Abr 29, 2020 | Comunidad, Novedades
“Hay más conciencia del tema saludable, hace deporte y eso ayudó a que le den uso a la bici», dice Campomar.
Alexis Campomar administra Star Cicles, una bicicletería fundada en 1989. “Mi papá (Norberto) y un amigo comenzaron a arreglar bicicletas en un local pequeño y con el tiempo se mudaron a uno más grande donde empezaron a fabricarlas. Hoy vendemos bicicletas fabricadas por nosotros, importadas y también reparamos”, comenta el encargado del local ubicado en Olivos y que ahora ofrece sus productos a todo el país gracias al comercio por Internet.
La bicicleta ha ganado terreno en la movilidad de las ciudades y el Gran Buenos Aires no es ajeno a su popularizacón. “En los últimos seis años hubo un gran crecimiento: la gente es más consciente del tema saludable, hace deporte y eso ayudó a que le den uso. En Zona Norte y Capital Federal hay espacios donde se puede salir a andar y eso es un incentivo”, agrega Alexis.
Pascual Mazza, distribuidor de Olmo Bikes, una fábrica fundada en Morón hace más de 70 años, complementa esta información sobre el mercado. Cuenta que en los últimos tres años aumentó cien por ciento las ventas de rodados de media y baja gama. “Veníamos en alza, ahora con el tema de la cuarentena se cortó todo, pero la bicicleta viene en un crecimiento mundial y la gente se concientizó en usarla más porque es un medio de transporte no contaminante. Además, carreras, bicisendas y salidas grupales ayudaron a ese crecimiento”, puntualiza.
“En el último año hubo récord de ventas de bicicletas de todas las gamas. La gente que empezó a usarlas como medio de transporte, se encontró con algunas muy económicas: la compraba en cuotas y se daba cuenta que la cuota era más barata que lo que gastaba en transporte al mes. Y la venta de una bicicleta luego te genera la venta del inflador, del casco, de la luz”, afirma Maxi Chazarreta, distribuidor de Bicicletería Pereyra para el Gran Buenos Aires.
«La venta de una bicicleta luego te genera la venta del inflador, del casco, de la luz”, afirma Maxi Chazarreta.
Adolfo Carrizo es periodista especializado en ciclismo y monta bicicleta desde los 4 años. Antes de la cuarententa, decretada el 20 de marzo, salía entre dos y cuatro horas diarias a entrenar. “Me gusta salir, no tengo problema con andar en el tránsito, hay gente que si no tiene para salir de la ciudad, alejarse un poco y volver, no sale, pero yo en ese sentido no tengo problema”. Dice que en los últimos cuatro años se ve mucha más gente pedaleando y cree que los gobiernos provinciales y municipales tienen que motivar, aún más, a los argentinos a usar este medio de transporte. “En un montón de sectores de Capital faltan bicisendas y otras tienen poco mantenimiento”, asegura.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, instó a sus colaboradores a diseñar rutas que pongan a la bicicleta como el principal medio de transporte en la ciudad. “Estoy pensando en diseñar temporalmente rutas por encima de las líneas de metro más concurridas para que las personas que se sienten más seguras en bicicleta puedan moverse”, declaró. En Bogotá, Berlín, Milán, Quito, Bruselas, San Francisco, Edimburgo y varias ciudades de España, Canadá, Nueva Zelanda, Perú, Inglaterra y México se han creado carriles y rutas provisionales para el uso exclusivo de la bicicleta.
“Después de la cuarentena la gente va a usar mucho más la bicicleta porque no quiere viajar en colectivo para no estar en contacto con otras personas y aparte van a querer hacer más deporte del habitual por este tiempo que no pudieron salir”, expone Alexis. “Unos amigos que ya están empezando a trabajar otra vez me decían que hay un montón de cosas que no las ven de la misma manera que las veían tres meses atrás. Están con un poco de miedo”, completa Adolfo.
Chazarreta agrega que la financiación también es importante para impulsar el mercado de la bicicleta en tiempos de recesión económica. “El sistema de crédito y cuotas ayuda a que la gente compre una bicicleta: el valor promedio está en 20 mil pesos y la gente ve que la compra se le hace pesada. Si varios bancos empiezan a ofrecer este servicio, seguramente más pesonas se van a volcar a la bicicleta”, afirma el representante del mayorista con sede en La Banda (Santiago del Estero).
