Sep 28, 2021 | Entrevistas
“El libro tendrá dos volúmenes que retratan las experiencias agroecológicas que están contagiando nuevos modos de producción, alimentación y relación con la naturaleza”, describe Sergio Ciancaglini en el anticipo del libro su libro Agroecología. El futuro llegó, disponible en lavaca.org.
“Este libro es producto de que hace años estamos en la revista MU cubriendo distintos temas sociales, culturales, de derechos humanos, de diversidad y, de pronto, apareció la cuestión de la producción agroecológica que me resultó interesantísimo”, explica Ciancaglini, periodista y docente, egresado de la Escuela Superior de Periodismo de La Plata, además de redactor y editor en los diarios La Razón, Clarín y Página 12. “Empecé a conocer experiencias y de acuerdo a eso hicimos toda una recorrida durante más de 10 años, conociendo lugares, gente, campos y profesores que estaban volcados a la agroecología que nos pareció increíble, en el sentido de la posibilidad de demostrar que existen modos diferentes de producir, de cultivar y de vivir”.
Ciancaglini también escribió Crónicas del apocalipsis publicado (1986) junto a Martín Enrique Granovsky gracias a lo cual obtuvieron en ese mismo año el premio Rey de España al periodismo. Lo volvió a ganar en 1989 junto a su colega y pareja Claudia Acuña por la cobertura de los saqueos en el marco de la crisis final del gobierno de Raúl Alfonsín. Es uno de los fundadores de la revista MU de la Cooperativa de Trabajo lavaca. También conduce el programa “Decí Mu” de Radio lavaca.
En tu libro decís que la agroecología es un cambio de paradigma, ¿por qué?
Se impuso un modelo cuyo emblema, el símbolo, es Monsanto; pero en realidad es mucho más que eso: es que sólo se puede producir en base a todo un paquete tecnológico de agrotóxicos. Entonces, la agroecología es un cambio de paradigma productivo porque te demuestra que eso es falso y que además se puede producir de un modo mejor, que no contamine y con alimentos infinitamente mejores. Al leer el libro se puede ver la diferencia que hay entre los nutrientes de las plantas sanas y los de los vegetales y frutas hechas con estos pesticidas. Es un modo de producir totalmente distinto. La agroecología, a diferencia de lo que se planteaba en la Modernidad, no considera que haya que dominar nada, ni que existan malezas, sino que todo el sistema vivo, biológico y diverso es lo que permite la fortaleza. Entonces es un paradigma radicalmente distinto para pensar todo.
¿Cómo influye desde el punto de vista político?
Permite pensar la política de un modo distinto. La agroecología permite recuperar la idea de que las cosas crecen de abajo hacia arriba y repensar también cómo la política queda subordinada a sistemas productivos que son nocivos para el ambiente, para la sociedad. En este momento, con el modelo actual, los campos han ido vaciándose porque no se precisa gente. Entonces se rompe el criterio de la vida en el campo, la ruralidad. Se empiezan a hacinar las ciudades ya que toda esa gente se va a vivir a las periferias urbanas y al no haber trabajo hay que asistirlas con planes sociales, entonces se genera asistencialismo. No es que se le mejora su vida brindándole empleo: se la salva de que muera de hambre dándole dinero. Eso es una cosa que te termina hundiendo, porque lo que no se genera es la posibilidad de una vida digna donde la gente sea independiente y autónoma sino que dependen siempre del asistencialismo estatal. Es un modelo que cuando lo pensás con cierta distancia te permite entender cómo el extractivismo termina funcionando en tándem con lo asistencial y con esa dinámica que describo. La entrada a entender el tema agroecológico te posibilita comprender ese problema y la validez de una cuestión que plantea la agroecología como un tema casi de orden ético que es la necesidad del acceso a la tierra para poder producir y que ésta última en lugar de estar en manos de monopolios y corporaciones, que además contaminan todo, empiece a estar en las de mayor cantidad de gente, de las comunidades, para producir más y mejores alimentos. Esto, además, genera un gigantesco beneficio socioambiental.
¿Qué cambios genera respecto a lo humano?
