A una semana del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se apresta a tratar el acuerdo del FMI. Pero, a lo largo del año, vendrán otros temas esenciales para la vida de los argentinos.

Después de un 2020 con el mayor nivel de actividad legislativa en la última década, marcado por la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus, el 2021, como todo año electoral, bajó en intensidad. Sin embargo, el 2022 comenzó con el pie izquierdo entre fallidas sesiones extraordinarias, desacuerdos de comisiones y los temas que se asoman para ser tratados, encabezados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras los comicios de noviembre pasado, el oficialismo perdió el quórum propio en la Cámara de Senadores. En Diputados, si bien consiguió retener la primera minoría, el panorama también lo obliga a negociar con otros bloques, sobre todo provinciales, para viabilizar las iniciativas que busque debatir y aprobar. En ese marco, ANCCOM dialogó con referentes de distintos espacios políticos de la Cámara Baja sobre el año que se viene: Martín Tetaz, por Evolución Radical, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, Daniel Arroyo, por el Frente de Todos (FDT), y Romina Del Plá, integrante del Del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U).

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. El día anterior el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, por lo que demoró la agenda parlamentaria prevista. Su reemplazante, el santafesino Germán Martínez, debió ponerse al día y ordenar el frente interno. Cecilia Moreau y Paula Pennaca fueron ratificadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente, pero todavía no se han conformado las comisiones que deberían tratar las 18 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, destacando la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

Las indefiniciones, a pesar de algunos avances al respecto, se dan entre reclamos por acuerdos parlamentarios previos no cumplidos y la voluntad de Juntos por el Cambio de obtener un número mayor de comisiones, dado el resultado de las elecciones legislativas. En la Cámara Alta, las comisiones permanentes son 27 y en la Cámara Baja son 46. La discusión apenas comienza a destrabarse en el Senado y el 24 de febrero es la fecha prevista para la sesión preparatoria. En Diputados todavía se aguarda por el recambio de autoridades. 

El desacuerdo

El anuncio de un entendimiento inicial con el FMI dio paso, tal vez demasiado rápido, a las especulaciones sobre su tratamiento en el Congreso de la Nación, aunque ya se sabe que ingresará por la Cámara de Diputados. Las conjeturas sobre posibles abstenciones o votos en contra de legisladores oficialistas también se trasladan a la expectativa de los bloques opositores ante la presentación formal en tablas, a excepción del FIT-U y los representantes libertarios que ya aseguraron su rechazo.  

Una de las figuras del FDT que adelantó su postura fue Daniel Arroyo. Para el ex ministro nacional de Desarrollo Social “en un contexto como el nuestro, con los pagos y la debilidad de reservas y cambiaria, en un acuerdo sin reforma previsional ni laboral, sí metas de reducción de déficit fiscal” el entendimiento es “razonable y mejor que un eventual default”. Además, en línea con lo que parece ser una actitud de bloque, señala que en términos generales tiene “la peor de las opiniones” sobre el organismo multilateral de crédito. 

Por el lado de los espacios opositores, la mayoría decide esperar. En Juntos por el Cambio “no hay postura definida porque todavía no apareció el acuerdo” sobre el que se va a tener que opinar, aclara el radical Martín Tetaz. En la misma línea, Diego Sartori desliza que el interbloque Provincias Unidas aún no tiene una posición tomada, sino que van a “esperar a la letra chica y evaluar si es viable” para acompañar. A su vez, el armado federal que reúne a representantes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tampoco definió su postura.

Desde el FIT-U, en cambio, sí salieron a expresar su rechazo. “Ha sido parte de nuestro posicionamiento en campaña”, remarca Romina Del Plá. Para la diputada del Partido Obrero significa un “ajuste muy fuerte de las finanzas públicas” que va a repercutir en la población y que, incluso, “ya ha comenzado”. Aunque con otros argumentos, y con perspectivas diametralmente opuestas, José Luis Espert y Javier Milei también se mostraron en contra. 

