Las nuevas prioridades de Adriana

Las nuevas prioridades de Adriana

Adriana Metz Romero, hermana del nieto 140 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, habla de su historia, de la búsqueda colectiva, de cómo conoció la noticia y de su experiencia de llorar y reir al mismo tiempo.

“Ella, Graciela Romero caminaba por las calles de los barrios de la ciudad del sur de la Provincia de Buenos Aires cubierto su cuerpo pequeño, con un poncho de lana que la distinguía y la protegía del frío y de los vientos sureños que sí le enrojecían la diminuta nariz. Por ella invitamos a recorrer esta página…”

Entrada del blog “Poncho de Lana”, de Adriana Metz Romero.

 

Cubierta con un saco de lana colorido, Adriana Metz Romero abre la puerta de la casa en la que se aloja. En la calma de una calle semivacía por el feriado del Día de la Independencia, ella no para de atender llamados y agendar otros. Se hace un momento para responder a todos, pero anticipa que puede pausar cualquier entrevista en caso de que llegue la respuesta a sus mensajes de su hermano, a quien conoció esta semana: “Prioridades son prioridades”, dice.

“Siempre fui parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que pasa es que yo no me hacía cargo”, expresa sobre el vínculo con la organización a la que se sumó definitivamente en 2012 como trabajadora de la sede de Mar del Plata y en la que es parte de la Comisión Directiva desde 2023. “Recuerdo una oportunidad en que visitamos la sede central de Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque llegamos cuando ellas no estaban, entramos como cualquiera puede entrar a la casa de su abuela. El escritorio de Estela -Barnes de Carlotto- era grande, con un vidrio bajo el cual había fotos, postales y saludos. Vimos una foto carnet en blanco y negro mía, muy chiquita, supongo que con seis años”, recuerda.

Adriana es idéntica a la imagen que la organización utilizó de su madre para la conferencia de prensa y que tiene publicada en la página web oficial para la búsqueda de los aún desaparecidos Graciela Alicia Romero, su madre, y su padre, Raúl Eugenio Metz. Ambos fueron secuestradosen Cutral Co, el 16 de diciembre de 1976, cuando tenían 24 y 25 años respectivamente. Graciela gestaba un embarazo de cinco meses. Desde entonces, la familia Metz-Romero se dedicó a la búsqueda del bebé apropiado hasta que el pasado viernes, Abuelas de Plaza de Mayo pudo recuperar su identidad, convirtiéndose en la restitución 140 de la organización.

Durante su infancia, Adriana vivió en Bahía Blanca y fue criada por sus abuelos paternos, Oscar Metz y Elisa Kaiser, hasta que, por su tan corta edad y la vejez de los abuelos “no me podía hacer cargo de ellos”, y terminó mudándose a Mar del Plata con una tía materna, Norma Romero. “A mis 14 años me dediqué a ser adolescente. Cuando cumplí la mayoría de edad, me hice cargo de las cuestiones legales. Para lo que las Abuelas me necesitaban yo estaba, pero tampoco había iniciativa de mi parte. Cuando tuve a mi hijo, Enzo, entendí mi falta al no haber sido criada por mi papá y mi mamá. Luego, con el nacimiento de mi segundo hijo, Luca, al verlos interactuar a ellos como hermanos, me di cuenta de lo que me habían quitado. Decidí que no iba a quedarme esperando a que las Abuelas encontraran a mi hermano. Yo tenía que participar de la búsqueda activamente. Así fue como en el año 2012 me reincorporé y ellas se encargaron de recordarme que lo nuestro tenía historia”, expresó en relación a una visita que hicieron Estela de Carlotto y Rosa Tarlovsky de Roisinblit -actuales presidenta y vicepresidenta de la organización respectivamente- a la casa de sus abuelos. “Estaban preocupadas porque una abuela tan mayor estuviera a cargo de una niña tan chica. Cuando ellas empezaron la búsqueda de sus nietos eran jóvenes. No era el caso de mi abuela”, explicó Adriana que en 1976 cuando sus padres fueron secuestrados tenía un año de edad y su abuela 65.

¿Cómo fue el momento en que te enteraste de los resultados del ADN?

Manuel Goncalves Granada -nieto restituido y parte de la organización- me avisóque estaba viajando a Mar del Plata y que iba a pasar a saludar y que me iba a traer un regalo. Cuando llegó, yo había preparado algo para picar. Veo que viene con las que yo llamo las ‘bolsitas de las buenas noticias’ -explica en referencia a las bolsas de telas con la estampa de la organización-. ‘Te traje un regalito de Abuelas. Adentro hay un regalo de todas las personas que te queremos’, me dijo. Lo abrí, sin los lentes puestos, y lo primero que veo es el 17 de abril de 1977. Todo lo que aparecía arriba y abajo, no lo entendía. Solo me dijo: ‘Lo encontramos’. Y ahí empecé a reír y a llorar. Según Manuel, nunca había visto a alguien llorar y reír con tanta intensidad a la vez. Me salió hacer un chiste ¡Ay, voy a salir a correr! Algo que en mi vida hice. Le conté a unas pocas personas, mis hijos, una amiga de mi madre, a Alicia Partnoy y a mi compañera de oficina de Abuelas. Iba caminando por la calle y pensaba, tengo una noticia hermosa para contar, que a la gente la va a alegrar, pero no se lo puedo decir. Me sentía casi egoísta, pero es por una causa fundamental: que la difusión de una restitución sea dada por quienes tienen la palabra autorizada para hacerlo, las Abuelas, con la herramienta de la conferencia de prensa. Me tuve que aguantar desde el sábado a las 15 horas hasta el lunes casi a la misma hora.”

Adriana afirma que nunca sospechó lo que se estaba gestando, que “el 140 es mío” como rezaban carteles festivos que levantó la familia durante la conferencia del pasado lunes. “Como parte de la organización, sé que Manuel Goncalves es el encargado de comunicar las noticias relacionadas al reencuentro de un nieto o nieta. Pero nunca sospeché o se me ocurrió pensar que venía a contarme esto, a pesar de la reiterada comunicación el viernes y sábado”, explicó.

