Aumenta el consumo de psicofármacos por el deterioro socioeconómico

Aumenta el consumo de psicofármacos por el deterioro socioeconómico

Los especialistas en salud mental observan también mayores niveles de depresión, ansiedad, violencia y desesperanza en la población.

Durante los últimos dos años se ha registrado una mayor demanda de consultas médicas, derivaciones y un aumento en el consumo de psicofármacos en nuestro país. La comunidad científica advierte que esta tendencia viene creciendo desde que finalizó la pandemia por el covid-19 y que se agravó aún más con la crisis económica. A través del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad, la Confederación Farmacéutica Argentina presentó un informe en el que se puede observar el nivel en el que han subido las ventas de este tipo de medicamentos: durante el primer trimestre del 2023 se registraron incrementos en el consumo de antidepresivos, antipsicóticos y, en especial, los hipnóticos y sedantes, sobre todo este último grupo, respecto del primer trimestre del 2022.

Dentro de los psicofármacos, el más recetado es el clonazepam (51%). Muchas personas padecen actualmente de insomnio, o despiertan en reiteradas oportunidades por las noches, sienten estrés, ansiedad, mucha frustración e incertidumbre, por lo que recurren a profesionales de la salud en busca de algún tipo de alivio.

Santiago Levín, médico psiquiatra, psicoanalista y expresidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), cuenta que “en Argentina hay poco presupuesto para realizar las investigaciones necesarias para poder reflejar fielmente todas las realidades, pero así y todo, por investigaciones y estudios aislados, podemos observar en los últimos años un aumento en el consumo de psicofármacos, sobre todo de los ansiolíticos. El problema de la salud mental es un tema muy difícil de abarcar en su totalidad y sumamente complejo, pero cabe preguntarse puntualmente qué es lo que está haciendo que las y los argentinos recurran frecuentemente a este tipo de medicamentos”.

María Fernanda Abella, psicóloga y médica psiquiatra, explica que “cuando apareció la pandemia aumentó notoriamente la demanda de consultas a los profesionales de la salud mental debido a la amenaza que representaba el covid 19. El riesgo de muerte y el aislamiento hicieron que las personas se sintieran abrumadas y en una situación de vulnerabilidad tal, que comenzaron a recurrir en mayor medida a este tipo de medicamentos.”

La especialista agrega: “Pero después de la pandemia, en nuestro país la demanda sigue subiendo por sintomatología depresiva-ansiosa a raíz del deterioro socioeconómico. Vemos más violencia en general, una mayor intolerancia, la gente experimenta desesperanza y tiene una expectativa muy negativa respecto al futuro, lo cual explica un poco por qué el consumo sigue aumentando”.

La vorágine del día a día le impide a la mayoría de los argentinos llevar adelante un ritmo de vida desacelerado que le permita tomarse tiempos de descanso necesarios para superar momentos de estrés psicológico, por lo que muchas personas terminan recurriendo a soluciones rápidas para eludir este tipo de barreras y poder seguir adelante.

«Cuando contemplamos los índices de consumo de psicofármacos estamos poniendo el foco solamente en aquella parte de la población que puede acceder a los medicamentos. Pero ¿qué pasa con los pobres o con los indigentes?», se pregunta Levin

“Si realmente queremos comprender la situación e intentar resolver estas cuestiones, debemos observar el panorama completo. Cuando contemplamos los índices de consumo estamos poniendo el foco solamente en aquella parte de la población que puede acceder a los medicamentos. Pero ¿qué pasa con los pobres o con los indigentes? Observar solamente los indicadores le da al abordaje del tema un enfoque clasista. La salud mental es un término sanitario poblacional, relacionado a los niveles de bienestar o malestar, al poder adquisitivo de los salarios, si se llega a fin de mes o no, a los grados de marginación, a los niveles de desempleo, etcétera”, explica Levín.

En ese sentido, remarca que no se puede hablar de salud mental apropiadamente “si la aislamos de la situación socioeconómica de nuestro país. No puede haber salud mental sin equidad social”. Y añade: “Las crisis se traducen en un aumento de la demanda de psicofármacos porque generan un gran padecimiento psíquico para su población. Todo esto además hace que se entre en un círculo vicioso de sufrimiento colectivo en el que también aumentan otro tipo de episodios, como los infartos”.

