Una multitud con escasos precedentes inundó el centro porteño para cerrar la Marcha Federal Universitaria en reclamo de la actualización presupuestaria y la mejora salarial para la educación de nivel superior. Docentes, auxiliares, graduados y estudiantes se movilizaron, además, en las principales ciudades de todo el país en rechazo al ajuste educativo que propone el gobierno de Javier Milei. Mirá las fotos de ANCCOM.
Ante el ataque del gobierno de Milei a las universidades públicas, la amenaza del arancel para extranjeros y la xenofobia, los estudiantes migrantes se organizan en un frente.
En junio del 2023, cuando era precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich afirmó que las universidades argentinas tenían “casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros”. Días más tarde, el ministro de Educación del gobierno de Alberto Fernández, Jaime Perczyk, le respondió con los números oficiales. En realidad, los estudiantes migrantes representaban el 4,1 por ciento de las carreras de grado (gratuitas) y el 10 por ciento de las de posgrado (aranceladas mayormente).
Pero la falacia se instaló. En enero pasado, impulsado por el gobierno de Javier Milei, el proyecto de Ley Ómnibus establecía, entre cientos de reformas, la posibilidad de que las universidades públicas cobren un arancel a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente, es decir, migrantes que hayan Estado dos años en el país con residencia temporaria.
Mariana (Brasil), Karen (Colombia) y Paula (Ecuador) son parte de ese 4 por ciento. Todas dejaron su tierra natal y tuvieron la tan conocida residencia “precaria”, mientras soñaban –siguen soñando– con hacer vida en Argentina y que se les abriera una puerta que en su lugar de origen se les cerró: la de la educación pública, gratuita y de calidad. Otra cosa que las une es que forman parte del Movimiento de Migrantes CABA, iniciativa de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), que surgió a partir de encuentros de migrantes de distintas universidades y terciarios públicos, con el fin de organizarse ante los recortes presupuestarios y el posible arancelamiento.
En estas asambleas, que ya se realizaron en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, los migrantes conformaron un espacio de contención frente a discursos xenófobos que circulan y además comenzaron a tejer estrategias en defensa de la educación pública.
“Todo el tiempo está la amenaza de la deportación”, remarca Karen, colombiana.
Una de las coordinadoras de estos encuentros cuenta que, en sus testimonios, muchos compañeros migrantes coincidieron en que se los juzga porque supuestamente “estudian gratis gracias a los impuestos de los argentinos”, a lo que suele seguir la despectiva frase “volvé a tu país”.
Pero, ¿qué pasa con los impuestos de los migrantes? “Cuando venimos a la Argentina, pagamos los mismos impuestos que los argentinos. Tenemos un trabajo, muchos estudiamos, alquilamos, pagamos el IVA y otros graváamenes, tanto directos como indirectos. Es mentira que no pagamos impuestos y que no podemos acceder a los mismos derechos. Somos ciudadanos y todo lo que pasa en el Estado, nos afecta, así como afecta a los argentinos”, sostiene Mariana, estudiante de Ciencia Política de la UBA.
Mariana, Karen y Paula migraron a Argentina al inicio de su edad adulta. Las tres coinciden en que en Argentina y gracias al acceso a la educación pública, pudieron estudiar las carreras que deseaban y dedicarse a lo que las apasiona.
“En mi país (Ecuador) hay una especie de ‘educación pública y gratuita’. Lo digo entre comillas porque hay un puntaje que tienes que sacar en una serie de exámenes, y esto deja afuera a un gran número de la población, más que nada, porque los puntajes para ciertas carreras son muy altos. Si no alcanzas ese puntaje, no puedes estudiar la carrera que quieres, sino la que te alcance”, cuenta Paula, estudiante de Escenografía en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
«No es lo mismo que te detengan en una marcha y que seas argentino o que seas extranjero», dice Mariana.
Cada integrante del Movimiento de Migrantes CABA podría decir, sin titubear, que la educación pública argentina le cambió la vida para bien. Por lo mismo, no dudaron en reunirse para pensar una salida colectiva a la asfixia presupuestaria a las universidades y al peligro del arancelamiento que son parte del plan del Gobierno. Al igual que los miles de estudiantes argentinos, la agrupación participó el pasado 23 de abril en la Marcha Federal Universitaria.
Asimismo, se han propuesto alzar la voz en redes sociales, donde, luego de las asambleas, difunden cuáles son sus problemáticas y también derriban mitos sobre lo que es ser extranjero y estudiante en Argentina. “Es fundamental empezar a reconocerse como migrante, a compartir con otros migrantes, a discutir las reivindicaciones y a escuchar los reclamos específicos que tenemos como población, porque todo el tiempo está la amenaza de la deportación”, remarca Karen.
