¿Por qué si la inflación baja el salario cada vez alcanza para menos cosas?

¿Por qué si la inflación baja el salario cada vez alcanza para menos cosas?

La demora de la actualización de la fórmula de medición del IPC hace que no se tomen en cuenta nuevos consumos, como las plataformas, y estén subvaluados otros, como las tarifas servicios, que subieron muchos más que, por ejemplo, los alimentos.

El índice de precios al consumidor (IPC) volvió a bajar en mayo. El mes pasado la inflación fue del 1,5%, manteniendo la tendencia a la baja de abril. Pero, a su vez, el salario real registrado ha caído un 6,02% según el INDEC y el poder adquisitivo del salario mínimo se desplomó un 32% desde noviembre del 2023. En este contexto, acechan dudas sobre el dato que difunde mes a mes el instituto estadístico. ANCCOM dialogó con especialistas para entender que tanto asidero tiene esta sospecha y si hay un desfase entre el dato y la realidad.

 

Ponderación desactualizada

El cálculo del IPC se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que desagrega qué porcentaje de los ingresos se destinan a determinados bienes y servicios. La misma contribuye al desarrollo de la canasta básica que se utiliza para calcular la inflación. La utilizada actualmente data del periodo 2004-2005.

Según Haroldo Montagu, exsecretario de Política Económica y docente de la Universidad Nacional de Moreno, la antigüedad de la encuesta genera que “haya gastos que no están contemplados con el peso que la sociedad le asigna actualmente”. En ese sentido, señala que “el peso de los servicios ha crecido 10 puntos porcentuales más en relación a los bienes y hoy la canasta que mide el INDEC tiene mayor ponderación en bienes”.

Esto no determina, de todos modos, que la inflación esté mal medida. Para Montagu, “no es que haya algo sospechoso, sino que la ENGHo utilizada está simplemente desactualizada”. Reforzando este punto, Esteban Rafele, periodista especializado en economía, concluye que “no es que hay mucha más inflación y se oculta debajo de la alfombra. Lo que puede ocurrir es que, si se renueva la ENGHo, como pesan más los servicios la inflación debería ser un poco mayor”.

La ENGHo de Macri

El dato de color es que ya se realizó un trabajo de actualización de la ENGHo durante el gobierno de Mauricio Macri. Rafele destaca que “hubo consenso en que fue un trabajo bien hecho. Lo que pasa ahora es que el gobierno viene demorando la actualización”.

Montagu asegura que “esto es muy llamativo y acá surgen los cuestionamientos al índice. La información está. Podrían, incluso, actualizarla nuevamente. Por ejemplo, la Dirección Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una canasta de consumo del año 2021”.

A propósito de esto, Rafele señala el ejemplo del gasto en plataformas, el cual es mucho mayor y más significativo que hace 10 años. “Esas cosas ya las perdés de vista pero mientras más se demore más va a ser el desfase”, señala.

Por su parte, Franciasco Mascitelli Massa, economista del CEPA, asegura que “actualmente estamos manejando ponderadores que están perdiendo precisión cada vez más por cómo están aumentando los precios. El tema no es que la inflación esté o no bajando, sino dónde está bajando y cuánto”. En ese sentido, subraya que “el sendero de desinflación está reflejado pero está decreciendo en exactitud”.

Las consecuencias

Esta subestimación del dato termina afectando la puja distributiva. Montagu resalta que “si se hubiese actualizado la canasta, la inflación en el año 2024 hubiese sido 16 puntos mayor a la que fue”. Es por esto que “cualquier precio o salario que se actualice con el IPC se actualiza con un valor que tal vez no refleje los patrones actuales de consumo. Esto abre las dudas con respecto a las subas de los salarios de los trabajadores, los jubilados, las AUH y todos los ingresos que se reformulen según este porcentaje”.

“Convalidar una inflación mayor atentaría contra la política de no homologar paritarias”, destaca Rafele, recordando que el Ministerio de Economía no homologó la paritaria del Sindicato del Comercio, cuando la inflación de dicho periodo fue del 3,7% y el aumento del 1,7%. “Si el porcentaje es mayor, los salarios deberían subir más para no perder terreno en un momento en donde el gobierno quiere pisarlos. La discusión por el ingreso sería otra, estaría un escalón más arriba”, remarca.

