Marcha y liberación

Marcha y liberación

Otros once detenidos en la manifestación contra la Ley de Bases fueron liberados luego de que miles de personas se manifestaran en la Plaza de Mayo para exigir el cese de la criminalización a la protesta social. A todos ellos -y a los otros 16 que ya habían sido puestos en libertad- la jueza María Romilda Servini les dictó la falta de mérito. Aún quedan cinco manifestantes apresados.

Ayer en Plaza de Mayo se realizó un acto para exigir la libertad inmediata de las 16 personas que, hasta el momento del evento, aún seguían detenidas luego de la represión policial a la protesta durante el debate por la Ley Bases. Horas después del acto, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la excarcelación de 11 de ellos, que anoche empezaron a salir de las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. Son cinco los procesados con prisión preventiva que aún continúan detenidos, acusados de delitos graves como tirar piedras o saltar vallas.
“Nuestra vida se detuvo y la tuya también, las noches son largas y las esperas eternas, pero estamos fuertes, éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande, el abrazo pronto va a llegar”. Con estas palabras resumidas en una carta a sus familiares presos se expresaron –sobre el improvisado escenario montado frente al Cabildo– hermanas y hermanos, madres y padres, novias y novios de los detenidos en la causa iniciada por el fiscal Carlos Stornelli, quien acudió a doce delitos del Código Penal para acusarlos de haber incitado a la violencia colectiva con el objetivo de entorpecer una sesión legislativa. En su escrito había copiado el comunicado del gobierno que los calificaba de “terroristas” que buscaban “perpetrar un golpe de Estado”.
La convocatoria estuvo a cargo de organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos y comenzó cerca de las 17 cuando la plaza comenzó a llenarse de agrupaciones políticas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y autoconvocados. Efectivos de la Policía Federal aparecieron decididos a hacer respetar el protocolo “antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, un cordón policial rodeó parte de la plaza y comenzó a llevar a las pocas personas que se encontraban sobre la calzada a la vereda. Los presentes criticaron la decisión, a través de cánticos e insultos, pero no hubo mayores incidentes y el acto pudo continuar.

Familiares, amigos y parejas de los 16 detenidos tomaron la palabra y en primer lugar leyeron un comunicado que acompañaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, distintos organismos de derechos humanos, diputados y senadores de Unión por la Patria -incluidos los que fueron lastimados durante la represión en el Congreso-, del Frente de Izquierda, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y numerosos intendentes de la Provincia de Buenos Aires. El texto hizo hincapié en el derecho democrático y constitucional de protestar que cada uno de los arrestados ejercía al momento de la detención, y destacó que la gran mayoría fueron apresados a más de 10 cuadras de la Plaza Congreso, mientras se producía la desconcentración. Luego vino la lectura de la conmovedora carta a los presos, interrumpida varias veces por la emoción de quienes leían, y acompañada tanto por aplausos de aliento como insultos hacia el presidente Javier Milei.

“Esta manifestación es para pedir la libertad de los 16 que aún están detenidos y el cierre de todas las causas injustas porque ellos estaban manifestándose pacíficamente”, declaró en el cierre del acto Alan Juárez Oliva, hermano de Camila Juárez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y madre de dos hijos.

Al igual que Camila, otros cuatro detenidos eran estudiantes universitarios: Lucía Puglia de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Gabriel Famulari de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Nicolás Mayorga y Sasha Lyardet de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Al final de la convocatoria, una columna compuesta por alumnos y docentes de las universidades del conurbano recorrieron la plaza mientras reclamaban la liberación de sus compañeros. «Mi hermana, como tantos otros, es estudiante universitaria. No son terroristas», agregó Juárez Oliva. 

María Colombo, hermana de Juan Pablo Colombo, relató cómo fue el calvario que vivió su hermano desde la detención hasta las primeras horas en la comisaría. «Lo detuvieron yéndose de la manifestación. Fue solo, a manifestar por sus derechos, no fue a hacer quilombo ni a romper nada. Pero lo agarraron, yéndose de la plaza, y le pegaron con una manopla», narró María. Y continuó: “La primera noche, en Tacuarí, lo maltrataron, lo insultaron y hostigaron. Lo dejaron atado, no le daban de comer ni lo dejaban ir al baño. Pasó esa primera noche esposado». Hasta el momento del acto Colombo aguardaba su liberación en la cárcel de Devoto.

