Una cooperativa de junqueros que resiste al negocio inmobiliario

Una cooperativa de junqueros que resiste al negocio inmobiliario

Se llama Isla Esperanza y se encuentra frente a la costa de San Fernando. Sus integrantes defienden su tierra contra el avance de los desarrollos urbanísticos.

-La tierra es para vivir… -intenta decir Antonela, pero el ensordecedor rugido de los motores de los yates, combinados con canciones estridentes que salen de sus parlantes, interrumpe su tenue voz y rompe el silencio tranquilizador del entorno. 

La isla Esperanza está sobre el Arroyo Anguilas, frente a la costa de San Fernando, en el municipio de Tigre. Su calma es simple, como la de la arboleda que se desprende de la naturaleza, hasta que es invadida por los rugidos de los yates. 

-La tierra no es para comprar ni vender. Tenemos esos criterios básicos para generar una comunidad alternativa a los barrios privados y apostar a lo humano -relata Antonela Chávez, santiagueña, quien vive hace dos años en la isla y milita en la cooperativa de junqueros, que lleva el nombre de la isla. 

A sus espaldas, se levanta un galpón hecho de madera y sostenido por columnas de tronco, donde los isleños realizan actividades productivas y colectivas como la cestería, el junqueo, la pesca y la apicultura. En su frente, los carteles gritan sus protestas continuas: “Basta de quemas”, “Basta de muertes en el río”,“Basta de perseguir por pescar y junquear”. 

Al compás de una guitarra, acompaña una canción en la que el estribillo repite siempre la misma oración: “La tierra no es de nadie, es de todos.” 

La disputa que viven los habitantes de la isla no es de ahora, sino que empezó exactamente en el año 2008, cuando grandes inmobiliarios quisieron instalar “Colony Park”, un emprendimiento privado que significó el desalojo voraz de las familias que habitaban en ese momento, el dragado del arroyo, la creación de terraplenes y relleno con la tierra imposibilitando el paso del agua hacia los humedales, la destrucción total del monte nativo y la desaparición de animales y fauna. 

“Ahí empezó la resistencia, a partir de la violencia. Una cooperativa para luchar contra el emprendimiento. Juntos somos poderosos”, cuenta Diego Domínguez, uno de los integrantes de la organización que lleva el nombre de la isla, que tiene como objetivo resistir ante los barrios cerrados, la especulación inmobiliaria, la destrucción de los humedales y a favor de la defensa del modo de vida isleño. 

“Es un modo de vida que no está reconocido, no está visibilizado, pero que tiene que ver con la libertad de poder criar a tus hijos como vos querés, de producir lo que vos querés, de sentirte bien en tu tierra, trabajar: la libertad de levantarte y ser vos”, dice Rolfi, como llaman sus compañeros de cooperativa a Rodolfo González Greco, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, quien fue uno de los principales protagonistas en detener, junto con Domínguez, el negocio inmobiliario. 

La idea es clara y concisa: derecho a la tierra, a la vivienda, a la producción de alimentos y artesanías, a la cultura, a la formación, a la libre navegación y a ser isleños e isleñas como bien les enseñaron sus antepasados. 

En aquel galpón -quemado dos veces por empresarios que desean instalar allí sus negocios-, se ve a tres mujeres que cocinan en conjunto: rapidito y sin mucho que pensar, cortan las verduras en trozos para después dárselas a los encargados de la olla popular. Esa olla grande que espera a nuevos visitantes que quieren recorrer la isla y conocer su historia. 

El primero en probar el sabor de la comida es El Papu, como llaman sus amigos a Ignacio, de piel morena y ojos vivos como cualquier niño de 10 años. Cuenta relajado, entre risas y con su voz finita, que para él, el rancho es una convivencia que ellos comparten: “Me gusta la isla porque estoy en paz, se puede pescar y estoy tranquilo.” 

A pocos metros, una parrilla y su fuego entran en calor, a la espera de choripanes y pescados frescos recién salidos del arroyo. No solo llegan nuevas personas que quieren conocer la cooperativa, sino también Prefectura: en un abrir y cerrar de ojos, junto con su navegación interrumpen la recepción para llevarse el trasmallo, el artefacto que usan los isleños para pescar, sin explicación alguna. 

