“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% en términos presupuestarios.

Encuentro en la Asociación de Mujeres en Argentina por los Derechos Humanos AMADH.

En un contexto de gran vulnerabilidad social y económica, la gestión de Javier Milei parece esforzarse en darle la espalda a las personas que más necesitan del accionar y el acompañamiento del Estado. En el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas que les brindan ayuda económica y asistencia enciende las alarmas.

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En lo que va del año, programas como “Restituir” y el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de Competencias Laborales para las Afectadas y los Afectados por los Delitos de Trata de Explotación de Personas” fueron eliminados a partir de la Resolución 246/2025.

Sumado a esto, el Decreto 1048/2024 ya había dejado sin efecto el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, que tenía por objetivo administrar los bienes muebles e inmuebles decomisados en causas judiciales relacionadas con los delitos de trata y explotación de personas, y el lavado de activos provenientes de dichos delitos, para luego ponerlos a disposición de las víctimas.

Además, el último informe realizado por la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) denuncia que el Comité contra la Trata, que funcionaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue trasladado, por medio del Decreto 318/2024, al ámbito del Ministerio de Seguridad, situación que no es recomendada por los organismos internacionales debido a la larga historia de connivencia entre las fuerzas de seguridad y el control de los prostíbulos.

En diálogo con ANCCOM, la doctora Aldana Ros, especializada en la temática de delitos de trata con fines de explotación sexual, expresa que “hay un incumplimiento de las obligaciones que fija para el Estado la Ley de Trata. El Estado tiene que brindar un acompañamiento y una asistencia no solo económica sino integral, que incluya recursos y herramientas que le permitan a una víctima llegar a imaginarse y comenzar un proyecto de vida”.

En este sentido, Ros remarca que no todas las víctimas son iguales. Cada una tiene sus propias particularidades, carga con una historia personal y con un derrotero que tiene que ver puntualmente con la trata. Por este motivo, es tan importante el acompañamiento que se les brinda y la atención a la salud física y mental para que logren desarrollarse, formarse y tener un trabajo. “Hay algunas víctimas que antes de ser explotadas sexualmente, cargan con otra vulnerabilidad de haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ya sea abuso sexual en la infancia o violencia física, verbal o psicológica en el ámbito intrafamiliar o alguna violencia que hayan recibido en algún vínculo de pareja. Es decir, son múltiples las causales por las cuales una persona ya tiene una determinada vulnerabilidad, y que la hacen más vulnerable a ser captada por aquellos sujetos que están detrás del delito de trata”, señala.

 Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH.

En este marco de abandono por parte del Estado, y también de complicidad para ocultar este delito, son las propias sobrevivientes agrupadas en diversas organizaciones sociales las que asumen la ardua tarea de acompañar a otras mujeres. Por su parte, Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH, expresa que “nos costó mucho el proceso de poder reconocernos primero como víctimas y después como sobrevivientes. Fue un proceso doloroso, pero fue bueno poder despertar y que nuestras propias voces sirvan para alentar a las nuevas generaciones. Desde ahí también una pelea interna nuestra de reconocernos como personas, porque este sistema nos había destrozado la autoestima, teníamos mucha culpa, cuando había un Estado muy cómplice con el proxenetismo”.

En AMADH, Graciela y sus compañeras trabajan día a día y codo a codo para visibilizar esta problemática hace más de veinte años. “En principio, nosotras nos organizamos para visibilizar los golpes y la persecución policial. Las instituciones que nos tenían que cuidar eran las mismas que protegían a los proxenetas y perseguían y eran cómplices de la explotación de las mujeres”, recuerda. Hoy en día, no es sólo patear las calles de Once, Flores y Constitución para hacer un relevamiento de las personas que se encuentran en esta situación, también es poner la oreja, construir un vínculo y acompañarlas en el difícil proceso de reconocerse como víctimas y llegar a la instancia de la denuncia.

Por su parte, Elena Moncada, sobreviviente y fundadora de la Asociación Civil Mujeres por los Derechos, hace lo propio desde “La Casita”, un centro de día ubicado en el barrio de Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. Allí se dictan talleres de oficio, de panificación, textil, manualidades, para sacar a las compañeras de la calle. “De esa plata rápida hasta que vienen acá, hasta que se empoderan, cuesta mucho. Cuando viene una chica nueva que cuenta de su violación, nosotras no decimos ‘mirá, este es tu fiolo, los clientes son los que te violan’. Nosotras hablamos de nuestras historias, de la vida, de los hijos. Sin hostigarlas, cada una hace su proceso y así pasaron 25 compañeras que dejaron esa maldita esquina”, comenta.

A nivel provincial, Moncada denuncia que tampoco existe un acompañamiento para las víctimas por parte del gobierno. “No hay ninguna política pública, solamente nos usan cuando viene el Día de la Trata. Nos incluyen en alguna cuestión pero en todos estos años, desde el 2009 hasta esta parte, jamás se acercó una funcionaria a decir ‘chicas me voy a poner la camiseta’”.

