Los vecinos de Beccar quieren un parque público

Los vecinos de Beccar quieren un parque público

La Asamblea Barrial de Béccar se opone a la construcción de un shopping de Cencosud, licitado en 1996, en un predio que ocupaba la antigua Obras Sanitarias. Hoy se trata de un baldío y su futuro depende de un fallo judicial.

Los segundos y cuartos domingos de cada mes, por la tarde, los vecinos de la Asamblea Barrial de Beccar se reúnen en el frente del expredio de Obras Sanitarias licitado a Cencosud en 1996. Su propósito es visibilizar la lucha que llevan adelante para que el Municipio de San Isidro los convoque y que el Poder Judicial dictamine a favor de que el terreno vuelva a manos del Estado para que se concrete el anhelo de establecer en ese lugar un parque público. En el último tiempo Ramón Lanús, intendente del partido ribereño y empresario vinculado al negocio inmobiliario, manifestó su intención de llegar a una transacción con la multinacional, a lo que los miembros de la asamblea se oponen contundentemente.    

El derecho a la vivienda, a un medioambiente sano, la participación ciudadana en la planificación urbana y la conservación de la identidad de un pueblo son algunas de las consignas que convergen en el lema “Sí al parque público de Béccar”. La organización y lucha colectiva de la asamblea local espera la resolución judicial desde 2017. Hace casi 30 años que el predio ubicado en Av. Centenario y Tomkinson es reclamado por la comunidad. Aun así, en 1996 Cencosud ganó la licitación para construir un centro comercial en el lugar en un plazo determinado, con la condición de dominio revocable. La multinacional ya perdió sus derechos sobre el lugar, pero se niega a reconocerlo. 

Las rejas que imponen distancia y el estado de abandono del lugar no resultan trabas para resignar el reclamo. Tampoco la gran cantidad de carteles de color amarillo y negro que remarcaban que es una propiedad privada monitoreada por agentes de seguridad. Muchos de quienes se hicieron presentes en el último encuentro son personas mayores, gran parte mujeres, que dedicaron un largo rato de su fin de semana a hacer visible el reclamo. Armaron banderines y pintaron carteles que luego amarraron junto a escritos en las paredes que afirmaban: “Sí al parque público de Béccar”. Una rayuela y otras manifestaciones artísticas en colores dan vida a una vereda desamparada. El pasto del terreno se mantiene corto porque adentro hay caballos que se alimentan de él, aunque no son capaces de disimular la basura acumulada y el desmoronamiento de las instalaciones.

La Asamblea Barrial de Béccar nació en el caótico diciembre del 2001. Elda Cedro se unió en febrero de 2002 y sostuvo que “fueron las distintas causas lo que nos mantuvo tantos años unidos”. Cedro considera a la pandemia como factor fundamental de la reflexión ciudadana sobre la importancia de vivir en un medioambiente sano y la importancia que devino para el reclamo por el parque público. Mientras pintaban con stencils sobre cartones, una de las integrantes de la asamblea repartía a quienes pasaban por la vereda volantes con el reclamo. Ninguno los despreció. Como en cada encuentro, se sentaron en ronda para comentar sobre las actualizaciones del caso y reflexiones sobre la comunidad de la que son parte. 

El expredio de Obras Sanitarias es un punto clave para Béccar, por su ubicación geográfica cercana a las desiguales realidades socioeconómicas de la ciudad. En la parte de atrás es lindero de La Cava, un barrio popular donde, dado las características del terreno por la extracción de arcilla para la fábrica de ladrillos que funcionaba en el lugar, viven en condiciones de hacinamiento y marginación social. 

Junto a una cátedra de Arquitectura de FADU los miembros de la asamblea diseñaron un anteproyecto donde, entre otros objetivos planteados, tres hectáreas del terreno serían destinadas a la construcción de viviendas para vecinos de La Cava. El predio comprende 20 hectáreas de arboleda añosa, diversidad de flora y fauna y estructuras de galpones que, en manos del Estado, resultaría fundamental para garantizar el acceso a la salud pública, a la cultura, al ocio y a  la recreación. 

