Las infancias también fueron víctimas de la dictadura

Las infancias también fueron víctimas de la dictadura

En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Mansión Seré y en la Comisaría 1ª de Moreno, los sobrevivientes revelaron cómo sus hijos también padecieron la represión.

La anteúltima audiencia de este año de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Mansión Seré y el circuito conocido como RIBA comenzó con el testimonio virtual de la sobreviviente Norma Beatriz Pérez -secuestrada el 25 de mayo 1977-, quien pasó 45 días en la Comisaría 1ª de Moreno. “Pancho -Mario Valerio Sánchez- tocó la puerta de mi casa y me dijo que en el auto alguien me quería saludar”. Allí la esposaron, tabicaron y trasladaron en una camioneta hasta la Comisaría. Pérez relata que durante los días compartidos en cautiverio “Pancho me pidió perdón. Temía por su vida y tuvo que nombrar a todos los que conocía. Luego de unos días se lo llevaron y nunca más lo volví a ver”. Norma quedó en la celda con María Margarita “Coca” Miguens, esposa de Sánchez y embarazada de varios meses. Al momento del secuestro Pérez ya no militaba con ellos, como tiempo antes había hecho en el barrio Lomas de Moreno.

Debido al embarazo de Miguens, que “iba muy seguido al baño”, la celda permanecía abierta. Esto posibilitó a Pérez acceder a algún trato especial, como repartir agua entre los “presos políticos” y con ello reconocer a los detenidos, muchos de ellos, compañeros del barrio. Sin embargo, la libertad se terminó cuando se llevaron a Miguens: “Ya no podía salir, tenía el calabozo cerrado y se hablaba poco”. Relata que solo pudo ducharse una vez, pocos días antes de ser liberada y que “los militares traían comida una vez al día, una milanesa en pan y una naranja. Pero a veces pasaban tres o cuatro días sin que trajeran nada. A causa de esto perdí los dientes”.

Los siguientes testigos en declarar lo hicieron desde la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. María Teresa García lo hizo en carácter de testigo por la detención, el 20 de mayo de 1977, de su hermano José Jesús García Carballo y la esposa de éste, Susana Bruna. “Aquel día se apareció Susana en la casa de mi madre. Le dejó a mi sobrino, Francisco, porque tenía que ir a declarar. Uno de mis hermanos pudo ver en la calle camionetas de la Aeronáutica y personas con armas largas”, relata Teresa García quien, aunque acababa de parir sólo días antes, salió a buscar a su hermano. Desde la desaparición del matrimonio, las familias de García y de Bruna pasaron “noches en vela en casa de mi madre, momentos de zozobra y altibajos emocionales. A veces teníamos esperanza y luego la perdíamos”, dijo y explicó que esperaban que sus familiares tuvieran la misma suerte que dos compañeros de la comunidad religiosa, Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, quienes habían sido liberados hacía poco tiempo.

Jesús García había participado, hasta antes de formar su familia, de la comunidad católica formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem, también perseguido por los militares de Moreno. Ellos, junto a otros compañeros que fueron detenidos, realizaban actividades sociales y pastorales en el barrio. Una conocida le confirmó a la familia García que en la Comisaria 1ª de Moreno “cantaban las canciones de Guadalupe. Tenían que ser ellos” y la madre envió comida y una frazada muy particular que, al reencontrarse con su hijo, confirmó que “la había reconocido y le dio esperanza saber que la familia conocía el paradero”. Teresa García recuerda que “para vacaciones de invierno los pasaron a la cárcel de Devoto” y allí pudieron ir a visitar a su hermano, hasta que finalmente fue liberado junto a su esposa para la Navidad de 1977. Durante la declaración, la testigo  insistió y remarcó que fue su sobrino, Francisco García, quien se llevó la peor parte de lo ocurrido, quien aún hoy atraviesa por graves secuelas psicológicas. Durante el período de detención, Susana Bruna fue llevada a la casa de su suegra para visitar y jugar con su hijo Francisco por una hora, para luego, volver a ser desaparecida y trasladada al centro de detención y tortura. “Él sufrió y sufre por lo que vivió en su casa, por no tener una madre, que incluso luego de ser liberada cambió mucho”. Para finalizar su testimonio, reconoció que nunca sintió miedo. “Estaba segura de que se cometía un error, de que mi hermano era una persona de fe y de bien. Desconcocía el plan sanguinario que llevaban a cabo los militares, del cual su familia era también víctima, hasta que tiempo después él me contó lo que vivió.”

Luego de ser mencionado en repetidas ocasiones por testigos previos, declaró el sobreviviente Faustino Altamirano, conocido como “El Salta”. “Tenía a mi hija de 4 años abrazada a mis piernas que les pedía que no me peguen. Me tabicaron, encapucharon y me cargaron en una camioneta de las Tres Marías. En un vehículo anterior, un Ford Falcon, estaban “Pancho” y “Mafalda” -Beatriz Boglione-: ellos me habían entregado. Conozco Moreno como la palma de mi mano y, a pesar de las vueltas, sé que me llevaron a la Comisaría 1ª”, relata el entonces dirigente barrial, expresidente de la Comisión de Fomento Barrio San Jorge y fundador de la Unidad Básica Mártires de Ezeiza. “Nos echaban la culpa de ser subversivos. ¿Subversivos de qué?, del hambre que teníamos, de la necesidad de vivír mejor”, detalla sobre el trabajo barrial que realizaba en el que, por ejemplo, extendían las conexiones de agua y luz a quienes carecían de estos servicios.

Desde el día de su secuestro, el 17 de abril de 1977, “fui intermitentemente yendo y viniendo de un lado a otro. Hasta que pasó un tiempo prudencial y antes de fin de año nos soltaron. Pasó por las comisarías de Paso del Rey y de Francisco Álvarez. En todos los centros en los que estuvo encontró a diferentes compañeros de militancia y vecinos de Moreno. Pero sobre lo vivido en el primer centro de detención relata que “tomaba el agua que chorreaban las paredes y comíamos unos huesos que nos tiraban”. En la celda de enfrente estaba Beatriz Boglione: “Por la mirilla de la puerta podía ver cómo ella y otras mujeres eran violadas reiteradas veces por diferentes hombres, que distinguía por las diferentes contexturas físicas”. Cuando la vio por primera vez en el lugar de detención la insultó y la culpó de su detención, pero “luego entendí lo que ella vivía y que me delató para evitar, inutilmente, el infierno. Tiempo después, nos citamos en una plaza, le pedí perdón y estuvimos una hora llorando abrazados”.