En este marco, Ros también señala la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en los programas de las escuelas para luchar contra el delito de la trata en un contexto marcado por la sobreexposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en las plataformas. Esta situación influye en el incremento de estas redes delictivas que utilizan imágenes y videos para la comercialización, la explotación sexual y la vulneración de la identidad. “Cuando hablamos de trata tenemos que hablar de la educación sexual integral y su importancia desde los primeros años de vida, adaptando los contenidos pedagógicos, desde el enseñar lo que es el respeto al cuerpo propio y ajeno, el respeto a la dignidad humana”. Y agrega que “la realidad es que las asociaciones civiles terminan abordando y desbordadas también por ocuparse de temáticas en las cuales el estado tiene falencias en políticas públicas o que directamente ni siquiera las tiene”.

Muchas de las sobrevivientes relatan su historia en las escuelas, para que niños, niñas y adolescentes puedan preguntar y debatir acerca de este tema, como en el caso de Moncada. “Cuento mi historia en escuelas y surgen preguntas de los chicos a falta de educación sexual integral. Desde este gobierno se paró muchísimo, estamos peleando para que la ESI no se saque y activamos protocolos”, comenta.

En este sentido, queda claro que la solución no es eliminar las políticas públicas sino dotarlas de contenido para que funcionen correctamente. Y en este proceso, es fundamental la articulación entre las asociaciones de la sociedad civil y el Estado. No sólo para adaptar los contenidos a las necesidades de las mujeres, sino también para sensibilizar a los profesionales en el tema a partir del trabajo y el aprendizaje conjunto entre las sobrevivientes y los funcionarios públicos. “No queremos asistencialismo, sino programas sociales de contención. Que el Estado entienda que tiene que estar presente. Esa política integral tiene que estar al alcance ahora, no de acá a tres meses, porque cuando la mujer pide ayuda las políticas tienen que estar”, expresa Collantes. En la misma línea, Moncada reflexiona que “tenemos que estar más juntas que nunca. Necesitamos políticas públicas integrales para acompañar a esas chicas que si esos tipos no van, los pibes no comen, no les pueden comprar un guardapolvo o el fiolo las caga a palos”.

“Hay que reclamarle al Estado políticas de inclusión, de educación, trabajo y salud para nosotras. Un espacio de educación para que los profesores que vayan tengan una perspectiva de género no discriminatoria. El abolicionismo tiene que trabajar para fomentar el trabajo, el estudio, la inclusión social”, reflexiona Collantes. En ese sentido, Moncada concluye que “el abolicionismo existe porque existimos las sobrevivientes o supervivientes. A mí me recontra destruyó la cabeza, porque dije ‘pará, nosotras somos súper valorables porque estamos sacando personas de la calle, cuando el Estado no lo hace”.  

Mucha alegría para combatir tanta crueldad

Mucha alegría para combatir tanta crueldad

Una nueva Marcha del Orgullo se desarrolló en el Congreso, pero sobre las veredas porque el protocolo de Bullrich impidió la colocación de un escenario en la calle. A diez años del asesinato de la referenta Diana Sacayán, el colectivo LGTBIQ+ se congregó para seguir exigiendo vivir con dignidad.

Hace 56 años ocurrían las revueltas de Stonewall de 1969, donde un grupo de personas LGBTIQ+ se rebeló contra la policía en Estados Unidos. Desde ese día, cada 28 de junio se rememora este acontecimiento con distintas movilizaciones en diferentes partes del mundo que demuestran que el orgullo es revolución.

La tarde del sábado, un arco iris iluminó el Congreso, poco a poco se empezó a colmar la plaza que daba la bienvenida a todos los manifestantes. El comienzo sufrió algunas complicaciones ya que los agentes de urbanidad le prohibieron a la asociación organizadora armar un escenario para poder dar los discursos y hacer las presentaciones.

Pese a estos contratiempos, se pudieron desplegar sobre la vereda los altavoces, las luces y los micrófonos, y al rato un DJ puso a muchos a bailar al ritmo de la electrónica, cimentando así el ambiente que se potenciaría más tarde.

Yarali Nescano, activista trans analizó en diálogo con ANCCOM, las problemáticas que enfrenta el colectivo en la actualidad: “Seguimos reivindicando la reparación histórica, porque las compañeras adultas mayores de nuestro colectivo no tienen ni siquiera una jubilación mínima, viven con lo que pueden y algunas todavía se siguen parando en las esquinas”.

La Ley de Reparación Histórica, es un reclamo del sector desde hace muchos años para las adultas mayores sobrevivientes de más de 50 años que fueron perseguidas, no sólo en la dictadura, sino posdictadura a través de los edictos contravencionales. “Se trata de un reconocimiento no sólo económico, sino también simbólico a la persecución sistemática de un Estado cruel y violento contra nuestras identidades, contra nuestras existencias y contra nuestras vidas”, explicó Yarali.

Según la publicación Análisis de 12 sentencias a 10 años de de la Ley de Identidad de Género de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, solo una de cada dos sentencias por homicidios de mujeres trans o travestis fueron calificadas con encuadres jurídicos susceptibles de visibilizar la particularidad de las violencias por motivos de género y prejuicio contra la identidad trans/travesti. En correspondencia con esto, María Rachid, exlegisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dialogó con Anccom y explicó: “Hay mucha resistencia por parte de la justicia para aplicar estos agravantes, los jueces en general no consideran la motivación del odio hacia la orientación sexual, identidad de género y de expresión al incluir los agravantes, falta capacitación, protocolos que le den perspectiva de diversidad a los crímenes de odio”.

