La pelota no se vende

La pelota no se vende

Los vecinos de La Boca resisten y permanecen en El Playón, un predio que desde hace 35 años funciona como un espacio de contención y recreación autogestionado. Ahora apareció un dueño y los quiere desalojar.

Desde la semana pasada, vecinos de La Boca permanecen en El Playón, ubicado en Del Valle Iberlucea y Gregorio Aráoz de Lamadrid, para evitar que tapien el predio luego de ser comprado por un nuevo propietario.El espacio comunitario que se encuentra en la entrada de Caminito, pasaje turístico de referencia para los visitantes extranjeros, fue recuperado por los propios vecinos que limpiaron el terreno y armaron una canchita, después de un largo tiempo sin que nadie reparara el lugar destruido por un incendio que en los años noventa arrasó con un conventillo.

“Es un espacio que está hace 30 años y nosotros lo sentimos propio, es como nuestra casa, entonces es muy difícil tener que entregar algo tuyo. Porque si había un dueño antes, durante 35 años nunca se acercó, nunca puso un clavo en el lugar y toda la comunidad se ocupó de las luminarias, el piso, la cancha, etc. De todo, siempre se ocupó la comunidad, la murga, y en este caso el club también, es re injusto que venga alguien y te diga, soy el dueño, chau, ándate”, dice Brenda Siffredi, de la Comisión Directiva del club FC Playón.

En un contexto en el que la lógica del mercado desplaza a la solidaridad barrial, la profundización del proceso de gentrificación por parte del Gobierno de Jorge Macri provoca que aparezcan “nuevos dueños” que compran espacios en el vecindario. “Hace un poco más de un mes, unainmobiliaria (Antúnez Vega) se acercó personalmente diciendo que había un posible comprador de este lugar y que si nosotros teníamos 650 mil dólares para adquirirlo teníamos la prioridad. Obviamente eso no sucedió, así que supuestamente compraron el lugar”, cuenta Brenda.

Por eso, los vecinos que sostienen el espacio con el respaldo de agrupaciones comunitarias, políticas y diferentes actores sociales decidieron permanecer y juntar firmas de los vecinos y turistas para evitar el cierre del lugar. “Nosotros pacíficamente pedimos llegar a una mesa de trabajo donde nos podamos sentar con los nuevos dueños, si es que existen, porque uno no sabe, y trabajar a ver cómo podemos resolver la situación”, dice Brenda.

El sitio fue reconocido espacio cultural por la Comisión del Carnaval, quienes trabajan con el Gobierno local, mediante el Proyecto Huellas del Carnaval. “Tenemos una placa con un código QR donde saltan los datos de que es un espacio cultural”, dice Karina Bustos, referente de la murga Los Príncipes de La Boca. También se movilizaron hasta la comuna donde presentaron una nota solicitando definir una fecha para comenzar una mesa de trabajo. Sin embargo, hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta de las autoridades.

Desde hace casi dos décadas, en la canchita de futbol ensaya la murga Los Príncipes de La Boca. “Nacimos en el año 2006, hace 20 años que estamos acá en El Playón. Yo tengo 42 años, así que prácticamente me críe acá y el plan de lucha es que no cierren el lugar de ensayo”, manifiesta Karina.

Además, el espacio también cumple una función social quedando abierto durante el día para que los chicos se queden jugando a la pelota y no estén en la calle, a su vez también pueden participar del F. C. Playón que funciona desde hace tres años.

“Es un lugar de contención muy grande. Por ejemplo, es el único club del barrio que no cobra cuota, hay muchos chicos que no tienen para pagar, y menos como está la situación hoy en día. Es un club que es a pulmón, entre todos los vecinos, los padres, los movimientos, agrupaciones que nos dan una mano, hay gente que nos da una pelota, que nos da unas cosas, y nosotros donamos casi todo el tiempo que tenemos, y los chicos la verdad que lo necesitan. Cuando empezamos este proyecto había muchos chicos que estaban todo el tiempo en la calle, yendo por malos pasos, y gracias a Dios yo hoy te puedo decir que revertimos esa situación, con muchos de los chicos, y tienen esa contención, entonces es como que, si sacamos esto, ¿qué les queda a los chicos?”, reflexiona Brenda.

El día que un tornado arrasó a Dolores

El día que un tornado arrasó a Dolores

Este martes se cumplen 40 años de un fenómeno meteorológico nunca visto en la zona. Las ráfagas de 300 kilómetros por hora arrasaron con todo y un viento de solidaridad reconstruyó lo destruido. El recuerdo de los vecinos.

En aquella tarde del 25 de noviembre de 1985, la ciudad de Dolores dormía la siesta bajo un peso húmedo e inusual. No había un alma en la calle: hacía mucho calor, pero no era un calor cualquiera; el ambiente era denso, muy particular. “No se respiraba”, recuerda Andrés Kaiser, vecino dolorense, que aún asocia ese aire espeso con las antiguas inundaciones que hacían de la ciudad “una palangana”. Desde las ventanas, los vecinos observaban un cielo inmóvil, sin viento, que comenzaba a oscurecerse de manera extraña.

Marcela Bazterrica, comunicadora y periodista, en ese entonces tenía 5 años y recuerda que el silencio era absoluto, como si todo el pueblo contuviera la respiración. En ese instante de calma tensa, los ojos se alzaron hacia el horizonte: lo que se veía venir no era una tormenta más de noviembre. El cielo se tiñó como una noche prematura y, con la oscuridad, llegó un rugido que nadie había escuchado antes.

No era un sonido familiar. Era un ruido ensordecedor que, en un instante, pasó de rumor a estruendo. “Parecía que los autos se manejaban solos”, recuerda Sebastián Alonso, nuestro taxista y guía en la ciudad, que a sus cinco años miraba desde el ventanal cómo el viento arrastraba los vehículos por la calle. En minutos, el corazón de Dolores fue sacudido por una fuerza desconocida. Los testigos, atónitos, veían cómo el aire se llenaba de objetos que parecían inofensivos. “Pensé que eran sachets de leche, hasta que entendí que eran chapas”, dice Marcela. El tornado, uno de los más fuertes que azotaron Argentina, cruzó la ciudad en diagonal con vientos de más de 300 km/h, arrasó 40 manzanas, se cobró la vida del vecino Alpidio Vizcaíno en la maderera Diepa y dejó a Dolores sin luz, servicios ni comunicación. La siesta de aquel lunes había cambiado para siempre a la ciudad.