“Un día de principios de enero de 1978, cuando caminaba por el costado de la vía, veo que se acerca una camioneta de las Tres Marías. Allí venía Pancho, todo barbudo y con la ropa sucia. Al ver el coche cruzar la vía, empecé a temblar y me orine del miedo. Otra vez, me cargaron en la camioneta y fui a parar otra vez a las mismas comisarías”. Pudo identificar la Comisaría de Paso del Rey porque había hecho una marca en el techo de machimbre -que luego volvió a identificar en las inspecciones realizadas con el juez Daniel Rafecas- y a la Comisaría Francisco Álvarez por estar frente a una escuela, y escuchar la campana y los niños jugar. Durante esta segunda detención, pasó por la Brigada Aérea de Moreno y por Campo de Mayo, desde donde fue liberado junto a otros compañeros. Sin embargo, antes debió vivir varios intentos de fusilamiento: “Paseos nocturnos donde gatillaban varias veces, me amenazaban diciendo que ya habían matado a mi familia y que debía decirles todo lo que supiera”. Para concluir se refirió a las secuelas de aquellos días: “Me costo mi hogar y mi familia”. También puntualizó los secuelas físicas: “Tengo el pecho hundido por un culatazo y la cara deforme por los golpes. Me quebraron, además, los dedos del pie y como nunca se curaron, sangran cuando camino”, expresó.

En diálogo con ANCCOM, el abogado Gastón Fraga de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de esta causa, se refirió a la declaración de Altamirano: “Es fundamental porque estuvo mucho tiempo detenido y recorrió múltiples centros de detención donde convivió en cautiverio y tomó contacto con muchas víctimas. También porque contó situaciones similares a las que ya hemos escuchado en declaraciones anteriores, lo cual sirve para acreditar su relato y el de otras víctimas. Esta unión de los relatos da solvencia y robustez al desarrollo del sistema represivo de Zona Oeste. En este mismo sentido pudo identificar claramente la participación de la Fuerza Áerea, en las camionetas de las Tres Marías, en la Base Áerea de Moreno y en el desarrollo de los operativos.

La audiencia finalizó con el testimonio de la testigo Carmen Beatriz Altamirano, quien estuvo presente a pesar de manifestar, en varias oportunidades, cierta reticencia a contar por primera vez su historia: “No quiero que mis hijos se enteren de esto, sino que vean a su madre entera” -y agregó-: “Hasta el día de hoy me da miedo pasar por donde hay militares o policías, cuando uno debería confiar en ellos. Yo no puedo”.

Su esposo Juan de Dios Medina “uno de los primeros días de abril, salió a cargar materiales como cada día y no lo volví a ver por tres meses” relata la esposa. Enseguida comenzó a buscarlo en distintas comisarias. Sobre su visita a la Comisaria 1ª de Moreno recuerda que el policía que la atendio le dijo: “¿Para que lo querés si es un viejo?”, aunque recuerda que previamente le había afirmado que no estaba en el lugar y no sabía quién era: “Me agarró del cuello y me dijo que me largue a mi casa”. También fue a la Comisaría de Merlo, pero al acercarse al lugar, esuchó gritos y personas decir ‘no no no’ y se fue.

Junto a sus hijos, Juan Manuel Medina y Victo Hugo Medina, que eran aún bebes, debió sufrir múltiples allanamientos y amenazas. “Golpearon la puerta de casa pero no llegue a abrir porque la tiraron. Me dijeron: ‘Vamos a hablar un ratito, decime quiénes son los compañeros de tu marido, contame qué hace tu marido’. Uno de ellos le puso el arma en la cabeza a mi hijo. ´Decime con quién anda tu marido porque no vas a tener la cabeza de tus hijos, ni de este ni de ese’, me dijeron señalando a los dos niños, que comenzaron a llorar, sin dejarme acercarme para consolarlos. Antes de irse me manosearon. Donde estaba la puerta tuve que poner un sillón”.

En otra ocasión, cuando esperaba en la fila del colectivo, uno de los hombres de aquella noche “le agarró la mano a mi hijo y le dijo: ‘Qué lastima que vos también vas a desaparecer como tu papito si tu mamá no habla’. Cada vez que me hostigaban lo hacían refiriéndose a la matanza de mis hijos”. Su marido fue finalmente liberado pero la familia debió convivir con secuelas. “Con el tiempo empezamos a hablar de lo que nos había pasado: a él, a mí y a los chicos. Mi marido si escuchaba ruidos fuertes o golpes se escondía atrás de los muebles. Estaba muy maltratado”.

Mariana Eva Pérez, querellante del juicio e hija de desaparecidos, en diálogo con ANCCOM hizo referencia a la posibilidad de incluir a las infancias como víctimas en este juicio, luego de reiteradas audiencias en las que fueron ejes centrales y principales afectados de los hechos narrados en las declaraciones. “Es increíble que la justicia aún no nos contemple como sujetos de derechos, que no atienda las vulneraciones que sufrimos en el momentos en que mayores cuidados necesitábamos. Existe la posibilidad de ampliar la acusación para incluir nuevos delitos. Tenemos antecedentes importantes, juicios previos en los que hicieron eco del pedido de las querellas y se condenó a los acusados por delitos contra las infancias. Aunque el criterio a nivel nacional es muy dispar. Las infancias víctimas de la Fuerza Aérea no estamos organizadas. Quizás surja de este juicio porque como nos enseñaron las Madres y Abuelas: cuando vas sola no te escuchan, pero si vas en grupo sí”.

“Cada historia que escucho en la sala me angustia, porque podría ser la mía. No recuerdo mi propio secuestro porque tenía solo 15 meses en ese momento”. Sobre la audiencia de la fecha refirió que “fue especialmente duro el caso de Fernando García, por las consecuencias psíquicas de lo vivido, el secuestro de ambos padres pero principalmente la visita de su madre durante los meses de secuestro, lejos de ser un gesto de humanidad es una amenaza sobre la detenida y la familia, para hacerles saber que los controlaban y que tenían poder sobre el hijo. Luego el caso de Carmen Altamirano, que comentó cómo sus hijos fueron objeto directo de los represores cuando los encañonaron, o en audiencias anteriores el testimonio de Natalia Gobulin, quien sufrió intentos de secuestros. Se podría pensar que es un modus operandi que tenían en la Fuerza Áerea, un modo de presión contra nuestros padres. Hechos perversos que no están estudiados ni estipulado como un tipo de afectación específica como violencia para las infancias: la justicia debe contemplar no solo el uso instrumental de los niños como forma de manipulación, sino también la afectación directa sobre nuestros propios cuerpos”.