Por otro lado, un conjunto de organizaciones activistas por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ crearon un observatorio de crímenes de odio. En su informe sobre lo ocurrido en 2024 resalta la problemática que se encuentra a la hora del registro de los casos, ya que hay un subregistro considerable. No a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como tales, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay, bisexuales y de personas de identidades no hegemónicas se visibilizan como tales; sino que por el contrario, en muchos casos, se oculta la orientación sexual y la pertenencia a esta comunidad.

La marcha se caracterizó por denunciar a través de manifestaciones artísticas la realidad que atraviesa el colectivo: bailarines y cantantes tuvieron su momento en el escenario. El folklore fue protagonista de la velada, y al ritmo del chamamé y la chacarera muches se animaron a bailar y los que no, alentaban con las palmas y zapucays.

Cari Perotti, cantante de folclore, habló con ANCCOM sobre el cruce entre la música y la militancia: “No concibo la música sin militancia, siento que tenemos que estar presentes, hoy más que nunca, en las calles y a través del arte, porque el arte es transmisión de emociones, y en este caso, con los tiempos que corren, y con tanto discurso de odio hacia la comunidad, siento que es necesario también transmitir un poco de alegría. Creo fuertemente que estas son las pequeñas revoluciones y sin alegría no es posible, y menos trascender estos tiempos que corren”.

Otra presentación destacada fue la de el grupo Invisibles que busca transformar los conceptos arcaicos del folclore más relacionados a la tradición heteronormativa y los lleva hacia un lugar que contemple la diversidad, además de ser un espacio de denuncia social. La canción que presentaron en el festival que se armó en la marcha: “Del poder sos el gatito mimoso/ Les jubilades son tantos, entre comer o remedio/ Y vos golpeando y vetando”. .

Memoria marica en escena

Memoria marica en escena

Saraos Uranistas es una obra de teatro musical de Juanse Rausch sobre las fiestas de travestis y maricas, basada en archivos de psiquiatría y notas periodísticas de principios del siglo XX en Buenos Aires. Con humor y fantasía la obra tensiona esos registros oficiales y recupera las voces silenciadas de las personas queer de aquella época.

En la sala, antes de empezar, una espectadora le pregunta a otra: “¿Qué significa Saraos Uranistas?”. Los médicos de la obra lo cuentan a su alumnado, el público: así llamaba el sistema médico y policial higienista a las fiestas de maricas y travestis del siglo XX en Argentina. Desde entonces, se comienza a delimitar en los registros qué es ser mujer y qué es ser hombre, qué es la normalidad en el deseo y en las relaciones. De esta manera, construía un régimen visual para los cuerpos, fija identidades y conductas “normales”, basados en las percepciones morales de los médicos y policías.

A partir de una investigación minuciosa y delicada del archivo de psiquiatría forense y notas periodísticas de inicios del siglo XX en Buenos Aires, el dramaturgo y director Juanse Rausch propone una intervención política y estética. Busca quebrar el registro de los oficiales, los normativos, que escriben la historia de las personas queer. Saraos Uranistas propone reescribir la memoria para la comunidad trans y marica recuperando esas voces y cuerpos silenciados en los archivos históricos por ser y desear diferente.
Acompañadas por un piano en vivo (interpretado y compuesto por Gabriel Illanes), Manon, Dolores, Aída, la Princesa de Borbón, la Bella Otero cantan sus historias y sus fantasías: las maricas que son y las que les gustaría ser. Infiltran sus anhelos en la rigidez del discurso médico policial y lo tensan. En este musical surreal, un mito urbano se hace realidad: una sirena florece de las aguas chocolatosas del Río de la Plata y acompaña a las mujeres y maricas a escribir su historia.

 

“El futuro está detrás”, dice uno de los personajes. La tensión del archivo histórico permite imaginar otros futuros posibles, a partir de una relectura poética y corporal del pasado. “Traer al presente la historia de estas maricas es una forma de reivindicar nuestra memoria colectiva y honrar la creatividad de quienes nos precedieron en el activismo y en el arte”, afirma Manuel Di Francesco, quien interpreta a Manón:
Las increíbles interpretaciones de Lucía Adúriz, Di Francesco, Emiliano Figueredo, Tomás Wicz y Manu Fanego (reemplazando a Maiamar Abrodos), oscilan entre el canto, el chiste y el baile. Cada uno se desdobla entre dos personajes: un médico forense que enseña a detectar “desviados” y una marica o travesti de los Saraos, con acentos y registros cambiantes, con una flexibilidad actoral alucinante.
En esta oportunidad, el teatro funcionano solo como escenario sino como espacio de resistencia y memoria. “El teatro ha sido siempre un refugio para las personas queer. Hoy seguimos fortaleciéndonos gracias a producciones que ponen en primer plano nuestra mirada sobre el mundo”, señala Di Francesco.

