Dic 13, 2022 | Comunidad, Destacado 2
El magistrado Pablo Cayssials debe fallar en una causa abierta contra el Grupo encabezado por Héctor Magnetto por desobedecer la ley que lo obliga a incluir a las señales comunitarias en la grilla del cable. Ya había sospechas de parcialidad.
La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) recusó, a través de una presentación realizada por el canal Barricada TV, al juez federal Pablo Cayssials luego de las filtraciones que lo involucran en el escándalo de los viajes a Lago Escondido. Actualmente, el magistrado se encuentra a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, el mismo despacho donde está radicada una causa que enfrenta a las televisoras comunitarias y el Grupo Clarín. “No existe la imparcialidad en un Juez que mantiene un vínculo tan estrecho con la empresa contra la cual debería fallar”, señaló a ANCCOM Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV y, por lo tanto, de la entidad que realizó el pedido de recusación.
CONTA requirió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la separación del juez, toda vez que, en la información surgida en los últimos días, se revela el vínculo entre Cayssials y directivos del Grupo Clarín tales como Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, y Jorge Rendo, Director de Asuntos Exteriores del Grupo. Los tres participaron de un viaje costeado por el Grupo Clarín a la estancia que el magnate Joe Lewis posee en Lago Escondido, junto a otros magistrados, exmiembros de la AFI y el ministro de Justicia porteño Marcelo D´Alessandro.
En el expediente en cuestión, el canal comunitario Barricada TV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32.1 de la TDA) demanda a los operadores de cable Telecom (Grupo Clarín) y Telecentro para que lo incorporen a sus grillas, tal como obliga una norma del ENACOM que les ordena transportar a todas las señales abiertas de cada localidad, que en el AMBA son tres: Barricada TV, Urbana y Comarca.
Maccagno sostiene que “las cableras consideran inconstitucional a la normativa vigente y, con la complicidad del Poder Judicial que las apaña, mientras tanto no la cumplen”. Haciendo referencia a la filtración de chats que develaron las maniobras espurias para ocultar el viaje, agregó que espera que la difusión que se dio del tema en los últimos días contribuya con la separación de Cayssials del expediente.
Para la representante de Barricada TV, es importante que se logre el apartamiento del juez, aunque al mismo tiempo exige que quien ocupe su lugar resuelva favorablemente el litigio en favor del canal comunitario. “Solo exigimos que se cumpla la normativa vigente, lograr la inclusión en la grilla y poder encontrarnos con nuestra audiencia y seguir construyendo una comunicación soberana”, agregó.
En tanto, Milcíades Peña, Director de Urbana TV, sostiene que el reclamo iniciado por CONTA se fundamenta en lo que ya era evidente desde el inicio de la causa y es que el juez Cayssials actuaba con parcialidad manifiesta en favor de Telecom y agrega: “Para nosotros no es ninguna novedad su accionar, solamente quedó groseramente al descubierto. Cayssials debería dar un paso al costado por su propia cuenta.”
Para Peña, el accionar del magistrado es una muestra más de la impunidad del Grupo Clarín, avalada por el Poder Judicial. En esa dirección, menciona otro de los conflictos judiciales que la Coordinadora mantiene con Clarín y es el caso de Pares TV, señal que transmite los partidos de Luján y Flandria y que sufre un bloqueo por parte de la empresa Triesa S.A. (Clarín), a pesar de la vigencia de la Ley 26.522 que los habilita a difundir los eventos de forma gratuita.
Si bien se mostró optimista respecto al resultado de la recusación, Peña remarca la importancia de continuar dando batalla en el campo comunicacional más allá de lo que ocurra en el plano judicial. “Nuestra pelea es por la construcción de un sentido distinto al de los medios hegemónicos a través de la comunicación popular y comunitaria. Esa pelea también debe estar acompañada por políticas de Estado que la promuevan”, agregó.
