Oct 18, 2018 | Novedades, Trabajo
El desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), reducida de su rango de Secretaría por la reciente reestructuración del Gabinete nacional, no es un caso más en la avanzada del Gobierno contra los empleados estatales. Los 600 despedidos en ese sector dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación eran parte de una estructura de apoyo imprescindible a nivel técnico y metodológico para miles de familias dedicadas a la pequeña producción agrícola.
Como explica Lorena Putero, economista e investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “la Secretaría es un derecho histórico de asistencia para una agricultura que es la principal proveedora de alimentos en las grandes urbes. No solo aporta subsidios, sino también asesoramiento técnico, legal y productivo”. A su vez Putero, maestranda en Economía Social y Solidaria en la Universidad General Sarmiento (UNGS), aclara que “los proyectos del organismo permitían una autonomía productiva sin dependencia de importaciones, precios accesibles y un aumento notorio en la calidad de los productos. Ahora, en un contexto de inflación, aumento tarifario y suba del dólar, los productores se quedaron solos”.
En el norte del país, varios trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se vieron tan afectados como poco sorprendidos por los telegramas que materializaron su desvinculación. Tal es el caso de Ana Herrera, quien se desempeñaba como referente de Comercialización en la sede que el organismo posee en Salta. “Desde hace dos años y medio fuimos maliciosamente evaluados por la nueva conducción. El presupuesto disminuyó hasta hacerse inexistente, los vehículos se deterioraron y se vencieron las revisiones técnicas obligatorias”, dice Herrera, quien también fue referente de Comunicación hasta 2012. “Después de 23 años en el sector, en abril me despidieron sin previo aviso, al igual que a otros 25 trabajadores”, concluye.
Feriazo organizado por familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para vender su producción a $10 en Plaza Constitución, CABA.
Como un efecto dominó, los trabajadores de la tierra se ven directamente perjudicados en este contexto. “Con mi familia nos dedicamos a la cría de cabras para fabricación de queso artesanal, con los técnicos despedidos veníamos trabajando y estudiando el valor agregado del queso. Ahora la persona encargada del sector ni aparece y casi no hay visitas territoriales”, explica Rodrigo Cuevas, pequeño productor de la localidad de Amblayo, en el valle Calchaquí salteño.
En la región Centro, las imágenes no hacen más que repetirse. “Nosotros formulábamos proyectos junto a las familias agricultoras para mejorar la escala de producción y forjar un vínculo directo con el consumidor, evitando intermediarios. También promovíamos la agroecología a través de encuentros y ferias polirrubros con certificación estatal”, describe Ariadna Arrigoni, quien se desempeñó durante 15 años como técnica en la SAF de Córdoba. “De los 52 técnicos que trabajábamos en 2015, solo quedaron 8, hay territorios que ya directamente no tienen asistencia”, explica Arrigoni, quien también era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo.
“Me dediqué toda la vida a la producción de verduras y huertas en las casas. La SAF nos brindó talleres, nos inculcó conocimientos más allá de los que teníamos y promovió ferias para el productor que está a 70 u 80 kilómetros de la ciudad y no se podía ganar el mango. Lo que hizo el Gobierno con la subsecretaría es un desastre”, asevera Servando Conci, agricultor del pueblo Colonia Tirolesa, en Córdoba.
El litoral tampoco escapa a la onda expansiva de despidos en la institución. “En Entre Ríos hubo tres tandas de despidos, 60 en abril de 2016, 16 en abril de este año, y otros 20, incluido yo, en agosto”, detalla Mario Den Dauw, quien trabajaba en la SAF desde el 2001. “Las más afectadas fueron las mujeres y los profesionales que habían ingresado en la época del kirchnerismo. Las listas las armó la Federación Agraria Argentina (FAA), comandada por el senador Alfredo de Ángelis, con el aval del ahora secretario Luis Etchevere. De todas formas esto nos fortalece, porque la solidaridad entre los organismos y los productores, que representan más del 70 por ciento de actividad en la provincia, es irrompible”, asegura Den Dauw, también delegado de ATE.