Mariana, por su parte, cuenta: “Tenemos nuestro frente de la UJS en la Facultad de Derecho de la UBA, con quienes nos hemos propuesto armar un curso antirrepresivo migrante, porque en las marchas están reprimiendo mucho a nuestros compañeros. No es lo mismo que te detengan en una marcha y que seas argentino o que seas extranjero, te pueden mandar a la Dirección de Migraciones, te pueden amenazar con quitarte el documento o, incluso, deportarte del país, por estar pacíficamente en una manifestación”. Hasta hace algún tiempo, el DNI de cualquier migrante incluía una leyenda roja que decía “extranjero”, como una marca que recordaba la no pertenencia al territorio.
Uno de los mitos que hay en torno a los estudiantes migrantes es que vienen a la Argentina solo con el interés de estudiar y que no quieren desarrollarse profesionalmente en el país, ni hacer vida más allá de los libros y apuntes. Lejos de estas suposiciones, la historia de Karen demuestra que esto no es siempre así.
“Está muy instalado el discurso de que venimos, les extraemos la educación y nos vamos. En la mayoría de los casos no es así. Uno también empieza a formar una vida en este país. Yo me quedé y ahora tengo una beca doctoral del CONICET”, cuenta Karen, ejemplificando con su experiencia tras haber estudiado la licenciatura de Trabajo Social y el profesorado en Teatro en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Karen también plantea algo que pocos consideran, y es que luego de la duración de una carrera y el tiempo que conlleva, regresar al país de origen supone volver a dejar todo lo construido –ya sea académico, laboral o afectivo–, y constituye una especie de “doble migración”.
El 23 de abril se llevó a cabo l Marcha Federal Universitaria para reclamar por el recorte presupuestario ejecutado por el gobierno de Javier Milei. Casi un millón de personas se manifestó en todo el país. Escuchá sus voces.
Una multitud con escasos precedentes inundó el centro porteño para cerrar la Marcha Federal Universitaria en reclamo de la actualización presupuestaria y la mejora salarial para la educación de nivel superior. Docentes, auxiliares, graduados y estudiantes se movilizaron, además, en las principales ciudades de todo el país en rechazo al ajuste educativo que propone el gobierno de Javier Milei.
El presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se tiene registro: se cuenta con un 72% menos de recursos con respecto al año pasado. Así, casi un millón de personas -según el Frente Gremial Universitario- llenaron las calles entre Congreso y Plaza de Mayo y miles en Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Mar del Plata, Jujuy, Ushuaia y Misiones, entre otras localidades, porque las universidades se quedan sin presupuesto en mayo.
Docentes, auxiliares, graduados, estudiantes y autoridades educativas de todos los niveles llamaron a un “Trenazo educativo”. Desde el mediodía, oleadas de personas ingresaban desde las terminales de Constitución y Retiro. En las estaciones, los centros de estudiantes secundarios abrían sus banderas: acá se defiende el derecho al futuro.
“Las hermanas no se cogen y el presupuesto no se corta”, rezaba un cartel en una esquina apretada de Sáenz Peña. El gobierno nacional aumentó un 70% los gastos de funcionamiento luego del anuncio de la marcha de hoy, sin embargo no es suficiente: representa sólo el 5%. “Más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación”, detallaba el documento de la manifestación.
Cynthia Valladares, trabajadora social, egresada de Facultad de Ciencias Sociales UBA recordaba que la Ley Nacional 27204 responsabiliza al Estado nacional como garante indelegable de la Educación Superior, prohíbe cualquier tipo de arancelamiento y caracteriza a la educación y al conocimiento como bien público.
“Me conmueve desde mi historia personal: no hubiera podido estudiar si no era con la universidad pública”, lagrimeó Valladares. Desde hace doce años, trabaja en la Dirección de becas de la Universidad: “Lo que estamos viviendo es tremendo. Si no hay presupuesto, no hay para becar a esos estudiantes que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que no tengan la posibilidad de estudiar”.
En la universidad que gestó el Cordobazo, la Universidad de Córdoba, tuvieron que paralizar obras y arreglos para mantener becas y subsidiar el comedor para sus más de 120 mil estudiantes. En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, debieron frenarse las obras que se estaban ejecutando en el edificio de la calle Santiago del Estero, en Constitución. Y la lista, sigue.