En un informe que presentó Cencosud en el 2017 expusieron que cementar el predio provocaría la pérdida de la totalidad de su biodiversidad. Más allá de la legislación provincial y consensos internacionales que establecen necesarios entre nueve y diez metros cuadrados de espacio público verde por habitante para una mejor calidad de vida, en Béccar no se superan los 1,5 metros cuadrados.

“Si al parque público Béccar” es la consigna que busca conservar uno de los pocos pulmones verdes que le quedan a la localidad. Los años noventa, durante el menemismo, estuvieron signados por la privatización y el achicamiento del Estado. Fue en este contexto que salió la licitación del predio de Obras Sanitarias y en 1996 fue adjudicado a Cencosud. Tomaron posición en el lugar bajo la condición de dominio revocable, es decir que volvería a manos del Estado nacional en caso de no cumplir con lo pautado. El plazo exacto que tenían para llevar a cabo la construcción estaba expresado en un expediente del que no se conoce paradero, pero por defecto en 2016, 20 años después de la licitación, la Administración de Bienes del Estado (AABE) inició el recorrido judicial para recuperarlo. 

Paradójicamente, el presidente de la AABE entre 2015 y 2019 fue Ramón Lanús, actual intendente de San Isidro, quién ganó la interna de Juntos por el Cambio a Macarena Posse, heredera de una “dinastía” de 40 años de poder en el partido. Según argumentan los vecinos de la Asamblea Barrial de Béccar en la carta presentada el 28 de agosto ante el Concejo Deliberante, el mandatario no disimula sus intenciones de llegar a un acuerdo de manera extrajudicial entre Cencosud y el Estado nacional. Los vecinos, que insisten en la recuperación del espacio verde, esperan el dictamen del Juez Patricio Maraniello y no ven posible un acuerdo con la multinacional, que dejó a la deriva el lugar hace 28 años.  

Cedro argumenta que nunca hubo herramientas democráticas para el pueblo en torno a la planificación urbana, ni tampoco una convocatoria a la comunidad cuando se tratan cuestiones vinculadas al medio ambiente, presente en el Acuerdo de Escazú aprobado en Argentina en 2020 . “Hay siempre una resistencia, y eso es un mérito para nosotros” reflexionó una integrante de la ronda ante el recuerdo de los intentos de atropello con respecto al predio que supieron sortear. En cuanto a la causa judicial, lo próximo que esperan son los resultados del tercer peritaje ambiental solicitado por Maraniello, que Cencosud durante cuatro años intentó evadir. “Si al parque público de Béccar” es una lucha que espera la definición del juez, aun conociendo los tiempos que comprende el proceso, porque consideran al parque fundamental para la identidad y el futuro de las nuevas generaciones.

 

Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Un tribunal popular declaró «no culpables» a los acusados de incendiar el diario El Chubut en la manifestación de diciembre de 2021 contra la rezonificación minera.

El pasado 19 de septiembre un jurado popular absolvió a cuatro manifestantes implicados por las protestas de diciembre del 2021, una histórica jornada para la provincia de Chubut en la que una pueblada sin precedentes consiguió derogar el Proyecto de Zonificación Minera.

Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina fueron declarados “no culpables” en la causa llevada a juicio por la Fiscalía de Trelew, acusados de estrago doloso, por daños e incendio  al edificio del diario El Chubut, ocurridos el 20 de diciembre de 2021.

Este hecho implica una nueva derrota para quienes se han dedicado a perseguir sistemáticamente a grupos ambientalistas en la provincia, criminalizando los actos de protesta: el Poder Judicial resolvió a favor de los manifestantes, librándolos de culpa.

En la provincia de Chubut han habido numerosos casos de protesta ciudadana en contra de la explotación minera que hace muchos años amenaza con azotar el ecosistema. De estos casos, en la provincia hay muchos antecedentes, y uno de los más importantes sucedió en 2021, el popularmente conocido “Chubutazo”.

 Ha habido victorias y derrotas para ambos sectores. Desde la aprobación de la Ley 5001 en el 2003, que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro, gran hito para la lucha ambientalista, hasta la adhesión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei y votado por mayoría en la Legislatura de Chubut, el pasado mes de agosto.

