Jul 14, 2021 | Novedades, Trabajo
El lunes 12 y martes 13 de julio se realizó un paro general de hospitales públicos junto con movilizaciones frente a la Jefatura de Gobierno porteña integradas por médicos residentes, concurrentes, y enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas jornadas fueron una continuación de las medidas de fuerza que este sector viene llevando a cabo desde principio de mes: el 1 de julio comenzó con jornadas de lucha en la Provincia de Buenos Aires, el 7 y 8 la lucha fue nacional, extendiéndose a 20 provincias. El 9 de julio, 3.000 trabajadores de la salud protestaron en Mendoza.
Las negociaciones paritarias del Estado con el gremio de sanidad del ámbito público son las de mayor conflictividad. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa -el sindicato que agrupa gremios de la salud de distintas provincias y demás jurisdicciones-, en diálogo con ANCCOM expresó: “Con la excusa de la pandemia se han avasallado más derechos de los trabajadores de la salud y, a la vez, se ha puesto de manifiesto la urgencia de mejoras en el sector. Muchos aplausos y loas para el personal de salud, pero la cruel realidad es que no hay ningún tipo de reconocimiento para quienes cuidamos. No hubo mejoras en las condiciones de trabajo, ni tampoco en nuestros salarios; ni siquiera hay perspectivas de cambio por parte de los gobiernos, tanto de Nación como los provinciales y los municipales”.
El principal reclamo de los trabajadores de la sanidad es la reapertura de las paritarias y un aumento en sus salarios. La proyección inflacionaria oficial anunciada por el ministro de Economía Martin Guzmán a comienzos del año fue del 29%, pero ya en los primeros cinco meses se acumuló un aumento del 21,5% según el INDEC. Este mes, los gremios de todos los sectores de la economía han buscado adelantar las negociaciones con un piso de aumento de alrededor del 45% pero no todos lo han conseguido. Mientras que el gremio de camioneros, el de los bancarios y el de los trabajadores del Congreso firmaron paritarias del 45% en cuotas para fin de año, los trabajadores de la sanidad apenas percibieron un aumento del 30%. Jorge Yabkowski, el secretario general de Fesprosa, indicó que buena parte de las paritarias en todo el país cerró con una pauta a diciembre de entre 29 y 35% en promedio, en función de las expectativas que había a principios de año. “Si no hay renegociación habremos perdido un 20% del salario real en comparación a cuando inició la pandemia”, sostuvo cuando fue consultado por ANCCOM. En lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires, desde la última paritaria se acordó un aumento en cuotas del 5% y del 10% hasta llegar al 30% para fines de año. Hector Ortiz, el secretario general de ATE en el Hospital Durand, explicó: “Nos pagaron el 10% en mayo y con eso tenemos que llegar hasta octubre. Después hay que esperar hasta casi fin de año para otro aumento. No alcanza. Los precios se están comiendo los salarios. Hoy mismo ¿cómo hace un empleado con $40.000 para vivir?”.
“El piso de derechos no está y hay una anarquía de regímenes de trabajo y de remuneraciones en nuestro país muy grande. Las paritarias que rondan el 45% de aumento se dan en el ámbito privado, que por un lado, no está alcanzado por el ajuste, y por otro lado, es un convenio colectivo unificado. En cambio, las paritarias en la salud pública se dan de manera fragmentada: hay 24 negociaciones provinciales, y a la vez, se negocia en los municipios que tienen salud a cargo, como en Buenos Aires que hay 130 paritarias independientes. Es por ello que también pedimos que haya una paritaria nacional de salud para el medio millón de trabajadores que somos. El reclamo es que los gremios nacionales puedan discutir con el Ministerio de Salud y las provincias, dentro de un mismo régimen de trabajo”, cuenta Yabkowski.
A los trabajadores de la salud porteños que se toman los cinco días de licencia extra por su labor intensiva en la pandemia, no les permiten cobrar el bono salarial otorgado por Nación.
El sector público es el que tiene menor piso salarial en una economía nacional acotada por el endeudamiento externo y las políticas de reducción del déficit fiscal. Al subsector sanitario se le añade como desventaja el hecho de que las paritarias tengan lugar en cada jurisdicción de forma independiente. Esto conlleva a un panorama diversificado con regiones con menor capacidad de negociación con el gobierno, debido al número de afiliados, siendo en algunas regiones menos flexible que otras. Boriotti sostuvo: “El objetivo es que haya condiciones contractuales similares en todo el país”.
A pesar del trabajo sin respiro que tuvo buena parte del personal de salud en el sector público durante una pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) ofrece sólo cinco días de vacaciones. Sin embargo, también por directivas del mismo G.C.B.A. el goce de esta pausa exime a los trabajadores de la sanidad de cobrar el bono de $6.500 otorgado por el Gobierno de la Nación por cumplimiento efectivo. “En los hospitales te dicen que si te tomas esos días no te pagan el bono que da el Gobierno nacional. Con la necesidad de un buen sueldo que tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder ese extra, entonces, el descanso no está”, comentó Hector Ortiz.