Diego Gusmerini, integrante de Pares TV, coincide en que no es sorpresiva la connivencia entre el juez y el Grupo Clarín. “Hace 15 días, Cayssials había rechazado toda la prueba presentada por Barricada TV sin ningún tipo de fundamento. La cuestión de los viajes a Lago Escondido no hizo más que exponer algo que ya sabíamos”.
El referente de Pares TV también hizo hincapié en la importancia de que los canales alternativos se incorporen a la grilla, tanto en el nivel de audiencia como en los ingresos económicos: “La incorporación es fundamental porque en nuestro país el cable se encuentra instalado en gran parte de los hogares. Asimismo, nuestros medios se mantienen mayormente a través de la publicidad y ese ingreso podría ser mayor si estamos dentro de la grilla”.
Feb 25, 2022 | Culturas, Destacado 1
La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios exige la democratización y la federalización de la pauta publicitaria que el Estado otorga a los medios de comunicación.
La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), la Red de Medios Digitales y los Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) se unieron para integrar la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios con un objetivo: exigir la democratización y la federalización de la pauta publicitaria que el Estado otorga a los medios de comunicación.
Esta problemática, de larga data, se intensificó en los últimos meses ya que, aunque aquellas organizaciones cooperativas y comunitarias solían tener diálogo con la Secretaría de Medios, los lazos se cortaron con el último cambio de funcionarios. La situación es distinta para empresas como La Nación, Clarín, Infobae y Perfil, que cuentan mes a mes con montos exorbitantes de dinero. “Cerca del 70% de la pauta queda en manos de grupos económicos con sede en Buenos Aires, donde el 1% de los medios se lleva el 70% de los recursos”, asegura Pablo Antonini, presidente de FARCO.
La diferencia es abismal: “El año pasado, El Grito Del Sur percibía pautas de 30.000 pesos mensuales, mientras que Clarín, 322.000 por día. Hacemos una cuenta que es bastante interesante, que es que el primero necesitaría 34 años de pauta para recibir lo que el segundo recibe en un mes”, explica Yair Cybel, integrante de la Red de Medios Digitales y periodista de El Grito Del Sur. Para él, los medios comunitarios y cooperativos no son reconocidos en su labor. “Somos medios muy profesionales que generamos empleo y hay temas como la paridad de género o el cupo laboral trans que muchos de nuestros medios lo cumplen y los medios grandes no lo hacen ni de cerca”, sostiene.
Pero no se trata problema de un problema aislado: se enmarca en la ausencia de políticas de comunicación, que, a su vez, se combina con una cada vez más poderosa concentración de los medios que le dan voz a los grandes grupos económicos. El resultado es la imposición de una agenda que busca defender intereses privados.
La solución, plantea la Confederación, es generar una regulación que establezca pautas de criterios para esa distribución. “No es que queremos regular absolutamente todo el monto que se destina, sino establecer pisos o topes: que no más de determinado porcentaje de esa pauta pueda ir a un solo grupo y que no menos del mismo vaya a los medios comunitarios y populares. Que se establezcan topes y pisos en lo que tiene que ver con la cuestión del federalismo: lo que va a Buenos Aires y lo que va a las provincias”, declara Manolo Robles, integrante de FADICCRA y trabajador de Cooperativa La Masa, de Rosario.
Sin embargo, cada intento por regular la pauta naufraga. Antonini afirma que pese a que son muchos los debates que vienen de la mano de cómo debería ser una ley sobre esta cuestión, ninguno puede avanzar porque los grandes grupos no lo permiten, ya que eso significaría perder sus privilegios.
“Infobae, por ejemplo, no tiene que hacer grandes esfuerzos para comprar una cámara de fotos; nuestros medios, para actualizar equipamiento, tienen que hacer sacrificios que son a veces inconcebibles. Lo que termina pasando es que se concentra y convergen aún más los espacios comerciales, que hacen de la comunicación un negocio y no la conciben como un derecho”, asegura Cybel.
