoamérica; son sponsor en el torneo de primera división de la AFA y también en programas de prime time como el de Guido Kazca; sumale a que hace unos meses uno de los directivos salió por todos lados a decir que lanzan su primera línea de helados”, comenta Miguel Maciel, uno de los trabajadores suspendidos, en diálogo con ANCCOM y agrega: ¿Dónde está la crisis? La única crisis que veo acá está en los bolsillos de los trabajadores”.

 

“Georgalos nos suspende bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que dice que tienen que tener un argumento fuerte de crisis para darle curso a la medida. Para nosotros ese artículo está mal aplicado, porque no vemos una crisis evidente en la fábrica”, explica Maciel y agrega: “A lo sumo, lo que puede haber es una merma de la ganancia, algo que lejos está de ser una crisis. Ante esto, la empresa se pregunta ¿cómo podemos mantener la rentabilidad? y la solución que encuentran es reducir la masa salarial con este cronograma de suspensiones”.

 

Un acuerdo ilegal

El acta de suspensiones fue firmada sólo por la empresa y directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), quienes dejaron afuera del acuerdo a la Comisión Interna, que es la representación primaria de los trabajadores en la fábrica. “Sostenemos que el acuerdo es ilegal porque se firmó de espaldas a la Comisión Interna. No puede haber ningún acuerdo que modifique nuestra realidad sin su consentimiento” remarca Maximiliano Montero, uno de los trabajadores suspendidos, y destaca que además el acuerdo empezó a regir sin ser homologado ante el Ministerio de Trabajo.

 

“Denunciamos la ilegalidad de las suspensiones no solo por la mala implementación del artículo 223 bis y la no participación de la comisión interna, sino porque además suspendieron a compañeros que cuentan con fueros gremiales”, advierte Maciel sobre la gravedad de la situación y agrega: “Se hizo asamblea en la fábrica y se votó rechazar el acuerdo. Por eso la Comisión Interna está tratando de impugnar el acta”.

El antecedente de mitad de año

“En este último tiempo, los trabajadores industriales, y no sólo en Georgalos, estamos sufriendo un ataque brutal que se ve reflejado en el deterioro de nuestra calidad de vida”, explica Montero, quien fue uno de los cinco trabajadores despedidos ilegalmente en junio de este año después de acatar una huelga convocada por el sindicato. Tras meses de lucha, la justicia laboral dispuso en primera instancia la reincorporación de tres de ellos –quienes hoy se encuentran suspendidos–, mientras que los dos restantes continúan exigiendo la reinstalación efectiva a sus puestos de trabajo.

 

“Nosotros lo que queremos es trabajar. No queremos ningún tipo de resarcimiento, queremos la reincorporación definitiva”, comenta Maciel, quien también fue despedido ilegalmente en junio. “Nos echaron sin un mango y peleamos solos porque ahí ni estuvo la CGT ni el sindicato. Fue a partir de la pelea que dimos nosotros junto a nuestros compañeros y a otras organizaciones solidarias que pudimos lograr la incorporación” remarca Montero y agrega: “Ahora que contamos con esa experiencia legal, nos toca hacerle frente a las suspensiones ilegales”.

 

Una reforma laboral de hecho

“Lo que advertimos es que valentonada por el triunfo del gobierno en las últimas elecciones, la empresa está queriendo llevar adelante una reforma laboral de hecho”, indica Maciel y, en la misma línea, Montero agrega: “Esto no empezó ahora con las suspensiones, sino que durante todo el año vimos cómo la empresa avanzó en aumentar los volúmenes productivos, flexibilizar nuestras condiciones de trabajo, vulnerar un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga y congelar nuestros salarios”.

 

Hoy, 6 de diciembre, en zona norte se organiza un encuentro de trabajadores sindicalizados, movimientos sociales y sindicatos combativos en el que van a participar los operarios suspendidos de Georgalos. “Ante la no actuación de los sindicatos y de la CGT a los trabajadores de a pie nos quedan dos opciones: o lloramos y aceptamos lo que quieren los empresarios –y eso va a ser perjudicial para nosotros y nuestra familia– o nos organizamos y empezamos a pelear,” concluye Montero.