“Si vos ves el promedio del salario privado registrado y lo refractás por inflación da que está apenas por encima de lo que era en noviembre de 2023. Si a ese dato lo reponderás con la ENGHo actualizada, son casi 10 puntos de caída del poder adquisitivo que no se van a recuperar”, observa por su parte Mascitelli Massa.

Los porqué

El propio Marco Lavagna, director del INDEC, declaró a fines de abril que se está trabajando en la aplicación de la ENGHo del 2017-2018. De todos modos, no se avanzó hasta ahora en ese sentido. Mascitelli Massa recuerda que incluso el FMI ya señaló que el porcentaje estaba mal ponderado y debería actualizarse.

En este contexto y tras las declaraciones de Lavagna, la autarquía del instituto sufre serias dudas. Según Rafele, “ya hubo más de 12 meses de prueba, hay un registro bien acabado de cómo debería ser el empalme y se testeó todo lo que se tenía que testear”. En ese sentido, advierte: “Por lo que hablo yo con los técnicos (del INDEC), está todo listo para que, cuando el gobierno o el organismo dispongan, se empiece a comunicar el nuevo índice actualizado. Cuando consulto en fuentes oficiales, me responden que todavía falta terminar de cerrarlo”.

En consecuencia, opina que el principal motor del gobierno para dilatar la actualización es consolidar el sendero desinflacionario. “Cuando esté en un punto y medio estable, hacer el salto sería más sencillo, sobre todo porque el salto fuerte en los servicios ya ocurrió a principios del año pasado. Y si le sumamos otra arista, están esperando a que pasen las elecciones. Entiendo que es una decisión política más que técnica”, subraya.

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

El presidente vetó la Ley de Emergencia destinada a la reconstrucción de Bahía Blanca mientras el Hospital Penna sigue con servicios sin habilitar, las calles están poceadas por la fuerza del agua y muchos vecinos aún no regresaron a sus casas.

A tres meses de las inundaciones en Bahía Blanca, Javier Milei vetó la Ley de Emergencia que había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 196 votos a favor. Mediante el decreto 424/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno anuló la norma que contemplaba la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir y reconstruir la ciudad y sus alrededores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión en X: “Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”. Además, argumentó que ya se implementaron medidas urgentes a través de otro decreto presidencial que creó el programa Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), haciendo innecesaria una ley adicional.
Pese a las justificaciones y avisos de ayuda ya enviada, instituciones como el Hospital Penna siguen con sectores completos sin funcionar, hay puentes rotos y familias con las casa a medio arreglar porque no alcanzan las ayudas enviadas por la Provincia de Buenos Aires.
También en X , el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció que tanto Milei como Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial por  200 millones de dólares, gestionado en 2023, y destinado a emergencias como la de Bahía Blanca. “Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia…”, reclamó.
¿Se implementaron realmente todas las medidas urgentes? ¿Qué se necesita para reparar los daños ocasionados por una inundación de esta magnitud? ¿Cómo continúa la situación en Bahía Blanca, a tres meses del desastre? Para responder estas preguntas, ANCCOM dialogó con la funcionaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, Ana Biera -trabajadora social del Hospital Penna y ex jefa de servicio-, y vecinos de zonas especialmente afectadas, que compartieron sus vivencias y las consecuencias que aún persisten.

La reconstrucción

Ana Biera atiende a ANCCOM desde el Hospital Penna, al final de su jornada laboral. Aun con la chaqueta puesta, busca un rincón tranquilo para hablar, aunque el ritmo del hospital se cuela en la conversación: puertas que se abren y cierran, voces que resuenan, pasos que no se detienen. Tras las inundaciones, la trabajadora social se abocó a relevar la situación de más de 1.200 trabajadoras y trabajadores del hospital, respecto a los daños sufridos en sus hogares. Junto a equipos del Programa Cuidar -del Ministerio de Salud bonaerense- y del PROSAMIC (Programa de Salud Mental en Catástrofes), conformaron un grupo de asistencia que no solo entregó insumos, sino que también realizó seguimiento emocional y simbólico a las familias afectadas. Llamaban preguntando cómo estaban y se repetían frases como: “De pronto se llenó de agua”, como algo que irrumpió. Además, la incertidumbre atravesaba todos los relatos. No solo hubo personal afectado en sus casas, muchos estaban en el hospital en el momento del temporal. “Toda la gente que trabaja en el subsuelo, tuvo que salir con los pacientes o intentando salvar insumos vitales, medicamentos, equipamiento de laboratorio”. A eso se sumó el corte de comunicaciones: no podían saber qué pasaba en sus casas, ni con sus familias.