El caso del ahora nieto 140 es uno de los cuales, según Adriana, se tenía bastante información: solo faltaba conocer dónde estaba el bebé apropiado. “Sabemos que nació en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, el 17 de abril de 1977. Que estuvo cuatro o cinco días con mamá y que después alguien se lo llevó. Hay nietos que recuperaron su identidad pero que no saben dónde o cuándo nacieron. Ahora el caso ya está completo porque sabemos que vive y conocemos su ubicación”, durante la conferencia de prensa del lunes, Adriana mencionó su temor de que el bebé no hubiera llegado a la vida adulta.

 

 ¿Qué recuerdo tenés de la búsqueda de tus abuelos?

Tengo el recuerdo de la búsqueda de un varón. Yo siempre supe que era hija de desaparecidos y que tenía un hermano. Crecí sabiendo qué les había sucedido a mis padres, que su ausencia no era por un accidente de tránsito o una enfermedad. En mi casa se hablaba de Raúl y Graciela, que embarazada de cinco meses habían sido secuestrados. No tenía ningún reparo en decir que vivía con mi tía por ser hija de desaparecidos. Todo esto previamente al testimonio de Alicia Partoney -sobreviviente del centro clandestino La Escuelita- que se vio forzada al exilio en Estados Unidos y desde allí hizo denuncias de lo que ocurría en Argentina. Pero también halló denuncias y pedidos de información que llegaban desde nuestro país al extranjero. Una de ellas era el testimonio de mi abuelo que busca a su hijo Raúl, a su nuera Graciela embarazada y que cuando se los llevaron dejaron a su hija de un año en brazos de un vecino. Alicia, como sabía con quién había compartido cautiverio, envió una carta a mis abuelos en la que cuenta que en ese centro clandestino había visto a mi papá, a mi mamá y también a María Elena Romero, hermana menor de mi mamá que fue secuestrada en febrero de 1977 y asesinada el 12 de abril del mismo año, enmascarado en un falso enfrentamiento armado. El testimonio de Alicia fue fundamental y por ella supimos que mi hermano había nacido. El relato se fue completando con la información que aportaron los sobrevivientes con el paso del tiempo. Siempre fue una búsqueda colectiva. Aunque Estela -de Carlotto- habla de que es un ‘milagro’, ellas fueron las que empezaron con estas búsquedas que hoy dependen de trabajadores del Estado nucleados en organismos como Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que hace todo el trabajo científico-técnico para que ese resultado esté. Es un trabajo totalmente colectivo, y así también es la alegría, que debemos compartir. El mensaje tiene que seguir circulando, porque nos quedan 300 por encontrar.”

 ¿Y cómo fue tu proceso de búsqueda para finalmente vivir el encuentro?

A la búsqueda había que darle una vuelta de tuerca para que una persona de casi 50 años, que tiene una vida establecida y sus problemas de lo cotidiano, encontrara elementos que le provocaran unclic y que se acerque a Abuelas. Aunque no soy muy inventiva, fui poniendo esos elementos a su alcance. Nunca me puse a pensar en qué iba a hacer o decirle cuando lo encontrara porque yo estaba centrada en la búsqueda. ‘Cuando lo encuentre veo cómo hacemos, cómo se da todo’, pensaba. Y si bien entendía que buscaba para encontrar, no lo había imaginado así. Hasta que finalmente sucedió y entré del brazo de Estela. Como estoy acostumbrada a estar del otro lado del escenario, sentía que me estaba perdiendo de algo. Sin embargo, nuestra historia era finalmente la protagonista y todo lo que hice fue para estar en ese lugar: al lado de Estela y con la foto de mis viejos.

 

¿Cómo se resolvió el caso de tu hermano?

Las denuncias e informaciones llegan a la organización de Abuelas de Plaza de Mayo y de allí son notificados CoNaDI que, a partir de todas las herramientas que tiene como organismo estatal, comienza una investigación. Ellos convocaron a mi hermano en abril y le plantearon que había elementos que hacían sospechar que podía llegar a ser hijo apropiado de desaparecidos, sin aclarar de qué grupo familiar y que la forma de saberlo es con un examen de ADN en el BNDG que almacena las muestras de la persona con dudas y el grupo familiar y en caso de coincidir, se activa el protocolo de notificación. Cuando estuvieron los resultados, se comunicaron con mi hermano. Me dijeron que llevó casi una hora y media esa conversación y que fue bastante fluida. El preguntó cuáles eran los pasos a seguir, que en esa instancia era avisar a su grupo familiar, a nosotros, sobre los resultados. Le dijeron que me iban a avisar a mí, su hermana, y que una vez que yo fuese notificada, él ya se podía contactar.

 

¿Cuáles son tus expectativas de aquí en adelante?

La conexión familiar va a ser un lío bárbaro porque somos un montón los Metz-Romero. Pero nuestra relación espero siga fluyendo como hasta ahora. Estamos en contacto por teléfono, le envié algunas fotos familiares y vamos charlando. Pero estoy muy ansiosa, atenta a responderle y me preocupo por demás si él ya me contestó o aún no. Me tengo que recordar constantemente que debo bajar un cambio y dejar que fluya.

Aunque pasaron pocos días entre el pasado viernes en que el CoNaDI notificó al nieto 140 de su verdadera identidad y el contacto con su hermana, en la conferencia de prensa Adriana dijo: “Entre que la muestra entró al banco hasta los resultados (de abril a julio) él tuvo tiempo de pensar y esto lo llevó a entrar en la página de Abuelas, a fijarse los grupos familiares. Había datos que lo hicieron sospechar de que su grupo familiar era éste, el nuestro”. Quizás, en la próxima restitución el nieto 140 esté parado sobre el escenario, dando respaldo a quienes vivan la feliz noticia. O quizás lo haga manteniendo un perfil bajo, sin exponerse mediáticamente. Pero Adriana logró completar su tejido familiar luego de 49 años gracias a la búsqueda colectiva.

