Un colimba con memoria

Un colimba con memoria

Mar 27, 2025 | DDHH, Destacado 3, slider

En una nueva audiencia de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II un ex conscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar identificó al acusado Ernesto Rafael Lynch como jefe del grupo de tareas que allí funcionaba y brindó detalles sobre cómo se organizaba. La Fiscalía pedirá investigar judicialmente los maltratos que recibió durante el servicio militar.

“Iban muy bien armados, con armamento militar, ametralladoras y municiones y también armamento personal. Salían a operar con mucha frecuencia, casi todas las noches, vestidos de fajina en las camionetas azules de la Fuerza Aérea o en los Ford Falcon de color verde y con perros de ataque”, relata Sergio José Zamprogno exconscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar, único testigo de la audiencia de este martes 25 de marzo por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que continúa aún en la etapa testimonial y probatoria.

Zamprogno realizó el servicio militar entre los años 1978 y 1979 y durante su declaración detalló algunos de los tormentos que debió afrontar según las intenciones arbitrarias de sus superiores. También refirió a los abusos que sufrió por uno de ellos, hecho sobre el que la Fiscalía comenzará una investigación. “El trato de quienes integraban el grupo de tareas para con el resto de los soldados de la policía militar era variado. Recuerdo que uno de ellos, al que apodamos “El Potro”, justamente por el trato que tenía hacia nosotros, nos hacía levantar a las 5 de la mañana para hacer rodillo o cuerpo a tierra en el rocío de la mañana en pleno invierno para luego, así como estabas con el cuerpo mojado y sucio, vestirnos con el uniforme y comenzar a hacer nuestras tareas de guardia. O nos hacían tomar la sopa haciendo salto rana”, contó el exsoldado.

“Mi función dentro de la policía militar era entregar al jefe que estuviera esa semana las listas de guardia, con los nombres de los ausentes, presentes y enfermos. Y trabajos de limpieza y orden. Luego teníamos momentos de instrucción militar, sobre armamento, porque íbamos a cumplir servicio de guardia, actividades físicas para estar en estado, y también nos informaban sobre los grupos terroristas. Si bien uno con el paso del tiempo se fue dando cuenta qué es en verdad el terrorismo, en ese momento se asociaba la palabra terrosimo a la guerrilla. Sobre ellos se nos enseñaba que causaban daños en contra de la propia sociedad civil, que generaban muertes y torturas. Se nos ponía en conocimiento de cómo operaban y se organizaban en el país, por ejemplo, cómo hacían para camuflar armamento y municiones en una vivienda. Luego, de nuestro grupo de la policía, reclutaron soldados y formaron el grupo de tareas”. Así relató cómo fue que algunos de sus compañeros de servicio militar fueron apartados del grupo de la policía militar para formar parte del Grupo de Tareas N°12 que funcionó con centro de operación en la 8° Brigada Aérea del Palomar: “Ya no nos vimos más con ellos”. Este grupo también estaba conformado por varios suboficiales y superiores, todos bajo la jefatura del exteniente Ernesto Rafael Lynch que el testigo describe, por aquel entonces, “morochón, de pelo oscuro y bigote grueso, por eso le decíamos ‘El Negro’”.
“A veces me tocaba ir a su oficina a retirar o llevar documentos, correspondencia o listas de las guardias –relató-. Incluso lo vi presente en alguna de nuestras formaciones. Entiendo que cumplía funciones operatorias sobre la policía militar y el grupo paramilitar”.

La guardia interna de la brigada abría la puerta a quienes venían del exterior. El testigo relata lo visto durante sus guardias: “Algunas veces volvían de madrugada, y otras directamente no volvían. A veces traían consigo autos civiles que se guardaban en un galpón”. Recuerda que en una de las rondas que realizaba dentro del predio de la 8° Brigada vio en el galpón enorme ubicado en el sector de transporte de la brigada “un Fiat 600 perforado, ametrallado por proyectiles. El grupo tenía mucho movimiento y actividad por fuera de nuestra brigada. Era difícil saber su vida y actividad, haber visto el auto fue una casualidad. El grupo de tareas fue separado de la PM desde el inicio. Ellos tenían una dependencia propia, funcionaban y tenían vida propia. Con nosotros prácticamente no tenían contacto, solo veíamos que salían de noche.”

