“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% en términos presupuestarios.

Encuentro en la Asociación de Mujeres en Argentina por los Derechos Humanos AMADH.

En un contexto de gran vulnerabilidad social y económica, la gestión de Javier Milei parece esforzarse en darle la espalda a las personas que más necesitan del accionar y el acompañamiento del Estado. En el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas que les brindan ayuda económica y asistencia enciende las alarmas.

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En lo que va del año, programas como “Restituir” y el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de Competencias Laborales para las Afectadas y los Afectados por los Delitos de Trata de Explotación de Personas” fueron eliminados a partir de la Resolución 246/2025.

Sumado a esto, el Decreto 1048/2024 ya había dejado sin efecto el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, que tenía por objetivo administrar los bienes muebles e inmuebles decomisados en causas judiciales relacionadas con los delitos de trata y explotación de personas, y el lavado de activos provenientes de dichos delitos, para luego ponerlos a disposición de las víctimas.

Además, el último informe realizado por la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) denuncia que el Comité contra la Trata, que funcionaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue trasladado, por medio del Decreto 318/2024, al ámbito del Ministerio de Seguridad, situación que no es recomendada por los organismos internacionales debido a la larga historia de connivencia entre las fuerzas de seguridad y el control de los prostíbulos.

En diálogo con ANCCOM, la doctora Aldana Ros, especializada en la temática de delitos de trata con fines de explotación sexual, expresa que “hay un incumplimiento de las obligaciones que fija para el Estado la Ley de Trata. El Estado tiene que brindar un acompañamiento y una asistencia no solo económica sino integral, que incluya recursos y herramientas que le permitan a una víctima llegar a imaginarse y comenzar un proyecto de vida”.

En este sentido, Ros remarca que no todas las víctimas son iguales. Cada una tiene sus propias particularidades, carga con una historia personal y con un derrotero que tiene que ver puntualmente con la trata. Por este motivo, es tan importante el acompañamiento que se les brinda y la atención a la salud física y mental para que logren desarrollarse, formarse y tener un trabajo. “Hay algunas víctimas que antes de ser explotadas sexualmente, cargan con otra vulnerabilidad de haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ya sea abuso sexual en la infancia o violencia física, verbal o psicológica en el ámbito intrafamiliar o alguna violencia que hayan recibido en algún vínculo de pareja. Es decir, son múltiples las causales por las cuales una persona ya tiene una determinada vulnerabilidad, y que la hacen más vulnerable a ser captada por aquellos sujetos que están detrás del delito de trata”, señala.

 Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH.

En este marco de abandono por parte del Estado, y también de complicidad para ocultar este delito, son las propias sobrevivientes agrupadas en diversas organizaciones sociales las que asumen la ardua tarea de acompañar a otras mujeres. Por su parte, Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH, expresa que “nos costó mucho el proceso de poder reconocernos primero como víctimas y después como sobrevivientes. Fue un proceso doloroso, pero fue bueno poder despertar y que nuestras propias voces sirvan para alentar a las nuevas generaciones. Desde ahí también una pelea interna nuestra de reconocernos como personas, porque este sistema nos había destrozado la autoestima, teníamos mucha culpa, cuando había un Estado muy cómplice con el proxenetismo”.

En AMADH, Graciela y sus compañeras trabajan día a día y codo a codo para visibilizar esta problemática hace más de veinte años. “En principio, nosotras nos organizamos para visibilizar los golpes y la persecución policial. Las instituciones que nos tenían que cuidar eran las mismas que protegían a los proxenetas y perseguían y eran cómplices de la explotación de las mujeres”, recuerda. Hoy en día, no es sólo patear las calles de Once, Flores y Constitución para hacer un relevamiento de las personas que se encuentran en esta situación, también es poner la oreja, construir un vínculo y acompañarlas en el difícil proceso de reconocerse como víctimas y llegar a la instancia de la denuncia.

Por su parte, Elena Moncada, sobreviviente y fundadora de la Asociación Civil Mujeres por los Derechos, hace lo propio desde “La Casita”, un centro de día ubicado en el barrio de Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. Allí se dictan talleres de oficio, de panificación, textil, manualidades, para sacar a las compañeras de la calle. “De esa plata rápida hasta que vienen acá, hasta que se empoderan, cuesta mucho. Cuando viene una chica nueva que cuenta de su violación, nosotras no decimos ‘mirá, este es tu fiolo, los clientes son los que te violan’. Nosotras hablamos de nuestras historias, de la vida, de los hijos. Sin hostigarlas, cada una hace su proceso y así pasaron 25 compañeras que dejaron esa maldita esquina”, comenta.

