Humo sobre el agua

Humo sobre el agua

En Diputados, a pedido de los jefes de bancada, volvió a suspenderse el tratamiento en comisión de la Ley de Humedales. Diversas organizaciones sociales protestaron ante el Congreso y apuntaron contra los “lobbys extractivistas” por las trabas al proyecto, que busca preservar un medio ambiente en vías de destrucción.

No se puede respirar”. “Ecocidio = muerte”. “Ley de Humedales ya”. Los carteles en las afueras del Congreso de la Nación gritan. Tampoco se salvan las paredes: “Ecocidas”, acusan sobre el muro lateral del edificio unas letras en tinta roja rodeadas de manos del mismo color, simulando sangre. Sobre Avenida Rivadavia, entre Riobamba y Callao, se escuchan cantos, proclamas por megáfono y pronunciamientos amplificados por un parlante. También hay tambores tocados por un montón de percusionistas sonrientes. Adentro el silencio: durante la noche del miércoles se confirmaba la suspensión del plenario previsto para ayer a las 10, del que podía haber salido un dictamen para posibilitar la sanción de la Ley de Humedales.

 El proyecto de Ley, redactado por el Diputado Leonardo Grosso en el año 2020, dispone la creación de un Inventario Nacional de Humedales con el fin de reunir la información necesaria para protegerlos, recuperarlos y monitorearlos. Además, establece una serie de criterios de gestión, entre los cuales se cuenta el hecho de que las Jurisdicciones deberán limitar todo desarrollo urbano, agropecuario, industrial y de vuelco de desechos que pueda afectar la integridad de los humedales, y deberán, además, exigir la aplicación de procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y declaraciones claras a este respecto por parte de cualquier empresa o entidad cuyas actividades puedan afectar a los humedales. El proyecto también establece la creación de una Autoridad Competente para cada Jurisdicción y de una Autoridad de Aplicación a nivel Nacional, así como la conformación de un Fondo Nacional de Humedales para financiar las acciones previstas por la ley, y contempla sanciones para quienes la incumplan.

 Al parecer, estas condiciones no contentan a los empresarios ganaderos, ni a los agrícolas, ni a la Unión Industrial Argentina. Tampoco a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ni a los gobernadores del Norte Grande. “Ellos consideran que esta ley es limitante a su producción, y al extractivismo”, explica Sofía, de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu). Para ella, detrás de la suspensión del plenario “se encuentran los distintos sectores del extractivismo, tanto inmobiliario, como minero, como del agronegocio, ganadero, y también las petroleras”, y reflexiona: “Ahí no hay grietas, hay un acuerdo implícito y ahora explícito, por eso frenaron el debate”. Cuando habla de una ausencia de grietas se refiere a la maniobra que terminó de forzar el plenario hacia la suspensión: una nota breve, concisa, dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau en la que los siete jefes de las bancadas solicitaron posponer el plenario “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. La firmaron Germán Martínez (Frente de Todos, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

También los gobernadores del Norte Grande emitieron un comunicado en el que expresaban estar de acuerdo con que haya una ley de humedales, pero contemplando un “equilibrio” que garantice las actividades productivas, las cuales según ellos podrían verse afectadas por la Ley. Muy similar a esta postura fue la esgrimida por los empresarios ganaderos, agrarios y mineros, aunque con mucho menos tacto: “Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera”, amenazó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros el miércoles, en un comunicado que simula preocupación por los puestos de empleo y los ingresos nacionales.

 Un hombre de traje y corbata con dos signos de pesos en lugar de pupilas se prende fuego desde un escritorio. “Destruir humedales es ecocida, no sancionar la ley también”, reza la ilustración. Es el cartel que sostiene Patricia, otra integrante de ReNaHu. Para ella, los lobbys que frenaron la discusión de la Ley demuestran ser “los poderes fácticos que tienen capacidad de incidir sobre la política”, y desean continuar con sus prácticas extractivas sin ningún tipo de regulación. “Lo que viene a establecer la Ley De Humedales no es prohibición sino regulación”, aclara desde la esquina de Rivadavia y Riobamba mientras los tambores empiezan a sonar más alto y las organizaciones van avanzando hacia el centro de la calle. “Los ambientalistas estamos muy unidos, más unidos que nunca, y lo único que nuestra ley plantea es hacer realidad con respecto a los humedales los principios que están en la Constitución y en la Ley General del Ambiente”, agrega su compañera Graciela.