En diálogo con ANCCOM, la abogada Clarisa Góngora, de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” se refirió a los juicios de Lesa Humanidad en desarrollo bajo este contexto de desmantelamiento de las políticas de derechos humanos: “La constante provocación de un gobierno nacional que se caracteriza por su negacionismo, que exacerba discursos de odio e intenta volver a colocar en agenda la Teoría de los Dos Demonios y de ‘memoria completa’, hace que se vuelva aún más importante la difusión de juicios de lesa humanidad como el de Mansión Seré y RIBA. Mientras un sector busca negar la historia reciente, el terrorismo de Estado y las responsabilidades militares y civiles, económicas y eclesiasticas, nosotros, por nuestro lado debemos aumentar la difusión, para que la sociedad conozca que estos juicios aún se llevan a cabo y por qué son tan importantes para resguardar la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Si bien Zamprogno no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado», dijo Gómez.

Junto a su compañero de patrocinio letrado, Sergio Gómez, se refirieron a la importancia de la declaración de Zamprogno en relación a la causa. Gómez mencionó que “Zamprogno hizo el servicio militar obligatorio en el momento y lugar en que se denuncian los hechos aberrantes de lesa humanidad de esta causa”. Góngora sumó que: “Si bien no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado. El testigo detalló situaciones vividas por él y por el resto de soldados en general, dando cuenta del maltrato y los delitos que se cometían contra los conscriptos. Y en estos momentos de amplios discursos negacionistas, donde son varios los que, aún sin proponerlo formalmente, comienzan a instaurar y mencionar la vuelta del servicio militar obligatorio, el testimonio evidencia que Nunca Más es también para esto”.

Sobre los detalles que brindó el testigo, Gómez señaló que “dio descripciones de las maniobras que presenció, de las personas y en particular a uno de los imputado de esta causa a quien ha podido ver de manera directa, ya que no tenía una venda en los ojos, y eso es una diferencia significativa en relación a testigos que aportan otro tipo de información desde otra vivencia. Cada declaración nos da retazos de esa realidad concreta. Nosotros vamos, como un rompecabezas, construyendo a partir del conjunto de testimonios la historia de lo que ocurrió en la última dictadura militar, y puntualmente en los excentros clandestinos que la causa engloba”. En el mismo sentido, Góngora subrayó que “aportó datos concretos, sobrenombres y apodos de oficiales. Habló detalladamente del funcionamiento de la brigada y de los grupos de tarea que allí operaban”. 

Por cuestiones burocráticas de acreditación de identidad, se postergó la otra declaración prevista para la fecha. El testimonio de quien fuera en aquel periodo director del Hospital de Moreno y que, con 84 años, iba a hacer su primera declaración como sobreviviente. Desde su lugar de residencia en Estados Unidos, comenzará el trámite para renovar el Documento Nacional de Identidad para poder prestar declaración.

La próxima audiencia quedó programada para el 1 de abril a las 9. Se desarrollará de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734.

La Legislatura porteña declaró de interés cultural a la parroquia San Patricio

La Legislatura porteña declaró de interés cultural a la parroquia San Patricio

Dic 11, 2024 | DDHH, Destacado 3

En ella se cometió el mayor acto de terrorismo de Estado contra miembros de la Iglesia católica. La causa judicial que investiga los cinco asesinatos aún está abierta.

La parroquia San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, donde se perpetró la masacre de cinco religiosos durante la última dictadura militar, fue declarada patrimonio cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue impulsado por el legislador Claudio Ferreño.

