Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Integrantes de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba realizaron una radio abierta frente a la embajada paraguaya. Exigieron que cesen los tormentos a Carmen y Laura, la aparición de Lichita y reclamaron justicia por los asesinatos de las niñas Lilian y María.

Organizaciones sociales y por los derechos humanos se reunieron frente a la embajada paraguaya en Buenos Aires para denunciar la situación de las presas políticas en el país vecino. Las hermanas Carmen y Laura Villalba y su compañera Francisca Andino se encuentran en el penal de Minga Guazú y, de acuerdo a la denuncia de los manifestantes, están siendo víctimas de abusos desde el mes de octubre. Además, se cumplieron 54 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth “Lichita”, hija y sobrina de las Villalba, y continúa el reclamo por el doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen en 2020.

“Las condiciones de aislamiento absoluto que transcurren en pequeñas celdas desde su traslado a ese penal el 12 de octubre de 2024, la pérdida del derecho al estudio y al trabajo, la falta de comida adecuada, de agua potable suficiente, las abusivas requisas diarias, las dificultades o la imposibilidad de recibir visitas, vuelven su vida cotidiana una tremenda tortura”, detalla la carta dirigida a la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, y firmada por los cientos de activistas y organizaciones que integran la Campaña Internacional. La misma fue leída al comienzo de la jornada por María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, y luego entregada al personal de la embajada, que la recibió a través de una abertura entre los chapones con los que la policía valló el edificio.

A principios de este mes, las Villalba recibieron una sanción por “resistirse” a las requisas de los días 2 y 3 de mayo. Según relata la carta, durante esas requisas las mujeres fueron esposadas, encapuchadas y manoseadas en sus genitales. Luego de este hecho, su situación se agravó: se les prohibió recibir visitas, restringieron la comunicación con su defensa y se limitó aún más su acceso a comida y agua. “Le solicitamos que de manera urgente transmita nuestra denuncia a los responsables del funcionamiento del sistema penitenciario paraguayo, porque debe sancionarse al personal que maltrata a las detenidas física y psicológicamente”, continúa.

La radio debió realizarse sobre la calle, ya que las fuerzas de seguridad bloquearon la vereda. “Nos tienen miedo. Yo le diría a la embajadora que no nos tenga miedo, que más bien le tenga miedo a su conciencia y a la pertenencia a un gobierno infanticida”, señaló el padre Rodolfo Viano, una de las últimas personas que pudo visitar a las detenidas en Paraguay. En su intervención ante el micrófono, expresó la preocupación de Laura por la salud mental de sus compañeras en el penal y destacó la fuerza de Andino, que insiste en que no deben dejar de luchar. Viano remarcó que los padecimientos de las tres mujeres son los mismos que sufren las otras diez presas con las que comparten pabellón.

Elsa Oshiro, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), también visitó a las mujeres en Minga Guazú y dio más detalles sobre las pobres condiciones a las que están siendo sometidas. “Carmen me dijo que ella piensa que están siendo parte de un experimento. Como dice la carta: ver hasta dónde pueden resistir. Están tratando de quebrarlas. Hace un mes que no sabemos nada de ellas, están aisladas completamente”, contó. En febrero de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay emitió un informe en el que indica los daños irreversibles que puede provocar el aislamiento solitario pasado un periodo de 15 días. Carmen, Laura y Francisca ya llevan un mes.

 

Años sin paz

La situación actual de las Villalba se inscribe en un historial de persecución política más amplio, que inició por la participación de la familia en la lucha campesina en Paraguay y la asociación de algunos de sus miembros con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo insurgente de ese país. El 2 de septiembre de 2020, las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del gobierno del entonces presidente Mario Abdó Benítez irrumpieron en el campamento del EPP en el que se encontraban Laura, su hija y sus sobrinas, que habían viajado a Paraguay a conocer a sus padres. En el operativo fueron capturadas y luego asesinadas las niñas Lilian Mariana y María Carmen, de 11 años. Las demás escaparon a la selva, donde el 30 de noviembre vieron a Carmen Elizabeth, hija de Carmen apodada “Lichita”, por última vez. Laura salió en su búsqueda y se encontró con un retén militar, luego fue detenida e imputada por “violación del deber cuidado, educación y violencia familiar y terrorismo”. Hoy está cumpliendo una condena de 31 años junto a su hermana Carmen, quien había completado su castigo en 2021, pero continúa privada de su libertad.

