La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Donda Tigel

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Donda Tigel

El Ministerio Público Fiscal acusó al militar de haber sido partícipe y coautor de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda. Durante cuatro audiencias desplegó las pruebas que dan cuenta del conocimiento, participación y ocultamiento del delito.

El Ministerio Público Fiscal pidió, ante el Tribunal Oral Federal N° 6, quince años de prisión para Adolfo Donda Tigel, la pena máxima prevista por el delito de sustracción y ocultamiento de una menor. En este caso, de su sobrina Victoria Donda, restituida en 2004.

“Por todo lo expuesto Adolfo Donda deberá responder como partícipe necesario en la sustracción de una menor del poder de sus padres y como coautor en su retención y ocultación de una menor. Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos hasta este momento y por la gravedad de los hechos solicitamos que se lo condene a quince años de prisión”, fueron las palabras del Fiscal General Pablo Parenti; quien junto al doctor Iván Polaco, finalizaron de exponer su alegato el miércoles último, luego de cuatro audiencias destinadas a tal fin. Semanas antes, la querella de Abuelas había pedido la misma pena luego de un alegato de tres audiencias.

“Solicitamos al Tribunal que se declare expresamente, que los hechos constituyen por un lado un crimen de lesa humanidad, y por otro, que implicaron una forma específica de violencia contra la mujer por su condición de tal, es decir, que se trató de una conducta constitutiva de violencia de género”, agregó Pablo Parenti.

Durante las cuatro audiencias que duró el alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron un recorrido con testimonios de sobrevivientes y pruebas que sostienen que Donda Tigel prestaba servicios en la ESMA en agosto de 1977, fecha en la que se presume el nacimiento de Victoria. “Vamos a formular nuestra acusación contra Adolfo Donda, dado que a la luz de la prueba producida en este juicio quedó demostrado que fue partícipe necesario de la sustracción de Victoria y coautor de su posterior retención y ocultación”, comenzó en su alegato el doctor Pablo Parenti. 

“Vamos a referirnos a lo que dijo Donda en las indagatorias. Donda se coloca prácticamente en situación de víctima de la Armada. Según él acusado, y así lo dijo textualmente, todos sabían menos él”, subrayó el fiscal. “El sería una víctima de la Armada porque le ocultaron que su cuñada estuvo meses secuestrada en la ESMA, que tuvo a su hija en el lugar y que la beba fue entregada a un integrante del grupo de tareas de la ESMA. Donda, según su versión, sería una de las víctimas de la ocultación y prácticamente podría ser querellante y no acusado en este juicio. La verdadera historia es que no se le ocultó nada, la Armada decidió hacerlo parte de los hechos y él dio claras muestras de fidelidad y compromiso”, sentenció Parenti.

“Las familias estaban desesperadas. Presentaban habeas corpus y hacían mención de que María Hilda “Cori” tenía un embarazo avanzado, obviamente no podían denunciar que estaba secuestrada porque no lo sabían. Sí lo sabía Donda, pero su compromiso era con la Armada y con el plan represivo antes que con su propia familia. Su silencio garantizó que efectivamente el parto, la sustracción y la desaparición de Victoria se produjeran en condiciones de clandestinidad”, explicó en otros pasajes del alegato el Fiscal General. “Donda callaba, pero Leontina, la madre de María Hilda Pérez, se ponía en riesgo y salía a la calle mientras fundaba “Abuelas de Plaza de Mayo” en 1977 en plena dictadura. Muchas de estas mujeres eran vigiladas y desaparecidas nada menos que por integrantes del grupo de tareas de la ESMA”, señaló Parenti.

El fiscal Iván Polaco se refirió a cuando el imputado declaró anteriormente no haber visto a María Hilda en la ESMA y negó cualquier conocimiento acerca de lo que sucedió luego: “Cuando esta fiscalía le preguntó si durante 1976 había desempeñado alguna función en la llamada lucha contra la subversión, dijo que en esa época no podía haber ningún miembro de la Armada que no estuviera afectado a la lucha contra el terrorismo. Frente al tono evasivo de sus respuestas, el presidente del tribunal le preguntó concretamente si cumplió funciones en la ESMA en 1976 y Donda lo negó”. 

