«Sentí el mismo frío que en aquella época»

«Sentí el mismo frío que en aquella época»

Sep 24, 2025 | DDHH, Destacado 2

Cuatro sobrevivientes de la dictadura y un exconscripto realizaron un reconocimiento ocular en la Base Aérea de Moreno y reconocieron el lugar que funcionaba como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el marco de la causa que investiga los crímenes de la Mansión Seré y el circuito represivo RIBA.

Los sobrevivientes Raúl Morello, Sergio Gobulin, Nélida Olivieri y Faustino Altamirano, junto con el exconscripto Walter Fey, participaron este martes de una inspección judicial a la VII Brigada Aérea de Moreno. No es la primera vez que declaran en este juicio pero, en esta ocasión, sus testimonios estuvieron centrados en ese predio de la Aeronáutica, al cual reconocieron unívocamente como uno de los lugares en que estuvieron en cautiverio. Durante la audiencia se mostraron imágenes de aquel recorrido por la base pero no pudieron ser transmitidas por decisión de la Fuerza Aérea.

“En mi traslado a la base yo iba acostado, encapuchado, vendado y con una mordaza de papel en la boca”, afirmó Morello, secuestrado el mayo de 1977 mientras estudiaba medicina. Después de bajar del auto y de ser guiado a ciegas para atravesar cercos, “entramos en una habitación fría”, recordó. En una de las sesiones de tortura, mientras le hacían submarino, se le cayó la venda de los ojos: “Cuando me levantan, la venda mojada se me cae y rápidamente cierro los ojos y les digo ese hecho porque me habían dicho que si veía a alguien de la Fuerza, sería boleta”.

Aunque no vio la cara de sus tres torturadores porque estaban a contraluz, sí pudo ver la ventana rectangular que estaba detrás de ellos. Morello identificó esa misma ventana en uno de los edificios de la base aérea durante la visita ocular. Declaró que la mayoría de las ventanas del lugar “son verticales, no horizontales” como la que vio en 1977 e identificó la semana pasada al entrar en esa habitación en la que “casi diría que sentí el mismo frío que en aquella época”.

En el caso de Gobulin, secuestrado en 1976, el lugar que reconoció fueron los hangares. Debido a que durante su cautiverio tenía los ojos vendados y sólo podía ver el piso de cemento, el testimonio del sobreviviente se centró en los sonidos: “Cuando todo el grupo hizo la inspección, el rumor de las voces y los pasos me volvió a la misma sensación de ese entonces”.

Aunque Gobulin no pudo identificar en cuál de los tres hangares de la base aérea estuvo secuestrado, “en los tres tuve la misma sensación, seguramente eran los hangares, ningún otro lugar de la base logré reconocer como que hubiera estado allí”. Si bien el sonido fue el factor fundamental para reconocer el lugar, también destacó volver a percibir el contraste entre luz y sombra que notaba a través de la venda cuando lo hacían entrar y salir del hangar.

Las reformas en los edificios de la base no impidieron a los sobrevivientes identificarla como su lugar de cautiverio en la década de 1970. Olivieri pudo reconocer la distribución del lugar desde el ingreso: “Al pasar la barrera fue inmediato, era el mismo lugar donde había estado antes. La primera vez que entré, lo que hicieron fue dar vueltas por adentro con el auto y después dejarme ahí”. También identificó uno de los edificios en particular, que actualmente figura como “Contaduría”. “No reconocí en ningún otro edificio esa distribución de una habitación y el corredor que me llevaba al baño”. Al igual que los testimonios anteriores, Olivieri destacó algunos detalles sensoriales que la ayudaron a reconocer el sitio: “Estaba en un lugar oscuro y cuando pedía ir al baño, y era de día, me daba cuenta que pasaba por un lugar más luminoso”.

En su declaración, Altamirano afirmó haber estado secuestrado en la base “por dos o tres días”. Además, aclaró: “Nunca pudimos ver nada porque estábamos encapuchados, tabicados”. También se centró en la estructura del establecimiento: “Las veces que estuvimos en la base fuimos primero torturados en otro lado y luego fuimos llevados como a un depósito en la base. Nos sacaban de noche, así que lo poquito que yo pude captar es que había unos pabellones, que esos los vi ahora cuando fuimos a la visita, tres pabellones y uno cortito”.

El último testimonio fue el del exconscripto Walter Fey, quien estuvo en la base entre 1977 y 1978. A diferencia de los cautivos, él sí podía ver los lugares de la base debido a que estaba haciendo el Servicio Militar Obligatorio, por lo que su reconocimiento fue mucho más detallado. Al igual que Olivieri, Fey identificó el actual edificio de Contaduría, al que refiere como “Puesto A”. “Identifiqué perfectamente su distribución. He estado allí y veo que tiene una ampliación en forma de T hacia el fondo”. Son varios los espacios que reconoce el exconscripto: “Hoy hay dos pequeños baños que eran dos calabozos”. “Esa ventana daba a la habitación donde tenían los detenidos desaparecidos, que los tenían de espalda a la ventana arrodillados para que no pudieran ver el exterior”.

Fey también observó que la base tenía un movimiento constante de personas secuestradas. Vio «jóvenes esposados y tabicados a los que subían en camionetas y llevaban al fondo de la base pero nunca los vi salir». Por otro lado, señaló que el lugar más «tenebroso» de la base era el subsuelo de la Torre de Control de Vuelo. Describió el descenso por una «escalerita estrecha, media caracol, que desemboca en una sala de 4 por 5 metros, abandonada y sucia». Allí, afirmó, era el lugar donde «se torturaba a la gente que detenían».

El exconscripto afirmó que también pudo reconocer el “chalecito” de la jefatura del Escuadrón de Tropas, en donde escuchó gritos de mujer. “Un suboficial me dijo que no podía salir de mi oficina y al rato comienzo a oír gritos desgarradores y terribles de una mujer. Nunca escuché algo tan doloroso. Creo que por esa mujer estoy acá, era una mujer embarazada”. Fey cerró su declaración con un llamado a otros exconscriptos a dar sus testimonios: “Si participaron de algún operativo y pueden dar datos sobre ese operativo, no van a ser tomados como culpables, sino como testigos y son testigos fundamentales”.

