Las consecuencias concretas y las intangibles de la dictadura

Las consecuencias concretas y las intangibles de la dictadura

Ago 11, 2022 | DDHH, Destacado 3

Después del receso invernal, se reactivaron las audiencias del juicio de lesa humanidad que investiga los crímenes en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús.

Luego de la feria invernal, el último martes se llevó a cabo, la audiencia número 75 del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. En esta ocasión, fue día de testimoniales en las que declararon sobrevivientes y familiares de desaparecidos de las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar.

Las declaraciones se basaron principalmente en lo que les sucedió a dos familias. La primera, compuesta por María Enseñat, Miguel Río -quien se encuentra desaparecido-, y su hijo Valentín Río Enseñat. La segunda familia es la de José Luis D´Alessio y su hijo Francisco, sobrino de Alfredo “Bebe” D´Alessio, desaparecido desde 1977. 

 Marta Enseñat fue la primera testigo del día. Su relato repasó que, de su grupo familiar de nacionalidad uruguaya, compuesto por ocho personas, cuatro de ellas fueron secuestrados el 24 de diciembre de 1977: Miguel Ángel Río; su prima Aida Sans Fernández que además estaba embarazada; su madre Elsa Fernández y Eduardo ´” Cacho” Castro Gallo.

Marta, junto a su pequeño hijo Valentín de seis meses y su madre Clara Enseñat, fueron alertados de la situación por Cacho, un día antes de las desapariciones, gracias a lo que pudo evitar la detención. Cuatro de los familiares que mencionó, aún hoy se encuentran desaparecidos. Mientras que la beba que dio a luz Aida Sans fue, como declaró Enseñat, “apropiada y dada en adopción”.

 Sobre el secuestro, Marta recordó: “A las cinco de la mañana me golpean la puerta muy fuerte, mientras dormía. Me puse ropa y abrí. Era Cacho, el compañero de mi prima Aida. Me vino a informar que el día anterior, 23 de diciembre de 1977, un grupo de militares había irrumpido en su hogar, entre las 19 y 21 y se había llevado detenida a Aída con el embarazo súper avanzado. También, se llevaron a su mamá”, detalló.  

La sobreviviente contó que Cacho le sugirió que abandonara su hogar lo más rápido posible porque no había garantía de permanecer allí sin que llegara algún grupo armado. “Él nos sugiere que nos vayamos, y que se iba a quedar en mi domicilio a esperar que llegara Miguel Ángel que estaba en casa de unos compañeros”. Marta accedió y acordaron encontrarse al mediodía del día siguiente en la estación de Constitución para saber qué hacer. Miguel Ángel y Cacho acudieron a ese encuentro, y quedaron con asistir a otro encuentro en una estación de tren que no recuerda, a las 17 horas. Para hacer tiempo, la testigo relató que pasó la tarde entre plazas y visitas a compañeras de trabajo de ella. Cuando llegó y los dos hombres no aparecían presintió lo peor: “Me di cuenta con mucha claridad, ahí sí, no tenía donde ir”, sostuvo. 

Marta acudió a familiares cercanos, que le sugirieron irse a San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde se quedó unos días, pero luego decidió pedir refugio a ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ubicada en el barrio de Floresta. Allí se quedaron alrededor de seis meses, mientras esperaban su posible salida del país. 

En ese tiempo, Enseñat le consultó a una vecina qué había sucedido en su casa, luego de que ellos se fueran. La mujer le describió: “Habían montado una ratonera, no estuvieron mucho tiempo porque olfatearon que ahí no iba a volver nadie. Sospechaban que nos habían avisado. Sacaron porquerías que había ahí, de poco valor, garrafas, un televisor blanco y negro, una máquina de coser y las prendieron fuego. De no ser avisados por Cacho todos nos hubiéramos quedado”. 

Enseñat recordó a su pareja, Miguel Ángel Río, como una persona sonriente, muy alegre y con quien se divertía mucho. “Miguel Ángel había fantaseado, tenía ilusiones de enseñarle a jugar al fútbol, que era su pasión y lo practicaba. Él jugaba muy bien. Yo también proyecté. Pero en muy pocas horas todas esas ilusiones y lo que nosotros queríamos se fueron al tacho. Ya no se iba poder llevar adelante”. 

Este fue el primer intento de secuestro que sufrieron Marta y su hijo. El segundo ocurrió a las afueras del refugio, les habría llegado información de que “alguien se quebró” en los interrogatorios con tortura. Como consecuencia directa de esto, las personas encargadas del organismo deciden sacarla rápidamente del país con destino a Francia, el 8 de junio de 1978. Por un problema en su declaración jurada el día que llegó a ACNUR, la retuvieron seis meses más. Se olvidó de constar que tenía problemas en su país de origen (Uruguay), del cual se habían ido porque la perseguía la dictadura militar”. 

Luego Marta contó el padecimiento por el que supo pasaron sus compañeros. Sobre Aida recordó: “Cuando llega al Pozo de Quilmes, el 23 de diciembre, inmediatamente la torturaron con su bebé dentro de la panza. La tortura recaía sobre el bebé y aceleró el parto. Nació una niña. Los milicos le dijeron ‘mirala ahora porque después no la vas a ver más’. Dicho y hecho”. 

Y añadió que la madre de Aida también “estaba con sus muñecas lastimadas, con esposas. Tenía las manos atrás de la espalda. Ella, con 68 años, una anciana, callada, que era de poco hablar, sorda de un oído. Este tipo de cosas son las que me hacen pensar que el grado de crueldad es infinito. Era una señora que no tenía noción de nada. No la liberaron”. En el caso de Cacho y Miguel Ángel también fueron torturados. Este último tenía una herida de bala. 

 Marta ubica: “Pronto van a ser los 50 años y esto es como si hubiese pasado ayer para nosotros. Hay gente como todos ustedes, jueces incluidos, que siguen trabajando en esto con la finalidad de poner donde tienen que estar algunas ‘personas’, -no sé si puede utilizar en este caso-. Tampoco quiero decir una frase trillada ‘castigo a los culpables’ porque me parece que fueron tan pocos los castigados”, finalizó su declaración.

El siguiente en testimoniar fue su hijo Valentín Río Enseñat, quien hizo hincapié en la historia que pudo reconstruir de su padre. Miguel Ángel era militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay y en 1974 decide trasladarse a Argentina. 

“El militante era mi padre, mi madre no. Nací en Argentina el 21 de junio de 1977. Vivíamos en la Provincia de Buenos Aires, en Villa Numancia, en el partido de San Vicente, en una casita prefabricada. Ahí también vivían Aida y Castro Gallo junto a mis padres”. Río Enseñat aclaró que el secuestro de su padre se dio cuando “deciden ir a avisarle a Ataliva Castillo porque había una ratonera. Ahí mi padre es herido de bala en un hombro, cuando intentó huir y fue detenido. Cacho logró escapar, pero mi padre no”. 