Caromar despidió a 75 trabajadores

Caromar despidió a 75 trabajadores

Dic 3, 2025 | Destacado 4, Trabajo

La ola de despidos que sufre el país no se detiene. Ahora la distribuidora mayorista cerró este fin de semana sus sucursales de San Justo y Mar del Plata, dejando 75 nuevos desempleados. En la filial del conurbano se realiza un acampe en busca de garantizar, por lo menos, las indemnizaciones.

Otro acampe de trabajadores ante una empresa cerrada. Este martes 2 de diciembre, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, representantes del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de Zona Oeste se reunieron con apoderados de Caromar, distribuidora mayorista de productos de higiene y perfumería, que cerró intempestivamente sus puertas el lunes en las sucursales de San Justo y Mar del Plata, sin aviso ni pago de indemnización a 75 trabajadores que fueron despedidos.

“A mí me llamaron el domingo a las ocho de la noche para darme la mala noticia. Y en ese mismo momento pusimos al tanto a los delegados y a la secretaría gremial. Nadie sabía nada”, dice en diálogo con ANCCOM Javier Valenzuela, abogado de SEOCA, que relata: “El lunes, sin previo aviso, cerraron quizás la sucursal más grande, la de San Justo, donde hay unos 60 trabajadores, sin salarios devengados, sin indemnizaciones ni expectativas de indemnizaciones, invocando una causal de fuerza mayor. En virtud de eso hicimos un acampe afuera del establecimiento (no lo intrusamos) tratando de garantizar que no salgan los camiones con mercadería, a los fines de preservar el crédito de los trabajadores y trabajadoras. De inmediato pedimos una audiencia en el Ministerio, y hoy martes en la mañana se llevó a cabo la misma, que duró tres horas”, consigna.

Desde el SEOCA enfatizan que el conflicto no es por el cierre de la empresa, sino por el pago de salarios e indemnizaciones. Desde el área de prensa se informó a ANCCOM que en la reunión se acordó un plazo hasta el viernes para cancelar el mes de sueldo adeudado. La medida de fuerza se mantendrá hasta que ese pago se acredite. Luego se pactó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 9 de diciembre, día en que se negociará el porcentaje de la indemnización.

“El sindicato amenazó con extender el conflicto a las otras sucursales que están dentro de nuestra jurisdicción”, retoma Valenzuela, “lo que obviamente queremos evitar, porque no queremos que salpique a ellas cualquier represalia, sobre todo por el modo drástico en que la empresa llevó a cabo esta acción. Pero, cuidando ese detalle, nosotros hicimos hincapié en que las condiciones son el pago de los salarios adeudados, la liquidación final (con aguinaldo y vacaciones proporcionales) y entrar a discutir las indemnizaciones en estos días que vienen”.

Según el SEOCA, la empresa mandó los telegramas de despido amparándose en el imperativo de fuerza mayor, que permite pagar el 50% de las indemnizaciones prestablecidas. Desde el sindicato arguyen que la empresa no habría realizado las presentaciones necesarias para el beneficio, por lo que correspondería el depósito íntegro de la indemnización.

“La Ley del Contrato de Trabajo establece un Procedimiento Preventivo de Crisis”, explica el abogado, “que es un trámite administrativo en el cual la empresa debe fundar la situación de crisis. Recién ahí, si están dadas las condiciones, se autoriza a las medidas que pueden ser despidos, suspensiones o lo que sea. La empresa no ha hecho eso, y con eso ha obstaculizado la viabilidad del 50%. Pero tampoco hoy en la audiencia dijo cuanto quería pagar, porque el apoderado de la empresa no tenía un mandato firme”, relata.

En su recuento de los hechos, Valenzuela enfatiza que desde el SEOCA ya habían citado hace dos meses a representantes de Caromar: el cuerpo de delegados de una de las sucursales, que casualmente no fue la afectada por el cierre, detectó una falta importante en la reposición de productos, lo que generó inquietud en el personal. Desde la empresa aseguraron que no habría cierre, que simplemente no había demanda suficiente para reponer la cantidad que había antes.

“Pero los trabajadores advirtieron que eso no era común”, sigue el letrado, “porque han atravesado otras etapas similares donde eso no había ocurrido. Básicamente es una táctica de acorralar a los trabajadores sacando ventaja de la necesidad, sobre todo porque terminó el mes y no les pagaron los sueldos. Y el sindicato fue firme en no deponer las medidas de fuerza hasta no esté acreditado el crédito éste. El crédito que hace a la supervivencia, ¿no? Después tenemos por delante la discusión de la reparación del daño, que no es otra cosa que las indemnizaciones de ley”.