Por su parte, el abogado Gastón Fraga anticipó que “para el año próximo se esperan declaraciones muy importantes, ya que comenzará el año con la situación propia de Mansión Seré, que serán un montón de testimonios. Esperamos que para fin de año ya se pueda estar alegando para llegar al veredicto”. Se refirió a este juicio que juzga los crímenes de la dictadura en Zona Oeste como “un avance histórico, una palmada de justicia para las víctimas que nunca habían podido declarar en el marco de un tribunal, y hacerlo en la última etapa de su vida es muy importante”.

La próxima audiencia de este juicio se realizará de manera virtual el lunes 30 de diciembre.

«Es necesario quebrar el pacto de silencio de la dictadura militar»

«Es necesario quebrar el pacto de silencio de la dictadura militar»

Mientras en Buenos Aires se lleva adelante el juicio sobre los crímenes de la dictadura en la Mansión Seré y se estrena en España un documental sobre su fuga de ese centro clandestino de detención, el filósofo Claudio Tamburrini plantea modificar estrategias con los represores detenidos para obtener información vital acerca de los delitos de lesa humanidad.

“En la Argentina del 2024 vemos una forma de revisionismo que es muy negativa, la que ya tiene definido de antemano la conclusión a la que quiere llegar: el negacionismo”, sostuvo Claudio Tamburrini, en su profundo análisis sobre las consecuencias sociales que han devenido de una estrategia judicial tendiente al establecimiento de penas duras que se mantuvo al momento de pensar la continuación del proceso judicial de los genocidas desde el resurgimiento de los juicios desde el 2000 hasta la actualidad. Para Tamburrini, del recalcitrante negacionismo por el momento solo hay atisbos, pequeñas muestras de ciertos sectores o personajes, que comienzan a tener un espacio para negar lo vivido en los años de dictadura militar: “Si nosotros hubiéramos negociado con los militares habría ya una verdad histórica y no habría ningún espacio para el negacionismo”, señaló.

Con el apoyo del fiscal Julio César Strassera, en 1985 inició a trabajar en la temática de lo que sería su tesis doctoral: la justificación moral del castigo jurídico. Aquellas teorías del castigo ponían el foco en el ideal de disuasión, impartir penas duras a los culpables con el efecto de disuadir a los criminales futuros. A partir de la década del 2000, con el reinicio de los juicios a los militares implicados en el delito de apropiación ilegal de bebés, crimen que no había sido juzgado en el año 85, para Tamburrini la estrategia debió ser distinta: “El proceso para llegar a conocer la verdad varía según el momento político y social, en un momento aquello significa algo y en otro, requerirá otras medidas políticas –sostuvo–. Lo esencial es llegar a conocer toda la verdad sobre lo que sucedió, conocer fundamentalmente dónde están los bebés apropiados, qué pasó con los restos de los asesinados, quiénes fueron los cómplices civiles de la dictadura militar. Para hacerlo es necesario que la democracia consiga quebrar el pacto de silencio de la dictadura militar”. Cuestión que no ha sido saldada y por la que, para Tamburrini, habría que cambiar el enfoque a uno de negociación. “En el proceso de llegar a la verdad, en vez de poner el enfoque en castigar duramente, con el paso del tiempo, los objetivos tienen que ir cambiando, la democracia tiene que negociar penalmente con los represores que aún estén con vida, porque si aplicamos siempre los mismos medios, la misma política rígida, dogmática, vamos a volver a obtener los mismos resultados”. Así, en el pasado no sólo hubiera logrado una confesión sobre todos los crímenes militares, sino que en ese cruce de información entre ellos, “se hubiera establecido una verdad inequívoca que habría sobrevivido a la desaparición física de los testigos del momento”, sostuvo. “Hoy estamos pagando el precio de eso, y el fantasma del negacionismo vuelve a aparecer ahora en la sociedad argentina”, agregó.

Sin embargo, el filósofo se tomó un momento para reflexionar y definir de manera clara el negacionismo: “Es negar algo probado de manera jurídica, que es la violación de derechos humanos. Negacionismo no es afirmar la situación política crítica que provocó la intervención de las Fuerzas Armadas. Sería negacionismo decir que en el país las Fuerzas Armadas intervinieron y no cometieron abusos a los derechos humanos. Eso sí es negacionismo. El negacionismo lógicamente debe referirse a negar qué cosa”.

Desde su punto de vista, lo que afecta a la juventud es la distancia temporal que la aleja de aquella época oscura. Sin embargo, “esto no es malo a priori, sino que puede tornarse algo negativo si el desconocimiento no es cubierto y satisfecho, a partir de discusiones e información completa, matizada y fidedigna. Que varias versiones sean cotejadas y comparadas, es necesario de manera paulatina rellenar esas páginas en blanco o tabulas rasas”.

En el momento de su secuestro, Claudio Tamburrini era arquero de Almagro.

Su secuestro y detención en Mansión Seré, y posteriormente su participación en el Juicio a las Juntas son concebidas por Tamburrini como “puertas giratorias, hechos decisivos que cambiaron el rumbo de mi vida. Son vivencias que te lanzan en una dirección que no elegís”. El secuestro fue la más grande de esas “puertas giratorias” y lo llevó a exiliarse en Suecia. “No tengo idea de qué vida hubiese tenido, pero estoy seguro que sería completamente diferente a nivel personal y profesional”. Fue una casualidad encontrarse de visita en Argentina meses antes al inicio del juicio a las juntas militares. Había vuelto luego de cinco años afuera: “Me presenté frente al fiscal Strassera y le manifesté mi voluntad de prestar testimonio. A nivel personal y emocional el juicio me permitió reconciliarme con mi país. Fue una experiencia única desde varios aspectos, porque también me permitió estar cerca del trabajo que se hacía para reconquistar el Estado de derecho en Argentina, me marcó y yo diría que me formó también en el espíritu republicano”.