En este sentido, las organizaciones hacen hincapié en su visión de la comunicación como un derecho y no como una mercancía. Según Robles, “el Estado tiene que tratar de impulsar, promover y favorecer la pluralidad de voces, que es básica para el cumplimiento de derechos que también lo son. El acceso a la información, la libertad de expresión: lo que podemos englobar como el derecho a la comunicación del conjunto del pueblo argentino, que es una cuestión básica para la democracia”.
«Los medios cooperativos digitales trabajamos para que nuestra plusvalía la extraigan las plataformas: se nutren de nuestro trabajo y no nos ponen un peso».
Los entrevistados también subrayan la falta de regulación que se ejerce sobre las plataformas digitales que actualmente juegan un papel indiscutible en la difusión de la información. Para Cybel, “los principales beneficiarios de la pauta digital son Facebook, Instagram y Google, que hoy son nuestros patrones. Como medios cooperativos digitales trabajamos para que nuestra plusvalía la extraigan las plataformas, que se nutren de nuestro trabajo y no nos ponen un peso, ni siquiera tributan lo que deberían en este país”.
La esperanza de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios reside en que sus reclamos sean escuchados para poder entablar un diálogo que derive en serias reformas de la política comunicacional. “Y sentarnos a pensar un esquema más justo. Que es eso lo que queremos: un esquema de justicia social, pero en nuestros medios”, concluye el periodista.
May 20, 2020 | Entrevistas
«Hay una creciente estigmatización de muchos funcionarios estatales en América hacia las mujeres», señala Loreti.
El argentino Damián Loreti, abogado y doctor en Ciencias de la Información, ha sido elegido como uno de los finalistas en el proceso de selección a Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son diez expertos y expertas de distintos países de la región –sobre un total de 81 postulantes– y el próximo 15 de septiembre se conocerá quién ocupará ese puesto clave.
La trayectoria de Loreti avala su nominación: cofundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática; coautor de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 (que reemplazó la de la última dictadura); director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) entre 2002 y 2006, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) entre 2006 y 2010; vicepresidente de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), profesor de grado y posgrado y la lista sigue.
En vivo y en directo, Loreti prefiere evitar los formalismos. “Me muero de la vergüenza”, confiesa. Aislamiento social de por medio, conversó con ANCCOM sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación, acceso y sus principales amenazas en la actualidad nacional y mundial.
¿Qué significa ser Relator de Libertad de Expresión?
En el marco de la CIDH, hace unos 22 años se creó una unidad especial con un funcionario a cargo, que no es un comisionado, que se llama Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Hace unos 12 ó 13 años se empezó a elegir en base a un concurso llamado por la CIDH. Se presenta alguien que cumple con ciertas condiciones: periodistas, abogados, licenciados en relaciones internacionales o comunicación social, politólogos, con conocimientos y experiencia en el mundo de derechos humanos y la libertad de expresión. El mandato dura tres años con derecho a una renovación. El Relator, de la mano de instrucciones que le va fijando la Comisión, fiscaliza la situación de la libertad de expresión en el continente, hace requerimientos en los países, informes nacionales o genéricos, y lleva los casos que se presentan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿Cuáles son los temas de incumbencia?
Van desde violencias y agresiones a periodistas y personas que toman la voz pública, derecho a la protesta, responsabilidades civiles y penales, temas de radiodifusión, de concentración. Temas de vida privada, cibervigilancia, hay informes sobre la situación de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios. Hay antecedentes de trabajo sobre libertad de expresión y discurso del odio, o discurso discriminatorio, con un énfasis en particular en cómo resolver esto en relación a la población LGTBI. También con redes sociales, activistas digitales y plataformas.
¿Qué significaría para usted poder desempeñarse en ese cargo?