A nivel provincial, Moncada denuncia que tampoco existe un acompañamiento para las víctimas por parte del gobierno. “No hay ninguna política pública, solamente nos usan cuando viene el Día de la Trata. Nos incluyen en alguna cuestión pero en todos estos años, desde el 2009 hasta esta parte, jamás se acercó una funcionaria a decir ‘chicas me voy a poner la camiseta’”.

En este marco, Ros también señala la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en los programas de las escuelas para luchar contra el delito de la trata en un contexto marcado por la sobreexposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en las plataformas. Esta situación influye en el incremento de estas redes delictivas que utilizan imágenes y videos para la comercialización, la explotación sexual y la vulneración de la identidad. “Cuando hablamos de trata tenemos que hablar de la educación sexual integral y su importancia desde los primeros años de vida, adaptando los contenidos pedagógicos, desde el enseñar lo que es el respeto al cuerpo propio y ajeno, el respeto a la dignidad humana”. Y agrega que “la realidad es que las asociaciones civiles terminan abordando y desbordadas también por ocuparse de temáticas en las cuales el estado tiene falencias en políticas públicas o que directamente ni siquiera las tiene”.

Muchas de las sobrevivientes relatan su historia en las escuelas, para que niños, niñas y adolescentes puedan preguntar y debatir acerca de este tema, como en el caso de Moncada. “Cuento mi historia en escuelas y surgen preguntas de los chicos a falta de educación sexual integral. Desde este gobierno se paró muchísimo, estamos peleando para que la ESI no se saque y activamos protocolos”, comenta.

En este sentido, queda claro que la solución no es eliminar las políticas públicas sino dotarlas de contenido para que funcionen correctamente. Y en este proceso, es fundamental la articulación entre las asociaciones de la sociedad civil y el Estado. No sólo para adaptar los contenidos a las necesidades de las mujeres, sino también para sensibilizar a los profesionales en el tema a partir del trabajo y el aprendizaje conjunto entre las sobrevivientes y los funcionarios públicos. “No queremos asistencialismo, sino programas sociales de contención. Que el Estado entienda que tiene que estar presente. Esa política integral tiene que estar al alcance ahora, no de acá a tres meses, porque cuando la mujer pide ayuda las políticas tienen que estar”, expresa Collantes. En la misma línea, Moncada reflexiona que “tenemos que estar más juntas que nunca. Necesitamos políticas públicas integrales para acompañar a esas chicas que si esos tipos no van, los pibes no comen, no les pueden comprar un guardapolvo o el fiolo las caga a palos”.

“Hay que reclamarle al Estado políticas de inclusión, de educación, trabajo y salud para nosotras. Un espacio de educación para que los profesores que vayan tengan una perspectiva de género no discriminatoria. El abolicionismo tiene que trabajar para fomentar el trabajo, el estudio, la inclusión social”, reflexiona Collantes. En ese sentido, Moncada concluye que “el abolicionismo existe porque existimos las sobrevivientes o supervivientes. A mí me recontra destruyó la cabeza, porque dije ‘pará, nosotras somos súper valorables porque estamos sacando personas de la calle, cuando el Estado no lo hace”.  

“El delito de trata tiene una raíz económica”

“El delito de trata tiene una raíz económica”

Una sobreviviente de una red de trata cuenta los obstáculos que padeció a la hora de acceder al Poder Judicial. El papel de las organizaciones de ayuda y la necesidad de un Estado presente, tanto para acompañar a las víctimas como para educar y terminar con la demanda.

En Argentina, la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito federal. Sin embargo, el recorrido judicial que enfrentan las víctimas una vez que logran salir de esa situación suele ser largo, desgastante y, muchas veces, poco reparador. A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos y protección a las víctimas, los tiempos legales, las trabas burocráticas y la falta de perspectiva integral generan que muchas sobrevivientes no encuentren en la justicia una respuesta a la altura del daño sufrido.