El libro trata de experiencias de lo humano. Son todas historias de vida y lo que ves es cómo lo agroecológico genera en la gente que lo practica una enorme transformación. Le cambia la forma de ver las cosas, estar en contacto con la naturaleza, con la producción, cultivar algo. El otro día me hablaban de lo mismo las mujeres de Mamá cultiva, que son las que están preparando cannabis medicinal: “Cómo te transforma a vos como persona el hecho de poder dedicarte al cultivo”. Hay una primera transformación humana. El productor aparte empieza a ver que le va bien económicamente, pero además le cambia la vida. En el libro está muy explicado, la gente empieza a encontrar, por ejemplo, tranquilidad, entusiasmo por lo que hace, y recupera el cariño por la propia tierra, por el propio suelo. La agroecología es una experiencia, para mí, maravillosa pero que la lleva adelante la gente que vive en ese lugar y que entonces tiene una relación particular con su ambiente y su entorno. Al empresario o al pool de siembra, que manda ahí máquinas a envenenar, no le importa porque los que hacen eso no viven ahí. Es totalmente distinta la cuestión para empresas, a las cuales que la tierra y el agua estén envenenadas no les interesa porque lo que les importa es una X productividad de lo que hacen.
¿Cómo es vista la agroecología desde el punto de vista de esas empresas?
Hay distintas cuestiones, una es las corporaciones fabricantes de agroquímicos, agrotóxicos, y toda esa oferta tecnológica que obviamente son enemigas de la agroecología porque se les acaba el negocio. Claramente una persona que produce agroecológicamente liquida al negocio porque muestra y demuestra que no tiene sentido trabajar con esa mentalidad bélica. Todas estas son empresas que después de la Segunda Guerra, de la Guerra de Corea, se reconvierten en productoras de insumos para la agricultura, es decir que sus venenos, bombas y químicos los trasladan a esa producción. En lavaca está el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría planteando la alarma sobre el tema de la salud de los chicos de este país asediada por el tema de los agrotóxicos. Las empresas que generan esto sólo pueden ver en la agroecología algo que revela, que desnuda lo inútiles que son y además el mal que están haciendo, porque están enfermando a la gente, contaminando el suelo, el aire y el agua. Ese tipo de empresas que, por supuesto ya son anacrónicas, siguen proponiendo un tipo de modelo que sólo genera desastres ambientales, calentamiento global, crisis climática, todo lo que estamos viendo en el mundo. Ni siquiera es un problema solo argentino. Por otro lado, están las que aprovechan la volada y dicen: “Ah, mandemonos por el lado de la agroecología porque esto queda mejor”. Entonces primero empezaron con el tema de que son empresas socialmente responsables, después dicen que son sustentables. Cada persona podrá diferenciar lo sincero o lo hipócrita que hay en muchos de los planteos empresarios que dicen eso y que lo usan porque se dan cuenta que la gente está reclamando ese tipo de cuestión. La legitimidad de los discursos hoy está del lado de los que plantean diversidad y sustentabilidad. Entonces, las empresas para quedar bien se maquillan de verdes.
¿Por qué planteás que la agroecología más que una forma de resistencia es una de re-existencia?
Porque resistir es solamente rechazar algo y la idea de reexistencia que planteaban muchos pensadores en los últimos años es decir: “No sólo resisto” o sea “resisto pero además de resistir re-existo”, planteo algo nuevo que sí se puede hacer. La resistencia uno la puede tomar como “lo que no quiero que ocurra”. En el caso de la agroecología implica una resistencia a ese modelo de venenos pero además una re-existencia en el sentido que está planteando algo totalmente nuevo, nuevas formas de trabajo, de producción, de alimentación. Es poder volver a alimentarse de un modo que mejora la salud y que evita tener que acudir a suplementos dietarios. Es un mecanismo completo, desde el suelo sano que genera plantas sanas que son el alimento de animales que, a su vez, son sanos debido a eso, de personas que también son saludables por eso. Se arma un circuito virtuoso donde antes había un círculo vicioso.
¿Quiénes practican la agroecología?
Ingenieros agrónomos que en algún momento incluso trabajaron para las grandes corporaciones y se dieron cuenta del desastre que estaba ocurriendo con lo que ellos mismos hacían. Son profesionales, científicos, como Andrés Carrasco, Alicia Massarini y Damián Verzeñassi. Productores como Irmina Kleiner, Remo Vénica y Juan Kiehr. Gente muy grossa, muy importante y muy interesante que está planteando una cosa nueva.
¿La agroecología es el complemento de la Soberanía Alimentaria ?
No. En realidad es lo que permite que uno pueda pensar en soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria implica que yo produzca algo digno, sano y plantea una cuestión de justicia social, salud, bienestar de la gente, de los agricultores y de los consumidores de esos productos. Tiene elementos políticos y sociales. Y la manera de poner la soberanía alimentaria en práctica solamente puede ser a través de la agroecología. La soberanía alimentaria y la agroecología en ese sentido funcionan como un tándem natural.