El imputado también sostuvo que sus padres tampoco supieron sobre el embarazo de su cuñada. Al respecto, explicó que su hermano había enviado dos cartas a su madre, y que en ninguna de las dos había dicho que María Hilda estuviera embarazada y tampoco lo manifestó en ninguna otra oportunidad. Por lo demás, Donda negó haber visto mujeres embarazadas en la ESMA, así como la existencia de un sector especial para los partos.  

La fiscalía recordó a la testigo María Iris Pérez, tía de Victoria, cuando en este juicio declaró que desde el primer momento se buscó recurrir a Adolfo Donda para que los ayudara. La testigo contó, en este sentido, que “Cuqui”, madre del imputado, recibió un llamado de su hijo José María, avisándole que habían secuestrado a “Cori”, y le dijo específicamente que hablen con el “Doctor Donda”. el pedido de ayuda no podría ser más explícito. Por lo tanto, la versión presentada por el imputado acerca del desconocimiento de sus padres sobre el embarazo se encuentra claramente refutada.

“Cada una de estas afirmaciones dirigidas a evadir su responsabilidad son refutadas por toda la prueba documental y testimonial producida durante este juicio. Además, existe una prueba documental de Donda en la ESMA en 1976, cumpliendo tareas represivas por las que fue calificado elogiosamente y a estas pruebas se le suman testimonios”, concluyó el fiscal Polaco. 

El doctor Pablo Parenti se refirió a la relación entre el acusado y dos protagonistas claves de la apropiación, Héctor Febres (miembro de los grupos de tareas de la ESMA) y Antonio Azic (apropiador de Victoria): “Es claro que Adolfo Donda durante años cumplió funciones en la ESMA. Secuestraba, torturaba y también sustraía a los bebés de otras detenidas que, como su cuñada, tuvieron que pasar por la pieza de las embarazadas, parir allí a sus bebés y después ver cómo se las sacaban de sus brazos para no volver a verlos nunca más. Compartía sus días con Febres, el encargado de las embarazadas. Febres era el que, como el propio Donda hizo con “Cori”, le prometía a las detenidas que sus bebés iban a estar bien y que los iban a llevar con sus familias”.

“Febres era uno de sus compañeros, mejor dicho, uno de sus subordinados durante años, el padrino de su sobrina. Otro de sus compañeros de la ESMA por años, con el que secuestraba, torturaba y también se apropiaba de los bienes de los secuestrados, era Azic, el apropiador de su sobrina Victoria. En este juicio quedó acreditada la relación y vínculo personal que unía a Donda con Azic”, describió Parenti. 

El fiscal general mencionó la declaración del testigo Carlos Muñoz, secuestrado en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta febrero de 1980: “La alta valoración que hacían el resto de los oficiales sobre Donda, reafirmaba que evidentemente, algo había, como un plus en el reconocimiento de Donda. Evidentemente estaba asociado al caso de “Cori” que constituye una excepción a la regla en dos sentidos”.

El caso de Victoria presentó dos elementos distintivos. Su madre María Hilda “Cori” Pérez fue trasladada a la ESMA desde otro centro clandestino a cargo de la Fuerza Aérea, varios meses antes de la fecha del parto. La segunda circunstancia distintiva es que se rompió una especie de “regla general” según la cual los bebés nacidos en la ESMA provenientes de secuestros realizados por otras fuerzas regresaban al dominio de esas fuerzas, una regla que parecía inquebrantable, pero aparentemente no fue así, y el caso de Victoria lo demuestra. El incumplimiento de esta regla puede explicarse por el parentesco de Adolfo Donda con la niña y su intervención directa en el caso. “Debe valorarse especialmente el parentesco del acusado con las víctimas ya dijimos que se trata de un caso atroz dentro de lo atroz en el que el acusado mantuvo una lealtad absoluta a los planes criminales de la Armada a pesar de que afectaban gravísimamente a su familia. Estamos hablando de una conducta que implicó callar, ocultar a su familia que su cuñada iba a ser obligada a parir en la ESMA y de que su cuñada iba a parir allí en esas condiciones, mientras su hermano desaparecido enviaba mensajes a su familia implorando su ayuda. Le dijo a su cuñada que se quedara tranquila, que su bebe iba a ser llevado con sus abuelos. Pero luego de que se la arrancaron de sus brazos, se la entregaron a un integrante del grupo de tareas, a quien (Donda) veía cotidianamente por años. Él siguió ocultando los hechos frente a su papá, su mamá y frente a Eva Daniela, esto también debe reflejarse en la pena a aplicar”, finalizó Pablo Parenti.