María es sobreviviente de una red de trata. Escapó hace más de diez años, pero aún no logró obtener justicia. El juicio comenzó en 2017 y, pese a haber sido identificada por el Estado como víctima y haber colaborado activamente en la causa, el proceso no avanzó como debería. “Tuve que estudiar la ley de víctimas, hacer un curso, recibirme en la universidad para entender cuáles eran mis derechos”, cuenta en diálogo con ANCCOM.

Enfrentó audiencias reprogramadas, declaraciones reiteradas y un sistema que parecía no tener en cuenta su salud mental ni su situación económica. Su causa, que involucraba denuncias por amenazas, explotación, endeudamiento forzado y violencia, terminó con una sentencia por “facilitación y promoción” de la prostitución, sin que se reconociera el delito de trata.

Si bien la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos lo garantiza, a María nadie le informó que podía contar con un abogado gratuito. “Me dijeron que actuaba el fiscal de oficio o me pagaba uno. Claramente, la plata no la tenía”, recuerda. Esa falta de información es una constante. “La gente no ejerce sus derechos porque no los conoce”, afirma.

Romina, integrante de Pibas Abolicionistas, la acompaña desde hace tiempo y resume lo que ve con frecuencia: “Las causas no se llevan como trata, sino como facilitación. Las oficinas se ofenden si una sobreviviente llama a preguntar. Las tratan mal para que se cansen, para que dejen de insistir. No es desidia: es una decisión política”.

Una de las preocupaciones principales es la falta de garantías para la seguridad de las víctimas. María sostuvo durante seis años su denuncia, sin custodia ni respaldo económico o habitacional. Declaró durante siete horas sin que siquiera le ofrecieran un vaso de agua. “¿Qué pasaba si me descomponía? A nadie le importaba”, recuerda.

El trauma, asegura, no se va solo. Requiere acompañamiento psicológico sostenido, algo que tampoco recibió por parte del Estado. Mientras tanto, su explotador recibió apenas cinco años de condena, de los cuales ya cumplió dos en prisión preventiva.

Otro punto crítico es la dimensión económica del delito. A María le ofrecieron un resarcimiento de un millón de pesos, pero esa suma ni siquiera alcanza para cubrir las deudas que su proxeneta sacó a su nombre mientras la tenía bajo su control. “El delito de trata tiene una raíz económica: te explotan para lucrar con vos. Si el Estado no restituye esos derechos patrimoniales, no hay reparación real”, explica Romina.

La ausencia de asistencia integral es una constante: sin apoyo psicológico, sin recursos económicos, sin acompañamiento judicial. “¿Con qué cara le decimos a las víctimas que vayan a la Justicia si lo que les espera son juicios eternos, condenas irrisorias y una reparación menor a un sueldo mensual promedio?”, se pregunta Romina. Y remata: “El Estado se comporta como una organización criminal”.

La falta de respeto, la burocracia y el destrato hacen que muchas sobrevivientes ni siquiera lleguen a juicio. “El mensaje que te queda es claro: no denuncies, porque si lo hacés, la vas a pasar mal”, dice María. “Y además, a un tipo que esconde personas le dan cinco años. A alguien que roba un celular, tal vez seis”.

Frente a ese panorama, el rol del acompañamiento colectivo se vuelve clave. “Aunque no seamos abogadas ni psicólogas, es el hecho de que haya alguien al lado tuyo, yendo con vos a un lugar donde seguramente te revictimicen y tengas que remover un montón de cosas”, explica Sol, también integrante de Pibas Abolicionistas. “Ese acompañamiento presencial, el saber que hay alguien pendiente de cómo estás y que te sostiene, alivia”.

Desde su militancia, también cuestiona el discurso que habla de la prostitución como una elección individual. “Es un poco neoliberal hablar de libertad de elección tan livianamente. Es desconocer todo el contexto social, histórico y político que lleva a que una mujer esté en situación de prostitución”, sostiene.

Esa mirada, dice, también invisibiliza al otro lado del sistema: los varones que pagan. “Se pone el foco en las mujeres, no en los varones que las demandan. Además, no es realista. Se construyó una visión romantizada donde la mujer prostituida elige, tiene agencia, está en un circuito glamoroso. Pero cuando ves los números y conocés los casos, te das cuenta de que la mayoría está siendo explotada por uno o varios proxenetas, y que lo que viven son experiencias traumáticas”.