El 4 de julio de 1976, un grupo de represores ingresó a la parroquia y asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti. Además, colocaron alrededor de los cadáveres una imagen de Mafalda señalando el “palito de abollar ideologías” de un policía, y escribieron en las paredes del templo: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes” y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

 “Nosotros venimos trabajando la causa en sus distintas aristas -expresó Ramiro Varela, fundador de la agrupación Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia- , y la colocación de la placa que la declara patrimonio cultural fue un acontecimiento más dentro de la construcción de la memoria. Es importante dejar huellas en el espacio público porque continúan dando testimonio de lo que aconteció, mantiene viva la llama de la memoria, pero también presiona en la búsqueda de verdad y el reclamo de justicia. A nosotros nos moviliza el reclamo de justicia, porque esta causa no es solo de la comunidad palotina, sino de toda la sociedad. Fue el mayor hecho de sangre cometido contra la Iglesia católica en Argentina, y es uno de los crímenes más resonantes que perpetró el terrorismo de Estado”. A 48 años de la masacre, la causa continúa en etapa de instrucción, sin responsables identificados ni condenados.

La causa que investiga los crímenes se inició horas después de los asesinatos, bajo la instrucción del juez Guillermo Rivarola, con la intervención del fiscal Julio César Strassera. En octubre de 1977, el caso fue cerrado a pedido del fiscal. En agosto de 1984, la causa se reabrió por solicitud de la congregación palotina, y el expediente quedó a cargo del juez Néstor Blondi. En 1986, el fiscal Aníbal Ibarra procesó a dos efectivos de la Comisaría 37 por considerarlos partícipes necesarios al liberar la zona para la masacre: al entonces comisario Rafael Fensore y al oficial principal Miguel Ángel Romano, por ese entonces jefe de calle. Sin embargo, en 1987 la medida quedó sin efecto por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y Blondi clausuró la instrucción.

La causa entró en punto muerto durante 18 años, hasta el 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes que garantizaban la impunidad de los represores. En ese año, se incluyó en la Megacausa ESMA, ya que dos sobrevivientes del excentro de detención, tortura y exterminio declararon haber escuchado al represor Antonio Pernías atribuirse la masacre junto a otros miembros del grupo de tareas 3.3.2. Varela afirmó: “Para nosotros siempre fue una línea de investigación un tanto inverosímil tomando en cuenta el modus operandi. Dejar los cuerpos en el lugar no se correspondía en absoluto con la forma de operar que tenían los marinos de la ESMA, que secuestraban para extraer información, y luego los aniquilaban a través de los vuelos de la muerte u otra metodología, pero nunca ejecutaban a alguien y lo dejaban en el lugar”.

En 2005, el juez Sergio Torres, a cargo del expediente ESMA, ordenó medidas de prueba y tomó declaraciones, incluso dictó el procesamiento de 18 marinos. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos en 2006 y 2007 por falta de mérito. Varela afirmó que Torres no terminó de avanzar porque estaba siguiendo una línea de investigación errada, y compartió: “Nosotros siempre creímos que los responsables fueron de la Policía Federal. Dos días antes de la masacre estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y cuando se produjo la masacre de San Patricio se encontraron pintadas que hacían referencia a ese hecho. El modus operandi, la fecha, las pintadas y el cuadro de Mafalda de alguna forma pueden tomarse como una suerte de firma de autor del hecho. Nosotros tenemos como más plausible la línea que apunta hacia los efectivos de la Policía Federal, o miembros no oficiales de ella que formaron parte de la estructura represiva”.

En 2022, el juez Sebastián Casanello incorporó a Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia a la causa como amicus curiae, lo que les permitió aportar información de valía y sus investigaciones al expediente. La causa pasó de Casanello a Ariel Lijo, quien tras el testimonio de un arrepentido del centro clandestino de detención de Coordinación Federal, que afirmó haber escuchado a un miembro de la patota que operaba allí atribuirse la responsabilidad del hecho, decidió deslindar su competencia sobre la masacre palotina dentro de la Megacausa ESMA. De esa forma, la causa llegó al juez Daniel Rafecas, que actualmente investiga el hecho como parte de los crímenes de Coordinación Federal, en el marco de la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.