Con toda la prueba desplegada, el Ministerio Público Fiscal pidió quince años de prisión para el acusado, la misma pena que solicitó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. El juicio continuará el miércoles 20 de diciembre con el alegato de la defensa del acusado. 

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

En el alegato, acusaron al militar de haber sido partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria Donda, nacida en la ESMA.

«Solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina, Victoria Analía Donda Pérez», cerró su alegato Emanuel Lovelli, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Carolina Villella, en el juicio por la apropiación de la hija de los militantes aún desaparecidos, María Hilda “Cori” Pérez y José Laureano Donda.

El alegato de Abuelas de Plaza de Mayo se había iniciado el 30 de octubre, con un relato del contexto y puesta en valor del testimonio como prueba fundamental de los juicios de lesa humanidad. Continuaron el lunes siguiente, 6 de noviembre, con el relato de la prueba desplegada durante el debate oral y, como no alcanzó el tiempo, la pena fue solicitada el miércoles en una audiencia adicional.

En la audiencia del miércoles, Lovelli se centró en el año 1978 donde testigos sobrevivientes aseguraron haber visto a Adolfo Donda en la Esma en su rol de jefe de operaciones del lugar. Es importante mencionar que los testigos asumieron que anteriormente no sabían quién era, solo lo tenían identificado visualmente y que en 1978 lograron unir un nombre con una persona. “Habiéndose demostrado su presencia en la ESMA como jefe de operaciones, y su presencia permanente, consideramos que Donda Tigel debió conocer la presencia de su cuñada María Hilda “Cori” Pérez en ese lugar y, obviamente, su estado de embarazo”, señaló Lovelli. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo recordó los dichos del testigo Lisandro Cubas, uno de los sobrevivientes que declaró: “En un segundo encuentro con Cori, que la había visitado su cuñado, yo le pregunto quién era, pensando que era otro detenido, y me dice que no, que era el hermano de “Pato”, que era marino, y estaba ahí, y que había ido a hablar con ella. Entonces me dijo que él le comentó que se quedara tranquila que a la niña la iban a entregar a la familia. Para ese entonces, Victoria ya había nacido. Yo cuando entré, la vi al costado de la cama, estaba en una cunita, en una canastita”.

El abogado de la querella trajo a la audiencia el momento en que la familia Donda recibió una carta en 1977 que al día de hoy se encuentra perdida. María Iris, “la tía Mary”, de Eva Daniela y de Victoria, en su declaración planteó: “Cuqui recibió una carta, se la tiraron por una ventanita. La carta decía: ´Estoy muy triste, estoy durmiendo hasta en baldíos, tirado para que no me encuentren y sumamente angustiado, porque no sé qué vejámenes estará sufriendo mi señora, y si habrá nacido mi hijito o mi hijita. Si irá a nacer, si la dejarán llegar a tenerlo´. Él estaba muy triste y pedía a las familias que no se peleen, que cuiden bien a Daniela, por favor”, en referencia a la primera hija del matrimonio, que finalmente crio el tío represor.

Leontina, la madre de María Hilda Pérez, en 1977, estando su hija secuestrada, presentó un habeas corpus y fue a Aeronáutica a buscar a su hija, con un pañuelo blanco. “Obviamente que nadie puede creer que la familia Donda no sabía y que Adolfo Donda no supiera, más estando Donda en funciones. Y sabiendo ya la familia que estaba en Aeronáutica. Nadie le va a decir Adolfo, ¿no conoces a alguien de Aeronáutica que nos dé una pista?”, señaló Lovelli y agregó: “Mire si Donda no tenía razones para ir en el 77 a la ESMA. Estaba su cuñada embarazada secuestrada”.