La Relatoría tiene 20 años de trabajo atrás. El principal objetivo sería ir mejorando los estándares, llevar un poco más de litigio a la Corte Interamericana. Hay algunos temas que no han sido todavía litigados, como radiodifusión comunitaria, temas de concentración, de plataformas y libertad de expresión. Hay que trabajar más el tema de discursos y población LGTBI. Aumentar fuertemente la protección a las mujeres que hacen ejercicio de la libertad de expresión, sea de modo profesional o no. Porque ahí ocurren situaciones de discriminación estructural, en términos de condiciones de trabajo, de protección; y hay una creciente estigmatización de parte de los funcionarios estatales de mayor autoridad en muchos países en América hacia las mujeres de modo muy despectivo y violento. Desde Canadá, hasta países caribeños y del cono sur.
¿De qué manera se podría intervenir?
La Relatoría publica comunicados manifestando preocupación y en algunos casos beneplácito por medidas de gobierno o situaciones puntuales. Puede pedir informes a los Estados ante una determinada circunstancia. Está la posibilidad de llevar casos y plantearle a la Comisión la elaboración de algún estándar de interpretación de hacia dónde debería ir una mayor protección a la libertad de expresión en un contexto de un continente que cambió mucho en los últimos seis años. Hay una creciente elección de gobiernos de centroderecha o derecha muy restrictivos en esta materia. Las modificaciones a las leyes que se están dando de modo regresivo en varios países son una muestra de eso.
«Hay una creciente elección de gobiernos de derecha muy restrictivos en materia de libertad de expresión», dice.
¿Cómo califica la gestión de Mauricio Macri en materia de legislación de la comunicación?
Atroz. Sólo por dar unos ejemplos, la persecución que ha habido a activistas digitales es gigantesca, el proceso de concentración que se ha dado es enorme, y las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto fueron cuestionadas por la CIDH como regresivas y no respetuosas del principio de legalidad.
¿Qué expectativas tiene respecto al gobierno actual?
Desde la sociedad civil, el principal reclamo va a ir por el lado de la sustentabilidad de los medios, sobre todo de los más chicos y los que no están en plataformas. Históricamente, el dinero que estaba en los medios abiertos se fue yendo hacia el cable. Luego hacia las señales. Y ahora, incluida la publicidad oficial, se fue a las plataformas, que en muchos casos no generan producción local. Eso desfinancia las instancias de pluralismo y diversidad. Hoy el gran tema, de la mano con lo que ocurre con el COVID-19, es cuál va a ser ese modelo no sólo en Argentina sino en muchísimos lugares. La retracción de todo tipo de mercados publicitarios imaginables y la situación de los medios sin fines de lucro y del interior de los países es estremecedora. Si bien crece la audiencia, no crece la facturación de los medios abiertos. Según la CEPAL, el 43 por ciento de la población de América Latina no tiene banda ancha. En este contexto, toman importancia los medios abiertos, públicos, comunitarios, incluso los comerciales, en la medida en que no estén comandados por una misma empresa y con una sola voz. Son instancias de pluralismo en las cuales la gente no paga por ver y escuchar y mantiene además el anonimato de aquello que escucha, cosa que en las redes no ocurre.
¿Cuál es su opinión sobre la cobertura de la pandemia en los medios?
Hay de todo. El gran problema es de qué manera se genera mayor capacidad de voces que desmientan las 18 horas de alarma de noticias todo el tiempo. No es solo un problema nacional. Y de qué modo se permite la verificación de datos ostensiblemente falsos o medias verdades. O se sacan las condiciones reales por las cuales se hacen determinadas cosas, y cuando se le pone un solo título aparece distorsionado. El ejemplo más reciente es el de los test rápidos. Salió en algunos diarios que el Estado había hecho cualquier cosa y que ese mecanismo de tests tiene sus límites. Pero eso se sabía cuando se lo contrató. Ahora, si alguien omite decir que eso viene con límites específicamente determinados y con un fin determinado, se trata de la construcción de realidad en función de intereses económicos, como siempre se rodearon los medios. Ahí quisiera enfatizar la diferencia entre periodistas y medios. Los trabajadores de los medios no tienen negocios por fuera. Y las presiones económicas que sufren los medios, más allá de sus líneas editoriales, impactan sobre los trabajadores.