El Hospital Penna, de jurisdicción provincial, cumple un rol clave en la zona. “Todo lo que ocurre en los alrededores termina llegando al Penna”, explica Biera. Destaca el esfuerzo institucional por poner nuevamente en funcionamiento los servicios: “La semana pasada volvió a funcionar Neonatología y la terapia intensiva de adultos. Pero todavía falta: quirófanos, Maternidad, Recursos Humanos”. Asegura que los fondos provinieron mayoritariamente del Ministerio de Salud de la Provincia. “También hubo donaciones, aunque representan una pequeña parte dentro de todo lo que implicó reconstruir el hospital”.

Los testimonios vecinales también dan cuenta de un panorama complejo. Aunque destacan la solidaridad y el apoyo entre pares, los días posteriores fueron críticos. 

La inundación en primera persona

“La revivo y se me pone la piel de gallina”, confiesa Florencia Belardinelli, de 34 años, quien vive con su pareja Melisa en una de las zonas más afectadas por el temporal, el barrio Napostá. “Afuera parecía un río: el agua se llevaba autos y entraba por todos lados”, recuerda. Agarraron unas pocas pertenencias y salieron cuando el agua ya les llegaba hasta las rodillas. “Con una escalera, trepamos por los techos y llegamos a lo de un vecino que tiene dos pisos”, recuerda. “Cuando volvimos la casa estaba dada vuelta. Estuvimos una semana con familia y amigos limpiando, éramos como treinta personas”, recuerda Belardinelli. 

Augusto Morelli estaba solo en su casa del barrio San Agustín cuando comenzó la inundación. “No había escuchado ningún pronóstico. Estaba durmiendo hasta que empecé a escuchar a mi perro ladrar sin parar y él nunca ladra a la madrugada”, recuerda. Se levantó para ver qué pasaba y, al poner los pies en el suelo, el agua ya le llegaba hasta los tobillos. Dos de sus perros estaban subidos al sillón y el que ladraba, arriba de la mesa. Diez minutos después, el agua ya estaba a la altura del colchón. “Ahí entendí que esto venía para rato”. 

En el grupo de WhatsApp del barrio avisaban que a muchos vecinos los habían evacuado. Intentó comunicarse con emergencias, pero las líneas estaban saturadas. “No sabía qué hacer. Llamé a un amigo y le pedí que viniera a ayudarme con los perros”. Cuando su amigo llegó, el agua ya les llegaba hasta la cintura. “Agarré a un perro, mi amigo cargó a otro y el tercero -que es un galgo- se manejó solo, fue nadando todo el trayecto”. Concluye: “La sensación de abandonar tu casa, sin saber qué va a pasar, es muy fea”. 

Valentina Vercelli, de 34 años, vive sola con su perra en el barrio Pedro Pico. Cuando empezó la inundación, intentó contener la entrada de agua. Pero pronto entendió que la situación no se resolvería rápido y cambió de estrategia: pasó a evaluar posibles vías de escape. “Afuera, el agua arrastraba a todos los que intentaban salir, así que quería evitarlo. Pero si seguía subiendo, no iba a tener otra opción”, recuerda. Se preparó con su perra por si era necesario evacuar y se subieron a la mesa del comedor a esperar. Pasaron allí desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. El agua llegó a alcanzar unos cincuenta centímetros dentro de la casa. Cuando finalmente comenzó a bajar su mamá y su hermano lograron llegar a buscarla. 