 Unos pocos guardias de seguridad custodian la entrada lateral del Congreso, mientras a pocos metros delante suyo, sobre la misma vereda y un poco más allá del cordón se va formando una ronda que tiene como centro un pequeño fuego. Hay organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la UTEP, la Vía Campesina, Jóvenes por el Clima y varias agrupaciones pertenecientes a partidos de izquierda. Rosario, una integrante de Ambiente en Lucha (organización ambiental dentro de Izquierda Socialista), también apunta a los lobbys empresariales como los responsables de la suspensión del debate: “Lo van a querer estirar lo más que se pueda para que no se debata y para justamente poder mermar el gran activismo que hay en las calles”, asegura mientras sostiene una de las cañas de la bandera de su organización, y enfatiza en la importancia de pelear por el proyecto de Ley de Humedales consensuado en 2020, sin admitir modificaciones que cedan ante los lobbys.

 Sobre la vereda, integradas en la ronda que se formó en torno del fuego, van tomando el micrófono distintas personas que de vez en cuando levantan un mar de aplausos y pronuncian sus consignas encima del rumor incesante de los tambores. Así, por ejemplo, Eduardo del Frente 22 de Agosto toma la palabra para aclarar que no fue, como algunas personas habían dicho, decisión de Leonardo Grosso suspender el debate de hoy. Antes, un hombre llamado Martín, de la Asamblea Delta y Río de La Plata, tomó el micrófono para denunciar que fue expulsado por la seguridad del Congreso cuando en el marco de una de las jornadas de debate cuestionó la influencia de los lobbys sobre los legisladores. “Los representantes del pueblo están representando a los lobbys, y por eso no termina nunca de tratarse, hace diez años que venimos con esta ley”, remarcó.

“Estoy acá porque creo que todo fuego es político”, afirma Sol, una mujer autoconvocada que habla de manera concisa y resuelta mientras sostiene un cartel que reza “Somos río”. A las doce del mediodía y las organizaciones sociales van desconcentrando. Los percusionistas son casi los últimos en irse, pero de a poco van dejando de tocar. Las banderas se pliegan, los carteles que había en el piso se levantan. Un joven apaga el fuego pequeño y controlado que habían montado frente a la entrada lateral del Congreso. Ahora quedan otros por apagar, mucho más grandes.

Más suspenso para la Ley de Humedales

Más suspenso para la Ley de Humedales

Se pospuso por una semana el debate en comisión del proyecto que busca proteger los ecosistemas en peligro. El cuarto intermedio busca conseguir una síntesis de la decena de proyectos presentados.

Este jueves comenzó un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir sobre la decena de proyectos de ley presentados para proteger los humedales. La reunión empezó a las 10 y se extendió hasta las 13:30, momento en el que el diputado del Frente de Todos y presidente del plenario, Leonardo Grosso, anunció que habría un cuarto intermedio hasta el jueves de la semana que viene en pos de buscar una síntesis de las propuestas presentadas.
El plenario se desarrolló en el segundo piso del Anexo de la Cámara Baja, ante cientos de ruralistas y ambientalistas que llenaron el lugar para fijar posición. Afuera, se vivió una situación similar: tanto Avenida Rivadavia como Riobamba se vieron colmadas de organizaciones que reclamaban la aprobación del proyecto presentado por el propio Grosso, que cuenta con el aval de científicos y ambientalistas.

El próximo jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, se reunirán las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Presupuesto y Hacienda; y Agricultura y Ganadería, para tratar de aprobar un dictamen que permita tratar el proyecto en el recinto. El contexto de múltiples incendios en el país parece ser determinante para dictar una normativa de protección que vienen discutiéndose sin resultados hace por lo menos una década. 

 

«Buscamos que este lugar sea declarado Reserva Natural»

«Buscamos que este lugar sea declarado Reserva Natural»

Una asamblea vecinal lucha para que un área de Vicente López, que incluye más de tres ecorregiones y linda con un gran humedal, sobre el arroyo Yrigoyen y el Río de la Plata, sea protegida y su biodiversidad restituida.

En el marco de una acción plurinacional por los humedales, la asamblea Todes por el Yrigoyen realizó una jornada de limpieza y plantación de especies nativas en el Área Natural Yrigoyen, ubicada en el partido de Vicente Lopez, zona norte del Gran Buenos Aires.