Cuando cesó el viento, que apenas duró siete minutos, la ciudad quedó sumida en un silencio que muchos recuerdan como más violento que el propio vendaval. “En una vereda no quedó nada, y en la de enfrente no se movió ni una hoja”, cuenta Andrés, todavía asombrado por lo azaroso del fenómeno. Ya no era solo miedo, era la certeza de la ruina. El fenómeno dejó tras de sí una destrucción total: casas derrumbadas, autos destruidos, árboles arrancados de raíz y espacios públicos severamente dañados, tales como el Cementerio, la calle Olavarría, el Hogar del Anciano, la Plaza Moreno, y el Frigorífico Casassa.

El tornado dejó sin nada a quienes golpeó. Andrés, que aquella tarde estaba en su casa, recordaría el panorama de los días siguientes con absoluta lucidez: “Hubo gente que ni ropa le quedó. El tornado se llevó todo por donde pasó.” A este despojo total de pertenencias y los daños físicos se sumó la oscuridad absoluta. Con el tendido eléctrico devastado en numerosos sectores, la noche no trajo descanso, sino aislamiento y penumbra. Los vecinos salieron con linternas a buscar familiares y a remover escombros con las manos. La municipalidad, desbordada, organizó cuadrillas improvisadas para asistir a los heridos y despejar las calles principales. En los barrios más afectados, las familias dormían al aire libre, junto a lo poco que habían podido rescatar.

La mayoría de las personas no podían comunicarse entre sí, ni dentro ni fuera del pueblo. Las líneas telefónicas estaban cortadas, y las radios locales, silenciadas. Miriam Manias, que entonces trabajaba como maestra jardinera en Mar del Plata, recuerda la desesperación. Sus padres vivían justo enfrente de la maderera: “No sabía si estaban vivos o muertos.” En ese contexto, los radioaficionados se convirtieron en el único enlace con el exterior. Entre ellos, Jorge Erbetta, presidente del Círculo de Radioaficionados de Dolores, logró contactar con estaciones de la región y transmitir los primeros reportes. Durante más de un día, las únicas noticias de Dolores viajaron por esas frecuencias, mientras el pueblo intentaba volver a organizarse.

El amanecer del 26 trajo la dimensión completa del desastre. Dolores apareció cubierta de polvo, chapas y escombros. Los vecinos salieron a buscar a sus familiares y a reconocer lo que quedaba de sus hogares, mientras bomberos, defensa civil y personal municipal trabajaban sin descanso. La supervivencia se volvió una tarea colectiva: rescatar, asistir, limpiar, volver a empezar. El desafío que ahora enfrentaba la ciudad no era sólo meteorológico, sino también humano, institucional y de memoria.

Miriam Manias con un ejemplar de la revista Gente del 28 de noviembre de 1985.

 

El fenómeno meteorológico

La ciencia, con el paso de los años, logró poner en palabras aquello que para los vecinos de Dolores había sido pura confusión y espanto. El meteorólogo José Javier Merlos explica: “Aquel tornado fue el resultado de una combinación poco frecuente de factores. Ese noviembre se mezclaron masas de aire muy cálidas y húmedas con un fuerte contraste de temperatura en las capas altas de la atmósfera. Esa diferencia genera ascensos y descensos bruscos de aire y, cuando el aire descendente toca el suelo, se forma el embudo”.

Los vecinos de Dolores relacionan las fuertes inundaciones previas con la formación del tornado. Sin embargo, Merlos descarta que hayan provocado el fenómeno, aunque reconoce que influyeron en el escenario: “El suelo estaba saturado de agua, pero eso no genera un tornado; si acaso, puede atenuar el calor. Lo que pasó fue que la atmósfera tenía tanta energía que nada la detuvo”. Aquella energía se tradujo en ráfagas de más de 300 kilómetros por hora que atravesaron la ciudad en diagonal, siguiendo un patrón típico de estos fenómenos. “Los tornados no avanzan en línea recta -explica-, sino que hacen un recorrido en zigzag dentro de una franja, por eso hay calles devastadas y otras intactas”.

La intensidad del viento permitió clasificarlo entre los tornados más destructivos, con ráfagas de entre 250 y 320 kilómetros por hora, capaces de arrancar árboles, volar techos y retorcer estructuras metálicas. “Fue un evento extremo para la provincia de Buenos Aires, pero no aislado -advierte Merlos-, la llanura pampeana tiene las condiciones para que estos episodios se repitan. Lo que cambió es que hoy contamos con más tecnología y registros: antes, si un tornado no pasaba por una ciudad, simplemente nadie lo veía”. Sin embargo, esa mayor difusión no supuso un avance en los registros meteorológicos: la pérdida de las estaciones ferroviarias en los años noventa redujo la red de observación y la precisión en el seguimiento de estos fenómenos.

Un pueblo solidario

Tras la catástrofe, el Estado provincial dispuso una serie de decretos de emergencia para asistir a los sectores más afectados. Las medidas incluyeron prórrogas impositivas, créditos y beneficios fiscales para productores rurales, con el objetivo de recomponer la actividad económica. Sin embargo, la reconstrucción urbana y habitacional recayó principalmente sobre la municipalidad y los propios vecinos.

De la tarea inmediata de levantar la ciudad fue protagonista su gente, que encontró en la unión la forma de empezar de nuevo. Antes de que llegaran las ayudas oficiales, los propios vecinos se organizaron para asistir a quienes lo habían perdido todo. “Los que todavía tenían casa daban abrigo, los clubes y las iglesias recibían donaciones, y los bomberos trabajaban día y noche”, recuerda Marcela. Desde distintos puntos de la provincia llegaron camiones con alimentos, ropa y materiales; medios nacionales impulsaron colectas, y las instituciones locales se transformaron en centros de acopio y refugio.

En medio del desastre, el pueblo se sostuvo en su propia red. “Fue el pueblo el que estuvo ahí”, dice Andrés, que ayudó a su abuelo a reconstruir el techo con chapas donadas. Ese impulso comunitario -hecho de gestos simples, manos prestadas y una solidaridad inmediata- permitió que Dolores comenzara a levantarse incluso antes de que se hicieran efectivos los decretos y las ayudas oficiales. Fue, en definitiva, la respuesta de una sociedad pequeña pero unida, que encontró en la cooperación su forma más profunda de resistencia.