En medio de la movilización, a la columna del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras se sumaron cinco estudiantes extranjeras de Ciencias Económicas. Si se hubiera aprobado la Ley de Bases, tendrían que pagar por sus estudios.
Los institutos superiores de formación docente también se hicieron presentes. El recorte a las universidades hace peligrar todos los niveles de educación nacionales. En la mirada las caras de sus estudiantes no había bronca, sino un deseo de protección.
“A ver, a ver/ quién dirige la batuta/ les estudiantes/ o el gobierno hijo de yuta”, gritaban al cruzar las calles. Una docente de menos de 30 miraba preocupada a las motos y autos que esperaban para cruzar después de las columnas que iban hacia el Congreso. “Chicos, apuren para cruzar, dale, que se me cortó la suplencia y ya no tengo obra social”, dijo un poco en broma, un poco en serio mirando con los ojos de huevo frito.
A las 15, en la Plaza Congreso, las constituciones nacionales se movían al ritmo de “Che peluca compadre, la concha de tu madre/ Nos cagamos de hambre/ Nos mandas a la yuta/ Nos sacas el presupuesto/ Sos un hijo de puta”. Las canciones y los insultos se hilaban a través de las cuadras. “Mínimo una puteada para estos que nos quieren sacar la universidad”, decía Facundo, estudiante que está haciendo la tesis para poder terminar sus estudios y siente temblar su graduación.
Por avenida Rivadavia, cuando las veredas se distendían, una familia se fundía en un abrazo. De sus cuellos colgaban los carteles del ascenso social: “Papá – albañil”, “Mamá – ama de casa” e “Hija – profesional universitaria”. La hija ya de más de 40 años, sonreía ampliamente, pero sus ojos tenían un fuerte dejo de nostalgia y temor sobre el futuro.
En la Plaza de Mayo el hit era «que lo traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de ideas, pelea, pelea, por la educación». De repente se interrumpe. El Himno Nacional comenzaba a sonar por los altavoces. “La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Somos la universidad pública para todo el pueblo argentino”, sostuvo desde el escenario Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
En la columna de CONADU, la Federación de Docentes Universitarios, se poblaba de remeras con la leyenda “La universidad pública cambia vidas”. Entre ellos, una joven sostenía el cartel “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?”. Sus amigas levantaban copias de la novela 1984. La distopía de Orwell se siente cada vez más cerca: “Te la venden cambiada: te dicen A, pero hacen B. Lo menos que quieren es que seamos libres”. Más cerca de Plaza de Mayo, estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata tenían libros de historia. Las leyes se cubren de la sangre seca de los pueblos, pero ellas no quieren que la sangre sea olvidada ni derramada en vano.
“Olé, olé/ el que no salta/ votó a Milei”, cantaban con bombos desde las agrupaciones estudiantiles y los pies se levantaban masivamente hasta el cielo. Aunque, algunos movían la cabeza tímidamente y miraban hacia abajo con la culpa de haber prendido fuego la paja. “Había venido a las vigilias por el aborto: esta es mi primera movilización más política. Estudiantil también: es que la facultad nunca estuvo en riesgo”, ríe con dolor Ariana, estudiante avanzada de Arquitectura.
De cordón a cordón, la avenida de Mayo rebalsaba. Los centros de estudiantes del lado derecho y los funcionarios de cada universidad a su costado. Las diferencias que plantea el gobierno nacional entre los decanatos y el estudiantado no son tales ni tantas porque codo a codo buscan proteger su casa común. Cada tanto, entre cánticos, explotan saludos intercambiados de las distintas columnas. “Te hacen creer que tu país es una mierda para que no lo defiendas cuando lo destruyan”, sostenía un cartel negro de letras blancas.
En sintonía, el discurso en el escenario decía: “Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permita a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres”. Ahora, es tarea de todos defenderla.
Funcionarios de cinco universidades nacionales de distintos puntos cardinales explican la situación presupuestaria que atraviesan tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Todas marchan este martes en una movilización que para muchos será histórica.
Las impactantes imágenes de cortes de luz, cierre de aulas, reducción en el funcionamiento de ascensores y la dificultad para hacer frente al pago de servicios básicos son reflejo de la seria crisis presupuestaria que atraviesan las 62 universidades públicas nacionales. Siguiendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76% respecto al año anterior. A pesar de las medidas preventivas para amortiguar gastos e intentar solventarse con un presupuesto abismalmente atrasado con respecto a la inflación, algunas instituciones anticipan la posibilidad de cierre para la mitad del año lectivo.