«La causa judicial es difícil de explicar como abogada, pero la puedo explicar con una interpretación política. Como abogada, pareciera que alguien abrió un Código Penal y dijo ´todos estos delitos me gustan´ y los metió. No tiene coherencia», dijo la diputada del FIT-U Myriam Bregman a ANCCOM. «Estamos ante una causa armada, que se decidió en el escritorio de Patricia Bullrich y que luego fue entregada al fiscal Stornelli. Ahora la jueza (María Romilda Servini de Cubría) tiene que decidir de qué lado está de esta operación política diseñada para agarrar a cualquier persona e involucrarla en estos graves delitos y decir si hubo un intento de golpe de Estado, o escuchar el enorme arco político que se está expresando acá. Quieren derogar el derecho a manifestar en la Argentina», agregó.

El acto fue breve pero emotivo y contundente, finalizó cerca de las 18 cuando los familiares de los arrestados, muchos entre lágrimas, agradecieron el apoyo y rogaron que los siguieran acompañando. Luego, moderadores del evento tomaron la palabra y advirtieron sobre la desconcentración, recomendando ciertas avenidas, intentando no volver a sufrir lo sucedido el pasado miércoles. Por su parte, los uniformados que aguardaban alrededor de la plaza, comenzaron lentamente a desagruparse, pero sin sacar sus miradas sobre los rezagados que aún cantaban frente al escenario que, ante la partida de familiares, se vació rápidamente.

Quedan cinco

Tras la manifestación del miércoles pasado contra la Ley Bases, 33 personas habían sido detenidas. En una primera instancia habían sido liberados 17 y al cierre de esta edición, otros 11. A todos se les dictó la falta de mérito y en las redes empezaban a circular videos de esos primeros largos abrazos tras la salida de sus lugares de detención. 

En tanto, la jueza Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a Patricia Daniela Calarco Arredondo, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, David Sica y Cristian Fernando Valiente. Según pudo verificar ANCCOM, les endilgó los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, salvo a Calarco Arredondo, a quien procesó por incendio y daño agravado.

«No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social»

«No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social»

Tras una nueva convocatoria en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), familiares de las personas detenidas por manifestarse contra la Ley de Bases impulsan una campaña en reclamo de la libertad de sus seres queridos. Mañana martes llaman a concentrarse a las 16.30 en Plaza de Mayo.

La autoconvocatoria en el Serpaj reunió a legisladores de la Ciudad, exdetenidos, familiares de quienes continúan detenidos y a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Desde allí, se convocó a una concentración para mañana martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Las 16 personas que siguen detenidas tras la represión del miércoles pasado en el Congreso, permanecerán en dependencias del Servicio Penitenciario Nacional en Devoto, Marcos Paz y Ezeiza.

El fiscal Carlos Stornelli los acusa por trece delitos, incluyendo lesiones, daños agravados, incendio o estrago, acciones contra la seguridad pública, entre otros. Las 17 personas excarceladas por la jueza a cargo de la causa, María Servini de Cubría, lo han sido por falta de material fílmico incriminatorio, mientras que las restantes continúan bajo investigación.

«Hay delitos que nunca podrían ir uno junto con el otro –afirmó la dirigente de la izquierda Myriam Bregman–. ¿Cómo puede una persona a la vez prender fuego e intimidar a un policía que tiene al lado? Los detenidos serían súperhumanos si hicieran todo eso al mismo tiempo, en 15 minutos”. Para Bregman, esto demuestra un profundo desconocimiento jurídico.

Entre los detenidos se encuentra Nicolás Mayorga, arrestado junto a Sasha Lyardet y Camila Juárez, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Margarita, madre de Nicolás, relató que su hijo fue arrestado mientras se manifestaba pacíficamente. «No se resistieron a la autoridad, no tiraron piedras. No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social que fueron a manifestarse en contra de la Ley de Bases”.

Grisel Lyardet denunció las precarias condiciones de detención de su hermana Sasha, que estuvo esposada en un pasillo, hasta que a la una de la madrugada se les permitió ingresar frazadas. A las 7 fueron trasladadas a Comodoro Py, donde les negaron la excarcelación y luego fueron llevadas a Ezeiza. “Le quiero decir a las autoridades, que las familias tenemos fuerza y amor, los vamos a liberar. Necesitamos a todos los detenidos libres y luego vamos a ir por la absolución, porque es completamente injusto”, remarcó.

Silvia, madre de Camila Juárez, destacó el trato vejatorio que recibió su hija al ser arrestada: «Le dijeron ‘negra de mierda, quedate tranquila porque te vamos a pegar un tiro en la cara’”. Y convocó a la unidad de todos, sin distinciones políticas. Jorge, padre de María de la Paz, afirmó que las pruebas contra su hija carecen de sustento legal. «Lo que está viviendo María de la Paz nos hace revivir los trágicos acontecimientos que como familia atravesamos durante la última dictadura militar, que este Gobierno niega y desprecia rotundamente». La familia también denunció que fue golpeada por los efectivos de seguridad durante su arresto.