Aunque Saraos Uranistas transcurre en el siglo pasado, la violencia hacia las personas trans, travestis, maricas y lesbianas sigue siendo una realidad. Por eso, recuperar estas memorias no es solo mirar hacia atrás, sino construir futuro con lo que quedó fuera del archivo: los cuerpos, deseos, risas y dramas, para erradicar el odio que creó el discurso médico-policial años atrás.

Saraos Uranistas podrá verse a partir del martes 17 de junio en el Galpón de Guevara a las 21hs (ya están las entradas a la venta).

Declaró la madre de Johana Ramallo

Declaró la madre de Johana Ramallo

A ocho años de la desaparición y asesinato de su hija, Marta Ramallo exigió saber por qué su cuerpo se encontró desmembrado en las costas del Río de la Plata.

El viernes 30 de mayo de 2025, los Tribunales Federales de La Plata fueron escenario de una jornada profundamente emotiva y significativa, con la declaración de Marta Ramallo, la mamá de Johana Ramallo, querellante en el juicio por trata de personas y comercio de estupefacientes en la «zona roja» de la capital provincial. La joven es una de las once víctimas de trata individualizadas en la investigación, cuyo cuerpo apareció parcialmente tiempo después.

A diferencia de la primera jornada, esta vez la palabra central fue la de Marta Ramallo. Y todo lo que sucedió a su alrededor –los abrazos, las presencias, las ausencias, los silencios y los gestos de complicidad entre quienes también llevan su duelo en el cuerpo– construyeron un clima que fue tan doloroso como reparador.

Desde temprano, la sala de audiencias del primer piso de los Tribunales comenzó a llenarse de personas que venían a acompañar. Afuera, organizaciones sociales, la radio de la Universidad de La Plata, referentes de Derechos Humanos, programas del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes de la UNLP y militantes feministas ocuparon la vereda con carteles, banderas, mate y micrófonos. Adentro, el clima era otro: más contenido, más formal, pero no por eso menos comprometido.

La sala estaba llena, entre todas esas personas, se encontraban familiares de otras víctimas de femicidio, como el papá de Natalia Melmann, que viajó especialmente para abrazar a Marta y acompañarla este momento. También estuvieron presentes integrantes del Programa Mariposas del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja desde la memoria activa para acompañar a familiares y construir espacios de reparación en la comunidad y que sigue de cerca el caso de Johana.

El silencio en el ambiente no era fácil de describir; se asemejaba a ese tipo de silencio que pesa, que no se rompe, que se sostiene. Marta caminó hasta el centro de la sala, se sentó, tomó el micrófono y, apenas la autorizaron, comenzó a contar su historia con una calma que no era calma, sino determinación.

Su mirada se mantuvo fija en los jueces. Respiró hondo. Su psicóloga, que la acompañaba, apoyó una mano en su hombro. Detrás de Marta, un puñado de personas la contenía con la mirada, con los puños cerrados, con lágrimas.

En la sala también se encontraban los imputados.“Esta es mi verdad, una que hace ocho años quiero escupir”, dijo apenas arrancó. No hubo dudas: lo que iba a decir no era solo para el expediente judicial. Era una declaración para la historia, ante los jueces Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo. Y sostuvo su reclamo por justicia: “Busco limpiar la memoria de Johana. Quiero saber qué le hicieron y que me digan qué pasó con su cuerpo”.

Marta Ramallo reconstruyó los últimos días de su hija, Johana, una piba de 23 años, madre joven, laburante, cariñosa, que desapareció en la esquina de 1 y 63, una zona de La Plata que el Estado abandonó hace décadas y que, como en tantas otras ciudades, fue copada por redes de explotación sexual y narcomenudeo.

Contó cómo Johana cayó en ese entramado. Cómo fue captada por un hombre mayor, Javier Novarini, quien la llevó a consumir y la introdujo en el circuito de la zona roja.“Él ya tenía la costumbre de captar pibas en estado de necesidad”, explicó ante los magistrados, tras remarcar que “estos ocho imputados no son los únicos”, que estarían implicados en la desaparición y muerte de Johana. No lo dijo como una denuncia aislada, sino como parte de una estructura que sigue operando. Ramallo nombró esa red con todas las letras: trata, explotación, narco, impunidad:“Pido que sean condenados como corresponde y les pido que hagan justicia por Johana”.

También habló de los silencios institucionales. Del peregrinaje por comisarías, por oficinas judiciales, por fiscales que no escuchaban. Del expediente que dormía mientras ella buscaba a su hija en la calle. Del tiempo que pasaba y de las pistas que se perdían. Porque mientras Marta Ramallo gritaba, el Estado callaba. Y la justicia también.

Marta no fue sola. Aunque su silla estuviera aislada, aunque su voz se proyectara al frente y no al costado, no habló solo por ella. Lo hizo por Johana y por otras víctimas. Habló desde el lugar incómodo en el que el sistema judicial obliga a las madres: dar testimonio como si fueran peritas de sus propias pérdidas. Como si tener que revivir cada detalle no fuera ya una forma de tortura.