La querella no dejó de mencionar el “inconveniente” que Donda tuvo con su hermano, refiriéndose a que tuvo que comunicar a su superior que tenía un hermano militante de la organización Montoneros. En la primera indagatoria a Donda se le preguntó por qué le trasmitió sus inquietudes a su superior, respecto de José María. La respuesta del imputado fue que debía denunciarlo para que lo investigaran y que no tenía intención de encontrarse con su hermano, porque de encontrarlo en actividad “seguramente iba a tener que actuar en consecuencia”. En las palabras del propio Donda Tiger “no había excepciones, ni siquiera de sangre”, con estos dichos toman nuevamente veracidad las aseveraciones de los sobrevivientes.

El alegato de la querella resaltó que resulta poco creíble que Adolfo Donda diga que dos personas le dijeron -cuando ya había pasado un año de la desaparición de su hermano y su cuñada- que las víctimas estaban bajo la órbita de Fuerza Aérea y que, seguramente, su hermano y su cuñada ya estaban muertos. “Le pudo haber preguntado a todo el mundo en la ESMA dónde estaba su cuñada, qué había pasado con su hermano. Reitero, pudo haber ido a Aeronáutica, como han ido todos los familiares de los desaparecidos que siguen buscando respuesta del Estado y que no saben dónde están, y que no sabemos dónde están muchos de los 30000”, resaltó la querella de Abuelas.

“Acá hay una dualidad muy extraña, estamos hablando de un familiar porque en definitiva es el tío Victoria, pero también es un miembro de la represión que elige el pacto de silencio, y Victoria hoy sigue sin saber qué día nació”, reforzó Lovelli y se preguntó ante el Tribunal Oral Federal 6 –integrado por Ricardo Basílico, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez-: “¿Cómo podría justificar no saber dónde estaba Cori y dónde estaba su propio hermano? Eso determinó el accionar de Donda y su participación en la retención y el ocultamiento de Victoria. También determinó asegurarse la crianza de su sobrina en un grupo familiar ajeno al de su pertenencia. Y más aún, no solo eligió otro grupo, sino que eligió el suyo propio, entregándosela a un camarada. Porque la relación con Juan Antonio Azic (el apropiador de Victoria) evidentemente era estrecha. Le entregó la bebe a un subordinado, alguien que podía dominar, a alguien con quien había robado bienes a las personas secuestradas y desaparecidas. Esto fue así porque fue un acuerdo”.

Entonces, Lovelli concluyó: “Creemos que está altamente demostrada la participación y la responsabilidad de Adolfo Donda Tigel en los hechos que perjudicaron y tienen como víctima a Victoria Donda Pérez. Vamos a efectuar nuestra acusación como partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria”.

Antes de culminar, la abogada de Abuelas, Carolina Villella, eligió recordar dos pasajes del testimonio de Victoria que contiene un pedido concreto a su tío y represor Donda Tigel y leyó la declaración de la víctima: “Le voy a decir que lo único que yo quiero saber es que nos digan dónde están. Que rompan el pacto de silencio que lo único que muestra es que eran varias bandas que se sirvieron del Estado para delinquir con los peores crímenes que la humanidad conoció y que por esta sociedad que pelea y que va a seguir peleando por la democracia es que hoy están siendo juzgados. Espero que la condena sea rápida y que en tus últimas palabras tengas el valor de afrontar lo que hiciste y dejar de esconderte detrás de una supuesta tarea de chofer de lujo que desconocía donde iba cada uno de los detenidos desaparecidos”. Villella concluyó: “Es por todo ello que entendemos que corresponde aplicar a Donda Tigel el máximo de la pena prevista para estos delitos, por lo que solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina Victoria Analía Donda Pérez”.

A diferencia de otras audiencias, en esta, la querella pudo terminar su alegato sin interrupciones y provocaciones del abogado defensor Guillermo Franco, famoso por las dilaciones y exabruptos. El lunes 30, la querella de Abuelas debió soportar un planteo por la lectura del alegato sobre delitos ocurridos hace cuatro décadas.

Mientras Vilella recordaba los cargos de los que se imputaba a Adolfo Donda Tigel, mencionó la utilización de seudónimos entre los agresores para encubrirse y la destrucción de documentos que pudieran perjudicarlos. “Se escuchó al mismo Donda Tigel decir que operaba con el seudónimo de ´Palito´”, señaló la abogada de Abuelas en aquella audiencia, mientras acomodaba sus papeles. Entonces, Fanego aprovechó que la abogada se detuvo cuando daba vuelta la página del documento, para quejarse ante el Tribunal por la lectura de los alegatos: “No es aceptable ni admisible que se lea un alegato. Doctor le pido que llame la atención a la querella, para no tergiversar el proceso”, interrumpió con su habitual actitud provocadora. El presidente del Tribunal de inmediato respondió:

-De acuerdo a la extensión del juicio, como se hicieron en los demás juicios de lesa humanidad y delitos complejos, el Tribunal no tiene inconveniente en que se pueda tener memoriales o leer parte de ellos.