Melina, amiga del docente Juan Spinetto, exigió en su representación la inmediata liberación de todos los detenidos. “Juan estaba retirándose con una pareja de jubilados que tenían dificultades para caminar, cuando empezó la represión de la policía, y ahí lo agarran las motos de los policías de la Ciudad, lo detuvieron y lo golpearon brutalmente”.

Grisel Lyardet denunció las precarias condiciones de detención de su hermana Sasha.

Paola, en tanto, denunció la injusta detención de su madre Ramona Tolaba, una trabajadora de casas particulares de 56 años. «Ella se autoconvocó, fue sola, no estaba con ninguna organización. Mi madre no es terrorista, estaba manifestándose pacíficamente”. Ramona fue detenida sin ofrecer resistencia mientras hablaba con un jubilado en la Avenida de Mayo. Actualmente se encuentra en el penal de Ezeiza, “asustada” pero en buen estado según su hija.

Sofía Ottogalli, una de las excarceladas, destacó que estuvo con las mujeres detenidas en Ezeiza hasta las 3 del viernes. “La detención fue ilegal. Estábamos corriendo para que la Policía no nos pegue. A mí me cagaron a palos, me rompieron el pantalón”, narró y agregó que estuvieron esposadas todo el tiempo, sin agua ni comida, en condiciones inhumanas. “Quiero decirle al Gobierno –expresó– que acá vamos a estar y no tenemos miedo”.

«Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos»

«Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos»

Al cierre de esta edición, la jueza Servini de Cubría ordenó la excarcelación de 17 de los detenidos en la manifestación contra la Ley de Bases. Aún quedan aparesados otros 16. Denuncian vejámenes en los calabozos.

 

Al cierre de esta nota, 17 de las 33 personas detenidas en la movilización contra la ley de Bases, fueron excarceladas por la jueza federal María Servini de Cubría, tras una evaluación de imágenes y videos de los hechos. Horas antes, diputados nacionales, legisladores bonaerenses y de la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, habían repudiado las falsas imputaciones realizadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y replicadas por el fiscal Carlos Stornelli en su acusación contra los manifestantes.

En una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en el centro porteño –donde también se hicieron presentes familiares de las personas detenidas–, la referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad) y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Myriam Bregman, subrayó la gravedad de la situación: “Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos, quienes no solo han sido encarcelados, sino que han sufrido enormes vejaciones y humillaciones durante su detención”.

Bregman detalló el trato que recibieron los detenidos, que fueron indagados en los tribunales de Comodoro Py. “Ayer visitamos la Comisaría 15, donde las mujeres detenidas estaban tiradas en el piso, esposadas en un pasillo”, reveló. El fiscal Stornelli, continuó Bregman, está buscando justificar graves delitos relacionados con un supuesto atentado al orden público. «Y Servini de Cubría –agregó– debería considerar si sigue las indicaciones de Stornelli y Bullrich, o escucha a las organizaciones que denuncian esta persecución. Es fundamental garantizar el derecho a la protesta, pero primero debemos asegurar la libertad de los detenidos».

Cabe puntualizar que las acusaciones se centran en las organizaciones, manifestantes y legisladores que participaron en la masiva movilización en la Plaza Congreso contra la Ley de Bases. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro (FIT-Unidad), también expresó su preocupación: «Este Gobierno nos lleva a un estado de excepción que no podemos permitir. El jueves denunciamos en la Legislatura que Jorge Macri pretende criminalizar la protesta social con la Ley de Reiterancia”. Fierro señaló que las declaraciones de Milei y Bullrich, acusándolos de intento de golpe de Estado, ponen en riesgo la libertad de los compañeros detenidos. “No podemos permitir que se les acuse de terroristas”, remarcó.

La legisladora Victoria Montenegro (Unión por la Patria), afirmó: «Nadie en este país debe estar preso por luchar en las calles. Celebramos 40 años de democracia, recuperada gracias a la lucha de los derechos humanos. No vamos a retroceder frente a la violencia institucional que intenta imponer el gobierno de Milei y su ministra Patricia Bullrich».

En tanto, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-Unidad) hizo un llamado a la acción: «No podemos permitir que se impida la movilización popular. Necesitamos la más amplia unidad para enfrentar las políticas de este Gobierno y asegurar la caída de estas infames acusaciones. Debemos desarrollar una campaña nacional e internacional para denunciar lo que está ocurriendo en Argentina». Su par en la Cámara Baja, Nicolás del Caño (FIT-Unidad), repudió las acusaciones de Bullrich: «Estuvimos en la Comisaría 4 en Parque Patricios con los familiares de los detenidos, muchos de los cuales fueron golpeados y degradados. Estas acusaciones de terrorismo y golpe de Estado son absurdas. Es crucial la unidad nacional e internacional para denunciar y enfrentar esta persecución».