Este “ensañamiento”, como lo llamaron algunos de los oradores, también traspasa la frontera. En octubre de 2024, el gobierno de Javier Milei le quitó el estatus de refugiados a los miembros de la familia que residían en distintas partes del AMBA, lo que los obligó a abandonar el país e instalarse en Venezuela, donde ahora intentan reconstruir su vida. En abril del mismo año, habían allanado sus hogares y detenido a Rosa, Tania y Myriam, hermana de las Villalba y madre de Lilian, una de las niñas asesinadas por el Estado paraguayo.

Un nuevo Plan Cóndor

En conversación con ANCCOM, Hermes Grance, integrante del Partido Comunista paraguayo en Argentina, habló sobre la existencia de un proyecto de persecución política no solo en Paraguay, sino en toda la región. “En Paraguay hay una estigmatización, una criminalización total de los que luchan. A la familia Villalba la han perseguido políticamente y, actualmente, con el gobierno que tenemos en la Argentina, tenemos seria preocupación de que esa persecución se agrave y se extienda a los que estamos militando en esta campaña”, señaló.

“Esto que está sucediendo en Paraguay no es casual. Es un nuevo Plan Cóndor que vuelve a unir a las derechas latinoamericanas en un plan sistemático de represión, tortura y exterminio”, afirmó María Elena Naddeo, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además, tanto Naddeo como Juliana Cabrera del Partido Obrero hicieron énfasis en la arremetida de la gestión de Milei contra las políticas de memoria, la salud y la educación pública, los jubilados y los migrantes.

El pasado jueves 29 el Poder Ejecutivo nacional publicó un decreto que modifica el régimen migratorio. Con la nueva normativa, se establecen controles más estrictos para el ingreso al país, para obtener la nacionalización y se limita el acceso a las prestaciones de salud y educación pública superior. “No es solo contra la colectividad paraguaya, no es solo el Estado paraguayo. Hay una unificación, un proyecto contra nuestros pueblos. Tenemos que decirlo y elevar nuestras voces”, dijo Grance sobre el DNU.

Celia González, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, donde viven muchas comunidades de migrantes, elevó su voz directamente hacia la embajada. “Los embajadores pónganse las pilas, que acá están sus compueblanos sufriendo con nosotros la injusticia de todos ustedes”, clamó contra las vallas.

También participaron de la radio abierta la periodista Claudio Korol, quien se encargó de coordinar la actividad, la exderenida-desaparecida Mabel Careaga -hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo—, Eduardo Soares de la Gremial de Abogados y Abogadas, Claudio Medina, secretario de DDHH del gremio docente Ademys, y Brian Carlson, artista estadounidense, que pintó a las hermanas Villalba y a Francisca Andino.

A la espera de una respuesta al nuevo pedido de visita para el miércoles 4 de junio, los presentes cantaron por las mujeres detenidas. “¡Libertad! ¡Libertad, a las presas por luchar!”. El viernes toda la región se hizo eco de esa demanda, con actividades en los consulados de Paraguay en Montevideo, Uruguay, y Foz de Iguazú, Brasil. La Campaña Internacional en solidaridad con la familia Villalba mantiene viva la esperanza que sus propias compañeras presas les transmiten, así como el grito de justicia por las niñas asesinadas y la aparición con vida de Lichita.

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

Consideró al Estado responsable de la muerte de las dos niñas de once años, a quienes las autoridades intentaron hacer pasar por terroristas.

La Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba consideró como una victoria el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó al estado de Paraguay por infanticidio. 

El Comité publicó su informe después de realizar la investigación confidencial sobre las mujeres asesinadas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en septiembre del 2020 en Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.

La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que se trataba de niñas de 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.

Asimismo, recibió una denuncia sobre los homicidios en relación a que Paraguay había adoptado medidas para encubrir el incidente.

“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité. Y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”

A partir de entonces, el Comité inició una investigación con arreglo al Artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de ese organismo. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios de Paraguay, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.