Pablo Llonto, abogado querellante de la Causa Palotinos, confirmó a ANCCOM que, hasta el día de hoy, no hay responsables identificados del grupo de tareas culpable de los asesinatos, pero sí de los partícipes necesarios, aunque no están condenados. Además, el abogado sostuvo en la Mesa de Discusión Institucional y Social que es necesario profundizar la investigación sobre los pedidos de “zona liberada” que recibían sistemáticamente las comisarías de la Policía Federal durante esa época, dado que este accionar era frecuente y estuvo presente en otros crímenes perpetrados por las fuerzas en el mismo año.

Para concluir, Varela destacó: “Si bien la causa no termina de reactivarse, estamos en la mejor posición que podríamos haber llegado a estar a lo largo de todos estos años. Tenemos mucha expectativa, no obstante le pedimos al magistrado que haya mayor celeridad en la instrucción, porque el peligro es la impunidad biológica, ya que los culpables empiezan a envejecer y mueren impunes, sin pagar por sus responsabilidades. Por eso, le pedimos a Rafecas que acelere la instrucción, cite a indagatoria a los efectivos de la Comisaría 37 que siguen vivos y que actuaron en esa dependencia policial al momento del hecho, ya que podrían tener alguna responsabilidad. Estamos a la expectativa de que parte de los responsables, al menos los que liberaron la zona, paguen por su accionar y den explicaciones en la justicia”.

Las víctimas toman la palabra y buscan justicia

Las víctimas toman la palabra y buscan justicia

Sep 6, 2024 | DDHH, Destacado 2, slider

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata, declararon el sobreviviente, Carlos de Francesco y el nieto apropiado y restituido Leonardo Fossati, quien nació en ese Centro Clandestino.

En una nueva audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Comisaría 5ª durante la última dictadura militar, ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, ayer brindaron testimonio Leonardo Fossati, nieto restituido nacido en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio y Carlos de Francesco, uno de los pocos sobrevivientes. Mientras tanto los imputados Jorge Bergés, Pedro Muñóz y José Saravia Day se conectaron mediante videoconferencia . Este juicio investiga los crímenes contra 131 víctimas, entre ellas embarazadas desaparecidas, además de nietas y nietos apropiados que fueron restituidos. Los ex policías Cecilio Reinaldo Gómez y Néstor Ramón Buzzato también estaban imputados en esta causa pero fallecieron antes de llegar a esta instancia.

Colleen Torres abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo y representante de Fossati en este juicio expresó en relación a los dos testimoniantes: “Son dos miradas distintas, dos experiencias diferentes de lo que fue el terrorismo de Estado. La importancia que tienen son la inmediatez de que los jueces, juezas y personas presentes puedan conocer en primera persona lo que fueron estas historias, no solamente por las que fueron victimizados, sino también las consecuencias que tiene para las familias de las víctimas”.

 Leonardo Fossati nació el 12 de marzo de 1977 en la Comisaría 5ª de La Plata. Él inició la jornada de testimonios guiado por las preguntas de Colleen Torre: “Desde el 11 de agosto de2005, en estos tribunales, el juez Corazza me informó que yo había nacido en la Comisaría 5ª. Me brindó el expediente y me dijo que no me habían abandonado, como yo creía, sino que mi mamá y mi papá aún están desaparecidos desde la última dictadura militar”. Sobre las dudas de su identidad, desde que era pequeño, por las diferencias físicas, repasó: “En marzo del 2004 me acerqué por primera vez a la filial La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo. Ahí inició la investigación con los documentos que pude llevar. Me realicé un estudio de sangre para confirmar que mis padres son  Inés Beatriz Ortega y Rubén Leonardo Fossati”.