El miedo sigue muy presente entre los bahienses: “Se anuncia lluvia o viento y se cancelan todas las actividades, la gente tiene miedo de salir. Falta que recuperemos la tranquilidad”, reflexiona Vercelli. Morelli coincide: “El miedo sigue, queda esa herida abierta”. Belardinelli y su pareja están haciendo terapia para enfrentar las secuelas: “Nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda para seguir adelante, porque el trauma que te deja esto es muy grande”, cuenta. Además, aún lidian con las pérdidas materiales. En su casa las puertas no cierran bien, el piso sigue húmedo y las paredes se descascaran. Por ahora, viven en un departamento prestado hasta poder terminar de reparar su casa. Vercelli menciona manchas de humedad y techos que necesitan mantenimiento. 

Tanto Belardinelli como Vercelli accedieron al subsidio provincial y al nacional. “Sirve, pero no alcanza”, resume la primera. “Los arreglos más grandes los hicimos gracias a un crédito del Banco Provincia. El subsidio llegó recién hace dos semanas”. Vercelli coincide: “Me ayudó, aunque lo recibí varios meses después”.

Belardinelli también advierte que la ciudad está lejos de haberse recuperado. “En los barrios más alejados las calles siguen destrozadas. Incluso en el centro hay pozos sin reparar desde la inundación. Los puentes del canal Maldonado siguen rotos. El arreglo de la ciudad va muy lento”, lamenta. Para Morelli, el episodio evidenció una gran falencia estructural: “La ciudad no está preparada para enfrentar algo así. Faltan sistemas adecuados para prevenir y manejar inundaciones de esta magnitud”, advierte.

Las respuestas que aún faltan

Gracias al relevamiento que coordinó, Biera ofrece una mirada integral. “Nos sigue llegando gente que está en sus casas y no resolvió todo -sostiene-. Vino el invierno y no han podido terminar de arreglar la casa o de comprar todo”. Subraya la desigualdad en la recuperación: “Hay quienes pudieron rehacer una pared, revocar, comprarse una cama. Pero otros no y tampoco recibieron la ayuda necesaria”. Biera considera que el estado de emergencia debería continuar: “Bahía Blanca viene de un año y medio de catástrofes: el tornado, el temporal, la pedrada de enero. Es una ciudad golpeada por el clima. Merece otra consideración”.

Un funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca que prefiere no dar su nombre contó a ANCCOM que el veto presidencial fue recibido con desconcierto. “La expectativa era que la ley se reglamentara y se pusiera en marcha”, afirmó. Según explicó, las medidas implementadas hasta ahora por el Gobierno nacional resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños. “Aún hay una gran cantidad de vecinos que consulta por el acceso a subsidios”, señaló y remarcó que prácticamente todos los sectores necesitan algún tipo de asistencia. Si bien el municipio y el gobierno provincial brindaron ayuda a sectores productivos y comerciales, aún queda mucho por hacer. Desde el ámbito local se insiste en la necesidad de sostener la actividad económica: “Si estos sectores tienen que achicar gastos, eso impacta directamente en el empleo”, advirtió el funcionario. También destacó el acompañamiento constante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto en términos económicos como en presencia territorial. 

Por su parte, Biera remarca el valor de la organización comunitaria en contextos de emergencia: “La solidaridad se activa en momentos clave, y nadie duda de que hay que salir y organizarse para ayudar”. Sin embargo, enfatizó que la respuesta no puede recaer únicamente en la sociedad civil: “El rol del Estado es irremplazable. En una inundación, la pérdida es inconmensurable. El Estado tiene que dar respuestas; debe ser ese espacio que devuelva colectivamente todo lo que recoge colectivamente. No sólo a través de recursos económicos, sino también mediante programas, contención y acompañamiento tanto material como simbólico”.

Bullrich se quedó con las viviendas del Plan Procrear

Bullrich se quedó con las viviendas del Plan Procrear

Unas 160 familias que habían sido sorteadas como beneficiaras de viviendas en el edificio Sagol denuncian que la ministra de Seguridad se las entregó a miembros de las fuerzas que comanda.