Frente a la negación del gobierno a entablar un diálogo con las instituciones y bajo la consigna “En defensa de la educación pública”, el CIN convocó a una marcha federal el próximo martes 23 junto al Frente Sindical Universitario. El Consejo insta a que se adhieran todas las instituciones comprometidas con la educación y aclararon que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.
La convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estipuló para las 15:30 horas en el Congreso de la Nación, para comenzar a marchar desde allí hasta Plaza de Mayo. A las 18 horas se hará lectura de un documento fuera de la Casa Rosada.
La crisis presupuestaria impacta a lo largo y ancho de todo el país. Con el fin de explorar cómo se está experimentando la lucha por el financiamiento universitario en diferentes regiones de la Argentina, ANCCOM conversó con representantes de cinco instituciones públicas localizadas en diferentes provincias: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad de Salta; la Universidad del Comahue; la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda.
Universidad Nacional del Litoral
Este año, el sistema universitario ha sido financiado mediante la asignación del mismo presupuesto del año anterior, una medida contemplada en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Germán Bonino, Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esto significa que el presupuesto que reciben las instituciones hoy se ha calculado en septiembre del año 2022 y fue pensado para el 2023. De esta forma, “hoy recibimos el mismo monto nominal que el año pasado, pero la inflación es de más del 280%. No estamos en caos pero es una situación crítica, si siguen estas condiciones no vamos a llegar a fin de año”, declaró el secretario.
A esta estrategia de desfinanciamiento se le agrega la quita de subsidios y el incremento de las tarifas de servicios públicos, principalmente de la luz. “En la UNL, la última factura de luz fue de 100 millones de pesos y recibimos 141 millones en total para todos los gastos. Con la diferencia hay que pagar las becas, el mantenimiento de las facultades, llevar adelante las obras públicas, los proyectos de investigación y extensión, hasta las fotocopias para los éxamenes. Claramente no alcanza”, confirmó Bonino.
La Universidad Nacional del Litoral tiene alrededor de 60.000 alumnos y nuclea estudiantes tanto de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Es un nodo central de la economía santafecina por la cantidad de jóvenes que estudian allí, por los proyectos y el conocimiento que genera y por los egresados que se insertan como profesionales de diversas áreas.
Otra dificultad que encuentran los administrativos de las universidades del país es la imposibilidad de proyección en los próximos meses, ya que se desconoce el presupuesto asignado para el resto del año. Sobre esto, el encargado del presupuesto de la UNL aclaró: “No sabemos cuánto va a llegar mes a mes. Eso es algo que estamos reclamando desde las universidades. Necesitamos saber con qué disponemos, sea mucho o poco”.
Universidad Nacional de Salta
Las acciones preventivas para controlar los gastos fueron adoptadas por la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su vicerrector, Nicolás Innamorato, expresó su preocupación por la gestión gubernamental de la situación: “Hemos implementado medidas, al igual que todas las universidades nacionales, pero son insuficientes. La crisis debe ser manejada de otra forma. La educación bajo ningún punto de vista puede ser recortada porque no es un ‘gasto excesivo’ o ‘inútil’ como dice el presidente. Son inversiones para el crecimiento de la sociedad en su totalidad”.
La UNSa tiene aproximadamente 80.000 estudiantes, cuenta con cuatro centros de investigación en conjunto con el CONICET y está trabajando en 300 proyectos que se vuelcan para la mejora de la comunidad. Para Innamorato, el rol que juegan los establecimientos de educación pública superior del país en el crecimiento social es esencial: “La única institución en el país que genera una movilidad social ascendente es la universidad nacional, pública y gratuita. Se perjudica, entonces, a todos los ciudadanos argentinos que de una forma u otra se ven beneficiados con una carrera o con una actividad dentro de la universidad”.
El vicerrector criticó la falta de plan del Gobierno para revertir o mejorar la situación en la que se encuentran. “A pesar de tener una comunicación fluida con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, hasta el momento ni siquiera nos mostraron una planificación para el año 2024; y esto nos preocupa mucho. La mezcla de insensibilidad en cuanto al diálogo sumado a la incertidumbre por parte de los organismos oficiales es lo que genera mayor impacto”, declaró Innamorato.
Universidad Nacional del Comahue
La Universidad Nacional del Comahue no fue la excepción a la regla: sus directivos tuvieron que tomar medidas de recorte y disminución de las actividades académicas. Beatriz Gentile, rectora de la institución comentó: “Suspendimos la convocatoria a becas de investigación y extensión, redujimos los turnos de limpieza y priorizamos aulas y baños. Hay tasas municipales, deudas de agua u otros servicios que no estamos pagando”.