La bicicleta viene en crecimiento mundial porque es un medio de transporte no contaminante», dice Mazza.
Si bien las ventas bajaron por la cuarentena, el comercio por Internet es un aliado en la distribución de bicicletas y bicipartes. Desde Bicicletería Pereyra afirman que lo que más se está vendiendo son los rodillos, entrenadores que permiten usar la bicicleta dentro de casa, y las bicicletas fijas. Desde Star Cicles comentan que las que son para chicos, los monopatines y repuestos como cámaras y cubiertas han tenido buena demanda en el último mes.
Maxi explica que este fenómeno se da en los momentos de crisis económica porque muchas personas no tienen para comprarse una bicicleta, pero si tienen la posibilidad de mandar a reparar la que tienen en casa. “La gente que no tenga para pagar un boleto de colectivo no le quedará otra que sacar la bicicleta vieja y cambiarle cámaras, cubiertas, cables de freno, hacerle un service general y ponerla en condiciones”.
El espacio público tiene que cambiar su funcionamiento para impedir que el coronavirus se expanda en las grandes metrópolis el día que las cuarentenas se flexibilicen y por eso serán importantes las políticas públicas en relación a la movilidad. Los gobiernos tienen la responsabilidad de ampliar y facilitar el uso de medios de transporte que reduzcan la contaminación y sean útiles para mantener el distanciamiento social.
Feb 27, 2020 | DDHH, Novedades
La Fiscalía ya contabilizó 2.248 casos. Los familiares de las víctimas dicen que la cifra puede llegar a 10.000.
“Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a ‘recoger café’, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, afirmó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el 7 de octubre de 2008 en Bogotá. Dos meses antes, también en la capital del país, Jaime Castillo Peña se comunicó con su familia. “La última vez que se supo de él fue el domingo 10 de agosto: llamó a mi hermana, le dijo que iba a almorzar, pero nunca llegó”, comenta Jacqueline Castillo, representante de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), una organización de mujeres que desde hace 12 años busca encontrar la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato de Uribe Vélez.
Jaime Castillo, trabajador ambulante de 42 años, fue visto por última vez subiéndose a un auto rojo. Dos días después apareció acribillado a 600 kilómetros de Bogotá. La Brigada Móvil número 15, perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, lo reportó como baja en combate. Iba a almorzar con su familia, pero un grupo organizado de “reclutadores” (encabezado por Alexander Carretero), personas que “pescaban” civiles en situaciones vulnerables, lo sacó de la ciudad y lo llevó hasta Ocaña, una población del nororiente de Colombia, a más de seis horas de viaje, para entregarlo a militares, quienes posteriormente lo fusilaron, lo reportaron como guerrillero y lo enterraron en una fosa común junto a otros civiles.
“Los ‘reclutadores’ estuvieron haciendo seguimiento porque ellos visitaban los barrios, los parques, y detectaban a las personas para escogerlas”, explica Jaqueline. El exsenador Alirio Uribe sostuvo en el Congreso de la República que fueron más de 450 los “reclutadores” en todo el territorio nacional. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2010, resalta que ese era uno de los patrones detectados: los civiles eran engañados con falsas promesas de trabajo para ser sacados de sus regiones; eran llevados a sitios alejados y allí eran asesinados.
Jacqueline Castillo buscó a su hermano durante dos meses hasta que una investigadora le aconsejó que buscara en Ocaña. “La última vez que me vi con Jaime, me dijo que algún día me iba a pagar el doble de todo lo que yo hacía por él”, rememora. Lo que no sabía Jaime, es que ella entregaría el resto de sus días en la búsqueda de esclarecer los hechos que cegaron su vida. “Tristemente, en el caso de Jaime, ni siquiera pudimos tener audiencia de imputación de cargos. No hay nadie que esté detenido por el crimen de él”, se lamenta.