Según el Comité de los Derechos del Niño, Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos graves, en lo que respecta con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Las pruebas demuestran que el Estado parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.

El Comité le pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado paraguayo que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.

“Conocemos a los niños desde muy pequeños y siempre los acompañamos y es importante destacar lo sanos que se encuentran, muy fuertes y eso es mérito de las mujeres mayores que sin ocultarles nada, supieron apoyarlos y contenerlos”  concluyó a ANCCOM emocionado y satisfecho por el amplio espectro de organizaciones presentes en la conferencia de prensa que anunció el fallo, el abogado Franquet Gustavo. 

 

Algunos integrantes de la Campaña Internacional exigieron el castigo para los responsables del gobierno paraguayo, acusado de infanticidio, en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la CTA Autónoma. También lo hicieron los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, entre ellos Gustavo Franquet, quién aludió a la situación difícil y dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay.

Dos de los testimonios más  relevantes fueron el de Salvador Sánchez, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, quien fue condenada a más de 30 años de prisión luego de la desaparición de su otra hija, Lichita. Él y la periodista Claudia Korol denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.

Algunos integrantes de la familia Villalba formaron parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a quienes el gobierno de ese país persigue como terroristas, haciendo extensiva la acusación a otros familiares que no integraban la organización.

A su vez, la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares mostraron que la gran victoria obtenida por la condena de la ONU, tiene que continuar con una campaña de denuncia. 

Otro testimonio emotivo fue el de Miriam Villalba, quién debió huir de Argentina con su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Javier Milei con el de Paraguay. “Ya estamos condenados por tener el apellido Villalba”, contó Miriam. “Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno paraguayo pague por sus crímenes”, agregó.

Actualmente, tal como Miriam explicó, viven en un  difícil contexto, donde más que nada los niños no tienen ningún tipo de estabilidad, pasan sus días con miedo ante la posibilidad de operativos violentos como el que vivieron a finales del año pasado. 

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”

Mientras que el Gobierno de Milei anunció que le quita el estatus de refugiada a las integrantes de la familia que viven en Argentina, se agravaron las condiciones de detención de las detenidas en Paraguay.

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”, afirmó Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Esta agrupación denunció que se agravaron las condiciones de detención de las presas Carmen y Laura Villalba por su traslado a la cárcel de máxima seguridad Minga Guazú y que allí padecieron torturas. En tanto, la Campaña Internacional en Solidaridad con la familia Villalba acusó a Paraguay de haberlas llevado a una prisión similar a Guantánamo. Esto sucedió porque la Sala Penal de la Corte rechazó el habeas corpus presentado por su defensa. A eso se suma la intención del gobierno de Javier Milei de quitarles su estatus de refugiados políticos a la parte de la familia que vive en Argentina.

La persecución a la familia Villalba, cuyos miembros militaban en el desaparecido partido de la izquierda paraguaya “Patría Libre”, comenzó por su participación en la lucha campesina en Paraguay y por acusaciones de estar relacionadas con la resistencia armada. En el caso de Carmen, Liliana y Osvaldo, fueron militantes también del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), considerado como un grupo criminal por parte de ese país. En este contexto, la familia Villalba sufrió el asesinato y la desaparición forzada. Durante el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) del 30 de noviembre de 2020 fueron asesinadas Lilia y María, y fue secuestrada y desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una adolescente de 14 años conocida como “Lichita”. Además Laura, la madre y tía de las niñas y Carmen, se encuentran encarceladas por causas que su defensa denuncia como inventadas y violatorias de los derechos humanos. 

Desde la detención de Carmen, el resto de la familia, compuesta por adultos y menores, comenzó a sufrir persecuciones, hostigamientos y ataques por parte de las fuerzas del Estado, como también de parapoliciales por lo que buscó refugio en Argentina para su protección. Después de intensas gestiones y gracias a los reclamos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lograron que la administración de Alberto Fernández les otorgara el asilo, siendo reconocidos como refugiados por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Derechos a los refugiados, ¡AFUERA!

El gobierno de Javier Milei, por su parte, decidió quitarles el refugio a las mujeres y niñas paraguayas acusando a las mujeres de “ocultar información al momento de pedir el refugio”, lo cual sus abogados dicen que es falso. Por este motivo, la CONARE revocó su estatus de refugio, lo que coloca a la familia Villalba en una situación de grave riesgo.