“De mi padre no supimos más nada hasta que aparecen los testimonios de los sobrevivientes del Pozo de Quilmes. Lo habían torturado mucho a él y a Cacho. Aida Fernández comentó que el 27 de diciembre los trasladaron muy heridos, supuestamente, a un hospital. Luego de eso no hay más testigos de haberlos visto”, señaló. 

El familiar resaltó que “hay consecuencias muy concretas y otras intangibles”, luego de la desaparición de parte de su familia, pues “es un antes y un después. Además, las secuelas psicológicas que marcaron a mi familia hicieron que nos tengamos que desterrar y exiliar en Francia. Estamos declarando 45 años después y es muy extraño”. Y continuó: “Son hechos que tienen muchísimo tiempo, que dan la sensación de estar congelados en el tiempo. La incertidumbre sigue siendo la misma, con el agravante del paso del tiempo y con que aparecen nuevas personas afectadas por esta falta de verdad y justicia, como es el caso de los nietos de los desaparecidos. Somos una sociedad muy dañada por lo que sucedió. Mucho más de lo que se cree”, cerró. 

El siguiente caso fue el de la familia D´Alessio, secuestrada el 28 de enero de 1977. Alfredo D´Alessio contó su historia y la de su hermano José Luis D´Alessio, militante de Montoneros. Ambos fueron secuestrados y detenidos, primero en la Comisaría 22 de la Policía Federal y luego llevados al Pozo de Quilmes. 

D´Alessio relató el secuestro de su familia que se dio luego de que su hermano decidiera irse del país, junto a su pequeña hija Malena D´Alessio, por el riesgo que corrían. Para llevar adelante el plan, se había contactado con un hombre llamado “Turquito” que le iba a conseguir pasaportes falsos. 

Alfredo tuvo la tarea de ir a retirar los documentos para su hermano y en esa situación lo emboscan y lo detuvieron. Camino a su casa, en el barrio de Villa Urquiza, se cruzaron con el hermano que volvía de Zona Norte luego de ir a retirar unas pertenencias. Ese día, además, fueron detenidos su padre, Alfredo Ángel Agustín D´Alessio, su madre Sofía Yusell, Jorge Campana y Malena D´Alessio, quien era una niña. 

Salvo en el caso del declarante y su hermano desaparecido, toda su familia recuperó la libertad al día siguiente. La madre contó, muchos años después, que “fueron llevados en un auto a la Casa de Gobierno y ahí los dejaron. “A ella, a mi papá y a las nenas”, señaló.

Asimismo, D´Alessio recuperó la libertad, su hermano no, luego del pago de un cheque por 30.000 pesos. “Ese día, a la noche, me vinieron a buscar a la celda, me sacaron, me subieron a un auto, me llevaron a un descampado y me dijeron ‘bajate, camina en dirección contraria a la que estamos y no te des vuelta para mirar. Cuídate mucho porque seguimos atentos y vigilantes. Y con tu hermano no hagas nada porque no lo vas a volver a ver’”, recordó. 

Sus padres quedaron muy golpeados luego de lo vivido. Sin embargo, Sofia Yusell luchó hasta el último día de su vida para conocer lo que había sucedido con su hijo José Luis. Su declaración culminó con un pedido a los jueces: “‘Metan pata’ porque es muy grande este juicio, hay muchos testigos y estaría bueno que termine cuanto antes. Para nosotros, los que estamos declarando, para todos los sobrevivientes, para la familia y para la sociedad en general, que estos casos se cierren y que los genocidas reciban su castigo”.

El último en declarar fue Francisco D´Alessio, que nació en Brasil en el exilio de sus padres luego de la detención. “Soy una víctima indirecta de lo que sucedió. Siempre tuve un rol de aporte para acompañar a la familia en el proceso de reconstrucción de la memoria de lo que había sucedido y la búsqueda de la verdad, juicio y castigo”, indicó.

“Mi viejo pasó muchos años desde que sucedió el secuestro y la desaparición de su hermano y no pudo volver a hablar. Más allá de contar el secuestro o datos que sirvieron a la causa, nunca pudo volver a contar cómo fue la relación con su hermano”, subrayó. 

El familiar se refirió al impacto que tuvo sobre su familia: “No se hablaba del exilio, del secuestro, de la desaparición. Era un tema bastante tabú en mi familia. En la casa de mis abuelos había una foto del Bebe colgada en la pared. Mi abuelo se paraba al frente y lloraba”, finalizó D´Alessio.

La próxima audiencia será el martes 16 de agosto. El juicio de Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús es transmitido por el canal de la Retaguardia en YouTube que se encarga dar a conocer los juicios de lesa humanidad y ponerlos a disposición de la sociedad.

La trama de la asociación de las dictaduras argentina y uruguaya

La trama de la asociación de las dictaduras argentina y uruguaya

Jul 7, 2022 | DDHH, Destacado 3

En la audiencia Nº 73 del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús quedó expuesto el vínculo entre los gobiernos de facto de ambos países.

Carlos D´Elía Casco y Paula Eva Logares, nietos restituidos en 1998 y 1984, respectivamente, declararon el martes último en la audiencia Nº 73 del juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. También brindaron testimonio Juan Berdún Cardozo, de nacionalidad uruguaya, sobreviviente del centro clandestino Pozo de Quilmes; y María Graciela Borelli, hermana de otro uruguayo desaparecido.

De manera presencial inició la jornada María Graciela Borelli Catánneo, hermana de Raúl Borelli Catánneo, estudiante de Medicina en Montevideo y secuestrado en Valentín Alsina, Argentina, en 1977, como parte del denominado Plan Cóndor, y estuvo detenido en los Pozos de Banfield y Quilmes hasta mayo de 1978. Con relación a estas fechas, dijo: “Es el inicio de una búsqueda que dura casi 45 años” para iniciar el relato de la reconstrucción que logró sobre los cinco meses que su hermano estuvo en cautiverio. Raúl militaba en el GAU (Grupos de Acción Unificadora) y con el comienzo de la dictadura en Uruguay, en 1973, se exilió en Argentina, donde en total secuestraron y desaparecieron a 26 uruguayos, de quienes María brinda nombre y apellido. Ella se exilió -vía San Pablo- en España, mientras que su marido se sumó varios meses después, ya que también había sido detenido y estaba en libertad provisoria. Afirma que muchos de los secuestrados en Argentina fueron llevados a Uruguay, lo que evidencia la coordinación y los vínculos entre las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas. “La Computadora, es el informe de la Armada, la armaron con detenidos que tuvieron diversos grados de colaboración en el FUSNA (Cuerpo de Fusileros Navales de la República Oriental del Uruguay), hacían inteligencia. Hubo coordinación, vínculos estrechos con la ESMA porque también funcionaba así”, declaró.