-En la audiencia anterior yo no me opuse a que el letrado leyera indicaciones precisas, pero transformar el alegato en un discurso político leído me parece que no cumple con la forma en la que debe formularse un alegato- insistió Fanego.

-Doctor, me parece impertinente interrumpir el alegato. La presidencia resuelve que la querella pueda continuar con la lectura de acuerdo a la complejidad, a la extensión, a los detalles que debe referenciar y a lo que sea necesario dar lectura. Estamos en un juicio oral que tiene particularidades, tal vez la extensión, la complejidad, sin que ninguna de las partes tenga restricción en la utilización de los medios que crea conveniente para poder llevar adelante su ministerio, así lo resuelvo – cerró ofuscado el presidente del Tribunal.

Pero Fanego continuó: “Entonces considero que debe correr el traslado a las partes sobre todo para que el Ministerio Público Fiscal se expida en cuanto a la legalidad de los actos”. El fiscal Pablo Parente, también acordó con el Tribunal. Luego de la puesta en escena virtual -porque el abogado ni siquiera se tomó y trabajo de acercarse al Tribunal- el presidente hizo un cuarto intermedio y pasó a deliberar, rechazando una vez más el absurdo planteo de la Defensa.

Entonces Vilella pudo continuar: “En este proceso se juzgan gravísimas violaciones a los derechos humanos y estas circunstancias son relevantes porque es por eso que las declaraciones testimoniales tienen un valor de inmensa trascendencia, y en particular nos referimos a las declaraciones que han hecho las víctimas en el proceso”. Y señaló: “Queremos dejar en claro que cuando nos referimos a víctimas, nos referimos a las personas damnificadas en forma directa, a sus familiares, a quienes sufren o sufrieron lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera y esto es siguiendo las definiciones de Naciones Unidas, también consistente con la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

EL miércoles último, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pudo dar cuenta de la responsabilidad de Donda Tigel en la apropiación de su sobrina y, en consecuencia, pidió la máxima pena. El miércoles 22 de noviembre, a las 13 horas, será el turno de los alegatos de la Fiscalía, para posteriormente escuchar a la Defensa.

Declararon Sitio de Interés Cultural a la casa de las Madres

Declararon Sitio de Interés Cultural a la casa de las Madres

La Legislatura porteña descubrió una placa en el solar de Piedras 153 como reconocimiento a la sede que se convirtió en símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

La casa de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora fue declarada Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña. Este sábado en Piedras 153 se colocó una placa para homenajear al domicilio que simboliza la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En una jornada de mucho sol, la música de La Chilinga y Victor Heredia le dieron melodía al festival al que asistieron distintas agrupaciones sociales, diputados nacionales, legisladores porteños artistas y, por supuesto, las Madres de Plaza de Mayo. 

Durante el acto, las Madres relataron el recorrido histórico del grupo de Madres Líneas Fundadoras. Recordaron que en los comienzos no contaban con una casa. Las reuniones se realizaban en domicilios particulares, bares, plazas y luego en instalaciones del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la sede del Servicio de Paz y Justicia. 

La falta de un espacio propio fue siempre una deuda pendiente de la organización. De este modo, un grupo impulsado por Taty Almeida decidió realizar una campaña para recaudar fondos y adquirir una sede. «La casa de las madres la compra el pueblo», fue la consigna. La solidaridad de los artistas se sumó a la del pueblo y en un recital internacional en el estadio de Ferro -del que participaron Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Víctor Heredia, Adriana Varela y Jaime Ross- se

Al adquirir la casa de Piedras 153 las Madres comenzaron una nueva historia aunque con el mismo objetivo: luchar contra la impunidad y en favor, por la memoria, la verdad y la justicia. Las locas de la Plaza también se propusieron hacer docencia sobre la defensa de los derechos humanos fundamentales y promover la protección de los derechos sociales de los pueblos, trabajando por el futuro de las nuevas generaciones y preservando la ética de los principios solitarios que inspiraron a la generación del 70. 