Según la ONU, las fuerzas de seguridad “han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’”. Jaime, quien cometió el ‘delito’ de ser pobre, es uno de esos casos. Diferentes organizaciones no gubernamentales destacan que estos actos perpetrados por el Estado colombiano se presentaron desde la década de los 80, pero que se agravaron desde 2004 cuando Uribe Vélez implementó la doctrina de ‘seguridad democrática’.
Carmenza Gómez es una de las madres de Soacha, una población al sur de Bogotá, a quien el Estado colombiano le arrebató a dos de sus hijos. El 23 de agosto de 2008, Víctor, un joven que había prestado el servicio militar obligatorio, fue sacado del centro del país para ser llevado, como Jaime, a Ocaña. Carmenza y su hijo John, fueron de los primeros familiares en reconocer a uno de los suyos en las fosas comunes en las que eran sepultados los jóvenes como NN. En 2009, John fue asesinado por buscar la verdad en el caso de su hermano.
La muerte de Jaime Castillo sigue en la impunidad, pero no es la única, “hay varios de los casos de Soacha que nunca se esclarecieron”, comenta Jacqueline. El informe de la ONU resalta que la injusticia es una de las causantes de estas prácticas estatales: “La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%”. Un informe entregado por la Fiscalía señala que fueron 2.248 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, pero hasta el momento ningún militar de alto rango ha sido condenado.
En febrero de 2019, Human Rights Watch había denunciado que los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) habían sido ascendidos por el presidente uribista Iván Duque. Por ejemplo, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue designado como Comandante del Ejército Nacional de Colombia aún cuando sobre sus espaldas cae la responsabilidad de 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005 en donde era segundo al mando.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [la justicia creada luego de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC y a la cual se acogieron muchos militares] resalta que el fenómeno de los ‘falsos positivos’ se presentó en todo el territorio nacional. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa para ese entonces, y Mario Montoya Uribe, General del Ejército entre 2006 y 2008, nunca han reconocido esa práctica como una política de Estado, pero hay datos que contradicen sus versiones.
En 2008, cuando las Madres de Soacha hicieron visible la problemática, el Ejército de Colombia estaba dividido en siete brigadas y en todas se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales. Colombia tiene 33 divisiones territoriales (32 departamentos y un distrito capital, Bogotá) y en 32 de ellas se presentaron reportes de ‘falsos positivos’. “Hemos encontrado patrones a nivel nacional: buscaban personas que no tenían trabajo, personas de bajos recursos sin posibilidades de solventar su vida y los engañaron con falsas propuestas”, ilustra Jacqueline.
“Recibimos mensajes a través del Twitter y del Facebook, de personas de la Guajira, Ibagué, Pereira, de los Llanos Orientales, de Medellín y de varias regiones en donde nos dicen: “A mi hijo le sucedió lo mismo”. Hace poco hemos tenido contacto con otras personas en Bogotá, en el barrio Juan Rey, en la salida a Villavicencio, comentándonos que para el 2008 hubo desapariciones masivas”, afirman desde MAFAPO y complementan que muchos casos permanecen en la oscuridad por el miedo de las familias a denunciar (estiman que puedan ser alrededor de 10.000 asesinados).
La condición socio económica era determinante a la hora de seleccionar sistemáticamente las personas para ser ejecutadas. No hay otro rasgo de carácter ideológico, racial y/o religioso que tengan en común los ejecutados. Soraida Muñoz, madre de Jony Duvían Soto Muñoz, otro de los jóvenes de Soacha acribillado en Ocaña, señaló en audiencia pública ante la JEP que su hijo prestó el servicio militar y que soñaba con seguir una carrera en el Ejército de Colombia. Su testimonio concuerda con el de otras víctimas, que enuncian que los jóvenes asesinados pertenecieron a la institución en el pasado.
Otro factor que determinó el asesinato de civiles fue la presión impuesta por el General del Ejército, Mario Montoya Uribe, durante el periodo 2006–2008. “Existen vínculos entre los militares y los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada. Como las unidades militares locales no quieren entrar en combate con los grupos ilegales con los que cooperan, el asesinato de civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos hace parecer que las unidades militares están tomando medidas contra ellos”, señala el informe de la ONU.