Casa propia: ¡Afuera! El 23 de noviembre de 2023 160 familias recibieron por medio de un sorteo público de la Lotería Nacional una vivienda, aún en construcción, en el predio Sagol I de Avellaneda. Sin embargo, sin explicación, en junio de este año les llegó otra noticia: el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, dispondría de esas viviendas para entregarlas a integrantes de las fuerzas federales. Esto efectivamente ocurrió el 10 de junio, mientras se conocía la sentencia a la expresidenta Cristina Fernandez, quien fuera la ideóloga del Procrear en 2012.

El predio Intendente Raúl Sagol está en la calle Mariano Acosta al 400 entre Sagol y Díaz Vélez, en el municipio de Avellaneda. Es un edificio construido sobre un terreno que le cedió la municipalidad a la nación para esos fines. Tiene capacidad para 160 familias, cada departamento tiene entre 45 y 60 metros cuadrados y tres de ellos estaban destinados para personas con discapacidad.

El Plan Procrear (Programa de Crédito Argentino) se inició el 12 de junio de 2012 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la construcción de 100 mil viviendas en el plazo de cuatro años. Este programa tenía diferentes líneas de crédito para la casa propia u otras mejoras.

Alexander Zalazar, uno de los beneficiarios del sorteo PROCREAR.

Sin techo

La mayoría de los adjudicatarios del edificio Sagol recibió su departamento en el último sorteo del programa, el 23 de noviembre de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández. Pero las familias denuncian que con el cambio de gobierno nacional y la asunción de Javier Milei las gestiones administrativas quedaron congeladas. Tal es el caso de Andrea Staffolani que en diálogo con ANCCOM contó: “Me hicieron la verificación ambiental, después me hicieron presentar todos los papeles, partida de nacimiento, situación crediticia, veraz, recibos de sueldo y de ahí en más fue esperar que nos citara el Hipotecario”.

La respuesta ante sus consultas a los diferentes entes mediadores, como el Banco Hipotecario o Desarrollos Urbanísticos, siempre era la misma: “Estamos esperando órdenes”. El problema no era sólo administrativo: las obras también estaban detenidas. El municipio agregó carteles rojos con letras blancas que advierten “Obra paralizada por el gobierno nacional” en todos los afiches de Procrear que están en la vía pública.

Son 160 familias despojadas del derecho a la casa propia, al menos 500 personas. “Yo alquilo hace más de 30 años, siento que era la última oportunidad que tenía de acceder a un crédito hipotecario, de tener mi casa», manifestó Staffolani.

Silvia Navarrete, jubilada. 

Silvia Navarrete, jubilada, quien alquila con su hermana comentó que ante esta situación tuvo que mudarse, con todo lo que eso implica: “Nos robaron. No nos vamos a rendir. Nosotros estamos en lucha, acá estuvimos y vamos a estar”.

Por su parte, la docente Romina Caccione, contó que cuando salió sorteada “fue un momento de mucha alegría en toda la familia: ¡te ganaste el derecho a tener una casa!”. En el abrazo al edificio Caccione remarcó que “la indignación es total porque los dueños estamos esperando para hacer efectivo el crédito que ya teníamos asignado”.

Las familias están organizadas, tienen un perfil de Instagram @sagolenlucha, al que se están sumando muchas personas que aún no estaban enteradas de la situación. Hicieron una presentación a través del Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García. El plazo de 10 días hábiles para que el gobierno responda vence la semana entrante. De no tener respuesta, iniciarán un amparo colectivo. Además, el letrado Leonardo Martínez, representante legal de los damnificados, elevará una denuncia penal contra Patricia Bullrich, “todos los que usurpen nuestras casas van a ser cómplices de esto y les va a caer el peso de la ley, les corresponde porque son cómplices de una estafa”, sentenció Navarrete.

Las universidades están que arden

Las universidades están que arden

Frente a la falta de respuesta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, docentes, no docentes y estudiantes volvieron a las calles para denunciar la grave situación salarial y el congelamiento presupuestario. Exigen la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves 26 de junio se realizó una nueva marcha universitaria que partió desde la Plaza Houssay, desde allí se inició un corto trayecto que finalizó en la degradada Secretaría de Educación. Docentes universitarios y del Nivel Secundario, estudiantes y agrupaciones políticas, nucleadas en el Frente Sindical, portaron antorchas caseras como elemento simbólico para visibilizar su reclamo: recuperación de salarios, aumento de becas para estudiantes, mayor presupuesto para ciencia y tecnología, y un incremento del presupuesto para las universidades nacionales.