Antes de concluir su testimonio dijo: “Quiero homenajear a mis padres -Luis y Julia- que lo buscaron sin parar. Hubiera querido que no solo estuvieran los grandes mandos, sino aquellos que fueron los brazos operadores de todo, algunos que están identificados. Cuesta entender por qué no están sentados acá. Los juicios son importantes porque los testimonios construyen memoria”. Luego pidió: “Ojalá que aquellos que saben algo, que han presenciado y que pueden aportarnos datos, que lo hagan”, con una foto de Raúl y de su madre exigió “la desclasificación de los archivos como responsabilidad de los Estados para saber la verdad”. 

La auxiliar del fiscal, Ana Oberlin, le consultó si recibieron el testimonio de sobrevivientes que les hayan brindado datos, a lo que respondió afirmando que los testimonios de Adriana Charmorro, Washinton Rodríguez, y Luis Taub (todos declarantes de esta causa) le permitieron ir reconstruyendo todo. 

Luego declaró Carlos D’Elia Casco, nieto restituido, hijo de Julio D’Elia y Yolanda Casco. Explicó el vínculo que los une y desde qué momento descubrió quién es: “En 1995, a los 17 años, conocí mi verdadera identidad. Hasta entonces creía ser hijo de Marta Leiro y Carlos De Luccía, nunca había tenido dudas de mi identidad, por lo cual ese momento marcó un antes y un después en mi vida”. Más tarde, mencionó que pudo conocer aspectos de la vida de sus padres biológicos y el hecho de su secuestro, y habló sobre la paciencia que tuvo su familia biológica para transmitirle información.

En la siguiente parte de su declaración, relató la vida de sus padres en Uruguay y cómo se conocieron: «Mientras estudiaban, trabajaban y militaban en el contexto de la dictadura. Se vinieron a vivir en 1974 a Buenos Aires y mi papá terminó sus estudios en la Universidad del Salvador». Contó que su padre consiguió trabajo y que su madre estaba embarazada de él; que con un crédito lograron comprar un departamento en San Fernando, de donde fueron secuestrados en la madrugada del 22 de diciembre de 1977.  Por la reconstrucción que realizó a través de los testimonios de sobrevivientes como Adriana Chamorro y Luis Taub, pudo saber que estuvieron en la Comisaría de San Fernando, el COTI de Martínez, donde otros 27 uruguayos fueron llevados. También pasaron por el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. 

Sobre cómo sus abuelos se enteraron del secuestro de sus padres, Carlos respondió: «Llegaron a Buenos Aires el mismo 22 de diciembre, venían a pasar las fiestas y a esperar mi nacimiento. Tenían llave del edificio y cuando van a ingresar al departamento son recibidos por personas fuertemente armadas, algunos con tonada uruguaya. Tres parecían ser uruguayos, mis padres ya habían sido secuestrados a la una de la mañana, a mis abuelos los tuvieron retenidos todo el día». Según explica, quienes estaban en el departamento comían lo que sus padres habían preparado y que la ropa de bebé no estaba. A sus abuelos los obligaron a irse de Argentina. Sin embargo, dijo: «Regresaron pese a las amenazas, el 26 de diciembre estaban de nuevo. Ahí empezó ese proceso de búsqueda, empezaron ellos y toda mi familia biológica, y con el tiempo me empezaron a buscar a mí también cuando el embarazo ya había llegado a término».

Explicó que su familia recorrió juzgados, embajadas, oficinas de organismos internacionales, tanto en Argentina como en Uruguay, casas cuna, iglesias, hospitales buscando cualquier información que pudiera surgir, lo que lo lleva a destacar la importancia de los testimonios de sobrevivientes que compartieron cautiverio con sus padres: «Fue fundamental para que pudiéramos conocer detalles sobre el secuestros. Se sabe que hicieron el circuito que hacían todos los uruguayos». 

Entre el 21 y el 22 de diciembre de 1977 se orquesta un operativo en el que secuestraron a 27 uruguayos de los cuales se desconoce aún su destino. Carlos afirmó: «Entre ellos había tres mujeres embarazadas. Nacimos tres niños en el Pozo de Banfield; la hija de Aída Sanz, es la primera, a fines de diciembre de 1977. En enero nazco yo y creo que en agosto se da el nacimiento de Victoria Moyano». Varias declaraciones le permitieron tener la certeza que a todos los uruguayos secuestrados en Argentina los «movían» en grupo en ese circuito: «Hay testimonios de sobrevivientes que podrían indicar que algunos de los secuestrados podrían haber sido llevados a Uruguay. En el COTI Martínez, Luis Taub me dijo que vio a mi padre y se sabe que a las mujeres que estaban ahí les hicieron preparar sanguches de milanesa para cinco uruguayos que iban a ser trasladados» y continúa: «Según hemos logrado reconstruir la mecánica que se seguía en ese entonces es que de los secuestrados uruguayos se ocupaban los uruguayos y de los secuestrados argentinos se ocupaban los argentinos. De ahí se confirmó la coordinación represiva que existió entre los gobiernos de facto tanto en Uruguay como en Argentina y en el resto del Cono Sur».

«Luego de mi nacimiento, el 16 de mayo fue el último momento que se supo de los uruguayos que estaban en Banfield», señaló y agregó: «Solo dos uruguayas quedaron en Banfield, lo que demuestra lo perverso y macabro del pensamiento y la lógica que seguían los perpetradores de los secuestros y las detenciones clandestinas es que mantuvieron a quienes creían que estaban embarazadas, María Asunción Artigas y  a Liliana García de Dosetti».

Carlos nació el 26 de enero de 1978 según lo que figura en la partida de nacimiento apócrifa firmada por el médico policial Jorge Bergés. Llegó con sus apropiadores mediante la intervención de un allegado de la familia que era subjefe de la policía de la provincia, Rodolfo Aníbal Campos. «Cuando el embarazo de mi mamá Yolanda estaba a término les avisó que se acerquen a un lugar de Quilmes donde el mismo Jorge Bergés, envuelto en papel de diario y con rastros de sangre, me entrega en los brazos de Marta y sin preguntar absolutamente nada».