La madre de Johana declaró sabiendo que estaba mirando a los ojos a una justicia que, durante años, le dio la espalda. Una justicia que recién ahora, ocho años después, se sienta a escuchar. Marta no se quebró. Fue precisa, contundente, valiente. Nombró con nombre y apellido a cada persona que considera responsable. Denunció cómo operaban, cómo se amparaban en la complicidad policial, cómo se borraban las pruebas. Pero también habló del amor. Porque en medio de ese relato tan crudo, Marta sostuvo una imagen viva de Johana: la de una piba alegre, llena de sueños, que amaba a su hija, que luchaba por salir adelante. No dejó que la narrativa judicial la reduzca a “una víctima más”. Johana no era solo un cuerpo descartado. Era una vida.

No bien terminó de declarar, Marta se levantó y salió acompañada por su psicóloga, no hubo preguntas de parte de los acusados, solo algunas puntuales por parte del tribunal: fechas, nombres, detalles. Marta respondió todo con claridad. En esta instancia, los acusados que llegaron a juicio son cinco hombres y tres mujeres: Carlos “Cabezón” Rodríguez, Hernán D’ Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia “La Negra” Benítez; Paola Erika Barraza, alias “Tormenta”; y Celia Giménez.

Al salir del tribunal, Marta no se fue en silencio. Volvió a decir lo que dice desde el primer día: pidió justicia. Justicia por Johana, pero también por todas. Porque sabe que su historia no es una excepción. Es un espejo.

El juicio por Johana Ramallo es una trinchera. No porque haya guerra, sino porque hay una defensa activa de la memoria, de la verdad, de la dignidad. Lo que está en juego es más que una condena. Es el derecho de Marta a no tener que explicar una y otra vez por qué su hija desapareció. Es el derecho a señalar a los responsables y decir: acá están. Es el derecho de Johana a ser recordada como lo que fue: una piba con sueños, con una hija, con ganas de vivir.

Y es también el derecho colectivo a no callar nunca más. Afuera, estaba el grito de las compañeras que la abrazaban y acompañaban la lucha con la voz de las mujeres “Johana presente, ahora y siempre”.

El juicio comenzó el 16 de mayo y las audiencias se desarrollan cada 15 días. La próxima será el 13 de junio y se transmitirá por el YouTubedel Poder Judicial bonaerense.

«Por más que se promuevan discursos de odio desde el Estado, hay un movimiento feminista muy organizado»

«Por más que se promuevan discursos de odio desde el Estado, hay un movimiento feminista muy organizado»

A diez años del primer Niunamenos, la activista Luci Cavallero habla de los logros de los feminismos desde entonces. El impacto de la deuda externa y de la crisis económica en la participación política de las mujeres.

La primera concentración en el Congreso con la consigna Ni una Menos en 2015. 

La mañana del 3 de junio de 2015 nadie sabía que ese día marcaría un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Bajo la consigna “NiUnaMenos”, una masiva movilización copó las calles del país en respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su pareja en Santa Fe. Lo que comenzó siendo una tímida, pero poderosa, iniciativa social, rápidamente se convirtió en un grito colectivo contra todas las formas de violencia machista, que se escucharía en todo el mundo.

El lema fue tomado del poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en 2011. Se volvió símbolo de resistencia y de exigencia urgente al Estado por políticas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

El femicidio de Chiara, ocurrido en mayo de 2015, no fue un caso aislado. En los primeros cinco meses de ese año, más de 130 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en Argentina. Pero fue su historia —una adolescente embarazada, golpeada y enterrada en el patio de la casa de su pareja— la que funcionó como catalizador de una bronca acumulada. La periodista Marcela Ojeda, con su tweet:“Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… todas, todas gritemos”, encendió la mecha. En pocos días, la convocatoria al “3J” se volvió viral. E imparable.

Desde aquel 2015, Ni Una Menos se transformó en una plataforma de articulación de luchas feministas en la que no sólo se denuncian los femicidios y las violencias extremas, sino también las violencias estructurales: la feminización de la pobreza, la desigualdad en el trabajo, la precarización laboral, el racismo, el cis-sexismo y el extractivismo. Con el paso del tiempo, lejos de ser sólo una marcha, se consolidó como un movimiento social, cultural y político transversal, impulsado principalmente por periodistas, activistas, artistas y organizaciones feministas.

De la misma manera lo ve Luci Cavallero, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, también magister en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (UBA) y docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero.

“El 3 de junio de 2015 activó un ciclo de luchas muy importante en nuestro país, que cambió la sensibilidad de nuestro pueblo, los fundamentos de tolerancia hacia las violencias, y significó la proliferación de colectivas feministas en todo el país, de espacios de género en las universidades, en las escuelas, en los sindicatos”, cuenta Cavallero. “Creo que hay muchos saldos en términos organizativos, en términos de otra política, de otra sensibilidad en relación a las violencias en la población.Los objetivos cumplidos no agotaron para nada todo lo que planteamos en las calles”.

Los trabajos de Cavallero abordan el vínculo entre deuda, capital ilegal y violencias. En 2019 publicó junto a Verónica Gago el libro Una lectura feminista de la deuda: vivas, libres y desendeudadas nos queremos, obra que impulsa, desde el feminismo, un movimiento de politización y radicalización del problema financiero que le pone cuerpo y narración concreta a la abstracción financiera, asocia el problema de la deuda a la violencia contra los cuerpos feminizados y relaciona las formas de explotación laboral, tanto asalariadas como no asalariadas, con los dispositivos financieros. La activista considera que las huelgas feministas fueron el momento en el que la violencia económica y la desigualdad social, cruzada con la desigualdad de género, se pusieron más en agenda.