«Sobreviví, pero siempre queda algo»

«Sobreviví, pero siempre queda algo»

Sara Laura Abadi tenía 23 años y estudiaba Medicina cuando fue secuestrada y torturada en noviembre de 1977, durante la última dictadura cívico-militar. Este martes, con 71 años, esta pediatra declaró en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II sobre las torturas y abusos que padeció. También testimonió la hija del exconcejal radical Enrique Merino que estuvo secuestrado en la comisaría de Moreno.

“Diariamente yo sufrí torturas en todo el cuerpo y cuando no, escuchaba los gritos del resto. En ese lugar se sentía la angustia de las personas diseminadas en varias salas”, relató como parte del duro testimonio la sobreviviente Sara Laura Abadi. En una nueva audiencia  por la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad ejecutados en la Mansión Seré IV y el circuito represivo RIBA solo expusieron una sobreviviente y una testigo. Por estar abocado el tribunal también a la causa Campo de Mayo, la vigésimo sexta audiencia fue corta y concisa en comparación con otras previas de varias horas de duración y con al menos cuatro declaraciones.

“Yo fui víctima de la última dictadura militar, estuve en cautiverio en Mansión Seré”, fue lo que respondió Abadi a Manuel Castro, defensor de los represores acusados, exintegrantes de la Fuerza Aérea, José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch. El doloroso testimonio de la sobreviviente estuvo signado por la narración de las torturas y violaciones físicas y psicológicas contra su persona, y por las secuelas posteriores que ella y su familia debieron afrontar. “Yo sobreviví. Pero siempre queda algo, nunca se olvida. La terapia ayuda, pero se mantiene el sufrimiento, y también el vivir sin poder decir muchas cosas. Aunque tuve una vida bastante íntegra y cumplí parte de mis objetivos de juventud, mi vida quedó atravesada”, relató Abadi, que actualmente tiene 71 años y es pediatra. Al momento del secuestro estudiaba Medicina, y declaró que los hechos vividos le hacen atravesar muchas prácticas de la profesión con dificultad y dolor, como la denuncia de abusos a las infancias.

“Nunca asumí que finalmente me habían dejado libre, en los días posteriores a la liberación solo pensaba en que me iban a recapturar. Era muy difícil vivir en Buenos Aires con ese miedo”, relató la testigo y ahondó en las dificultades del exilio de un año que se vio obligada a transitar en Brasil. “En la familia, mi secuestro impactó muchísimo. Mi padre, Jacobo Abadi, nunca lo pudo superar y hasta el día de su muerte estuvo pendiente del teléfono y los llamados. Con mi madre, Marta de Abadi, pudimos ir conversando los sucesos, al igual que con mi hijo, que cuando fue más grande logré abrirme y contarle algunos temas, para que sepa sobre la vida de su madre”, detalló.

En la madrugada del 23 de noviembre de 1977, en la casa que vivía con sus padres en Capital Federal, “golpearon a la puerta, se escucharon gritos y golpes, y en el domicilio entraron varias personas de civil con armas importantes. Yo dormía con mi hermana en una habitación, a la que entraron con mucha violencia. Me dijeron que me tenían que llevar, que me vistiera. Me sacaron de la casa con una venda y esposas. Luego me enteré que mis dos hermanos, Samuel Eduardo y Maria Victoria, y mis padres fueron encerrados en el baño. Nosotros somos judíos y en la casa había algunos elementos relacionados a la religión que destrozaron. A mí me tiraron en la parte de atrás de un auto y me aplastaron. Comenzó una recorrida en la que evidentemente iban buscando a más personas, siempre con mucha agresividad y gritos, cuando no encontraban a alguien se volvían locos”, relató Abadi.

“Llegamos a un último lugar que fue donde permanecí durante mi cautiverio. Bajamos del auto, era un lugar silencioso y tranquilo, parecía muy lejano a la ciudad. Subimos escaleras, atravesamos pasillos y en una sala me hicieron un interrogatorio inicial diciendo que tenía que colaborar con ellos. Luego, me piden que me desnude y me pasaron a otra habitación, en la que volvieron a interrogarme y maltratar. Me pusieron en una situación de indefensión, hay en ese momento una situación de abuso con lo que yo creo fue un objeto o cachiporra mientras me interrogaban. Hacían siempre alusión a mi condición de judía”, relató Abadi y la fiscalía en representación de Félix Crous, junto a la jueza Claudia Morgese Martín, ofrecieron a la sobreviviente iniciar una investigación respecto al hecho.

“Luego de la primera sesión de tortura y en un lugar donde había más personas cautivas, apareció un cura que, haciendo alusiones a Dios, nos dijo que debíamos colaborar y ayudar, que básicamente era decirles todo lo que supiéramos, que no tomáramos agua (para sobrevivir a la electricidad de la picana)”, relató la sobreviviente. “En los dias subsiguientes sufrí nuevamente tortura con picana eléctrica, maltrato y golpes –continuó–. Todo era con violencia y a los gritos, pidiendo información, amenazando. Hubo simulacros de muerte con pistolas en la sien diciéndonos ‘o declarás o morís’. Hasta que en la última semana disminuyó la tortura y hacia mitad de diciembre me liberaron. También a una chica más joven con la que había compartido la sala de cautiverio en planta baja”, recordó con angustia la sobreviviente.

Con el tiempo pudo conocer el motivo de su secuestro. “Figuraba mi nombre en la libreta de un muchacho que vivía en Liniers, Jorge “El Tano” Infantino, a quien habían secuestrado antes. A Jorge lo vi en la mansión, incluso en algún momento sirvió la comida que se repartía en ollas grandes”. Allí también reconoció a Gustavo Mensi, a quien conocía de su militancia secundaria, la cual ya no mantenía al momento del golpe de Estado: “No tenía conexión política ni contactos, aunque ellos me pedían nombres”.