La situación en Mar del Plata, a su vez, es extrema: hay un cese total de actividades. Como explica Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE en la ciudad costera, “la decisión política fue despedir a nueve compañeras y cerrar las oficinas del organismo. En la provincia de Buenos Aires, los despidos ascienden a 61, afectando tanto la producción como las normativas que regulan la calidad y suprimen la utilización de agrotóxicos”.
En la región más austral del país, el caso de Silvia Crettón, ex agente territorial de SAF Santa Cruz, excede a cualquier lógica, ya que se transformó prácticamente en una trabajadora ad honorem. “Había un listado con el nombre de cinco de los siete trabajadores en la provincia, dentro del cual estaba el mío. Finalmente, en septiembre nos rescindieron el contrato pero nunca tuvimos notificación ni telegrama”. A su vez, Crettón explica que al manejarse en varios territorios no tenía oficina y nadie fue a retirar las herramientas que le brindaba el organismo, a pesar de las presiones recibidas para que las devuelva. “Hay 600 familias productoras registradas a las cuales seguimos asistiendo por una cuestión humana. Somos el único ente estatal que está con los pequeños productores”, asegura.
Una de las localidades en las que Crettón desarrollaba su actividad era Comandante Luis Piedrabuena. Javier Lemos, oriundo de la zona y fabricante de cerveza artesanal, explica que “hay proyectos con mi familia y la gente del pueblo para hacer plantaciones de lúpulo, un producto escaso y cotizado. La asistencia de gente como Silvia es fundamental no solo en lo técnico, sino también en lo anímico”. Esto parece no importarle al gobierno nacional, que sigue cercenando puestos laborales e historias de vida desde Ushuaia a La Quiaca.
Oct 4, 2018 | Novedades, Trabajo
Sandra Rozental, doctora desplazada de la jefatura del Departamento de Diagnóstico del Centro Nacional de Genética Médica (CNGM).
Tras 15 años en función y sin previo aviso, la doctora en Bioquímica Sandra Rozental fue separada de la jefatura del Departamento de Diagnóstico del Centro Nacional de Genética Médica (CNGM). Los trabajadores de la unidad denuncian que su remoción es una maniobra para desmantelar el funcionamiento del área, única en el país.
Rozental estuvo a cargo de Diagnóstico del CNGM hasta este 11 de septiembre, cuando las autoridades de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) le informaron que sería removida del cargo. “La medida fue tomada sin ningún tipo de comunicación previa, no hubo conversaciones anteriores en las que hayamos intercambiado diferencias respecto a los objetivos o cambios que se quisieran hacer, ni de parte de la dirección del Centro de Genética ni de la dirección del Instituto Malbrán -cuenta Rozental a ANCCOM- No me dieron ningún tipo de explicación, no sé cuáles son los argumentos”.
Al respecto, los trabajadores de Diagnóstico del CNGM denuncian la arbitrariedad de la remoción y sostienen que se está llevando adelante una estrategia de desmantelamiento que conducirá inevitablemente a su cierre. “La doctora Rozental trabajó durante años para que la institución y nuestro Departamento en particular fuera un centro de referencia en medicina genética en todo el país –dice a ANCCOM David Bruque, residente del CNGM- Al desplazarla a ella se está afectando directamente a esta visión. Se nos está planteando trabajar en cuestiones básicas y precarias, ensayos que se hacían en los años ’80 y ’90. Es un gran retroceso. Apuntan a técnicas básicas y baratas, por eso sacan a una jefa como Sandra, que apunta a desarrollar tecnología de punta. Están ‘ahorrando dinero’”.
“Yo trabajo como jefa de este departamento desde hace 15 años –dice Rozental- Hemos construido un equipo de trabajo sólido, con mucho compromiso con la salud pública, del crecimiento de la genética en el país, de la formación de recursos humanos y de aumentar la masa crítica de especialistas en el área. Hemos articulado el crecimiento en infraestructura y de proyectos tratando que eso vuelva al sector público. Nuestro trabajo de crecimiento y de desarrollo estuvo absolutamente ligado al crecimiento de la genética en el país en el sistema público. Esa es la visión que nos une transversalmente a todos”.