“Empezamos a hacer un trabajo muy fuerte con el protagonismo de las trabajadoras de la economía popular, de las sindicalistas, para poner en evidencia las brechas salariales, pero también el impacto de la deuda, que significó un corset para todas las demandas que estábamos proponiendo en términos de reconocimiento del trabajo comunitario, de ampliación de los servicios públicos de cuidado”. En esto, Cavallero es determinante: “Sigue habiendo un antagonismo muy concreto entre el pago de la deuda externa y la posibilidad de pagar el trabajo no remunerado, de mejorar los servicios de cuidado, de reconocer el trabajo comunitario. La oposición entre el movimiento feminista, los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y la deuda externa marca a fuego al movimiento feminista, y hoy se hace más evidente que nunca. Aunque, por más que se intente retroceder en las políticas públicas feministas, por más que se promuevan discursos de odio desde el propio Estado, hay todavía un movimiento muy organizado y muchas ganas de salir a la calle”.

Aquella primera movilización de 2015 logró reunir a más de 300.000 personas sólo en Buenos Aires, y se replicó en más de 80 ciudades de todo el país.Desde entonces, cada 3 de junio se realizan concentraciones y actividades en todo el país y en varios puntos de América Latina.

En estos diez años, el movimiento logró instalar la perspectiva de género en la agenda pública, educativa, legislativa y mediática. Entre los logros más destacados pueden mencionarse: la Ley Micaela (2018), que obliga a todo el personal del Estado a capacitarse en género y violencia contra las mujeres, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019), aunque fue degradado recientemente por el gobierno nacional actual, y la legalización del aborto (2020), una conquista histórica que fue posible gracias a la articulación de décadas de activismo, con fuerte impulso de las redes feministas que Ni Una Menos ayudó a tejer.

Mucho se ha dicho de la “intensidad” del movimiento, acusándolo de haberse apagado, pero Cavallero no coincide: “Hubo mucha resistencia el año pasado, incluso se participó de los paros, de las marchas universitarias… Creo que el momento de mayor desmovilización fue la pandemia, y hoy el problema es que, cuando hay una crisis económica como la que estamos atravesando, las mujeres dejan de participar políticamente. Lo primero que hace el ajuste es sacar de la política a las mujeres que tienen más carga de trabajo y cuidado, que tienen que estar haciendo malabares para encontrar una vacante en una guardería, llevar a los chicos a jardines que quedan más lejos… cuando la situación es tan crítica, para lo último que te queda tiempo es para participar políticamente”. Más allá de ese gran obstáculo, reconoce que “la creación de los repertorios de protesta del campo popular, la preponderancia del arte, la creación de consignas, la forma de ocupar la calle con distintas actividades (desde la danza, la pintura, los carteles) pero también de tramarse políticamente en unidad, más allá de las internas y de las diferencias partidarias, son formas de hacer política que aportan mucho al campo popular”.

En lo que va de 2025 ya se registraron más de 90 femicidios en el país

A pesar de los avances, las cifras siguen siendo alarmantes. En lo que va de 2025 ya se registraron más de 90 femicidios en el país.Los recortes presupuestarios, la eliminación de programas específicos y la desarticulación de políticas públicas en materia de género durante el último año encendieron alertas que precisan atenderse de modo urgente.

Pancartas, letreros, pañuelos y fotos de las víctimas suelen ser algunos de los elementos presentes en cada movilización. En una marea que avanza hacia puntos estratégicos del país, siempre se destacan los abrazos, las charlas, los cánticos y las reflexiones por micrófono. Para muchas mujeres, lesbianas, travestis, trans y otras disidencias la experiencia de la marcha del 3J fue una revelación. Por primera vez, miles pudieron reconocerse como parte de un colectivo, ocupar el espacio público con libertad, llorar a las que faltan, luchar por las que están y exigir un presente más justo.

A una década del primer grito, Ni Una Menos sigue siendo faro en medio de tanta oscuridad. Un movimiento profundamente interseccional, horizontal, federal y autónomo, que sostiene, escucha, acompaña y transforma. Es la construcción colectiva de un espacio político real y decisivo, un tejido que abriga, que late, que insiste: siempre que haya una voz que necesite ser escuchada, habrá una fuerza que empuje el cambio, y éste será inevitable.

 

¿Dónde está Luciana?

¿Dónde está Luciana?

Luciana Muñoz Aguerre desapareció hace diez meses en la ciudad de Neuquén. Hay un solo detenido, pero es por falso testimonio. El Estado no da respuestas mientras su familia la busca.

Luciana Muñoz Aguerre desapareció el 13 de julio del año pasado en el barrio Gran Neuquén Norte. Cumplió 21 años a un mes de estar desaparecida. A casi un año de su desaparición, su familia todavía no sabe dónde se encuentra ni tiene acceso al estado de la causa judicial. Desde la policía neuquina afirman que están investigando pero Mirta Muñoz, abuela paterna de Luciana, declaró que no recibe información alguna y consideró que la búsqueda está estancada. Encima, mientras la familia la busca es hostigada por fuerzas policiales y de seguridad.