Carlos tuvo que procesar una herencia y muchas historias, algo que le llevó diez años: «Tal vez la postura que tomé como manera de protegerme o porque no estaba preparado para hacerme cargo de esta historia, empecé a conocer a mi familia biológica, a saber, más de mis padres, empecé a viajar a Uruguay. En una visita que hice solo, estaba charlando con mi abuela en el living de su casa, no sé por qué la charla llevó a hablar sobre mi mamá y mi papá y sentí la necesidad, como algo por dentro que me quemaba, de querer saber un montón de cosas que ya me habían contado pero que evidentemente no había hecho propias. A partir de esa charla con mi abuela empecé a hacerme cargo de esa historia. Necesité esos diez años para prepararme. De esa búsqueda liderada por mi abuela ahora me iba a hacer cargo yo».

La tercera en declarar fue Paula Eva Logares, hija de Mónica Sonia Grinspon y Ernesto Claudio Logares. «Llegaron a estar detenidos en el Pozo de Banfield, pero para saberlo tuvimos que reconstruir todo un circuito que fue muy difícil», contó. Por ser militantes, se exiliaron en Uruguay y allá los secuestraron a los tres en la calle: «Nos encapuchan, hay gente que lo vio. Nos traen a los tres juntos a la Brigada de San Justo, yo tenía 23 meses», relató Paula. Recuerda que el día exacto porque era feriado y que iban al Parque Rodó. El testimonio de Paula, pese a que tenía dos años al momento de su secuestro, está lleno de sus propias vivencias: «Durante mucho tiempo no mantuve recuerdos. Yo sé que viví la separación con mis padres». Recordó la Brigada de San Justo: » En los brazos de mi madre estaba en un CCD», dijo. También que, ya siendo una niña apropiada, quizás la hayan llevado al Pozo de Banfield: «Era posible que me hayan vuelto a llevar ahí, entré al lugar y lo vi y creo reconocer cómo era y cómo funcionaba».

Sus apropiadores la anotaron como hija natural: «Sé que aparezco ahí porque estoy anotada como hija propia del subcomisario de la Brigada de San Justo, Rubén Luis Lavallén y de Raquel Leiro Teresa Mendiondo. No sé de dónde se conocen, todo está muy denotado de lo que conocemos hoy en día que es el Plan Cóndor: somos argentinos exiliados en Uruguay, nos secuestran en Uruguay». Afirmó que Lavallén era una persona violenta tanto en la calle como con su mujer, ya que la golpeaba adelante mío y continuó: «A mí no me encontraron en una plaza o en un orfanato abandonada. Me secuestraron», afirmó.

Paula recuperó su identidad luego de una intensa búsqueda y la difusión de fotos que hizo Abuelas donde fue reconocida a los ocho años: «Mi abuela desde un principio nos buscó a los tres. Agradezco estar acá y formar parte de esta realidad. Yo estuve en ese lugar oscuro y siniestro en el que estuvieron mis padres. Los huecos de las familias y los vínculos se pudieron ir formando de alguna manera y otros se fueron ablandando y soltando. Y claro que tiene repercusiones». Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, esa Abuela que la buscó incansable estuvo toda la audiencia sentada escuchándola.

Paula denunció que los Estados nunca se hicieron responsables de esclarecer lo que pasó: «En ningún momento dijeron que estuvieron detenidos aquí o allá. No tengo registros formales de la detención de mis padres. Podemos saber que estuvieron en el Pozo de Banfield y no sabemos más. Sabemos que llegaron ahí pero no sabemos qué pasó de ellos. Hay gente que estuvo a cargo de ellos y sí saben». Al reconstruir las vidas de sus padres se emociona cuando su padre fue reconocido como trabajador del Banco Nación, ya que allí los habían registrado como despedidos por abandono de cargo cuando en realidad habían sido desaparecidos. Por solicitud de los trabajadores se modificaron esos legajos. «Me emociona la idea que pude formar de mis padres. Desde el 78 dejé de tener contacto con ellos».

En último lugar, declaró en la audiencia Juan Berdún Cardozo, que fue detenido el 14 de abril de 1978 con 24 años en la localidad de Juan Madariaga. Relata las causas de su detención, y como causa destaca la persecución política. Juan nació en Montevideo, mientras estudiaba y sufrió la represión contra aquellos que formaban parte del cogobierno universitario. Era militante social, en aquellos momentos militaba en la UJC: «Aparezco en un folleto donde está mi nombre, donde decían que yo pertenecía a esa organización política. A esto se suma mi padre detenido con la camioneta llena del periódico La Carta que editaba el Partido Comunista de Uruguay». Y detalló: “»Que mi nombre aparezca derivó en la persecución mía que fue investigada por oficiales uruguayos de la OCOA. Cuando era interrogado, participaba gente con el tono de voz propio de donde venían, que no eran argentinos. Y preguntaban cosas referidas a esa actividad mía». 

El día que fue detenido salía a trabajar a la mañana de su casa en Pinamar, cuando irrumpió un grupo de personas de civil: «Me preguntan mi nombre, me cargan en el Falcón y me ponen en el baúl. Estoy en Campo de Mayo y me doy cuenta por esos campos y fui reconociendo esa experiencia. Estuve hasta entrada la noche, siete de la tarde y me trasladan a otro lugar, el Pozo de Quilmes. Siempre encapuchado y atrás de un Falcon». Cuando llega a Quilmes puede hablar con Washington Martínez: «A él lo liberan el día que yo llego, solo diez minutos hablamos y le alcanzo a contar que tengo una hija chica en Uruguay, que me trasladaron en un Falcón». Explicó cómo vivía ahí, el frio y el hambre que pasaban: «Al otro día empiezan las sesiones nocturnas de interrogatorio, con picana eléctrica y patadas. Y ocurre algo muy feo que voy a decir acá, ponen un piolín en el órgano masculino y me dicen de acá salís y no fifas más». Le preguntan nombres, por su padre y por las actividades que hacía en Pinamar y después de un mes y medio de cautiverio lo liberan.

En el tiempo detenido estuvo solo en una celda, privado de la visión y esposado. Lo torturaban uruguayos, aseguró. «Había una persona mayor y calculo que fue Gavazzo, pero no puedo decir que lo vi, lo uno a la voz». Cierra su testimonio con una frase que resume para él la causa: “Esto tengo para contar sobre cómo se operó la persecución política”.

 

«Hoy tres jueces dijeron que lo que testimoniamos es verdad»

«Hoy tres jueces dijeron que lo que testimoniamos es verdad»

Jul 7, 2022 | DDHH, Destacado 1

Diez genocidas fueron condenados a prisión perpetua, en la megacausa Campo de Mayo. Además, fueron condenados otros nueve represores que actuaron en el mayor centro clandestino que montó el Ejército durante la última dictadura. Por allí pasaron seis mil desaparecidos, incluidas unas 30 mujeres cuyos bebés fueron apropiados.