La otra declaración de esta audiencia, fue la de Miriam Beatriz Merino, citada como testigo del secuestro en 1977 de su padre Enrique Merino. “Hace mucho tiempo de estos hechos y siempre he tratado de olvidar, ahora tampoco quiero recordar. A su vez, poco nos contaban en esa época y a mí no me interesaba demasiado”, se excusó la testigo en reiteradas oportunidades por no poder precisar preguntas del fiscal general de la causa, Crous.

Luego de un mes de secuestro Merino fue liberado. “Él estaba asustado pero mi mamá estaba contenta de que hubiera vuelto y de que no estuviera lastimado –prosiguió la testigo–. Durante su desaparición mi mamá se había enterado que estaba detenido en la comisaría de Moreno y le llevaba comida, pero no la dejaron verlo. Cuando regresó, nos contó que le habían dado las comidas. Nos relató, además, que eran varios los presos políticos aunque él había estado solo, en un cuartito oscuro y sucio con olor a orín, y luego junto a otras personas”. Su padre era radical, dijo, “y había sido concejal porque le gustaba la política y el debate”.

Sobre el momento del secuestro relató que se dio durante el almuerzo y que a la casa “entraron militares armados que esposaron a mi padre y se lo llevaron luego de revolver la vivienda. Recuerdo muchos gritos, un show de militares que rodeaban la casa y estaban por todas partes”, explicó la testigo, que tenía entre 19 y 20 años en aquella época.

Con estas dos declaraciones finalizó una nueva audiencia de este juicio inciado el 27 de agosto de 2024. Próximo a cumplirse un año de desarrollo, aún continúa en etapa testimonial, dando lugar a declaraciones nunca antes escuchadas y otras que vuelven a ser requeridas por los procesos judiciales. La próxima audiencia de este juicio será el 5 de agosto a las 9 de la mañana.

“Nadie puede vivir en una historia que no es cierta y sin conocer a su familia”

“Nadie puede vivir en una historia que no es cierta y sin conocer a su familia”

Abuelas de Plaza de mayo restituyó la identidad al nieto 140, que había nacido en el centro clandestino de detención La Escuelita. Es hijo de los desaparecidos Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. Era buscado por su hermana mayor, Adriana, y la abuela de ambos, Elisa Kaiser, ya fallecida, quien solía decir que “la sangre llama”. En la conferencia de prensa también se reclamó contra el desmantelamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las políticas de memoria.

El lunes que comenzó nublado en Capital Federal despejó hacia el mediodía, luego de que Abuelas de Plaza de Mayo anunciara la restitución del nieto 140, a quien presentó a primera hora de la tarde en la Casa de la Entidad ubicada en el Espacio de Memoria ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). “Mi abuela Elisa decía que la sangre llama”, relató Adriana Metz Romero, hermana mayor del nieto 140, en referencia a su abuela paterna Elisa Kaiser, quien la crió luego del secuestro de sus padres, Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, cuyas fotografías estaban sobre la mesa que compartió, durante la conferencia de prensa, con el nieto restituido 57, Manuel Gonçalves Granada, y con Estela de Carlotto, presidenta y línea fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.

Tanto Graciela Alicia Romero, como su esposo, Raúl Eugenio Metz, eran oriundos de Bahía Blanca y se conocieron militando en comedores barriales de la ciudad, y luego se unieron al Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

El 16 de diciembre, cuando Graciela estaba embarazada de 5 meses, fueron secuestrados en Cutral-Có, lugar donde se habían trasladado luego de ser perseguidos. Se sabe por testimonios de sobrevivientes que los aún desaparecidos estuvieron secuestrados en dos centros clandestinos de igual nombre, “La Escuelita”, ubicados en Neuquén y Bahía Blanca. En este último centro, nació el 17 de abril de 1977 el hijo del matrimonio Metz-Romero, hoy nieto restituido.

Durante la conferencia de prensa, Adriana Metz adelantó pocos detalles: que su hermano vive en Buenos Aires y tiene 48 años, aunque prefirió darle espacio y tiempo para que cuente él mismo cuando se sienta listo. “Me contó que fue criado como hijo único y que no tiene familia, a lo que le dije: ‘Yo’. Mi hijo Lucas, me señaló que cambió mi forma de hablar al estar con él presente. Solía referirme a ‘mi mamá’, pero con él hablo de ‘mamá’ y ‘papá’. No fue forzado porque siempre fui consciente de que tengo un hermano. A partir de acá es todo ganado para la familia Metz Romero pero también para la sociedad. Porque cada niño que recuperó su identidad nos ilusiona un poquito más”, relató la hermana mayor y colaboradora de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, quien en el proceso de búsqueda abrió un blog de tejido en el que escribía a su hermano, al igual que lo hizo en una carta el 17 de abril en el que cumplía 40 años. “Fue construyendo una red que la cobija y hoy también abraza a su hermano en este encuentro tan esperado”, expresó Carlotto sobre Adriana, en un discurso sincero y cercano que recordaba a una niña infante, recuperaba la historia y la personalidad de los aún desaparecidos.

Adriana Metz Romero, que hizo propia la búsqueda iniciada por su abuela, se refirió en diálogo con ANCCOM a la importancia de socializar la lucha. “La fuerza se encuentra en esta red colectiva que armaron las abuelas. Una red de contención, de búsqueda, a la que incorporan a los nietos, a los hermanos, enseñándonos que la búsqueda terminará cuando los encontremos a todos”. Fue criada por sus abuelos y construyó un núcleo familiar: “Esto es el día a día y construir a pesar de la ausencia. Por su parte, mis hijos, hicieron suya la causa y buscaban a su tío, no al hermano de su mamá. Ahora ya no tienen que salir a buscar a mi hermano, pero sí tendrán que buscar a los demás”.