La impaciencia frente al vaciamiento universitario se hacía escuchar en los cánticos: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo que se va armar/ ocupamos las calles y tomamos la facultad”. En la gestión del Gobierno de Javier Milei ya se han llevado adelante cuatro movilizaciones universitarias multisectotiales que se realizaron en diferentes momentos entre el año anterior y este, sin embargo, el reclamo sigue siendo el mismo, porque las soluciones no llegan.

Según datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9 por ciento inferior al del año pasado y acumula una caída del 33 por ciento desde 2023.En este sentido, el presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005.

Clara Echevalier, de la Universidad de Florencio Varela Arturo Jauretche, y secretaria general del Sindicato de Docentes de esa casa de estudios, declaró a ANCCOM: “”Estamos marchando porque el sistema universitario argentino tal cual lo conocemos, con el orgullo que es para la sociedad corre riesgo de desaparecer si sigue siendo afectado presupuestariamente”. Por su parte, Ricardo Aguirre, quien trabajó en la escuela preuniversitaria Carlos Pellegrini durante 30 años, sumó que se moviliza por el bajo nivel salarial de los docentes y el achicamiento de la infraestructura.

Iluminada por la luz de una vela, Dylan Angolosia, estudiante en arte de la escritura de la UNA y presidenta del centro de estudiantes reflexionó: “Un docente es un profesional que se formó y te está enseñando a ser un profesional, pero más allá de eso, la paga que les dan refleja en la calidad de la clase que te pueden impartir”. Por otro lado, la estudiante le recrimina a los legisladores su último aumento del sueldo: “¡A nueve palos y medio!” Ese dinero deberían dirigirlo al pueblo”.

Hasta el momento, los sindicatos universitarios no han sido escuchados, ya que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%. Al reclamo por las condiciones salariales, de infraestructura y presupuesto, ayer también se sumó la exigencia de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, además, estuvo acompañada por un paro de 48 horas que finalizará este viernes, convocado por Conadu, Conadu Histórica, Fagdut y CTERA.

“El presupuesto se tiene que conquistar en las calles”, aseguró Lula Wallman, secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en representación de las agrupaciones La Fuga y Ya Basta. “No creemos que esto se vaya a resolver en el Congreso –agregó-, donde sabemos que hay proyectos de ley en danza. Este es el Congreso donde sale lo que Milei quiere y lo que no, y Milei lo veta. Así que la confianza está en las calles y no en las instituciones”, agregó.

Néstor Di Milia, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y secretario gremial de la AGDUBA, explicó que en la actualidad hay miles de docentes renunciando a sus cargos “porque no les alcanza para vivir y buscan otra salida económica y eso trae como perjuicio hacia el futuro la calidad de las universidades argentinas”. En cuanto a los próximos planes, el gremialista expresó que se realizarán, como se viene haciendo, actividades de visibilización de los reclamos hacia adentro de las universidades y de los colegios preuniversitarios.

La marcha de antorchas no ocurrió solo en la Ciudad de Buenos Aires, se replicó en otras ciudades con la intención de que la llama se expanda para que el reclamo por una educación digna y de calidad sea visto por toda la sociedad y en el Congreso de la Nación que aún adeuda la sanción de una ley que la garantice.

Los jubilados no se rinden

Los jubilados no se rinden

Como todos los miércoles, los jubilados marcharon al Congreso para exigir aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Esta vez, recibieron la compañia de los sindicatos que se movilizaron desde temprano al Ministerio de Desregulación.

Otro miércoles de protesta. Los jubilados fueron llegando al Congreso, esta vez más temprano que de costumbre debido a que está entrado el invierno y las condiciones climáticas no son convenientes para este colectivo. El reclamo es sostenido: aumento de los haberes y restitución de medicamentos que brindaba el PAMI de manera gratuita.