A dicha investigación y sus conclusiones plantea que es necesario “pensarlas en el contexto específico del país en esos años: una democracia débil, apenas restituida luego de años de gobiernos militares y persecución política. Era imprescindible asegurar su continuidad y afianzarla”. Alfonsín, el presidente mediador entre la ciudadanía y las fuerzas militares que contaban aún con fuerza y apoyo, firmó en 1983 el Decreto 158/83 que le permitió a la Cámara Federal de Casación Penal juzgar a las juntas militares a través de un juicio civil, muy distinto a una primera instancia previa en la cual fueron juzgadas por otro brazo militar, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

La noche de la fuga

“A punto de salir corriendo para la calle, fue la primera vivencia de libertad que tenía en 120 días, en esos cuatro meses”. La imagen se refleja en Crónica de una fuga, la película de Adrián Caetano, versión libre del libro Pase libre, de Claudio Tamburrini: allí se muestra su huida de Mansión Seré y el momento en que llega a las inmediaciones de la casona y regresa la vista al que había sido su sitio de reclusión, puntualmente a la ventana brillando entre la oscuridad: “Fue la primera vez que vi la casa desde afuera”, relató Tamburrini, sobreviviente de aquel centro clandestino. La imagen, que quedó en su retina a través del paso del tiempo, es aquella ventana por la que producto del ingenio y el instinto de supervivencia, logró escapar junto a tres compañeros: “La imagen de la ventana con el halo de luz saliendo, fur realmente una vivencia fuerte y muy simbólica”.

Una gesta desesperada, propulsada por la genuina creencia de que no sobrevivirían si no huían.  Una idea, un plan y cuatro jóvenes secuestrados emprendieron la fuga de aquel centro clandestino que operó en la zona oeste del gran Buenos Aires, hasta su incendio en el año 1978. Claudio Tamburrini, Carlos García, Daniel Russomano y Guillermo Fernández pusieron en marcha el plan una noche lluviosa en la antesala del aniversario del golpe del 24 de marzo, fecha en la que finalmente alcanzaron su libertad. Con la ayuda de un tornillo Fernández abrió la ventana: en ese punto ya no quedaban dudas, el hecho estaba consumado. Desnudos y esposados, ataron sus viejas mantas de abrigo para bajar los varios metros que los separaban del suelo e iniciaron la travesía para salir del perímetro de la mansión. El último en bajar fue Fernandez, que se detuvo a escribir con su clavo un mensaje para uno de los guardias: “Gracias Lucas” se leía en aquel cuarto de Seré.

“No poder soportar más el encierro, yo lo he visto en la vida real, sobre todo en gente mayor, muy enferma, que en un momento dice bueno, ya está, no quiero seguir sufriendo, ya he vivido –rememora Tamburrini–. Decir no aguanto más esto, ya es casi preferible que se termine de la manera que sea. La fuga era justamente eso: el fin del encierro de la manera que fuera, porque si salía bien, como felizmente salió, se terminaba el secuestro por definición, éramos libres; y si salía mal, el secuestro también se terminaba, nos iban a matar. Por lo tanto fue también un intento de poner punto final”.

La fuga de ustedes pudo ponerle fin a la Mansión Seré como centro clandestino de detención, ¿verdad?

La fuga les salvó la vida a todos. Con el incendio, el resto de los detenidos pasaron a la detención legal. Fue un golpe de suerte, de fortuna. Un par de noches antes de la fuga nos tocan la puerta, nos acercamos, podíamos hablar con los prisioneros del cuarto contiguo por el agujero de la cerradura, cuchicheando, en voz baja. Ponemos la oreja en el agujero de la cerradura y una voz del otro lado dice ‘Por favor no nos dejen acá, sabemos que se están por fugar”. Eso generó un debate en nuestro cuarto, había quien decía que los teníamos que llevar con nosotros: “¿Cómo vamos a hacer? No podemos abrir la puerta, lamentablemente nos tenemos que ir”. Podrían hacer el ejercicio interno de pensar qué haría cada uno ante la misma situación, sabiendo que no podés llevarlos con vos porque es imposible.  Felizmente, la casa fue quemada a los siete días y quienes todavía estaban fueron pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y registrados como presos oficiales y luego liberados. Hubiera sido difícil alegrarse por nuestra fuga si hubiera costado la vida de diez o quince personas más.

Dentro de Mansión Seré no abundaban los gestos de humanidad: Tamburrini relató que el momento más cercano a una vivencia agradable allí dentro era la ausencia de vivencias desagradables. Cuando el grupo conocido como “La Patota”, encargado de sembrar el terror y suministrar la tortura, no se encontraba y solo eran vigilados por los guardias, algunos de ellos se permitían ciertas licencias dentro de lo que era el accionar militar. La guardia los sacaba a los más antiguos para limpiar la casa, en algunos casos para servirles comida y en una oportunidad incluso les permitieron ver una carrera de autos: “Eso nos permitía salir del cuarto del encierro, poder levantarnos la venda, poder ver la casa”, contó Tamburrini y agregó: “Era una situación más humana que la cotidiana, que era estar tirado sobre el piso, sobre un colchón con los ojos tapados por una venda, temiendo que entrara la patota, nos golpeara y nos torturara”.

“Cuando lo cuento me río, pero a la vez me emociono”, expresó en referencia a un momento puntual, muy preciado para él, retratado también en la película: “Entran y nos dejan en el medio de la habitación dos ollas con comida; cierran la puerta, pero no nos dejan cubiertos. Algunos de los prisioneros se empiezan a acercar a la olla para empezar a comer. ‘Esperen, no nos trajeron cubiertos’”, osó decir en aquel momento, un comentario surrealista para aquel contexto: “Lo concreto fue que yo me paré, golpeé a la puerta para que la guardia viniera, con la patota en la casa incluso. Me preguntan ‘¿qué pasa?’ Y yo le digo: ‘Señor, se olvidaron de traernos cubiertos’. Y me esperaba el golpe, ya”. Sus compañeros lo insultaban, crecía el miedo de una represalia. “A los sesenta segundos sentimos pasos nuevamente, se abre la puerta y escuchamos, porque no podíamos ver, el ruido del metal de las cucharas: comimos con cubiertos”.

“Esa escena, para mí, es inolvidable. Se dice que las escenas más importantes de la vida de uno pasan revista al momento de morir: si es así, sin duda esa escena estará ahí el día que me toque exhalar mi último suspiro. Es una escena dramatúrgicamente hermosa y excepcional. Es única porque muestra y sugiere que aun en las condiciones más extremas y aun con el temor más profundo, calando los huesos, siempre hay necesidad y sobre todo la posibilidad de seguir manteniendo la dignidad de uno, diciendo: ‘Atención, estamos como estamos, nos tienen como nos tienen, pero somos personas, o sea, comemos con cubiertos, ¿no es cierto?”.