Agenda legislativa inicial

De cara al nuevo inicio de sesiones ordinarias, oficialismo y oposición barajan variados proyectos para tratar en el Congreso. “Aspiro a que el 2022 sea un año de mucha tarea legislativa, saliendo de los títulos fáciles y del modo electoral”, afirma Arroyo. Más allá del acuerdo con el FMI, que para Del Plá “va a dominar la escena durante la primera mitad del año”, hay otros dos temas centrales: segmentación de tarifas y Ley de Alquileres o, dicho de otro modo, política energética y de vivienda.

Para el diputado Sartori, la cuestión en materia de energía es clara, dado que Misiones es la única provincia a la que no llegan los gasoductos. Considera importante que “se revalúen las tarifas en relación a los que son más perjudicados” y “la inversión en infraestructura”. Destaca los avances en el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, al punto que “pueden ser una solución”. También sostiene que al Congreso no se va “a especular” y espera que “funcione como debe”. Por su parte, Del Plá plantea necesaria la “nacionalización bajo control de trabajadores de todas las empresas privatizadas desde el menemismo en adelante” para poder “determinar el verdadero costo de la energía”. 

Arroyo considera que la segmentación de tarifas es “lógica” y que el “esquema es progresista”. A su vez, desliza que hay que ir “al siglo XXI de la cuestión energética”, por lo que desde el Ejecutivo se envió la Ley de Electromovilidad, aunque quizás no llegue a debatirse en sesiones extraordinarias. El diputado resalta que fue un acuerdo entre el sindicato y las automotrices. “Hay acuerdo entre capital y trabajo”, subraya. Hasta el momento, según Tetaz, en su espacio “no hay propuestas legislativas en el tema”. 

Los distintos bloques coinciden que la Ley de Alquileres no cumplió su objetivo. Se han planteado diversas alternativas para modificarla, entre ellas la presentada por Tetaz para cambiar los artículos que establecen el plazo y el ajuste de los contratos de locación. Arroyo apunta que también está pendiente “la resolución del problema de los créditos UVA” y que la urbanización de los barrios populares ya cuenta con “una buena Ley con Financiamiento”, por lo que se comenzó por “los primeros 400 de un total de 4.400”. Para la izquierda el tema de la vivienda “sólo es resoluble con una política de vivienda popular”, que habían propuesto financiar con su propio proyecto de impuesto a las grandes fortunas. 

Iniciativas a título personal

El diputado Arroyo buscará viabilizar los tres proyectos que mencionó durante la campaña el año pasado. Primero, apuesta a “capitalizar a quienes trabajan y desendeudar a las familias” con un sistema de crédito no bancario y un fideicomiso con fondos públicos, y privados que quieran participar, para “máquinas, herramientas e insumos”. Luego generar “400 mercados de cercanía” públicos, privados y mixtos, lo que apunta a “bajar el precio de los alimentos, a la producción agroecológica y a la generación de trabajo”. Por último, si bien admite que falta debate, piensa en una reforma de la escuela secundaria para que sea “más moderna y flexible”, con un sistema dual que “en los últimos dos años permita vincularse con actividades laborales..

Martín Tetaz ya presentó distintas iniciativas con un fuerte perfil tributario, entre las que destaca la modificación del sistema del monotributo, el cual propone que no se pague durante un año en la categoría inicial ni que lo hagan quienes facturen menos que el valor de la canasta básica. Sus prioridades se completan con un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca que el directorio de la entidad sea elegido por el Congreso para que sea “verdaderamente autónomo.”

Por otro lado, para Del Plá la urgencia es tratar “un aumento de emergencia de jubilaciones y salarios”, junto a las cuestiones ambientales. En ese sentido, remarca que insistirán con la Ley de Humedales, de Emergencia Forestal y contra la exploración y explotación para la instalación de plataformas petroleras. También volverán a la carga por la “nacionalización del sistema educativo, la regularización de todos los trabajadores, el desmonte de los mecanismo de fraude laboral y los ligados a problemáticas de mujeres y diversidades”. Sin embargo, aclara: “Esa es nuestra agenda, no la del gobierno que irá tras la deuda”.