Casi todas las personas detenidas lo fueron cuando ya se retiraban de la zona del Congreso. Las imputaciones de Stornelli incluyen la figura de sedición, con el objetivo claro de impedir su liberación. ANCCOM pudo dialogar con algunos familiares que participaron de la conferencia de prensa, una de ellas Silvia Oliva: «Mi hija Camila fue detenida junto a tres compañeros, todos estudiantes y vecinos de San Martín. Ayer la vi cinco minutos, esposada y en el piso. Fue una escena aterradora. Espero que salga en libertad lo antes posible», expresó. Por su parte, Yesica, esposa del vendedor ambulante Matías Ramírez, denunció: «Matías estaba trabajando cuando fue detenido. No pertenece a ninguna agrupación política y no tiene antecedentes. Lo tuvieron horas esposado sin agua ni comida”.

Lucía Adano, hermana de Santiago Adano, músico y miembro de una asamblea vecinal, otro de los detenidos al voleo, manifestó: «Mi hermano siempre ha sido solidario y justo. Lo último que supe de él fue por audio en el que se mostraba indignado por la aprobación de la Ley de Bases. Tengo la esperanza de que la presión que estamos ejerciendo, llevará a su liberación». Horas más tarde, Adano fue uno de los excarcelados. Quedan 16 personas detenidas. La lucha sigue.

Familiares y amigos de los detenidos se concentraron en Comodoro Py para luego trasladase a la sede del Serpaj a una conferencia de prensa masiva. 

¿Quiénes son los detenidos?

¿Quiénes son los detenidos?

La mayoría de los 33 apresados en la manifestación contra la Ley de Bases fue durante la desconcentración, a más de diez cuadras del Congreso. Ninguno tuvo que ver con la quema del auto de Cadena 3. ANCCOM te cuenta algunas de sus historias.

A fuerza de rosca, negociaciones y sospechas de acuerdos de cargos a cambio de votos, un oficialismo netamente minoritario -cuenta con solo 7 de las 72 bancas- aprobó este miércoles en el Senado la Ley Bases. Mientras la sesión transcurría en la Cámara alta, afuera había una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad, que aplicaron gases lacrimógenos y balas de goma para echar a la gente que se había congregado desde la mañana frente al Congreso de manera pacífica. Además de tres diputados internados por el efecto de los gases lanzados a sus rostros, hubo 200 heridos y 33 detenidos.

El operativo orquestado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se extendió a varias cuadras del Palacio Legislativo. Las policías Federal y de la Ciudad -que hizo la vista gorda con los encapuchados que quemaron el auto de un periodista de la radio Cadena 3 de Córdoba- fue la que amedrentó y detuvo a más de tres decenas de manifestantes que se retiraban a sus casas. También arrestó a trabajadores informales y vendedores ambulantes.

El gobierno de La Libertad Avanza denunció un intento de golpe de Estado y aseguró que todos ellos eran “terroristas”. Casi al mismo tiempo, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió a la Ciudad que los detenidos pasen al fuero federal, hizo copy paste del comunicado oficial, al que agregó apenas unas notas de Clarín y La Nación en su escrito de imputación de doce delitos del Código Penal, y pidió que se les aplique la prisión preventiva.

Mientras los detenidos declaraban en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Romilda Servini, quién resolverá si sostiene los pedidos del fiscal, y familiares y un amplio arco de organizaciones políticas y sociales pedía su libertad, ANCCOM se comunicó con familiares y allegados de varios de ellos para conocer sus historias.

“Es un compañero muy valioso”

“Martín es un compañero muy valioso para nosotros, con una sensibilidad particular y muy solidario y sociable, muy de barrio, le gusta la música y es hincha de Boca”, relata Marcelo Ortega, trabajador de la cooperativa Madygraf, en relación a Martín Dirroco, uno de los manifestantes que fue capturado por la Policía tras la concentración en la Plaza del Congreso. Admite que solamente se pelean por el fútbol, porque él es de River. “En la fábrica lo quieren todos, entró muy jóven allá por el 2005, aprendió el oficio, es muy sensible, cuando habla se emociona”, agrega. Suele ser el que organiza los festivales musicales que se hacen en el enorme predio de la exDonnelley.

Ambos se conocen desde hace casi dos décadas, y comparten sus jornadas laborales en la emblemática planta gráfica recuperada de la localidad de Garín, en la provincia de Buenos Aires. Además, de ser vecinos del barrio Santa Brígida del partido de San Miguel. La eliminación del monotributo social fue la causa que motorizó su movilización hasta el centro de la Capital Federal para hacer escuchar su voz: “Nos perjudica en los aportes, la obra social. Es lo único que tenemos para estar dentro de algún tipo de cobertura”, explica.