Mario Montoya Uribe fue vinculado al Macro-proceso número 003 que se adelanta en la JEP y que cobija a las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ya que fue mencionado por más de once de exmilitares. En un documento firmado por el General cuando era el hombre más importante del Ejército se puede leer: “Las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército.Las bajas no es lo más importante, es lo único”.
Ante la JEP el militar de más alto rango que ha sido llamado para rendir su versión libre no quiso aceptar su responsabilidad y culpabilizó de lo sucedido a sus subalternos: “Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos». Desde MAFAPO creen en “el proceso que está haciendo la JEP porque ha sido bastante importante, y pueden tener la oportunidad de saber la verdad”, pero reconocen que tristemente “hay varios de los militares, que no están aportando verdad”.
Las víctimas han criticado constantemente el sistema judicial colombiano porque dicen que beneficia a los verdugos. “En la justicia ordinaria nunca se avanzó porque los abogados de los militares siempre obtenían disculpas y se aplazaban las audiencias”, recuerdan desde MAFAPO y cuestionan que cuando ellas han pedido permisos o aplazamiento de algunas diligencias estos no han sido concedidos. Además, reconocen que las siguen amenazando: “A través de las redes sociales hemos recibido mensajes bastante incómodos”.
Los familiares de los asesinados admiten que lo más difícil de todo este proceso es que ya cumplieron 12 años de larga lucha y los militares, que se acogieron a la JEP, están todos en libertad. “Sentimos que estamos otra vez en cero”, cierra Jacqueline, pero no pierde la esperanza de que sean llamados a declarar Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez para ver si por fin cuentan la verdad de la desaparición de los pobres a los que mató el Estado para engordar las cifras del Ejército.
Dic 11, 2019 | Novedades, Trabajo
José Díaz es un venezolano que llegó a Argentina el 11 de marzo de 2018 con su esposa y su hija. José, como todo migrante, tiene la fecha de su partida marcada como la fecha de su nacimiento. Durante la entrevista la va a repetir varias veces porque migrar es como volver a nacer. “La principal razón para salir de Venezuela fue la situación política y económica que vive el país. Con mi familia estábamos buscando nuevos destinos, pero el deterioro nos obligó a adelantar esa salida”, comenta el ingeniero de 37 años.
José, su esposa y su hija son parte de los 60.687 venezolanos que pidieron residencia temporaria en Argentina en 2018. El número duplica a los 27.075 ciudadanos de ese país que se radicaron en 2017. La crisis venezolana ha expulsado a más de cuatro millones de ciudadanos, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y 103.767 arribaron a Argentina entre 2015 y diciembre del año pasado. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que en enero de 2019 entraron 9.800 inmigrantes de esa nacionalidad.
“Hace tres, cuatro, cinco años llegaban con mayor poder adquisitivo, no quiere decir que llegaban a montar un negocio, sino para vivir estable un ‘tiempito’ mientras conseguían trabajo”, ilustra Yrina Morgado, una contadora especialista en el reclutamiento de profesionales calificados que arribó al país hace tres años y que ayuda a sus compatriotas (y personas de otras nacionalidades) a encontrar trabajo en Argentina.
Según un informe de la consultora Adecco, publicado el 15 de julio, el 63,17 por ciento de los inmigrantes venezolanos no ha conseguido trabajo estable o trabaja en negro. “Cuando llegue a Argentina, aquel 11 de marzo, empecé a buscar trabajo inmediatamente. Conseguí en la empresa Winland, pero no me contrataron como ingeniero sino como oficial electricista. El trabajo era netamente en negro: pago al día y no me reconocían seguro, obra social, ni indemnización”, cuenta José, ingeniero electricista de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui.
Oliver es Comunicador Social, trabajaba en Venezuela haciendo “edición y animación digital para un estudio de diseño” y es parte de la oleada de venezolanos que llegó en 2013. Ese año solamente radicaron su residencia 1.294 ciudadanos de ese país. “Un contacto trabajaba en un restaurante en Retiro. Ahí pude empezar como cadete a píe. Era completamente en negro, era un trabajo precario, pero la verdad no podría a aspirar a algo mejor porque no tenía DNI”, comenta Oliver sobre el primer trabajo que tuvo en Buenos Aires.