En Mar del Plata, en tanto, fueron despedidos otros 15 trabajadores. “Nos enteramos por los medios”, dijo al portal 0223 Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica. “El sereno del turno tarde-noche fue y se dio cuenta de que le habían cambiado la cerradura al lugar y que habían puesto gente de seguridad privada”.

Pocos días atrás, la multinacional Whirlpool anunció el cierre de una planta en Pilar, resultando en el despido de 220 trabajadores. Por las mismas fechas, la fábrica de ollas Essen redujo su personal en Venado Tuerto, con más de treinta despedidos. En La Rioja cerraron la textil Luxo y la fábrica de calzado Vulcalar, perdiéndose entre ellas 120 puestos de trabajo. La empresa norteamericana Naschel se fue de San Luis, con más de 50 despidos, y se sumaron 80 suspensiones en la planta Georgalos de Victoria.

Efecto dominó

El cierre de la fábrica de Caromar está lejos de ser un caso aislado. Pocos días atrás, la multinacional Whirlpool anunció el cierre de una planta en Pilar, resultando en el despido de 220 trabajadores. Por las mismas fechas, la fábrica de ollas Essen redujo su personal en Venado Tuerto, con más de treinta despedidos. En La Rioja cerraron la textil Luxo y la fábrica de calzado Vulcalar, perdiéndose entre ellas 120 puestos de trabajo. La empresa norteamericana Naschel se fue de San Luis, con más de 50 despidos, y se sumaron 80 suspensiones en la planta Georgalos de Victoria.

“Nosotros no desconocemos la situación de crisis que atraviesa el país”, sigue Valenzuela, “Obviamente, también muchos sectores empresarios han sido accionistas de esto, y hoy ven salpicado su propio comportamiento en sus actividades económicas. La actividad comercial, mayorista y supermercadista está cada vez más complicada, y esto avizora un sinfín de conflictos. Y lo que tenemos también es que, a raíz de que muchas empresas se van animando a tomar medidas de esta naturaleza, se genera un efecto dominó donde otras que, por la razón que sea, lo tenían de algún modo retraído, ahora se animan, porque saben que en principio no hay sanciones, no hay medidas. El Estado mira para el otro lado, y hay una apatía social que también contribuye a este desmadre”.

El gobierno del presidente Javier Milei ha afectado con fuerza el tejido industrial argentino. Esto se debe gran medida a la drástica apertura a las importaciones y, de la mano con lo anterior, a la apreciación del peso frente al dólar, que dificulta competir ante las producciones internacionales. Todo esto en un contexto donde aumenta el costo de vida, disminuye el consumo y, como si no fuera poco, se pierden cada vez más puestos de trabajo.

“Toda la política del gobierno pareciera fijarse en pisar el dólar para que no haya inflación”, cierra el abogado,“Y hoy pensaba que, si bien en Argentina ha sido un fenómeno bastante preocupante, Guatemala debe tener un 2% de inflación y 80% de pobres: no es ese el camino con una economía absolutamente retraída, aplastada, donde no se avizora ningún futuro. Así que nada, ponemos las esperanzas en que esto pueda revertirse: los trabajadores estamos atravesando una tragedia que nunca imaginamos, así que esperamos torcer la historia y cambiar el rumbo de las cosas”.

Los empresarios propusieron cuatro mil pesos de aumento del salario mínimo (no es un chiste)

Los empresarios propusieron cuatro mil pesos de aumento del salario mínimo (no es un chiste)

Nov 27, 2025 | Destacado 2, Trabajo

No hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios en la reunión que se realizó para fijar el nuevo salario mínimo, vital y movil. Ahora definirá el Gobierno. Hubo movilización gremial y de movimientos sociales.

La jornada comenzó cerca de las 10 de la mañana cuando empezaron a llegar a las puertas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en Alem 650. Los trabajadores de las dos CTA, ATE, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo  Obrero (PO), el Frente Territorios en Lucha, La Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones sociales, marcharon a la espera de la reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En total unas dos mil personas y cortaron dos carriles mano a provincia entre banderas y bombos.