Otro punto de reclamo es la Resolución N°4 promulgada por el Gobierno de la Nación. “Se obliga a volver a trabajar a aquellos que ya están vacunados, por más que padezcan ciertas enfermedades preexistentes, como diabetes, asma u obesidad mórbida. Esto constituye un incumplimiento de la Ley Silvio porque se ejerce violencia sobre los trabajadores de la salud con comorbilidades al exponerlos a una alta carga viral. No es lo mismo atender en un hospital que ser bancario. Es un acto criminal que las patologías que llevaron a la muerte a 600 trabajadores de la salud no sean consideradas válidas para continuar de licencia”, dijo la presidenta de Fesprosa.
Según Ortiz, miembro de ATE Capital, los trabajadores de la sanidad buscan unificar las medidas de lucha y ampliar la convocatoria para la semana que viene. A su vez, Fesprosa reclama por una paritaria unificada y justa para todas las jurisdicciones. Yabkowski, secretario general, aseguró: “Hay conflictos todos los días. El miércoles 14 de julio vamos a estar en La Matanza y vamos a salir con los municipales a exigir paritarias ahí. Planteamos el apoyo a cada una de las jurisdicciones y a su vez pedimos por la paritaria nacional.”
May 3, 2021 | Novedades, Trabajo
Autoconvocados de San Martin de los Andes, Junin de los Andes, Zapala y Piedra del Aguila.
Tras dos meses de protestas, los trabajadores de salud de Neuquén consiguieron esta semana un aumento escalonado hasta fin de año que llegará al 53%. El nuevo acuerdo reemplaza al anterior, pactado en las paritarias de febrero, cuando la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmó por un 15% de incremento hasta julio. Esa cifra había sido rechazada por el conjunto de los estatales y los trabajadores de la primera línea contra la pandemia alzaron la voz con distintas medidas de fuerza que incluyeron numerosos cortes de ruta en la denominada Ruta del Petróleo.
ATE Neuquén informó que el martes 27 de abril aceptó la oferta salarial enviada por el gobierno provincial el día anterior en el marco del conflicto con el sector de salud que trascendió las fronteras mediáticas de la provincia. El Secretario General de la seccional neuquina de ese sindicato, Carlos Quintriqueo, aseguró a este medio que “en cada seccional se hicieron las asambleas generales y en la Confluencia, donde está el Consejo Directivo (provincial), se hizo la asamblea general de más de 1.600 compañeros de todos los sectores”. Sin embargo, desde el sector de Autoconvocados rechazaron la propuesta y denunciaron maniobras fraudulentas en la asamblea en cuestión.
Desde la zona norte de la provincia enviaron un comunicado de prensa en el que expusieron la situación: “Denunciamos públicamente maniobras fraudulentas y para nada transparentes en la metodología de la conducción gremial de aceptar una recomposición salarial para los trabajadores estatales ya que según se ha podido comprobar en videos que circulan públicamente no se ve reflejada la opinión de seccional ATE Chos Malal con su voto negativo (personal de Salud, EPAS, EPEN, Manejo del Fuego, Delegación de Trabajo, Auxiliares de Servicio, Vivero provincial, Acción Social).”
Quienes también se sumaron a las denuncias contra la conducción provincial de ATE fueron los y las trabajadoras de salud. Según consta en un acta: “La conducción de la asamblea, en las personas de la Sra. María Martínez y Soraya Abraham, no realizó el recuento de los votos por el rechazo de la propuesta salarial y tampoco por la aprobación”.
En igual sentido se expresó en un extenso comunicado Alfredo Marcote, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) – Autónoma, seccional Neuquén: “ATE rechazó el acuerdo, porque las verdaderas asambleas de trabajadores, han rechazado por unanimidad la oferta salarial que el gobierno pre acordara con Quintriqueo”.
Tal como informó este medio, fueron 60 los días en que los reclamos tomaron la forma de notas, cartas documentos, marchas y cortes. En las últimas tres semanas las medidas de acción directa se intensificaron y en asamblea interhospitalaria, ese sector díscolo de la dirección provincial del sindicato de trabajadores estatales resolvió permanecer en la ruta hasta que el gobernador Omar Gutiérrez atendiera sus reclamos.