Por su parte, Estela de Carlotto, expresó a ANCCOM: “Nadie puede vivir en una historia que no es cierta y sin conocer a su familia. Esto para nosotros es como un nacimiento y así lo festejamos. Recuperar a los nietos es llegar a la verdad de lo que ha sido la apropiación de niños durante la dictadura cívico militar, darles la identidad que corresponde y que se encuentren con su familia para disfrutar de la verdad”, situación que describió durante la conferencia de prensa como “un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias”. En ese sentido, la militante histórica expresó que a pesar de los tiempos hostiles para las políticas de memoria, “la fuerza está en la convicción y en el deseo que sentimos de que nuestro país sea el que soñaron los 30.000, que desde donde estén nos ayudan, pero nosotros somos los que tenemos que movernos, y para ello no hay edad. Mientras pueda estar parada y mi cerebro funcione voy a estar, si yo puedo ustedes también. Tengo fe en la juventud, en su inteligencia de seguir los buenos ejemplos”.

En particular, esta búsqueda comenzó a partir de la recepción de denuncias anónimas y la investigación posterior por parte de la organización. En ese sentido, recordaron la importancia de la construcción colectiva de la verdad: “Cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a Abuelas. Por eso, si alguien tiene algún dato, también le pedimos que se acerque. Son esas las informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas”, expresó Gonçalves Granada. Sin embargo, también llamó la atención sobre la alarmante situación de los trabajadores de los distintos organismos abocados a las políticas de memoria. Mencionó del decreto 351/2025 por el cual el gobierno atacó a la ciencia y la memoria. En el mismo se determina que el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley N° 23.511, quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en manos de Guillermo Francos, dejando de ser un organismo autónomo y autárquico. “La búsqueda colectiva sostenida a lo largo de 49 años condensado en estos momentos ratifican lo imprescindible que son las herramientas construidas por el Estado y la labor silenciosa de decenas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Que aún hoy en condiciones precarias y con enormes dificultades continúan trabajando con la convicción de que este delito debe ser resuelto”,

“Con la restitución 140 confirmamos, una vez más, que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que, gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos años de lucha seguirán apareciendo”, expresó Carlotto en la ronda de prensa que finalizó con los vitoreos infaltables: “30.000 compañeros detenidos desaparecidos: ¡Presentes!” La gente no abandonó el predio hasta varias horas después de finalizada la conferencia. Aunque la búsqueda es continua y quedan aún 300 nietas y nietos con su derecho a la identidad vulnerado, el murmullo, las conversaciones y la alegría en un espacio como la ex ESMA recuerdan por qué es necesario continuar con la causa de las Abuelas.

 

Continúa la cacería de militantes opositores

Continúa la cacería de militantes opositores

Alesia Abaigar y otras cinco personas se encuentran detenidas por un hecho que, según diversos referentes de derechos humanos y juristas, no excede una contravención.

En la madrugada del miércoles se realizaron allanamientos y detenciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que incluyeron la aprehensión de cuatro personas que permanecieron incomunicadas hasta última hora del día. Entre las nuevas detenidas se encuentra Eva Carina Alejandra Mieri, concejala de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante del municipio. También fueron detenidos Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes,  todos estarían acusados de participar en la planificación y ejecución del ataque al domicilio del diputado José Luis Espert, en San Isidro.

Los operativos fueron ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, bajo órdenes del Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N.° 2 a cargo de Juan Cruz Schillizzi.

En diálogo con este medio, Charly Pisoni, integrante de HIJOS Capital, sostuvo: “En esta causa hay una intencionalidad política. La jueza Arroyo Salgado está respondiendo a los poderes del círculo rojo”. Además, cuestionó la calificación penal de la causa: “No pueden estar detenidas personas por delitos como asociación ilícita con fines políticos. Esto es persecución”.

En el caso de Alexia Abaigar, su detención se dio sin pruebas concretas, y la causa —iniciada por la jueza Arroyo Salgado— continúa bajo secreto de sumario. Abaigar permaneció dos días incomunicada, sin acceso a su defensa, alojada en el penal de Ezeiza.

La noche del miércoles, referentes de Unión por la Patria (UP) ofrecieron una conferencia de prensa junto a familiares de las personas detenidas para denunciar públicamente las irregularidades cometidas durante los procedimientos. “La prisión preventiva es una excepción para casos en los que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. Eso no iba a suceder”, afirmó Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), quien abrió la exposición. La sala se encontraba colmada de dirigentes del peronismo, representantes de organizaciones sociales, de otros espacios políticos, abogados y familiares.

Molea también denunció la ausencia de funcionarios judiciales durante los allanamientos: “Las detenciones se realizaron sin que ningún funcionario del juzgado estuviera presente”, señaló y remarcó que varios de los detenidos siguen incomunicados. “Esto es de una gravedad institucional absoluta y no vista en los últimos años”. Además, confirmó que se volverá a apelar la resolución que rechazó el primer pedido de excarcelación, al considerar que “no hay fundamentos suficientes para justificar una prisión preventiva”. Y cuestionó: “¿No hay que investigar el abuso de poder? ¿No tiene el Consejo de la Magistratura que analizar estas conductas judiciales? Hay abuso de poder, y estamos evaluando presentaciones formales”.

El segundo orador fue Domingo Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y representante legal de Eva Mieri. “Nos preocupa el exceso punitivista de establecer detenciones preventivas no como excepción, sino como regla”, expresó. “Este punitivismo significa perseguir a los que piensan distinto”.

Los familiares también tomaron la palabra. La madre de Alexia Abaigar relató el maltrato policial que sufrieron ambas durante el traslado: “Le pusieron esposas y la encadenaron al móvil policial”. Además, denunció una “sesión de fotos” donde se le habrían tomado imágenes a su hija con el rostro cubierto y luego descubierto. Por su parte, el padre de Iván Díaz Bianchi describió a su hijo como un joven que “solo estudia, trabaja y colabora con los sectores más vulnerables del distrito. La idea es darnos miedo. Y claro que tenemos miedo”. En la misma línea, la hermana de Aldana Sabrina Muzzio cuestionó la teatralidad del procedimiento: “No salió bien el video, la hacen volver a entrar a la casa y vuelven a grabar para que les quede bien. No se llevaron una terrorista, se llevaron a una hermana, una madre, una hija, y se la llevan por ser mujer y peronista”.