Otros de los artistas que participó del homenaje, fue el actor Pablo Echarri, quien leyó algunos poemas dedicados a los nietos desaparecidos y a sus abuelas. Además, señaló: «Es un placer enorme acompañar a mis madres y en esta oportunidad, declarando este sitio de interés cultural». 

Las Madres Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en 1977, bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, con el objetivo principal de recuperar a sus hijos desaparecidos. Un jueves decidieron citarse en la Pirámide de Mayo y se les acercó un oficial que les ordenó circular. Así nacieron las rondas alrededor de las la Pirámide que  todos los jueves se repite desde entonces a las 15:30.

La iniciativa de declarar a la casa de las Madres como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad correspondió al legislador de Unión por la Patria Juan Pablo O’Dezaille, quién llevó adelante la propuesta que le realizó Pascual Espineria, integrante del Grupo de Apoyo a las Madres. El proyecto fue acompañado por el bloque de izquierda, el radicalismo y también un sector del PRO. “Votaron en contra -subrayó O´Dezaille- quienes hoy vienen con el discurso negacionista”.

La madre de Plaza de Mayo Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, popularmente conocida como Taty Almeida, cerró: «Acá no hubo guerra, hubo genocidio. Acá no ha habido Teoría de los Dos Demonios. Un solo demonio que desapareció embarazadas, las torturaron, las mataron y se apropiaron de sus bebés».

Un alegato pronunciado en una fecha simbólica

Un alegato pronunciado en una fecha simbólica

El mismo día en que se cumplían 40 años del retorno de las urnas al país, comenzó el alegato de la querella en el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez.

En el Tribunal Oral Federal N° 6 comenzó el alegato de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez, el lunes 30 de noviembre último.

El 28 de marzo de 1977 María Hilda Pérez fue secuestrada embarazada de cinco meses en la zona oeste del conurbano bonaerense y en agosto de 1977 fue trasladada al Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En la clandestinidad dio a luz a una beba a la que llamó Victoria, apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic. En 2004 Victoria Donda Pérez, hija de María Hilda Pérez y José Laureano Donda, quienes continúan desaparecidos, recuperó su identidad. El que está imputado como coautor del hecho es Adolfo Miguel Donda, tío de Victoria, quien formó parte de la patota de la ESMA.

El TOF 6 integrado por Ricardo Basílisco, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez llevó a cabo una audiencia mixta, en la que se imputa a Adolfo Donda quien asistió de manera virtual mientras que su abogado defensor Guillermo Fanego presenció el alegato.

El abogado de Abuelas Emanuel Lovelli, comenzó su exposición recordando lo significativo del día: “Como integrante de un organismo de Derechos Humanos pronunciar este alegato en un día como hoy, que se cumplen 40 años de la puesta en funcionamiento de las urnas, dejando atrás la dictadura más terrible que conoció nuestro país, es muy significativo para nosotros ejercer esta oportunidad procesal. Estamos aquí buscando justicia por uno de los tantos crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura de la cual el imputado fue parte”.

Lovelli también señaló dos cuestiones que estuvieron presentes a lo largo de este juicio oral. Primero, las ofensas provenientes del abogado defensor y el imputado a los testigos y víctimas, “figuras imprescindibles en este juicio y en la historia de la democracia”. Por otro lado, también se refirió a lo que fue y es el proceso de justicia en nuestro país. El representante de las Abuelas de Plaza de Mayo reiteró en varias oportunidades que este proceso de justicia no es un  “juicio de venganza”.

Lovelli hizo un repaso por la historia de la causa de Victoria Donda Pérez. Señaló que Juan Antonio Azic fue un subordinado de Donda, hizo mención de las violaciones de derechos humanos y las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar. También recordó las palabras de Adolfo Donda que, en una de las tantas indagatorias, dijo que el 90 por ciento de las fuerzas armadas estuvo comprometida con la denominada “lucha contra la subversión”.

Según las estadísticas de la Secretaria de Derechos Humanos,, hubo 332 juicios desde el año 1985, 1.194 personas condenadas y más de 800 centros clandestinos de detención quedaron al descubierto.