Respecto a las noticias falsas, ¿qué postura debería tomar el derecho?
Primero, en el marco del Sistema Interamericano, no hay capacidad de censura previa. Segundo, no siempre las fake news se refieren a personas. En ese caso, habría derecho de rectificación o respuesta. Dicho esto, hay otro tipo de fake news que operan sobre una realidad sin referencia a una persona en particular y ahí el derecho de contestar de la sociedad es más complejo. Las elecciones en Brasil, el Brexit, o el referéndum colombiano, no hacían referencia a un candidato en particular. Los europeos optaron por fijar, en países como Francia o Alemania, algunas reglas en función de elecciones y fake news. Pero, en algunos casos, hay una injerencia directa de los jueces en lo que los medios pueden decir o no. Entonces, la gran mayoría de las personas suele preguntarse cuál es la responsabilidad en materia de fake news. Considero que el tema de la responsabilidad es algo menor frente a la necesidad de generar instancias de chequeos, de mayor accesibilidad a las fuentes por parte de las personas que puedan estar alcanzadas por las fake news y no tengan capacidad de replicar por esa falta de acceso. Muchos dicen “sólo difundan lo que se publica por parte del Estado”, y eso es complicado como regla, porque el Estado no está siempre del mismo modo. Nosotros podemos sentirnos confortados con lo que hace Télam, pero si mirás en otros lugares la construcción de las estadísticas tal vez no tiene siempre las mismas fuentes. No estoy de acuerdo en que sólo hay que difundir la información oficial. Tiene que haber mecanismos de acceso a la información y transparencia informativa, pero no como fuente única.
¿Qué medidas se podrían tomar para favorecer el pluralismo informativo y cultural?
El gran tema es el financiamiento. Hay muchas iniciativas que necesitan porte para armar sus modelos de gestión. Pero hoy los medios no tienen modo de sostenerse con una retracción del mercado como la que existe. Ni hay un compromiso de financiamiento y pluralismo por parte de los que están llevando plata a sus cuentas sin generar ninguna producción. Esto existe en Estados Unidos, Suecia, España, Francia, Holanda, mecanismos de tomar plata de ingresos de ciertas explotaciones a los cuales se le agrega un impuesto puntual. Acá se podría trabajar sobre el IVA y reasignarlo. Y así generar un mecanismo transparente de financiamiento y pluralismo. En definitiva, se trata de eso y cada vez más. Mucho se ha hablado que esto es un tema de control de competencia, como si fuera solo un problema económico. Y ya desde el 2004 la Relatoría especial y luego otros relatores de libertad de expresión de otros continentes, y la propia CIDH, han venido diciendo que el pluralismo no se garantiza con control económico de concentración solamente, eso es un control a posteriori. Lo que garantiza el pluralismo y la diversidad es el control inclusive de la concentración indebida. Porque lo que se protege es la opinión pública, y no un problema de acumulación económica.
Oct 11, 2019 | Comunidad, Novedades
«La locura está en el aire. Mujeres de radio, en lucha y en marcha. Estamos desatadas», entona cualquier parlante de radio que sintonice los programas de “Cheque en Blanco” (FutuRock) o «Las Voces de Aquelarre» (Radio Hache) o la programación de Radio Colmena. Pero esas entonaciones que colman esas señales están desatándose desde el centro del Hospital Moyano en el centro de Barracas, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.
El hospital Braulio Moyano es, visto por fuera, un tono sin medios. Altos paredones de un color grisáceo aburrido y abandónico, signado por el tiempo que fue adhiriéndose, en capas, a la cola con la que se pegan afiches. Un bello intersticio edificado con paredes, columnas y molduras color café con leche corta la monotonía de ladrillo tras ladrillo. El hospital Moyano es un movimiento constante. Lo constante, también dentro, es que el Moyano es un gineceo: se trata de un neuropsiquiátrico exclusivo para mujeres.