En paralelo, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Procuración Penitenciaria de la Nación presentaron solicitudes para ser aceptados como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. A través de ese instrumento legal, buscan aportar argumentos técnicos y de derechos humanos que demuestren las irregularidades procesales cometidas y la gravedad institucional de las detenciones. Los documentos ya fueron presentados y se encuentran disponibles para consulta.

Presentan un proyecto para declarar monumento histórico a la Parroquia San Patricio

Presentan un proyecto para declarar monumento histórico a la Parroquia San Patricio

En ella se perpetró la masacre de cinco religiosos de la comunidad palotina a manos de represores de la última dictadura militar. El lunes ingresa la iniciativa al Congreso.

Este lunes se presentará en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para declarar Monumento Histórico Nacional a la parroquia San Patricio de Belgrano, donde se perpetró la masacre de cinco religiosos de la comunidad palotina a manos de represores de la última dictadura militar. El proyecto es impulsado por los diputados Eduardo Valdés, Sabrina Selva y Ricardo Herrera.

El 4 de julio de 1976, un grupo de represores ingresó a la parroquia y asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti. Además, colocaron alrededor de los cadáveres una imagen de Mafalda señalando el “palito de abollar ideologías” de un policía, y escribieron en las paredes del templo: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes” y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

El proyecto para preservar el patrimonio cultural de la parroquia es una iniciativa conjunta impulsada desde al año pasado por Eduardo Valdés, Mónica Capano, quien hasta hace poco fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMMLH), el fundador de Palotinos por la Verdad, Memoria y Justicia, Ramiro Varela, y por el párroco a cargo de San Patricio, Juan Sebastían Velasco. Este año, a través de un decreto del gobierno nacional, la CNMMLH dejó de ser un ente autárquico y se trasladó a la Secretaría de Cultura, donde funciona como unidad organizativa.

Varela, en conversación con ANCCOM, expresa sus expectativas respecto a la aprobación del proyecto, al tratarse de un sitio con una fuerte carga simbólica: “Es el lugar donde aconteció el mayor atentado contra la Iglesia Católica argentina, uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado y sus víctimas son cinco religiosos que están en proceso de canonización a partir de una causa canónica que inició el Papa Francisco en 2005, cuando todavía era Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que los requisitos para que la parroquia reciba esta declaración están más que dados y más que fundamentados”.

La propuesta impulsada por Valdés es una forma de anclar la memoria al espacio público, pero también de mantener en la agenda la causa canónica y penal, dando cuenta del “evidente valor histórico que adquiere el complejo arquitectónico integrado por la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano, su templo y su instituto parroquial, como así también la necesidad de que el Estado nacional garantice su debida protección patrimonial”.

Sin embargo, Varela reconoce las dificultades frente a un gobierno desinteresado por los derechos humanos y la proliferación de discursos negacionistas: “El contexto es difícil y no ayuda en absoluto, es sumamente adverso. Hoy es de público conocimiento el vaciamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia por el Estado nacional, un ejemplo claro de ello es la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido en masa de los trabajadores que formaban parte de ella. Es muy adverso el panorama en todo sentido, pero no por ello vamos a claudicar nuestro reclamo de justicia, la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria”.

A 49 años de la masacre, la causa judicial sigue abierta. A lo largo del tiempo, se impulsaron diversas iniciativas en el espacio público para mantener presente el recuerdo de los cinco religiosos asesinados y reforzar el reclamo de justicia. Entre ellas se destacan la declaración de la parroquia como patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Legislatura porteña, el agregado de la denominación “Mártires Palotinos” a la estación Echeverría del Subte B, y la colocación de baldosas conmemorativas en la vereda del templo.

En la víspera del aniversario, Varela y el abogado Pablo Llonto presentaron un escrito para pedir que se cite a declarar a los funcionarios judiciales y policiales que encubrieron los asesinatos. Señalan especialmente al primer juez de la causa, Guillermo Rivarola, y a los efectivos de la Comisaría 37, que en ese momento estaba a cargo del oficial ayudante Miguel Ángel Romano, acusado de haber liberado la zona para que pudiera cometerse la masacre. Actualmente, la causa está en manos del juez Daniel Rafecas, quien la investiga como parte de los crímenes cometidos por Coordinación Federal, dentro de la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.

Respecto al escrito, Varela afirma: “A partir de esta presentación que acabamos de efectuar esperamos que el juzgado actúe con celeridad y prontamente, y finalmente estas personas sobre las cuales estamos haciendo el pedido sean llamadas a indagatoria para que respondan por su responsabilidad en lo que tiene que ver con el hecho.”

Por el 49° aniversario de la masacre de San Patricio se llevarán a cabo una serie de actividades que incluyen la colocación de una baldosa en memoria de Alfredo Kelly en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Suipacha, y una misa presidida por Monseñor Alejandro Pardo en la Parroquia San Patricio, hoy desde las 19:30. Además, el sábado a las 17 se realizará una función especial de la obra El crimen de San Patricio, de Elba Degrossi en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, con entrada libre y gratuita. La jornada culmina el lunes a las 18 con la presentación del proyecto de ley en el auditorio de la Cámara de Diputados.

Torturados y, encima, endeudados

Torturados y, encima, endeudados

Un grupo de ambientalistas de Chubut denunció apremios ilegales cuando fueron detenidos luego de una manifestación. Ahora los condenaron a pagar 10 millones de pesos, acusados de falsa denuncia, en un proceso lleno de irregularidades.

Cuatro militantes ambientalistas que denunciaron torturas tras la represión del 5 de diciembre de 2019 en Chubut podrían ser obligados a pagar más de 10 millones de pesos en concepto de costas judiciales. Una causa atravesada por irregularidades, silencios institucionales y la avanzada extractivista en la Patagonia.