Para los venezolanos es relativamente fácil conseguir un primer empleo. De acuerdo con Adecco, el 35 por ciento lo obtiene en los primeros 90 días y un 30 por ciento demora de 3 a 6 meses. “Consiguen trabajo en kioskos, en call center, en servicios de limpieza, como niñeros o como acompañantes terapéuticos”, afirma Yrina. Lo difícil es conseguir un trabajo estable y relacionado con su profesión porque solamente el 4,49 por ciento lo logra a pesar de que 7 de cada 10 venezolanos, en edad de trabajar, son profesionales o técnicos.
“Apenas en septiembre de 2019 empecé a trabajar oficialmente en un área relacionada con mi carrera, luego de casi siete años en Argentina”, completa Oliver que actualmente está empleado en el área de marketing de una bodega mendocina. Por su parte José está trabajando para la firma Drei Servicios Eléctricos: “En este momento me estoy desempeñando como jefe de obra en la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de La Rioja. Empecé en Drei en febrero, casi un año después que llegue a Argentina”.
La situación de los extranjeros no difiere de los locales, porque siguiendo a Adecco solamente el 20 por ciento de los argentinos que tienen trabajo se desempeñan en un empleo relacionado con su profesión mientras que el otro 80 por ciento realiza otras tareas.
A pesar de que ACNUR tiene a Venezuela entre las 12 situaciones de emergencia migratoria, el gobierno macrista no tenía una política pública para insertar a los extranjeros. Existen organizaciones como la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina (ASOMEVENAR) que agrupan a los extranjeros por profesión y han conseguido mejorar las condiciones laborales de sus compatriotas.
Fabián también es Ingeniero y consiguió su primer empleo en un supermercado. “Inicié trabajando para una franquicia de Supermercado Día, en donde el trato era fuerte y complejo porque estábamos sub-pagados: por las 8 horas de trabajo extenuante como repositor, te pagaban entre 8 y 10 mil pesos dependiendo lo que las dos dueñas de la tienda considerarán”, afirma.
“Ellas te comentaban de ponerte en blanco luego del mes de prueba, pero yo estuve trabajando ahí alrededor de cuatro meses, y en ningún momento hubo intención de hacerlo. Los horarios no eran estables, nunca se respetaron normas como el pago doble en feriado y los aguinaldos que me correspondían en el mes de diciembre (2018) tampoco me los pagaron. No teníamos posibilidades de reclamar, denunciar o tomar alguna acción legal en contra porque nos amenazaban que tenían contactos y sabían cómo era la movida laboral”, completa el entrevistado que prefirió resguardar su nombre por seguridad.
Las fuentes concuerdan en la positiva recepción de los locales y niegan que sean celosos por su llegada al país. “En Argentina hay un muy buen nivel profesional. Acá son poco celosos en ese tema”, comenta Oliver. “El venezolano siente apoyo, se siente valorado, sabe que hay oportunidades”, afirma Yrina. Pero lo cierto es que algunos empleadores se aprovechan de las condiciones de necesidad con la que llegan algunos inmigrantes.
Fabián continua: “Contrataban solo venezolanos porque sabemos las situaciones que estamos viviendo en Latinoamérica. La forma de tratar al resto de los trabajadores era bien fuerte, a mí nunca me agredieron, nunca me dijeron nada, pero a mis otros compañeros sí. Ellas intentaban que los encargados maltrataran al resto de los empleados. Esa es la realidad a la que se enfrentan los venezolanos”.
No existe ningún tipo de registro o estadística relacionada con las denuncias laborales que interponen los inmigrantes, pero ninguno de los entrevistados afirmó haber iniciado acciones en contra de sus empleadores a pesar de los atropellos y las precarias condiciones en las que estuvieron trabajando.
Yrina también ofrece asesoría legal en temas laborales y contextualiza esta realidad: “Al venezolano no le gusta demandar, no está en nuestra cultura, pero vienen y me dicen: ‘Mira, me echaron después de uno o dos años trabajando y no me tocó nada, no me dieron nada’, y resulta que acá hay una ley de trabajo. Al trabajo en negro también se le calcula la liquidación y le deben pagar lo que por ley le corresponde”.