“Seis pescados agarramos, es para consumo familiar y compartir. Lo levantó Prefectura. Fue un bote para pedir explicaciones de por qué lo levantaron. Estamos inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Nacional que nos posibilita a los junqueros a laburar, no queremos vaciar el río”, comenta indignada Antonela. 

Entre medio de árboles como fumo bravo, sauce y tala, un sendero atraviesa la isla que conduce a esas casas pequeñas hechas de adobe o barro, hamacas paraguayas en su frente y paneles solares en sus techos. Debido a la ausencia de Edenor, la energía es compartida entre los habitantes que no pueden acceder a estos modernos artefactos. Se empieza a sentir el cacareo y olor de las gallinas, dueñas por un rato de los huevos que comercializan y consumen los isleños.

“A mi marido le gusta mucho la naturaleza, el campo. Él tiene animales: chanchos, cabras, chivos, gallinas, gansos, patos, de todo. Las gallinas nos las donaron del INTA -Lorena Berton se refiere al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-, cuando eran pollitos y ahora son gallinas”. Lorena se encarga de la repostería de la cooperativa durante los festejos y los días miércoles, junto con cuatro mujeres más, remoja el junco para tejer nuevos productos. Los gallineros comunitarios son parte de su economía popular, abastecidos por el INTA. 

Una vez a la semana, ellas se reúnen para realizar una de las actividades principales que sostienen a la isla: la cestería. Con ayuda de una hoz, cuchilla con forma de medialuna que se encarga de cortar tallos, principalmente el junco; esa planta recta y flexible que crece por la zona. Ya recolectada y humedecida desde el día anterior, la cortan en tiras para poder manipularla con sus manos y conseguir el producto deseado. De ese encuentro salen canastas chicas y grandes, cestos, cortinas, portalámparas o hueveras.  

Del trabajo final se encarga el sol, quien debe secar cada parte del tejido para poder ofrecerlos al mercado. 

“Las chicas cada 15 días van a la feria de agricultura y llevan los cestos para venderlos o hacemos por pedido. Ahora hicieron un Instagram para que nos compren más y para que tengamos venta. A veces nos piden mucho y si el cliente quiere, lo barnizamos”, cuenta Lorena, con su sonrisa compradora y cálida. 

Por parte del Estado, la ayuda es nula, casi como si no existieran: el agua no es potable, el gas no llega y hay luz solo por parte de los paneles; pero no pareciera importarle a nadie, excepto, a los oportunistas que ven a la isla como una tierra deseada a cambio de unos cuantos dólares. 

“Si esto sigue así, en algunos años no va a quedar ninguna familia isleña -dice Emma Moragas, militante de Isla Esperanza con la voz que se le quiebra-. Es cuestión de tiempo que el lugar quede en manos de quienes pueden pagarla y vale muchísimo. Ese día no van a dejar entrar a nadie más. Pondrán carteles de propiedad privada, prohibido pasar, prohibido circular, zona restringida o seguridad privada.”

«Del asfalto al barrio privado hay un solo paso»

«Del asfalto al barrio privado hay un solo paso»

La Asamblea de la Biósfera Pereyra Iraola realizó una jornada de limpieza, educación e interpretación para resguardar a la reserva bonaerense de proyectos viales que atentan con el medioambiente.

La Asamblea de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola realizó una jornada de limpieza, educación e interpretación en la Zona de Amortiguación Camino Negro, Reserva Integral Punta Lara. Nancy Geymoant, una de las asambleístas que participó de la jornada, explicó: “Estamos acá para demostrar cómo se limpia una reserva sin máquinas, con una guardaparques, conscientes de la importancia de que se mantenga la categoría de Reserva Mundial de Biósfera que le dio la UNESCO en 2007”.

Dicha categoría se vio amenazada en diciembre del 2022, cuando en pleno Mundial de Fútbol donde estaban puestos los ojos y las expectativas de gran parte de los argentinos, cuatro palas mecánicas, por orden de la Municipalidad de Ensenada, empezaron el desmonte para “ampliar y mejorar” la exruta provincial N°19, mejor conocida como Camino Negro, que va desde la bajada en Villa Elisa de la Autopista La Plata-Buenos Aires hasta la costa del Rio de La Plata en Ensenada.