A las 14 horas del miércoles 6 de julio tuvo lugar, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, la sentencia de la megacausa Campo de Mayo. La lectura del veredicto se realizó con la presencia de familiares y amistades de las víctimas, sobrevivientes, abogados querellantes e integrantes de organismos de derechos humanos. También asistieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad, ambos nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Por su parte, los imputados y sus defensas se incorporaron a la audiencia de manera virtual a través de la plataforma Zoom; diez de ellos fueron condenados a prisión perpetua. “Haber llegado a esta instancia con diez condenas a perpetua y el resto con distintas cantidades de años es una justicia parcial pero también, por la cantidad de años transcurridos, es un avance que haya juicio, es un avance enorme llegar a esta sentencia”, expresó María Ester Landaburu, hermana de Leonor Rosario Landaburu, embarazada de 7 meses y medio al momento de su secuestro en Campo de Mayo y posterior desaparición junto a su compañero, Juan Carlos Catnich. María Ester aún busca a un sobrino o sobrina nacido en cautiverio.

 

El juicio

La megacausa de Campo de Mayo comenzó el 29 de abril de 2019. Allí se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en las cuatro dependencias del ex centro clandestino de detención: la Cárcel de los Encausados, Las Casitas, “El Campito”, y el Hospital Militar. De acuerdo con lo expresado durante los alegatos por la fiscala de la causa, Gabriela Sosti, Campo de Mayo fue un “infierno a cielo abierto”: se estimó que hubo apenas un 1% de supervivencia de las más de 6000 personas que pasaron por allí. La mayoría de las víctimas de este excentro clandestino de detención pertenecían a sectores fabriles.

La elevación a juicio consideró alrededor de 350 víctimas, entre las cuales se encuentran 14 mujeres embarazadas y diez nietos o nietas cuya identidad aún no fue restituida. A su vez, se registró un total de 22 imputados, de los cuales 19 fueron tenidos en cuenta para la sentencia. 

Al poco tiempo de haber iniciado, las audiencias se suspendieron producto de la feria judicial llevada a cabo en razón de la cuarentena por el covid-19. A lo largo de los tres años y tres meses que duró el proceso judicial, declararon más de 750 testigos tanto de manera presencial como virtual.

La sentencia

Durante la tarde del 6 de julio, los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, dieron lectura a la sentencia final, determinando que los crímenes cometidos en el excentro clandestino de detención constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. 

“Una viene acá, abre su corazón, cuenta todo lo que vivió todos estos años. Algo que una relató durante todos estos años de manera repetitiva, mucha gente amiga cercana te cree porque se siente solidaria con lo que una vivió. Y hoy tres jueces dijeron que lo que dijimos es verdad”, señaló Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria y querellante de la Megacausa. Su caso contempla los delitos de lesa humanidad conocidos como la “Caída de los Ferroviarios”, entre cuyas víctimas se encuentran sus padres, Juana Matilde Colayago y Egidio Battistiol. Juana se encontraba embarazada de 6 meses al momento de su secuestro. “No solamente eso, sino que le dieron prisiones perpetuas a la mayoría de los genocidas que teníamos imputados nosotros”, determinó Lorena, quien aún busca a un hermano o hermana nacida en cautiverio.

Entre quienes fueron condenados a prisión perpetua se encuentra el jefe militar de la Zona de Defensa IV, Santiago Omar Riveros; por otra parte, también recibieron la pena máxima Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Tanto Riveros como Arce habían recibido la misma condena dos días antes, en el juicio que probó la existencia de los «vuelos de la muerte» llevados a cabo en Campo de Mayo. “Hace 46 años que estamos peleando para tener los juicios. Porque los milicos se están muriendo, ya son grandes. Nosotros lo que queremos es que se mueran con su condena encima. Y que hablen, que digan lo que pasó. Nadie dice nada. Todos se mueren sin decir nada, como Etchecolatz”, determinó Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente de Campo de Mayo y víctima en ambos procesos judiciales. 

Asimismo, otros nueve exintegrantes de las fuerzas de seguridad argentinas recibieron distintos montos de pena: Hugo Miguel Castagno Monge fue sentenciado a 22 años de prisión, Bernardo Caballero a 20 años, Carlos Alberto Rojas a 13 años, Alfredo Oscar Arena a 12 años, Federico Ramírez Mitchel a 11 años, Roberto Julio Fusco a 11 años y medio, Ramón Vito Cabrera a 10 años y medio, Arnaldo Román a nueve años y medio, y Carlos Daniel Caimi a 4 años.

Entre los delitos juzgados se encuentran la privación ilegal de la libertad, imposición de torturas a perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía perpetrados por dos o más personas y robos y allanamientos.

Si bien no hubo ninguna absolución total, tres de los imputados en el comienzo del juicio no fueron tenidos en cuenta durante la sentencia: Guillermo Pascal Muñoz y Carlos Villanova fallecieron durante el desarrollo del juicio, este último sin condena; por otra parte, Rodolfo Feroglio fue apartado por enfermedad irreversible.

“Uno de los valores fundamentales que tuvo este veredicto es la reparación de los legajos de los trabajadores”, señaló la fiscala Sosti acerca del fallo, el cual contempla la restitución de los legajos laborales y estudiantiles, y afirmó: “El 67% de los compañeros y compañeras secuestrados y desaparecidos en el universo de la Zona de Defensa IV en Campo de Mayo fueron trabajadores y este juicio dio cuenta de esto”.

Carolina Villella, abogada querellante en este juicio, dictaminó: “En términos generales es muy importante considerar que se condenó a todos los imputados y que, aparte de que se condenó a todos los imputados, hay una gran cantidad de perpetuas. Además, 10 de los condenados lo son por primera vez. Esto es un hecho muy importante”, y recalcó: “Muchas de las víctimas fueron reconocidas como tales y por los hechos que las damnificaron también por primera vez. En ese sentido, es un gran fallo”.

El secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga, también estuvo presente en la lectura de la sentencia: “El veredicto tocó a mi compañera que estaba embarazada de cuatro meses cuando se la llevaron y dio a luz en Campo de Mayo en el Hospital Militar. Es una emoción muy fuerte”. Su hijo, Francisco Madariaga Quintela, pudo recuperar su identidad en el año 2010 y falleció en 2020.

 

«Confundíamos la amenorrea de guerra con embarazos»

«Confundíamos la amenorrea de guerra con embarazos»

Jun 29, 2022 | DDHH, Destacado 4

En una nueva jornada del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes y Banfield y en la Brigada de Lanús, los sobrevivientes dejaron nuevos testimonios estremecedores.