Pero este problema no es un fenómeno que atraviese solamente a nuestra sociedad. Actualmente se observa a nivel global las consecuencias del padecimiento psíquico. El problema del sufrimiento mental excede cualquier frontera territorial. Sociedades de todo el mundo están padeciendo sus consecuencias. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para 2050 la depresión va a ser la principal causa de enfermedades. En este momento vemos cómo los indicadores de salud mental se deterioran cada vez más en el mundo entero. Aumentan la depresión y los suicidios, sobre todo en la franja etaria más joven.

La postura de los profesionales es sumamente crítica respecto a la cantidad de recursos destinados de las políticas de salud pública y a la importancia que la nueva gestión de gobierno, encabezada por Javier Milei, pretende otorgarles.

“El sistema de salud pública se encuentra en una emergencia crónica desde hace ya muchos años. Ninguna gestión consigue solucionar el problema de fondo. Hay que pulir las leyes actuales y mejorar drásticamente el sistema público, que además no llega a cubrir el aumento de la demanda, porque debido al deterioro económico y la caída del poder adquisitivo es cada vez mayor la cantidad de personas que recurren a él”, explica Abella.

La necesidad de establecer una línea de políticas públicas que ofrezca una respuesta efectiva al sufrimiento que atraviesa la población hace que diferentes asociaciones y organizaciones de nuestro país trabajen en conjunto para emitir un comunicado que manifieste la urgencia con la que el gobierno debe operar.

“Frente a esta delicada situación estamos organizándonos para presentar los reclamos e inquietudes a las autoridades correspondientes, pero lleva su tiempo. Estamos trabajando en conjunto con diferentes asociaciones para lograr un discurso unificado. Pero las expectativas de una respuesta acorde a la gravedad de la situación son muy bajas,” afirma Levín

“Cuando uno observa la postura de las autoridades de turno cuesta pensar en una respuesta acorde a la emergencia. Nuestra postura refleja una concepción del ser humano muy contraria a la lógica que hoy se busca imponer, es contraria al individualismo negativo que tanto daño le hace a las sociedades. Nosotros nos posicionamos en defensa de la salud pública, a favor de la misma oportunidad de acceso para todos y todas, porque la realidad se transforma con políticas públicas, y las políticas actuales dejan todas estas cuestiones en un segundo plano”, concluye.

¿Un país sin universidades?

¿Un país sin universidades?

Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.

El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.

En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.

Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.

“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.

Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.

Congelados

La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.

En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.

También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una situación económica crítica y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.

 

La paritaria docente: conflicto en puerta

Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).

Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.

En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.

Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.

La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.

 

En la costa no hubo veranito

En la costa no hubo veranito

Estas vacaciones hubo menos turistas en el Partido de la Costa. Y si bien la baja de personas no fue tan determinante, lo que disminuyó mucho es el tiempo de estadía y el gasto per cápita. La crisis y la falta de incentivo al sector fueron algunas de las causas.

El Partido de la Costa es uno de los destinos más elegido por los argentinos a la hora de vacacionar, sin embargo, en esta temporada de verano la inflación y la crisis económica no acompañaron. Solo durante la primera quincena de enero –la que históricamente es más fuerte- hubo un total de arribos de 675.508, un 3% menos en comparación a la primera quincena de enero del 2023, según la secretaria de Turismo, Desarrollo sostenible y Marketing de la municipalidad de La Costa.

Todos los años en la temporada de verano la ciudad costera se prepara arduamente para recibir a miles de turistas, el director de Turismo de la Municipalidad de la Costa, Gustavo Sosa, menciona en diálogo con ANCCOM que en esta ocasión la organización resultó “medio compleja porque hubo un cambio de gobierno”. Además, mencionó el trabajo en conjunto que realizan con otros sectores: “Es una labor mancomunado de todas las áreas, hoy en el Partido de la Costa viven cien mil personas y en una noche de enero hay quinientas mil durmiendo. Entonces tenemos todo un aparato vinculado a la seguridad, a la salud, al servicio público”.