Desde la Gremial de Abogades expresaron a ANCCOM que “la decisión de la CONARE no está firme, es una decisión administrativa dado que nosotros presentamos el recurso ante la Cámara de Apelaciones. En este sentido, el juez federal Daniel Rafecas volvió a prohibir su salida del país y exigió que les devuelvan las pertenencias secuestradas durante los allanamientos”. Se refieren a los procedimientos de abril de este año, el primer intento del gobierno de Milei de expulsarlos. El abogado Gustavo Franquet recordó que en esos operativos “la policía entró violentamente a las casas durante la madrugada, apuntando a los niños con armas, teniéndolos retenidos durante horas hasta que les permitieron salir, siendo derivadas a una dependencia de la Policía Federal”. 

Esto fue posible por un reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que cambió la Ley de Refugiados, estableciendo una serie de medidas inconstitucionales y un proceso judicial que salta varías etapas, lo cual también es inconstitucional ya que no permite la doble revisión completa de la causa. «Más allá de su justificación plenamente falsa, está lo que el Gobierno dice en sus redes sociales, esa forma de comunicación donde no se privó de violar el principio de confidencialidad hablando de ellas, que la ministra de Seguridad de un país acuse a alguien de ser terrorista es algo que genera terror” concluyó Franquet.

“En enero hubo una resolución de Naciones Unidas sobre la investigación que el Comité de Derechos del Niño realizó sobre el asesinato de Lilian y María Villalba. Dicha resolución que está en estado de confidencialidad se va a hacer pública pronto, por lo que no nos es ajeno que toda esta persecución desatada fundamentalmente este año, tiene mucho que ver con esto”, afirmó Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados. Desde los organismos de derechos humanos y sociales que integran la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba denuncian que en Paraguay persiste la persecución, con abusos y trato inhumano hacia las presas políticas Carmen y Laura. A pesar de haber cumplido en 2021 su condena de 18 años, Carmen Villalba continúa encarcelada con una nueva acusación armada, mientras que Laura Villalba enfrenta una condena de 25 años únicamente por ser la madre de una de las niñas asesinadas por el ejército paraguayo: la acusan de faltar a su deber de cuidado.

Exigen que no levanten el estatus de refugiada a la familia Villalba

Exigen que no levanten el estatus de refugiada a la familia Villalba

En la Cámara de Diputados se realizó una audiencia pública en solidaridad con las mujeres residentes en la Argentina y perseguidas en Paraguay. Volvieron a pedir «aparición con vida» de Lichita.

En solidaridad con la familia Villalba, residente en Argentina y perseguida por Paraguay, organizaciones y líderes sociales, políticos e integrantes del movimiento de mujeres participaron de una audiencia pública en la Cámara de Diputados, convocada por el bloque del Frente de Izquierda-Unidad. La señal de alarma se volvió a encender luego de que el Ministerio de Seguridad anunciara que pretende “levantar” el estatus de refugiadas a las integrantes de la familia. Mientras tanto comenzó el juicio contra Laura Villalba en Paraguay.

El propósito de la audiencia, que se llevó a cabo en la sala 2 del Anexo C de la Cámara baja, fue denunciar el intento de extradición a Paraguay de Myriam, Rosa, la abuela Mariana -de 82 años de edad- y Tania Villalba. Su ejecución representaría una clara violación del estatuto del refugiado en Argentina y de la debida protección de sus derechos. También sería un ataque indirecto contra las comunidades que migraron a Argentina.

La actividad fue convocada por los diputados del FIT-U junto a la Campaña Internacional “Eran Niñas, aparición con vida de Lichita, libertad a Laura Villalba” y la Campaña Internacional “¿Dónde está Lichita?”. Además se sumaron distintos organismos de derechos humanos, de protección de los derechos de la niñez, organizaciones de mujeres, sociales, y políticas que acompañan a la familia Villalba frente a la persecución que están sufriendo en Argentina a pedido del estado paraguayo, con Laura y Carmen encarceladas en ese país.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió el jueves 6 de junio en la Embajada de Paraguay con integrantes del gobierno de ese país, donde declaró abiertamente que prometía levantar el estatus de refugiados “a los líderes del Clan Villalba capturados en Argentina como paso previo a su extradición a Paraguay”, según los denominó. Las diputadas Myriam Bregman y Romina del Plá repudiaron estos dichos que pretenden dejar desamparados a Miriam, María Rosa, José y Tania Villalba.