La jornada concluyó fijando el 30 de septiembre como fecha de la próxima audiencia, en la que se presentarán los últimos testimonios del juicio. El fiscal Félix Crous, por su parte, adelantó que la Fiscalía ampliará la acusación en el juicio. La auxiliar fiscal, Nuria Piñol, afirmó en diálogo con ANCCOM que no es posible adelantar en qué consistirá la ampliación para no advertir a la defensa.

“Lo mejor que me podía pasar era un tiro en la cabeza”

“Lo mejor que me podía pasar era un tiro en la cabeza”

Sep 12, 2025 | DDHH, Destacado 2

Tres sobrevivientes de la última dictadura declararon en una nueva audiencia del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad en la Mansión Seré y el circuito represivo RIBA. El horror en primera persona y las consecuencias hasa hoy.

En una nueva audiencia de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Mansión Seré y en el circuito represivo RIBA, Zoraida Martín, militante de Montoneros y de la UES, respondió acerca del momento y lugar en que fue secuestrada y a qué lugares de cautiverio fue trasladada. Luego de múltiples allanamientos en su casa de Ituzaingó, que comenzaron el 16 de diciembre de 1976 y en el que, ante su ausencia, se llevaron a su hermana menor, Adriana con 14 años y ataron a su madre y hermanos debajo de la mesa, la testigo contó que se refugió en la casa de su madrina en Godoy Cruz, Mendoza, para evitar ser capturada.

“A fines de febrero salimos con mi madrina y nos interceptan dos autos. Estaba mi hermana secuestrada, por supuesto, no puse ninguna resistencia. Me esposaron, me vendaron y me llevaron a la base aérea”. La sobreviviente, que en ese momento tenía 16 años, afirmó que los primeros días estuvo esposada en una silla hasta que “me di cuenta que la realidad era otra. A golpes de puño, cachetadas, insultos. Me dijeron que por haberme escapado lo menos que podía era declarar a Firmenich”. Después de unos días, fue subida a un avión, donde fue brutalmente golpeada y trasladada a la Base Aérea de Palomar. Allí, fue esposada de pies y manos a un fierro en un hangar, cerca de la sección canina, sufriendo tortura psicológica y golpes constantes. “Yo pensaba que los perros me iban a morder”.

Posteriormente, en marzo, fue trasladada a la Comisaría tercera de Castelar. “Llegamos y directamente me subieron al primer piso a la sala de tortura, me sentaron en una silla, me colocaron cables a grito de «hija de puta, zurda de mierda y por tu culpa está sufriendo tu familia»”. Martín y sus compañeras sufrieron torturas eléctricas, golpes y agresiones sexuales frecuentes. “(Héctor) Seisdedos (cabo de la Policía de la provincia de Buenos Aires) abría la puerta en la noche, Sánchez (oficial de guardia en la Comisaría) entraba y con una pistola en la cabeza nos obligaba a hacer sexo oral”, relató.

Más adelante, la llevaron a la Mansión Seré, a la que ella describe como “la casa del terror”. “Un día deciden el traslado y me dicen `Ahora vas a ver´. Ahí ya la tortura era distinta. Era tanta que yo ya contestaba porque sinceramente después de haber pasado todo eso, submarino seco, submarino mojado, introducción de una cuchara dentro del ano, violación en la sala de guardia de la mansión, qué más me podía pasar. Lo mejor que me podía pasar es un tiro en la cabeza”.

Sufrió tortura psicológica constante, con amenazas de traer a su hermano para torturarlo frente a ella o matar a su hermana. Recordó simulacros de fusilamiento, la obligaron a lavarse la cara en una bañera donde había un cuerpo sin vida y fue testigo de cómo a una compañera embarazada la hicieron abortar.

Martín identifica varias personas durante todo su período de secuestro, entre ellas a “Jorge”, el alias por el que ella reconoce a Julio César Leston. En palabras de su hermana Adriana “este personaje sobrepasaba los límites que establece la Fuerza Aérea, tenía una obsesión con mi hermana”, había declarado en relación a Martín. Es que, tras su liberación de Mansión Seré el 28 de diciembre de 1977, cuando la dejaron tirada en un descampado, fue sometida a una «libertad vigilada» por un año. Esa vigilancia fue llevada a cabo por Leston quien la llevaba a «marcar» gente y lugares de militancia y la obligaba a mirar álbumes de fotos de supuestos compañeros para que los delatara.

En su declaración, Martín solicitó nuevamente que las agresiones sexuales que sufrió sean investigadas y juzgadas. Su identificación de Leston fue contundente; lo describió físicamente, recordando sus rasgos y un problema en el ojo derecho.

Un amigo de toda la vida

Guillermo Luis Estalle fue convocado para declarar no tanto sobre su propio secuestro, sino sobre la desaparición de Carlos Andrés Farayi, con quien se conocía desde su infancia en San Nicolás y fueron compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. Durante su  detención, entre 1977 y 1978, Estalle fue interrogado sobre Farayi, a quien no veía desde 1976.

 “Me comienzan a interrogar sobre El Turco (Farayi). Había una carpeta en el escritorio. Inmensa la carpeta. Yo no veía nada. La carpeta enfocaba para el lado de los que me interrogaban. Vi que había fotos, escritos, como un diagrama. Primero me preguntaban el nombre de guerra, que yo no sabía porque nunca lo traté con nombre de guerra, siempre tuvimos una relación de amigos. Me preguntaban mucho por su grado”. Al no preguntarle sobre la ubicación de Farayi, Estalle afirma que sospechaba que su amigo ya estaba detenido mientras él era interrogado.

También fue interrogado sobre Miryam Borio, la novia de Farayi, a quien él conocía pero no militaba con ellos. “Creo que llegado el 83 me enteré que la habían detenido y que había estado en la Mansión Seré”. También fue años después de su secuestro cuando habló con la madre de Farayi, quien le contó que el portero del edificio de su hijo fue testigo de un violento procedimiento donde irrumpieron en su departamento, destrozando todo y esperaron a su llegada.

 

Una alegría rodeada de tristeza

La última declaración de la audiencia fue de Carlos Raúl Pereira, quien fue secuestrado en su domicilio de Villa Sarmiento en enero de 1978. En ese momento trabajaba como chapista y militaba en la Juventud Peronista. Un grupo de tareas de la Fuerza Aérea de Palomar que se hacía llamar «Grupo Puma», irrumpió violentamente en su departamento. “Ahí fui detenido, estuve tirado en el piso junto con mi familia, mi señora, los chicos. Ellos revisaron todo, dieron vuelta todo, buscando un elemento que me comprometiera, como supuestamente me acusaban -supongo- de subversivo”.