En el CNGM se realizan estudios específicos que no se hacen de rutina en ningún otro hospital de atención primaria.
Un Centro de referencia nacional
La génesis del Centro tuvo sus primeros antecedentes en 1967, a partir de la creación del Registro Nacional de Información Genética. Desde ese primer organismo surgió la necesidad de desarrollar una especialidad clínica y fomentar la detección temprana de enfermedades de ese tipo: con ese norte, en 1969 se creó por decreto el Centro Nacional de Genética Médica.
El CNMG funciona dentro del predio del Hospital Rivadavia y pertenece a la Administración Nacional de Laboratorios en Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS), un organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría de Gobierno en Salud, ex Ministerio de nombre homónimo, hoy anexado a Desarrollo Social. Su objetivo principal es fomentar políticas científicas orientadas a la genética como parte de un programa de salud pública.
“En el Centro se atienden familias que padecen o están en riesgo de padecer enfermedades genéticas, así como también niños que presentan defectos congénitos –explicaron los trabajadores del Departamento de Diagnóstico Genético a través de un comunicado-. Se realizan consultas clínicas, estudios prenatales y análisis de laboratorios altamente específicos para estas dolencias, que no se realizan de rutina en los hospitales de atención primaria. El Centro es, además, un espacio de formación para los profesionales del área, tanto clínicos como de laboratorio, mediante dos residencias de postgrado. El CNGM también realiza tareas de investigación y de vigilancia epidemiológica”.
El diagnóstico de enfermedades genéticas da la posibilidad de tomar medidas sobre el paciente y su familia. En los casos de enfermedades incurables se apunta a mejorar la calidad de vida. “Las enfermedades que nosotros tratamos muchas veces no tienen cura, pero si logramos diagnosticar correctamente, podemos brindarle al paciente un mejor asesoramiento y una mejor calidad de vida. También nos ocupamos de analizar a los padres para saber si lo que tiene esa nena o nene es heredado”, cuenta Evelyn Torchinsky, residente del CNGM. Aclara además que no existe otro centro en el país que realice de manera pública y gratuita este tipo de estudios: “Nos llegan muestras de muchas provincias que no tienen disponible esta tecnología. Por eso es tan importante para los pacientes que sigamos existiendo”.
«Es el único lugar del país en el que te forman en citogenética, no hay otro», dice Evelyn Torchinsky, residente del CNGM.
“Los estudios que nosotros hacemos son muy caros, se necesitan muchos profesionales por paciente para la interpretación de los datos –explica Bruque-. La gente que tiene dinero puede acceder a estos análisis en lugares privados o bien en el exterior. Acá atendemos a personas que no tienen recursos. Si esto se cierra, quienes no tienen la posibilidad de tener una obra social se quedan sin posibilidad de realizarse este tipo de estudios. La brecha social se va a seguir separando”. En este sentido, Torchinsky suma: “Creemos en la salud pública porque creemos que todos tienen derecho a un mismo diagnóstico y a una calidad de vida mejor”.
El CNGM es, además, un espacio de especialización para profesionales de la salud, el único en medicina genética a nivel nacional. Médicos de todas las provincias realizan sus residencias en este sitio para luego continuar expandiendo la actividad en sus lugares de origen. Tal es el caso de Evelyn, que nació en el Sur, hizo su carrera de grado en Córdoba y se mudó a Capital Federal exclusivamente para estudiar en el Centro. “Es el único lugar del país en el que te forman en citogenética, no hay otro –dice-. Hace un año y medio que estoy estudiando acá y todo lo que está pasando nos afecta directamente, ni siquiera sabemos si vamos a poder terminar nuestra residencia”. Bruque, por su parte, expresa: “Nosotros hacemos esto a pulmón. Por nuestro nivel de estudios recibimos constantemente ofertas laborales en el exterior, y sin embargo elegimos estar acá a pesar de que nuestro salario está al borde de la canasta básica. Los profesionales de la salud que trabajamos acá lo hacemos porque amamos a la salud pública”.