Sol también advierte sobre el riesgo de reglamentar la prostitución: “Si se legaliza, los proxenetas pasan a ser empleadores. Podrían enriquecerse tranquilamente con el amparo de la ley. El Estado pasaría a ser proxeneta también. Por eso no es casualidad que haya tantas campañas para legalizarla”.

Viviana es educadora y forma parte de la Convocatoria Abolicionista Federal. Desde su rol, acompaña a mujeres en situación de prostitución y advierte sobre una problemática estructural: el Estado está ausente. “Somos un país abolicionista, pero nadie lo sabe. No hay una bajada clara, no se nombra el abolicionismo, no se educa desde ahí”, denuncia en diálogo con ANCCOM.

Para Viviana, hay un mito que todavía circula y genera confusión social: “Es el de la puta inteligente, estudiante, feliz y millonaria”, subraya. Las historias que ella ve todos los días son otras: mujeres precarizadas, sin redes, sin recursos, sin asistencia. “A una víctima de trata la tienen que acompañar al menos siete personas: psicólogas, psiquiatras, asistentes sociales, gente que la defienda, que la acompañe cuando tiene que declarar. Y no hay nadie. Somos redes de mujeres las que sostenemos a estas otras mujeres”.

Ese sostén, insiste, es concreto y cotidiano: preparar un plato de comida, cuidar a sus hijos, conseguir un colchón o un abogado. “María pudo llegar al juicio porque hubo una red atrás. Una red que hace todo eso que el Estado no hace”. Porque no se trata solo de llegar a la justicia: se trata de sobrevivir mientras tanto.

“La mujer prostituida no recibe ayuda de nadie. En ningún lugar del país el Estado está dando respuestas”, afirma Viviana. Y señala que la única forma de romper con ese círculo es a través de la educación. “Yo soy educadora y sé que, si no empezamos a hablar de esto en las escuelas, no hay forma de cambiar nada. Pero llevás guías al Ministerio y ni siquiera te reciben. No hay voluntad política”.

Una estatua para no olvidar

Una estatua para no olvidar

Se inauguró en la Feria del Libro «La niña y la Paz», una escultura que recuerda a las mujeres coreanas esclavizadas sexualmente por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Las presiones para no recordar.

El viernes 25 de abril se inauguró en la edición número 49 de la Feria del Libro la estatua de la Niña de Paz, símbolo de mujeres coreanas esclavizadas sexualmente por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y llevadas a estaciones llamadas eufemísticamente “del confort”.

La actividad estuvo organizada por las asociaciones culturales: Coreanos en la Argentina y la Fundación Man You, presididas por Dante Choi. Estas organizaciones cuentan con dos stands en el pabellón amarillo del predio ferial, en uno de ellos se exhiben libros traducidos de autores coreanos y en el otro la estatua, rodeada de cuadros del fotógrafo japonés Tsuyaka Yajima.

La estatua llegó al país en 2022. La idea original era que tuviera su lugar en el predio de la ex ESMA. Sin embargo, por presiones de la Embajada japonesa en Argentina no fue posible. “No hay en este momento reconocimiento de parte del gobierno japonés de esta historia –señala Choi-; niega estos hechos históricos. Por eso es importante que nosotros insistamos, persistamos en este reclamo, porque con el paso del tiempo se olvida, pasan las generaciones y no vamos a poder aprender de los errores del pasado”.

Sobre las dificultades que se encontraron a la hora de exhibir la estatua y la decisión de hacerlo en la feria, Choi aclara que se trabajó mucho para poder instalarla, se tuvieron muchísimas dificultades, y la idea es encontrar un lugar para que tenga una instalación permanente. “Creía que íbamos a lograr un impacto muy grande y muy importante instalándola en la Feria del Libro, porque es un entorno con concurrencia masiva, la gente viene por los libros y los derechos que se enseñan en este lugar”, apunta.

El día también se presentó también Keum Suk Gendry-Kim, la autora del libro Hierba, que narra la historia real de Lee Ok-Sun, una sobreviviente del tormento japonés, quien durante la Segunda Guerra Mundial había sido secuestrada  y prostituida por militares japoneses, Gendry-Kim en diálogo con ANCCOM, explicó su motivación para retratar esta historia: “Las víctimas femeninas no sólo ocurren en tiempos de guerra, sino que el duelo femenino ha estado ocurriendo en todo el mundo durante mucho tiempo, y es por eso que decidí hacer esta pieza por mi interés en las mujeres”. Por otro lado, explicó que esta historia la cuenta como mujer, sin importar la nacionalidad ni la ascendencia, es una historia universal.