El 15 de diciembre de ese año, la Legislatura chubutense aprobó el “Proyecto de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, un proyecto de zonificación minera que dejaba el medioambiente local a merced de la megaminería.

Esto provocó una enorme respuesta popular que implicó seis días seguidos de manifestaciones en Rawson y Trelew, enmarcadas en tiempos de represión policial y persecución judicial de quienes salieron a las calles en defensa del agua. Durante esa jornada hubo 56 detenidos.

En el segundo artículo de la Ley 5001 había un permiso de zonificación para ejercer la explotación en una parte delimitada de la provincia. Dicho artículo tenía como fecha de caducidad 120 días después de aprobada esa ley, en 2003. A pesar de ello, el proyecto de zonificación fue presentado por el entonces gobernador Mariano Arcioni, tomando ese artículo sin vigencia, y haciendo una delimitación en el departamento de Telsen y la localidad de Gan Gan para poder realizar actividades de explotación minera.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, activista ambientalista y comunicadora social, dijo que “ese proyecto lo aprobaron en una sesión especial con el pueblo en la calle, los que estábamos ahí nos dispusimos a bloquear las salidas de la Legislatura, pidiendo a los diputados que reviertan esa aprobación, y automáticamente apareció la Infantería y empezó a disparar sin mediar palabra”. Aquella noche del 15 de diciembre la represión continuó hasta las cuatro de la mañana, “eso sucedió durante seis días ininterrumpidos, en Rawson y Trelew”, agregó Silva.

Finalmente, se derogó el Proyecto de Zonificación Minera, gracias a la Ley 5.001 y a las rebeliones populares que, luego de casi una semana de represiones y protestas, consiguieron una de las victorias más importantes en la lucha contra la explotación minera.

La disputa de los grupos ambientalistas en contra de la megaminería ha sido un conflicto constante y sin final, que ha consignado los últimos 20 años en la provincia. En esta pugna también se han visto recurrentemente involucrados los diputados y gobernadores oficialistas, que en muchas oportunidades se han articulado con el Poder Judicial para criminalizar estas manifestaciones.

Son muchos los casos ya en los que las protestas se han visto obstaculizadas por denuncias y causas armadas, la mayoría de ellas que no llegaban a ningún lado. A esto, además, se le ha sumado la operación de los principales medios de comunicación de la provincia que se han encargado de inculpar a los ambientalistas. Este conflicto en la provincia, aún hoy, sigue estando vigente, y lejos está de concluir.

Todavía quedan ocho ciudadanos con juicio pendiente por las protestas del 2021, uno de ellos por el supuesto incendio de la Fiscalía y Casa de Gobierno, y los otros siete inculpados por daño y hurto, que consiguieron seis de ellos la suspensión del juicio a prueba.

Incendio a las oficinas del diario El Chubut

El 20 de diciembre de 2021, en el marco de esta jornada de protestas, un grupo numeroso de manifestantes que habían participado de un corte de ruta, marcharon alrededor de las 18 horas hacia la ciudad de Trelew. Allí se acercaron a inmediaciones del edificio del diario El Chubut como forma de protesta de la relación cómplice que entienden los manifestantes tiene esa redacción con el Poder Ejecutivo. “Siempre hay un reclamo fuerte, pero ese día se desbandó”, comentó Silva.

En ese momento, se dan los hechos por los que son llevados a la justicia los cuatro imputados recientemente absueltos, acusados de daños al edificio por lanzar piedras y de incendios provocados por el uso de bombas molotov, hecho que no se pudo probar. Incluso uno de los acusados, Walter Medina, declaró que ni siquiera había estado en el lugar de los hechos porque estaba en reposo por una fractura.

Igualmente, Medina había tenido una orden de captura, y fue detenido junto a otras personas, y apresado preventivamente durante una semana hasta que fue liberado por el reclamo popular. “Estaban sufriendo una preventiva de 60 días sin ningún tipo de prueba en contra”, explicó Silva.

 

Mientras eran juzgados, todos ellos declararon no haber participado en los hechos de los que se les acusaba. Y fueron claves los testimonios de algunos testigos para poder evidenciar su no culpabilidad. Un reportero gráfico jubilado, que en ese momento trabajaba en el municipio local, señaló haber visto a quienes habrían iniciado el ataque, un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que rápidamente habrían huído del lugar.