¿Qué significa la idea de nueva ruralidad?
En distintos lugares de mi recorrida, cantidad de gente que vivía y que eran profesionales en las ciudades habían tomado la decisión de volverse al campo, justamente para encontrar un estilo de vida distinto a ese que está totalmente psicótico. Quieren volver al campo pero no a uno pobre, triste, depresivo, sino a uno fértil, que les permita desarrollar su vida de un modo mejor. Agricultores que regresan con el criterio de hacer agroecología y, en el caso de los productores de alimentos, también ocurre que están reencontrando la posibilidad de que producir alimentos deje de ser vivir rodeado de venenos en situaciones de explotación terribles a las que son sometidos. Esto lo expresa muy bien la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) y te encontrás con mujeres y con familias que ven en la agroecología un nuevo modo de vivir en el campo.
Pero el futuro que nos presentan parece más asociado a la soja y el trigo transgénico.
Es el futuro que consideran los políticos que no entienden este tema o que solo les interesa obtener más recursos para hacer más asistencialismo, es decir el Estado dándole dinero a la gente. Y¿de dónde sacan el dinero? de las retenciones y de los impuestos que le cobran a empresas a las que les permiten producir de este modo, por eso digo que es un círculo vicioso del que no se sale. Entonces para un político lo mejor es: “Sí, que vendan soja”. Los problemas que tiene hoy la economía argentina, de desempleo por ejemplo, más allá de la situación de la pandemia es porque esa mentalidad compartida por todos los gobiernos de todos los signos que es decir: “Mantengamos este modelo exportador de materias primas, de trigo, de soja”. Encima lo transgénico ha sido un problema, no una solución.
¿Por qué el futuro llegó?
Porque es impensable. Ya no es que lo diga u opine yo, que lo hago, sino que lo plantean las comunidades, cantidad de científicos y lo más reciente la Sociedad Argentina de Pediatría, con un sistema en el cual los chicos están, por ejemplo, con grados crecientes de enfermedades totalmente novedosas para la niñez, o sea cáncer, diabetes, tumores. Los casos que he visto en los campos, en los pueblos fumigados, son increíbles. Vas al Garrahan y tenés los tumores cerebrales, autismo, de todo. Me acuerdo que un maestro de escuela me decía “Son los niños PAMI”, o sea son niños con enfermedades de viejos que de pronto nadie se explica por qué es. Una posible respuesta que plantean los médicos como hipótesis es el tema de la alimentación. Justamente, estar consumiendo alimentos que no son los adecuados por la escasa cantidad de nutrientes y la excesiva cantidad de tóxicos, empiezan a generar un efecto tremendo en la salud. Todo eso está explicado también en el libro en distintas cuestiones, el tema de los disruptores endocrinos, por ejemplo. Si es por ese lado, no veo futuro, digo que el futuro llegó en el sentido de que apuesto a que la humanidad entienda que por este lado no hay vida, hay destrucción de las personas, de las llamadas futuras generaciones porque ya tenés esos casos de chicos. Si hay una posibilidad de un futuro es la agroecología y te lo muestra ahora, no como una hipótesis, en la práctica, cómo se pueden hacer las cosas de un modo distinto y al hacerlas cambias todo, el medio ambiente, el suelo, el agua, el aire, se transforman las personas pero además generás salud y alimentos sanos.
Sep 22, 2021 | Comunidad, Novedades
“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.
Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.
“Con Salvemos Huachi vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia hacíamos actividades en la plaza, todos los domingos pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.
Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por al menos 10 años– se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro tres veces más grande llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar- usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.
“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Rioja que reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.
Veladero, mina de Oro a cielo abierto, ubicada en la provincia de San Juan.
Sin diálogo
Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, sólo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.
Salvemos Huachi lleva ese nombre porque en el año 2018 quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río ya están resignados que está muerto pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos pero no es fácil el acceso, y cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.
Hoy están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.
“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.
“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escaza. Qué casualidad que después de 15 años de megaminería nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.
¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.
A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.
En defensa «de»
El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4 un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.
Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?
¿Por qué teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero los gobiernos continúan avalándolo?
Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas particularmente de los estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.
¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que sólo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?
Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya ha habido experiencias de este tipo o ha habido grandes movilizaciones rechazando la minería como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e incluso en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.
¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?
Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002 se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí se generalizan estas experiencias, incluso se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos y en ese sentido reaparece este ciclo de las resistencias.
Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?
Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo en Chubut la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no sólo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.
¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?
Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo los relacionados con la economía popular. Particularmente aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE [Movimiento de Trabajadores Excluidos] Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso en algunos casos se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socio ambiental.
¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?
Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos pero también en otras partes. Las últimas semanas circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.
¿Luchar sirve?
Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado me parece que en la actualidad hay una mayor conciencia social general en las provincias pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.
Jul 31, 2021 | Culturas, Novedades
En el nombre del litio es un documental crudo de Calma Cine junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, producido a partir de la investigación de Pia Marchegiani, en el que se mezclan paisajes naturales con irrupciones tecnológicas generando un contraste incómodo. Sus directores y guionistas Martin Longo y Tian Cartier pisan la cuenca hídrica compuesta por las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc y se encuentran con las comunidades indígenas que habitan el territorio que, agrupadas en la Mesa de los 33, se levantan ante el avance de empresas extractoras de litio que se proponen una explotación impune de los salares.
“Lo que se intenta mostrar es la desigualdad que hay en el mundo, el conflicto que trae el sistema extractivista desmedido y el poco espacio que tienen las minorías para poder expresarse”, expresó Longo en diálogo con ANCCOM.
Los viajes a la zona en donde se llevó a cabo la filmación comenzaron en 2017. Cuatro años después -pandemia de por medio- la problemática sigue más que vigente.
Ante el riesgo que provoca el cambio climático, países centrales y gobiernos del mundo, se unen para intentar apaciguarlo. Cada vez más discursos circulan de cadena nacional en cadena nacional, alegando que el futuro solo será futuro si se lleva a cabo una transición energética. Transición para la cual el litio es un mineral indispensable, ya que tiene la capacidad de almacenar energía.
El norte argentino contiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio y por eso, hay concesiones mineras sobre casi toda la puna argentina.
Las comunidades Kolla y Atacamas de las provincias de Jujuy y Salta vienen desplegando denuncias desde 2009, cuando exploraciones mineras dejaron graves daños en las capas acuíferas, producto de las perforaciones en el salar. Esto se visibiliza en el documental junto con el impacto que pueden tener estas extracciones en las actividades económicas que brindan subsistencia a las comunidades.
En la vulneración sistemática a los pueblos se incluye la violación del derecho a la consulta regido por el Kachi Yupi, protocolo que redactaron las comunidades estableciendo procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Esto, amparado por los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas; y las constituciones provinciales de Salta y Jujuy, en sus artículos 15 y 50 respectivamente, que hablan de “integración”, “protección” y “reconocimiento” de los pueblos.
El documental plantea que el eje debería estar puesto en otro lado: “Evidentemente hay una necesidad de transición energética, de pasar de las energías de combustibles fósiles a energías renovables. La importancia que tiene el litio en esa transición es mucha”, sostuvo Longo. Sin embargo, expresó que la pregunta que circula es cómo reemplazamos la fuente de energía en vez de cuestionarnos sobre el consumo de energía que realizamos. “El desarrollo industrial nos puso en la situación en la que estamos hoy y no estamos viendo cómo frenar este avance. Me parece que la transformación está en cambiar algunas costumbres que tenemos con relación al consumo”, concluyó.
Como ANCCOM ha mostrado en investigaciones anteriores, maneras de extraer litio de una forma consciente existen, pero esas formas chocan con los intereses económicos de gobiernos y empresas privadas. “Creo que es ahí donde hay que generar el cambio. Se entiende que lo económico es fundamental pero igual de fundamental es lo ambiental y lo social”, afirmó Longo.
En el nombre del litio no trae soluciones sino que intenta visibilizar, abrir el debate y llamar a la reflexión.
Parece que la tarea impuesta de nuestro país es financiar la transición energética de los países centrales. ¿A qué costo? Destruyendo la vida de las comunidades indígenas. En nombre de la humanidad, la Puna se vuelve zona de sacrificio. En el nombre del litio se perpetúa la explotación, la colonización y la desaparición de los pueblos indígenas. Parece que la historia siempre vuelve a su punto de partida. En esta ocasión, para eliminar lo que estorba, no hacen falta balas, solo un Estado ausente y potencias impunes y desesperadas.