Muchos sobrevivientes dicen que la peor parte del exilio es la pérdida de la patria. ¿Usted lo vivió de esa manera o pudo familiarizarse y hallar un sentido de pertenencia en su nuevo país de residencia?

No, yo no lo viví de esa forma. El síndrome de la diáspora, es el síndrome de la maleta o de la valija siempre lista, ¿no? El exiliado que está en su nuevo país y tiene siempre la valija lista para retornar en cuanto sea posible. Tiene un efecto psicológico y un efecto vivencial realizante porque eso hace inconscientemente que uno no termine nunca por completar ningún proyecto en el nuevo país donde está, porque en cualquier momento la situación política en mi país se recompone y se podrá retornar. Eso no es para mí. Llegué a un nuevo lugar que me despertó mucha curiosidad, porque no era España ni Italia, que más o menos uno conocía indirectamente, sino que era una cultura totalmente distinta, una forma de relacionarse muy diferentes, de hacer política. Pero decidí sumarme a ella con todo lo que tenía y hacer mi vida aquí. Traté incluso conscientemente de vincularme con los nativos, por tomar distancia a esto y para incorporarme lo más rápidamente posible en la sociedad sueca.

Un documental en España

“Mi nombre es Claudio Tamburrini, vivo en Suecia, en Estocolmo, desde hace 43 años. No lamento lo que me ocurrió entonces, eso ha pasado ya, pero no es una parte cualquiera de mi vida, sino que es una parte fundacional, decisiva. La persona que soy hoy, lo soy justamente en función de esa vida que no hubiera tenido si me hubiera quedado en Buenos aires, a partir de ahí comenzó una nueva vida”. Esas son sus primeras palabras en el documental estrenado en España por Movistar, Tamburrini, fuga de un arquero, en el que se esboza un relato actualizado de la dictadura militar, apoyado en lo visual con imágenes en movimiento de los sitios clave en el momento de su desaparición, de la fuga de Mansión Seré y de otras locaciones marcadas por aquellos años signados por el horror: los centros clandestinos de detención. De la misma manera, se tocan otras aristas como la construcción de Montoneros como organización armada insurgente en la búsqueda de traer a su líder desde el exilio, la fragmentación del gobierno de Isabelita, la irrupción del golpe de estado que se venía gestando momentos antes del 24 de marzo y el Mundial de fútbol del 78. Del informe documental participaron Miriam Lewin, Graciela Daleo, Luis Moreno Ocampo, Carlos García y Gustavo Veiga, quienes narran sus historias y construyen diferentes perspectivas acerca de la complejidad encapsulada en el horror.

Otro capítulo de la mansión del terror

Otro capítulo de la mansión del terror

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en la Mansión Seré y el circuito Riba, declararon los sobrevivientes Adriana Cristina Martín e Indalecio Aristardo Fernández

Luego de tres sesiones con testigos de concepto, sustentadas con declaraciones escuetas y sin aportes de datos sustantivos a las causas, volvieron a testificar sobrevivientes de la dictadura para la megacausa que investiga los crímenes de lesa humaniad de la Mansión Seré y el circuito RIBA. Esta vez les tocó a Adriana Cristina Martín e Indalecio Aristardo Fernández. También prestaron declaración en calidad de testigos su esposa María Concepción Ocampos, y el hijo del matrimonio, Gustavo Javier Fernández.

Adriana Martín fue secuestrada a los 14 años por primera vez, quedó en libertad vigilada y volvió a ser llevada a un centro clandestino de tortura y detención a los 16. La testigo dio su declaración desde el excentro clandestino, hoy renombrado Espacio Mansión Seré, razón por la que la audiencia se desarrolló en modalidad virtualidad. Esto dio pie a que, a pocas palabras de iniciar, fuese interrumpida por un abogado defensor que le solicitó un paneo de la habitación para constatar que no leía su declaración ni que estuviera acompañada. “Está todo acá”, le respondió Adriana señalando su cabeza.

Declaraciones previas de la testigo fueron tomadas en cuenta antes de iniciar esta decimosegunda audiencia por la jueza Claudia Morgese que enumeró un conjunto de leyes, tratados y acuerdos que resguardaban a la declarante principalmente por su débil condición de salud. Martín inició su relato el día en que un conjunto de personas irrumpieron en su casa de manera violenta preguntando por su hermana, Zoraida Isabel Martín, que no estaba presente. Ese 16 de diciembre de 1976, Adriana fue trasladada en un auto hasta la Comisaría 3ª. de Castelar donde sufrió abusos y violencias de todo tipo hasta febrero de 1977. “No me picaneban. Yo estuve atada a una silla y recibía golpes en todo el cuerpo. La mente de un niño no puede procesar tanto terror, me costó mucho asumir la violencia que sufrí allí. En la Comisaría viví situaciones muy violentas provocadas por personas que me doblaban la edad. Solo tenía 14 años. Sin mi actividad militante era una solo niña que maltrataban, a la que no daban alimentos ni dejaban higienizar. Yo no concibo la violencia en los niños, son, somos, indefensos, no podemos hacer nada”.

El domicilio de la familia en Villa Udaondo (Ituzaingó) fue allanado 13 veces y con sus hermanos menores compartían “los ojos de terror». “Me afectó mucho lo que viví, intenté reordenar mi vida y buscar refugio, pero los traumas y las secuelas persisten”. Sobre sus dos hermanos pequeños, que tenían en aquel entonces 9 y 12 años respectivamente, detalla que “Gustavo quedó mudo, literalmente, por la violencia vivida en esa casa. Sergio, nunca quiso estudiar por miedo a sufrir lo mismo que sus dos hermanas mayores. La violencia en los menores queda muy marcada”.

Adriana Martín militaba en Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y era presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 1° de Moreno, móvil de su segundo secuestro el 29 de septiembre de 1977 durante un megaoperativo realizado en Villa Udaondo, en el que fue trasladada a la Brigada Aérea de San Justo. “Mis compañeros estaban allí, tuvimos una sesión de tortura colectiva. Estábamos todos. Creo que soy la única sobreviviente del simulacro de fusilamiento que vivimos”. Nada se supo de sus compañeros luego de diciembre de ese año. En el año 2020 prestó declaración en el histórico juicio de la Brigada de Investigaciones de San Justo que actuó en el “Circuito Camps”.