Leonardo es el nieto restituido número 81, gracias a los testimonios de Adriana Calvo y de otros testigos que compartieron cautiverio con sus padres, pudo reconstruir su historia: “Mis papás eran muy jóvenes, mi mamá tenía 17 años, estaba embarazada de siete meses y era militante en la Unión de Estudiantes Secundarios de Parque Castelli, mientras que mi papá tenía 22 años y militaba en la Juventud Peronista. Los secuestraron en Quilmes, un 21 de enero de 1977, se supo que llegaron a esa esquina varios Falcon verdes y que cuando los interceptaron cada uno se fue corriendo para lados contrarios, pero cuando agarraron a mi mamá, mi papá vuelve para entregarse”.

Fueron llevados a la Comisaría 5ª y es ahí donde nació Leonardo: “Adriana Calvo compartió celda con mi mamá, dijo que realizó el trabajo previo de parto, que llamaba insistentemente para que vaya un doctor, y fue recién a la tarde fue el médico que supuestamente era Bergés. También me dijo que a mi mamá la ataron de manos y pies en la mesa de la cocina, y mientras yo nacía la escupían y se escuchaban los insultos de los policías. Parir también era una tortura”, detalló Leonardo sobre las condiciones en las que su madre lo dio a luz en esa “maternidad clandestina, que de maternidad no tenía nada”.

También pudo saber, gracias al testimonio de Calvo el breve momento que estuvo con su madre: “Me dijo que no estuve mucho tiempo con ella, se cree que solamente un día. Hasta que entraron en la celda y dijeron que el coronel me quería conocer, desde ese momento nunca más la vi. Le dijeron a mi mamá que me llevaron con mi familia materna”. Pero eso nunca ocurrió.

Fossati pudo encontrarse con su familia recién en 2005, luego de haber iniciado su proceso de búsqueda, que lo llevó a enterarse de que era hijo de personas desaparecidas: «Fue muy lindo y también doloroso. Porque me encontré con un montón de compañeros y amigos de mi papá y mi mamá, pero también muy doloroso, porque supe que no los iba a encontrar. Y por el dolor en mi familia», describió su proceso de restitución “que sigue hasta el día de hoy”. La abogada Collen Torre agregó: “Son delitos que trascienden generaciones, porque no solo se restituyó la identidad de Fossati sino también de su hijo, que en 2005 tenía 8 años”.

Al finalizar su testimonio, Fossati mostró imágenes de sus padres en los momentos más cercanos a su desaparición: «Son pequeños tesoros -dijo- porque buscaron borrar todo. Pero ese legado sigue en pie”. Entonces la sala entera respondió a su cierre de pie: “¡30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presente! ¡Ahora y siempre!”.

Luego de un cuarto intermedio declaró Carlos De Francesco que fue detenido ilegalmente en la Comisaría en Arana y luego trasladado a la Comisaría 5ª de La Plata: “Yo fui detenido un 9 de diciembre de 1976. En ese momento estaba haciendo mi tesis de física química y era docente. Yo no tenía intereses políticos, ni era afiliado de partidos políticos. Era solamente un investigador científico”. Además agregó: “Primero me llevaron a una Comisaría en Arana pero a los días me trasladaron en auto a la Comisaría 5ª, ahí me torturaron con picana eléctrica. Todo era una tortura, dormíamos sobre cemento, no nos daban nada para taparnos y teníamos que brindarnos calor entre nosotros, aparte nos daban de comer cada 3 días, yo baje 20 kilos en 4 meses”.

Luego de reconocer a algunos desaparecidos que la fiscal Ana Oberlin le fue nombrando durante la audiencia, recordó a la mamá de Leonardo Fossati -a quien luego del parto le hicieron limpiar el espacio- y se detuvo unos segundos con los brazos cruzados y con la voz entrecortada dijo reiteradas veces: “Hay que ser muy malas personas para hacer eso”. Luego de unos minutos prosiguió con el testimonio: “Había detenidas mujeres también y muchas embarazadas. Adriana Calvo nos pasaba la información de lo que pasaba en el sector donde estaban las mujeres. Lo más relevante que nos dijo fue de un nacimiento de un chico en la mesa de la cocina. Y ese chico era Leonardo Fossati. El padre estuvo con nosotros un tiempo; era hijo de un ordenanza del Departamento de Física, muy querido por todos”. Finalmente, en abril de 1977 fue liberado junto a otros compañeros de celda: “Cuando el auto se alejó y nos dimos cuenta que no nos iban a tirar un tiro, nos sacamos las vendas y nos abrazamos”.