Debido a que muchos jueces tuvieron que correrse para tomar la presidencia del tribunal por la exposición mediática que esto implicaba, se decidió que ese proceso iba a ser llevado a cabo por un jurado popular. La jueza María Laura Martini, por ejemplo, luego de elevar el juicio a prueba por la quema de Casa de Gobierno recibió un fuerte amedrentamiento por muchos de los medios más importantes de Chubut, e incluso una diputada presentó un proyecto para rever el pedido de traslado a Rawson, por motivos laborales, que Martini había solicitado un mes antes de esa resolución y que, finalmente, fue rechazado por el Consejo de la Magistratura.

“Nosotros realmente no sabemos cómo pueden salir las cosas con el sistema judicial, porque está mediáticamente expuesto que hay un apriete y un control del Ejecutivo sobre el mismo”, comentó Silva, y explicó también la incertidumbre que tenían los acusados por ser juzgados por un jurado popular: “En la provincia se estigmatiza mucho a la protesta social, y a nosotros realmente nos daba miedo que los vecinos tuvieran que resolver”, apuntó. No obstante, el último día de juicio, el jurado determinó de forma unánime la inocencia de los imputados.

 

 

 

Ambientalistas contra el Pacto de Mayo

Ambientalistas contra el Pacto de Mayo

Ochenta organizaciones firmaron un documento conjunto en el que manifiestan fuertes críticas, especialmente a su punto 7 donde Milei y los gobernadores firmantes afirman el avance de la explotación de recursos naturales sin ningún tipo de límites.

Unas ochenta organizaciones sociales ambientalistas elaboraron y firmaron un documento conjunto para manifestar su rechazo a las palabras proferidas por el presidente de la Nación el día en que se llevó adelante el Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán. En esa ocasión, dieciocho gobernadores provinciales firmaron un acuerdo propuesto por Javier Milei con diez pautas comunes. La séptima proponía “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, lo que provocó una especial aversión en el ambientalismo.

Además, antes de la firma conjunta entre el presidente de la Nación y los gobernadores, Milei había dicho en un discurso público que “Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales, pero los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo”.  

La respuesta del ambientalismo al discurso oficial y al Pacto de Mayo no tardó en llegar. Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales van a contramano del mandato constitucional que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, dice uno de los pasajes del documento firmado por ochenta agrupaciones ambientalistas. “La mención a las ‘minorías ruidosas’ y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido —sigue el documento—, ya que han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”. El texto finaliza con un reclamo a las autoridades nacionales y provinciales para que se garantice el derecho a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental. 

ANCCOM conversó con Manuel Jaramillo, Director General en Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones sociales ambientalistas firmantes. El dirigente dijo que el discurso del presidente de la Nación es anacrónico y que “está tan desfasado en el tiempo como lo es firmar el Pacto de Mayo en julio. Hoy los mercados no están buscando flexibilizaciones ambientales sino certificaciones sociales y ambientales que permitan que los productos que se generen alcancen los mercados. Pensar que se van a conseguir mayores o mejores inversiones flexibilizando las normas ambientales y sociales es pegarse un tiro en el pie para el desarrollo de nuestro país”. 

Por su parte, Ariana Krochik de la organización Consciente Colectivo, otra de las agrupaciones firmantes, dijo que “si bien el documento que ellos firmaron no tiene ninguna validez legal, el discurso muestra la orientación de adónde quiere ir este gobierno, que es poder vender el país a dos mangos con cincuenta sin ningún tipo de condicionamiento o sin las condiciones mínimas que se espera ni las normativas vigentes que existen hoy”. 

ANCCOM también conversó con Micaela Oroz de la organización ambientalista Ahora qué?, otra de las firmantes, quien dijo que el oficialismo “nos pinta como enemigos del desarrollo nacional, lo cual está muy lejos de ser la realidad, porque queremos apostar por un desarrollo sostenible e inclusivo. El discurso de Milei no era tan peligroso cuando era un panelista en ‘Intratables’, pero ahora es peligroso porque es el presidente de la Nación y es en base a eso que se van a redactar las políticas públicas y la base que se les está dando a las empresas que van a insertarse en el país”. 