El Día Mundial de la Limpieza, celebrado el sábado 17 de septiembre, vecinas y vecinos se abocaron a retirar basura de parte de las más de nueve hectáreas que comprende el área. Además, la separación de residuos incluyó la recolección de reciclables por parte de la cooperativa Madres Selvas. Después de charlas y almuerzos, la jornada continuó con la extracción manual de especies exóticas, como el lirio amarillo, y se plantaron nativas con criterio estratégico según su respectiva importancia e impacto en la biodiversidad.

Las y los integrantes de la asamblea son quienes habitan, sostienen y buscan el reconocimiento del espacio. Todes por el Yrigoyen se formó en 2016, cuenta Mariela, vecina y participante activa, que se acercó tras conocer el lugar en 2015, en el contexto del conflicto por la construcción del actual Vial Costero. “Ahí empecé a conocer la movida ambiental y a un grupo de gente que ya estaba armando los senderos, y comenzamos a participar”, señala.

Hoy realizan actividades de difusión que apuntan al contacto directo con la sociedad. “Son las jornadas abiertas de limpieza y plantación de especies nativas, también de mantenimiento de senderos, visitas guiadas, y estamos buscando el contacto con las escuelas para los días de semana. Todo esto para sumar valor al lugar y mostrar el potencial que tiene como reserva natural”, explica mientras se escucha cantar fuerte a “un chiricote, una especie de gallineta”, precisa.

Cerca de ella, una vecina de Olivos, Ana, vino con su nieta. “A ella le gusta todo lo que es la naturaleza, y me parece que apoyar esta causa es súper importante, que esto se pueda sostener, y que los que vengan atrás tengan conciencia”. Ana apoya su bastón en un tronco y empuña una pala ancha para agrandar el agujero que va a recibir un árbol nativo, y dice: “Más allá de ser vecina, no conocía este sector. La difusión para los que vivimos acá está un poco escondida”.

Daniel, miembro de la asamblea, le acerca el fumo bravo a Ana para plantarlo, y afirma: “Que sepan que estamos activando, que estamos siempre. Y que la gente lo conozca, que no quede abandonado, que se pueda disfrutar. La difusión es clave. Venimos casi todos los fines de semana a jornadas de limpieza, plantación y mantenimiento”. Daniel conoció el lugar en 2017 “a partir de una plantación en conjunto que se hizo con la agrupación Juntos Somos un Bosque, que sigue existiendo”. “Además soy biólogo –relata-, así que conocía a mucha gente del ambiente y me encantó todo esto”.

En lo que respecta al vínculo con el Municipio de Vicente López y la situación legal del espacio, Mariela reseña: “En 2017 presentamos un proyecto de reserva por Mesa de Entrada, nos dijeron: ‘Chicos, todo bien, muy lindo’, pero quedó en la nada. Y si bien tenemos contacto con algunas autoridades, no nos dan una respuesta. Las tierras son de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual la puerta para que sea declarado reserva es por allí, el Municipio no tiene facultades sobre este territorio”.

“En la actualidad estamos participando de una mesa de gestión ambiental con el Municipio y agrupaciones vecinales, pero no avanza. Cualquier material para cartelería, difusión, hasta los guantes para la limpieza, los ponemos nosotros, no tenemos apoyo. Y a veces, no nos dejan ingresar para realizar la limpieza, cada tanto cierran, entonces muchas personas se asustan y no quieren entrar pensando que es privado. Existe el  diálogo pero no hay soluciones. No puede ser que venimos con una pala y una especie nativa para plantar, y no nos dejen entrar”, se queja Mariela.

“Con la pandemia notamos que cuando pudimos salir de nuestras casas al primer lugar que fuimos fue a un espacio verde. El aislamiento lumínico y sonoro de una zona muy urbanizada se siente acá y es muy lindo. Hoy nos podemos sentar a relajarnos y escuchar, por ejemplo, al chiricote, que no lo escuchás en otro lado”.

“Buscamos que este lugar sea declarado reserva natural, que se mantenga agreste, que se realicen controles de plantas exóticas y plantación de especies nativas, con recursos, además de los voluntarios que somos. Hoy todo lo que hacemos es a pulmón, y en la asamblea hay biólogos y estudiantes de gestión ambiental, hay distintas personas capacitadas, lo que falta son recursos. Incluso una vez obtenido el reconocimiento formal, eso no garantiza que giren los fondos para tener un guardaparques. Eso es otra instancia”, agrega.