La reunión de la que participaron la CGT, CTA y CTA Autónoma, las cámaras empresariales y el gobierno se realizó de manera virtual –lo que ya aventuraba una mera formalidad del encuentor- y no llegó a buen puerto. Sin acuerdo, es el Estado quién define el nuevo monto.

Mientras la CGT exigía un salario mínimo de 512.000 pesos, la CTA Autónoma puso sobre la mesa la necesidad de 644.000 pesos de mínimo con sus respectivos incrementos mensuales. La oferta de las cámaras empresarias no cumplió con las expectativas, la propuesta fue la módica suma de 326.000 pesos con aumentos hasta abril que alcanzan los 349.000 pesos. Desde agosto, el salario mínimo está en 322 mil pesos, pasados tres meses, la oferta del sector empresarial significa un aumento de 4 mil pesos. Luego del cuarto intermedio y de que las partes no lograran un acuerdo, el gobierno les notificó que resolverá el aumento mediante un decreto. Esta situación se repite desde hace dos años y el Gobierno de Javier Milei siempre define en sintonía con las propuestas empresariales.

Además del aumento del salario mínimo, los sindicatos y organizaciones exigen la recomposición de ingresos para los trabajadores de la economía popular a través de un Salario Social Complementario, la restitución de políticas alimentarias y un bono de fin de año.

La canasta básica total según el INDEC es más del triple del monto del salario mínimo actual. La importancia de este acuerdo radica en que el SMVM es una suma que tracciona para abajo la remuneración de los empleados bajo convenio, a las trabajadoras de casas particulares, los rurales, los estatales locales y provinciales, de la economía popular, y los programas sociales. Además, en base al SMVM se definen las asignaciones de planes sociales y otras prestaciones, como por ejemplo la que reciben durante tres años los chicos que a los 18 años egresan de un hogar sin haber sido adoptados por una familia.

Movilizados y en unidad

La presión de la movilización se hizo sentir desde temprano pero no alcanzó para torcer un guion que parecía escrito de antemano. Todo se desarrolló en orden y algunos referentes pudieron hablar desde un camión con parlantes que probablemente nadie en la reunión virtual llegaba a escuchar. Entre los expositores, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, destacó: “Nos organizamos en unidad más allá de la relación formal o informal con el empleo, es la tarea que estamos construyendo y nos enorgullece”.

A su turno, Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP consideró que “estamos en manos de un gobierno que vino a favorecer a las corporaciones económicas”. Además, exigió que “se restituyan los alimentos de los barrios populares y comedores comunitarios”.

También estuvo Eduardo Belliboni, dirigente del PO, quien destacó que “la inflación se está comiendo los salarios”. Y alertó que las reformas que impulsa el gobierno buscan “arrasar con las conquistas del conjunto de los trabajadores”. En esta sintonía, el dirigente advirtió que “va a crecer la desocupación con la reforma de Milei. Huelga y paro general es nuestro principio. Si hay un paro vamos a estar todos a la calle ¿o hay alguna duda?”.

Estos sectores dejaron expuesto al gobierno, las reformas que tiene en carpeta y la situación de todo el colectivo de trabajadores, jubilados y de la sociedad en general. Pusieron de relieve lo que se viene: discusiones por zoom desde las que no se escucha a los trabajadores.

 

“Nos quitaron el lugar, pero no lo que somos”

“Nos quitaron el lugar, pero no lo que somos”

Nov 19, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Desalojadas por el Gobierno porteño del local donde funcionaban en Palermo, las trabajadoras del proyecto autogestivo de estética “Bell”, parte del colectivo YoNoFui, reconstruyeron su emprendimiento en el barrio de Flores. “Seguimos existiendo”, afirman.

“Fue un golpe seco, inesperado. A las cinco de la mañana me llaman por teléfono y me dicen: ‘Flor, están vallando todo’. Salí corriendo y cuando llegué ya estaba lleno de patrulleros, camiones, policías con cascos. Pregunté qué pasaba, y uno me dijo: ‘Desalojo’. Le pedí la orden y me contestó, con toda la soberbia del mundo: ‘Buscala en el Boletín Oficial’. Así, sin más”, recuerda con bronca y tristeza Florencia Rodríguez, integrante de YoNoFui, una asociación civil sin fines de lucro que busca dar contención y herramientas a mujeres en situación penitenciaria y a las que recuperan su libertad.