El abogado defensor de Abuelas retomó las palabras de Victoria en su declaración: “Estamos orgullosos de este proceso de justicia, estamos conforme con las garantías constitucionales, aun para los que lo enfrentan en carácter de imputados”, también agregó: “Son quienes están privados de su libertad, por órdenes judiciales, en las mejores condiciones del servicio penitenciario federal”. 

“Adolfo Donda está alojado en la Unidad 31, el informe público de la Secretaría de los Derechos Humanos mostró las condiciones de esa unidad. Para ellos, el Articulo 18 que establece cárceles sanas y limpias es plenamente operativo, en la pandemia hubo un cuidado especial para que fueran los primeros en recibir las vacunas contra el covid ¿Eso es venganza?2”, apuntó Lovelli en respuesta a quienes denominan este tipo de juicio como “juicio de venganza”.

Cerrando el apartado repitió que no se t rata de venganza sino de un proceso de memoria, verdad y justicia en reparación para los familiares y sobre todos para los 30.000 desaparecidos. “Reiteramos que son 30.000”, subrayó.

La audiencia pasó a cuarto intermedio y continuará el 6 de noviembre a las 14, donde la querella continuará con la exposición de su alegato, en el que le resta exponer todas las pruebas obtenidas a lo largo del juicio y realizar el pedido de pena para el acusado.

Las audiencias pueden seguirse vía YouTube a través del canal de La Retaguardia y el canal del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Contra el resurgimiento de los discursos negacionistas, los juicios de lesa humanidad siguen su marcha: empezó La Escuelita VIII en Neuquén, con un juez y un fiscal en el banquillo.

Comenzó el octavo tramo de los juicios “La Escuelita” en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén. Se trata de un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra veintitrés personas, pero tiene la particularidad de tener como acusados a dos ex funcionarios judiciales de la última dictadura cívico-militar: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, quienes se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de dicha provincia.  

“La Escuelita” fue un centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Iniciado en 2008, este es el octavo tramo que se realiza en Neuquén, pero mientras que en los anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, en esta ocasión la responsabilidad recae en funcionarios judiciales. 

Duarte y Ortiz están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. Además, Duarte se encuentra imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en información falsa. De esta forma, se tendrá en cuenta la actuación de los exfuncionarios frente a las denuncias y los habeas corpus que no fueron investigados y que favorecieron las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, como también la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos. 

De las veintitrés personas detenidas que pasaron por este centro, nueve aún se encuentran desaparecidas. Uno de ellos es Oscar Alfredo Ragni, estudiante de Arquitectura en La Plata y militante universitario quien fue secuestrado en la puerta de la casa de sus padres en Neuquén el 23 de diciembre de 1976. Desde entonces, su madre, Inés Rigo, con un pañuelo blanco en su cabeza, lo ha buscado incansablemente y hoy pide que se haga justicia. “Esta causa muestra la actuación que tuvo la justicia como parte del plan desplegado por las fuerzas represivas, pero también por sectores civiles de la sociedad al no impulsar las investigaciones. Queremos dar a conocer y mostrar esta parte que faltaba de todo el andamiaje, de cómo se llevó a cabo este plan genocida en la región”, dijo Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que representa a Inés, en diálogo con ANCCOM. También señaló que en el caso de Oscar Ragni, de quien también es letrada querellante en este debate oral, se han sumado a los delitos de los que se acusa a los exfuncionarios el delito de genocidio por el que deben ser condenados “porque creemos que hace no solo a la verdad jurídica sino también a nuestra verdad histórica”. 

Como integrantes de la justicia federal, sendos imputados cumplieron un rol central al darle un trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas. Y lo hicieron sabiendo que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.

Los querellantes en este juicio a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva, son la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000; HIJES, Red por la Identidad y Jóvenes por la Memoria. La primera jornada del viernes 20 solo contó con la lectura de las acusaciones de la Fiscalía, se realizará una audiencia cada quince días y se prevé que no finalizará hasta febrero o marzo del próximo año. 

En un contexto de discursos que tienden a la negación de los hechos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, o directamente de apología de la misma, en este momento se están llevando a cabo veinte juicios orales en diez provincias del país, y en dos de cada tres de ellos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante.

 

Tribunal integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.