“Justo donde estamos ahora parados, estamos plantando árboles en la selva ribereña”, destaca Daniel, “que ya es una zona bastante húmeda, o sea que necesitan agua y todo, pero como no está pegado al arroyo o al río, se trata de arbolitos específicos de este ambiente. Tanto la parte del humedal, como de la selva corresponden a la misma ecorregión del Delta. También estamos representando otra zona más de espinal, que se llama Talar. Son árboles que se bancan más la sequía: el tala, el coronillo, el molle. Y después está el sendero principal, por donde se entra, que es la parte de pastizal, ahí hay cortaderas y chilcas”.

Los sitios donde realizan las plantaciones no son aleatorios.”Los elegimos a partir del ambiente al cual pertenece la especie. En este caso es la selva ribereña. Seleccionamos donde le dé lo que necesita de sol como de humedad, y que no interfiera con otros árboles que plantamos, que esté lo suficientemente lejos de otros. Acá, a dos metros de este curupí, vamos a plantar este fumo bravo”, ilustra Daniel.

¿Cómo llegaron las especies exóticas a las ecorregiones nativas? Daniel responde: “Llegaron a las plantaciones de arbolados urbanos. En las plazas,por ejemplo, hace mucho tiempo, se realizaron con especies de Asia, Europa, Australia, y por dispersión llegaron a diferentes reservas. Justamente, para restaurar estos sitios, no queda otra que sacar lo exótico y plantar lo que estaba acá antes de que llegue el humano. Por eso reemplazamos arboles como el ligustro, el paraíso, el fresno, el arce, el lirio amarillo, entre un monton más, por árboles nativos. Así vamos sacando estratégicamente lo exótico, y plantando lo nativo, que es mejor porque interactuó desde hace millones de años con insectos, animales, bacterias, y el resto de biodiversidad de la región. Encima, las especies exóticas generan todo lo contrario, copan todo el lugar y no permiten que crezca nada. El ligustro, que es asiático, genera lo que se llama un bosque muerto. Literalmente copa todo y reduce la diversidad”.

“Es la primera vez que venimos a la reserva”, cuenta Valeria. Su amiga Daniela, tan joven como ella, subraya: “La idea en sí es la que te despierta el interés por participar. Está bueno compartir cositas en Instagram, pero ponerle el cuerpo era lo que me motivaba hace un montón para venir y hacer algo de verdad, y hoy se dio”. “Llegamos un poco tarde y nos pusimos a recolectar y separar residuos -dice Valeria-. Buscar un rinconcito y separar toda la basura que había ahí. Pero de repente te das cuenta que nunca terminaba de limpiarse el rinconcito. Fue hermoso pero a la vez un poco frustrante. Esto no va a ser fácil de limpiar”. “Igual es lindo terminar y ver la cantidad de bolsas. Hubo una buena convocatoria y está bueno ver y dimensionar el lugar. Es diferente el vivirlo”, concluye Daniela.

¿A quién le interesa frenar la Ley de Humedales?

¿A quién le interesa frenar la Ley de Humedales?

Un mapa del lobby agrario, inmobiliario y político que logró frenar el proyecto de ley mientras aumentan los incendios en todo el país.

A lo largo del 2020, en Argentina, el número de incendios forestales fue mayor a 74.000, un 150% más en comparación con 2019. Durante 2021, el país quedó como el tercero de Latinoamérica con mayor número de quemas boscosas, luego de Brasil y Bolivia. Solo durante este año, aunque la cifra disminuyó, pueden contarse alrededor de 10.000 focos de fuego, la mayoría generados en el Delta del Paraná, aunque también en las ciudades de Rosario, Córdoba, Corrientes y un total de 12 provincias afectadas, dejando 130.000 hectáreas arrasadas por el fuego. 

Esta situación trae aparejada una degradación en las condiciones del suelo, que en las zonas de humedales -el 21% del territorio del país- afectan su cualidad absorbente y conllevan a la pérdida de la capacidad de depurar el agua dulce, conduciendo a su reducción. Esto comprende, no solo una alteración del ciclo del agua y la alerta de una crisis hídrica, sino también el exterminio paulatino de la biodiversidad del ecosistema.

Desde 2013 se impulsan diferentes proyectos de ley que buscan atender a la situación de los humedales. Algunos han obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, pero las veces que esto ha sucedido, los proyectos en cuestión han terminado por perder su estado parlamentario. Así ocurrió tanto en 2015 como en 2018. En este sentido vale preguntarse, ¿qué -o quién(es)- está(n) frenando la aprobación de la Ley de Humedales? ¿Por qué hace casi una década no logra llegar al Senado? ¿A qué sectores les perjudica la conservación de ecosistemas que producen vida?