Exageración. Otra vez. El operativo policial montado en el Congreso Nacional cada semana se parece más a una parodia. Las vallas que cortaban el tránsito iban desde Av. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen rodeando el palacio legislativo hacia Av. Rivadavia, incluyendo la calle Combate de los Pozos. Apostados sobre Rivadavia, al menos diez camionetas trafic de la Policía Federal, cordones con cientos de oficiales rodeaban las inmediaciones y estaban listos para reprimir en caso de recibir órdenes.

Los jubilados estuvieron acompañados en otras jornadas por hinchas de fútbol, por el colectivo Ni Una Menos y en este caso, por algunos sindicatos que venían de la movilización al Ministerio de Desregulación. También se sumaron trabajadores de ATE del Hospital Garrahan e integrantes del Movimiento Evita.

La nota de color la dio la diputada libertaria Lilia Lemoine quien tuvo que ser escoltada por la policía luego de meterse entre los jubilados a grabar con su celular en una clara provocación. Intentó intimidar a los manifestantes pero le salió mal.

 

Lucha continua

 No sólo los jubilados están en pie de lucha constante sino que el mismo día los trabajadores se hicieron presentes en el centro porteño para movilizarse a la cartera que lidera Federico Sturzenegger. Se suma la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan que atravesaron una nueva jornada de paro y las universidades nacionales que anunciaron un cese de actividades para el 26 y 27 de junio.

Soja sana y poblaciones enfermas

Soja sana y poblaciones enfermas

En los pueblos rociados con glifosato, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Los casos de Ituzaingó y Monte Maíz, en Córdoba.

La soja es fundamental en nuestro modelo productivo, su siembra se realiza con semillas transgénicas resistentes a varios químicos, entre ellos el glifosato, desde 1996. Estos componentes lo que hacen es matar a otras plantas que le compiten, como las malezas, funcionando así como un herbicida. Pero el beneficio para la producción agrícola tiene su contracara en las poblaciones cercanas, conocidas como “pueblos fumigados”. En ellos, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer en un año y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde la provincia de Córdoba.

            Sofía Gatica, una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, barrio anexo a la ciudad de Córdoba, en diálogo con ANCCOM relata: “Yo veía pasar mujeres con pañuelos en la cabeza y muchos niños con barbijo, las madres tenían cáncer y los niños diabetes”. Ese fue el puntapié inicial para comenzar a investigar lo que sucedía en la zona, golpeando casa por casa, así logró formar lo que denominó “un “mapa de la muerte”. Presentaron este documento en varios ministerios: en el de Salud, el de Medio Ambiente y el de Agricultura, pero el gobierno se negó a investigar. “Cajoneó nuestra nota hasta que llamamos a los medios, salimos a la calle a decir que teníamos cáncer”, recuerda Gatica y explica: “Nos dimos cuenta que el agua que nosotros consumimos tenía agroquímicos”. Los químicos presentes son endosulfán, DDT, malatio, y glifosato.

            Ávila Vázquez, explica sobre los problemas en las infancias y en el desarrollo neuronal: “Si la madre vive en zonas donde fumigan con glifosato y clorpirifos, hay un riesgo muy alto de que los chicos tengan problemas de defensa intelectual”, ya  que las neuronas en presencia de estas sustancias no se ramifican y no se intercomunican, pierden su  capacidad de funcionamiento. “Las ramas neuronales –complementa- son fundamentales para desarrollar nuestra capacidad subjetiva, sensorial e inteligencia”, agrega. En este sentido, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha reconocido en el 2015 que los herbicidas más utilizados en el mundo (el glifosato y 2.4D) son cancerígenos. Sobre esta misma línea Alejandra Paganelli, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Biología Molecular, ha demostrado en sus investigaciones que el glifosato afecta el desarrollo embrionario produciendo malformaciones.

Los médicos de estas localidades han tenido reiteradss acciones de protesta contra este modelo, algo que muchas veces les ha traído problemas. Ávila Vázquez, quien se involucró en el estudio exhaustivo de los efectos de los agroquímicos en la salud de los niños, después de conocer la problemática de las fumigaciones hechas públicas por las Madres de Ituzaingó, contó que los productores los odian y los persiguen, además del apriete a los intendentes para que no hagan respetar las ordenanzas que las organizaciones lograron para que no se fumigue cerca de los pueblos. El médico aclara que la industria química sigue mintiendo, dicen que los agrotóxicos no son tóxicos y que el glifosato no hace nada, “es una mentira absoluta”, afirma.