Ago 1, 2019 | Deportes, Novedades
Parte del predio de Deportivo Español fue cedido a la escuela de policía porteña.
El 12 de octubre de 1956 un grupo de inmigrantes españoles se reunió en el Centro Betanzos, en la calle México de la ciudad de Buenos Aires, para fundar el Club Deportivo Español. En la década de 1960, la Municipalidad le otorgó 15 hectáreas en el sur de la ciudad para que levantara su sede social. Durante gran parte de los años y 90 jugó en la Primera División del fútbol argentino, en ocasiones con muy buenos resultados. Hoy integra la cuarta división, perdió parte de sus instalaciones en el Bajo Flores y el gobierno porteño podría sacarle más terrenos aún.
Cuando a Español le cedieron los terrenos en el Bajo Flores, la zona estaba deshabitada y solo había un pantano rodeado por el riachuelo Cildañez. En esa época no llegaban las líneas telefónicas y fueron los socios de ‘El gallego’ los que tuvieron que rellenar el predio y llevar al primer médico. En 40 años compraron el inmueble y construyeron el Estadio España, con capacidad para 35.000 hinchas, tres canchas auxiliares de fútbol, una confitería, cinco piletas (una olímpica), gimnasios, canchas de tenis, béisbol, sóftbol, hockey (la primera techada en la Ciudad), un quincho con capacidad para 1.600 personas y más de 400 parrillas.
En sus años de gloria, el club llegó a tener más de 25.000 socios. “Este era por excelencia el mejor club de la ciudad. Nadie tenía un predio así, ni Boca, ni River. Nosotros teníamos todo junto: la cancha, las piletas, o sea en un mismo lugar se hacían las colonias, se jugaba al básquet, al tenis, al handball”, rememora Camila Somoza, secretaria de Administración y encargada de Prensa del club.
En sus años de gloria, el club llegó a tener 25.000 socios. Actualmente, 2.500 chicos practican deportes.
Camila habla en pasado porque el predio al que la llevaban sus abuelos y su papá ya no es el mismo. En 1993 empezaron una serie de hechos desafortunados que terminarían con la liquidación del club y su refundación en 2003, bajó el nombre de Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina. Las malas administraciones, los pedidos de quiebra de ex jugadores y de Boca Juniors (presidido en ese entonces por Mauricio Macri) llevarían al cierre del predio en 2003 y su posterior remate en 2007.
El 30 de abril de ese año los socios celebraban en la esquina de Lavalle y Libertad que la Corporación Buenos Aires Sur, dependiente del Gobierno de la Ciudad, había adquirido el terreno en 7.630.000 pesos ganándoselo a seis oferentes más. El 11 de mayo se reabrieron las puertas de la sede y Enrique Rodríguez, presidente de la Corporación, decía: “Este es un predio emblemático, queremos tener un centro deportivo de alta competencia, una clínica del deporte y un hotel”.
Pero nada de eso sucedió. En diciembre de 2007 asumió como Jefe de Gobierno Mauricio Macri y echó para atrás el proyecto. En lugar de construir el Polo Deportivo que había prometido Rodríguez, levantó un muro y construyó una escuela de policía. “Duele ver el paredón. Pasan los años y no lo podemos entender, ni superar. Del otro lado se crearon amistades y familias, la cantidad de socios era impresionante. Español es un club que está en un barrio carenciado donde muchos vienen para salvarse de la calle”, afirma Camila.
En 2008 el gobierno de Macri le entregó 7 hectáreas en comodato a Español. Las otras 8 se las dio al Ministerio de Seguridad para que entrenara a los uniformados de la naciente Policía Metropolitana (hoy convertida en Policía de la Ciudad). Donde algún día se entrenaron subcampeones mundiales de patín artístico hoy disparan uniformados en un polígono virtual. “¿Quién se puede hacer socio si Español tiene pocas actividades y el fútbol, que es lo que más emplea, anda mal? Además, la parte económica del país no funciona bien como para pagar una cuota social”, comenta Juan José, socio vitalicio del club.