El 1° de agosto, la Policía de la Ciudad desalojó el local de Bonpland 1660, en el barrio de Palermo, donde funcionaba Bell, la cooperativa de estética y cuidados corporales de la organización YoNoFui, colectivo antipunitivista, transfeminista y abolicionista penal, con más de 23 años de activismo e integrado por personas LGTBQ+ y mujeres CIS. No hubo orden judicial ni aviso previo. Solo vallas y la fuerza de un Estado que decidió irrumpir sin diálogo en un espacio autogestivo construido durante años por mujeres y disidencias.

No era un local comercial cualquiera. Era un espacio de trabajo, de formación y de cuidado colectivo, sostenido por personas que atravesaron contextos de encierro o vulnerabilidad. “Ahí teníamos todo: nuestras herramientas, nuestras cosas, pero también nuestros vínculos. Era el lugar donde nos encontrábamos, donde hablábamos de la vida, donde aprendíamos juntas”, cuenta Rodríguez.

La cooperativa nació en 2020, en plena pandemia, dentro del entramado de YoNoFui, organización fundada en 2001 por la artista y militante María Medrano. Desde sus inicios, YoNoFui trabaja dentro y fuera de las cárceles con mujeres y disidencias privadas de libertad, ofreciendo talleres de arte, oficios, comunicación y acompañamiento integral.“Es un movimiento donde creemos que nadie se salva solo, y que las salidas colectivas se construyen desde abajo, desde lo comunitario”, explican desde la asociación.

Con el tiempo, lo que empezó como un espacio artístico se convirtió en una red de trabajo cooperativo y se fueron sumando emprendimientos: un taller textil, un espacio editorial, una huerta agroecológica y, más recientemente, Bell.

“Bell surgió de la necesidad de laburar, pero también del deseo de crear algo nuestro. En la pandemia no había trabajo, todo estaba parado, y nosotras empezamos a pensar cómo salir adelante. De ahí nació la idea de abrir un espacio de estética, de cuidado, de belleza, pero con otra mirada: no una que repita los estereotipos del mercado, sino una que ponga en valor el cuidado mutuo, la autoestima y la autonomía”, relata Jimena Delgado, compañera del colectivo.

“Toda belleza es política. Porque los estándares de belleza que nos imponen son violentos, coloniales, inalcanzables. Nosotras apostamos a otra cosa: a la belleza de lo real, de lo diverso, de lo que se construye entre compañeras”, explica Delgado.

Rodríguez tiene 32 años, vive en el conurbano y se acercó a YoNoFui hace cuatro años, cuando buscaba aprender un oficio. “Había hecho algunos cursos sueltos, pero lo que encontré ahí fue otra cosa. No era solo aprender, era formar parte de algo. Me sentí acompañada desde el primer día”.

Empezó en un taller de masajes, después se perfeccionó en manicuría y cuidados corporales. Con el tiempo, se convirtió en parte de la familia. “Nosotras decimos que la belleza también es una forma de militancia. Porque cuando vos pasaste por situaciones de violencia o exclusión, volver a mirarte al espejo con amor es un acto político. Nos enseñamos eso unas a otras”.

Delgado lleva más de nueve años en la organización. “Soy manicura hace doce años, y conocí YoNoFui a través de una compañera. Al principio iba a dar una mano, después me quedé. Soy mamá de una nena de diez, y este espacio me cambió la vida. Me dio una red, un sentido, una posibilidad de crecer sin tener que competir, sin tener que demostrarle nada a nadie”.

Ambas coinciden en que Bell no solo era una fuente de ingresos, sino un refugio afectivo. “Era un espacio donde podía ser yo misma. Donde nos escuchábamos, nos cuidábamos. Donde, si una estaba mal, las demás la acompañaban. Eso no se compra en ningún lado”, destaca Delgado.

El operativo del 1° de agosto duró apenas unas horas, pero sus consecuencias todavía se sienten. “Fue completamente desmedido. Había como cincuenta policías, camionetas, camiones. Cerraron la calle y no dejaron entrar a nadie. Ni siquiera a las abogadas de la organización”, relata Rodríguez.