Fue trasladado en una camioneta a la Base Aérea de Palomar. Allí vendado, fue golpeado y sometido a interrogatorios. Estuvo encerrado en un calabozo pequeño y oscuro por dos días hasta que fue trasladado a Mansión Seré, donde lo interrogaron sobre jefes de la militancia que él desconocía y lo torturaron golpeando y electrocutándolo. “En una oportunidad escuché que uno de ellos le dijo ´Mirá las cosas que tenemos que hacer para ganarnos unos pesos más, culpa de estos zurdos hijos de puta´”.

Pereira relata, y se le quiebra la voz cuando lo hace, el reencuentro con Osvaldo Sánchez, el padrino de su hija y a quien llama “compadre”. Sánchez había sido secuestrado en 1977 y desde entonces no supieron más de él. “Dentro de lo malo, me dio como una alegría. Pensamos que ya lo habían matado”. Luego de ser torturados, “cuando nos dejan un tiempo solos, nos abrazamos y lloramos los dos”.

Ambos fueron liberados pero su secuestro dejó secuelas. “Me quedó muy marcado todo eso que no voy a olvidar nunca. Yo físicamente quedé mal, tardé casi un año para recuperarme. Psíquicamente todavía me quedan secuelas, creo que todo eso me costó la separación de mi primera pareja, tenía mucho temor, hasta ahora no puedo dormir en la oscuridad”.

Finalizadas las declaraciones, la próxima audiencia quedó programada para el martes 23 de septiembre.

 

 

La causa Acindar investiga la colaboración civil en la represión de los 70

La causa Acindar investiga la colaboración civil en la represión de los 70

Sep 9, 2025 | DDHH, Destacado 2

En los alegatos del juicios, personal jerárquico de la empresa y miembros de las fuerzas de seguridad fueron acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Las querellas pidieron cadena perpetua.

Dos exejecutivos de Acindar, la compañía metalúrgica santafesina están en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Junto a ellos, más de 20 ex efectivos de diferentes fuerzas de seguridad corren la misma suerte por los delitos cometidos contra 57 víctimas. La Fiscalía y las querellas pidieron condenas a prisión perpetua, y la sentencia se conocerá en los próximos días.

Desde 2023, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés y Otmar Paulucci, está al frente de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos a partir del 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución.

Entre los 22 acusados hay dos exdirectivos de Acindar: Roberto Pellegrini, quien fuera jefe de personal de la planta; y Ricardo Oscar Torralvo, ex ejecutivo de administración, acusados de haber entregado a las fuerzas de seguridad las “listas negras” de trabajadores, a quienes identificaron con fotos -tomadas bajo pretexto de renovar carnets-, además de facilitar recursos logísticos y espacios dentro de la planta para los operativos represivos.

La investigación halló que la empresa confeccionó listas de trabajadores para detener, cedió vehículos y espacios como el “albergue de solteros” —convertido en centro clandestino de detención— e incluso habría abonado sobresueldos a integrantes de las fuerzas de seguridad registrados como “viáticos”.

Tras años de dilaciones, en el transcurso de estas semanas se ingresó en la etapa final del debate oral: durante varias jornadas se presentaron testimonios clave, principalmente de exobreros, testigos y familiares de las víctimas, y se realizó un detalle pormenorizado de los crímenes cometidos en los albores de la última dictadura cívico-militar.

Tras la finalización de los alegatos de la defensa de los imputados, se cree que a mediados de octubre se conocerá el veredicto, que podría marcar un hito y ser la primera condena en la historia contra actores empresariales por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe.

La lista Marrón y el operativo Serpiente Roja

Esta causa tiene su eje central en el triunfo de la Lista Marrón en las elecciones de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en noviembre de 1974. Esa victoria, con el 63% de los votos, permitió que un espacio integrado por militantes de izquierda y delegados combativos llegara al poder y le hiciera frente a la conducción nacional del sindicato, a cargo del peronista Lorenzo Miguel.

Este triunfo es considerado un hito dentro de la historia sindical obrera, ya que permitió la llegada de dirigentes que reivindicaban la democracia sindical e impulsaban mejoras en la salud de los trabajadores y una mayor autonomía frente a la patronal.

Sin embargo, tanto los titulares de Acindar como la conducción nacional de la UOM y el gobierno de la entonces presidenta Estela Martínez de Perón consideraron a esa victoria electoral como una amenaza para el statu quo. “La represión en Villa Constitución fue orquestada por una triple alianza entre el Estado nacional, la patronal y la burocracia sindical”, argumentó la querella de APDH en su alegato. En ese sentido, el 20 de marzo de 1975, la ciudad de Villa Constitución amaneció bajo un operativo represivo sin precedentes. Unos 4.000 efectivos del Ejército, Prefectura, Policía Federal y la Guardia Rural Los Pumas irrumpieron de madrugada en las fábricas, barrios y domicilios de militantes obreros y sindicales. 

El despliegue, conocido como Operativo Serpiente Roja del Paraná, incluyó allanamientos masivos, detenciones ilegales y secuestros. Entre los principales blancos estuvieron los delegados de la mencionada Lista Marrón de la UOM, abogados laboralistas y dirigentes combativos que habían logrado democratizar la seccional del sindicato. Los testimonios recogidos en el juicio narran escenas de violencia extrema: disparos desde el campanario de la iglesia de la ciudad, allanamientos sin orden judicial y traslados de obreros al albergue de solteros de Acindar, convertido en centro clandestino de detención, donde comenzaron las torturas y los simulacros de fusilamiento.

Ese 20 de marzo no fue un hecho aislado, sino el inicio de una maquinaria represiva que se desplegó durante semanas: dirigentes de la Lista Marrón y abogados laboralistas fueron trasladados a cárceles de la región, mientras que decenas de obreros fueron secuestrados en sus casas o en la vía pública.

Las fábricas fueron militarizadas, se instalaron retenes en los accesos a la ciudad y se impuso un clima de terror que buscaba quebrar la organización sindical combativa y devolver el control a la conducción nacional de la UOM. Ese operativo inauguró en Villa Constitución una lógica de persecución, tortura y exilio forzado que anticipó el modelo de represión sistemática que se consolidaría un año más tarde con la dictadura cívico-militar.