El 5 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados del gobierno saliente de Mariano Arcioni –quien finalizaba el mandato del gobernador Mario Das Neves tras su fallecimiento– se disponía a aprobar en su última sesión la creación del Ministerio de Minería. Afuera de la Legislatura, cientos de militantes ambientalistas reclamaban por considerarlo un atropello.

Aquella jornada se saldaría con las detenciones de seis manifestantes, referentes en la lucha contra el avance extractivista en la provincia. Cuatro de ellos denunciaron torturas por parte del aparato policial de Rawson. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de pruebas que aportaron los damnificados y otras tantas que fueron descartadas tras procesos judiciales irregulares, finalmente los policías denunciados por torturas resultaron absueltos.

Luego de más de seis años, el Poder Judicial de la provincia ahora pretende que estas cuatro personas paguen una suma de más de 10 millones de pesos en costas judiciales. Se trata de Noelia Silva, peluquera y comunicadora social; Juan Salvador, artesano; Roberta Gogorza y Jairo Epulef, ambos docentes. ANCCOM dialogó con algunos de los protagonistas.

“Lo que se quería aprobar en diciembre de 2019 era un proyecto que vulneraba la Ley 5001, la cual nos protege de la actividad minera”, comentó Noelia Silva.

A raíz de eso, se convocó a una concentración en las puertas de la Legislatura desde las 11 de la mañana. El debate legislativo se extendió hasta cerca de las 11 de la noche. “No nos permitieron ingresar; estaba todo cerrado con candados”, recordó Silva, y agregó: “En un momento, logramos entrar al recinto, y suspendieron la sesión por unos cinco minutos mientras cantábamos”.

Cuando se reanudó la actividad parlamentaria, y pese a que los cánticos continuaban, se aprobó la creación del ministerio. Luego se dio por finalizada la sesión y los diputados comenzaron a retirarse en sus camionetas a través del subsuelo del edificio.

“Cuando salieron, se armó la revuelta”, comentó a ANCCOM Roberta Gogorza. “Salían las camionetas en contramano, atropellando a la gente y a la policía. Era una situación de griterío, confusión y violencia”, agregó.

A partir de la medianoche empezó un violento despliegue de autoridades policiales. Y, en un marco en el que volaban las postas de goma hacia el cielo, comenzó la represión.

“De pronto, el jefe del operativo –el entonces subcomisario Juan García– se le colgó del cuello a uno de nuestros compañeros. Logramos liberarlo, pero inmediatamente después agarraron a otro compañero, Jairo. Lo tuvieron rodeado por más de 20 policías y lo estuvieron ahorcando”, narró Silva.

Minutos más tarde fue detenido Juan Salvador, quien un día después de los hechos, declaró en la oficina judicial: «Me dijeron que me iban a matar y que iba a ser el segundo Maldonado».

“A Juan lo agarraron tres veces mientras él intentaba zafarse; lo arrastraron de las rastas y lo patearon en el piso”, comentó Silva, y agregó: “Cuando una compañera vio esto y se acercó, la detuvieron a ella también. Así empezamos a caer, y terminamos siendo seis personas detenidas”.

A Noelia Silva la arrestaron mientras intentaba ayudar a su hermano, que también fue detenido. “Me golpearon entre siete u ocho policías a patadas para que lo soltara. Finalmente, una oficial me empezó a ahorcar. Cuando sentí que ya no podía más, solté a mi hermano y me redujeron”, comentó.

Las inmediaciones de la Legislatura de Chubut se habían convertido en un escenario de violencia policial desatada. “Nunca viví algo así: soy docente, no estoy acostumbrada a situaciones violentas”, relató Gogorza. “Veía cómo los compañeros trataban de separar, cómo se armaban las rondas policiales, cómo golpeaban a mujeres mayores”, agregó.

En medio del tumulto, se refugió en lo que creyó más útil: registrar lo que sucedía. “Yo me dediqué a filmar, hasta que se volvió imposible. Vi cómo tiraban del pelo a una compañera, cómo su cabeza golpeaba contra el piso”.

La represión no distinguía edades ni géneros. A una mujer mayor le quebraron un dedo. “No quiso denunciar por miedo”, explicó Gogorza. En su caso, la situación escaló rápidamente. “En un momento estaba en el piso, rodeada de policías. Me esposaron solo una mano”, recordó. Observó cómo sus compañeros intentaban acercarse para ayudarla, pero temiendo por su integridad, tomó una decisión desesperada. “Le dije a la policía que me llevaran al patrullero, con tal de salir de ahí”.

Terror puertas adentro

Pero la violencia no terminó con la detención ni con los golpes recibidos dentro del patrullero. Al llegar a la comisaría, el hostigamiento policial se profundizó: empujones, insultos, amenazas y nuevas agresiones físicas marcaron las horas que siguieron.

Gogorza recordó haber visto a sus compañeros Epulef y Salvador ya contra la pared. “Todo el tiempo nos golpeaban, nos obligaban a abrir las piernas, nos encapuchaban”, dijo. Mientras tanto, los patrulleros seguían llegando con más detenidos y detenidas.

Silva contó que los golpes continuaron también en el patio del lugar. “Nos trasladaron a la comisaría, donde volvieron a golpearnos en el patio: a mí y a los dos varones, Jairo y Salvador. A mí me golpearon mujeres”, denunció. Y agregó: “Nos encapucharon, bajo la orden de que ‘no teníamos que ver’, mientras escuchábamos cómo golpeaban a los chicos en una oficina al otro lado de la pared”.

Los gritos que se escuchaban desde el interior eran inconfundibles. “Empezaron a meter a los chicos adentro. Nosotras escuchábamos los gritos desde afuera”, relató Gogorza. La escena se intensificó cuando, en medio de ese caos, ella fue separada del grupo. “A mí me llevaron a un patio oscuro. Sentí que me iban a violar”.