El CNGM realiza un importante trabajo de investigación, que pone a la Argentina en sintonía con los más altos estudios de genómica a nivel mundial. “Gracias a Sandra se llevaron a cabo un montón de investigaciones, se logró conseguir el presupuesto para financiar los proyectos, se compraron los equipos, se formaron personas a lo largo de todo el país. Ella fue la encargada de formar el programa ‘Red Nacional de Genética Médica’, que nuclea a laboratorios de todo el país”, cuenta Bruque.
Los trabajadores del CNGM salieron a denunciar la desvinculación de Sandra Rozental y los problemas del Centro.
De la tecnología de punta a la debacle presupuestaria
Según los trabajadores del Departamento de Diagnóstico, a la desvinculación de la doctora Rozental se le suma la falta de presupuesto y de personal. “Con respecto a años anteriores no se ha aumentado el presupuesto destinado a esta área, y eso nos afecta directamente, ya que muchos de los reactivos que usamos para trabajar son importados, el aumento del precio del dólar nos perjudicó muchísimo”, cuenta Bruque. “Por otro lado está la problemática de la falta de personal: se están jubilando muchos profesionales y no están entrando otros a ocupar esos puestos. Se hace muy difícil trabajar así”.
Además, advierten que la serie de medidas que están siendo tomadas implican un retroceso significativo en el desarrollo de su actividad. “Hoy los informes dicen que nuestro trabajo es muy bueno. Dentro de un año van a decir otra cosa porque nos están llevando a que trabajemos de una manera en la que se trabajaba hace más de 20 años. Nosotros creemos que eso el día de mañana va a ser una excusa para que se atente contra nuestro trabajo y se deje de financiar la actividad”, afirma Bruque.
Y se lamenta: “Antes de que comenzara esta debacle presupuestaria y de personal, habíamos empezado a hacer proyectos de investigación con tecnología de punta, particularmente en nuestro Departamento de Diagnóstico”.
«Los profesionales de la salud que trabajamos acá lo hacemos porque amamos a la salud pública”, dice David Bruque, residente del CNGM.
Salud pública vs. salud privada
La noticia de la remoción de Rozental fue el disparador para que los profesionales del Departamento de Diagnóstico salieran a denunciar su situación. Desde entonces se organizaron para visibilizar su rechazo frente a la medida y para visibilizar la serie de problemáticas que -cuentan- están sufriendo. Hasta el momento escribieron cartas en pedido de explicaciones a los directivos del CNGM y del ANLIS Malbrán, hicieron un petitorio de firmas por internet, y están juntando firmas en los distintos hospitales de Capital Federal. También cuentan que han recibido numerosos mensajes de profesionales de genética del resto del país y del exterior.
“Hay gente que tiene miedo de perder el trabajo por visibilizar la situación, pero nosotros sostenemos nuestra postura porque estamos preocupados al punto de que si no lo hacemos, es lo mismo que dejar de trabajar porque nos echan”, sostiene Bruque. “Creemos que la dirección del ANLIS no está de acuerdo con la política de federalización de la actividad con la que venimos trabajando. Este cambio arbitrario está relacionado con eso. Si las decisiones que se están tomando se sostienen, se va a llevar al Departamento a un grado de precarización tal que nuestro temor es que lo cierren”.
“Yo creo que esto responde a intereses personales, que se anteponen a los intereses colectivos –subraya Rozental-. Los profesionales del Estado tenemos que tomar decisiones y dirigir acciones orientadas al interés colectivo. Me cuesta ver hacia dónde quieren dirigir la actividad. No tenemos ninguna explicación al respecto, pero creo que hay un riesgo de que lo que venimos construyendo se pierda”.
“Yo como profesional estoy sumamente preocupado por la situación actual del sistema público de salud”, dice Bruque y agrega: “Creo que la estrategia que están llevando adelante es desfinanciarlo y fomentar instituciones privadas para que cumplan su rol. Está claro que es ahí hacia donde van”.