La estatua llegó al país en 2022. La idea original era que tuviera su lugar en el predio de la ex ESMA. Sin embargo, por presiones de la Embajada japonesa en Argentina no fue posible.

Este año, además, es la conmemoración del 60° aniversario de la inmigración coreana en la Argentina y el 80° aniversario de la liberación de Corea del Sur y Corea del Norte, en agosto de 1945. “Es de una importancia muy grande poder informar y divulgar nuestra historia, nuestra historia triste, historia moderna coreana –opina Choi-, es el gran sufrimiento de muchísimas personas y la idea es poder divulgar para que esto sea símbolo de la violencia de género sexual de todas las mujeres y también identificar el dolor que se sienten las víctimas de violencia sexual en Argentina”.

Por otro lado, la investigadora del Conicet María del Pilar Álvarez, explicó sobre la relevancia de la inauguración de la Niña de la Paz. Señaló que es muy importante porque tenían la estatua desde el año 2022, sin poder encontrar un espacio debido a las pujas internas del país en torno a los derechos humanos.

La estatua por el momento no cuenta con un destino fijo a la vista, sin embargo desde la Asociación Civil de los Coreanos en la Argentina y la Fundación Man You están en tratativas con varias instituciones para encontrar un lugar de exhibición permanente, de no poder hacerlo, se continuará presentando en los lugares donde haya una concurrencia masiva.

La pandemia se ensañó con las prostitutas

La pandemia se ensañó con las prostitutas

Un estudio del CONICET junto con la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina señaló que, tras el aislamiento, el 74% de las entrevistadas acumuló deudas por alquiler, el 55% sufrió amenazas de desalojo y el 24% se vio obligada a dormir, al menos una vez, en la calle.

La pandemia por covid-19 aumentó los niveles de precarización en muchos sectores de la sociedad y puso sobre la mesa una serie de desigualdades estructurales que hoy están siendo visibilizadas. Ese es el caso de las personas que se dedican al trabajo sexual, cuya situación de vulnerabilidad se profundizó en este contexto. De modo que, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se acercaron al CONICET con el objetivo de relevar el estado actual del sector, en pos de esbozar alguna propuesta de política pública que vele por una mejor calidad de vida. Así nació el Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En palabras de Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, este informe busca: “Poder dar cuenta de la forma de vida comunitaria de las trabajadoras sexuales, de la incapacidad de acceder a una vivienda y de las dificultades que aún hoy se nos presenta día a día para alquilar una habitación en un hotel. Y para dar cuenta, también, de la ausencia del Estado y, sobre todo, del rol que tuvo la policía en todo este contexto de crisis sanitaria”.

El relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, mayores de 18 años, que habitan el barrio porteño de Constitución. El informe se centra, principalmente, en dos aspectos: el acceso a la vivienda y la violencia policial. En tal sentido, Orellano señala: “Las trabajadoras sexuales vivimos la pandemia como uno de los momentos más difíciles que debimos atravesar como colectivo. Fue un contexto de mucha angustia e incertidumbre, donde atravesamos muchas dificultades que tienen que ver con lo alimentario, con lo habitacional y, sobre todo, con el recrudecimiento de la violencia institucional”.

«Se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación de precariedad de todo el colectivo”, afirmó Cecilia Varela.  

Emergencia alimentaria y habitacional

Según los datos que arroja el informe, el 88% de las entrevistadas alquila y 8 de cada 10 lo hacen en casas de pensión o alquiler. Inclusive, hubo una pequeña porción de las entrevistadas que, al momento del relevamiento, se encontraba en situación de indigencia: el 8% de la población vivía en un refugio o en situación de calle. No obstante, un 24% había tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

La investigación fue liderada por la antropóloga Cecilia Varela, quien estuvo acompañada por su equipo de trabajo. La investigadora afirma que “en los primeros meses de la pandemia se multiplicaron las amenazas de desalojo por toda la Ciudad y, por supuesto, los trabajadores en la informalidad fueron aquellos que más difícil la tuvieron para producir ingresos que permitieran costear los alquileres. Al volverse eso imposible, se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación mucho más profunda y estructural de precariedad de todo el colectivo”. El 55% sufrió amenazas de desalojo y, alrededor del 50%, se mudo más de tres veces durante la pandemia.