Hoy Neuquén es la provincia con la tasa más alta de feminicidios en el país y en muchos de ellos, no se hallaron culpables ni responsables. En el caso de Luciana, tanto su familia como las organizaciones que las acompañan aseguran que a Luciana la secuestraron. Ante la falta de respuestas, la familia está pidiendo que el caso pase a la justicia federal.

Como suele ocurrir en estos casos, la búsqueda es encabezada por Lila Aguerre, madre de Luciana, y su abuela Mirta, acompañadas por sus amigas, tías y activistas. “Nos gustaría que ya se supiera en todo el país y afuera también”, declaró Mirta. 

El pasado sábado 24 de mayo ella y un grupo de mujeres que se reunieron para seguir pidiendo la aparición de Luciana, hicieron una panfleteada en el puente de Cipolletti. Las que ponen el cuerpo en las manifestaciones están decididas a continuar pero se sienten intranquilas y poco seguras. “Nos tienen muy vigiladas. Ese día hicimos una protesta pacífica sin siquiera cortar el tránsito y nos mandaron patrulleros, estaba la Gendarmería y la policía provincial. No vamos a pintar ni vamos a romper nada, esa es la consigna que tenemos. Somos conscientes de que si hacemos eso van a decir que estamos locas. Nosotras no tenemos la culpa, nosotras no sabemos nada.”  Mirta sigue al frente de la lucha con la firmeza de una Abuela de Plaza de Mayo: “No voy a parar hasta que aparezca mi gorda. Queremos que aparezca viva y si no, queremos el cuerpo, para que termine este trago amargo que estamos viviendo”, expresó.

Buscándola sin parar

La madrugada en que desapareció, Luciana salió de su casa para encontrarse con Isaías Catalán, a quien había conocido por Facebook y que vivía en el Barrio Gran Neuquén Norte. Mirta reconstruyó los primeros días de angustia que vivió su familia tras no tener noticias de ella: “Luciana se perdió un sábado y el domingo a la noche anduvimos buscándola toda la noche, el lunes todo el día. El martes volvimos y ahí no paramos más”, relató visiblemente afectada. Desde entonces, la familia emprendió una pesquisa incansable por su cuenta: “Estuvimos preguntando, investigando, buscándola, porque no decíamos ‘se la llevaron’. Lo primero que pensamos fue que la gorda se había quedado a dormir en algún lado”.

La familia de Luciana consiguió en aquellos días una filmación que habría sido uno de los últimos registros en cámaras de seguridad de la chica. Allí, se la veía caminando apresurada y tropezando, en la intersección de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, a las 7 de la mañana del día de su desaparición. “Vimos los videos y no la volvimos a ver más. Ahí empezamos a sospechar de todo”, contó Mirta.

Catalán aseguró haberla dejado a las 9, pero el horario no coincidía con las imágenes. “Ella no iba tranquila y no tenía que ir a ninguna parada: estaba a cuatro cuadras de su casa”, explicó su abuela. “Nunca nos dejaron ver las cámaras oficiales”, contó Mirta refiriéndose al domo de cámaras de seguridad ubicado en la rotonda donde habrían capturado a Luciana. 

Un detenido, cero pistas

La investigación tuvo un giro con la detención de Maximiliano Avilés, exnovio de Luciana, quien permanece como el único imputado en la causa. La fiscalía lo acusa de haber brindado falso testimonio y de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Fue detenido el 28 de agosto de 2024, a 46 días de la desaparición, y atravesó distintas instancias: primero arresto domiciliario, luego prisión preventiva tras incumplir las condiciones del beneficio, y finalmente un retorno a la domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Avilés mintió en al menos dos oportunidades clave: una ante la Policía el 27 de julio, y otra el 23 de agosto ante la Fiscalía. Además, en uno de los allanamientos realizados en su domicilio, se hallaron rastros de sangre en el piso, un par de zapatillas y un palo de golf dentro de un vehículo. Si bien los análisis confirmaron que la sangre no era de Luciana, el hallazgo y las contradicciones en su testimonio mantuvieron la imputación en su contra.

“A Avilés lo tienen detenido por haber mentido, pero como si solo hubiera mentido en no haber tenido una relación amorosa con Luciana. Él dijo que hacía dos o tres meses que no la veía, pero Luciana estuvo en su casa el día que desapareció”, comentó Mirta sobre el joven. A pesar de las pruebas forenses que no vinculan directamente a Avilés con la desaparición, la justicia decidió sostener la investigación sobre él como única pieza del caso.

El Estado abandona y encubre

En cada paso de la búsqueda, las respuestas del Estado no fueron sólo insuficientes, fueron obstáculos. Cuando la familia señalaba posibles lugares donde podía estar Luciana, la respuesta era siempre la misma: que no había orden judicial, que no se podía ingresar, que no correspondía verificar.