“En países como el nuestro, el avance sobre la naturaleza se ve como un deber, y el extractivismo como el progreso. Esa es la distorsión de aquellos que se benefician de eso. Lo que llaman progreso no es más que destrucción del hábitat y la posibilidad de toda forma de vida”, afirma en diálogo con ANCCOM, Graciela Falivene, arquitecta especializada en Planificación Urbana y Regional e integrante de la Red Nacional de Humedales (RENAHU). 

 En nombre del progreso se han organizado catástrofes. La racionalidad instrumental que se instaló como paradigma en los inicios de la modernidad impulsó la idea de la naturaleza como recurso, como medio para un fin. Esto llevó a dividir las cosas en la capacidad que tienen para producir y generar un rédito. Es este mismo razonamiento el que categoriza a los humedales como el Amazonas, la selva chaqueña o los Esteros del Iberá como zonas “improductivas”.  

“Lo que producen los humedales es biodiversidad, oxígeno y vida”, explica la arquitecta. En este sentido comenta que “el extractivismo urbano y las ventas se presentan como el deber ser de la actividad, cuando este debería ser garantizar la vida”. 

Vista aérea de la ciudad de Rosario invadida por el humo de los incendios del Delta del Paraná. 

El extractivismo deja una huella que repercute en el resto del ecosistema. Si una saca una pieza de un motor, este no vuelve a funcionar de la misma manera. La naturaleza, pensada como un sistema, sigue el mismo razonamiento. “La deforestación no es gratuita. Ese ciclo del agua que nos enseñaban en la escuela cuando éramos chicos se está cortando. Hay menos cantidad de agua potable en ese ciclo. Estamos en medio de una crisis hídrica”, señala Falivene. 

Saquear los recursos naturales no es una cuestión que date de hace poco. La novedad se deja ver en los efectos que están teniendo hoy todos esos impactos que ha tenido la industria sobre el ambiente, que ha sido posible gracias a una negligencia generalizada. En esta línea, la arquitecta afirma que “toda forma de extractivismo busca negar la participación de los humedales en el ciclo de la vida. Lo usan para un ciclo de producción extractivista y lo hacen sacando el agua de las salinas para extraer un mineral o retirando el agua de un humedal del alto valle para conseguir petróleo”. 

¿Cómo se identifica esa negligencia? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quiénes arman el lobby? “Es una complicidad repartida en distintos actores que son empresarios, políticos y jueces, porque para que esto suceda hay una falta de control, fallos de la justicia que nunca llegan, y eso alienta una continuidad de las mismas prácticas en las que muchas veces estos sectores aparecen asociados a los mismos”, asegura Rodolfo Martínez, miembro de la Multisectorial de Humedales, que al pasar da el ejemplo del intendente de la ciudad de Victoria. Se trata del político entrerriano perteneciente a Juntos por el Cambio, Domingo Maiocco, un empresario agropecuario, fundador de Maiocco Cereales SA y además presidente de la Sociedad Rural de Victoria dos períodos consecutivos.

 El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, Leonardo Grosso, expresó a ANCCOM en relación con esto, la existencia de “un argumento muy fuerte esgrimido por sectores del campo, centralmente la Sociedad Rural, sectores concentrados de la producción agrícola, arrocera o forestal, que plantean que la ley va a prohibir la actividad económica en estas zonas. La realidad es que es una ley de presupuestos mínimos de preservación, protección y restauración y uso racional de los humedales. No prohíbe nada, sino que plantea la regulación de estas actividades para evitar su daño ecológico”.

En una estrategia que trata de confundir, los sectores opositores “buscan ganar tiempo y entonces la política no avanza sobre una decisión muy importante como que el Estado regule la actividad económica, mientras que ellos solo maximizan sus ganancias a costa de destruir un ecosistema generando muchísima afectación al conjunto de la población”, repone el diputado. 

Así como el sector agropecuario, también el inmobiliario, la minería, la industria del litio, los emprendimientos que funcionan en su interior, son algunos de los sectores del poder económico que tienen sus intereses  en que no exista una ley que proteja los humedales. O por lo menos no en los términos del proyecto unificado que más de 400 organizaciones ambientales están impulsando, con el apoyo del diputado Grosso. “Estos sectores nos tratan de ‘anti productivistas’, pero nosotros no estamos en desacuerdo con el ejercicio de ciertas actividades siempre y cuando esté controlado”, aclara Martínez.