Con relación a la temporada de verano del año pasado, Sosa menciona que este año “es diferente” con “un contexto de país que ha hecho que el verano sea realmente distinto, porque la previsibilidad de la gente hizo que comenzara un poco más tarde”. Teniendo en cuenta que las vacaciones inician los primeros días de diciembre, en el Partido de la Costa los turistas empezaron a llegar más tarde: “El mes de diciembre que era un buen mes para nosotros, hizo que cerrara bastante en baja. Las previsiones del clima y los aumentos hicieron que mucha gente tuviera que dejar sus reservas atrás”.

Durante enero, mes donde suele ingresar la mayor cantidad de turistas, Sosa recalca que “la segunda semana de enero empezó a repuntar y hemos tenido muchísima gente”, sin embargo hasta la actualidad el Partido de la Costa se encuentra con un 4.5% menos que el año pasado en cantidad de personas”. Si bien menciona que “de todas maneras fue un buen verano en cantidad de gente” la diferencia se marcó “en que la gente vino por menos tiempo del que venía y gastó mucho menos”.

Fernanda Vázquez, expresidente del Centro de Martilleros y Corredores Públicos del Partido La Costa y que cuenta con una inmobiliaria en la ciudad costera hace diez años, también mencionó, en diálogo con ANCCOM, su perspectiva respecto a la temporada de verano 2024: “Por la situación económica hay una notable diferencia con la temporada anterior, la gente viene con menos dinero”. Un departamento estándar a un par de cuadras del mar para una familia de cuatro personas, con todos los servicios incluidos, parte desde 160 mil pesos por una semana de estadía.

Si bien durante otras temporadas se acostumbraba a recibir alquileres por quincena, desde hace tiempo esta situación ya no sucede en la ciudad costera: “Es muy raro que una familia venga una quincena. Las que vienen por más de una semana, diez días, quince días, son las familias que vienen de un destino de la Argentina muy alejado y no puede hacerse escapadas por pocos días, como lo haría alguien que vive en el Gran Buenos Aires”. Respecto a las expectativas que tenía Vázquez en relación con esta temporada comenta que “fueron cumplidas, porque a nivel general no se esperaba una temporada que explote por la situación económica, que la gente no tiene mucho dinero”. Sin embrago recalca que “desde que inició la temporada hasta la fecha, entraron al Partido de la Costa más de dos millones y medio por turismo”.

Por otro lado, el sector hotelero fue uno de los más afectados, así lo mencionaba a inicio de la temporada Cecilia Vásques, administradora a cargo del hotel de cuatro estrellas South Beach: “Ha habido una baja importante, se ve como que las reservas pararon, tenemos gente pero no como la que esperábamos. Lamentablemente, esta temporada la venimos viendo bastante dura”. Según datos de la secretaria de Turismo, la ocupación promedio en hotelería hasta la actualidad es de un 63%, esto indica un 32% menos que el año 2023 que contaba con un promedio de ocupación del 95%.

“Nosotros estamos buscando herramientas para poder fortalecer las reservas, ponemos promos, vemos la manera de hacer descuentos a los clientes, implementamos otras cosas”, recalcó Vásques, además menciona que interactúa “con otros hoteles y todos tienen disponibilidad, son pocos los que no cuentan con disponibilidad”.

El programa de preventa turística PreViaje fue una iniciativa por parte del gobierno del expresidente Alberto Fernández que consistía en la devolución de hasta 50% del valor gastado en un viaje realizado dentro de Argentina, y si bien en su momento el plan dio sus frutos a los principales destinos turísticos, este año no fue implementado, en relación a esta situación el director de Turismo, Gustavo Sosa, menciona: “El PreViaje fue maravilloso para nosotros, como para todos los argentinos, pero fundamentalmente para los destinos turísticos ha sido una fuente de recursos genuina en baja temporada, en media temporada e inclusive en temporada alta”.

Además, Sosa comparó esta situación también con la no implementación de los Viajes de Fin de Curso proyecto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “Lo mismo va a pasar este año cuando no tengamos los viajes de fin de curso. Permitía que miles de chicos nos visiten dándole actividad a la hotelería, a la gastronomía, a la recreación, y sabemos que cuando cualquiera de estos segmentos se empieza a trabajar, trabaja todo, se moviliza la economía”.