Como todos los martes desde octubre de 2020, el 29 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia, la número 72, del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Como en las anteriores, fue día de testimoniales en las que declararon los y las sobrevivientes de las atrocidades que se llevaron a cabo durante la última dictadura militar. Entre otros, lo hicieron Oscar Herrera, Héctor Arias Annichini, Adriana Chamorro, quienes pasaron por los centros de detención, como también el hijo y la hermana del desaparecido Guillermo Sobrino Berardi, Pablo y Graciela.

El primero en declarar fue Oscar Herrera. El sobreviviente relató que toda su familia vivió situaciones de violencia durante la última dictadura militar y también en los años previos al golpe, cuando se ensayaban los métodos represivos. La persecución, contó Herrera, se dio porque su padre tenía una comprometida militancia dentro del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), además de ser trabajador y delegado de la Cámara Fría del Frigorífico Switf. También trabajaba en el Hipódromo de La Plata. 

Luego de constantes amenazas que sufrió su familia, decidió pasar a la clandestinidad en 1975. A partir de allí, la dinámica familiar cambió. Entre constantes cambios de hogar, vivir con compañeros de militancia en diferentes ciudades, incluso en otras provincias. 

La primera secuestrada fue su madre, Ilda Paz Marcia, desaparecida a finales de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se escondía junto a sus hijos: “Vivíamos en la calle Pueyrredón y Las Heras. Consideraban que era un lugar más seguro. Un día suena el teléfono y preguntan ‘por el Coronel’. Supuestamente ese departamento era de un militar. Ahí es cuando, de noche, mientras mi hermano trabajaba en una fábrica de cigarrillos en la calle Puán, a las 3 de la mañana aproximadamente, golpean el portero y entra una patota de civil”, narró. Y continuó: “Nos dijeron, a mi hermana y a mí, que la iban a llevar al departamento de la Policía Federal. Yo ya sabía que no iba a ser así. Los tipos no me creían que tenía 13 años. Había cumplido en febrero. Se la llevaron a mi vieja. Se llevaron muchas cosas. Así también operaban”.

A partir de lo sucedido, como su padre que vivía separado de ellos por una cuestión de seguridad, con su abuela materna, comenzaron la búsqueda de Ilda Murcía: “Íbamos al Ministerio del Interior, al Departamento de Policía, dónde había colas inmensas. Recorrimos los episcopados y embajadas. Era necesario darle trascendencia internacional, porque queríamos que intercediera en la búsquedas de nuestros familiares”, contó.

El siguiente familiar desaparecido fue su hermano, Eduardo Herrera, en octubre de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. “Nosotros -puntualizó Oscar Herrar- nos enteramos de su secuestro porque leímos el diario La Opinión. Decía que ‘habían sido fusilados por traidores en la Costa de la Base Naval’. En la nota dan nombres de todas las personas asesinadas, pero hay una que no. Nosotros decimos que esa persona era Eduardo”. 

Su hermano Arcángel Nicolas y él fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977. Con ayuda de su padre, alquilaban un departamento en Berazategui. “Mi hermano me dijo que teníamos una cita (con mi padre) a las 21 horas de ese día. Pero no lo vemos a Cacho. Esperamos la cita a las 22. Llaman al portero, y ahí es cuando mi hermano intenta escaparse y del otro lado tiran un par de tiros. Yo estaba al lado de la puerta. Les dije a los tipos ‘ya va’. Abrí la puerta y entró la patota. Mi hermano les tiró piñas y patadas, con su buen estado físico, esquivaba todas”, recordó y continuó: “A mí me pegaron un par de cachetazos, me vendaron y me esposaron junto a mi hermano. Nos trasladaron en un Renault 12. El que manejaba era un muchacho joven, de 18 o 19 años. Con nosotros suben tres más. Nos tiraron la cabeza al piso, en cuclillas y se ponen a cantar: ‘Cómo les vamos a dar, cómo les vamos a dar`”, sostuvo.

Cuando llegaron al centro de detención, que luego reconocerá muchos años después como el Pozo de Quilmes, Herrera subrayó que “el lugar era una especie de garaje. No recuerdo si subí escaleras o qué. Pero sí recuerdo haber estado en un pasillo muy estrecho donde éramos varios”. Allí fue que escuchó por primera vez cómo torturaban a personas. Su hermano, Arcángel Nicolás, fue uno de los que las sufrió. En una ocasión, hasta llegó a perder la conciencia del dolor: “Lo torturaron mucho. Cada vez que lo traían tenía mucha sed. A mí me llevaban a presenciar la tortura y me decían que si no les decía dónde estaba mi viejo que me iban a torturar. Por suerte a mí no me torturaron. Estaba con mucho miedo”, comentó. 

A pesar de eso, ambos hermanos fueron liberados luego de tres días de retenidos. Decidieron irse a vivir a Santiago del Estero donde se quedaron un tiempo, para luego volver a Berisso. El último en desaparecer fue su padre. Mientras buscaba un auto en la calle Castro Barros en Capital Federal, se enfrentó con un grupo armado en un tiroteo que lo dejó mal herido o muerto. Esto lo saben porque “le muestran la foto de mi padre muerto a un detenido sobreviviente. Su testimonio está en la Conadep”, resaltó. 

Herrera, para culminar su declaración entre lágrimas de emoción por lo sucedido, dijo: “Fueron muchos años de esperar esto. Con la ansiedad que a uno le provoca esta situación. La verdad es que hoy veo que hay un acompañamiento de la justicia, siento que hay una reparación en este plano”. 

Vendas, alambres y direcciones

El siguiente en declarar fue Héctor Arias Annichini, que fue preso político no solo en la última dictadura militar, sino que también en la anterior. Era responsable del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fue secuestrado el 30 de marzo de 1976 en Cañuelas. 

Su paso por la detención forzada fue en diferentes centros clandestinos, entre ellos, lo que Annichini mencionó como Brigada Güemes o Puerta 12: “Ahí me torturaron porque decía mi nombre, pero no mi dirección. En una sesión de tortura se me había aflojado la correa de una de las manos, y cuando se fueron me dejaron solo. Creía que estaba solo. Me desaté y saqué la venda. Miré por la ventana abierta, vi el alambre y el tejido perimetral que rodeaba la Güemes, que era lo que veía al pasar por la Richieri”, describió. Y agregó que luego de allí lo llevaron a otro lugar: “Recuerdo y recordé que siempre que subimos una escalera, giramos a la izquierda. Se abrió una puerta y entramos por algún lugar. Después pude identificar que era un pasillo con unos 10 calabozos. Al otro día pedí ir al baño. Cuando me abrieron, tenía una pared de ladrillos de vidrio, a la derecha estaba el baño y al fondo estaban los baños comunes. Los calabozos daban a una pared de ladrillos de vidrio. Veía el sol”. 