Cuarenta años después el recuerdo del tornado sigue vivo. Verónica Meo Laos, investigadora radicada en Dolores, propone un proyecto de memoria. Su idea es reunir los testimonios en un registro colectivo de historia pública. “De un tiempo a esta parte, Dolores es una fiesta. Hay un interés por apropiarse del espacio público, de celebrar. ¿Y por qué no? De recordar también”. Y agrega que la recuperación de la ciudad “tiene mucho que ver con cómo se gestiona la catástrofe”.

En Dolores esa gestión tuvo que ver con la solidaridad de sus habitantes. Hasta hoy, los vecinos se siguen reconociendo en esa actitud. Como afirma Marcela: “Ante cualquier cosa que ocurra estamos todos dispuestos para ayudar. Eso es una marca de los dolorenses”.

En esta historia no importa solo lo que ocurrió aquel día, sino cómo el pueblo se reorganizó para salir adelante. Contar lo que pasó fue también reconocer eso que todavía sostiene a Dolores: la solidaridad que convirtió la tragedia en una forma de unión.

 

 

 

 

 

 

Equipo de producción: Candela Mantuano, Cintia Ramírez, Marlene Bachmann y Valentina Muñiz.

El juez Kreplak detalló sus avances en la investigación por el fentanilo adulterado

El juez Kreplak detalló sus avances en la investigación por el fentanilo adulterado

En la Comisión Invetigadora del Congreso señaló que hubo 118 advertencias ignoradas, que el Estado no tenía trazabilidad de las ampollas y que el ANMAT no controló la producción de los laboratorios. Quitó responsabilidad a los hospitales.

El 19 de noviembre, el juez Ernesto Kreplak se sentó frente a los diputados en la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado. Su exposición no pareció la de un juez sino la de alguien que había caminado descalzo sobre los restos de un sistema roto: la tragedia empezó antes de que alguien supiera que había empezado.

Explicó, sin ambages: el ANMAT no sabía dónde estaban las ampollas; el Estado no tiene trazabilidad real; el juzgado tuvo que reconstruir todo “a mano”; hubo 118 alertas previas ignoradas desde 2018 por parte de la ANMAT al laboratorio; la planta Ramallo falsificó controles; que dos lotes —31202 y 31244— estaban contaminados y que 40.473 unidades llegaron a pacientes.

Los diputados escuchaban sin respirar. Christian Castillo lo sintetizó así: “El juez expuso sobre la investigación judicial que llevó a cabo, todas las fases de la misma y dónde está ahora, que es analizando las responsabilidades de los funcionarios del ANMAT, Ministerio de Salud y otros, después de haber determinado el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación por parte de las autoridades de Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; por eso están imputados, procesados en este momento.”

Y el juez agregó algo que cayó como un balde de agua helada: “No hay reproche penal para los hospitales. El sistema no les exigía controlar nada”.

Las familias, sentadas en mesas al fondo de la sala, escuchaban atentos y después en diálogo con ANCCOM confesaron que: “Es trascendental que el juez haya decidido exponer cómo está el caso… Desde el primer momento nos transmitió tranquilidad”.

Afuera, el año se está terminando. Dentro del Congreso, los diputados saben que el tiempo también se termina. En dos semanas cambian las bancas. Cambian las comisiones. Cambian los presidentes de bloque. La tragedia del fentanilo corre el riesgo de quedar atrapada en ese cambio de guardia, en ese revoleo administrativo donde muchas causas pierden identidad política.

La diputada Margarita Stolbizer advirtió a ANCCOM algo que quedó suspendido en el aire: la existencia de alertas previas ignoradas. “El juez explícitó la cantidad de alertas que generan responsabilidad en quienes debieron controlar y no lo hicieron”, dijo. Y agregó otra frase que revelaba la magnitud del vacío estatal: “No hay motivo de reproche penal en los hospitales, porque confían en que el control de calidad ya fue hecho por ANMAT”.

El diputado Pablo Juliano, harto de excusas, exclamó en reuniones anteriores: “Hay que traerlos de los pelos. No pueden no venir”. Se refería al ministro de Salud, Mario Lugones que no fue. Ni la primera vez. Ni la segunda. Ni bajo apercibimiento legal.

Los familiares fueron más frontales a este medio: “Lo mejor que podría hacer es presentar la renuncia”.

El 7 de noviembre de 2025, el Colectivo Nacional de Víctimas del Fentanilo Adulterado publicó un comunicado. No tenía el tono quebrado del dolor inmediato. Tenía la voz fría de quienes ya entendieron que el sistema que debía protegerlos había fallado. Escribieron: “La tragedia es el símbolo más doloroso de la crisis sanitaria argentina”.

A esa altura, lo consignan con exactitud quirúrgica, ya contaban 124 muertos, además de decenas de sobrevivientes con secuelas: hígados devastados, pulmones quemados, fiebres que aún hoy recuerdan en la piel. Denunciaban “colapso del sistema de control farmacéutico, negligencia estatal prolongada, políticas de desregulación que agravan la vulnerabilidad”.

La trama es simple y monstruosa a la vez: para estas familias, los papeles oficiales no son burocracia, sino la puerta por la que entró el veneno. “Fue productiva su explicación. Para nosotros es importante. Así como se mostró hoy el juez, se muestra cuando uno pide audiencia”, expresaban las familias a la salida de la comisión.

Mientras tanto, diputadas como Vilma Ripoll marcaban la distancia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo a ANCCOM: “La presencia del juez fue saludable, coherente. Lamentablemente los funcionarios no actuaron así… Hay que presionar para que vengan y den respuesta por semejante barbaridad: tantos muertos por falta de control”.

Si el comunicado nacional suena a diagnóstico, el de Rosario es un alarido. Presentado el 21 de noviembre, no habla de buenas prácticas ni de normativas: habla de abandono. “Nadie nos asistió”, escriben, “Nadie aplicó la Ley de Víctimas. Nadie explicó qué había pasado. Nadie nos acompañó.”

El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 11, se presentarán en la Cámara de Diputados de Santa Fe para visibilizar su reclamo y exigir respuestas concretas. No están haciendo teoría: están contando lo que vivieron en los pasillos de los hospitales, cuando pedían una historia clínica y encontraban carpetas mutiladas; cuando preguntaban por qué su madre, su esposo o su hijo había muerto y nadie respondía. Lo llaman “una masacre evitable.”