“Entraron, rompieron cosas, se llevaron tres camiones llenos con nuestras herramientas, los muebles, los materiales de trabajo. Todo eso que habíamos comprado con esfuerzo, con rifas, con donaciones. Nadie nos notificó nada, nadie mostró una orden. Solo nos dijeron que el terreno era del Gobierno de la Ciudad y que teníamos que irnos”.

El Gobierno porteño se amparó en una resolución administrativa que habilita el desalojo de espacios considerados “ocupaciones ilegales”, sin intervención judicial. Pero para las trabajadoras, esa explicación no alcanza. “Bell no era una ocupación, era un espacio de trabajo reconocido, con cooperativas inscriptas, con talleres abiertos a la comunidad. No se trataba de un edificio vacío, sino de un proyecto vivo”, enfatiza Delgado.

 

Reconstruir entre todas

A los pocos días, las integrantes de Yo No Fui organizaron una conferencia de prensa frente al galpón. “No queríamos dejar que el silencio se impusiera. Nosotras no somos invisibles”, afirma Delgado. La organización también recibió el apoyo de otras cooperativas, medios comunitarios, redes feministas y organismos de derechos humanos. “Fue impresionante la solidaridad. Gente que no conocíamos se acercó a ofrecer materiales, herramientas, donaciones. Se armó una red enorme”, subraya Rodríguez.

Dos semanas después, tras insistir con abogados y con la Defensoría del Pueblo, lograron recuperar parte de lo que se habían llevado. “Nos entregaron las cosas en bolsas, muchas rotas, otras mojadas. Pero, aun así, empezamos de nuevo. Alquilamos un local en Flores y volvimos a abrir. No podíamos quedarnos quietas. No podían desalojar nuestras ganas”, dice Delgado.

Hoy Bell sigue funcionando en su nuevo espacio. Allí dictan talleres de manicuría, masajes, depilación, estética facial y corporal, y cursos de autogestión económica. También brindan servicios abiertos al público, siempre desde una mirada crítica y feminista.“Toda belleza es política. Porque los estándares de belleza que nos imponen son violentos, coloniales, inalcanzables. Nosotras apostamos a otra cosa: a la belleza de lo real, de lo diverso, de lo que se construye entre compañeras”, explica Rodríguez.

En el nuevo local, los espejos están decorados con frases que resumen esa filosofía: “Cuidarnos es revolucionario”, “Ninguna belleza sin comunidad”, “No hay cuerpo equivocado”.“Lo que hacemos es también acompañar procesos personales. A veces vienen compañeras recién salidas del encierro, con la autoestima por el piso. Y el simple hecho de compartir un mate, de enseñarles a hacer uñas o masajes, de charlar, ya cambia todo. Bell no es solo trabajo, es sanación colectiva”, dice Delgado.

El desalojo de Bell no fue un hecho aislado. En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad ha avanzado sobre varios espacios culturales y sociales bajo el argumento de “recuperar inmuebles”.“Hay una política de vaciamiento de los espacios comunitarios. Se prioriza la especulación inmobiliaria por sobre el trabajo social. Palermo es un barrio que fue gentrificado al extremo. Nosotras estábamos en un galpón donde no molestábamos a nadie, pero claro: al lado hay cervecerías y hoteles boutique. El problema no somos nosotras, es el modelo de ciudad que ellos defienden”, reflexiona Delgado.

“No pedimos caridad, pedimos respeto. Somos trabajadoras. Lo que hacemos tiene valor, y también tiene impacto social. Muchas de las chicas que pasan por Bell logran después alquilar un espacio, abrir su propio emprendimiento, salir adelante. Eso es lo que el Estado debería acompañar, no castigar”, agrega Rodríguez.

Hoy, meses después, Delgado y Rodríguez sonríen al recordar todo lo que lograron reconstruir. “Fue un sacudón, pero también una prueba de lo que somos capaces de hacer juntas. Nos quisieron desalojar, pero no se puede desalojar una red”, sostiene Jimena. Florencia la escucha y asiente: “Seguimos existiendo y celebrando nuestro espacio. Nos quitaron un lugar, pero no pudieron con todo lo que construimos juntas. Bell va a seguir, porque nació del amor, del trabajo y de la convicción de que merecemos una vida distinta”.