Suponiendo que al presidente de la Nación le llegue el documento firmado por las organizaciones ambientalistas, ¿cambiaría su visión en torno a la problemática socioambiental? “No tenemos mucha expectativa de eso —opinó Jaramillo—. Lo que hicimos ahora es transformar el documento en una propuesta formal de pedido de audiencia con el presidente de la Nación o con el jefe de Gabinete. Vamos a hacer lo mismo con los gobernadores, porque son ellos los que firmaron el Pacto de Mayo y los que tienen, en realidad, las políticas para la gestión de los recursos naturales”. 

A su vez, Krochik dijo que no cree que el presidente cambie de postura al leer el documento firmado por el ambientalismo, pero aseguró que dicho documento “no es tanto para el presidente sino para quienes lo están acompañando y para los gobernadores que se presentaron en el Pacto de Mayo. Yo no creo que nuestro presidente lo haga por una cuestión de ignorancia, aunque sí creo que la tiene en esta materia, sino que es una decisión política. En cambio, creo que las personas que lo están apoyando no siempre están del todo acuerdo con lo que está diciendo y tal vez el documento les puede inclinar un poco la balanza”. 

“Yo creo que no va a cambiar su visión —opinó a su vez Oroz—, pero sí creo que siempre es importante mostrar la fuerza de la acción colectiva y mostrar la unidad sectorial ante las diferentes problemáticas. Puede que no cambie su visión, pero que sí genere un impacto para otros actores dentro del sistema político, como el Congreso. Esperamos que el documento genere impacto en la legislación”. 

Por otro lado, Jaramillo enumeró una serie de situaciones que, a su parecer, debilitan los logros conseguidos por el ambientalismo. Dijo, por ejemplo, que ya no hay una Secretaría de Cambio Climático, que se ha asignado a una persona a cargo de la Dirección Nacional de Cambio Climático pero que fue nombrada como Directora Nacional de Biodiversidad, porque la Dirección no está creada todavía. También mencionó la reciente aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que va en consonancia con el séptimo punto del Pacto de Mayo, que es el compromiso por la explotación de los recursos naturales. “Esto muestra la falta de interés que el Poder  Ejecutivo Nacional está teniendo para con el ambiente —opinó Jaramillo—. Es la negación ya no del cambio climático sino de la responsabilidad de los humanos sobre el cambio climático. Va en contra de lo que han firmado más de 180 países en el Acuerdo de París y va en contra de lo que más de 5.300 científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático han demostrado a lo largo de treinta años”. 

Por su parte, Krochik advirtió que “no sólo hay desinformación sino también una negación de la otredad, no solamente con los que piensan distinto sino también con lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Quién es una persona, representando un país, para negar tan abiertamente a la ciencia, que nos está advirtiendo de los efectos que tiene el cambio climático y lo que es importante hacer en base a eso?”.

“Para nosotros no hay duda sobre la importancia del cambio climático y la inminencia de la crisis —concluyó Oroz—. De hecho, es algo que las empresas multinacionales estipulan dentro de sus planes de inversión. Es un retroceso que el discurso oficial sea, primero, postularnos a los ambientalistas como enemigos del desarrollo nacional y, después, negar tan abiertamente al cambio climático, que es un debate saldado y que retrasa cincuenta años”. 

“Los mismos conflictos están sucediendo en todos los barrios”

“Los mismos conflictos están sucediendo en todos los barrios”

Organizaciones barriales de la ciudad de Buenos Aires, realizaron un encuentro para exponer problemáticas y planes de lucha en común contra el avance del Gobierno de la Ciudad sobre los espacios verdes en todas las zonas.

El lunes 8 de julio distintas organizaciones sociales realizaron un encuentro en el Salón San Martín de la Legislatura porteña por la “participación ciudadana en la creación y preservación de los espacios verdes públicos”.

“Aquí se manifiesta el cómo de la participación ciudadana en todas sus formas: asambleas, ONG, asociaciones civiles, los que están dentro de la Ley de Comunas y de las leyes por las cuales se gestionan, entre otros, el Parque Avellaneda y el Parque de la Estación”, opinó Ricardo Muir, integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, una de las organizaciones convocantes, en diálogo con ANCCOM.