La abogada Adriana Franchese, que acompaña a varias familias víctimas, lo explicó así: “Fue sumamente positivo que escucharan en primera persona cómo se dio esta enorme investigación… Y es sumamente necesario mejorar las legislaciones para que no vuelva a suceder”.

Las familias se van del Congreso una vez más con carpetas gastadas: fotos, informes, certificados, historias clínicas incompletas. El juez dijo que en julio o agosto del año que viene podría elevar el caso a juicio. Los diputados, que intentarán cerrar el informe antes del 9 de diciembre, admiten que el tiempo es escaso. Las familias dijeron que no piensan bajar los brazos.

La tragedia del fentanilo adulterado sigue respirando entre ellos. No está en las noticias. No está en las conferencias de prensa. Pero está en cada carpeta. En cada testimonio. En cada muerte inexplicable. Y en la pregunta que todavía nadie pudo responder sin bajar la mirada:

¿Cómo se mata con un medicamento sin que el país lo note?

El proyecto de ley para prevenir la ludopatía está a punto de caer

El proyecto de ley para prevenir la ludopatía está a punto de caer

En dos semanas perderá estado parlamentario. Todos los sectores reconocen la gravedad del problema y, sin embargo, el Senado sigue sin tratarlo. Especialistas en infancias y en salud mental, apoyan la regulación a las apuestas online. El fútbol y las fintech, se oponen.

El reloj, inexorable, no detiene su marcha y juega en contra. En poco menos de dos semanas se vence el plazo para que se pueda aprobar una ley que regule la publicidad de las casas de apuestas deportivas en la Argentina y, a menos que ocurra un milagro, todo parece indicar que el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados podría caducar.

La iniciativa, que fue aprobada con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones el 27 de noviembre del año pasado, ingresó en marzo a las comisiones de la Cámara Alta y allí se quedó estancado.

Víctima de un año electoral en el que las sesiones escasearon y los principales debates se posaron en las cuestiones de actualidad pura, como el financiamiento de las universidades, la emergencia pediátrica y en discapacidad y las jubilaciones, la regulación de las apuestas deportivas fue relegado a un lado del temario, para beneplácito de sus detractores y lobbistas.

En un principio, el expediente fue asignado por la vicepresidenta Victoria Villarruel a cinco comisiones, lo cual ya hacía casi imposible que se pudiera avanzar en su tratamiento. Finalmente, se logró que se incluyera únicamente en los temarios de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, pero únicamente la primera comisión -a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci- fue la que le dio un poco de atención. Eso sí, recién el 5 de junio comenzaron a debatirlo. Es decir, durmió dos meses en algún cajón olvidado del Congreso de la Nación.

Durante varias semanas desfilaron por el Palacio Legislativo voces a favor y en contra del proyecto de ley que busca ponerle un límite al negocio del juego online: psicólogos, miembros de la Iglesia, investigadores, jóvenes, ludópatas en recuperación, representantes del sector fintech, trabajadores del rubro e, incluso, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigentes de clubes dieron su testimonio.

En octubre se pudo concertar un plenario de todas las comisiones involucradas en el debate y, en principio, estaba previsto que se llegue a aprobar el dictamen que permita debatirlo en el recinto. No obstante, tras dos reuniones con más testimonios, la firma del dictamen quedó frenada y la posibilidad de aprobar el proyecto de ley se desvanece a medida que pasan las horas.

Un debate eterno

A pesar de la demora en abordar el expediente, la temática de apuestas deportivas tuvo su debate puertas adentro del Senado de la Nación con diferentes posturas, pero con más coincidencias que diferencias entre los legisladores de diferentes bancadas y los expositores que fueron pasando. Sin embargo, a pesar de haber un consenso sobre que existe una problemática y hay que tratarla, de momento no se pudo coincidir en la firma de un dictamen que permita llevar el tema al recinto.

Una de las voces más estridentes a favor de la iniciativa fue la de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Fuerza Patria), quien salió al cruce de quienes descalifican la iniciativa como un gesto “populista” o efectista. “Hay algunos dirigentes que han dicho que los legisladores tratamos estos temas como petardos o hacemos populismo tratando el tema de la ludopatía”, advirtió.

“Creo que el Senado de la Nación quedaría muy mal si no hace nada al respecto. Los 72 senadores debemos tomar la decisión de dar la media sanción o modificarla y devolverla para brindarle una respuesta a la sociedad. Me parece que hay que estar a la altura de la circunstancia”, enfatizó.

Por su parte, Lucía Corpacci (Fuerza Patria), al frente de la Comisión de Salud y pieza clave en la articulación del plenario, puso el foco en la urgencia legislativa y en el volumen político que tomó el tema puertas adentro del Congreso. “Asumimos el compromiso de seguir con este tema hasta que se termine, porque verdaderamente es de una capital importancia y hay veintiocho proyectos”, recordó. “Estamos tratando este proyecto de ley con la seriedad que se merece. En cada reunión tenemos expositores que opinan a favor y en contra. Si tomamos de ambos sectores lo que nos parece más útil para nuestros niños y para nuestros jóvenes, vamos a sacar una excelente ley”, vaticinó.

Desde otro ángulo, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) introdujo la discusión sobre competencias nacionales y provinciales en materia de juego e hizo pública su posición en contra, pero aun así respaldó uno de los núcleos duros del proyecto: la prohibición de la publicidad. “La pregunta número uno que hago es: ¿quién recauda hoy por el juego? Y la respuesta es: las provincias. Por eso, para mí la atribución de reparar o de prevenir debería ser una acción de las provincias”, planteó en el plenario. Sin embargo, cuando el debate se desplazó al terreno de los anuncios, fue contundente: “Estoy a favor de la prohibición. La realidad es que la publicidad entra, penetra en las mentes de los menores y de los adultos. Además, asociada al deporte, para mí es una contradicción enorme”.

Por su parte, la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) eligió concentrarse en los agujeros del sistema que permiten que los menores apuesten pese a las restricciones formales. “Esto me enciende algunas alertas en relación a todo lo que es el mundo del juego online”, advirtió. Tras escuchar las explicaciones del sector fintech y de las plataformas, la legisladora fue al hueso del problema: “Entendí todos los mecanismos de control que ya existen. Igual, sucede. Quiero entender, entonces, cómo es que los menores terminan pasando por fuera del radar de estos controles”. El mensaje quedó flotando: por más protocolos que exhiba la industria, los chicos siguen apostando.