Ahora el Gobierno de la Ciudad quiere avanzar sobre las instalaciones de la confitería y las canchas de baby fútbol.
“Actualmente son 2.500 chicos y chicas que se reparten en fútbol, futsal y handball; nos gustaría hacer muchísimo más, pero la gente que conoció el predio de antes y que también conoce el de ahora, sabe que eso nos perjudicó mucho. Estamos luchando por el tema del comodato porque nosotros no podemos perder más terreno”, puntualiza Camila. A Español le quitaron las piletas, el quincho, los gimnasios, la cancha de hockey y esto “lamentablemente influyó” en la pérdida masiva de socios que hoy son entre 400 y 500. Mariano, un miembro de ‘La 55’, la barra que acompaña al equipo, destaca que es sumamente importante que el club se mantenga vivo “porque está en la parte más abandonada de la ciudad”.
En octubre de 2016 el Gobierno porteño se acercó a la calle Santiago de Compostela para comunicar que tenía interés en avanzar sobre dos hectáreas más del predio, afectando las pocas instalaciones que le quedaron a Español como la confitería y las canchas de baby fútbol. En ese momento nació la campaña ‘Español no se toca’ con la cual los socios buscan frenar el avance de la Policía porteña sobre lo poco que quedó.
“Estamos muy agradecidos con los clubes que nos apoyaron porque tuvimos mucha repercusión. Seguimos en la lucha porque este tema no se cerró todavía. El Gobierno de la Ciudad parece que mira para el costado. Ellos manejaron los tiempos que quisieron, a veces te apuran, a veces te lo hacen más lento. Estamos a la espera de que suene el teléfono y que nos digan: ‘Bueno tenemos una propuesta, tenemos algo’”, comenta Camila.
En abril de 2018 se vencía el comodato y los dirigentes de Español se anticiparon presentando en agosto de 2017 un proyecto a la Legislatura porteña para renovarlo por 40 años más. Emilio Raposo Varela, legislador de Unión-PRO, dijo en octubre de ese año que el gobierno había desistido de agrandar la escuela de policía y que el proyecto presentado por el club iba a ser tratado antes de finalizar el 2017. Pasaron 17 meses y nunca fue debatido.
Al último partido de Español en la B Metropolitana, en mayo, fueron no más de 200 hinchas. Los 90 minutos transcurrieron sin sobresaltos. Español le ganó a Colegiales 2 a 1, pero el descenso estaba consumado. Juan José bajó las escaleras desteñidas del Estadio España acompañado de un socio fundador. “A esta cancha no le entraba un alma cuando jugábamos con Boca, con Independiente o con River. Es una lástima ver como está hoy”, comentó nostálgico, pero dijo optimista: “Vamos a ver que nos depara el destino” y se despide afirmando: “Nosotros vamos a seguir viniendo”. Esta semana el equipo empezó su participación en la Primera C, jugando de local en All Boys, ante Deportivo Merlo. Perdió 3 a 0.
May 29, 2019 | Culturas, Novedades
Natalia Vinelli, la directora de Barricada TV, fue la primera en ser citada a declarar por la Fiscalía porteña.
Referentes sociales y trabajadores de prensa se manifestaron ayer frente al Ministerio Público Fiscal, en respaldo a Natalia Vinelli, la directora del canal comunitario Barricada TV, quien junto al dirigente social Juan Grabois y otras personas fueron imputados judicialmente por una protesta realizada en diciembre pasado en la playa de estacionamiento de Canal 13, en reclamo de que el Grupo Clarín incluya a esa emisora en la grilla de Cablevisión. La comunicadora fue la primera en ser citada por la Fiscalía porteña que investiga el caso.
“El Grupo Clarín es el que está atrás de esto”, dijo Vinelli al salir del organismo y encontrarse con un grupo de apoyo solidario que la esperaba sobre la calle Beruti al 3300 con la bandera que clamaba ‘Sin medios comunitarios no hay democracia’. “Es una causa ridícula, pero es importante sentirnos acompañados porque es difícil pararse frente al grupo de medios más importante del país a decirles ‘cumplan con la ley’, que es en definitiva lo que hicimos”, apuntó la comunicadora luego de haber realizado sus descargos.
