Patricia Bullrich responsabilizó a los propios fótografos por las heridas que recibieron por la represión policial. Fue en una respuesta ante la pregunta indignada de un colega de Pablo Grillo, el reportero que lucha por su vida. Hubo un camarazo de protesta y más de cien personas saturaron el hospital Ramos Mejía para donarle sangre al cronista herido.

Tras la feroz e impune represión de las fuerzas de seguridad en la marcha de hinchas y jubilados, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) organizó una conferencia de prensa por el ataque a un ex-estudiante de la casa, Pablo Grillo. El joven de 35 años recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno, disparada con un arma de fuego antes prohibida, y apuntada directamente a su ubicación mientras estaba agachado para hacer una fotografía. Su estado de salud es grave y delicado: el impacto quebró la parte frontal de su cráneo provocando una pérdida de masa encefálica. Se encuentra en terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía luego de una intervención quirúrgica. 

“A Pablo le tiraron a la cabeza con una de estas”, decía la vicepresidenta de aRGra, Alejandra Bertoliche, mientras levantaba en alto una bala metalizada de más de 20 centímetros de largo y cinco de diámetro. Las voces de la comisión directiva temblaban al reconstruir una historia que la comunidad de reporteros gráficos pensaba irrepetible. No era miedo; una ira frustrada hervía en la sala. Según Sebastián Vricella, director de la asociación, todas las presentaciones que hicieron hasta ahora para detener los ataques contra la prensa “caen en un saco roto. Ni un solo fiscal ni un solo juez se hacen cargo de la masacre que están causando. Usaremos todos los medios necesarios para hacer efectiva esta denuncia, como el Artículo 117 de la Constitución, para pedir un juicio político contra Patricia Bullrich. Necesitamos que el Congreso, los diputados y senadores nos apoyen, pero sobre todo la Justicia. Si no la desvinculan del gobierno, lo consideraremos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”.

Marcela Perelman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reconstruyó la operatividad legal del protocolo antipiquetes como medio para criminalizar y atacar la protesta, la manifestación y la libertad de expresión. Las pistolas lanzagases, utilizadas habitualmente por las fuerzas en las últimas manifestaciones estaban prohibidas antes de la asunción de Bullrich como ministra de Seguridad del actual gobierno por la Resolución 210/2011 de regulación de los operativos de seguridad en contexto de protesta social. Dentro de sus 21 puntos, el décimo especificaba la prohibición explícita de este arma, entre otras. En 2007, el asesinato del profesor y activista Carlos Fuentealba en una manifestación por la policía de la provincia de Neuquén, fue uno de los antecedentes que constituyó a la pistola como “potencialmente letal”.

Perelman explicó, por otro lado, que la decisión de reprimir por medio del nuevo protocolo fue premeditada, independientemente de los sucesos que ocurrieran en el momento: “Hay una amenaza preanunciada que genera un clima de enfrentamiento bélico. Culmina con las fuerzas de seguridad desatadas, sabiendo que tienen la autorización de actuar con estas armas reintroducidas. Es necesaria una investigación exhaustiva de las condiciones del operativo, de las responsabilidades materiales, jerárquicas y políticas. No es azaroso que ocurra un hecho crítico, grave y extremo como el de Pablo Grillo: se deduce de una serie de condiciones que, cuando se discuten, parecen abstractas, pero terminan con el disparo de un cartucho de este tipo”, concluye.

«Patricia Bullrich fue parte del gobierno que denunciamos en 1997 que habilitó las condiciones para asesinar a José Luis Cabezas. Fue Ministra de Trabajo en 2001, cuando hubo más de 40 muertos en la Plaza de Mayo. También fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, cuando alrededor de 50 reporteros gráficos fueron baleados y gaseados en 2017», denunció Miguel Goya.