Longo pone el ojo sobre el comportamiento de quienes tienen el poder de cambiar las cosas: “diría que todo va a seguir por la misma línea, lamentablemente”. Aunque agregó: “Confío en que hay voces nuevas, que hay movimientos fuertes que no creo que se puedan frenar. Hay un movimiento ambiental y social que se está impulsando, sobre todo en los más jóvenes. Tengo esperanza de que en algún momento, por lo menos cuando mis hijos puedan tomar decisiones, esa masa crítica ayude a cambiar un poco el rumbo de esta situación”.
En el nombre del litio estará disponible del 1 al 9 de agosto a través de https://enelnombredellitio.org.ar/. Como una epifanía, desde el 1° de agosto, día en que los pueblos indígenas de América Latina agradecen a la madre tierra. Día de la Pachamama.
Abr 12, 2021 | Culturas, Novedades
“Los dioses no ven con buenos ojos este mundo porque la obra que nos legaron ya no está”, abre Ernesto Vera Ozuna, tamoy o líder espiritual ava guaraní, en el documental La necedad del hombre blanco, dirigido por Celeste Casco, que este martes se estrena en Cine.ar. El filme pone en escena cómo el desmonte de la región occidental para la ganadería y los monocultivos en la región oriental, destruyen la flora y fauna autóctona del país y despojan a los pueblos indígenas de sus viviendas y recursos.
La directora viajó al chaco paraguayo durante la filmación de su primer documental, Tierra Golpeada (2016), que trata sobre el golpe de Estado a Fernando Lugo. En esa travesía comenzó a interactuar con las comunidades desplazadas, entre ellas los Ayoreos. En diálogo con ANCCOM señaló: “Los entrevisté y me contaron que existen algunos que viven en aislamiento voluntario: con el proceso de deforestación, al no haber desarrollado inmunidad para enfermedades en general, el solo contacto con la gente que se ocupa de desmontar les puede costar la vida”.
Celeste Casco, directora de La necedad del hombre blanco.
Ese encuentro la llevó a la investigación y creación de este proyecto que en 2015 ganó el subsidio a documentales digitales INCAA y en 2017 ganó en el certamen Bolivia Lab; el premio fue la realización de la post producción de sonido en Estudio Filmo, Chile.
Según el sistema satelital (GFW), desde 2002 hasta 2020, Paraguay perdió 1,06 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, que lo posiciona como el segundo país más deforestado en Sudamérica. Casco advierte que no es un proceso que se limita a una nación y que puede vese también en Argentina: “Analizar críticamente esta forma de producción extractivista nos permite entender el fenómeno de los incendios que arrasa con todo y solo tienen como norte la ganancia económica”, comenta la cineasta.
La necedad del hombre blanco establece una relación de continuidad entre la coyuntura actual y el plan de reducción de los pueblos indígenas que data de los años en que llegaron las primeras misiones jesuíticas. Deja al descubierto la sistematicidad de la violencia con estas comunidades, acentuada por la aparición de las nuevas tecnologías para la producción agrícola intensiva.
“Queda claro que lo ambiental es político. Y es necesario hacer política en este sentido” señala Casco, que mediante los testimonios recopilados en el documental refleja la insuficiencia del accionar estatal para proteger los derechos de las comunidades.
El relato oscila entre imágenes de los paisajes del monte y las topadoras tirando árboles, niños nadando en el arroyo y las denuncias por el agua envenenada a causa de los agrotóxicos usados para el cultivo de soja. Pero el largometraje no representa a las comunidades indígenas simplemente desde un rol de víctimas desposeídas, sino que también hay lugar para reflejar la resistencia, la organización e incluso la esperanza; en las palabras del líder espiritual Vera Ozuna, “Muchas veces pensamos que el reclamo es en vano, pero quizás alguna vez alguien nos escuche”.
“Los indígenas disponen de una sabiduría basada en la experiencia, conocen los ciclos de la naturaleza y tienen una forma armónica de interactuar con ella” remarca Casco y agrega: “Es momento de escuchar a los pueblos originarios, entre su saber y el conocimiento científico de Occidente, se puede llegar a una síntesis, en la que podamos vivir en equilibrio con la tierra. El sistema de producción no tiene visión a largo plazo, si no reaccionamos a tiempo, estaremos ante un desastre ambiental, social y planetario”.
Mar 15, 2021 | Comunidad, Novedades
Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.
EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.
“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.
Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.
En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.
En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.
El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido.
Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.
En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.
Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.
El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.
Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución.
“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”.
De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.
En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.