Un Espacio de Memoria

Leonardo Fossati durante su testimonio explicó cómo se logró llegar a que la Comisaría 5ª se transforme en un espacio para la memoria: “Con Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos colectivamente que la Comisaría sea un espacio de memoria para que el lugar no sea impune y para recordar a las víctimas que pasaron por ahí. Hoy soy coordinador de este espacio. Es un orgullo formar parte de ese equipo”, señaló. Sobre su lugar en Abuelas de Plaza de Mayo describió: “Para mí es parte de un proceso de sanación que lo he visto en familiares, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que es poner todo ese dolor en acción, en generar las herramientas para que esto no ocurra nunca más y que se haga justicia”.

Colleen Torres agregó, en diálogo con ANCCOM: “La resignificación del dolor, del terrorismo de Estado se ve reflejado en que funciona como un espacio de memoria y también allí está la filial de La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese lugar hoy buscamos a los nietos y nietas que no conocen su verdadera identidad. Allí se cuenta todos los días a muchos jóvenes la historia de lo sucedido para que puedan conocer la historia del centro de detención y de las personas que pasaron por ahí”.

«Cada tanto volvemos a sentir miedo»

«Cada tanto volvemos a sentir miedo»

Ago 31, 2024 | DDHH, Destacado 4

En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, la Casa de la Identidad organizó un debate para mirar el recorrido de las políticas de memoria, verdad y justicia y analizar el resurgimiento de la apología del Terrorismo de Estado.

“Cada tanto volvemos a sentir miedo, tantos años de terapia y con este gobierno volví a sentirlo al dormir a la noche con la luz apagada”, expresó Graciela Montarriso, hija de Jorge Montarriso, que continúa desaparecido desde la última dictadura. Y reveló a ANCCOM: “Antes pensaba que de verdad el amor vencía al odio, pero ya no estoy tan convencida”. Esta declaración fue realizada el viernes 30 de agosto, el Día Internacional del Detenido-Desaparecido en una charla abierta organizada por Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para debatir sobre la importancia de esta fecha, el rol del derecho internacional y la importancia de seguir manteniendo presente la lucha por la memoria y los derechos humanos en un contexto de políticas regresivas por parte del gobierno de Javier Milei. El encuentro tuvo lugar en Casa por la Identidad, dentro del predio de la exescuela de Mecánica de la Armada.

¿Por qué existe este día?

Luciano Hazan, moderador del conversatorio y quien supo ser miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, abrió el conversatorio señalando la importancia de esta efeméride: “Para los familiares que están buscando a sus seres queridos desaparecidos es importante cada día. Entonces puede parecer injusto hablar de un día. Pero es importante tenerlo porque nos permite tocar las puertas del resto de la sociedad nuevamente, llamar la atención y de alguna manera buscar la empatía y la solidaridad”.

En América Latina, esta conmemoración fue iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos–Desaparecidos). Luego, en 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció esta fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con el objetivo de reflexionar sobre este delito de lesa humanidad, que en Argentina fue un mecanismo fuertemente utilizado durante la última dictadura cívico-militar.

De esta manera, la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que estas se producen cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas por parte de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, u otras organizaciones. Además, implica que se niegan a revelar el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.

Las mujeres y la búsqueda de la verdad

Luego de la presentación de Hazan, tomó la palabra Ana Lorena Delgadillo, quien se desempeña en el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y destacó la labor de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos. En este sentido, mencionó un informe reciente de Amnistía Internacional, que detalla los estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas. “Las Madres y las Abuelas -dijo Delgadillo- son las que abrieron el camino de búsqueda de la verdad y la justicia. Y esto ha quedado marcado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Detenidas Desaparecidas y en muchos otros instrumentos que son parte ahora del sistema universal y del sistema regional. Es mucho lo que, como sociedad, tenemos que agradecer al camino abierto por Madres y Abuelas de Argentina”.