“Cuando estaba terminando la manifestación ya estábamos sobre la avenida  9 de Julio y Moreno, casi a diez cuadras casi del Congreso, esperando el micro que habíamos alquilado con la cooperativa para viajar. Sentíamos los balazos cada vez más cerca y empezamos a correr, pero a Martín lo encerraron y lo atraparon”, detalla Ortega.

“Lo agarraron, lo tiraron al piso, le pusieron las rodillas arriba, fue bastante brutal, como una cacería. Intentaban tener detenidos, lo hacían con todo aquel que tenían cerca”, agrega. Por otra parte, el obrero de Madygraf denuncia que las fuerzas de seguridad intentaron plantarle en la mochila a su colega elementos punzantes, pero tuvieron que recular luego de que varias de las personas que estaban alrededor lo advirtieran. “Como había un grupo de abogados viendo lo que había pasado, entonces la policía tuvo que retroceder”, explica.

No obstante, a pesar de estar lejos de la zona en que hubo distubios -protagonizados por gente encapuchada y, presuntamente, infiltrada-, Martín Dirroco, padre de una nena pequeña que es su pasión, sigue detenido a la espera de la definición de la Justicia.

Tras estar alojado en una comisaría del barrio porteño de Parque Patricios, fue trasladado a los Tribunales Federales de Comodoro Py para declarar en la causa por iniciada por el fiscal Stornelli, exfuncionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Daniel Scioli en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

“Es una locura creer que Martín es un terrorista”, sostiene Ortega, en camino a dicho juzgado para acompañar –aunque sea desde afuera– a su amigo y compañero de trabajo.

“Es una situación de mierda”

Otra de las detenidas tras las manifestaciones en el Congreso fue Camila Juárez, una estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e integrante de la Asamblea Barrial de San Martín que había decidido ir a reclamar junto a varios de sus compañeros y fue llevada sin razón por la Policía.

“Habían llegado alrededor de las 16, justo cuando empieza la brutal y feroz represión, y estaban en la parte de atrás de la plaza. O sea, no llegaron a ingresar a la plaza porque ya veían que había balas de goma, gases, y entonces retrocedieron hasta la avenida 9 de Julio”, cuenta su hermano, Alan Juárez.

En medio de una situación de tensión, con Policía Motorizada persiguiéndola a ella y varios de los manifestantes, la joven de 33 años y madre de dos hijos se tropezó en plena calle y terminó siendo capturada por las fuerzas.

“Las tuvieron a ella y otras seis mujeres detenidas adentro del camión celular toda la noche. Recién a las 8 de la mañana ingresaron a la alcaldía y las tuvieron esposadas casi 24 horas en un pasillo, porque supuestamente no había lugar. Nosotros estamos denunciando que son torturas”, reclama.

“Ella nunca  estuvo involucrada en nada, ni en los disturbios, ni nada. Si lo hubiese estado, estos que son los reyes del Twitter y el video ya sería viral por todos lados”, sostiene.

Camila, como el resto de las mujeres detenidas, padeció los malos tratos. La tuvieron esposada varias horas, no le dieron de comer, ni tampoco permitieron el ingreso de medicación clave para su vida diaria. “Es un tratamiento que no puede cortar, esto es bastante brutal”, protesta su hermano.

El caso de esta joven se hizo viral a través de un audio de su madre, en el que al borde las lágrimas cuenta la situación que está viviendo: “Mis nietos están esperando a su mamá. A aquella gente que la estigmatiza por ser madre y salir a luchar les digo que ella tiene un montón de razones para luchar. Luchar no significa romper nada, es defender los derechos. Ella no es una terrorista”, expresa.

“Los nenes están preguntando por la madre hace dos días, el más grande ya sabe de la situación y está recontra preocupado;  a la otra todavía no le dijimos, pero está preguntando dónde está la madre”, detalla Alan.

“Mi vieja está destruida, hace dos días que no duerme, no la puedo sacar de Comodoro Py, no puedo lograr que coma, es una situación de mierda”, remata.

“Fue una emboscada terrible”

Otra de las estudiantes de la UNSAM detenida de manera arbitraria por la Policía tras la manifestación en el Congreso se llama Sasha Lyardet, cursa la carrera de Comunicación, y fue capturada junto a Camila Juárez.

“Estaban desconcentrando la movilización con compañeros de la universidad cuando sufrieron una encerrona entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Hay muchísimas balas de goma, muchos gases y corridas. Ella quiere ayudar a levantarse a Camila y en ese momento las encierran con tres motos y las amenazan con pegarle un tiro”, cuenta Nahuel Schiavoni, su novio.

“Estaba lejísimos de los incidentes”, protesta. Y es que, al momento de ser detenida, Lyardet estaba -al igual que Camila- sobre 9 de Julio y Chile.

“Fue una emboscada terrible, porque la gente salía corriendo de la Federal a la 9 de Julio y ahí esperaba un operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad con camiones hidrantes”, denuncia.