Por cruzarse en el baño con “La Petisa”, María del Carmen de Pastor, una compañera de militancia, Annichini fue golpeado por una “infracción a las reglas” que allí tenían. Él compartió celda con Jorge Navarro, “El Gallego”. Estuvo en el Pozo de Banfield, fue devuelto a Puente 12, o es lo que él todavía cree que sucedió, donde estuvo alrededor de nueve días más. Allí es cuando lo torturaron porque todavía no conseguía que dijera la dirección donde vivía. Con su compañero, que creyó muerto porque los habían separado, lograrían ser llevados hacia otro centro de detención, la Comisaría Villa Madero, porque dijeron que “vivían juntos” en San José 574, en San Cristóbal. Héctor temía que fuera un engaño y que los matarían o mandarían a Campo de Mayo. A partir de allí fueron trasladados a la Comisaría de Haedo, y luego, en un “celular penitenciario”, como dijo Annichini, los llevaron hacia Campo de Mayo. Allí bajaron a quienes se encontraban con ellos en el transporte y los llevaron hacía Devoto. El destino final de ambos compañeros fue La Plata, donde estuvieron detenidos hasta julio de 1981. La salida de prisión fue con la condición de “Libertad Vigilada” en Santa Fe. Pero no fue a la dirección que había brindado que era la casa de sus padres. 

 

Marcas y agujeros

Graciela Sobrino Berardi, hermana de Guillermo Sobrino Berardi, fue la siguiente en declarar. Con conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Uruguay, decidió viajar a la Argentina porque la situación en su país natal cada vez empeoraba más. 

Una vez aquí, abrió una imprenta, en el barrio de Pompeya, donde trabajaba con un socio. El 22 de diciembre de 1977, mientras su familia compuesta por su padre, madre, hermana e hijo viajaron desde Uruguay para pasar las fiestas con él, más el cumpleaños número seis de Pablo, Sobrino Berard, fue secuestrado de su lugar de trabajo. A partir de allí, según testigos e información que fue recabada por la familia, fue visto en los Pozos de Banfield y de Quilmes, donde lo vieron con vida, por lo menos hasta mayo de 1978. 

La hermana del desaparecido trajo a la audiencia la declaración de Washington Rodríguez quien había visto a su hermano en el Pozo de Quilmes y dijo que los detenidos “eran sometidos a brutales castigos, algunos días sin interrupción. Los que interrogaban eran oficiales uruguayos”. 

La familia de Guillermo no solo presentó en la Justicia nacional argentina los pasos a seguir en caso de la desaparición forzada, sino que hicieron lo propio en Uruguay, como en organismos de Derechos Humanos internacionales, con el fin de que ayuden en la búsqueda de sus restos. En palabras de Graciela: “A nuestros familiares los hicieron desaparecer dos veces: cuando estaban bien, saludables, se los llevaron. Y los hicieron desaparecer una vez muertos”, culminó su presentación.

Acto seguido, en sintonía, su hijo Pablo Sobrino declaró que la desaparición de su padre lo marcó toda la vida: “Tenía poco contacto con mi padre porque se separó de mi madre años antes por temor y para no poner en peligro a ella, ni a mí”, recordó. Y añadió “Mi madre contó que una vez allanaron la casa donde vivía ella con mi padre. Yo era bebé. Le impresionó mucho que un soldado paseara por donde yo dormía con un fusil haciendo que me apuntaba”.

Sobrino describió, al igual que su tía, el fallido encuentro en el puerto aquel 23 de diciembre de 1977, posterior al secuestro de su padre. “Crecí sabiendo que mi padre estaba desaparecido. Los primeros años pensaba que estaba preso, que cuando terminara la dictadura lo iban a liberar, pero después tuve que aceptar que lo habían matado. La ausencia no la tapás con nada. Es un agujero que no se puede llenar con nada y ya no espero llenarlo”, reveló: “Todos los días pienso en él, sobre todo en mi cumpleaños”. 

Rotos pero fuertes

Finalmente, llegó el turno de Adriana Chamorro, sobreviviente a los Pozos de Banfield y de San Justo, donde fue torturada con picana eléctrica y violada. Chamorro fue secuestrada el 23 de febrero de 1978 junto a su marido. Su familia era activa políticamente, su padre, profesor de la universidad pública, daba clases con discursos anti dictadura. 

Luego de pasar por San Justo, fue trasladada junto a su compañero de vida al Pozo de Banfield donde por orden de un superior, especificó la declarante: “No fuimos interrogados, ni nos golpearon”, pues a quienes llegaban les daban una “paliza de gracia”. 

A pesar de ello, no pudo escapar del hostigamiento que sufrían las mujeres en los centros clandestinos. Chamorro fue testigo más de una vez de intentos de violaciones a su compañera, Mary Artigas, mientras estaba embarazada de Victoria Moyano Artigas, que nació el 25 de agosto de 1978 en los “chupaderos”, como ella los denominó. 

Ocho meses duró su cautiverio, dentro de los Pozos de Banfield, pasaron situaciones insalubres que generó, en sus compañeros, problemas de salud graves. Entre las mujeres, como detalló, la “amenorrea de guerra», que es cuando “falta la menstruación”, y que confundían con embarazos. Mientras que por la humedad que había en los calabozos, se producían crisis de asma, estados febriles o problemas en la piel. 

Luego de pasar por este centro clandestino, Graciela Sobrino Berardi fue llevada a Laferrere, y finalmente a la cárcel de Devoto. Allí, pasó los siguientes tres años hasta 1981, cuando firmó la libertad vigilada. De igual manera, el hostigamiento hacia ella y su familia continuó, por lo que decidieron exiliarse en Canadá. “Somos como legos. La vida está hecha con pedazos de otra vida. En el chupadero los guardias nos decían que, si salíamos de ahí, íbamos a salir más fuertes. Estamos rotos, estamos pegados, con oro, pero somos más fuertes”, confesó.

Ya hacia el final de su declaración, fue muy clara sobre el valor del testimonio: “Durante estos 40 años no solamente no olvidé. Tenía el deber de no olvidar. No pude olvidar. Tenía que recordar. Escribo todo lo que recuerdo. Mientras pueda, voy a declarar porque es imprescindible saber qué pasó con esa gente”. 

El próximo martes se llevará a cabo la audiencia número 73 de la causa, a partir de las 8:30 de la mañana en modalidad virtual. 

 

«No se lleven estos datos a la tumba»

«No se lleven estos datos a la tumba»

May 28, 2022 | DDHH, Destacado 4

En otra audiencia de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y en la Brigada de Lanús, tres testigos recordaron los horrores por los que pasaron.