¿Por qué criminalizan a la familia Villalba ?

Laura Villalba estuvo encarcelada en Paraguay desde septiembre de 2019 acusada de “terrorismo”, entre otros cargos, presentados por un Estado cuya Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) es responsable de la muerte de su hija Lilian Mariana –de 11 años– y su sobrina María Carmen –de 12–, así como de la desaparición forzada de Lichita, otra de sus sobrinas. Paraguay justifica sus acciones en que algunos de los integrantes de la familia integraron la agrupación armada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que califican como “terrorista”.

La persecución de la familia Villalba recrudeció en abril en territorio argentino con allanamientos violentos e ilegales y detenciones de otros miembros de la familia en distintos distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Dichas acciones se realizaron en respuesta a una solicitud de extradición del gobierno de Santiago Peña. El juez federal Julian Ercolini ordenó, en un procedimiento irregular, que sean arrestadas Myriam, madre de María Carmen, Rosa y Tania, sobrevivientes de la masacre.

Las Villalba se habían visto obligadas a escapar de Paraguay, donde las FTC, compuestas por el Ejército y la Policía, mataron a las niñas Lilian Mariana y María Carmen, en septiembre de 2020. Además, en noviembre de 2020, desapareció Lichita, de 14 años en ese momento, y mantienen en prisión por motivos políticos a Laura y Carmen, madres y tías de las niñas. En Argentina, la familia obtuvo protección como refugiadas por decisión de la CONARE (Comisión Nacional para Refugiados) y están bajo el amparo de la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados).

El 12 de abril pasado, Myriam, Rosa y Tania fueron sometidas a un allanamiento violento e ilegal a las 4 de la madrugada, del cual dio cuenta ANCCOM. Permanecieron privadas de su libertad por ocho horas, mientras que Mariana no estaba en el domicilio en ese momento. El operativo, ejecutado por fuerzas policiales bajo el mando de la ministra Bullrich, fue brutal: intimidaron a los niños con armas largas, los interrogaron y destrozaron la vivienda. Del mismo modo, actuaron en otros domicilios, donde incluso esposaron a una niña de 12 años.

A pesar de no ser procedente ni jurídicamente válido, desde la Cancillería argentina dieron curso al pedido de Paraguay de detención con fines de extradición. De ese modo, el juez Ercolini ordenó los procedimientos hasta que los abogados demostraron que las personas requeridas por el vecino país figuran en el listado de la CONARE e incluso poseen documentos argentinos. “El pedido nunca debió haber llegado al juzgado desde Cancillería”, dijo en aquel momento el letrado Gustavo Franquet.

Después de ser liberadas, a las tres mujeres se les impusieron restricciones anticonstitucionales y arbitrarias, que incluyen la obligación de comparecer ante el juzgado una vez al mes y la prohibición de abandonar el país o sus domicilios. Sus defensores afirman que esta persecución es completamente infundada ya que no hay imputación por ningún delito sobre las afectadas.

Mientras tanto, en Paraguay comenzó el juicio contra Laura Villalba, madre y tía de las niñas, quien está encarcelada desde diciembre de 2020, y las audiencias se reiniciarán el 14 de junio. Los abogados defensores Eusebio Larrea Acosta y Arguindo Fretes González anunciaron la “parcialidad manifiesta” del Ministerio Público Fiscal y denunciaron que el Tribunal, integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuck y Federico Rojas Dos Santos, se tomó incumbencias propias de la Fiscalía durante dos declaraciones testimoniales.

Además, los letrados afirmaron que “los testigos no la vieron a Laura en ninguno de los operativos que realizaron, ni en todo el trabajo de inteligencia que históricamente desarrollan en territorio militarizado”, por lo tanto aseguraron que “no hay ningún tipo de prueba sobre las acusaciones presentadas, más que el asumir con esta causa armada que Laura es parte del EPP”. A su criterio, “se le han fabricado los casos con la intención de mantenerla detenida de por vida”.