Una vez dentro, la disrupción está en el centro. Como si de un nudo se tratase, allí está el desate. Usar la voz, lograr palabra, hacer radio allí es digno de alocadas ideas. Más aún: Realizan, hace diez años, lo que hoy -hace pocos años-, se conoce como podcasts.
En el medio de la reclusión, ¡zas!, la voz.
Y contra la monotonía, ¡zas!, la innovación.
“Desate” es una idea de trece años que cumplió, este 2019, diez de realidad. Surgió como ocurrencia de Silvia Maltz, psicóloga del Moyano, como contrafuerza a la lógica hermética del hospital. «Propuse un dispositivo radial, que permite un nexo entre el hospital y la comunidad. Personas como Alfredo Olivera, creador de “La Colifata”, o estudiantes de Comunicación Comunitaria de la UBA aportaron a que esta idea tome vuelo», explica Maltz.
Así se creó un nexo entre mujeres internadas y externadas interesadas en hacer radio, que junto a otros colaboradores debatieron sobre el nombre y la modalidad del proyecto: “Desate” (o “Desatadas”)
Por internet fue en un principio, hasta que paró la oreja el AFSCA (actual ENACOM) y sintonizó también al ISER (Instituto de Enseñanza Radiofónica). Y así, se formó un equipo de colaboración técnica, integrado hoy por Paula Abregú (psicologa), como co-coordinadora y productora, y Romina Romero y Marcos Autcheloine (ambos periodistas de ISER) en operación y edición radiofónica.
Y así, el dial virtual pudo ya ser un dial a perilla. Es decir, que las “Desate” producían para ser escuchadas (y valoradas) por Radio Nacional, Radio Cooperativa, Radio La Tribu, Radio Mega, Madres y Radio Vorterix.
«Además de -y más que- ser un dispositivo terapéutico, es un programa competitivo técnicamente. La modalidad adoptada desde hace tiempo es prueba de ello», agrega Autcheloine. Mientras podcast suena novedoso, las Desate hacían la novedad hace una década con un nombre menos rimbombante.
La osadía de este grupo de mujeres pensantes y críticas hizo abordar, desde el principio, temáticas que tardan mucho en encontrarse en el dial, en una concisión llamativa: tres minutos. Coyunturas política y económica, efemérides, derechos, burocracia, inmigración, o conceptos como encierro, maternidad, feminismo, talento, grieta, cambio, mujer o mate son meritorios de la palabra hablada al servicio de la reflexión. También escriben textos para reírse de las desgracias.
«Trabajamos situaciones, estructuras y problemáticas sociales diarias y profundas a la vez. Opinamos, criticamos y politizamos pero no acusamos a nadie en particular sino a la sociedad y a las instituciones. Somos comunicadoras, no juezas», señalan las “Desate”.
También hay lugar para las expresiones más nobles como radiopoemas, amor, dolor, miedo y esperanza. «La poesía es nuestra forma de conectar sentimientos y fantasías», agregan.
«La cultura es parte de la salud» es su lema y la radio es, para “Desate”, un puente entre el hospital y la comunidad. «De todas formas, tenemos objetivos intrainstitucionales y extrainstitucionales. Los primeros son generar, desde un dispositivo de encierro, lazos sociales y de afectividad. Pero también, hemos logrado, al hacer radio, el recibimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación para que las locutoras generen sus ingresos y, así, su autonomía», asevera la coordinadora Maltz.
El plantel de “Desate” ha variado con el tiempo. Hoy está integrado por Claudia Rodríguez, Claudia Sosa Prado, Elena Torres y Silvia Pérez como equipo estable. A ellas se suman otras mujeres internadas y externadas que paraticipan con asiduidad, y también colaboradores técnicos.
«Para nosotras es la realización de un sueño. Siempre, y cada una con su particularidad, quisimos hacer radio en algún momento de nuestras vidas. Pero ´Desate´ nos permite sentirnos escuchadas y valoradas. Nuestras expresiones, ocurrencias, críticas y conocimientos, mediante la radio, llegan a mucha gente», concuerdan, en una ronda.