“Cuando vinieron las máquinas, fue demoledor. Nos daba mucha tristeza. Los animales venían al lado nuestro como pidiendo ayuda”, recordó con tristeza Lidia Troglio, asambleísta. “Esto es la vida, los árboles. Si cruza un camino acá, todo esto se va”, agregó Lidia.

Al tratarse de una Reserva de la Biósfera (UNESCO) debe cumplir con ciertos requisitos. Si el camino se amplía, permitiendo el tráfico pesado de vehículos, aumentando la contaminación, desmontando la flora autóctona y el hábitat de los animales, perdería esta categoría. Si no se cuenta con este tipo de protección, y sin la sanción de la reclamada Ley de Humedales, las tierras del Parque pueden pasar a manos privadas, con planes inmobiliarios para unos pocos. “Lo que nosotros sabemos es que, si ellos hacen el asfalto, del asfalto al barrio privado hay un solo paso”, sostuvo Rosana Donato, guardaparque voluntaria y referente de La Asamblea.

La Reserva de Biósfera Pereyra Iraola, conformada por el Parque Provincial Pereyra Iraola y la Reserva Integral Punta Lara, posee una superficie total de 10.248 hectáreas, es el séptimo parque urbano más grande del planeta. Siendo una de las zonas de mayor biodiversidad de la Provincia de Buenos Aires, abarca los municipios de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata. Con una riqueza natural invaluable, con variedad de aves, insectos y animales silvestres; una flora autóctona que funciona como pulmón verde, regula la temperatura, filtra el agua de lluvia y carga las napas y los acuíferos. Es una joya natural, orgullo de todos los habitantes de la zona. 

En 2010, la Reserva ya se había visto amenazada por la construcción de una autopista que atravesaría el corazón del Parque. Es por este motivo que guardaparques, vecinos y visitantes conformaron la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola. Presentaron un recurso de amparo para impedir que se lleve a cabo esta iniciativa, y se propusieron proteger, preservar, educar y difundir la importancia de este pulmón verde para el mundo. “La Asamblea es la voz y el cuerpo de la Reserva. Nosotros somos parte de esa voz y ese cuerpo, porque la amamos con el corazón”, manifestó emocionada la asambleísta Lidia Troglio.  

 

En diciembre pasado, con órdenes del Municipio de Ensenada y alegando la limpieza del camino, cuatro máquinas empezaron el desmonte del Camino Negro. Rápidamente los asambleístas se movilizaron, empezaron a visibilizar y denunciar el crimen ambiental que se estaba cometiendo. Llevaron a cabo manifestaciones pacíficas; como lo fue el acampe durante dos noches y tres días a la vera del camino. Gracias a estas acciones, las máquinas no pudieron continuar con su cometido y se retiraron, dejando el daño que hicieron, tal como señalaba la guardaparque Donato: “La basura quedó, se llevaron el monte”.

“Nosotros conformamos una asamblea pacífica, y lo que busca es proteger la Reserva para que las futuras generaciones la puedan disfrutar. Si bien la Asamblea interpone amparos y hace denuncias, también presenta los proyectos alternativos”,destacó Donato.

Es así que la Asamblea presentó un proyecto con el que busca crear un“Corredor Natural de Educación Ambiental. La intención es poner en valor el camino, haciéndolo transitable para vehículos de emergencia, bomberos, policía y guardaparques, respetando la vegetación y retirando la basura sin desmontar. Además, propone habilitar el camino solo para peatones y ciclistas, colocar cartelería interpretativa y miradores, y mejorar la seguridad del camino con puestos de control de Guardaparques. 

Esta jornada simbólica de limpieza fue muy importante y satisfactoria; desde la Asamblea prevén realizar otras en los próximos meses. Con precaución de los animales silvestres y conservando la flora, se procedió a la recolección y clasificación de los residuos que se encontraban en ambos lados del camino. Además, se colocaron carteles amigables con el ambiente, señalando los nombres de la diversa flora y con leyendas como “La naturaleza es para amar, cuidar y proteger” o “Este lugar es un escudo protector del planeta”.