Fueron alrededor de diez expositores que contaron sus distintas historias y proyectos de ley aprovechando una pantalla para proyectar audiovisuales. Posteriormente, mostraron un video de María Angélica Di Giacomo, de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles, quien no pudo participar pero era una de las convocantes, y abrieron el micrófono para todo aquel que no se había anotado previamente y quisiese opinar, preguntar o señalar algo. La transmisión se puede ver en el Instagram Basta de Mutilar Nuestros Árboles.

“Somos varios colectivos de distintos barrios, cada uno con sus conflictos puntuales, pero cuando uno se aleja un poco y, en vez de ver el barrio propio ve globalmente la Ciudad, se da cuenta que los mismos conflictos están sucediendo en todos lados. Esto tiene que ver con la apropiación del espacio público y, sobre todo, espacios verdes públicos por parte de empresas inmobiliarias”, recalcó David Burin a ANCCOM, participante de Incluir, Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, y de Parque Cultural Estación Colegiales, otra de las promotoras del encuentro.

Muir también destacó que “esta potencia de lo ‘verde’ ha generado en otras culturas y en otros países hasta partidos políticos que han llegado a condiciones de gobernar. Aquí estamos en una instancia mucho más interesante de construcción política colectiva que incluye a un actor que tenemos que configurar que es político, técnico, comunitario, productivo que piense la Ciudad de conjunto”.

Sobre el conflicto en la Estación Colegiales, Burin contó que “hay un terreno ferroviario que antes tenía siete hectáreas libres, en 2016 presentamos un proyecto para que todo ese espacio sea un gran parque, en uno de los barrios que tiene menos espacios verdes públicos por habitante. El gobierno de Macri presentó un proyecto a la semana del nuestro, en donde se decidió ceder el 35% de la superficie del parque para construir edificios. Se lograron subastar cinco de los nueve lotes, los otros 4 no se subastaron y están en litigio judicial por un conflicto entre Nación y Ciudad para ver quién es el dueño”.

Sobre el proyecto del colectivo que integra Burin agrega: “Más allá de la propiedad de los inmuebles, lo que queremos es incorporar siete mil metros cuadrados más de parque a lo que se está construyendo ahora. Los que sí se vendieron, se están construyendo y va a haber ocho mil habitantes más en el barrio, que ya está sobrepoblado. Yo me estoy quedando sin agua, me tengo que poner una bomba para que suba el agua hasta el tanque. La ciudad se empieza a hacer invivible”.

Por el lado del Parque Avellaneda, Muir criticó el incumpliento de la Ley 1153. “Desde hace 25 años estamos en gestión asociada entre los vecinos y el gobierno. Imagínense los distintos tipos de gobierno que han pasado y las distintas posibilidades de articulación que hubo y se frustraron en este tiempo con todas esas gestiones”.

Hugo Campos, referente de Vecinos por la Ecología que se sumó al micrófono abierto, resaltó en charla con ANCCOM que participó a partir de conocer “a muchos de los integrantes de las organizaciones que están luchando por los espacios verdes históricamente, lo que también es preocupante porque demuestra que el Gobierno de la Ciudad, lejos de llevar un plan de ampliación, mejora y revalorización del espacio verde público, está haciendo todo lo opuesto, que es ir en contra del espacio verde, más privatización, más cemento, menos árboles”.

Aprovechó también para narrar que “en el Parque Saavedra tenemos una supuesta asociación San Jorge que no existe, sino que es un centro de jubilados que usa ese nombre para hacer negocios privados en un parque público. Hace poquito, Elsztain avisó que va a construir unas nuevas torres al lado del Shopping Dot, en lo que era parte del servicio técnico de Philips, lo cual sigue metiendo más presión en la zona”.

Aportando algo positivo, expresó con alegría que “nuestra agrupación se sumó a una iniciativa enorme de la Red Solidaria de Juan Carr que es la Ruta Verde, que va desde Alaska hasta Ushuaia, donde la idea es que, en cada comunidad, se generen pequeños corredores verdes con plantas nativas para recuperar la biodiversidad de cada zona y de ese modo la gente pueda volver a ganar calidad de vida”. Cerró también aclarando que necesitan “el apoyo de todos los partidos políticos, porque, en definitiva, la situación ambiental no discrimina en ideologías de ningún tipo”.