Barricada TV tiene licencia desde 2015 y está habilitado para ser incluido en la grilla de los cableoperadores desde junio de 2018, pero Cablevision y Telecentro se niegan a darle el alta (en la misma situación se encuentra Pares TV, de Luján, otro canal comunitario que cuenta con licencia). Vinelli afirma que desconocen el argumento para que los canales no sean incluidos en la grilla, dado que las dos empresas se negaron sistemáticamente a concretar una reunión para abordar el tema.
Cablevisión y Telecentro se niegan a incluir a los canales comunitarios en sus grillas, tal como ordena la ley,
El 17 de diciembre, líderes sociales, políticos y de los medios comunitarios y alternativos acudieron a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para protestar por la exclusión de esos canales de la grilla de los cableoperadores Telecentro y Cablevisión. Terminada la concentración en ese lugar, el grupo se dirigió a Canal 13 con el objetivo de visibilizar el conflicto y lograr un encuentro con directivos del Grupo.
La reunión no se pudo concretar a pesar de la gestión de algunos trabajadores del Canal y la Policía levantó un acta por una contravención que firmó Grabois, referente del movimiento Patria Grande y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “Todos coinciden en que el hecho fue pacifico, que no hubo ningún problema, e incluso cuando llegó la Policía y les informó que el Canal quería que se retiraran, la movilización finalmente se desconcentró”, afirmó Martín Alderete, el abogado de Vinelli.
La semana pasada Vinelli fue sorprendida con una citación a declarar en una causa que tiene como carátula «Derecho de Admisión». “El canal hizo una denuncia en las fiscalías penales y contravencionales de la Ciudad y las fiscalías entendieron que existió una violación al Derecho de Admisión. Lo cierto es que ese artículo contravencional está pensado para locales cerrados donde el titular tiene la facultad de decidir quién no puede permanecer en ese lugar”, aclaró el abogado sobre el proceso.
Miembros de Pares TV, Radio Gráfica, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el dirigente social Juan Grabois también fueron denunciados por el Grupo Clarín.
La directora de Barricada TV fue la primera en ser citada a declarar en la causa que también están imputados Juan Grabois (CTEP); Omar Zanarini y José María Di Bello, de Radio Gráfica; Pablo Antonini, del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); y Tomás Eliaschev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA). “Intentan forzar figuras penales para perseguir, deslegitimar y desacreditar a los referentes de las organizaciones populares”, dijo Alderete y finalizó: “No tiene ningún asidero legal la acusación que se les hace”.
“Nos encontramos frente a una gran empresa que tiene poder de veto, poder de regulación, que decide qué leyes cumple, qué leyes no. No quiere levantarnos en la grilla y es lo que dice la norma. No nos atienden y cuando vamos a protestar tampoco lo permiten. Necesitamos construir un mapa de medios que pueda contrapesar, limitar y terminar con la concentración porque si no la historia la van a seguir contando un grupo de empresas facinerosas”, declaró Vinelli a los comunicadores que se hicieron presentes.
Canal 13 basó su denuncia en “filmaciones de las cámaras de seguridad” y en “declaraciones de tres empleados y de un policía”. Pero, según Alderete, “acá no hay delito posible” porque en ningún momento se ingresó al Canal. “Les molesta la visibilidad publica de un reclamo en contra de ellos y frente a eso en vez de dialogar, en vez de cumplir con las disposiciones legales que tiene que cumplir lo que hace es denunciar para tratar de desacreditar a los que reclaman”.
La Fiscalía deberá citar a declarar al resto de los imputados para continuar con el proceso. “Veremos cómo sigue esto. Es un hito más, estamos acostumbrados a que se intente criminalizar a los luchadores y las luchadores populares”, dijo Alderete. En tanto, Vinelli afirmó: “Tenemos que fortalecer y hacer crecer los medios populares, es fundamental profundizar en las conquistas que nosotros y nosotras obtuvimos. La defensa del 33 por ciento del espectro para los medios comunitarios, alternativos y autogestivos está más vigente que nunca”.