 

Humo sobre el agua

Humo sobre el agua

En Diputados, a pedido de los jefes de bancada, volvió a suspenderse el tratamiento en comisión de la Ley de Humedales. Diversas organizaciones sociales protestaron ante el Congreso y apuntaron contra los “lobbys extractivistas” por las trabas al proyecto, que busca preservar un medio ambiente en vías de destrucción.

No se puede respirar”. “Ecocidio = muerte”. “Ley de Humedales ya”. Los carteles en las afueras del Congreso de la Nación gritan. Tampoco se salvan las paredes: “Ecocidas”, acusan sobre el muro lateral del edificio unas letras en tinta roja rodeadas de manos del mismo color, simulando sangre. Sobre Avenida Rivadavia, entre Riobamba y Callao, se escuchan cantos, proclamas por megáfono y pronunciamientos amplificados por un parlante. También hay tambores tocados por un montón de percusionistas sonrientes. Adentro el silencio: durante la noche del miércoles se confirmaba la suspensión del plenario previsto para ayer a las 10, del que podía haber salido un dictamen para posibilitar la sanción de la Ley de Humedales.

 El proyecto de Ley, redactado por el Diputado Leonardo Grosso en el año 2020, dispone la creación de un Inventario Nacional de Humedales con el fin de reunir la información necesaria para protegerlos, recuperarlos y monitorearlos. Además, establece una serie de criterios de gestión, entre los cuales se cuenta el hecho de que las Jurisdicciones deberán limitar todo desarrollo urbano, agropecuario, industrial y de vuelco de desechos que pueda afectar la integridad de los humedales, y deberán, además, exigir la aplicación de procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y declaraciones claras a este respecto por parte de cualquier empresa o entidad cuyas actividades puedan afectar a los humedales. El proyecto también establece la creación de una Autoridad Competente para cada Jurisdicción y de una Autoridad de Aplicación a nivel Nacional, así como la conformación de un Fondo Nacional de Humedales para financiar las acciones previstas por la ley, y contempla sanciones para quienes la incumplan.

 Al parecer, estas condiciones no contentan a los empresarios ganaderos, ni a los agrícolas, ni a la Unión Industrial Argentina. Tampoco a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ni a los gobernadores del Norte Grande. “Ellos consideran que esta ley es limitante a su producción, y al extractivismo”, explica Sofía, de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu). Para ella, detrás de la suspensión del plenario “se encuentran los distintos sectores del extractivismo, tanto inmobiliario, como minero, como del agronegocio, ganadero, y también las petroleras”, y reflexiona: “Ahí no hay grietas, hay un acuerdo implícito y ahora explícito, por eso frenaron el debate”. Cuando habla de una ausencia de grietas se refiere a la maniobra que terminó de forzar el plenario hacia la suspensión: una nota breve, concisa, dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau en la que los siete jefes de las bancadas solicitaron posponer el plenario “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. La firmaron Germán Martínez (Frente de Todos, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

También los gobernadores del Norte Grande emitieron un comunicado en el que expresaban estar de acuerdo con que haya una ley de humedales, pero contemplando un “equilibrio” que garantice las actividades productivas, las cuales según ellos podrían verse afectadas por la Ley. Muy similar a esta postura fue la esgrimida por los empresarios ganaderos, agrarios y mineros, aunque con mucho menos tacto: “Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera”, amenazó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros el miércoles, en un comunicado que simula preocupación por los puestos de empleo y los ingresos nacionales.

 Un hombre de traje y corbata con dos signos de pesos en lugar de pupilas se prende fuego desde un escritorio. “Destruir humedales es ecocida, no sancionar la ley también”, reza la ilustración. Es el cartel que sostiene Patricia, otra integrante de ReNaHu. Para ella, los lobbys que frenaron la discusión de la Ley demuestran ser “los poderes fácticos que tienen capacidad de incidir sobre la política”, y desean continuar con sus prácticas extractivas sin ningún tipo de regulación. “Lo que viene a establecer la Ley De Humedales no es prohibición sino regulación”, aclara desde la esquina de Rivadavia y Riobamba mientras los tambores empiezan a sonar más alto y las organizaciones van avanzando hacia el centro de la calle. “Los ambientalistas estamos muy unidos, más unidos que nunca, y lo único que nuestra ley plantea es hacer realidad con respecto a los humedales los principios que están en la Constitución y en la Ley General del Ambiente”, agrega su compañera Graciela.