Cerrando el encuentro, Celeste Fierro, legisladora porteña por el MST en el FIT, saludó la convocatoria que contó con su apoyo para conseguir el salón y prosiguieron a sacarse fotos todos juntos con banderas con consignas, mientras un grupo vitoreaba por la libertad de los cuatro manifestantes que aún siguen detenidos desde el 12 de junio en una movilización contra la llamada “Ley Bases” del gobierno nacional.

“Los árboles son necesarios para vivir en la ciudad”

“Los árboles son necesarios para vivir en la ciudad”

En el Día Mundial del Medio Ambiente, organizaciones ambientalistas participaron de una jornada de denuncia y reflexión sobre la falta de política que prioricen el medio ambiente y la necesidad de forestación en la Ciudad d Buenos Aires.

El reloj de autómatas frente a la Legislatura Porteña anuncia las 14, hora de la convocatoria pública por el arbolado urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se lleva a cabo en el Salón Montevideo del recinto. Las diversas asociaciones participantes se congregaron en el Día Mundial del Medio Ambiente, para encontrar respuestas y desarrollar propuestas a la situación actual.

María Angélica Di Giacomo, docente universitaria e integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM) una de las organizaciones convocantes, explicó: “Plantar no es solamente el problema, nuestro lema es preservar, plantar y cuidar. No podemos darnos el lujo de perder ni una hoja porque, salvo la absorción de agua por las raíces, todos los beneficios del arbolado son los del follaje. Así que, cuando se está podando, no solamente se nos están quitando todos los beneficios sino haciendo que el árbol se vuelva más peligroso, vulnerable a los vientos, que pierdan la protección entre el follaje de ellos y encima quedan expuestos a las plagas y a las enfermedades. Por esto hacemos mucho hincapié en el follaje, no solamente en el árbol como un tronco y cinco hojitas”.

Junto a BdM, Cultura Abasto, Fundación Ciudad, Red Argentina del Paisaje – Nodo Buenos Aires y el Centro de Estudios Metropolitanos, organizaron la jornada que fue transmitida en la cuenta de YouTube de BdM.

“Desde muchos actores sociales tenemos identificado que el problema del arbolado urbano está en una situación dramática por escasez de ejemplares y por mucho maltrato institucional de las especies existentes por malas prácticas de mantenimiento, manejo y cuidado. Por esto fuimos convergiendo para empezar a debatir lo que creemos que debiera hacerse, planificarse e instalar en la agenda ambiental de la Ciudad lo que tiene que ver con el arbolado urbano que necesitamos para atenuar los males del cambio climático”, relató Fabio Márquez, conocido en redes sociales como @Paisajeante y director de proyectos de Cultura Abasto.

Entre las boiseries del salón lleno para la ocasión, Márquez fue el coordinador de los más de 20 expositores que tomaron el micrófono y a su lado se sentaron los legisladores que acompañaron la cita: Celeste Fierro del MST en el FIT y Matías Barroetaveña, Alejandro Grillo y Delfina Velázquez de Unión por la Patria.

Myriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones adherentes, comenzó con un “directo, directo” debido a los 4 minutos que tenía cada uno para hablar y procedió a recitar con énfasis y a bastante velocidad una batería de medidas, levantando así la primera ovación del público. “Esta convocatoria es un primer paso para que los legisladores se den cuenta de que este tema es importante, que no es un capricho ni una estupidez. Los árboles son necesarios para vivir en la Ciudad, no podemos estar destruyéndolos como las licitaciones de poda que lo único que hacen es promover que las empresas se hagan de dinero porque cumplieron con una cantidad de árboles podados por día, hora, mes o lo que fuere, cuando lo que importa es si el árbol lo necesita o no. Por eso lo comparé con la violencia obstétrica: ¿a cuántas mujeres les hicieron cesáreas que no necesitaban? ¿Entonces por qué podan árboles que no necesitan ser podados?”, agregó Godoy en diálogo con ANCCOM.