“Es un problema que crece día a día”

Uno de los especialistas que pasó por el Senado de la Nación para exponer fue Facundo Bianco, director de la consultora Bienestar Digital, que viene trabajando sobre el auge de las apuestas deportivas online en Argentina y su impacto en la juventud. “Ya dejó de ser una novedad para convertirse en un problema instalado”, sostiene, en diálogo con ANCCOM.

“Hace unos años se instalaron y crecieron enormemente, tanto las legales como las ilegales”, relató. Hoy, el mapa es contundente: “Se estima que en Argentina, cerca del 80% de los ingresos que se hace a plataformas de apuestas es a sitios ilegales. Y 4 de cada 10 adolescentes apuestan. Es un problema que crece día a día”, analiza.

Frente a ese escenario, el Estado no puede mirar para otro lado. Sí, hace falta regulación, pero no cualquiera. “Se necesita una ley por varios motivos, pero sobre todo por cómo está afectando a las infancias y las adolescencias. No debe pensarse solo en una regulación de objetivo recaudatorio, sino partiendo de la protección de los pibes y las pibas”, considera. El horizonte es claro: la discusión no puede reducirse a quién se queda con la caja, sino a cómo se cuida a los menores en un entorno hiperconectado.

Uno de los argumentos favoritos de quienes defienden el negocio es que el verdadero problema son las plataformas ilegales. Para Bianco “el tema está desmadrado en menores de edad”. Y ahí, más que una frontera tajante entre legal e ilegal, existe un ecosistema que se alimenta a sí mismo. “Más allá de que lo hagan en plataformas legales o ilegales, la publicidad de las legales valida, da marco y crea sentido”, explica. Ese marketing “tiene un alcance infinito y una capacidad de instalación notable. Los ídolos de los pibes promocionan apuestas a la vista de todos”.

Consultado por el impacto específico del bombardeo publicitario en los casos de ludopatía, es prudente: “Más que influir en casos de ludopatía, lo cual no tengo conocimiento para afirmar, influyen como invitación y como sentido de la época”. Lo que sí marca es el clima cultural que construyen esas campañas: “La cultura de la influencia a través de streamers, instagramers y deportistas marca que hacer plata fácil y rápido tiene que ser un objetivo. Y que, además, es posible”. Ese mandato se vuelve, para muchos chicos y chicas, una brújula distorsionada.

La primera señal de que el problema dejaba de ser marginal llegó desde las aulas. “En capacitaciones a docentes, hace tres o cuatro años, empezaban a contarnos que los chicos apostaban en las aulas, en los recreos”, recuerda. La escena se repite en distintas escuelas: “De pronto, del fondo del aula gritaban gol un día cualquiera a cualquier hora. Empezaron así a evidenciar que estaban apostando a partidos random de otras ligas, por ejemplo”. Esos testimonios, dice, “se fueron multiplicando y sirvieron como primera señal de alerta de que algo estaba pasando y no tenía suficiente visibilidad”.

En su exposición en el Senado definió a las apuestas como “un síntoma de la época”. En la entrevista con ANCCOM desarrolla la idea: “Asociar todo concepto de éxito, de felicidad y de futuro a la posibilidad de hacer plata fácil y rápido”. Las lógicas de consumo y de ostentación, advierte, “están calando muy fuertemente en la cultura, las aspiraciones, las expectativas de generaciones, contraponiéndose a la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la formación”. Pero no se trata solo de dinero: “La propuesta de esta era también propone la soledad y el individualismo. Todo esto está generando mucha frustración”.

Mientras no haya una ley que ponga límites claros, el especialista insiste en que igual se puede –y se debe– actuar. “Políticas públicas que contengan y concienticen”, resume. En los relevamientos que realizan sobre adolescencias aparece siempre el mismo dato de fondo: “La salud mental es hoy un problema que tienen presente como generación y que, más allá de que los afecte directa o indirectamente, necesitan ayuda”. Esa ayuda, remarca, “solo puede llegar de los Estados y las familias”. Y sentencia: “Las plataformas de apuestas no son instituciones de caridad, son maquinarias creadas para ganar dinero”.

Todas las voces

Sobre el escenario del Senado también se escucharon las voces de quienes miran el fenómeno desde la salud mental, las infancias, el territorio y las organizaciones sociales. Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental e integrante de la APDH, defendió el proyecto apoyada en la Ley Nacional de Salud Mental: “Este proyecto de ley que ya tiene media sanción (…) acompaña el abordaje de la salud mental desde la prevención y garantiza el derecho a un entorno digital seguro”. Y subrayó la responsabilidad estatal frente al negocio: “Sostenemos que es el Estado el lugar para poder regular ciertos excesos que el mercado y la sociedad de consumo introducen en la cotidianidad de nuestras vidas”.

Miguel Tollo, del Foro de Infancias de CABA, aportó una mirada que cruzó clínica y política. Para él, la iniciativa responde a una demanda que se repite en foros de todo el país: “Los adolescentes entienden que también es una cuestión azarosa el proyecto de vida. No les transmitimos otra posibilidad”. Y desarmó la supuesta inocencia del negocio: “A veces pensamos que los juegos de azar son juegos. En realidad, no son juegos. Son apuestas. Lo que caracteriza al juego de apuestas es el vértigo a perder, no las ganas de ganar”.

Desde la psiquiatría, Alberto Trimboli fue terminante: “El consumo problemático de las apuestas online es un problema grave de salud mental”. Cuestionó la tendencia a reducir el debate a números fiscales o voluntad individual y advirtió: “Reducir la discusión únicamente a una cuestión económica, de recaudación o de ganancias sería un error grave”.

La dimensión cultural del problema apareció con fuerza en la voz del presbítero Munir Bracco, que apuntó a la alianza entre casas de apuestas y fútbol: “La camiseta de fútbol, que debería inspirar a los niños, se convierte en una publicidad como si fuera una droga. Legal o ilegal, destruye igual”. Para el cura, el impacto va más allá de historias individuales: “Cuando esta adicción golpea a los jóvenes, hipotecamos el porvenir de la Nación, de nuestra patria”.