“No hay una imputación clara todavía. Las abogadas todavía no pudieron leer el expediente completo y  ver cuál es la situación procesal porque arrancó mal desde un principio. Hubo más de 12 horas donde no ingresaron a ningún lado y estuvieron arriba de un camión”, reclama.

Mientras tanto, el joven sigue a su novia a todos lados, a la espera de que la Justicia la libere: “Pasé la noche frente a la comisaría y ahora me vine a Comodoro Py a acompañarla”, detalla.

A pesar del daño que puede generar estar durante más de un día esposada y sin poder acceder a comodidades, Sasha se encuentra en buen estado de salud. “Está un poco ansiosa y angustiada, pero mantiene la templanza”, reconoce Schiavoni.

“Es una locura”

Sofía Ottogalli es de Beccar, partido de San Isidro, tiene 31 años, es madre de un hijo y también había decidido ir a reclamar contra la Ley Bases. En su caso, junto a la Coordinadora por el Cambio Social en la que milita. Una vez que terminó su trabajo como niñera fue hasta la Plaza del Congreso, donde terminó siendo una de las personas privadas de su libertad sin un motivo claro.

“Ella estaba en 9 de Julio y Chile, desconcentrando de forma pacífica, y en el cierre de la columna para que los compañeros avancen. En esa instancia fue cuando la policía empezó a avanzar en la cacería. Vio que a algunos compañeros de ella le tiraron la moto encima y trató de ayudarlos, pero la agarró uno de ellos del pelo, la tiraron contra el piso y la detuvieron”, relata Facundo Alvarenga, su expareja y padre de su hijo.

“Nos estaban esperando en Avenida de Mayo y en 9 de Julio”, reclama el joven, que también participó de la movilización. No obstante, el raíd posterior a la detención fue peor.

“Primero nos paseamos de comisaría en comisaría, porque nos decían que estaba en un lado y nos mandaban a otro. Finalmente, la trasladaron a la Unidad 15, que es la de género, a donde llegó a la una de la mañana y pudimos verla entrar”, cuenta.

Esposada, sin espacio y sin comida. Así pasó la noche, en un relato que se asimila al de todas las mujeres que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad.

“Ella está bajo un tratamiento de salud mental, y el tema de la medicación fue un problema, porque nos dieron tres millones de vueltas para dársela, y recién lo hicieron a las 18, que fue cuando yo pude subir. O sea tuvo casi un día completo sin medicación”, detalla Alvarenga.

“Sofía estaba de forma pacífica retrocediendo con sus compañeros. Es una locura ahora todo esto que está pasando, que la quieran acusar de atentar contra la democracia”, analiza.

Mientras tanto, el hijo que tienen en común quedó al cuidado de su abuela y a la espera de reencontrarse con su mamá: “Está bien, pero ya pide por ella”, asegura.

“Era una maraña de gente y se la llevaron”

Daniela Calarco es militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar y se encontraba en las adyacencias del Congreso de la Nación porque es una de las víctimas del gobierno de Javier Milei. Ella es una de las empleadas del exministerio de Desarrollo Social -actualmente de Capital Humano- que fue despedida con la llegada del libertario a la Casa Rosada.

“Estuvimos viendo todo el panorama y cerca de las 18, después de todo lo que fue la represión, nos estábamos yendo. Por suerte no tenemos compas heridos, pero comimos mucho gas”, relata Emilia Manazza, su compañera de militancia.

“Fue un embudo hacia Avenida de Mayo y ahí fue la represión. Las organizaciones quedamos en el medio y avanzamos hasta 9 de Julio y Belgrano, donde tiraban balas de goma y nos tuvimos que cubrir. Cuando salimos, un policía de civil intentó agarrarla y ayudamos a zafarla, pero después vinieron más, era una maraña de gente y se la llevaron”,  relata, sobre la detención de Calarco.

La joven militante también fue llevada a Chacarita, donde las condiciones no eran las óptimas. Sin embargo, eso no hizo mella en su ánimo.

“Yo me pude comunicar con ella con el teléfono y estaba bien. Le pasaron toda la comida que le llevamos, mate. Estaban separadas con las esposas, pero estaban bien, incluso de ánimo y de moral, a pesar de todo ese contexto de mierda”, detalla Manazza.

Estos testimonios dan la pauta del panorama que se vivió este miércoles frente al Congreso de la Nación. Mientras Milei tuvo su primer triunfo electoral, a seis meses de asumir como presidente, en las calles se sembró el panic show que describe una de sus canciones predilectas.

Cacería y criminalización

Cacería y criminalización

Treinta y tres detenidos quedaron luego de la movilización al Congreso contra la Ley Bases. Muchos de ellos ya desconcentraban. Los acusan de delitos gravísimos, como sedición, para no liberarlos.

La aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado tuvo lugar en una jornada signada por la violencia, los gases lacrimógenos y la represión policial afuera del Palacio Legislativo. Luego de 24 horas ninguna de las 33 personas detenidas recuperó su libertad a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli, quien las acusó de una docena de delitos graves no excarcelables. Se trata del correlato judicial de las declaraciones del gobierno que calificó a los manifestantes de “terroristas” que intentaron realizar un “golpe de Estado”. Los abogados de los arrestados denunciaron que las condiciones de detención violaron sus derechos humanos.

Cerca de las 11 de la mañana, luego de que el senador Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, decidiera bajar al recinto y dar quórum, las fuerzas policiales y de seguridad comenzaron su despliegue, delante de un Congreso totalmente vallado y militarizado. La presencia de manifestantes se esperaba desde temprano, ya que la convocatoria fue para estar allí desde la mañana y durante todo el tratamiento de la ley. «Tiene total sentido que la única manera de hacer pasar una ley como esta, con el nivel de gravedad y daño que ejecuta sobre el país y sobre el pueblo, sea reprimiendo con esas características porque en la calle estaba el pueblo intentando presionar pacíficamente para que eso no se apruebe”, declaró a ANCCOM Facundo Merlán Rey, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y miembro de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

Cerca del mediodía la policía intentó evitar el paso de algunas columnas que estaban sobre la Avenida Callao. Con el correr de la tarde la tensión fue aumentando y los uniformados ya se mostraban exacerbados. Alrededor de las 14, a la altura de Callao, entre Rivadavia y Mitre, lanzaron gases a un grupo de diputados de Unión por la Patria. Comenzaron las corridas y fueron lanzados los primeros gases lacrimógenos. Ya había un detenido. 

Cerca de las 16, aún en la plaza de Congreso, se desató el operativo represivo. Hubo más de 200 personas heridas por los gases y balas de goma. Entre ellos, trabajadores de prensa, identificados con sus pecheras, jubilados, totalmente indefensos, y los cinco diputados de Unión por la Patria que habían intentado ingresar al recinto: Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés. Algunos de ellos fueron atendidos en la enfermería del Congreso, otros debieron ser asistidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Los camiones hidrantes lograron hacer retroceder a los manifestantes, que se vieron obligados, por lo menos en su mayoría, a comenzar a desconcentrar, debido a la violencia ejercida por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria actuando en conjunto. 

 

Caza mayor

Tras el incendio del vehículo de Cadena 3, un medio de Córdoba, se desató la cacería indiscriminada de manifestantes. «Hubo una avanzada absolutamente desmedida, desproporcionada e injustificada dentro de lo que era la Plaza de Congreso hacia la zona de Avenida de Mayo. Allí se avanzó con gases lacrimógenos, que dicho sea de paso, algunos de ellos son gases nuevos, que no conocíamos, y que son bastante más agresivos que los que conocemos”, sostuvo el miembro de Correpi. Cerca de las 18 se produjeron la mayoría de las detenciones, a varias cuadras de distancia, entre las Avenidas de Mayo y 9 de Julio. Más de 20 personas fueron arrestadas por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal. «Las detenciones se dieron en distintos lugares, fue una verdadera cacería. Pero podríamos marcar dos momentos clave: uno cerca de las 17:30 en la zona de Congreso y otro momento cerca de las 21 en la 9 de Julio”, agregó Merlán Rey.

Caída la noche, la represión continuó y las detenciones también. Rápidamente organizaciones sociales y de derechos humanos que habían estado monitoreando la situación en la calle comenzaron a circular por redes las listas con los nombres de las personas arrestadas. Con el correr de las horas la cifra fue aumentando. En total, y hasta el momento, son 35, 22 bajo la custodia de las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires y 13 en la órbita de la justicia federal. Los varones quedaron alojados en la Alcaldía 4, en el barrio de Parque Patricios, mientras que las mujeres fueron trasladadas a la Alcaldía 15, en Chacarita. En cuanto a las detenciones llevadas a cabo por la Policía Federal, los detenidos se encuentran en la Superintendencia ubicada en Madariaga y General Paz, en Lugano.

Campaña sucia

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Desde su cuenta en X, la Oficina del Presidente felicitó a las fuerzas de seguridad por su accionar represivo y acusó a los manifestantes de intentar perpetrar un golpe de Estado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aún más lejos, calificando el accionar de los manifestantes como un «golpe de estado moderno”. Además, exigió a la Justicia que los detenidos sean acusados por sedición. Según un comunicado de ese Ministerio, los detenidos podrían ser más en la medida en que sean identificados a través de grabaciones, y también afirmaron que exigirán que quienes se manifestaron paguen los costos del operativo. Por su parte, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, se refirió a los manifestantes que ayer llenaron la plaza de Congreso como «delincuentes» y adelantó que el Senado denunciará a todos aquellos “que atentaron contra las instituciones de la democracia”. 