“No tenemos dudas, en Villa Constitución se gestó el ensayo genocida que luego se expandió a nivel nacional a partir del 24 de marzo de 1976”, insistieron los abogados de la APDH.

Empresas y terrorismo de Estado

A días de que el juicio por la Causa Acindar llegue a su final, ANCCOM se comunicó con dos de los abogados que participan de la querella. Uno de ellos es Tomás Griffa, integrante del CELS, quien detalló que se pidió la condena de todos los imputados, incluidos Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. “Los acusamos de haber entregado información de los trabajadores a las fuerzas represivas para llevar adelante secuestros y asesinatos”, sostuvo. “Se demostró cómo la empresa aportaba domicilios y fotos de los trabajadores, materiales que luego usaron las fuerzas para identificarlos y secuestrarlos. La mayoría de las víctimas eran activistas sindicales que reclamaban mejores condiciones laborales, salarios y atención en salud. La empresa y las fuerzas buscaron coartar esa organización con un operativo represivo iniciado el 20 de marzo de 1975”, detalló.

En ese sentido, trazó un paralelo con otro proceso emblemático: “El caso de Acindar tiene puntos en común con el caso Ford. En ambos juicios se verificó cómo dentro de los espacios de trabajo funcionó un centro clandestino de detención en el que los trabajadores eran secuestrados y torturados”, explicó. A la hora de valorar el proceso, el abogado enfatizó que “se llega a este juicio a través de la lucha de las víctimas, que se constituyeron como querellantes, dieron testimonio, acompañaron todo el proceso. La multiplicidad de querellas es la base de este juicio y la garantía de que se haya podido avanzar hasta acá”. Y concluyó con una crítica a las estrategias de las defensas: “Buscan desligar de responsabilidad a los acusados y justificar el proceder de la empresa. Son argumentos inaceptables a esta altura”.

Por su parte, Julia Giordano, abogada de la APDH, coincidió en la contundencia del material probatorio: “Tenemos la seguridad de que la prueba presentada por todas las acusaciones es suficiente para condenar a todas las personas que han sido imputadas en este juicio por homicidio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita», enfatizó. «Está probado de manera clara que se trató de delitos cometidos por un Estado terrorista, y que el ataque fue dirigido a una parte específica de la población con el objetivo de atemorizar y disciplinar al conjunto del pueblo argentino, en especial a la clase obrera organizada y quienes apoyaban esa organización, para facilitar la aceptación de las medidas políticas y económicas del nuevo plan de gobierno”, agregó.

Respecto a los desafíos del juicio, Giordano señaló que “la mayor dificultad» tuvo que ver con la posibilidad de que las y los testigos llegaran vivos a un juicio que se celebra cincuenta años después de los hechos. «Lamentablemente no contamos con el testimonio de muchas de las grandes protagonistas de esta historia. Sí pudimos incorporar las declaraciones realizadas en la etapa de instrucción, así como entrevistas previas que dieron a distintos medios. Tanto la prueba documental como la testimonial resultaron fundamentales: las y los testigos que sí pudieron declarar aportaron una claridad inmensa y absoluta sobre cómo se perpetraron estos delitos y quiénes fueron sus autores”, sostuvo.

También ponderó la importancia de la participación de múltiples querellas: “Garantiza pluralidad de miradas y permite que cada organización aporte desde su campo de experiencia. El CELS lo hace desde la investigación académica y jurídica; la UOM aporta el conocimiento sobre la dinámica sindical, la logística y la organización del gremio; y otras querellas tienen una cercanía mayor con las víctimas. Esa diversidad de perspectivas enriquece el juicio y ofrece un mejor entendimiento de lo sucedido en Villa Constitución”, aseguró.

Finalmente, Giordano resaltó el impacto que tendría un fallo condenatorio: “Existen antecedentes de condenas a civiles por delitos de lesa humanidad, pero no en nuestra región. En este caso hablamos de empleados jerárquicos de Acindar. Una eventual condena daría cuenta de la clara responsabilidad de las empresas en el Terrorismo de Estado y del rol protagónico que tuvieron en su planificación el poder económico concentrado y compañías como Acindar”.

“No fue una guerra, fue un ataque sistemático”

El juicio por la Causa Acindar, también conocida como “El Villazo” -nombre con el que se conoció a la huelga de obreros metalúrgicos de Villa Constitución entre 1974 y 1975- tiene la particularidad de tener una larga lista de querellantes: desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, una rareza en épocas de gobierno de La Libertad Avanza.

En líneas generales, los y las abogadas de cada una de ellas coincidieron en definir lo que ocurrió como un genocidio, perpetrado por efectivos de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad junto a fuerzas parapoliciales como la Triple A, en connivencia con las autoridades de Acindar, el gobierno de turno e, incluso, parte de las cùpulas sindicales.

A lo largo de las audiencias se reconstruyeron los casos de asesinatos, secuestros, torturas y violaciones de obreros y obreras a través de las voces de familiares, compañeros y testigos de los hechos. La gran mayoría de los testimonios fueron desgarradores, pero claves para conocer el destino final de muchas de las víctimas, como es el caso de Miguel Ángel Lobotti, asesinado por la espalda desde un patrullero policial el 10 de abril de 1975 mientras trataba de huir en el barrio Villa Diego; o el de Rodolfo Mancini, quien fue secuestrado el 30 de abril del mismo año, acribillado y posteriormente quemado en el interior de su auto, que apareció en la localidad bonaerense de Sarandí.

“Las víctimas en este juicio representan como ninguna otra el objetivo de destruir al movimiento obrero organizado”, resaltó la querella de la APDH.

Esta última organización enfatizó su alegato que existió una alianza entre el Estado, la patronal y la burocracia sindical para llevar a cabo un “plan sistemático y coordinado de represión”, que contó incluso con la complicidad del cura Samuel Martino, que hacía sonar las campanas de su parroquia para que no se escucharan los gritos de los obreros que estaban siendo torturados. “No estamos ante una mera sucesión de delitos, sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar genocidio. Este genocidio no empezó el 24 de marzo de 1976. Se inició al menos desde 1975, con Villa Constitución como ensayo represivo”, remarcaron ante el tribunal.

Por su parte, la querella de la UOM puso el foco en la represión contra la organización sindical metalúrgica y la colaboración de las autoridades de la compañía para llevar a cabo dicho fin. “La prueba producida en este juicio demostró que los hechos fueron obra del engranaje represivo que se ejecutó en nuestro país como parte del plan sistemático de represión con intervención de las fuerzas armadas y de seguridad, pero también con la complicidad civil”, remarcaron. “Esto no se trató de una guerra, sino de un ataque sistemático contra la población civil”, insistieron desde el gremio de trabajadores del sector siderúrgico.