El sindicalismo del juego pidió que la regulación no se agote en las formas legales del negocio y ponga el foco en el daño social. Guillermo Martín Cain, secretario adjunto de la Federación Argentina de Empleados de Casinos, advirtió sobre el riesgo de transformarse en la “Argentina de la timba” y fue tajante: “No podemos mirar para el costado cuando nuestra actividad se encuentra desregulada y genera un problema complejo para toda la sociedad, especialmente en los niños, niñas y adolescentes”. Para él, “lo más importante” es regular la publicidad, porque “cuando las plataformas legales publicitan el juego online, indirectamente están publicitando las plataformas ilegales. Un joven de diez, once, doce, trece años no sabe discernir entre una plataforma legal y una ilegal”.

La industria fintech también se sentó a la mesa. Lejos de negar el problema, Natalia Díaz, de la Cámara Argentina Fintech, vinculó la discusión con el avance de las plataformas clandestinas: “Según estadísticas de 2024, el 80% de las apuestas transita por operadores no regulados. Y esto genera un doble riesgo: social, porque vulneran la seguridad de los menores, y de lavado de activos”. Detalló que esas webs usan el sistema de pagos “de forma encubierta” a través de procesadores externos, empresas de cobranza que simulan ser cobradores legítimos y cuentas mula: CBU o CVU de adultos que funcionan como cajeros humanos, reciben dinero de chicos, fondean cuentas de juego y “dificultan la identificación de los menores y se encubren como comercios legítimos para operar”.

El testimonio más crudo llegó de la mano de Valentino Solda, un joven de 21 años que se presentó como exludópata. Contó que empezó a apostar a los 16, que el Mundial de Qatar fue un punto de quiebre y que hoy cuenta los días sin jugar. “Me sumergí en un infierno. Es muy difícil de manejar, con una tristeza muy profunda y aislante”, relató. Su mirada sobre el rol de los clubes y las figuras deportivas condensó el malestar general: “Si los dos clubes más grandes de la Argentina tienen en el pecho un sponsor de una casa de apuestas, ¿cuál es el mensaje? Si el máximo ídolo de todos los niños sale a dar la cara en una casa de apuestas muy grande, ¿cuál es el mensaje como ídolo?”.

“El remedio que enferma”

Para los representantes de la AFA y para el exdirector de Ordenación del Juego de España, el proyecto que prohíbe la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas apunta en la dirección equivocada respecto de lo que planteó la mayoría de los expositores. Sentados ante el plenario de comisiones, reconocieron sin matices que la ludopatía, el acceso de menores al juego online y el riesgo de amaño de partidos son “problemas reales, crecientes y alarmantes”, pero advirtieron que una prohibición total sobre la industria regulada puede desfinanciar a los clubes y, al mismo tiempo, fortalecer al mercado ilegal que opera sin control.

Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y vocal de AFA, admitió que el fútbol convive con una bomba de tiempo –ludopatía juvenil, arreglos, menor control en el mundo online–, pero se desmarcó de las recetas que borran a las casas de apuestas de camisetas y estadios. “Creemos que aquellos proyectos que proponen una prohibición total y absoluta de la publicidad y el patrocinio de esta industria en el deporte no solo no están atacando la raíz del problema, sino que, además, corren el riesgo de agravarlo seriamente”, sostuvo. Recordó que en la Liga Profesional argentina solo una parte de los clubes tiene sponsors de casas de apuestas, pero que esos ingresos ya son estructurales: en Boca representan alrededor del 13% de sus ingresos totales y en River, cerca del 18%.

Desde ahí lanzó la frase con la que buscó interpelar a los senadores: “Estaríamos hablando de la paradoja del remedio que enferma”, disparó. Según su planteo, para combatir el juego problemático y el acceso de menores, el Estado podría terminar debilitando “a quienes ya vienen trabajando frente a esa problemática”: clubes que sostienen comedores, deportes amateurs, fútbol femenino, futsal y otros espacios de contención. “Los clubes somos parte de la solución. No queremos ni somos parte del problema”, insistió, y pidió que cualquier restricción publicitaria sea graduada y compatible con la supervivencia económica de las instituciones deportivas.

Andrés Patón Urich, gerente de Legales y oficial de Integridad de AFA, reforzó esa línea desde otro ángulo: mostró que la casa ya viene tratando de ordenarse puertas adentro con capacitaciones sobre amaño de partidos e integridad para jugadores, árbitros y dirigentes. “Entendemos que este proyecto de ley que busca prohibir la esponsorización de clubes a través de empresas de betting sería un desfinanciamiento para nuestras instituciones y un desfinanciamiento que iría hacia los más vulnerables”, advirtió, en referencia a los deportes no profesionales y a los pibes que dependen de los clubes como espacio de contención.

A modo de contraste, recordó que la propia FIFA solo prohíbe la publicidad de casas de apuestas en la ropa de árbitros y en las salas de VAR, pero no en las camisetas de los clubes. Y dejó una frase que sintetiza su rechazo al esquema propuesto: “A veces, lo más fácil es prohibir, pero muchas veces regular y controlar es muchísimo más efectivo que la mera prohibición”.

El español Juan Espinosa, exdirector general de Ordenación del Juego, llegó con un discurso más técnico, pero que desembocó en la misma conclusión: una prohibición total de publicidad para la oferta regulada difícilmente logre los objetivos que se propone. “El ejercicio de la eficacia implica el contraste entre el objetivo y el instrumento”, planteó. “Si regulamos el juego en línea es porque creemos que mediante dicha regulación la sociedad va a estar mejor que en su ausencia”. En su experiencia, el corte publicitario sobre el mercado legal “tiene beneficios muy reducidos, por no decir nulos” en relación con los menores, porque, por definición, ellos no deberían acceder a esa oferta y el problema central está en los sistemas de control y sanción, no en la pauta.

Espinosa centró su advertencia en otro frente: el impacto que puede tener un apagón publicitario sobre la relación entre juego legal e ilegal. “La existencia de una oferta ilegal de juego online es el factor disruptor número uno de la sostenibilidad social y de la garantía ciudadana de los juegos de azar. Cuanto mayor sea la oferta ilegal frente a la oferta regulada, más desprotegido está el interés público, más inútil es una prohibición”, sostuvo. Según su diagnóstico, impedir que los operadores con licencia se anuncien y patrocinen clubes los deja sin herramientas para diferenciarse de los clandestinos, que seguirán publicitándose igual en otros canales.