Sus contenidos, hechos a base de debate y esmero, se trabajan tres veces por semana. La rutina comienza el martes, cuando aportan sus ideas y conversan temas de actualidad que ameritan notoriedad; los miércoles se graban los podcasts que serán editados y difundidos por radios de notorio alcance; y los jueves empiezan a delinearse los contenidos a producir en la semana próxima.
Actualmente, las “Desate” producen podcasts para los programas “Cheque en blanco” en Radio FutuRock (sábados a las 9) y “Las Voces de Aquelarre” en Radio Hache (viernes a las 19), así como también generan contenido que se emite en Radio Colmena cuatro veces a la semana (lunes 20:55, martes y viernes 12:55, y jueves 18:55). Algunos de sus podcasts -y otros contenidos- están disponibles en SoundCloud (soundcloud.com/Desate) y YouTube (Desate Canal). Las “Desate” desamarran voz para trabajar la palabra hacia la comunidad.
May 1, 2019 | Novedades, Trabajo
Sillas vacías por los despidos en ANSA.
Sillas vacías, escritorios sin pertenencias, computadoras apagadas. Lo que solía ser una sala de redacción, hoy es un escenario desolador. Figurita repetida para los medios de comunicación argentinos. En la bolsa también cayó ahora la reconocida agencia internacional de noticias, ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), donde hoy solo acuden a sus puestos nueve de los 17 empleados que trabajaban hasta que comenzó el último recorte.
Despidos de 74 empleados en la planta gráfica de La Nación y 37 en Editorial Atlántida; el embargo de la cuenta sueldo de los trabajadores de C5N; los salarios impagos de Radio del Plata y los 65 desvinculados en Clarín, la situación más emblemática de los últimos días, con multitudinarias protestas en su puerta. Con mucha menos repercusión, en ANSA también se viven horas de desguace. El 11 de febrero, tras una comunicación telefónica desde Roma, el encargado del sector de Recursos Humanos de la agencia italiana comunicó que debían despedir a la mitad de los trabajadores de la oficina de Buenos Aires, la cual supo ser sede central de las oficinas de Latinoamérica. La decisión se tomó tras la reducción del 20 por ciento del aporte que percibía la agencia del Estado italiano. La propuesta que ofrecieron desde Italia tiró por la borda todos los tableros establecidos en cuanto a leyes laborales: a la decisión de a quién despedir y a quién no, la debían tomar los propios periodistas en el plazo de un mes.
“Nos avisaron que iban a echar a tres trabajadores con nombre y apellido: el telefonista y dos técnicos. Además, debíamos elegir entre nosotros seis redactores de los 12 que éramos en ese entonces. A los técnicos y al telefonista les dieron entre cuatro y cinco días para arreglar sus cosas e irse. Al resto, hasta el 12 de marzo. La decisión del recorte no la tomaron con un sentido periodístico sino, en cambio, con un criterio financiero”, arremete Fernando Lorenzo, periodista y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
ANSA está desdde 1952 en nuestro país y era la agencia de noticias cabecera en latinoamérica.
Tras negociaciones con la empresa y audiencias en el Ministerio de Trabajo, los empleados han logrado que cada uno de los cuatro compañeros que optaron por finalizar su compromiso con la agencia, firmara en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) un retiro voluntario donde se acordó una cifra indemnizatoria superior a la establecida por la ley. Lorenzo, quien asistió a cada una de las reuniones, agregó: “Nosotros plantamos bandera pero no le pusimos palos en la rueda a nadie que decidiera irse; en cambio, tratamos de generar una mejor condición para negociar su salida”.