 Además, “el 74% acumuló deudas por el alquiler de la vivienda; y esa es una población que sale endeudada por la imposibilidad de haber costeado sus alquileres durante los meses en que estas trabajadoras, que están en mercados informales, no pudieron generar ingresos. Por otro lado, el 61% sufrió aumentos de alquiler, eso quiere decir que el congelamiento de alquileres que se había establecido el decreto 320 no se cumplió”.

En el marco de este contexto crítico, desde AMMAR pusieron en marcha distintas estrategias de “construcción organizativa” para subsistir. “No hubo cuarentena para las delegadas de los hoteles, de los barrios, ni para las referentes de AMMAR”, asegura Orellano. La dirigente cuenta que en todas las sedes del sindicato, a la entrega de preservativos y elementos de higiene, se le sumó la asistencia alimentaria. El gremio también tuvio un rol central en el acompañamiento legal de las denuncias de violencia policial. Así como, por otro lado, puso en marcha la creatividad para asistir a aquellas compañeras que no tenían permiso para circular y vivían lejos de la zona, de manera que se veían imposibilitadas de trabajar.

Respecto al rol del Estado, Orellano hace hincapié en que las instituciones estatales con las que articulan, en una primera instancia desconocían las problemáticas y las demandas del colectivo, pero fueron aprendiendo en el camino. Durante la pandemia, la Casa Roja se transformó en una sede de acompañamiento y de asesoramiento: desde AMMAR se pusieron al hombro la tarea de averiguar, caso por caso, si sus afiliadas podrían aplicar a algún plan social, tarjetas alimentarias o subsidios habitacionales.

La digitalización obligada implicó una gran dificultad “ya que, no solamente en nuestro colectivo muchas no cuentan con herramientas como un celular o conexión a wifi, sino que en algunos casos tampoco cuentan con el conocimiento de cómo hacer un trámite online, por ejemplo, o como bajarte el DNI al celular, que en otras generaciones está super claro”, explica Orellano. En tal sentido, señala la importancia de que el gobierno contemple estas limitaciones a la hora de diagramar políticas públicas.

Al momento del relevamiento, el 71% de las trabajadoras sexuales tenía acceso al menos a un programa social estatal. Los datos estadísticos evidencian que el acceso a programas habitacionales, programas alimentarios (la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el programa Ciudadanía Porteña) y al Potenciar Trabajo aumentó entre un 22% y el 26%.

Nunca con la yuta

Otra de las preocupaciones que aborda el informe es “el aumento de las denuncias contravencionales por oferta y demanda de sexo en el barrio de Constitución, a contrapelo de la tendencia general en la Ciudad hacia la disminución entre los años 2019 y 2020. Se redujo a la mitad en un barrio típico de trabajo sexual, mientras que en Constitución aumentó a más del doble”, afirma Varela. En tal sentido, explica que la particularidad de Constitución es que se trata de un barrio en el que las trabajadoras sexuales, además de desarrollar su oficio, viven.

“Este aumento no se dio solo por la actitud proactiva de las fuerzas de seguridad, sino también por las denuncias de los vecinos. Entonces, ahí creemos que las alertas por los cuidados sanitarios se sobreimprimieron sobre poblaciones que ya son consideradas indeseables y peligrosas por los vecinos del barrio, quienes sistemáticamente las denunciaron en los canales que dispone el Ministerio Público Fiscal”, continúa.

Según el relevamiento, el 73,3% de las encuestadas experimentó alguna situación conflictiva con la policía: a más del 50% les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron; a más del 30% las hostigaron, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no respetaron su identidad de género o las insultaron. El resto de las situaciones refieren a ser detenidas en la comisaría; que no actuaran frente a un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que hayan realizado; o haber sufrido violencia física u hostigamiento.

Inclusive, en muchos casos, la policía utilizó el artículo 205 del Código Penal (que establece la detención del que violare las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia), para controlar los movimientos de quienes ejercen el trabajo sexual incluso, en algunos casos, cuando iban a adquirir los elementos básicos para la subsistencia.