En una nueva audiencia virtual del juicio por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y en la Brigada de Investigaciones de Lanús prestaron testimonio los sobrevivientes Ramón Raúl Romero, Norma Leanza y Diana Guastavino, por su compañero Roberto Fidel Yantorno, quien continúa desaparecido.

 La primera víctima en declarar fue Ramón Raúl Romero, secuestrado de su domicilio el 21 de septiembre de 1977 junto a su esposa, Elena Abraham. Romero tiene un problema auditivo causado por los fuertes golpes sufridos en el Pozo de Quilmes, por lo cual les solicitó reiteradas veces a los integrantes del tribunal “repetir las frases” y “hablar más fuerte”. 

En su relato acerca de su cautiverio en el centro clandestino de detención, la víctima detalló que lo depositaron en una celda muy pequeña y que recién al tercer día le dieron algo para comer: “Era como una especie de polenta y como si le hubieran echado una escupida a la comida. Como uno está con los ojos vendados, de la desesperación, come”, describió. Sobre este episodio, Romero detalló que le produjo una gran indigestión y rechazo: “Esa fue la única vez que comí. Me daba miedo comer la comida, entonces estuve prácticamente 11 días sin comer”. La víctima también recordó las torturas con picana eléctrica a adultos y niños en una sala del Pozo de Quilmes: “El olor a carne quemada me duró, no sé cuánto tiempo anduve con ese olor en el alma”. Luego de narrar los golpes con itaca que le provocaron la sordera actual, Romero refirió que, una vez en libertad, fue a tratar sus heridas al hospital Churruca: “El doctor me dice: ´Ya se te va a pasar, negro´.

Nunca se me pasó, porque me rompieron el nervio auditivo central del oído derecho”.

Durante todo su testimonio, la víctima manifestó reiteradas veces su temor y el de su familia a encontrarse prestando declaración: “El hecho de que está con prisión domiciliaria toda esa gente significa que deben tener poder, porque en democracia hicieron desaparecer a un hombre (Julio López) que fue testigo”, y reiteró su voluntad de testimoniar: “A mí me hicieron un mal, pero yo le puedo estar haciendo un bien a otra persona”.

La segunda víctima en declarar fue Norma Esther Leanza, quien fue secuestrada el 15 de octubre de 1977 junto a su suegro y su marido, Alcides Chiesa, uno de los primeros testimoniantes del presente juicio. Norma pasó sus primeros días de cautiverio en Puesto Vasco, para ser luego trasladada al Pozo de Quilmes hasta su liberación, seis meses más tarde. “La comida venía una vez por día y, según la guardia, quedaba hasta la noche y se fermentaba. Una de las veces, polenta era la comida, tuvimos un episodio de enterocolitis generalizado”, relató la víctima acerca de sus días en el centro clandestino de detención. Norma recordó la manera en que, junto al resto de los detenidos, utilizaban esos momentos a su favor: “Hacíamos un PROAL, un prode de almuerzo. Decíamos qué pensaba cada uno de los que estábamos secuestrados que podía haber en ese día de comida, pero era más bien un control para saber quiénes éramos los que estábamos, si seguíamos la misma cantidad de gente”. Sobre la higiene, Leanza indicó: “Estábamos encerrados en las celdas, nos permitían ir al baño una vez por día”, y agregó: “Cuando menstrué, pedí que me dieran algodón y me trajeron trapos sucios húmedos de la cocina”. 

Durante su testimonio, Norma Leanza hizo referencia a su cautiverio compartido con María Asunción Artigas: “Como no podíamos hablar, nos comunicamos por lenguaje de señas. Me contó que a los tres o cuatro meses se dio cuenta de que estaba embarazada”. María Artigas es la mamá de María Victoria Moyano Artigas, nacida en el Pozo de Banfield y restituida por Abuelas de Plaza de Mayo. “A Mari, cuando estaba embarazada, venía a verla un oficial que no sabíamos quién era, porque se quedaba del lado de afuera. Después, con el tiempo, supe que le decían Zaracho. Y le traía a veces fruta o alguna cosa para comer”, recordó Norma sobre el trato a su compañera, y agregó más tarde su suposición del porqué de esa acción: “Con el devenir de los años pienso, lo pensé siempre, para apropiarse de la hija”. María Asunción Artigas continúa desaparecida.

Norma finalizó su declaración con una solicitud al tribunal: “Quisiera hacerles el pedido de que el mayor esfuerzo de la justicia sea para todos los que no están, y también para algunos que están. El mayor esfuerzo de parte de ustedes”.

La última víctima y testigo en declarar fue Diana Guastavino. Diana declaró por su propio secuestro, previo al Golpe militar de 1976, y por el de su marido, Roberto Fidel Yantorno, el 6 de diciembre de 1977, quien continúa desaparecido. Acerca de su detención, la víctima relató que cayó en una “ratonera”: “Me encuentro con ocho personas de civil con armas largas y ahí empieza toda otra historia de golpes y de interrogatorio en la misma casa”, desarrolló Diana sobre el momento previo a ser llevada a Coordinación Federal. Diana narró su cautiverio allí: “Fui torturada con submarino, con picana eléctrica, con simulacro de fusilamiento y golpes. Iba siendo tirada en la celda sin nada. Después me tiraron a un colchón ensangrentado que habrá sido de alguien”. La víctima se encontraba detenida en Villa Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando su marido fue secuestrado. “Yo no sé de Roberto hasta mucho después de su desaparición”, indicó Diana Guastavino en su testimonio. Durante su detención en la cárcel de Devoto, Diana compartió pabellón con Cristina Gioglio, compañera de cautiverio de Roberto Yantorno en el Pozo de Banfield. A partir de ese encuentro con Cristina, Diana pudo saber acerca del derrotero de su esposo: “Me cuenta que a Roberto lo logra ver, que en algún momento está destabicado, y que era llevado a torturar permanentemente, que lo escuchaba gritar en la tortura”, y luego agregó, siguiendo el relato de Gioglio: “Después escuchó que alguien decía: «bueno, ya este no nos va a contradecir más porque se nos quedó en la tortura». Luego le confirmó que vio anotado en un pizarrón el nombre de Roberto Fidel Yantorno: “muerto por ataque cardíaco”. Hacia el final del testimonio, Diana Guastavino apuntó hacia los represores: “Siempre hemos pedido que aporten datos, que es lo que necesitamos para avanzar”, y sentenció: “Mi pedido va a que ojalá, por ellos mismos, no se lleven estos datos a la tumba, todo lo que puedan tener, los pocos que quedan ya”.

 

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús continúa el martes 31 de mayo, a partir de las 8:00.