Desde su establecimiento en el país en 1952, la agencia ha vivido cada uno de los conflictos políticos y económicos que sacudieron a la sociedad argentina. Hoy, sumado a la crisis de la industria periodística y la específica de las agencias de noticias, se encuentra en medio de una crisis que ha dado lugar a la precarización. “Estamos preocupados, no solo por nosotros y nuestro gremio, sino a nivel general. Tratamos de dar resistencia, ver caminos para que no se cierre la fuente de trabajo pero el avance es arrollador. La empresa tiene sus razones, nosotros las nuestras, pero ahora, lamentablemente, estamos en inferioridad de fuerza”, comenta Alejandro Curotto, periodista de ANSA, especialista en política internacional.
La agencia de noticias italiana contaba con 81 oficinas distribuidas en 74 países. El objetivo primordial de la localización de ANSA alrededor del globo puede adjudicarse a una presencia política estratégica en dichos países detrás del sentido más superficial, el informativo. Actualmente, las únicas dos sedes que aún siguen ubicadas en el sur del continente americano son las pertenecientes a Buenos Aires y San Pablo, quedando únicamente corresponsables ubicados en México, Caracas, Cuba y Chile. Los trabajadores de la agencia, en su comunicación telefónica, tuvieron que escuchar otra posible decisión que estaba evaluando la empresa: concentrar la sede porteña en San Pablo, donde las condiciones laborales son mucho más flexibles, para bajar los costos.
Curotto, que tiene 60 años y ha dedicado 36 de su vida a la redacción de artículos para ANSA, explica: “Uno quiere y le tiene cariño a su trabajo porque es su obra, lo que hace, lo que estudió y aprendió. La decisión a tomar no abarca solamente irse o quedarse” .
Los trabajadores de ANSA debieron elegir entre ellos qué periodistas debían ser despedidos.
Ante el panorama desalentador, los trabajadores comenzaron a evaluar estrategias para poder generar un frente sólido sumando apoyos internacionales: “A fines de febrero, intentamos hablar con el canciller italiano, Enzo Moavero Milanesi, pero en ningún momento nos ofreció un espacio para contarle nuestra situación. Eso, para nosotros, fue una respuesta, sabemos que por esa vía no tenemos nada”.
En la última audiencia en el Ministerio de Trabajo a la que asistió el equipo de ANSA, con Fernando Lorenzo a la cabeza, los trabajadores recibieron otro golpe: la agencia solicitó que una persona más abandone su puesto. “Los que quedamos, estamos en el Titanic hundiéndonos. Nuestro servicio ya era precario anteriormente y ahora, por supuesto, empeoró. Los que quedamos nos reunimos y acordamos el trabajo que podemos llegar a brindar y garantizar sin que haya conflicto entre nosotros. Hay demanda corta y un problema estructural. No tenemos claro si esto terminó acá. Las personas que eligieron irse, lo hicieron mediante un consenso. Hoy no hay nadie con ganas de aceptar un retiro. De ninguna manera vamos a pelearnos entre nosotros para decidir quién se va, sino que vamos a defender nuestro puesto de trabajo”.
Para ANSA, la crisis del 2000 fue un quiebre y desde entonces la agencia se achicó continuamente hasta llegar al resultado de hoy. Lorenzo cuenta: “Nos quisieron sacar del convenio colectivo, la idea era realizar contratos individuales. Hubo una pelea muy fuerte, tomamos la sede y sufrimos dos despidos. A partir de ese momento, se negociaron mejores condiciones de trabajo. Estuvimos casi 10 años sin aumento de sueldo por la ausencia de paritarias. Gracias a la resistencia pudimos mantener nuestras condiciones de trabajo y crear un precedente. Hoy la situación les pesa por nuestro historial”.
A la espera de la nueva audiencia del 2 de mayo, Fernando Lorenzo, se animó a proyectar la situación de ANSA a futuro: “La propuesta es llegar con esta balsa, aunque sea destruida, hasta la orilla de octubre. Quizás haya una inyección al sistema productivo, al mercado interno. Aunque no sea laburar de periodista pero tener la posibilidad de insertarse desde otro lugar”.