De sus días de secuestro conocía a una persona apodada Jorge: “Pibita cuidate que ahora viene Jorge”, relata haber oído decir a sus carceleros. “Si se preocupaban de que no hiciera berrinches cuando venía esta persona, absolutamente era personal con voz de mando”, concluyó Martín. Muchos años después, con la democracia restituida pudo unir el seudónimo Jorge al nombre real: Julio César Leston. “Pude identificar en al menos 10 oportunidades en un álbum de fotos en el Juzgado Federal N°3 de Capital Federal –ubicado en Comodoro Py- a Jorge, aún sin saber que en realidad se llamaba Leston. Solo sabía que esa persona, esa cara, había cometido ciertos actos. Recién varios años después vinculé a Jorge con el nombre Julio César Leston: intentó ingresar en la Comisaría 2° de Ituzaingó donde mi mamá trabajaba en la sección de Derechos Humanos. Cuando tuvo su legajo hicimos la asociación”. Julio César Leston era el nombre de Jorge, un represor que la familia conocía muy bien. “El día que me liberaron de la Comisaría 3ª de Moreno no viajé en el baúl, sino en los asientos del auto con él. Me dio la orden de ir a un tribunal de menores, de declarar que había escapado de mi casa y de volver a la escuela todos los días”. También lo conocía su hermana Zoraida Martín: “Este personaje sobrepasaba los límites que establece la Fuerza Aérea, tenía una obsesión con mi hermana”. Mientras continuaba la detención de su hermana aparecía en su casa y miraba los álbumes de fotos de sus compañeros. “La casa era pequeña y todos presenciamos esa escena. Nosotros sabíamos que siempre rondaba la casa, mi familia no tenía vida”. Y para finalizar agregó: “Si bien ahora se ve una persona mayor, yo lo conocí hace varios años. Los rasgos podrán cambiar pero las personas no: es muy difícil olvidar una mirada tan fría y perversa como la suya”.

En diálogo con ANCCOM luego de su declaración, la sobreviviente pudo referir al contexto actual en la temática de derechos humanos y la búsqueda de verdad y justicia. Expresó que declarar y hacerlo puntualmente desde el excentro Mansión Seré, donde hoy funciona un espacio para la memoria, es un “hecho político, estar frente a los imputados y reivindicar las luchas sociales. Entre ellas, el trabajo de los organismos de derechos humanos, no solo por ser víctima directa, sino porque creo que el valor de la vida está muy relacionado con la libertad, entendida como la participación y expresión política, muy distinta a la libertad de mercado que se entiende hoy. Agradezco que a pesar de este contexto adverso hoy pude expresarme libremente, dando mi testimonio para lograr justicia, no venganza”.

El segundo testimonio de la audiencia fue el de Indalecio Aristardo Fernández conocido como “Paragua”, quien fue secuestrado de su domicilio en el barrio San Jorge, Moreno, el 17 de abril de 1977. “Antes de subirme a una camioneta verde me encapucharon. Tenía un pequeño agujerito desde donde pude ver que llevaban una alita en el pecho. Estoy seguro de que eran de la Fuerza Aérea. Aún estaba lúcido, así que sé por el trayecto del viaje que me llevaron a la Subcomisaría de Francisco Álvarez”. Durante su relato se disculpó de antemano y reiteradas veces por no recordar algunas circunstancias, ya que su mente por casi 30 años bloqueó los recuerdos del terror. “Me acusaron de estar en las Fuerzas Armadas del Peronismo, buscaron armas, pero nunca las encontraron. Éramos de la juventud peronista, pero solo hacíamos trabajo social, mejorábamos nuestro barrio.”

Sobre las sesiones de torturas, recordó que se realizaban en una instalación distinta y quienes aplicaban los tormentos no tenían el uniforme de la Policía Bonaerense, sino uno gris “probablemente eran de 8° Brigada Aérea de Moreno”. Las preguntas siempre se repetían: le preguntaban por nombres y apodos de los compañeros de militancia, que dijera dónde escondía las armas, o lo amenazaban con su familia. Recuerda una sesión en que “me dijeron que mi esposa estaba en la pieza contigua siendo torturada, que ya la habían acostado en la cama de hierro donde torturaban con picana. Se oían gritos, pero yo la conozco, nunca creí que estuviera ahí, era trabajo psicológico lo que me hacían”, declaró Fernández.

Luego contó su paso por un último centro de detención donde se reencontró con compañeros de militancia: Faustino “Salta” Altamirano y “Pancho” Mario Sánchez. Hablando pared por medio con ellos supo que también Beatriz “Mafalda” Boglione se encontraba en el lugar. “Pancho me dijo: ‘Paragua, a vos no te van a matar, yo si estoy para ser boleta.’ Luego de eso Pancho desapareció y nunca más se supo de él”. Al tiempo las cosas “aflojaron” y volvieron a compartir la comisaría con presos comunes: “Por ellos me enteré que estábamos en la Comisaría 1ª de Moreno”, la que éste y otros testigos de anteriores audiencias describieron por sus pasillos largos de calabozos a ambos lados.

Los dos últimos testigos de esta audiencia pudieron declarar luego de reiterados problemas técnicos de conexión, lo que incentivó a los abogados defensores a querer dar por terminada la jornada. María Ocampos, esposa de Fernández, fue quien pudo dar mejores detalles sobre el día del secuestro y las consecuencias físicas y psíquicas que sufrió su esposo. “Entraron a la casa como si fuera suya y comenzaron a revisar y tirar todo. El barrio era pequeño y estaba repleto de autos. Incluso un helicóptero. No entendíamos nada de lo que pasaba. Vivimos un atropello horrible. No éramos nadie. Existían solo ellos. Se llevaron la biblioteca entera de mi esposo, libros que había comprado a crédito para los niños”.

Gustavo Fernández, hijo del matrimonio, era un niño cuando sucedió. Sin embargo, no olvida: “Lo impactante del momento fue ver tanta gente con armas. Desde el momento que nos piden que levantemos las manos el trato no es cordial”. Y agregó: “No sé con exactitud cuánto tiempo desapareció. Para mí fue una eternidad. Esperarlo día a día. Preguntarle a mi mamá y ella sin saber qué decirme”.
María Ocampos comenzó la buscar de su marido luego de 72 horas de precaución y miedo: “Ya no podía salir a trabajar. Me tuve que arreglar con lo que tenía. Una vecina cuidaba a mis hijos y yo iba a buscar a su padre”. A cada lugar que iba y decía “ando averiguando el paradero de mi esposo, que fue levantado por los militares” le respondían “acá no señora, y no me tomaban la denuncia”.