            Es fundamental entender el peso del agronegocio en la economía nacional. Gatica explica: “Fijate que, tanto los gobiernos anteriores, como el de Macri, como éste, presionan a las empresas para que vendan la soja, para que hagan esto. Todo depende de la soja de estos señores”. Eso lleva a que las restricciones en muchas ocasiones no se respeten, nuestro país impone distancias de hasta 1000 metros con áreas de resguardo ambiental. Gatica, declara que pese a la existencia de estas regulaciones, muchas veces no se respetan, porque no hay quien haga el control. 

            Según Ávila Vázquez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, en la actualidad se usan más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, lo que implica una exposición por argentino de 15 litros por persona. Por otro lado, informa que las aplicaciones de estos químicos son bastante incontrolables, solamente el 20% de los que ellos tiran queda en el campo, el 80% se va al ambiente, terminando así en los cursos de agua.

            En este sentido, Ávila Vázquez junto a Flavia Difilippo, en su investigación explican que el intenso uso de agrotóxicos contamina los cursos de agua, el de lluvia, la tierra y el aire del ambiente agrícola, genera exposición ambiental y laboral a pesticidas, y también genera que los alimentos presenten residuos de estos cada vez más elevados, es así como la soja argentina que se exporta como poroto de soja lleva residuos de glifosato, muy superiores al límite permitido y paralelamente, las verduras que se consumen en la ciudades argentinas contienen cantidades preocupantes del agrotóxico.

            La alternativa posible es la agroecología y la adopción de programas de reducción de agrotóxicos similares a los que se usan en Francia, Bélgica y Dinamarca, asegura Ávila Vázquez: “Con asesoramiento del INTA, con asesoramiento de las facultades de Agronomía, con créditos y sobre todo con el estímulo de las retenciones, nosotros podríamos ir bajándole las retenciones a los productores que usen menos o no usen agrotóxicos, como lo han hecho Francia y Bélgica. No lo ha hecho prohibiéndolo, sino induciendo a los productores a cambiar el modo de producción”.             

            En 2016, la Red de Prevención de Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, y el Municipio de esa localidad le solicitaron a miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) un análisis socio-ambiental de la población. Allí se hizo un estudio ecológico observacional para verificar la contaminación con un análisis geográfico, químico y epidemiológico tranversal de prevalencia de enfermedades. Monte Maíz tiene 8.000 habitantes, allí se encontraron con 35 vecinos recientemente enfermos de cáncer. Según la OMS la población evaluada debería tener 11 casos. La tasa de mortalidad es de 38% debido a cáncer o tumores, mientras que las cifras de Buenos Aires no superan el 20%, ciudad de referencia. Se encontraron además que los casos de vecinos con enfermedades respiratorias obstructivas tipo asma, hipotiroidismo, lupus erimatosa se encuentran duplicando o triplicando las tasas de prevalencia en poblaciones de referencia a nivel provincial o internacional.

            Hace años se divulgan diversas publicaciones sobre las consecuencias de la exposición a estas sustancias en los seres humanos; sin embargo, las instituciones gubernamentales siguen aceptando solamente los estudios que le proporcionan las mismas empresas. Mientras tanto, en los pueblos fumigados, el 50% de las personas que se muere en un año, lo hace a causa del cáncer.

            En el 2019, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en prohibir en todo su territorio el herbicida glifosato, y la provincia de Misiones quiso seguir este mismo camino, prohibiendo en 2023 este mismo químico en su territorio, su aplicación comenzaría a regir a partir de este año. Sin embargo, en 2024 se decidió postergar la implementación de la ley hasta el 2030. La Sociedad Rural presentó muchas resistencias en este último caso tachando la ley de inconstitucional. Hace una semana, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe confirmó que los agrotóxicos producen daño a la salud y fijó los mil metros a la redonda de las poblaciones como límites a las fumigaciones. Un paso para que la producción agrícola sea más amigable con sus habitantes.