Sosa menciona que “hay medidas que nos han dejado sin recursos por parte de la nación, la provincia está haciendo un gran esfuerzo, pero no hay una coparticipación nacional”. Además menciona que venían “de muchos años de crecimiento, sacando inclusive la pandemia, siempre venimos con una apertura muy grande y un crecimiento sostenido debido a todo lo que se venía trabajando, y este año obviamente bajamos”.

«Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado de espía»

«Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado de espía»

Como parte de una jornada simultánea de actos en todo el mundo, periodistas y activistas reclamaron ayer en Plaza de Mayo la libertad de Julian Assange, creador de Wikileaks, detenido en Londres y con riesgo de ser extraditado a Estados Unidos.

Activistas y organizaciones de Derechos Humanos realizaron ayer concentraciones en más de 60 ciudades de todo el mundo para exigir la liberación de Julian Assange, periodista y creador del sitio de periodismo de investigación Wikileaks. En Buenos Aires esta acción, conocida como el día «D», tuvo lugar por la tarde de este martes en la Plaza de Mayo. Santiago O’Donnell, periodista y autor de los libros Argenleaks y Politileaks, participó como orador en la convocatoria. «Hay que derrotar la noción mentirosa de que Assange es un espía. Lo están juzgando por ‘robar’ información, pero déjenme decirles que la información no se puede robar. No tiene propiedad. Se accede o no a la información. No es una propiedad, es un saber, como que el sol sale a la mañana», declaró el periodista durante el acto.

Entre ayer y hoy se decide el destino del periodista y fundador de Wikileaks. Assange se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Se enfrentará a la justicia británica, que examinará si será o no extraditado a Estados Unidos para determinar si deberá cumplir una condena por haber filtrado documentos secretos norteamericanos a través de su sitio web.

«La batalla por la liberación de Julian Assange es cultural, es política y es judicial, me parece importante decirlo en una plaza donde las Madres han sido llamadas locas y donde un presidente ha dicho que el Estado es el enemigo. Acá es donde tenemos que dar una batalla cultural», declaró O’Donnell.

Con la presentación de Profe Romero, el acto-festival convocó a reconocidas personalidades de la política, el periodismo y los Derechos Humanos, como Alicia Castro y Alicia Simeoni, entre otros, como oradores. Además se sumaron al evento músicos y artistas, como Alejandro Jusim, Azél Milanés o Daniela Tomé.

En una entrevista para ANCCOM Agustín Lecchi, secretario general de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), declaró que en los siguientes días “se podría definir la extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaría a acusaciones por delitos que suman 175 años de prisión. Si el Tribunal de Londres concede la extradición, la defensa de Assange prevé apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.

Wikileaks, fundada en 2006, tiene como objetivo exponer y vigilar el accionar gubernamental mediante la publicación de archivos oficiales. El 25 de julio de 2010, reveló más de noventa mil documentos que evidenciaban crímenes de guerra en Irak y Afganistán, incluyendo muertes civiles, torturas y violaciones cometidas por el ejército estadounidense. Además, difundió cables diplomáticos que mostraban la influencia política de Estados Unidos en numerosos países.

«El caso de Assange busca ser ejemplificador para que las y los periodistas tengamos miedo de investigar al poder”, concluyó Lecchi.

Desde entonces, la persecución de Assange no ha cesado. Ha estado 13 años privado de su libertad, primero como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres durante el gobierno de Rafael Correa y desde abril de 2023 en la prisión británica donde está recluido en soledad 23 horas al día. Siguiendo a Lecchi, “el ataque coordinado contra Assange, del que participan varios Estados, sus poderes judiciales y las derechas políticas y empresarias, es la demostración concreta de la criminalización del periodismo y el ataque directo al derecho a la información”.