Cuando Fernández volvió, sus hijos que tanto lo habían esperado y preguntado por él no lo reconocieron. “Tenía la cara lastimada por la picana y nos miraba como un extraño.” Ocampos relató aquello que el esposo había aclarado previamente no recordar: “Cuando volvió me pidió que no le faltara nunca el agua ni que le apagara la luz. Yo hacía las cosas de la casa con él siempre detrás mío, no me deja en ningún momento”.

El abogado Sebastián Taiariol de la Asociación Civil Moreno por la Memoria reflexionó para ANCCOM sobre la audiencia de la fecha y el desarrollo del juicio. “Los testimonios dejaron varios puntos ineludiblemente confirmados. Por un lado, que quienes realizaron los operativos de ambos secuestros e incluso las sesiones de tortura, eran personal de la Fuerza Aérea. También, que el motivo de ambos secuestros fue la militancia política y territorial que realizaban Martín y Fernández”. Destacó la importancia de profundizar la investigación sobre la participación y el apoyo civil que tuvo la dictadura. “Ambos testimonios lo mencionaron: en el caso de Adriana Martín las autoridades de la escuela secundaria donde estudiaba, eran personal retirado que luego de su segunda liberación no le permitieron volver a estudiar y lo debió hacer de grande. Relató, cuando se refirió a la libertad vigilada, que había personas extrañas que hacían averiguaciones o inteligencia en las inmediaciones de la escuela, en la puerta, y operativos que armaban en el trayecto del colectivo”. Y concluyó analizando que “los martes dejamos la sala del juicio con la sensación de que esto no puede haber ocurrido, que esas historias no son de la vida común que nosotros llevamos. Como detallaron los testigos, estos hechos no sólo arruinaron su vida sino la sus familias. Adriana que solo tenía 14 años o los hijos del matrimonio Fernandez-Ocampo, de ningún modo pudieron tener el mismo crecimiento luego de vivir estos acontecimientos. Todos los crímenes son aberrantes, pero en estas situaciones aún más”.

La próxima audiencia de este juicio está programada para el martes 17 de diciembre a las 9:00 hs.

Volver a Devoto

Volver a Devoto

El miércoles 27 se realizó la inspección ocular al Pabellón Séptimo en el marco que investiga la masacre de 1978, considerada como un crimen de lesa humanidad, donde murieron 65 reclusos.

Finalizada la declaración del sobreviviente Ángel Oscar Méndez durante la sexta audiencia del juicio oral y público contra los agentes penitenciarios imputados por aquella matanza ocurrida en 1978, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 Nicolás Toselli anunció que la inspección ocular al Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto se realizaría el miércoles 27. Y así fue.

El recorrido inició a las 10 de la mañana con la presencia de los integrantes del Tribunal, la Fiscalía, las abogadas querellantes, el personal del Centro Ulloa y los abogados defensores. También participaron los sobrevivientes Hugo Cardozo y Juan Olivero, quienes habían testificado semanas atrás acerca de lo sucedido. Además, pudieron acceder al penal Verónica Ambrosio y Teresa Sottile, ambas familiares de sobrevivientes fallecidos durante la masacre.

La inspección comenzó en el interior del pabellón y continuó en las afueras. Durante el recorrido, los sobrevivientes fueron señalando los espacios en donde acontecieron los hechos. Ubicaron dónde dormían, dónde estaban acostados la noche anterior al incidente, en qué parte se encontraba el televisor que ocasionó el conflicto que dio inicio a la masacre y desde dónde surgieron los disparos, explicitando distancias entre una ubicación y otra. También recorrieron el área de la cocina, el comedor y los baños a los que varias veces los testigos habían hecho referencia.

También se identificaron las “pasarelas”, término reiterativamente mencionado a lo largo de varias declaraciones como aquel espacio en donde el personal penitenciario podía observar lo que ocurría dentro del pabellón y, a su vez, identificado como el lugar desde el cual el personal del Servicio Penitenciario realizó disparos con armas de fuego y lanzaron gases en la mañana del 14 de marzo.

Siguiendo con la medida in situ, uno de los sobrevivientes localizó una escalera, y aclaró que los habían obligado a “bajar por ahí” porque ese era el modo de dirigirse a lo que llamaban las “celdas de castigo”, espacio al cual habían dirigido a los reclusos al salir del pabellón, previo a recibir asistencia médica.

A lo largo de la inspección, pudieron identificarse los cambios estructurales dentro del penal desde el año 1978 hasta la actualidad: paredes que previamente no estaban, rejas que se modificaron y ventanas que fueron tapadas.

En diálogo con ANCCOM, la abogada querellante Natalia D’Alessandro explicó que la inspección fue necesaria y relevante para esclarecer los testimonios. “Permitió ubicar todo en términos de espacio, para terminar de comprender distancias que es algo que las defensas de los imputados consultan mucho, por ejemplo a qué distancia se encontraban los reclusos de los disparos”. D’Alessandro expresó que la medida colaboró con el desarrollo del juicio y también sirvió para comprender las declaraciones de los sobrevivientes que ya se sucedieron así como las que vendrán.

Además, la abogada expresó que no deja de ser reparador que dos de las familiares de sobrevivientes hayan podido ingresar al pabellón. “En un principio, el Tribunal sólo había autorizado el acceso a los sobrevivientes, porque decían que éramos muchos”, explicó la abogada. Sin embargo, con la preparación de un recurso que presentaron al tribunal ante dicha negativa, la querella logró que se autorice el ingreso de las familiares. “Nos pareció muy importante eso, la inspección no se trató solo de una cuestión de medir distancias, sino de una medida que en cierta forma es reparadora”. Con ello, D’Alessandro consideró relevante que ambas familiares puedan ver el último lugar en donde sus allegados estuvieron con vida. “Hay algo de reparación en todo el desarrollo del juicio oral que estamos llevando adelante, más allá de cual sea el resultado, y ese mismo factor estaba presente en el hecho de que pudieran ingresar al pabellón”.