Varela señala que una de las recomendaciones que proponen desde el equipo de investigación es la “derogación del Artículo 86 del Código Contravencional, que penaliza la oferta y demanda de sexo porque, como ya viene demostrándose, esas actas no se traducen en condenas judiciales. La última condena judicial es del año 2016, pero la persistencia de ese artículo, habilita el hostigamiento permanente de las trabajadoras sexuales”.

Orellano señala que también se pensaron políticas que aporten a la desestigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que existe una construcción social de criminalidad sobre ellas. Eso se traduce en que “el 70% de las intervenciones que realiza la policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al artículo contravencional 86, surgen a partir de denuncias de los vecinos”. Por ende, “es importante poder realizar campañas que logren desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, que las ponga nuevamente como un sujeto porque también son vecinas que pueden generar canales de diálogo para resolver los conflictos de otra manera, y no bajo la intervención punitiva”, asegura.

Otras de las recomendaciones son “poder pensar políticas públicas que contengan la realidad y los modos de vida de manera comunitaria que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual. Cuando se piensan políticas estatales para el acceso a la vivienda, se piensan políticas que no contemplan que hay personas migrantes que no tienen documentación, que los subsidios habitacionales no abarcan la totalidad real de lo que las compañeras abonan. Estamos hablando de subsidios habitacionales con un piso ocho mil pesos, cuando las compañeras pagan a partir de dieciséis mil pesos una habitación. Se pensó en programas de acceso a la vivienda que contemplan digamos esta realidad”, concluye la Secretaria General de AMMAR.

Abolicionistas y regulacionistas debaten en la pantalla

Abolicionistas y regulacionistas debaten en la pantalla

Salir de Puta es un documental independiente que aborda los debates en torno a la prostitución. A través de un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual, pone sobre la mesa las discusiones en torno a la reglamentación y el abolicionismo. Este film, dirigido por Sofia Rocha, fue seleccionado para participar del 24° Festival Internacional de cine de mujeres Flying Broom, un evento feminista que se está llevando adelante en Turquía. La película se estrenará hoy a las 14.30hs en Argentina por streaming.

“No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro”, dice la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, en el documental. Siguiendo esta lógica, el film recolecta y contrapone las voces de distintas mujeres que narran en carne propia sus vivencias, explican sus posturas, sus reclamos, y discuten el rol del Estado. “Muchas veces vi este tema abordado desde la romantización total o solamente exponiendo la cuestión de las víctimas de trata. A medida que fui conociendo el debate entre las posturas abolicionistas y reglamentaristas en el propio movimiento de mujeres fue creciendo el interés por tratar el conflicto y las ganas de generar herramientas para poder abordar los distintos aspectos de esta realidad y su gran complejidad. Esto me impulsó a buscar a las protagonistas reales de carne y hueso, tanto las que se consideran trabajadoras sexuales como las mujeres en situación de prostitución que quieren salir de ella, quienes ponen día a día el cuerpo para contraponer sus puntos de vista a través de sus historias de vida, deseos y convicciones”, explica Rocha.

Sofia Rocha, directora de Salir de Puta.

Según Rocha, la película aborda distintos ejes y posturas: “Si la prostitución es o no un trabajo; qué pasa cuando además del cuerpo se pone la sexualidad en la relación de compra-venta; si está bien o no que un tercero (conocido como proxeneta) puede apropiarse de parte de la ganancia como en cualquier otro trabajo; cuál es el rol de las fuerzas policiales, jueces, y toda la estructura estatal al respecto; cuál es la relación entre la prostitución y la trata; qué acciones llevan adelante las distintas organizaciones frente a las necesidades y problemáticas varias, y a qué futuro apuntan”.

Como referentes del regulacionismo aparecen, entre otras, Georgina Orellano y Valeria del Mar Rodríguez, ambas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Para ellas el debate en relación a si el trabajo sexual es o no trabajo, ya está saldado: “Nosotras queremos derechos como cualquier trabajador”, afirma Ramírez.

Desde la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMDH), presidida por Gabriela Collantes, levantan la bandera del abolicionismo. Una de sus militantes, Delia Escudilla, quien se auto define como sobreviviente, define a la prostitución como “una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer”.