Por otra parte, aseguraron que la causa es únicamente una “foto” parcial de lo que ocurrió, ya que -medio siglo después- muchos de los responsables, como el general Alcides López Aufranc o José Martínez de Hoz -quien posteriormente sería ministro de Economía de la dictadura cívico-militar-, fallecieron sin pasar por el banquillo de acusados. “Aquí se juzga también la responsabilidad civil y empresarial. Sin Acindar no hubiera sido posible semejante despliegue represivo”, consideraron los abogados del CELS al momento de alegar.

La compañía aprovechó la represión para desarticular reclamos laborales, despedir delegados y activistas y aumentar los ritmos de trabajo y disciplina fabril. “Lo más brutal fue la transformación de las relaciones laborales tras marzo de 1975: se perdió la posibilidad de huelga y de negociación sindical”, consideró Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del CONICET, al momento de ser citada como testigo de concepto.

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación apuntó contra el plan represivo previo al golpe de Estado, con la anuencia de Acindar, que reportó varios beneficios económicos, y lo comparó con otras ofensivas como la del Operativo Independencia en Tucumán, ocurrido el mismo año. “Los operativos previos al golpe de Estado tuvieron características comunes: amplio despliegue de personal, existencia de centros clandestinos de detención, rol central de inteligencia y complicidad empresarial”, resaltaron. “Uno de los motivos de la elección de Villa Constitución fue disciplinar al movimiento obrero; otro, aumentar las utilidades de determinadas empresas; y el tercero, lograr la eficacia represiva gracias a la complicidad empresarial”, ahondaron. “Los aportes corporativos (listas de trabajadores, domicilios, legajos, vehículos, logística) deben valorarse como parte de un plan sistemático de represión militar insertado en un proyecto económico, social y político más amplio”, aseguraron.

“Actuaron bajo la impunidad del Estado”

La investigación principal de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Adolfo Villatte, especializado en cuestiones de lesa humanidad. Su alegato, que se extendió por varias jornadas, fue por el mismo andarivel que el de las diferentes querellas que fueron pasando antes y después por el tribunal, pero puso especial énfasis en el rol del Estado y los beneficios que obtuvo Acindar por su complicidad. Para la Fiscalía, el caso tiene estrecha relación con otras matanzas de la historia argentina como Semana Trágica (1919), las huelgas patagónicas (1921-22), las Masacres de Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947), el Golpe de Estado de la Revolución Libertadora (1955) y los fusilamientos de José León Suárez (1956). “En todos los casos hubo estrecha relación entre grandes empresas y fuerzas represivas, repitiéndose en Villa Constitución”, remarcó Villatte. Según su investigación, quedó probado que las autoridades de la empresa confeccionaron listas negras de trabajadores y le brindaron su infraestructura y logística (Falcons verdes y helipuerto) a las fuerzas represivas. “Cuando se hayan roto las trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado”, celebrara López Aufranc en las memorias de la compañía del período 1975/76.

También se comprobó que las víctimas sufrieron allanamientos ilegales, torturas, plantado de pruebas, encarcelamiento sin causa y despidos laborales. De hecho, muchos de ellos permanecieron meses y años presos bajo decretos del Poder Ejecutivo Nacional y otros tantos fueron forzados a exiliarse. “Los testimonios de víctimas, familiares y testigos son irreemplazables para reconstruir las detenciones, torturas, desapariciones y demás crímenes. En estos casos la prueba testimonial adquiere un valor probatorio excepcional”, consideró Villatte.

“El Ejército, la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y la Triple A actuaron de manera conjunta con la burocracia sindical y la patronal para disciplinar al movimiento obrero”, remarcó.

“La multiplicidad de víctimas no solo abarca a las personas secuestradas, sino a todo su entorno. Actuaron en la clandestinidad bajo el manto y la impunidad del Estado y con la confianza de que por su rol en una empresa nada les pasaría”, concluyó el fiscal federal. Y todo esto con el dato no menor de que Acindar recibió grandes beneficios económicos: préstamos por parte del Tesoro Nacional, la estatización de su deuda y la venta de palanquilla -material base para elaborar productos de acero- a precio subsidiado por parte de la compañía pública SOMISA, entre otros.

De hecho, según el relevamiento de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, Acindar pasó de representar el 1,1% de las ganancias de las 100 mayores empresas del país en 1976 a representar el 13% en 1983. “El Estado aprobó medidas que aseguraron no solo la protección del sector, sino beneficios directos para empresas como Acindar”, reza el informe. No es casualidad que para ese entonces el Ministerio de Economía del gobierno de facto estuviera a cargo de José Martínez de Hoz, quien fuera presidente del directorio de la compañía en los años previos y, a posteriori, terminara aplicando uno de los programas económicos más brutales de la historia argentina.

“No fue un mero conflicto gremial”

Ante la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por la Fiscalía y las diferentes querellas, la defensa de los acusados apeló a la táctica de negar los delitos de lesa humanidad, minimizar los hechos cometidos por las fuerzas represivas y apelar a la presencia de organizaciones armadas dentro de la fábrica para justificar su accionar. “La actuación de mis asistidos fue dentro del marco de las facultades que le confiere la Constitución y la legislación vigente para garantizar el orden público”, sostuvo el defensor oficial Julio Agneoli, representante legal de los policías federales involucrados en el caso.

Sus argumentos se basaron en la presunta falta de tipicidad, la carencia de generalización -es decir, que no se habría atacado a toda la población, sino a un grupo en particular-, la falta de sistematicidad y de un plan estatal. “No se trató de un mero conflicto gremial. Las organizaciones revolucionarias habían penetrado en la dinámica de las fábricas metalúrgicas brindando apoyo logístico y cobertura armada”, insistió, en alusión a la supuesta presencia de grupos como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La defensa de Pellegrini y Torralvo -los dos exejecutivos señalados por la Justicia- fue por el mismo camino al tratar de ligar la organización sindical de los trabajadores de Acindar a la lucha armada de la época. Lo que los acusadores han ocultado son las razones de esa presencia policial. La Argentina en 1974 padeció un proceso de enorme violencia de organizaciones guerrilleras. Llamar a la policía era una obligación de la patronal, como les gusta decirle”, argumentó su abogado, el doctor Carlos Varela Álvarez. El letrado consideró que la toma de la planta de Acindar en 1974 fue una “privación ilegítima de la libertad” cuyos rehenes eran trabajadores administrativos y jefes de la fábrica y sostuvo que el “Villazo” no fue “una gesta, sino un horror”.