La persecución y encarcelamiento de Assange ha generado preocupación sobre las implicancias para la libertad de prensa internacional. El periodista es un “símbolo del periodismo de investigación que debemos reivindicar. El ataque a las y los periodistas y a quienes opinan distinto de los poderes establecidos se sufre a diferentes niveles, pero el objetivo es el mismo: que no se cuestione al poder establecido. El caso de Assange busca ser ejemplificador para que las y los periodistas tengamos miedo de investigar al poder”, concluyó Lecchi.

Por su parte Celeste Fierro, diputada en CABA por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, declaró a ANCCOM: “Hace años que el gobierno estadounidense persigue a Julian Assange argumentando espionaje, cuando lo que en realidad se está juzgando y queriendo limitar es la libertad de expresión”.

Este es un caso sin precedentes en el derecho internacional. “Estados Unidos quiere sentar precedentes, dar una señal de que está bien poder amedrentar aquellos trabajadores y trabajadoras de prensa de investigación, evitar que indaguen en los asuntos de los distintos gobiernos poderosos que prefieren que no se sepan –continuó Fierro–. Es fundamental levantar y luchar por estas causas que ponen en riesgo derechos como el de la información, al trabajo de las y los trabajadores de la prensa, así como también el derecho a organizarse y a la protesta social”.

Alicia Castro, diplomática y amiga del periodista, destacó que Assange no cometió delitos en Estados Unidos ni en ninguna otra parte. “No es un hacker, no violó ningún secreto, ley, ni contrato –declaró en una entrevista para AM750–. Solo ha democratizado para la vista pública la información que recibía de algunas fuentes. Él tiene una misión: democratizar la verdad. Es un héroe de verdad”. Según aseveró, lo que pase con Assange será decisivo:

“Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado como un espía. Esto no es solo una amenaza para la prensa libre, sino para todos los ciudadanos que reivindicamos el derecho humano de ser informados con la verdad”, concluyó la diplomática.

¿El final del comercio fronterizo?

¿El final del comercio fronterizo?

La liberación de precios impuesta por el gobierno de Javier Milei que provocó la suba de precios generales frenó el consumo de los uruguayos que cruzaban a la Argentina para proveerse de insumos. El caso de Gualeguaychú.

La desregulación económica llevada adelante por el gobierno de Javier Milei desde su asunción el 10 de diciembre pasado encarna una liberación de precios y otra consecuente baja en el consumo de bienes y servicios. Se trata de un volantazo que, si bien tiene efectos sobre la economía en general, también lanza esquirlas al comercio fronterizo, un fenómeno que se había instalado en muchas ciudades argentinas cercanas a los países limítrofes.

Gastón Remy, economista y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, explica que “la liberación de precios es parte de un plan económico del Gobierno nacional que parte de una premisa falsa que es que los precios estarían reprimidos” y añade que, como consecuencia, se permite que “los grandes formadores de precios pongan precios como si viviéramos en Estados Unidos o Europa”. Esta nueva realidad que desencadena la suba de bienes de primera necesidad y combustibles cambió en buena medida una cotidianeidad que parecía instalada en Gualeguaychú: la de haberse convertido en paraíso argentino para los uruguayos, quienes cruzaban la frontera para proveerse de insumos a bajo costo.

La situación actual del comercio fronterizo encuentra su núcleo en una combinación de aristas contradictorias. Según Remy, la devaluación por la que el peso argentino pierde la mitad de su valor llevó al abaratamiento de los productos locales, y la acelerada inflación desencadenó en que este abaratamiento se pierda rápidamente e incluso se encarezcan esos mismos productos con respecto a los países limítrofes.

En enero de este año, el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay publicó un Indicador de Precios Fronterizos que refleja la diferencia de precios de una canasta representativa de productos entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia. Según la medición, las diferencias porcentuales muestran variaciones que benefician a ambos países dependiendo del producto pero, en rasgos generales, hubo una reducción en la diferencia de precios que puede explicar por qué los uruguayos están dejando de realizar sus compras básicas en nuestro país. Mientras en la categoría que engloba alimentos y bebidas no alcohólicas la diferencia se redujo un 35% desde noviembre pasado y ahora alcanza el 92,9%, la diferencia actual en la nafta es del 65,5% frente a un 177,1% registrado en noviembre.