”El gobierno está señalando que hubo un intento de golpe de Estado y en ese contexto aparece la figura de sedición del Código Penal, pero esto no fue un golpe de Estado, hubo golpes de Estado modernos en Bolivia en 2019, la situación del Planalto en Brasil, del Capitolio en Estados Unidos”, dijo Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto fue el ejercicio del derecho a la manifestación social y pública, el uso de esta figura sin ningún elemento que caracterice la interrupción del funcionamiento de una instancia como el Congreso nos llama mucho a la preocupación porque recarga la imputación a las organizaciones sociales que se movilizaron, y en particular a las personas que hoy están detenidas, (el fiscal Carlos) Stornelli está pidiendo su prisión preventiva, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional ahora está reflejado en una imputación fiscal”, agregó. Morales describió que el escrito de Stornelli apenas transcribe tres notas periodísticas que reiteran lo que dijo el Poder Ejecutivo, pero no explica la relación entre cada detención y esos hechos tan graves que se les pretende imputar. El fiscal acusó a los manifestantes de los delitos de lesiones, daños agravados, incendio y estrago, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, atentado al orden constitucional y los poderes públicos, atentado y resistencia contra la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

Cerca de las 20 de ayer, la justicia porteña delegó en la federal todo el caso y así todos los arrestados quedaron a disposición de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ya había comenzado a indagar a algunos durante la tarde. Será ella quien deberá emitir avalar o no el pedido del fiscal. «Fueron detenciones totalmente irrisorias, comparándolas especialmente con las declaraciones posteriores del Gobierno en sus distintos comunicados en redes sociales donde hablaban de terrorismo y golpe de Estado”, afirmó Merán Rey. Y agregó: “Lo que sí significa es la configuración de un relato que se crea para este momento y de acá en adelante. Lo que está haciendo el Gobierno es presentar un discurso que ya lo traía desde la campaña, que le sirve a ellos para justificar las medidas que toman en términos económicos y sociales”.

Sin medicación

“Les dijeron ‘tirate al piso sino te agarramos de los pelos’, la detención fue ilegal, ellas estaban desconcentrando por 9 de Julio y Chile, la Policía de la Ciudad venía cazando gente, se llevaron a personas en situación de calle, tiraron gas vencido y tiros a mansalva”, dijo la abogada Candela Ramírez, del CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) en representación de algunas de las mujeres arrestadas en la Comisaría vecinal 15 de Chacarita, quienes estuvieron horas en el camión policial estacionado en la Villa Zavaleta luego de haber sido paseadas por toda la Ciudad. “No nos dicen nada a los letrados, no dejaron pasar al Defensor del Pueblo, las siete chicas están en un pasillo, con las manos precintadas y se turnan para sentarse en una silla, están incomunicadas y no dejaron que les alcancemos a una su medicación”, agregó Ramírez, mientras un grupo del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) cantaba “libertad, libertad a las presas por luchar”. La detenida Sasha Lyardet es militante de la agrupación. Para Ramírez, “esto es un intento de aleccionar a la gente para que no salga a la calle, protestar no es delito, porque por ahora el estado de sitio no nos llegó”.

Al cierre de esta edición, todas las personas detenidas continuaban privadas de su libertad mientras organizaciones de derechos humanos, instituciones educativas y gremios, entre otros, exigían su inmediata liberación. 

 

Dentro de los 35 arrestados se encuentra un docente, Juan Spinetto, delegado y afiliado a Ademys. Desde la gremial docente, denunciaron que los detenidos que fueron alojados en la Alcaldía 4 permanecieron incomunicados durante más de seis horas, sin saber el destino de su traslado, sin recibir alimentos y con la imposibilidad de ir al baño. Recién a las dos de la mañana los ingresaron a la comisaría. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue otro de los sindicatos que exigió la liberación de una de sus compañeras, María de la Paz Cerruti, trabajadora del Ministerio de Economía y afiliada de ATE. También forman parte de la lista estudiantes de distintas universidades nacionales; Ricardo Sharif Sleme de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Mateo Dettore de la Facultad de Derecho (UBA), y Camila Juárez y Nicolás Mayorga, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín.

La situación de los varones, arrestados en la Alcaldía 4 de Parque Patricios, no dista mucho. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, denunció que fueron golpeados y hacinados. Absolutamente ajenos a estas palmarias violaciones a los derechos humanos de las personas arrestadas, los funcionarios del Gobierno festejaban ayer la represión ordenada durante la jornada del miércoles 12, envalentonados por su primera gran victoria política.