“Hay un paralelismo algo oculto entre el crimen de José Luis Cabezas y lo que sucedió el miércoles -recuerda el abogado representante de aRGra, Miguel Goya-: Patricia Bullrich fue parte del gobierno que denunciamos en 1997 que habilitó las condiciones para asesinar a José Luis. Fue ministra de Trabajo en 2001, cuando hubo más de 40 muertos en la Plaza de Mayo. Patricia Bullrich también fue Ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, cuando alrededor de 50 reporteros gráficos fueron baleados y gaseados en 2017. Así como dijimos que no nos olvidemos de Cabezas, la impunidad de su crimen tanto como el de Pablo Grillo serán la condena de la Argentina.”

Las 17 horas y 18 minutos del miércoles 12 fue el momento exacto en el que Pablo recibió el disparo de las fuerzas de seguridad sobre su frente. Minutos antes, Pablo se preparaba para ubicarse detrás de las maderas incendiadas para fotografiar la teatralidad y el salvajismo de la represión. Horas antes, viajaba desde Lanús para acercarse al Congreso, porque sabía que iría a cubrir la marcha de hinchas y jubilados con su cámara, con la que va a todos lados, como cuentan sus amigos de toda la vida. 

-Es muy perfeccionista. Siempre lo ves agachado o acomodándose para hacer la mejor foto. Ésta se la hizo a mi hija cuando estábamos de viaje en Jujuy. Le decía ‘Ponete ahí, ahora allá’. Es muy generoso, yo lo adoro -contaba Buda, compañero de cancha desde hace 15 años; porque otra de sus pasiones, además de la fotografía, es el Rojo de Avellaneda. 

Cuando hablan de Pablo, sus allegados lo hacen con cierto énfasis que se les escapa hasta en los gestos corporales, como brotados de orgullo por el “pibe bueno” que es su amigo. La preocupación por su estado llevó a que más de un centenar de personas, conocidos y desconocidos, se acercaran a donar sangre para su rehabilitación. En cuestión de horas, las 70 solicitudes registradas fueron suficiente suministro; el enfermero repetía a disco rayado “Pablo está supercubierto. Si quieren, pueden donar para el hospital o acercarse otro día”. Con esa frase se encontró, por ejemplo, un hombre mayor con el que compartió vereda en la manifestación, momentos antes del disparo. Extraños totales, enlazados por la solidaridad.

El Ramos Mejía estaba conmocionado por el militante apasionado, herido violentamente por las fuerzas de seguridad; las mismas que, cada tanto, aparecían circulando en sus motos amenazantes por los alrededores del hospital.

-¡¡Asesinos!! -gritó a quemarropas un valiente. 

El ataque a la libertad de expresión por parte del propio Gobierno nacional es explícito y sistemático. Luego de su conferencia, aRGra convocó a un Camarazo en Yrigoyen y Solís, la esquina de las inmediaciones del Congreso donde Pablo fue herido. Mientras tanto, del otro lado de la 9 de Julio se daba la habitual ronda de Madres de Plaza de Mayo, al grito de “Nunca Más”.

Uno de las decenas de fotorreporteros que se acercaron bajo la bandera de la asociación era Pablo Cerolini. No aguantó la cólera al finalizar la conferencia en Monserrat, que se dirigió sin preámbulo hacia Recoleta. Quería entrar a la otra conferencia de prensa que se daba el mismo día, en el Ministerio de Seguridad, para ver a Bullrich a los ojos y preguntarle:

-¿Por qué las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, atacan siempre de manera tan directa a la prensa?

La ministra no levantó la mirada, guardaba sus cosas con desinterés de lo escuchado; un guarda intentó frenar la intervención del fotógrafo osado. Pero algo le habrá tocado el ego. A pesar de haber cerrado la reunión luego de tres preguntas sosas, Bullrich, con un gesto de asco palpable en su rostro, contestó:

-Nunca saben dónde ubicarse para no recibir el ataque.

Los fotógrafos se congregaron con orgullo frente a la bandera de aRGra, con las cámaras en alto, reivindicando su tarea democrática como testimonios escenciales en la reconstrucción de los hechos; molestos documentos infalibles que hacen trastabillar al poder. 

En sus cantos y gritos, Pablo estaba presente.