Políticas regresivas

Posteriormente, tanto Anabela Montaner, perteneciente a la organización H.I.J.O.S., y Diego Morales, director del Área de Litigios del CELS, hicieron hincapié en el retroceso de políticas públicas de derechos humanos que lleva a cabo el gobierno de La Libertad Avanza, entre ellos el cierre del equipo de relevamiento y archivo (ERyA) del Ministerio de Defensa y el reciente desmantelamiento de la unidad especial de investigación dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

Por otro lado, Montaner recalcó que solamente el 6% de los condenados por delitos de lesa humanidad se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel. Mientras que el resto cumple prisión domiciliaria o continúan en libertad.

El derecho internacional

Los organismos internacionales, a lo largo de los años, han desempeñado una tarea fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos. Uno de los primeros rastros se halla en la visita de la Comisión Interamericana en 1978, la que, según destacó Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, “tuvo un impacto a nivel internacional porque permitió visibilizar fuertemente lo que estaba sucediendo y potenciar las voces que acá estaban tratando de ser silenciadas”.

Hazan, en diálogo con ANCCOM, destacó la primera Declaración sobre la Desapariciones Forzadas, aprobada por Naciones Unidas en 1992. Más tarde, en el 2006, se aprueba la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas y esa última declaración es el último gran logro de los familiares empujando por un derecho que proteja a las personas contra las desapariciones forzadas. Además, se creó un Comité contra la Desaparición Forzada. “Tiene la facultad de hacer cumplir la Convención y eventualmente hasta decidir sobre la responsabilidad internacional de los Estados que ratificaron la Convención, Argentina entre ellos”, señaló Hazan, quien fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Por otra parte, recalcó la existencia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas que desde 1980, por impulso de las denuncias que estaban haciendo los familiares de Argentina y de Chile, es el primer procedimiento especial temático de derechos humanos que creó Naciones Unidas. “Todos estos son mecanismos de Naciones Unidas que están muy atentos a lo que está sucediendo y están empezando a mandar comunicaciones al Estado diciéndole cuáles son sus obligaciones. Frente a este contexto nos vemos en la necesidad de utilizar estas herramientas del pasado para poder enfrentar el presente”, concluyó Hazan.

 

«Prestar testimonio es un acto de reparación»

«Prestar testimonio es un acto de reparación»

Jul 5, 2024 | DDHH, Destacado 3, slider

Se realizó la segunda audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la excomisaría Quinta de La Plata. Se terminaron de leer las acusaciones a Bergés, Saravia Day y Muñoz, quien seguirá excarcelado mientras dure el proceso.

El jueves se llevó a cabo la segunda audiencia de la causa caratulada Muñóz Pedro Raúl y otros, por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Comisaría Quinta de La Plata. La próxima audiencia será al regreso de la feria judicial, el jueves 8 de agosto a las 11:30, donde se tomarán las declaraciones indagatorias a los acusados Antonio Bergés, Pedro Muñoz e Ignacio Saravia Day. El Tribunal denegó el pedido de detención a Muñoz que habían solicitado la querella.

En la audiencia en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estuvieron presentes los jueces Karina Yabor y Ricardo Basílico, mientras que Andrés Basso participó de forma virtual por videoconferencia. En este juicio se investigan los hechos ocurridos en la Comisaría Quinta de la Plata que funcionó como centro clandestino de detención y maternidad clandestina entre los años 1976 y 1978.

En la audiencia del jueves se continuó con la lectura de cargos y responsabilidad a los imputados y se recordó que había otros dos imputados, Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, que no llegaron a ser juzgados por sus fallecimientos, pero remarcando su complicidad e involucramiento como integrantes de Policía Bonaerense y del Cuerpo de Infantería. En la audiencia se resaltó que la demora en que las causas sean elevadas a juicio, genera que los genocidas no sean juzgados en su debido tiempo.