Se acaban los paseos de compras

 “Los uruguayos ya no vienen como antes. La devaluación del peso, la suba del dólar oficial y la nafta hicieron que ya no les sirva tanto”, explica Juan Carlos García, encargado de la sucursal de Supermercados Malambo ubicada en la intersección de Seguí y Rivadavia. Según García, “los precios nos han aumentado un 100% desde la asunción de Milei” y en el primer mes la baja en el consumo fue notoria.

A pesar del panorama desalentador, García comenta que la suba del dólar blue generó que “los uruguayos de a poquito estén volviendo”, aunque no en las cantidades a las que estaban acostumbrados los gualeguaychenses desde la reapertura de la frontera en diciembre de 2021. García señala que ahora vienen principalmente las familias de mayores recursos en sus autos particulares y no las trafics que durante tantos meses pagaban muchas personas para realizar paseos de compras por la ciudad argentina.

De acuerdo con lo recolectado por el Ministerio de Turismo de Uruguay, el turismo emisivo hacia Argentina descendió en el cuarto trimestre de 2023. Mientras en el tercer trimestre viajaron a nuestro país 1.052.341 residentes uruguayos con un gasto total de U$S 362.995.134, el último estudio que incluye veinte días del gobierno de Milei, la devaluación del 118% y el aumento de precios, muestra un movimiento de 951.991 residentes con un gasto total de U$S 288.736.746. Queda por ver qué reflejarán las estadísticas del primer trimestre de este año. García intuye que el invierno va a ser complicado en la ciudad carnavalera: “Entre algunos uruguayos que vienen a comprar y los turistas que vienen al carnaval más o menos se está moviendo. El tema va a ser después de marzo, para mí va a estar todo muy tranquilo”, comenta.

El combustible de nuestra economía

Las recientes subas en el combustible suman al descenso del movimiento de inmigrantes golondrina. “El último aumento fue el 1 de febrero, del 6%”, cuenta Matías, playero de Cm Combustibles, la sucursal de YPF más cercana a la frontera entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Los precios actuales de Infinia Nafta, Super, Infinia Diesel y Diesel 500 son de $1031, $858, $1098 y $925 por litro respectivamente.

Matías explica que “muchas patentes extranjeras han pasado por la estación, en especial uruguayas” y que “las ventas se han mantenido normales a pesar del último aumento”. Esto puede deberse a la cercanía de la estación con la frontera que une ambos países y con el Hipermercado Carrefour donde los uruguayos suelen realizar el grueso de sus compras.

Esta sucursal, dice Matías, también tiene la particularidad de no contar con precios diferenciados para extranjeros como es el caso de La Rotonda Combustibles de YPF en Gualeguaychú que tiene un surtidor exclusivo para patentes extranjeras que ofrece el litro de Infinia Nafta e Infinia Diesel a $1150, medida que tomó la empresa petrolera a mediados de 2022 como respuesta al faltante de combustibles.

Según García, la devaluación quedó retrasada respecto de los aumentos en combustible y estos, a su vez, desencadenaron “una suba importante” de los precios de los productos. Aún así, los Supermercados Malambo no tuvieron reducción del personal pero sí un achicamiento en los pedidos a proveedores: “Ahora se pide únicamente lo que va a góndola, nada para stockear en depósito”, comenta.

 

Lejos de ser primermundistas

“Hoy sale lo mismo comprar un paquete de fideos acá en dólares que en Estados Unidos o Europa”, dice Remy. La diferencia reside en que se liberaron los precios pero no los salarios ni jubilaciones que “están perdiendo profundamente frente a la inflación y comparado con los países centrales son un décimo más bajos”, explica el economista. Se trata de una transferencia de ingresos de los grupos más desprotegidos al sector de los dueños de las grandes empresas. Según Remy, el panorama actual deja ver una alta inflación con menor actividad, caída del consumo y aumento del desempleo que puede provocar un efecto recesivo en el comercio interior pero no en las exportaciones, que se rigen por la demanda mundial y cuya rentabilidad se ve favorecida por la devaluación. En la medida en que se mantengan congelados los salarios el consumo va a seguir bajando y, explica Remy, la economía argentina va a tener una caída importante que puede llevar a que los sectores más frágiles tengan que reducir su personal e incluso cesar sus actividades. Si bien el turismo carnavalero todavía sostiene el comercio de Gualeguaychú, la temporada de verano está cercana a terminar. La paradoja es que mientras el año pasado se señalaba a los uruguayos como responsables parciales del aumento de precios, ahora es cuestión de tiempo para que se extrañen sus compras que permitirían sostener el comercio frente a una crisis cuyo fin no se vislumbra.