 

Compromiso y solidaridad 

“La despedida de Norita Cortiñas hizo que asumamos el compromiso por las causas por las que ella peleaba, y ésta claramente es una de ellas. Desde el Frente de Izquierda queremos poner a disposición todo lo que podamos para romper con el cerco mediático, para conquistar la libertad de Laura y seguir pidiendo la aparición de Lichita y pedir justicia por María del Carmen. Esta audiencia es un primer gran paso” expresó Myriam Bregman.

Por su parte, el diputado Christian Castillo destacó la preocupante violación de los derechos humanos de personas migrantes, enfocándose en el caso de la familia Villalba, “que ha sufrido persecución y violencia tanto en Paraguay como en Argentina”. Además reclamó la inmediata libertad a Laura Villalba, la aparición con vida de Lichita y justicia para las niñas víctimas de infanticidio por parte del estado paraguayo. 

Con la emotiva participación de amigos y amigas de los niños y niñas de la familia Villalba, las organizaciones presentes, así como aquellas que pudieron participar virtualmente desde Paraguay y distintas provincias del país, manifestaron su preocupación por la situación de la familia. También exigieron la inmediata y efectiva protección de los derechos de la niñez y adolescencia, así como de los derechos de las personas refugiadas en Argentina.

“Basta de persecución a la familia Villalba, derecho al estatus de refugiadas de las compañeras que están siendo perseguidas, Myiriam, Tania, Rosa, a quienes el gobierno argentino no les está respetando el estatus de refugiadas políticas y las quieren extraditar a Paraguay. Siguen persiguiendo a aquellas que fueron víctimas del asesinato de las dos ñinas y de la desaparición de Lichita”, dijo Del Plá.

En tanto, la diputada Vanina Biasi manifestó que “es fundamental pronunciarnos contra este terrorismo de Estado en este contexto de envalentonamiento de elementos reaccionarios. Toda la familia Villalba tiene que saber que la clase trabajadora argentina está apoyándolos”.

Los legisladores trotskistas anunciaron que en los próximos días presentarán un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados, solicitando que se emita un pronunciamiento sobre el tema. «Ponemos nuestras bancas al servicio de romper el cerco mediático y organizar un amplio movimiento de apoyo para lograr la liberación inmediata de Laura; para que Lichita aparezca con vida; y para buscar justicia para María del Carmen y Lilian Mariana», reiteró Castillo al finalizar la audiencia.

Dijeron presente en el anexo del Congreso la Campaña Internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, Libertad a Laura Villalba, Gremial de Abogados de Argentina, Casa de la Memoria – Rosario, Mesa de Articulación de la Niñez, Fundación Che Pibe, APDH nacional y APDH Caba, grupos feministas de Aby Ayala, CELS, CAREF, Movimiento Ecuménico por los DDHH, CTA Autónoma, Encuentro Militante Cachito Fukman, Equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, Polo Obrero, Isadora e Izquierda socialista.

 

Detienen a una familia de refugiados y la liberan

Detienen a una familia de refugiados y la liberan

Violando la normativa internacional, las fuerzas federales allanaron el domicilio de los Villalba, acusados por el Estado paraguayo. Mientras se realizaba una conferencia de prensa para denunciar la situación, los dejaron en libertad.

Durante la madrugada del viernes 12 de abril, se llevaron a cabo múltiples allanamientos de forma simultánea en los hogares de los miembros de la familia Villalba. Estos operativos fueron ejecutados con un despliegue de las fuerzas federales en las residencias de José, Rosa y Myriam Villalba, ubicadas en diferentes áreas del Gran Buenos Aires. Todos los integrantes de la familia cuentan con el estatus de refugiados, otorgado por la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), y poseen documentos de identidad argentinos. A pesar de esto, Myriam, Rosa y Tania Villalba fueron detenidas con fines de extradición a solicitud del Estado Paraguayo, según lo dispuesto por el juez federal Julián Ercolini.