 

“Todos los colchones explotaron”

El miércoles 13 de noviembre había declarado el sobreviviente Ángel Oscar Méndez para testificar sobre lo ocurrido durante el día de la mayor masacre carcelaria de la historia argentina, que surgió de una discusión entre un guardia y un recluso y siguió con una feroz represión en el pabellón séptimo de Devoto, y con un incendio que mató a 65 presos. 

Méndez comentó que estuvo privado de su libertad entre 1976 y 1980. Sin embargo, al pabellón séptimo de la cárcel de Devoto había ingresado diez días antes de que ocurriera la masacre, a sus 37 años. Por ser nuevo le tocó dormir en un colchón en el suelo, mientras que los demás dormían en camas cucheta.

Aquella mañana del 14, Méndez estaba realizando su aseo personal y escuchó al resto de sus compañeros nerviosos por el posible ingreso de la requisa. En efecto, mucho más temprano de lo normal entraron los guardias, en un procedimiento que le pareció “más pesado” que los que había vivido con anterioridad. Algunos de sus compañeros se rebelaron y comenzaron a apilar camas y colchones frente a la puerta para que los agentes penitenciarios no pudieran volver a ingresar. Detrás de la reja vio una llamarada que se distribuyó rápidamente por las camas y colchones, y luego por el resto del pabellón. “Los colchones explotaron todos”, respondió cuando la abogada querellante Claudia Cesaroni le preguntó si podía describir cómo había comenzado el fuego.

Frente al incendio que crecía rápidamente, Méndez agarró una frazada que había colgada, se tapó con ella y luego se tiró al piso. Lo salvó que yo tenía puesta ropa de invierno. Sintió que estaba adentro de un horno. Luego se desvaneció y al despertar vio cuerpos tirados y gente corriendo despavorida mientras se quemaba. Se quedó quieto porque estaban tirando balas que venían de todos lados, como una lluvia de disparos de ametralladora, dijo. Las autoridades penitenciarias les decían que salieran porque si no los iban a matar. Cuando finalmente salieron, los hicieron bajar rápidamente tres pisos por las escaleras mientras los golpeaban con palos.

En ese momento, Méndez indicó haber reconocido a Horacio Martín Galíndez y a Juan Carlos Ruiz, dos de los imputados del juicio. Señaló que estaban “controlando el operativo” y al consultarle cómo los pudo identificar, el testigo explicó que a Ruiz ya lo había visto en los eventos donde iban a presentarse las figuras de tango al penal. A Galíndez lo había visto un par de veces en diferentes espacios y además había tenido una entrevista corta con él porque le había solicitado previamente que lo cambien de pabellón. Posteriormente, se le preguntó si sabía quién era “Kung fu” (apodo explicitado en testimonios anteriores perteneciente a Gregorio Zerda, el tercer imputado) a lo que el testigo contestó que solo sabía que era el celador que estaba de guardia esa noche y que había escuchado un par de veces que le decían así.

Tras su paso por la celda de castigo, lo llevaron para que recibiera asistencia médica. Méndez señaló que las doctoras, al ver a otros internos en carne viva, se asustaron, dijeron que “era peor que Vietnam” y se quedaron sólo los doctores y los enfermeros. El testigo refirió que sufrió quemaduras en los cartílagos de la oreja, la pera y la nariz, y mencionó que para otros compañeros fue mucho peor. Le tuvieron que dar unas inyecciones por varias semanas y estuvo “escupiendo negro” por unos meses.

La próxima audiencia continuará en los tribunales federales de Retiro el miércoles 4 de diciembre, con la continuidad de las declaraciones testimoniales.

Impunidad para el genocida Eduardo Alfonso

Impunidad para el genocida Eduardo Alfonso

Una resolución de la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto la condena del represor por el asesinato de Domingo García, desaparecido durante la última dictadura. La hija de la víctima asegura que apelarán en la Corte.

En tiempos donde la historia es relativizada desde las huestes oficialistas, y vuelven a tener voz discursos de reivindicación de la dictadura cívico militar de 1976, la Sala II de la Cámara de Casación Penal falló a favor del exmilitar Eduardo Alfonso, dejándolo impune por el asesinato de Domingo Antonio García. El jefe de operaciones estuvo prófugo cuatro años en Paraguay antes de ser condenado en primera instancia por su participación en el allanamiento ilegal a la casa de los García-Recchia. Sin embargo, ahora, podrá salir en libertad nuevamente pese a las pruebas que lo involucran en el homicidio.

“Esta decisión es política, no tiene ningún anclaje jurídico”, asevera Juliana García en conversación con ANCCOM, hija de Domingo García y Beatriz Rechchia, que con tres años fue privada de su libertad junto a su madre embarazada de cinco meses. “Esto tiene que ver con el clima de época, y las políticas de Estado respecto a las cuestiones de memoria, verdad y justicia”, concluye. En el juicio por el operative ilegal hecho en el domicilio de Villa Adelina, se demostró el asesinato de Domingo Antonio tras un enfrentamiento armado, así como el posterior secuestro de Beatriz Recchia que estaba embarazada y tuvo que dar a luz meses más tarde bajo condiciones inhumanas en el centro clandestine de detención, tortura y exterminio ubicado en Campo de Mayo.

La abogada Carolina Villella, que lleva adelante causas judiciales de Abuelas de Plaza de Mayo, asegura que “este fallo desconoce los hechos juzgados anteriormente, y lo que se está buscando es evitar la cadena perpetua para Alfonso”. También señala que “hay una explícita contradicción entre lo que la Sala II sentenció hace 4 años, y lo que resuelve ahora”. Cuando el exmilitar se entrega en el año 2017, la justicia en primera instancia lo absuelve por el asesinato a García, pero frente a los recursos interpuestos por la querella de Juliana García, el 3 de diciembre de 2020, Alfonso fue condenado a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín, siguiendo los lineamientos establecidos por la CFCP.

En su búsqueda incansable de justicia, Juliana García afirma que presentará un recurso ante la Corte para que revise este nuevo fallo de Casación y se vuelva a dictar la sentencia. “Alfonso es una persona que tiene poder real en el Ejército, y evidentemente no le soltaron la mano. No es casual que haya podido aguantar cuatro años prófugo sin problemas, y con ayuda de la Interpol”. Por su parte, Villella expresó que “acá se están violando las obligaciones internacionales en relación al deber de investigar, de juzgar y sancionar adecuadamente estos crímenes, por lo que presentaremos un recurso extraordinario con el que volveremos sobre el pedido de perpetua para el represor”.