La presencia de otra compañera fue lo que probablemente evitó un daño mayor. “Noelia gritó ‘¡qué hacen!’, y en ese instante me devolvieron con las chicas. Eso me salvó”.

Silva también recordó ese momento: “Nos pusieron una guardia masculina a las tres mujeres. A una compañera se la estaban llevando hacia un costado del patio, pero cuando yo grité ‘¿qué hacés?’, pensaron que los estaba viendo y la devolvieron”.

El maltrato continuó durante horas. “Estuvimos así hasta las 4 de la mañana, sin poder tomar agua ni ir al baño”, señaló Silva. Recién cuando fueron liberados, pudieron ver a su abogado. La excusa para la detención fue “resistencia a la autoridad”, según los documentos que las obligaron a firmar. A las mujeres las dejaron en libertad con el argumento de que “no había lugar”, pero a los varones se los llevaron a otra comisaría.

“Estamos denunciando torturas porque, además de los vejámenes, a los chicos los llevaron personas encapuchadas en un vehículo, los cambiaron a otro a las pocas cuadras y los metieron por un camino de tierra, todo mientras los obligaban a mantener la cabeza entre las piernas bajo insultos y golpes”, afirmó Silva.

El clima cambió recién cuando algunos manifestantes llegaron desde la Legislatura hasta la comisaría. “Se empezaron a trepar. Automáticamente, los golpes cesaron, y salieron policías con otro perfil, parecían administrativos”, contó Gogorza.

El proceso judicial

Todo el proceso que continuó a aquella jornada estuvo plagado de irregularidades. El fiscal que armó la causa omitió presentar como prueba un video clave de las cámaras de la Legislatura que demostraba la brutalidad de la detención, alegando que esa prueba no existía.

“Cuando nos presentamos en la oficina judicial, nos informaron sorpresivamente que nos iban a imputar a nosotros también”, declaró Silva. “Nos acusaron de haber lesionado a más de 16 policías y de haberle quebrado la mandíbula al subcomisario García, quien en realidad nos había golpeado brutalmente en la comisaría”, agregó.

Tras ser revisados por un médico forense, que constató las lesiones, presentaron la denuncia por vejaciones y detención ilegal en la Fiscalía de Rawson. “Sin embargo, la causa que ellos nos iniciaron por lesiones, daño y resistencia a la autoridad avanzó rápidamente, mientras que la nuestra no arrancaba”, comentó Silva.

El juicio por aquella denuncia finalmente comenzó en 2023. “El primer día, la abogada de la policía pidió que nuestro propio abogado fuera su testigo, y la jueza Karina Breckle se lo concedió, dejándonos sin defensa a media hora de empezar”, narró Silva. El juicio se reanudó dos días después con un defensor público.

Durante el proceso, ocurrieron graves irregularidades. El médico forense que había certificado las lesiones jamás se presentó a declarar. Además, había elaborado dos informes contradictorios: el primero certificaba las lesiones y el segundo, hecho para la investigación interna de la fiscalía, decía lo contrario.

Las fotos de las lesiones, tomadas por el forense, fueron presentadas en el juicio blanqueadas y con menor claridad. Además, Silva contó: “La persona de la Comisión Contra la Impunidad que yo misma pedí que ingresara para fotografiar mis heridas, negó en el juicio habernos tomado las fotos”.

“Claramente perdimos”, contó Silva. La jueza sentenció que tenían una animadversión ideológica contra la institución policial y que “somos victimarios acusando falsamente a los policías”. Silva declaró que la jueza “justificó nuestras lesiones indicando que pertenecemos a ‘un grupo social que es muy revoltoso’, y que eso ameritó la violencia en las detenciones”.

El miedo como castigo

Tras la represión y el encierro, llegó el hostigamiento silencioso, pero persistente. Gogorza relató que durante meses fue perseguida en la calle, observada desde patrulleros y acosada incluso en redes sociales. “Rawson es chico; sabés quién es quién. Uno de los policías denunciados me mandó solicitud de Instagram. Me hostigaban en la calle, llegando a mi casa”. Las secuelas emocionales no tardaron en aparecer: “Sufrí ataques de pánico, ansiedad, traumas. Dejé de militar. Sentí culpa por haber concientizado, por haber formado parte del proceso que sacó a la gente a la calle”.

El temor la paralizó, pero también la llenó de preguntas. Pensaba en sus hijos, en sus alumnos, en cada persona que había contribuido a informar. “Sentía que los había puesto en riesgo. Me alejé de todo. Ni siquiera podía leer las causas. Iba a las audiencias solo porque tenía que ir”.

Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. “En un momento sentí que no podía seguir callando; que había que hacer algo por quienes confiaron en mí; que no podía permitir que esto siguiera ocurriendo; que si al menos tres de diez policías pensaban que podría haber juicio, algo cambiaría”. La persecución judicial no hizo más que reforzar ese impulso: “Nos están cobrando esta causa más cara que a figuras del poder. Están dando un mensaje: que si te animás a ir contra la policía, vas a pagar. Física, psicológica y económicamente, y todo con el aval del Poder Judicial”.

La fuerza para hablar en público no llegó de un día para el otro. “Cuando hice mi primera entrevista, temblaba. Tenía miedo de equivocarme, de no entender lo legal, de exponerme”. Pero también comprendió que el silencio tiene un precio. “Entendí que el silencio también es cómplice. No me voy a inmolar, no soy la salvadora de nadie. Pero mis compañeros me sostuvieron, y yo quiero devolverles eso”.

Gogorza se animó a hablar para dar una señal: “Creo que es necesario que se sepa. Para mostrar que no estamos solos. Para romper el mensaje de miedo que quieren imponer. Hay medios de otros lugares que nos están mirando. No me voy a callar”.

“Aceptar la vulnerabilidad también es parte de esto. Hoy estoy firme para acompañar y sostenernos como grupo humano. Y porque mis compañeros no tienen que cargar solos con todo esto”, concluyó.