Tales pretensiones se vieron postergadas por el silencio que mantuvo Gutiérrez durante el conflicto, período en el cual muchos se preguntaban por su paradero. Ante este panorama y con la segunda ola de Covid-19 al acecho, los huelguistas intensificaron las protestas. Con bloqueos en la Ruta del Petróleo, como se denomina a la zona que une los yacimientos productivos. Dichos cortes afectaron los intereses de las operadoras en yacimientos de Vaca Muerta, especialmente las dos principales productoras de gas YPF y Tecpetrol, esta última del Grupo Techint. Según estimaron desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las pérdidas para las empresas se estiman en más de 27 millones de dólares desde que comenzó el conflicto pero, además, la menor producción de gas obligará al Estado a importar con urgencia más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) o GNL (Gas Natural Licuado) a través de los barcos regasificadores. Esto implica un costo aproximado adicional para la balanza comercial argentina de 190 millones de la misma moneda.
El lobby del sector no se hizo esperar y comenzó a presionar para que se levantaran las medidas de fuerza. La adhesión social al sector de Autoconvocados, que se hizo muy fuerte dentro de la provincia, actuó como respaldo ante posibles represiones y desalojos. Con las fuerzas de seguridad imposibilitadas de entrar en acción por presión de la opinión pública, el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) se vio obligado a hacer entrar en escena a otro actor: el Fiscal General de la Provincia, José Ignacio Gerez.
Este funcionario, que según cuentan las fuentes del riñón político de Gutiérrez, convocó a una mesa de mediación entre las autoridades provinciales y el sector de Autoconvocados para resolver el conflicto de salud. Tras varias idas y vueltas el gobierno de Gutiérrez, que pertenece al Movimiento Popular Neuquino (MPN,) ofertó un bono de $30.000 -que luego fue elevado a $40.000- a pagar en cuotas mensuales de $10.000. La oferta fue rechazada de plano por el conjunto de los Autoconvocados, por considerar que “los bonos, como no lo cobran los jubilados, no son remunerativos y tampoco aportan a la caja previsional”, explica Mariana Sarin, trabajadora de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.
Tras un cuarto intermedio dictado por el mediador, las partes no volvieron a reunirse. Ahí entró en escena nuevamente Quintriqueo que presionado por las bases, se vio en la obligación de llamar a un paro provincial por tiempo indeterminado para re negociar el acuerdo que había firmado dos meses atrás. De esta manera se llegó entonces a la oferta refrendada por el gremio el pasado martes.
Gabriela Suppicich, referente de Autoconvocados Plottier, se mostró indignada en su cuenta personal y exigió al gobierno que el aumento sea en dos cuotas hasta julio para recomponer el salario que les adeudan del 2020. A pesar de su desacuerdo, la referente se expresó expectante por todo lo conseguido, que “va más allá de lo salarial. No lo pienso como un proceso terminado porque fue un proceso de lucha y hasta acá arrancamos esto, el 53% para todos los estatales. Y que va al básico, pero este proceso tiene que resultar en una organización más estructurada”.
En cuanto al Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe), decidió tras el paro de 48 horas (miércoles 28 y jueves 29de abril) una reunión en la Legislatura con un plenario de dos comisiones: participaron las de Desarrollo Humano y Social y de Asuntos Laborales junto con referentes del SiProSaPuNe y el Sindicato de Enfermería (SEN). Estos últimos buscan impulsar y establecer la carrera profesional para el Sistema Público de Salud. Este encuentro se llevó a cabo en presencia de César Dell’Ali, Noemí Alemany y Roberto D’angelo de SiProSaPuNe y Darío Mas del SEN, quienes insistieron en la necesidad de contar con la ley en tanto herramienta para revertir el déficit del recurso humano profesional en el Sistema Público de Salud.
Por su parte, los trabajadores Autoconvocados de la salud de Neuquén a pesar de haber rechazado el arreglo entre ATE y el PEP decidieron cambiar el rumbo de la lucha. Marco Campos, referente del sector y del hospital Castro Rendón en diálogo con ANCCOM detalló las resoluciones asamblearias: “Analizamos lo acordado entre el gobierno y ATE, y realizamos una contrapropuesta que consta del 53% en dos cuotas que se volvería a revisar en el 2021. Además exigimos una reunión con los trabajadores Autoconvocados para solucionar los descuentos de los días del sumario y los pases a planta permanente“.
Tras levantar los cortes de la zona de Vaca Muerta, los Autoconvocados volvieron a Neuquén Capital en una caravana que recorrió los hospitales de Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y el hospital Castro Rendón, en la capital provincial. En todo su recorrido fueron acompañados por distintas agrupaciones sociales y políticas, así como también vecinos y vecinas que en todo momento se mostraron a favor de sus reclamos.
Al final del recorrido, Campos agradeció a la comunidad por el apoyo y afirmó: “El corte en Villa La Angostura sigue activo, vamos a sostener ese corte hasta que el gobierno nos reciba y podamos charlar sobre estos puntos pendientes. Por lo tanto, vamos a seguir esta lucha con movilización y reclamos por todas las vías y en distintas zonas“.