La familia Villalba ha sido objetivo del Estado paraguayo. En 2019, a través de una unidad militar especializada conocida como las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), creada para enfrentar grupos armados insurgentes, llevó a cabo un asalto a un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En dicho asalto, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, para luego ser disfrazadas como guerrilleras con el objetivo que el presidente paraguayo de ese momento, Mario Abdo Benítez, pudiera fotografiarse victorioso. Tras ese operativo, también desapareció Carmen Elizabeth «Lichita» Villalba, de quien no se sabe nada desde el 30 de noviembre de 2019. Entre las allanadas el viernes se encuentran Anita y Tania Villalba, ambas sobrevivientes de la cacería librada por el Estado Paraguayo. Anita, además, es melliza de “Lichita”.

Tanto Laura Villalba –presa en Paraguay, acusada de violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”– como Myriam Villalba, son las mamás de las dos niñas asesinadas. Cuando se produjo el allanamiento, Myriam estaba al cuidado de sus nueve niños, cuyos derecho fueron vulnerados por los uniformados hasta que fueron puestos a resguardo en la ONG Pelota de Trapo. Tania también tiene una bebé de un año y medio. La Gremial de Abogados y Abogadas hizo las gestiones judiciales e internacionales a fin de hacer cesar la detención e intentar hacer valer el refugio de toda la familia Villalba en el proceso de extradición que Paraguay pretende.

Ayer, a las 18:00 horas, se llevó a cabo una conferencia de prensa virtual –de la que participaron unas 90 personas, entre ellas los activistas de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y María Elena Naddeo– con el propósito de informar sobre la detención de Myriam, Rosa y Tania, y coordinar acciones para su liberación. Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial y abogado de la familia Villalba, denunció: “Si la persona que es requerida, es refugiada, como lo es la familia Villalba de Paraguay, y el pedido de extradición viene de dicho país, el Artículo 20 de la Ley 24767 dice que el Ministerio de Relaciones exteriores tiene que devolverlo sin más trámite. El pedido no tendría que haber llegado al juzgado, y ni hablar de la detención”. Cuando le preguntaron sobre cuáles son las acusaciones por las que Paraguay las requiere, el letrado dijo no conocerlas porque no había tenido acceso al expediente pero insistió en que “no importan porque son refugiadas”.

El Artículo 20 de la Ley 24767 de Cooperación Internacional en Materia Penal dice que si la persona requerida poseyera condición de refugiado, y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento.

Si les revocan el estatus de refugiados, tampoco pueden ser extraditadas a Paraguay bajo ninguna circunstancia, ya que la Ley Argentina lo prohíbe terminantemente, en virtud del principio de «no devolución» que rige en el derecho internacional. Una vez que a una persona se le concede el estatus de refugiado en un país, es posible revocar ese estatus, pero no se puede retornar a esa persona al país del cual se ha refugiado. En ese caso, la intervención de la ONU sería necesaria para elegir un tercer país que pueda ofrecerles asilo.

Franquet aclaró que, apenas golpearon la puerta, Myriam pensó que intentaban robarle, debido a los «brutales golpes» en plena madrugada. «Rompieron las dos puertas, las rejas, destrozaron candados y entraron con armas en la mano, apuntando a los niños», agregó. A pocos minutos del inicio de la conferencia de prensa virtual, en la cual Franquet y Laura Taffetani de la Gremial estaban hablando desde un automóvil estacionado frente a la sede de Delitos Internacionales donde estaban las Villalba presas, ingresó al vehículo Eduardo Soares, también abogado de esa agrupación, con una sonrisa contó que no las había podido ver porque le informaron que el juzgado había dictado su liberación.

Alrededor de las 18 horas, Laura, Tania y Rosa Villalba fueron puestas en libertad. Sin embargo, la opinión preponderante de quienes integran la Campaña Internacional contra la persecución a la familia Villalba fue que este hecho “impune e ilegal que viola las leyes y el derecho internacional, representa un ataque del gobierno paraguayo, que posiblemente no sea el último”.

Mientras tanto, en Paraguay, los titulares del medio ABC Color, se refirieron a la familia Villalba como un “Clan del Ejército del Pueblo Paraguayo -EPP-”. Se lo consideró como un operativo “anti-terrorista”, al ensañarse con la familia Villalba, y definirla como un “brazo logístico del EPP”, el grupo insurgente armado paraguayo.