Una de las actividades económicas que se desarrollan en el Delta del Paraná es la cría de ganado. Para que las vacas se alimenten se necesita pasto tierno que puede conseguirse a través del rebrote. Para eso, en el pasado, los pueblos indígenas implementaban la práctica del “roza, tumba y quema”, muy común en la producción agrícola básica. Tanto el sector agrícola como el ganadero usan el argumento de la práctica milenaria para continuar realizando este procedimiento, pero hoy “no se puede hacer, porque hay un número de 1.700.000 vacas, sequía y bajante histórica del Paraná. No tiene el mismo impacto que hace 20 o 30 años.”, explica Grosso, y además comenta que el daño de todo eso “lo termina pagando el Estado: los subsidios a los productores de la provincia o a la población afectada por los incendios, los créditos también subsidiados, los recursos destinados a asistir a las familias, a los bomberos, a apagar el fuego”.

 “Lo que planteamos es la incorporación de los humedales al Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) -un instrumento del Estado para la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible-, algo que todavía está en déficit de la Ley General del Ambiente, que nos parece una cuestión fundamental en este momento de crisis. Esto implica que los humedales no pueden pensarse aislados al resto del ecosistema y es lo que lo diferencia de los otros proyectos”, explica Falivene.

El proyecto tiene por objeto “establecer los presupuestos mínimos de la protección ambiental para la preservación y uso racional de los humedales”. El expediente toma la definición científica de humedales entendidos como “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los ambientes terrestres y acuáticos. Los rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. 

Los rasgos de hidromorfismo son suelos que “retienen el agua y permiten que se dé ese flujo que también la depura y la mantiene como agua de calidad”. El “y/o” de la definición es crucial. Incluye, por ejemplo, extensiones como las salinas. Ese “y/o” fue dejado a un lado por el proyecto de ley del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), tomando la definición de Ramsar -un tratado internacional que apunta a la conservación y uso racional de los humedales-, que “no genera mucha preservación y para definir los humedales los enumera, dejando en esa lista una cantidad de cosas afuera”, comenta la especialista, y ejemplifica con “los humedales cuyos suelos están degradados que dejan de clasificar como tales, entonces se permite cualquier cosa, en lugar de restaurarlo”.

Siguiendo el razonamiento de la restauración, Martínez explica que “una de las cualidades de los humedales es que tienen una relativa rápida capacidad resiliente. Ahora si seguimos quemando sobre lo quemado esta ventaja se va agotando. Pero de ponérsele un límite, de controlar el territorio, de respetar las pautas fijadas por el Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales (DECA), puede haber otro desarrollo territorial donde convivan las distintas variables económica, ecológica y productiva”. Una opción que la letra chica del proyecto de COFEMA deja de lado. 

“Lo de COFEMA no queda claro. El proyecto de ley no fue presentado en el Congreso y no termina de entenderse si es una iniciativa de Ambiente o de las provincias. Además, quita varias competencias al Gobierno nacional y elimina los plazos para la construcción del inventario. Ahí hay una trampa: sin un inventario no puede saberse qué es lo que hay que proteger o cuáles son los lugares donde se debe regular la actividad”, afirma el diputado.

“No es casualidad la maniobra del COFEMA, a través del ministro Juan Cabandié. Además de la intromisión del Ejecutivo en una competencia puramente del Legislativo y con la complicidad del Poder Ejecutivo de todas las provincias. Es un proyecto de ley que licúa aquellas reivindicaciones de mayor conservación y seriedad. Se busca confundir al electorado con una manifestación a favor de una ley que no es la original ni está avalada por los movimientos, y hace que cualquier oyente despistado pueda creer que hay un real compromiso para solucionar el problema”, expresa Martínez. Además, comenta que las organizaciones, si bien fueron invitadas a formar parte del proyecto, lo hicieron solo en carácter de oyentes, “lo que no es una real participación de los movimientos”.

El 12 de agosto, el proyecto del diputado Grosso con el aval de las organizaciones, giró a las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Presupuesto. En este marco, Grosso junto a los miembros de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados se reunieron el viernes pasado en el Concejo Municipal de Rosario para abordar el temaq de la Ley de Humedales. Se trató de un intercambio entre las organizaciones ambientalistas, autoridades políticas, la comunidad científica y distintos espacios políticos de la provincia afectados por la reciente quema en esta ciudad y los y las legisladoras para impulsar el debate en el Congreso. 