“Habiendo Estado de sitio, las detenciones fueron legítimas todas. Acá no hubo clandestinidad”, justificó, quien fuera impulsado por el expresidente Mauricio Macri para representar a la Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Las detenciones del 20 de marzo fueron legales. No hay ninguna prueba contra Pellegrini y Torralvo. Este juicio llega 50 años después y pretende reivindicar crímenes atroces. Pero mis defendidos no tienen nada que ver”, cerró, antes de pedir la absolución de sus defendidos.

En la recta final, el juicio tiene programadas cuatro audiencias más en la que desfilarán los diferentes abogados defensores de los acusados. Posteriormente, el Tribunal deberá dar su veredicto.

Una compañía con historia

Acindar se levanta en el corazón de Villa Constitución, a orillas del río Paraná, es una de las siderúrgicas más importantes del país y de la región. Fundada en 1942, la empresa no sólo fue motor de la industrialización argentina y del desarrollo regional, sino también escenario de algunos de los conflictos sindicales más intensos del siglo XX. Su nombre remite tanto a la producción de acero, vital para la construcción, la industria automotriz y el agro, como a la memoria obrera y política, atravesada por represión, luchas gremiales y disputas por el rumbo económico nacional. Hoy, bajo el control del gigante multinacional ArcelorMittal, Acindar sigue siendo un actor clave en la estructura productiva argentina, condensando en sus hornos y talleres las tensiones históricas entre capital y trabajo, desarrollo y dependencia.

En la actualidad, la planta de Villa Constitución emplea a más de 3.000 trabajadores de manera directa y sostiene una extensa red de contratistas en la región. Sus productos abastecen a sectores estratégicos y la consolidan como un eslabón imprescindible de la economía nacional.

Sin embargo, la dependencia de los vaivenes del mercado interno y de las decisiones de su casa matriz en Luxemburgo despiertan inquietudes sobre el futuro de la siderurgia argentina y el grado de autonomía de un sector esencial en cualquier proyecto de desarrollo. 

«No estamos acá por heroísmo, sino por solidaridad»

«No estamos acá por heroísmo, sino por solidaridad»

Sep 5, 2025 | DDHH, Destacado 3

El dirigente de izquierda Ezequiel Peressini es uno de los argentinos que integran la flotilla que busca visibilizar el genocidio en Gaza. Desde el Mediterráneo, a medida que se acercan a destino, cuenta cómo es el día a día en el mar junto con activistas de todo el mundo.

Tras zarpar del Puerto Central de Barcelona, la Flotilla Global Sumud navega hacia Gaza para visibilizar la crisis humanitaria y exigir un corredor seguro. Entre los miembros argentinos del contingente, compuesto por activistas de todo el mundo, está el riocuartense Ezequiel Peressini, exlegislador de Córdoba por el FIT-U, quien en diálogo con ANCCOM cuenta cómo es la organización a bordo, la solidaridad que une a la tripulación y la urgencia de la misión frente al genocidio y la hambruna que afectan al pueblo palestino.

“Salimos el 31 por la tarde desde Barcelona. Esa noche la alta marea, los vientos y la tormenta nos impidió continuar, por lo que tuvimos que volver a puerto”, explicaPeressini. La flota de unos 20 barcos debió regresar el lunes 1 de septiembre. “Pasamos la noche intercambiando historias y conociéndonos, porque fue un día tan intenso que necesitábamos detenernos, descansar y entender la magnitud de lo que nos espera. Hay un empuje muy importante por parte de la gente de Barcelona, nunca habían visto algo así”.

Al tercer día de navegación, Ezequiel Peressini relata desde el barco cómo está siendo la travesía. La nave es amplia y cómoda, aunque reducida si se piensa en 20 días de convivencia. La integran representantesde los cinco continentes, entre ellos el diputado nacional del FIT-U Juan Carlos Giordano, su par de Valencia, España, Juan Bordera, y Serigne Mbayé, diputado de Madrid de origen senegalés. También viaja la dirigente argentina de Nuevo Más, Celeste Fierro, una comitiva de médicos de Turquía y una importante delegación de Malasia, integrada por voluntarios humanitarios que ya han participado en la Guerra de Siria, detalla Peressini.

“Cada uno tiene sus tareas, sus aplicaciones y todos colaboramos con la comida, con la limpieza y con la vigilancia nocturna. Según qué tarea más le guste hacer a cada uno o dónde mejor se desempeñe. Eso nos ha permitido estar seguros, comer muy bien y cuidar la higiene en un lugar que se va a transformar en nuestra casa por veinte días”, agrega. La misión tiene un peso que trasciende la comodidad del barco. “Mientras nosotros comemos, descansamos y nos cuidamos, en Gaza más de 65.000 personas han sido asesinadas, buena parte niños y niñas. El hambre se usa como arma. Estamos acá para visibilizar esa situación, no por heroísmo, sino por solidaridad”, remarcaPeressini.

La flotilla tiene un objetivo político claro. “Emitimos una declaración conjunta con diputados y activistas de todo el mundo, exigiendo la apertura de un corredor marítimo seguro. Israel ha dicho que nos tratará como terroristas, que no nos va a garantizar nuestros derechos políticos al momento de llegar a tierra. Por eso le exigimos a los gobiernos que se dispongan a cuidar la flotilla que está recorriendo el mar Mediterráneo a las vistas de los ojos del mundo. En Italia, por ejemplo, los trabajadores prometieron paralizar todos los puertos si perdemos contacto por más de 20 minutos. La solidaridad no es solo simbólica: es acción concreta”, sostiene.

“Pero mientras navegamos, los ataques sobre Gaza se intensifican. El Parlamento israelí tiene aprobado la colonización total de Cisjordania y Trump, el pasado 31 de agosto, salió a manifestar sus planes para transformar Gaza en un centro turístico, lo que significa desplazar a más de dos millones de personas a otros países. Vamos a rechazarlo con la movilización”.