A continuación, se nombró a los imputados que sí llegaron a juicio: el médico de la Policía bonaerense retirado Jorge Bergés, el policía bonaerense retirado Pedro Muñoz y el teniente retirado del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day. Bergés está acusado como partícipe necesario en la privación de la libertad y lesiones a Jorge Julio López, quién sobrevivió de la última dictadura cívico militar y luego fue desaparecido –condición en la que aún se encuentra- por segunda vez, en el marco del juicio de lesa humanidad Circuito Camps. También se lo acusa de ser partícipe secundario de torturas y de asistir partos de mujeres secuestradas. Los testimonios de sobrevivientes, entre otros el de Adriana Calvo, que prestaron declaración en los juicios de la verdad, aseguran que Bergés asistió a una mujer para que diera a luz en la cocina de la Comisaría, lo que desestima la insistencia del acusado en cuanto que no habría cumplido funciones en dicha dependencia.

Por otro lado, a Pedro Raúl Muñóz se lo acusa como partícipe secundario por 110 víctimas que habrían pasado por ese centro clandestino. Como se encuentra en libertad, las querellas realizaron un pedido para que se otorgue la prisión preventiva. Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido de detención a pesar de que no solo tenía conocimiento de lo que sucedía en el área restringida de la Comisaría, sino que también tuvo acceso a la misma teniendo el rol de guardia. Frente a esto, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante, Colleen Torres dijo en diálogo con ANCCOM: “Nos imaginamos que iba a ser denegada la prisión preventiva pero no queríamos dejar de solicitarla, no solo desde Abuelas sino del resto de las querellas y de la Fiscalía misma. Si bien sabemos, como lo expresó también el defensor oficial de Muñóz, que él viene cumpliendo todas las condiciones de conducta que se le han impuesto para llegar al juicio excarcelado, no es lo mismo estar esperando un juicio en libertad que estar en libertad con un juicio ya iniciado. No solo por una cuestión de seguridad corporal de los testigos, sino también para una tranquilidad de no cruzarse a los genocidas en las calles”.

Finalmente, se leyeron los cargos a Saravia Day: por un operativo policial en el que secuestró y torturó a Jose David Alekoski, Roberto Campos y Juan Ignacio Araujo.

Las querellas no postularon oposiciones a la elevación del juicio, pero presentaron sus miradas. Por un lado, Guadalupe Godoy perteneciente a la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Unión por los Derechos Humanos planteó la importancia de incorporar pruebas documentales, sin la necesidad de repetir testimonios que ya se hayan utilizado. Esto quiere decir que las personas que ya han declarado no sean llamadas a dar testimonio nuevamente.

Otra fue la posición de la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Colleen Torres, quien expresó que la nómina de testigos es mucha más acotada que el listado que puede ofrecerse, ya que con el paso del tiempo hay testigos y víctimas que quieren ir a declarar y otras que no. En conversación con ANCCOM expresó: “Cuando se le consultó a los familiares y víctimas si querían declarar hacía poco tiempo que había pasado la sentencia de Cicuito Camps, por eso se decidió incorporar los testimonios por escrito con su consentimiento. Como pasaron tantos años, en la audiencia preliminar de fines del año pasado, lo que sostuvimos desde esta querella es que había personas que cambiaron de opinión, que no querían que su testimonio sea incorporado por lectura, sino que querían prestar testimonio nuevamente. Por eso hay que revisar ese ofrecimiento de incorporación por lectura y poder consultarles a todos los testigos si quieren brindarlo de forma presencial”. Torre habla del valor reparador del juicio y del acto de testificar: “Prestar testimonio es una medida reparatoria para las personas victimizadas y sabemos que muchas personas manifestaron que quieren declarar, sobre todo por el contexto, porque sienten que hay que reivindicar su verdad, su historia, su lucha y la lucha de los sobrevivientes y los organismos”.