En esa lógica, tanto AFA como el exregulador español buscan mover la discusión desde la “voluntad política” de castigar al juego hacia la ingeniería concreta de la norma. Todos reconocen que la ludopatía juvenil y el vínculo entre apuestas, redes y fútbol son un problema que ya no se puede negar; el punto de conflicto es si la respuesta adecuada es una prohibición plena de la publicidad y del patrocinio o un esquema de regulación más quirúrgico, que ataque con fuerza al mercado ilegal sin cortarle de golpe una fuente clave de financiamiento al ecosistema deportivo. Para Méndez Cartier, Urich y Espinosa, tal como está redactado, el proyecto sigue demasiado cerca de ese “remedio que enferma”.

Entre los tecnicismos legislativos, las tensiones sobre competencias federales y los lobbies cruzados del juego legal y de la industria del deporte, el debate dejó, al menos, una foto nítida: especialistas y buena parte de la dirigencia política coinciden en que la ludopatía online no es un asunto de “elección individual” ni un mero problema de recaudación. La apuesta ahora es otra: que algún día se pueda traducir ese consenso en una ley que limite la omnipresencia de la publicidad, proteja a las infancias y ofrezca algo más que una señal declarativa frente a una generación que, como repitieron varios expositores, ya está pidiendo ayuda.

La comunidad afro celebró su día en la calle

La comunidad afro celebró su día en la calle

Con una marcha de la Plaza de Mayo al Congreso, los afrodescendientes e inmigrantes reclamaron por sus derechos. También conmemoraron a la Madre Patria, Marías Remedio del Valle.

Ayer sábado 8 de noviembre, en el Día Nacional de los Afro-argentinos y de la Cultura Afro y en conmemoración de la Madre de la Patria, la Capitana María Remedios del Valle, se realizó la tercera “Marcha Nacional 8N Afro” en la Ciudad de Buenos Aires.

La concentración, convocada para las 17 en la Plaza de Mayo bajo las consignas “contra el racismo en el ámbito laboral, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, por justicia social, derechos humanos y reparación histórica y el cupo afro dentro del Estado nacional y provincial”, contó con la participación de varios grupos de capoeira Angola, que formaron un círculo en el medio de la plaza para aportar música y baile. Mientras tanto, el resto de los colectivos iba llegando junto a las personas autoconvocadas que se acercaba a participar.

Mónica García, una de las asistentes a la marcha, señaló: “Soy argentina descendiente de esclavizados. Decido participar porque hoy es un día para honrar, yo siempre voy al final de la marcha, tranquila, observando y acompañando. A pesar de que en esta plaza hay otras personas, se agradece que sean acompañantes en nuestro día. Tengo hermanos y hermanas que no acompañan el movimiento porque no les gusta la festividad del día, porque es un día que no está para celebrar sino para honrar y se hacen eventos más privados, mas cerrados.”

En un ambiente tranquilo y de alegría por encontrarse nuevamente en las calles, Marisa Masimento, integrante de la danza brasileña y de las danzas de la marcha, opinó: Para nosotros es un día muy importante en el que podemos marchar todos juntos luchando contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia racial que nos afectan. Y tenemos la posibilidad de estar todos juntos y luchar por un mejor camino”. Y agregó: “La marcha pasada fue tremenda, hubo muchos policías todo el tiempo apretándonos mientras avanzábamos y ahí vimos la unión como algo más fuerte y este año creció mucho más. La comunidad afro creció muchísimo y ahora somos muchos más, estamos con la parte africana que están en el país, tenemos uruguayos, brasileros, los propios afros argentinos. Creció mucho en unión, en fuerza, en lucha, en organización para seguir adelante”.

Algunos de los reclamos que se expresaban subrayaban la necesidad de políticas públicas antirracistas, con perspectiva étnico-racial que impulsen el desarrollo de la comunidad como sujeto de derecho y como pueblo; fortalecer la educación con perspectiva antirracista y afro-centrista en todos los niveles y modalidades; exigir la reposición del cuadro de María Remedios del Valle en la sala de conmemoración de Patriotas de la Independencia nacional; y también impulsar un cupo laboral afrodescendiente, como una forma de promover la inclusión de un colectivo social que ha encontrado histórica y sistemáticamente dificultades de inserción. Asimismo, se expresaron en defensa del candombe y de toda la cultura de matriz ancestral.

Pasadas las 18, los sonidos de los tambores anunciaron el inicio de la marcha, la columna no pudo comenzar su recorrido por la Avenida de Mayo, trayecto característico de cualquier movilización que une la Casa Rosada y la Plaza los Dos Congresos, por el armado de un escenario. Por eso, la bandera de arrastre, que tenía a la Madre de la Patria pintada con su traje de granadera junto con la consiga en conmemoración del Día Nacional de las Afro argentinas y Afro-argentinos y la Cultura Afro y la Ley 26.852, avanzó por la Avenida Rivadavia seguida por jóvenes, adultos y niños que caminaban detrás; los seguían los grupos de capoeira que tocaban sus berimbau mientras cantaban la canción “Angola”. Más atrás, un grupo de mujeres vestidas con ropa de color rojo y blanco bailaban danzas afro y candombe al ritmo de los tambores de batuka y los tamboriles del candombe. La marcha contó con solo dos banderas pintadas a mano, en una aparecía María Remedios del Valle con su uniforme y rodeada de hombres y la otra, en la que se dibujó Argentina y África unidas por la lucha de un puño que pertenecía a un grupo de capoeira.

La columna fue guiada parte de la Comisión Organizadora de la Marcha 8N, que con un megáfono daba indicaciones y gritaba consignas para que las personas en las veredas se enteren que era el Día de los Afroargentinos y la Cultura Afro, que marchaban contra el racismo, que la Argentina tiene raíces africanas, que los policías de la Ciudad que acompañaban la marcha para ir cortando las calles también eran afrodescendiente igual que Bernardino Rivadavia, el primer presidente del país.

Cuando la columna dobló en la calle Piedras para continuar marchando sobre los dos carriles de la mano derecha de la Avenida de Mayo, una joven tomó el micrófono para intercalar las canciones de la capoeira y consigas como “Argentina es afro”, la reivindicación a Pocha Lamadrid, cantante y activista por el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente argentina, “que está presente ahora y siempre”, además de pedir por la plena implementación de la Ley 26.852 y cantar que “hacer quilombo es luchar”.