Para Peressini, quien se define en sus redes como “nieto del Cordobazo, hijo del Argentinazo e internacionalista furioso”, la experiencia tiene un recorrido personal que da profundidad a la travesía. “He sido diputado en Córdoba, he militado en Perú, Chile y Panamá. Cada viaje me enseñó algo sobre la lucha contra el capitalismo imperialista que genera guerras, hambre y genocidios. Esta flotilla es parte de eso. Estamos peleando por una Palestina única, laica, democrática, y también contra un sistema que beneficia a unos pocos a costa de los más pobres”.

“Si tuviera que resumir esta travesía, en una palabra, diría ‘solidaridad’. No es sólo una consigna: es compartir tareas, noches de guardia, comida y cuidados. Es la certeza de que cada acción mínima contribuye a visibilizar un genocidio y a construir un puente de humanidad entre quienes estamos en el mar y quienes esperan ayuda en Gaza”.

El teatro vence al odio

El teatro vence al odio

Sep 2, 2025 | Culturas, DDHH, Destacado 4

El ciclo Teatro por la Identidad cumple un cuarto de siglo y lanza una nueva temporada de «Idénticos», el espectáculo que reúne micromonólogos que apuntan a conmover a la sociedad para colaborar con la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar.

“El teatro toca lugares donde no llega ningún discurso y ninguna otra cosa”, afirma Cristina Fridman, productora y fundadora del ciclo Teatro por la Identidad, que desde hace 25 años acompaña en la búsqueda de los nietos y las nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Es el primer lunes de septiembre, entre el frío que trajo la tormenta de Santa Rosa, la vorágine laboral y el ritmo ajetreado de la ciudad, una extensa fila de personas espera paciente sobre las calles Paraguay y Suipacha para disfrutar del espectáculo del colectivo Teatro por la Identidad. En esta ocasión se presenta la obra Idénticos, que consta de una serie de monólogos que hablan sobre el derecho a la identidad, la memoria y la importancia de saber quiénes somos. Sobre el escenario, actores y actrices interpretan distintos personajes que desde el humor, la nostalgia, el recuerdo y el dolor hacen a los espectadores atravesar una montaña rusa de emociones. Además de los monólogos, la obra es acompañada por intervalos de música en vivo, en este caso interpretada por Sofía Viola.

Desde el 2000, Teatro por la Identidad ha ido recorriendo múltiples escenarios de Argentina realizando funciones gratuitas para todo tipo de audiencias con el objetivo de ayudar a Abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace más de cuatro décadas busca a alrededor de 300 nietos y nietas que desconocen su verdadera identidad. Así, el ciclo ha ido pasando por escuelas, espacios culturales e incluso excentros clandestinos de detención para llevar a cada rincón del país el mensaje de la búsqueda y la memoria. “El teatro es tan fuerte a la hora de luchar con amor porque está muy metido en el movimiento cultural de nuestro pueblo. Los actores hemos sido partícipes de los movimientos políticos y sociales de nuestro país poniendo el cuerpo, haciendo obras que hablen del respeto, yendo a marchas como actores y manifestándonos”, dice el actor Osqui Guzmán en diálogo con ANCCOM, quien desde el 2001 participa de este ciclo.

En una época dominada mayormente por lo digital y la tecnología, Fridman sostiene  la importancia del teatro como lugar de encuentro: “El teatro es presencia, es estar con la persona en vivo, palpitando y respirando esa misma situación. No hay red, ni tecnología, ni nada que lo pueda reemplazar. Esto tiene que ver con años de historia y va a seguir siendo así, porque lo que sucede es único, es ese instante donde está el público y donde está el actor y la actriz y donde eso sucede y no se repite: eso es el teatro”.

Por otra parte, la productora destaca la difícil situación que atraviesa Teatro por la Identidad en donde los amedrentamientos a la cultura y los discursos negacionistas se hallan en pleno auge como una política de Estado: “Es la misma situación espantosa que está atravesando la cultura, que ha sido tan atacada y vapuleada por este gobierno, igual que los derechos humanos. Y nosotros tenemos que ver con la cultura y con los derechos humanos, así es que estamos tratando de no bajar los brazos, copiándonos de nuestras Abuelas”.

En sintonía, Guzmán sostiene que encarar proyectos como este “es reivindicativo en el sentido que se dice mucho que el amor no vence al odio y queda en evidencia que no es así, que el amor puede luchar, no solo puede resistir, porque el amor no es una caricia. El amor no es algo lindo, solamente edulcorado y que tiene que ver con el enamoramiento. El amor lucha cuerpo a cuerpo y lucha en estos actos, por ejemplo. Lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Es un acto de amor porque no es algo que lo hacés con una utilidad, sino con un beneficio y que genera futuro. Entonces, el amor lucha desde ese lugar”.

Dentro del teatro, una luz tenue azulada ilumina el escenario donde se encuentran diez sillas que serán ocupadas por los intérpretes de los monólogos -con la coordinación dramatúrgica de Mauricio Kartun y la dirección general de Daniel Veronese: Gonzalo Urtizberea, Malena Figó, Osqui Guzmán, Daniel Campomenosi, Gimena Riestra, Diego Gentile, Eugenia Guerty, Cristian Sabaz, Maiamar Abrodos e Ingrid Pelicori. El actor y comediante Marcos “Bicho” Gómez da comienzo a la obra diciendo: “Hoy no es un aniversario más. Hoy está la idea de ocultar el genocidio y renace con más fuerzas. Y sin embargo, aquí, en el escenario, nada cambió. Los mismos actores seguimos jugando las mismas escenas, buscando vida, buscando abrazos, buscando identidad, dando la bienvenida a quienes llegan y buscando a quienes faltan. Estemos más juntos que nunca, como siempre y digamos que levante otra vez el telón, Teatro por la Identidad”. Luego, el actor vuelve a su butaca para disfrutar de las actuaciones del resto de sus compañeros, que entre risas y alguna que otra lágrima hacen emocionar y aplaudir de pie a todos los presentes en la sala.