“Queremos empezar a discutir nuevamente la Ley de Humedales. En el Congreso se vienen dilatando los acuerdos necesarios, que si bien hemos podido hacer acuerdos con la Comisión de Presupuesto, cuesta un poco construirlos con la Comisión de Agricultura, presidida por Ricardo Buryaile. Queremos hacer un tratamiento conjunto. Pero mientras tanto tenemos que iniciar el debate y qué mejor que en el lugar donde el fuego está haciendo estragos”, concluye Grosso. 

“El productor no es un ‘depredador’, como lo quieren vender”, había declarado el formoseño Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y actual presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El legislador cuenta también con un historial en el ruralismo gremial empresario. Empezó como miembro de la Sociedad Rural de Pilcomayo, y llegó a la presidencia de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Chafor). Fue también vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), hasta que se volcó en la carrera política a fines de 2009 para asumir como diputado nacional por la UCR de Formosa. 

Entre los oradores de la reunión del viernes, expuso la abogada de RENAHU, Victoria Dunda, con un argumento claro frente a la dicotomía progreso industrial-recursos naturales. “Sacrificar los salares altoandinos para realizar autos eléctricos destinados a la clase media francesa no es negocio para la Argentina ni para la región. Si esto implica la destrucción de los reservorios de agua dulce, no es negocio cambiar agua por autos”, sentenció.

Uno de los reclamos recurrentes entre los expositores fue la efectiva aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná, apuntando a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca compartida por las tres jurisdicciones. “Estamos cansados de rogar por la aplicación del PIECAS. Tiene más de 10 años. Es una vergüenza. Les pregunto, cómo hizo mi hijo de 7 años, ¿qué van a respirar? ¿Qué agua van a tomar?”, interpelaba a los presentes Romina Araguás, abogada e integrante de El Paraná No Se Toca. 

Sumándose al pedido de aplicación del PIECAS, Eduardo Spiaggi, responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, hizo alusión a la posibilidad de un buen manejo de la ganadería para la cual es necesaria la inversión. “Hay que tener personal bien pago, que no vivan en condiciones de miseria. Hay que invertir en boyeros eléctricos, hay que manejar el pasto de otra manera. Hay que contratar más personal que pueda recorrer el campo para ver que no se queme. No son cosas tan difíciles. Es política pública”, señaló el especialista. 

En la reunión en Rosario, hubo varias ausencias, en especial de bloques opositores como la UCR o Juntos por el Cambio. “Si mis cálculos no fallan, 26 representantes estarían de acuerdo con la ley. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con los otros 251?”, se pregunta Martínez en su exposición en el Concejo.

La diputada nacional Graciela Camaño habló de la intención de un debate  federal en torno a la ley. “Vamos a ir a otras provincias para que colegas que se niegan a tratar el tema, lo atiendan. Esta ley debe dar una señal clara a cada provincia para que proteja sus humedales. Deben allí convivir las personas, fauna y flora, las aguas y la producción”.

 

Natalia Zaracho, activista social y diputada nacional, se refirió a las dificultades permanentes con las que se choca el proyecto. “Si esto no sale es también porque hay muchos intereses de por medio de una minoría que concentra no solamente las tierras de nuestro país, sino también la riqueza y los recursos naturales”.

 

350.000 balcones y ninguna flor

350.000 balcones y ninguna flor

El «Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas» muestra el déficit que tiene en la materia la Capital Federal. Como siempre, los sectores de menores ingresos son los más perjudicados. Las consecuencias para el ambiente y la salud.

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 mil habitantes viven lejos de una plaza o parque con acceso a pasto, árboles y un poco de naturaleza. Este es uno de muchos datos que arroja el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas desarrollado por la Fundación Bunge y Born, que se propuso detectar el acceso público a ese tipo de ambientes en los mayores aglomerados urbanos del país. Dentro de esta categoría entran 155 localidades, y en todas ellas el nivel de ingresos se condice con la disponibilidad de contacto con la naturaleza.

“El percentil más bajo tiende a tener una accesibilidad muchísimo peor que la de los vecinos mejor acomodados. Esto no es exclusivo a Buenos Aires, hay una inequidad que calca la vulnerabilidad económica y se replica en casi todas las ciudades del país”, explica uno de los expertos que ejecutó el estudio. Antonio Vázquez Brust estudió Ciencias de la Computación y es magíster en Planificación Urbana, especializándose en el análisis de datos y la estadística para estudios urbanos. Ese camino lo llevó hasta la elaboración del Atlas, en el que su equipo construyó una base de datos georreferenciada y contrastada con imágenes satelitales, que permitió conocer la situación a nivel país

La investigación también se nutrió de un cruce con datos censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, del INDEC.Uno de los fines del estudio fue confirmar algo que ya se sospechaba: las ciudades argentinas, en general, tienen una oferta muy baja de espacio público verde. En CABA y el Gran Buenos Aires hay un tapizado de cemento de millones de km2”, continúa Vázquez Brust. La Ciudad Autónoma es una de las urbes con menos espacios naturales por habitante de toda Argentina, donde más del 12% de la población vive lejos de uno. El sector más vulnerable es el más perjudicado: una de cada cuatro personas tiene poco o nulo acceso a estas locaciones. En el percentil más rico, el número es de 1 en 25.