Otros expositores fueron Isabel D’Amico, de Amigos de la Estación Coghlan, Silvana Canziani, de la Comisión de Vecinos de la Calle Irala y Adyacencias. Además, adhirieron Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler y Amparo Ambiental Chacarita, entre otros.

Finalizando la lista de expositores y en línea con lo dicho por Godoy, María Angélica Di Giacomo denunció bastante molesta y con una pasión que contagia: “Para lo único que tenemos inspectores de arbolado es para la destrucción”. Luego agregó: “Después de 12 años de trabajo de nuestra organización creo que hemos logrado visibilizar el problema y lo que seguimos intentando hacer es poner el foco en el follaje frondoso, el verde vegetal vivo y el suelo absorbente”.

Tras los expositores, los legisladores presentes saludaron la convocatoria. Entre ellos, se destacó Fierro, quien levantó otro aplauso nutrido que interrumpió su alocución al señalar: “Estamos de acuerdo en que hoy estamos en un momento donde no se puede esconder la crisis climática ambiental y, sin embargo, tenemos un Gobierno nacional negacionista. Pero ojo, porque eso es vox populi, pero el resto también es negacionista porque sigue aplicando las mismas políticas perjudiciales para la protección del ambiente, como la megaminería, el fracking y demás”.

Después, Matías Barroetaveña se ocupó de advertir que están al tanto de que en junio el Gobierno de la Ciudad pretende presentar un nuevo Código Urbanístico en reemplazo al actual que fue sancionado en 2018 y levantó muchas críticas por aumentar considerablemente la superficie construible, algo que se reflejó en algunas de las exposiciones.

Al respecto, Godoy apuntó: “Ha sido recontra perjudicial, porque ha generado que se cemente y construya incluso vivienda que no se necesita cuando ese espacio lo necesitamos para la naturaleza. Nosotros, los seres humanos, necesitamos respirar y para eso necesitamos los árboles”.

Sobre cuáles son los pasos a seguir, Di Giacomo mencionó: “Queremos ver si podemos hacer algo más continuo, en el sentido de ver qué se hace con los proyectos de ley que presentamos. Nos interesa saber si hay más apoyo desde los legisladores para que estas iniciativas pasen a ser realmente leyes y normativas. Por el lado del Ejecutivo y de las juntas comunales, ellos no nos escuchan, pero lo seguiremos intentando. Además, asesoramos a los consejos consultivos y vamos a continuar difundiendo nuestras acciones”.

También recordó: “La modificación a la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano que presentó la legisladora Laura Velasco (Frente de Todos) hace tres años no pasó ni siquiera de la Comisión de Ambiente” y aprovechó para señalar que “tanto el Río de la Plata, como las tierras ferroviarias, como las veras de autopistas y rutas son las últimas oportunidades que tenemos de aumentar el suelo absorbente y el verde vegetal vivo en nuestra Ciudad. Por eso es fundamental que las tierras públicas se utilicen para eso”.

Por otro lado, Márquez, apuntó que la convocatoria “superó las expectativas. Para ser un miércoles día hábil y a las dos de la tarde, nosotros temíamos que mucha gente que quisiera estar no iba a poder, pero tuvimos que cerrar la inscripción muchos días antes de lo que pensábamos porque desbordó la capacidad de la sala y de expositores. Esto es un punto de inicio por la diversidad de propuestas que se hicieron y por la cantidad de gente que participó. Nos genera mucha motivación”.

En línea con Di Giacomo, agregó que “el oficialismo de esta Ciudad es muy reticente a la participación social y es el principal responsable de que estas cosas no estén funcionando bien. Esperamos que, con los distintos y diversos sectores de la oposición más los actores sociales que no tienen identidad partidaria podamos permitir la reflexión para que cambien su manera de hacer las cosas y que podamos hacerlos entrar en razones antes una necesidad que es urgente ante los males que está recibiendo la Ciudad por el cambio climático. No es una cuestión estética o meramente ecologista, se trata de la preservación de la calidad ambiental de la Ciudad”.

Concluida la convocatoria, algunos de los participantes se dispusieron a sacarse fotos al grito de “Feliz día del ambiente”.