 Unos pocos guardias de seguridad custodian la entrada lateral del Congreso, mientras a pocos metros delante suyo, sobre la misma vereda y un poco más allá del cordón se va formando una ronda que tiene como centro un pequeño fuego. Hay organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la UTEP, la Vía Campesina, Jóvenes por el Clima y varias agrupaciones pertenecientes a partidos de izquierda. Rosario, una integrante de Ambiente en Lucha (organización ambiental dentro de Izquierda Socialista), también apunta a los lobbys empresariales como los responsables de la suspensión del debate: “Lo van a querer estirar lo más que se pueda para que no se debata y para justamente poder mermar el gran activismo que hay en las calles”, asegura mientras sostiene una de las cañas de la bandera de su organización, y enfatiza en la importancia de pelear por el proyecto de Ley de Humedales consensuado en 2020, sin admitir modificaciones que cedan ante los lobbys.

 Sobre la vereda, integradas en la ronda que se formó en torno del fuego, van tomando el micrófono distintas personas que de vez en cuando levantan un mar de aplausos y pronuncian sus consignas encima del rumor incesante de los tambores. Así, por ejemplo, Eduardo del Frente 22 de Agosto toma la palabra para aclarar que no fue, como algunas personas habían dicho, decisión de Leonardo Grosso suspender el debate de hoy. Antes, un hombre llamado Martín, de la Asamblea Delta y Río de La Plata, tomó el micrófono para denunciar que fue expulsado por la seguridad del Congreso cuando en el marco de una de las jornadas de debate cuestionó la influencia de los lobbys sobre los legisladores. “Los representantes del pueblo están representando a los lobbys, y por eso no termina nunca de tratarse, hace diez años que venimos con esta ley”, remarcó.

“Estoy acá porque creo que todo fuego es político”, afirma Sol, una mujer autoconvocada que habla de manera concisa y resuelta mientras sostiene un cartel que reza “Somos río”. A las doce del mediodía y las organizaciones sociales van desconcentrando. Los percusionistas son casi los últimos en irse, pero de a poco van dejando de tocar. Las banderas se pliegan, los carteles que había en el piso se levantan. Un joven apaga el fuego pequeño y controlado que habían montado frente a la entrada lateral del Congreso. Ahora quedan otros por apagar, mucho más grandes.

Más suspenso para la Ley de Humedales

Más suspenso para la Ley de Humedales

Se pospuso por una semana el debate en comisión del proyecto que busca proteger los ecosistemas en peligro. El cuarto intermedio busca conseguir una síntesis de la decena de proyectos presentados.

Este jueves comenzó un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir sobre la decena de proyectos de ley presentados para proteger los humedales. La reunión empezó a las 10 y se extendió hasta las 13:30, momento en el que el diputado del Frente de Todos y presidente del plenario, Leonardo Grosso, anunció que habría un cuarto intermedio hasta el jueves de la semana que viene en pos de buscar una síntesis de las propuestas presentadas.
El plenario se desarrolló en el segundo piso del Anexo de la Cámara Baja, ante cientos de ruralistas y ambientalistas que llenaron el lugar para fijar posición. Afuera, se vivió una situación similar: tanto Avenida Rivadavia como Riobamba se vieron colmadas de organizaciones que reclamaban la aprobación del proyecto presentado por el propio Grosso, que cuenta con el aval de científicos y ambientalistas.

El próximo jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, se reunirán las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Presupuesto y Hacienda; y Agricultura y Ganadería, para tratar de aprobar un dictamen que permita tratar el proyecto en el recinto. El contexto de múltiples incendios en el país parece ser determinante para dictar una normativa de protección que vienen discutiéndose sin resultados hace por lo menos una década.