Antes de llegar a la Plaza de los Dos Congresos, la columna debió desviarse suevamente hacia la Avenida Rivadavia por el armado de otro escenario. Faltando unos minutos para las 20, la marcha llegó a destino y la bandera de arrastre se ubicó dándole la espalda a la entrada principal del Congreso, sobre la vereda de la calle Solís. El resto de los participantes formó un círculo. Antes de leer el documento, cada uno de los grupos de percusión como los de capoeira, los bolivianos afrodescendientes con sus tambores y cuancha, y los trambolines de candombe afro-uruguayo desfilaron por el centro del círculo mientras bailaban al ritmo de su música.

Para finalizar, leyeron entre varios integrntes de la comunidad el documento compartido por todas las comunidades afro del país. Les agradecieron a “todas, todos y todes” quienes participaron y estuvieron sosteniendo la marcha durante estos tres años dado que no es difícil para la comunidad pensarse en una calle que actualmente se encuentra un prohibida. Sin embargo, estuvieron manifestándose por sus derechos humanos, y por sus afro-reparaciones.

En el cierre, se solidarizaron con los pueblos que se encontraban sufriendo un genocidio como Palestina, Congo, Haití, Ecuador y las 132 personas que fueron asesinadas en Río de Janeiro la semana pasada.

Organizaciones sociales proponen una reforma tributaria progresiva

Organizaciones sociales proponen una reforma tributaria progresiva

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad presentó un proyecto para una reforma fiscal justa, donde quienes más tributen sean los que más ganan, un camino inverso al que lleva adelante el gobierno.

 El gobierno resignó el equivalente al 3,45 por ciento de recursos del PBI en pos del equilibrio fiscal en 2024. Estas partidas del Estado provienen de los presupuestos de varias carteras ministeriales como Economía, Seguridad, Salud, Defensa, Justicia, Interior, Infraestructura y los poderes Judicial y Legislativo. Se suma la caída presupuestaria en ítems claves como agua potable y saneamiento (75%), el acompañamiento a mujeres y colectivos LGBTIQ+ (85%), vivienda y urbanismo (82%), educación y cultura (44%) y seguridad social (15%).

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ELFE) es una red que busca aportar análisis que impulsen políticas fiscales que pongan en el centro la justicia social, en la que paguen más los que tienen más. Esta organización en la que convergen la Friedrich Ebert Stiftung (FES Argentina) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó el documento “Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa” donde trazan una ruta sobre el gasto, los impuestos, la evasión y la deuda pública.

Para atrás o para adelante

En el texto del informe se destaca que nuestro país siempre “ha recaudado impuestos en forma regresiva” exigiendo un mayor esfuerzo a los que menos tienen e invita a “repolitizar y democratizar la discusión fiscal”. En este sentido, las políticas que deberían marcar el paso del camino a seguir son: el impulso del gasto público equitativo y transparente, el alivio de la carga fiscal sobre los que menos tienen, el freno a la evasión fiscal y reducir el peso de la deuda pública.

Para llevar adelante estas políticas proponen, entre otras cosas, reconstruir la prevención y atención a la violencia de género, garantizar un sistema previsional inclusivo y sostenible, recuperar la inversión pública estableciendo un piso mínimo, gravar a los que más tienen, fortalecer la fiscalización y cooperación internacional de criptoactivos, transparentar y democratizar el acceso a la información sobre la titularidad de los grandes patrimonios, impulsar alivios de deuda con evaluaciones y criterios de sostenibilidad que tenga en cuenta los indicadores sociales y fortalecer la coordinación internacional para exigir reglas más justas, entre otros.

La presentación del documento fue coordinada por el periodistas Julián Marini, se realizó en el bar cultural Paz Arriba y estuvieron presentes Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP – DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.

“Casi el 11 por ciento de la recaudación de los impuestos corporativos se pierden por el traslado de beneficios a guaridas fiscales», señaló Rodríguez Enríquez.

La encargada de abrir el evento fue Uta Dirksen, la representante de la Fundación Friedrich Ebert quien manifestó “preocupación por el momento que estamos viviendo”. “Vemos ataques a las democracias en muchas partes del mundo, un fuerte ascenso de la derecha, con un discurso violento, antiderechos y eso tiene mucho que ver con lo económico”, agregó Dirksen.

A su turno, Rodríguez Enríquez destacó los puntos fuertes de la propuesta y remarcó que “la hegemonía actual es de una narrativa anti-Estado, pro ajuste, pro pago de la deuda, que desprecia los derechos humanos, que entiende que la desigualdad es un resultado razonable de los méritos individuales. Nosotros nos proponemos desafiar esa narrativa y que se pueda convertir en acción política y social”. En el plano fiscal detalló que “casi el 11 por ciento de la recaudación de los impuestos corporativos se pierden por el traslado de beneficios a guaridas fiscales, por eso hacemos una serie de propuestas que tienen que ver con transparentar el acceso a la información para poder dar cuenta de estos abusos”.

Rodríguez Enríquez también señaló que “la deuda implica una distribución regresiva de los ingresos, es insostenible no sólo económica sino socialmente, sostiene un modelo de financiarización, de extractivismo y un modelo de dependencia contrario a un modelo de desarrollo que creemos que sería justo. La deuda afecta la vida cotidiana, no es algo que está afuera, impide a vastos sectores de la población acceder a la salud, a la educación, a las garantías más básicas de sus derechos”. Al respecto, Naishtat agregó que “el principal recaudador de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional que ya se llevó en lo que va del año 100 mil millones de dólares por el pago de intereses”.

Desde el barrio

Claudia Albornoz, referente de barrial del interior del país expuso la situación de las familias “En el barrio ya no se toma leche –subrayó-, hace rato que se toma mate cocido”. La dirigente social además dijo que “en las profundidades están los barrios populares, somos explotados. La soberanía, para ellos, es sinónimo de guita, no de patria”, cerró Albornoz.

Semán describió el momento actual: “No hay confianza en el agente político inmediato, la gente piensa que todos los políticos son narcotraficantes, no sólo Espert”, remarcó el sociólogo.

La presentación de esta propuesta en la Argentina de hoy es tan necesaria como disruptiva. Mientras que el marco internacional va hacia la reducción de la jornada laboral, la implementación de un programa impositivo más progresivo, la regulación y el gravamen a las nuevas actividades económicas que tienen que ver con las plataformas de venta y con las cripto, el presidente Javier Milei promueve aún más ajuste, desregulación económica y una reforma laboral regresiva en materia de derechos laborales.