Ante el retiro del Estado en el sistema de salud, emerge la solidaridad

Ante el retiro del Estado en el sistema de salud, emerge la solidaridad

Con el lema “ninguna familia sin salud”, la plataforma Argentina Humana organizó talleres de diferentes especialidades de medicina. La actividad, a la que asistió un numeroso público que fue atendido por los equipos sanitarios voluntarios, tuvo como eje el reclamo contra los recortes del Gobierno de Javier Milei.

En una improvisada sala de espera bajo el sol, dos veinteañeras con una remera que clama “luchando por la salud pública” le hablan a cinco personas sentadas y a unas quince paradas alrededor. Una de ellas se acerca mostrando una botella cerrada con agua amarillenta y larvas de mosquito. La otra explica que desde el año pasado estamos en una epidemia de dengue. La Plaza de los dos Congresos tiene un sol pesado y un calor gomoso a las 16, pero sus primeros metros están llenos de gente y gazebos. Argentina Humana, parte del Frente Patria Grande, vuelve a ocupar la plaza con otra iniciativa solidaria: “Ninguna familia sin salud”.

Manuel Fonseca, médico generalista y coordinador de los equipos de salud de la plataforma Argentina Humana, trata de encontrar una sombra. “Estamos acá para visibilizar los problemas de acceso y atención que tienen muchos argentinos y ponernos a disposición para defender lo bueno que tiene nuestro sistema de salud. Los problemas que tiene no arrancan con Milei, pero todas sus medidas van a empeorar la salud: desreguló los precios de los medicamentos, desreguló las prepagas y desfinanció a las provincias, que son las que se hacen cargo de los sistemas de salud”, dice mientras mira a la gente haciendo fila en los gazebos.

Sólo en la primera hora, más de 200 personas se acercaron a las postas. Entre otras especialidades hay atención y orientación nutricional, otorrino-laringología, atención cardiológica y electrocardiogramas, medición de visión y medicina general. Lorena, una señora de 70 años, está muy contenta con la actividad. Se enteró por la radio y decidió pasar luego de un voluntariado que realiza en la Iglesia San Expedito. Mientras pela una banana, hace la fila para que un generalista le haga el apto físico para poder ir al gimnasio.

Entretanto, en el taller de dengue una señora de 50 cuenta que tuvo mucha fiebre. “Es terrible, pero el chikungunya es peor ¿Saben qué significa? Rompehuesos”, añade Corina, militante de Irma Carrica y trabajadora de la salud, mientras los ojos de su público quedan como huevos duros. Atrás, una bandera colgada reza “al gran pueblo argentino salud” y entre celeste y blanco emerge la imágen del sanitarista Ramón Carrillo.

“Vinimos a darle un mimo a la salud y a la gente que hoy la está pasando muy mal. Ahora estamos en un brote de dengue, así que traje bichitos, huevos, larvas y un mosquito muerto para que la gente los pueda reconocer en su casa, aunque es un tema que tenemos que trabajar todo el año”, declara Corina ajustando sus lentes de sol. “Tener información es un derecho. Es fundamental saber identificar para prevenir”, agrega.

Como lema, los voluntarios repiten: “Brindar información para tener capacidad de decisión”. En la esquina más cercana a avenida Rivadavia, dos de los gazebos están dedicados a la salud sexual. En uno testean el VIH, pero en los dos resuelven consultas sobre métodos anticonceptivos. Médicas con ambos blancos ofrecen folletos y preservativos a personas que pasan y que hacen colas en los otros puestos sanitarios. “Con esto buscamos derribar mitos alrededor de los anticonceptivos, que son por los que muchas personas ni siquiera se acercan a los centros de salud”, dice Soledad Livi, médica de familia, con entusiasmo.