Una vez finalizada la obra, la nieta restituida Claudia Poblete Hlaczik, que también cumple 25 años de la restitución de su identidad, sube al escenario y da unas palabras al público: “Mi abuela es una de las que todavía siguen activas dentro de Abuelas, son muy viejitas y quedan muy poquitas. Pero estamos nosotros, nietos y nietas, que pudimos recuperar nuestra verdadera identidad gracias a ellas. Hemos podido restituir 140 nietos, pero todavía seguimos buscando a los más de 300 que nos faltan y los vamos a seguir buscando por nuestras mamás y por nuestras Abuelas, con la ayuda de todos ustedes, que sin la sociedad que nos apoye, que nos acompañe, sin los compañeros y compañeras de Teatro por la Identidad, que hace ya 25 años que llevan el al arte de esta lucha, que tanto significa para todos los argentinos, sería difícil”. Y concluye: “Todavía nos falta mucha gente que camina por esta Argentina sin saber quién es y estamos acá esperando que vengan. A mí me encontraron gracias a eso, a personas de esta sociedad que se conmovieron lo suficiente como para acercarse a las Abuelas y dar información”.

Las próximas funciones se realizarán los lunes 8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 20 horas en Teatro ND, ubicado en Suipacha 918. Las entradas son gratuitas y se retiran en el teatro los días de función, desde las 18:30 hasta agotar el aforo disponible. Además contarán con la participación de Georgina Barbarossa, Carlos Bellodo, Leonor Manso y Peto Mehahem. Y en la puesta musical estarán Homero, Julia Zenko, Valen Bonetto, Estaban y Julia Morgado.

“Hoy la causa está en una instancia crucial”

“Hoy la causa está en una instancia crucial”

Ago 29, 2025 | DDHH, Destacado 4

El proceso judicial por la represión de Gendarmería que mantiene al fotógrafo Pablo Grillo en terapia intensiva, avanza lentamente. El próximo 17 de septiembre será indagado el autor del disparo, el cabo Héctor Guerrero. La familia del fotoperiodista herido reclama que también se investigue a los responsables políticos del hecho.

Fabián Grillo en la Marcha Nacional contra el gatillo fácil el pasado miércoles. 

“La expectativa es que este proceso judicial sirva para marcar un antecedente, un antes y un después, en lo que las fuerzas de seguridad no pueden hacer jamás en un contexto de protesta, ni contra periodistas ni contra cualquier manifestante”, afirma Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa por la agresión al fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad por un gas lacrimógeno el 12 de marzo pasado, durante una movilización de los jubilados que reclamaban aumento de haberes. Mientras tanto, la evolución del reportero gráficp no es la esperada. Su familia, en un comunicado, informó que se encuentra “clínicamente estable” pero “neurológicamente está en una meseta” y actualmente permanece en terapia intensiva.

La jueza federal María Servini tiene a su cargo la investigación del hecho. Tras una reconstrucción, citó a indagatoria a Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo, identificado de manera colectiva gracias al proyecto Mapa de la Policía. La audiencia fue reprogramada para el próximo 17 de septiembre, más de seis meses después de la violenta represión en la plaza del Congreso que tiene a Pablo Grillo peleando por su vida.

“Hoy, la causa de Pablo se encuentra en una instancia crucial –sostiene Lloret–,en cuestión de semanas el juzgado va a escuchar, va a conocer al cabo primero Guerrero y él va a tener la oportunidad de declarar”. Y explica: “La figura penal con la que caracterizamos su conducta es tentativa de homicidio doblemente agravada, por abuso funcional y por el uso de arma de fuego. Actualmente sigue en libertad y trabajando para la Gendarmería Nacional, aunque, por supuesto, está apartado de los operativos de protestas en la Ciudad de Buenos Aires”.

A su vez, la familia Grillo enfrenta una doble angustia, por la salud de Pablo y por la espera judicial. “Estamos expectantes. Yo no estoy acostumbrado a estos temas. Para mí es muy lento, pero todo el mundo me dice que es rápido. La justicia tiene tiempos que no son los humanos”, expresó Fabián Grillo, padre de Pablo, en declaraciones a la prensa.»El juzgado tiene pendiente determinar las responsabilidades políticas del operativo represivo que dejó más de cien detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas y Pablo al borde de la muerte. En este caso lo probado en forma directa es el accionar del cabo Guerrero. Después veremos a quién responde y a partir de qué orden y en qué contexto accionó”, remarcó.

“Estamos esperando la indagatoria de Guerrero. Después, el juzgado tiene diez días para resolver su situación procesal –puntualiza Lloret–. Lo que sí nos queda pendiente, y es algo en lo que vamos a insistir, es en que se produzcan medidas de prueba que pedimos para esclarecer responsabilidades más vinculadas a la supervisión, al control del operativo en general, pero principalmente del accionar de Guerrero”.

Desde el inicio, la investigación enfrentó intentos de encubrimiento. El sumario interno de Gendarmería se cerró en pocos días, con argumentos como baja visibilidad al momento del disparo y falta de identificación de prensa, para instalar la idea de un accidente. “En un momento hubo un obstáculo importante que tuvo que ver con la resistencia del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería Nacional de aportar aquellas pruebas que pedíamos y el juzgado ordenaba que se produzcan. Por ejemplo, las filmaciones del momento de los hechos, las personas que tenían la responsabilidad de filmar el operativo desde ese lugar donde estaba Gendarmería apostada… También hubo una resistencia relativa al informe administrativo que Gendarmería le había iniciado a Guerrero”, detalla la abogada del CELS.

Sin embargo, pruebas contundentes desmienten la versión del accidente a través del reconocimiento directo de Guerrero como autor del disparo. “Lo que más nos preocupa, y por eso es un momento trascendental del caso, es qué decisión vaya a tomar el juzgado. Van a entrar, obviamente, las variables de lo que él declare, de cuál es la versión que él instale dentro de la causa, de la cual ya tenemos algunas pistas por esta investigación administrativa que le hicieron, y en la cual tanto él como sus colegas de la fuerza buscaron instalar una versión de que ellos habían actuado profesionalmente, de que dispararon, o que en particular Guerrero disparó de acuerdo a la normativa, cuando la propia normativa de Gendarmería rechaza esta idea, demuestra que el disparo fue hecho en un ángulo ilegal y prohibido, y hasta llegó al punto de responsabilizar a Pablo por haber quedado en medio, dice él, de la fuerza y de los manifestantes”, anticipa Lloret.

El caso de Pablo Grillo no es un hecho aislado. La violencia institucional contra los trabajadores de prensa se ha vuelto sistemática y ha motivado el reclamo del sector. Hace poco más de una semana, cientos de cronistas y fotorreporteros se movilizaron al Ministerio de Seguridad para repudiar y exigir la renuncia de Patricia Bullrich bajo la consigna “Sin libertad de prensa, no hay democracia”.