Por último, el 30 de abril se realizó una protesta en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde tiene su oficina la ministra de Salud Andrea Peve, reclamando la devolución de los descuentos por adherir a las medidas de fuerza y la baja de sumarios en Villa La Angostura. En conferencia de prensa los autoconvocados afirmaron: “Los descuentos realizados tienen el único objetivo de acallar nuestro reclamo, vulnerando gravemente los derechos constitucionales de peticionar así como sus derechos laborales». Además, manifestaron: «Las autoridades de salud deben garantizar condiciones salariales y laborales para que volvamos a la primera línea a dar respuesta a la segunda ola de contagios que ya comenzó». Al parecer, el acuerdo salarial no resolvió el problema de fondo. La manija de la sartén está en manos de Gutiérrez, habrá que ver si el gobernador se encuentra a la altura de la circunstancia y se sienta a escuchar un reclamo con licencia social.
Abr 9, 2021 | Novedades, Trabajo
Tras exigir el llamado urgente a una nueva paritaria, el ministro de Educación Nicolás Trotta finalmente recibió a los representantes del Frente Gremial Universitario, el pasado 7 de abril por la tarde. Sin embargo, para las trabajadoras y los trabajadores la propuesta del gobierno tuvo sabor a poco.
Las organizaciones sindicales que participaron de la negociación fueron CONADU, FATUN, FAGDUT, FEDUN y CTERA, y el reclamo consistió fundamentalmente en el pedido de un aumento salarial del 35% y mecanismos de revisión durante el año en curso para ajustar la cifra de los salarios reales a la inflación. Otra de las demandas fue continuar con el programa de regularización de los trabajadores ad honorem y contratados que no están bajo convenio, en todas las universidades nacionales, una conquista que vio la luz en 2017. Por último, se pidió que para una eventual vuelta a la presencialidad se incluya a los y las educadoras en la discusión de los protocolos para un retorno seguro a las aulas.
Si bien se esperaba que la negociación se extendiera a una segunda jornada, luego de dos horas intensas de debate, el conjunto de las federaciones de trabajadores docentes y no docentes declaró “inaceptable” la oferta del Ministerio. En la misma el gobierno realizó una propuesta salarial de un 33% dividido en cuotas ‒un 5% en abril, 5% en junio, 4% en agosto, 2% en octubre, 4% en noviembre, 3% en diciembre, 6% en enero, y un 4% en febrero‒, sin prever la cláusula de revisión en la que se había puesto especial énfasis.
Pablo Macía, profesor universitario y secretario de Prensa de Conadu, declaró tras la reunión: “Es una propuesta muy fragmentada en el tiempo y nuestra intención es que podamos recuperar un porcentaje sustancial del salario. Y que frente a un contexto de incertidumbre podamos tener la garantía de que vamos a estar por arriba de la inflación”.
En cuanto a las condiciones de trabajo, se reparó en el avance de otras herramientas técnicas como la garantía salarial. Se trata de un coeficiente aplicado sobre el salario de los docentes de menor antigüedad, jerarquía y dedicación, para que se les establezca un piso salarial. En la misma línea, la norma sirve para aquellos docentes que tienen dedicaciones exclusivas, como los que se dedican a la gestión, investigación o enseñanza.
En 2019 se empezaron a realizar las primeras efectivizaciones de trabajadores preuniversitarios. “Fue una lucha que surge de las demandas de nuestra federación, Conadu. Por eso el respeto a la paritaria y al diálogo entre las partes”, afirmó Christian Dodaro, delegado de Feduba. “Lo valoramos tanto porque es una herramienta de la clase trabajadora. Y por todo lo que nos llevó conseguirlas durante el gobierno kirchnerista, y después durante el macrismo”, agregó.
En el marco de la situación sanitaria, en esta oportunidad el reclamo o implicó una manifestación callejera. Por su parte, la Conadu Histórica llamó a un paro nacional de 48 horas para el martes y miércoles pasado, en repudio a la decisión de la cartera educativa de excluir al gremio de la paritaria nacional.
En tanto, Macía reconoció la complejidad de la coyuntura, y a su vez destacó el papel solidario que adoptó la Conadu frente a la emergencia sanitaria, tanto con los trabajadores y trabajadoras como con los sectores más vulnerables de la sociedad: “Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año pasado, no sólo para garantizar la continuidad pedagógica, el derecho a la educación de los estudiantes, sino también en tareas de investigación e iniciativas comunitarias”. Así, según relató Macía, desde el año pasado Conadu impulsa campañas solidarias de recolección de alimentos, útiles, y productos de limpieza para los sectores más vulnerables de la sociedad, que a menudo resultan ser los propios estudiantes.
“En función de nuestro compromiso con la educación pública reclamamos un salario justo que permita continuar con nuestras condiciones de trabajo y de vida”, cerró. Se espera que en los próximos días el Ministerio convoque a una nueva instancia para analizar mejores posibilidades.