Una de las médicas voluntarias del stand acompaña con los resultados del test a un señor que rondaba los cuarenta años, ofreciéndole preservativos. Le recuerda que por una situación de riesgo, debe volver a hacerse la prueba de VIH en un mes. Con los hombros aliviados, él sostiene el papel con suavidad.

Soledad también se acercó como voluntaria a la actividad: “Cada vez hay más barreras para acceder a la salud: hay pocos turnos, ahora hay más demanda de los servicios públicos y está siendo desmantelada. No tenemos recursos ni medicamentos. En el caso de las mujeres, tenemos mucha demora con la entrega de métodos anticonceptivos, lo que implica un riesgo de embarazo no deseado en una población muy grande”.

Tras un breve pasillo, está el stand de salud mental, que es de los más demandados y de los que más voluntarios convocaron. Rebalsan del gazebo cuatro rondas de sillas, ocupadas por cinco personas. Elena García, licenciada en Trabajo Social, explica el funcionamiento: “Tenemos un dispositivo de primera escucha donde orientamos y asesoramos y después tenemos un taller grupal. La demanda es tanta porque después de la pandemia está más sobre la mesa el tema de salud mental y, si hacíamos una jornada de salud, no podíamos no tenerla en cuenta”. Las rondas de escucha están formadas por profesionales y estudiantes de psicología, trabajo social, psicopedagogía y psiquiatría.

Mientras Elena habla, la psicóloga Mercedes Kopelovich se acerca para añadir: “Proponemos en los espacios individuales y grupales una idea más integral y comunitaria de la salud mental. La idea no es hacer una escucha individual y aportar herramientas o recursos ni referenciar a puntos de salud, sino potenciar los recursos que ya tienen y darle el estatuto de recurso para el tratamiento a cosas que están más en el orden de sentirse parte de un colectivo”. Federico, un treintañero del puesto de problemáticas de consumo, sintetiza la idea: “Hay que armar redes de contención. No se soluciona mandando a las personas a un centro de salud”.

En las primeras sombras que proyecta el Congreso, una médica generalista de ambo azul tiende una manta sobre la vereda y una señora vestida de marrones se sienta formando una “p” con sus piernas. Una salud cercana al pueblo indica cómo tomar medicaciones y recomienda alimentos para diabéticos desde el piso. Dos madres vinieron con sus hijos desde Retiro para que los atiendan por odontología. “En el hospital teníamos que esperar como dos meses”, decían mientras esperaban a un otorrino.

Desde la esquina de Entre Ríos e Yrigoyen, una nena con ventanas en los dientes juega con burbujeros. “Más fuerte hacelos”, le ordena juguetona a una de las voluntarias del espacio de recreación. Mientras la nena intenta agarrar las burbujas, Juan Grabois aparece. La gente se acerca alborotada. Algunos le agradecen, otros le piden fotos y muchos se acercan a saludarlo o apretarle cariñosamente el brazo. A la par de Manuel Fonseca recorre los puestos y habla con la gente.

Un hombre en situación de calle se acerca con sus pertenencias en mano al puesto de hidratación y deja un vaso vacío de jugo al lado de una médica petisa. Ella le toca el antebrazo y con la mirada lo invita a agarrar algunas galletitas. Con la emoción y timidez de quien se siente contemplado con amorosidad, el hombre selecciona tres. La médica sonríe con los ojos.

Un medio de televisión enfoca al dirigente, que reivindica la jornada de trabajo de sus compañeros en un contexto político hostil. Un gran círculo de personas lo rodean para escucharlo. Serios, asienten. Un grupo comenta en voz baja la situación de falta de insumos en los hospitales, incluso en los de renombre.

De repente, un viento de superficie levanta la tela blanca de dos gazebos. Como un manto, una cae sobre el que supo llamarse “Juan 23”, invadiendo el móvil televisivo. Un par de médicas se arremangan con decisión y se trepan a la estructura para volver a colocarlo. En pocos minutos, los gazebos volvieron a su lugar. La tela recuerda que la jornada solidaria está hecha a pulmón, respiración a respiración y codo a codo.