Otra dimensión de la postura abolicionista es la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Margarita Meire, fundadora de Madres Víctimas de Trata, transformó el dolor por la desaparición de su hija en militancia. La organización trabaja incansablemente desde hace 35 años para terminar con la trata y abolir la prostitución. Al día de hoy, ha logrado recuperar a decenas de chicas secuestradas. Para grabar estas escenas, desde el equipo de producción tuvieron que trabajar con especial cuidado. “Por un lado por las víctimas, pero por el otro por el nivel de entramado de connivencia política, judicial y policial que existe. A Margarita, cuya organización ha desmantelado varios prostíbulos, la han amenazado de muerte reiteradas veces; hasta han tiroteado la puerta de su casa que también funciona como comedor en Constitución”, cuenta la directora.

Con este cuidado y una sensibilidad notable, la película logra abordar un tema complejo. A través de planos cerrados, íntimos, las entrevistadas se dejan conocer. Rocha cuenta que hubo una búsqueda para que quienes vieran la película pudieran ponerse en el lugar y adentrarse en la vida de las protagonistas. Por otro lado, entendían que “las vivencias de estas mujeres y el ejercicio de la prostitución implicaron poner el cuerpo a un nivel muy alto, por lo tanto esos cuerpos están especialmente caracterizados, marcados y atravesados por esas experiencias”. En ese sentido, “se merecían ese acercamiento respetuoso mientras iban exponiendo y defendiendo férreamente sus posiciones políticas, filosóficas y sus decisiones de vida. Mientras tanto, seguían, una vez más, poniendo el cuerpo; ahora frente a la cámara y la pantalla”, explica la directora.

Rocha creció en el seno de una familia de mujeres rebeldes, donde era común cuestionar para transformar. Desde temprana edad le interesó el debate en torno a la prostitución y fue dando la discusión en distintos espacios, como lo fueron los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres. “Para mí la prostitución es un eje bastión en las sociedades, a pesar de ser todavía ‘tabú’ en su doble moral. Cuando una escucha las historias de estas mujeres, las anécdotas con los clientes o prostituyentes (dependiendo la narradora), entiende buena parte de las lógicas sociales y patriarcales arraigadas históricamente. Muchas de las cuales luchamos por desarmar y cambiar”.

Salir de puta es su primer largometraje. Surgió como producto de su tesis de licenciatura en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto tuvo su inicio en el 2018. La investigación duró alrededor de un año, al mismo tiempo que iban grabando. En él participaron Sofía De Luca, Belén Nuñez, Juan Tamagno y Victoria Mathé Leitner.

Rocha cuenta que, si bien las distintas personas que conformaron el equipo de trabajo tenían posiciones diferentes, todas las mujeres están atravesadas por el debate en torno a la prostitución. “Queramos o no, los roles social e históricamente construidos de ‘la puta’ y ‘la santa’ nos atraviesan en muchos ámbitos. Y eso fue un punto de partida común con las y los integrantes del equipo, a pesar de que teníamos acuerdos y desacuerdos”. En ese sentido, explica que lo más interesante de rodar esta película “fue el proceso de idas y vueltas, cambios de posiciones y aprendizajes. Muchas cosas las desconocíamos; poder conocerlas y entender las distintas posturas y sus interlocutoras nos fue permitiendo a mí y a todo el equipo adquirir una perspectiva compleja e integral”.

Con respecto al debate, Rocha dice que hoy no están dadas las condiciones políticas ni económicas para que se pueda saldar. Sin embargo, a modo de síntesis de su indagación propone tres medidas urgentes “primero, garantizar que quienes ejercen la prostitución autónomamente no sean perseguidas ni criminalizadas, algo que está establecido así en la Argentina pero que coexiste con códigos contravencionales provinciales que habría que derogar para que esto fuera una realidad. Por otro lado, garantizar opciones laborales y educativas para quienes quieran salir de la prostitución. Y, por último, actuar en consecuencia para combatir el proxenetismo y desarmar las redes de trata con fines de explotación sexual; como así también el aprovechamiento que hay de las fuerzas policiales de las personas en prostitución, inclusive cuando ‘la ley’ está de su lado”.

“Lo que es seguro es que ninguna de las que aparece en la película está de acuerdo con el modelo prohibicionista, algo que en otros países y en un período acá en Argentina ya se demostró que lo único que logra es ocultar el tema, hacerlo clandestino y vulnerar aún más a las personas prostituidas mientras se favorecen los empresarios, jueces y funcionarios que manejan las redes”, cierra la directora.