María Fernanda Danguise, quien fue mediadora comunitaria en la Villa 15 de Mataderos, asegura que las condiciones de esparcimiento de los vecinos son alarmantes. “El acceso a espacios abiertos es muy escaso, no hay pasto ni árboles, y los juegos son pocos. Todo es tierra, no existe el espacio verde”, comenta. Además, insiste en que la situación se vincula con otras problemáticas sociales, como la droga y la delincuencia. “Si es que hay proyectos de desarrollo, duran muy poco. Es difícil que esos espacios se mejoren porque muchas veces son utilizados como zonas de consumo, y en la práctica es un riesgo que un niño se acerque a jugar”. Cuenta que las pocas veces que estos habitantes realizan excursiones a parques de otras localidades, quedan maravillados con el pasto y con los árboles.

Entre otras cosas, el Atlas define un umbral de accesibilidad de diez minutos de caminata hasta el lugar, siguiendo los lineamientos de la iniciativa estadounidense 10 Minute Walk. “Es una especie de número mágico. Se ha estudiado cuándo los residentes aprovechan la oferta de espacios públicos y los incorporan en su vida cotidiana. Si una persona tiene un sitio así a menos de 10 minutos desde su casa, lo utiliza con frecuencia. Si no, no”, menciona Vázquez Brust.

Gracias a su impecable ejecución, el informe de la Fundación fue retomado por la Comisión de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, agregando estas métricas a los datos según los cuáles planifican y piensan legislaciones. Milagros Schapp, becaria del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3IA, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señala que esta información sirve a la infraestructura ambiental y la prevención del cambio climático. “Si tuviéramos más espacios verdes, tendríamos una calidad ambiental general mucho mejor y menos gastos: menos aires acondicionados encendidos, más posibilidades de hacer actividades económicas que no se detengan por el calor”, insiste.

Estudios recientes vinculan el acceso a parques y plazas con un efecto positivo en la salud pública, reduciendo la morbilidad cardiovascular, la prevalencia de diabetes tipo 2 y el desarrollo cognitivo infantil, entre otros. Estos lugares retienen material particulado. El hollín, ceniza, polvo y demás se depositan sobre las hojas y no lo respirás. Sin su presencia, esas partículas quedan suspendidas en el aire durante el tiempo suficiente como para inhalarlo. Además, disminuyen la contaminación sonora”, aclara Schapp.

Respecto a su rol ambiental, argumenta que la vegetación es moderadora climática porque captura el agua y la evapora, y ese vapor toma temperatura del aire. Esto evita atmósferas secas, donde hay más propensión a la amplitud térmica. “Así prevenís olas de calor. Cuando la radiación es fuerte, el espacio verde absorbe longitudes de onda corta con mucha energía calórica, evitando la radiación desde el suelo. Si no tenés ese espacio verde, el infrarrojo que refleja el asfalto se transforma en un calor sofocante”, explica. Tanto en temporadas frías como cálidas, sostiene que la diferencia puede ser de 3°C en promedio.

 

Geográficamente, Schapp recuerda que esta zona de la provincia es de ríos de llanura, con planicies de inundación muy amplias. “La vegetación funciona como un buffer hídrico, una barrera que evita que las subidas sean repentinas y pronunciadas. Sin esto, los costos son mucho mayores, no sólo en daños sino en obra pública”. A su vez, sostiene que “si las lluvias se dan en una superficie de asfalto, la acumulación es mucho más rápida y el caudal pico es muy alto”. Esto sucede en lugares como la Cuenca Matanza Riachuelo y la cuenca del Reconquista.

En cuanto a la importancia simbólica de los parques y plazas arboladas, reflexiona que su presencia excede las necesidades edilicias y ambientales, ya que supone una parte irremplazable del ecosistema social. “La estética está atada a los espacios verdes, tienen un valor intrínseco por fuera de su utilidad. La calidad de vida aumenta cuando el paisaje está en buen estado”, concluye.