La Universidad Nacional del Comahue es la más grande en cantidad de alumnos, carreras y extensión territorial de la región patagónica; tiene sedes en diez localidades de dos provincias vecinas, Río Negro y Neuquén, y asisten más de 33.000 estudiantes. Esta institución juega un rol esencial en la democratización de la educación en la Patagonia Norte. “Llegamos a territorios que difícilmente llegue otra institución del Estado. Nos caracteriza esta vocación de ofrecer estudios superiores para todos y todas. Es necesario crear todas las condiciones para que hasta el último chico que está alejado de las ciudades también pueda estudiar en la universidad”, sostuvo la rectora.
Universidad de la Plata
Marilia Fogel, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata conversó con ANCCOM sobre el ataque del Gobierno nacional a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico. La docente afirmó: “Este ataque tiene varias dimensiones, ya que desde lo simbólico se ataca desprestigiando a las universidades instalando el discurso que las universidades son ‘centros de adoctrinamiento’. Esto es una mentira absoluta: en las universidades puede estudiar quien quiera, de todas partes del país y de Latinoamérica. Hay pluralidad de voces y eso se ve en todas las instituciones”.
El impacto del recorte presupuestario afecta gravemente a la enseñanza y el desarrollo de los programas de estudio. Fogel imparte Química General a estudiantes de primer año de licenciaturas en Biología y Geología, una materia que depende de una infraestructura de laboratorios y suministros especiales. «Necesitamos reactivos, guantes y material de laboratorio para llevar a cabo las prácticas. Estamos viendo cómo reciclar lo que tenemos y ajustarnos al presupuesto disponible. Todo esto afecta directamente la calidad educativa, ya que es posible que tengamos que reprogramar o incluso reducir algunas prácticas si la situación no cambia».
Además de los suministros, es crucial mantener la infraestructura existente. «Las carreras con orientación científico-tecnológica necesitan ciertos equipos y dispositivos, como microscopios, que requieren mantenimiento y, en caso de averías, reparación”, comentó Fogel. Además, destacó que existen otros gastos operativos continuos asociados al funcionamiento de las universidades.
Otro punto importante es la imposibilidad de realizar las prácticas y los viajes de campaña obligatorios para cumplir con los planes de estudio. “Los egresados y las egresadas de las carreras de naturales, además de cumplir con la aprobación de las materias, para acreditar la carrera deben tener una cierta cantidad de viajes de campaña que son obligatorios. Estos viajes están contemplados también dentro del presupuesto, por lo que este año esos viajes posiblemente no se realicen”, aseveró Fogel.
Universidad Nacional de Avellaneda
Ricardo Petraglia es el Secretario General de ADUNA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y hace énfasis en la problemática de las universidades de menor envergadura al atravesar la crisis. Destacó que las instituciones más nuevas, como es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), carecen de relaciones que las puedan ayudar a afrontar la crisis, en desventaja con aquellos establecimientos más antiguos que ya han atravesado situaciones similares. “No es lo mismo ir a pelear el presupuesto siendo una universidad con una tradición y una capacidad de presión de años. A las universidades nuevas les llevará un tiempo para que eso ocurra. Para ello, es importante que el sistema universitario entienda las universidades nos necesitamos entre todas”, agregó Petraglia.
La UNDAV surgió en el año 2011 como un plan para enriquecer la cultura y la educación del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Si bien cuenta con seis departamentos orientados a diferentes áreas, el secretario afirmó que la UNDAV no tiene desarrollado un plan de otras formas de ingreso como los posgrados o los trabajos a terceros que le ayuden a hacer frente a la crisis.
Petraglia se mostró preocupado sobre la situación del salario docente. “El ajuste en sueldos más grande que había tenido la universidad fue durante el gobierno de Mauricio Macri, de entre 15 y 20 puntos. Ahora, en los primeros cuatro meses del gobierno actual, ya estamos en más del doble”. Remarcó que el ajuste presupuestario no se está dando de forma aislada sobre las universidades sino que “es parte de un ajuste que se está haciendo en toda la sociedad argentina y particularmente sobre el pueblo trabajador”.
De cara a la movilización del 23 de abril, el secretario dejó en claro: “Si bien las expectativas sobre la movilización son muy grandes, la marcha será sólo el inicio de un proceso de lucha que probablemente sea largo”. Finalmente, manifestó la importancia de mantener la unidad de los trabajadores, de los claustros y de las autoridades para defender la educación pública en Argentina.
Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar el sistema universitario nacional, las universidades de todo el territorio convocan a marchar el martes 23 de abril en defensa de la educación pública, libre, laica, no arancelada y de calidad.