Las sospechas sobre casas vinculadas al narcotráfico, donde se decía que habían visto a Luciana, tampoco fueron atendidas. Una y otra vez, la familia y quienes las acompañaban veían cómo la información era descartada o simplemente no se investigaba. La sensación de que el caso estaba siendo silenciado se transformó en certeza. “No podemos descansar porque hay un Estado cómplice, que calla, que deja que todo pase, que garantiza impunidad a muchísimas personas”, contó a ANCCOM Paula Carbajal, docente y militante en Mujeres por la Libertad, una agrupación que acompañó a la familia de Luciana durante toda la búsqueda.

Desde el inicio, las tareas de búsqueda recayeron en mujeres: la familia, las amigas, las vecinas. Sin apoyo ni protección, con miedo. “Las amigas de Luciana ya se han apartado porque no ven nada serio. Porque sienten que si se perdió Luciana, se puede perder cualquiera”, explicó Mirta.

La justicia, en lugar de acompañar, cerró puertas. No hubo protección para quienes investigaron por su cuenta. No hubo transparencia en los procedimientos. “Queremos marcar que acá estamos, que no se van a llevar a cualquier piba como quieran y cuando quieran. Si el Estado es cómplice y se calla, vamos a organizarnos para que eso no pase más”, sentenció Paula.

Por otra parte, tampoco confían en la asesoría legal que tienen porque no eligieron a su representante ellas mismas, sino que un hombre le ofreció sus servicios directamente a Lila. “Llegó de la nada y a mí no me genera confianza”, aseguró Mirta. Investigando, encontró que se trataba de un abogado de la Uocra, Alfredo Cury. Ante los medios locales, el querellante se mostró muy comprometido con la causa pero puertas adentro siguió sin brindarle los datos más relevantes de la investigación. “Me es sospechoso porque nosotros le damos un nombre y él va a avisarle a esa persona que le van a hacer allanamiento. A nosotras no nos está cuidando.”, declaró Mirta.

Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres que buscan a Luciana y debilita la fuerza con la que pueden hacerse oír ya que de algún modo las expulsa de espacios que les corresponden. “Mañana creo que va la madre a la fiscalía. Va con el abogado.Yo no voy a ir porque no me siento representada por él. Si no, iría.”, expresó Mirta. 

Sin embargo, la abuela sigue haciéndose escuchar, presentándose en medios locales y nacionales para contar su historia y reclamar a su nieta. “Estoy acá en Cipolletti porque vamos a hacer una radio abierta por el tema de todos los casos que están pasando en estas provincias, que están tan relacionados”, comentó Mirta, entendiendo que lo que le pasó a su nieta no es un caso aislado, sino parte de lo que definió como “una red de complicidad entre el narcotráfico y la prostitución, que se da acá en la ruta del petróleo”.

Según su abuela, Luciana quería construir otra vida, alejada de los consumos y los peligros de la calle. Había retomado sus estudios y más adelante pensaba estudiar abogacía. La joven cursaba en el CPEM 76, una secundaria vespertina de jóvenes y adultos. A pesar del tiempo transcurrido, en la escuela todavía nombran a Luciana. Ahí, los docentes y compañeros llevan adelante actividades de concientización sobre trata y desaparición de jóvenes, entretejiendo una mayor visibilización y contención entre los habitantes del barrio. 

Docentes y feminismo

En medio de la ausencia estatal y la falta de respuestas judiciales, un grupo de mujeres comenzó a tejer una red de acompañamiento, visibilización y sostén. Son docentes, muchas de ellas parte del colectivo Mujeres por la Libertad, con experiencia en acompañar causas de violencia machista desde mucho antes de que se hablara de feminicidios en los medios.

La historia de Luciana llegó al grupo a través de una vecina, amiga de la madre. Desde ese momento, el compromiso fue inmediato. No como profesionales, ni como especialistas, sino como mujeres que entendieron que la desaparición de una chica en un barrio atravesado por el narcotráfico y la pobreza no podía quedar en silencio. “Lo único que podíamos hacer era difundir, que todo el mundo supiera que Luciana estaba desaparecida”, contó Paula. “La docencia se ha convertido en una tarea de riesgo. Todo eso —los narcos, la venta, la pobreza— rebota en la escuela. Y ahí estamos, tratando de tejer redes, de crear lazos”.

Desde el sindicato, desde los espacios feministas, desde la calle y las marchas, Mujeres por la Libertad fue uno de los pocos brazos reales de acompañamiento para la familia. Para Mirta, la abuela de Luciana, no se trató solo de una ayuda logística: “Si no hubiera sido por ellas, yo hubiera estado sola luchando. Porque la madre por ahí se me queda, está abrumada. Entonces le digo, arrimate a mí. Entre las dos somos más”.

En la práctica, ese acompañamiento fue completo: emocional, político, cotidiano. Desde un llamado para preguntar cómo está hasta una escucha profesional. “Yo tuve que buscar a una mujer de esas agrupaciones, que es psicóloga. Le dije que me tratara porque no me quiero poner chapita. Y ella me atendió, sin problemas”, recordó Mirta.

En un barrio golpeado, donde la justicia se retira y la policía amedrenta, el rol de estas docentes organizadas se convirtió en una trinchera. Un espacio donde la lucha por Luciana no solo se sostiene, sino que insiste en convertirse en memoria activa y en demanda colectiva.