Censurar rima con olvidar

Censurar rima con olvidar

Oct 17, 2024 | DDHH, Destacado 5

Cuando ya habían comenzado las actividades, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, canceló la realización del Seminario Internacional Sobre Políticas Públicas de la Memoria que hace 15 años se realiza ininterrumpidamente en el Centro Cultural Conti.

La decimoquinta edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria, organizado por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ha sido cancelada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el mismo día de la inauguración, sin que mediara ningún aviso previo.

El Centro Cultural Conti, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), recibió la noticia con las actividades ya en desarrollo. El comunicado enviado desde la Secretaría de Derechos Humanos, expresó que el evento no está autorizado, que las actividades no fueron ni auspiciadas ni aprobadas, por lo que “no se autoriza la concurrencia a esas manifestaciones en el horario laboral de 08:00 a 20:00 horas”, en consecuencia quedaron canceladas y “se tomarán las medidas pertinentes para concretar esa decisión”. 

Nana González, Secretaria General Adjunta de la Junta de ATE del Ministerio de Justicia explicó en diálogo con ANCCOM: “Las actividades del seminario fueron canceladas porque revisaron las ponencias y les parecieron tendenciosas por hablar de terrorismo de Estado. Quiero recordar que el Conti está en lo que fue el mayor centro clandestino de detención tortura y exterminio de la Argentina”.

Con respecto a la diferencia entre los temas tratados en el seminario de años anteriores y el contenido de este año, González afirmó: “La estructura del seminario es siempre la misma, la diferencia es el paraguas conceptual sobre el que se organizan las mesas. El de este año es a 40 años del Nunca Más”. 

Bajo el título “La Secretaría de DDHH CENSURA un Seminario Internacional sobre Políticas de Memoria”, el Centro Cultural expresa en su comunicado el descontento por la decisión tomada por el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y sostiene que “como la medida fue tomada con absoluta arbitrariedad, sólo podemos conjeturar los motivos: tratar de obturar el debate democrático sobre políticas de memoria, que es el objetivo final del seminario”.

El seminario “Reflexiones, archivos y testimonios. A 40 años del Nunca Más”, se ha realizado de manera ininterrumpida entre 2008 y 2024. Del 16 al 18 de octubre, se reunirían más de 600 intelectuales, académicos y académicas, estudiantes y activistas, nacionales e internacionales, con el fin de reflexionar críticamente sobre las políticas de la memoria y proponer debates con respecto a los 40 años del Nunca Más. Bajo esta consigna, y planteando que el Nunca Más es un símbolo refundacional de la democracia, pero que funciona siempre y cuando sea aceptado socialmente, se busca responder las preguntas: ¿Qué vigencia tiene hoy el Nunca Más? ¿Sigue movilizando a la sociedad como antaño? ¿Cómo renovarlo a la luz de los nuevos desafíos que nos plantea la democracia actual? ¿Se vuelve necesario recrearlo sobre otras imágenes y representaciones? Sostienen que la paradoja es que cuanto más débiles parecen los valores encarnados en el Nunca Más, más necesarios se vuelven. La convocatoria fue de carácter abierto a la comunidad.

Además, el seminario iban a contar con otras actividades como la presentación del monólogo verbal y musical Concierto sobre Cadáveres, de Carla Crespo, en torno al poema de Néstor Perlongher, y la de los libros Los centros clandestinos de detención en Argentina. Nuevas miradas y saberes a 40 años del Nunca Más, de Débora D’Antonio y Rodrigo González Tizón, e Infancias en dictadura. Sobre narrativas, arte y política, de Natalia Montealegre Alegría y Graciela Sapriza.

El Centro Cultural Conti afirma que no tiene ni ha tenido autoridades designadas en todo este año, ni un solo peso de presupuesto. Resalta el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que sostienen día a día el espacio, y manifiesta que, ante la falta de Dirección, las actividades son siempre comunicadas al secretario Baños, actualizando regularmente y con detalle las distintas áreas del lugar, para que “nada de lo que allí sucede quede fuera del conocimiento ni de Baños ni de su equipo. Especialmente el Seminario, por la forma en que está organizado, requiere meses de preparación, con lo cual es imposible que la Secretaría desconociera su realización”. 

«No somos angelitos pero tenemos alas»

«No somos angelitos pero tenemos alas»

Oct 16, 2024 | DDHH, Destacado 2

En una nueva audiencia judicial por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II declararon testigos ligados al sobreviviente Sergio Gobulin. Otra vez fue mencionado Jorge Bergoglio.

“Tenía una ausencia tremenda, no tenía pertenencia a una cultura, a una nación, es algo que me falta”, expresó este martes -en la sexta audiencia de la casua Mansión Seré y RIBA II- Natalia Paola Gobulin, hija del matrimonio Barzola Gobulin, quienes testimoniaron en sesiones anteriores, también de forma virtual vía zoom, dado que viven en Italia desde su exilio. Antes de iniciar su declaración, Natalia aclaró que aún tiene algunas dificultades con el idioma español. Partió desde aquella aclaración para iniciar un recorrido en el tiempo en torno a aquellas cosas que le fueron arrebatadas: “Fueron faltandome personas, yo le preguntaba a mi mamá porqué no teníamos a la familia cerca, no sabía donde quería estar. Fueron detalles pero me cambiaron como persona”, prosiguió su relato. Sobre el secuestro de su padre, mencionó que aunque ella era apenas una beba y guarda escasos recuerdos, también existieron  consecuencias: “Saber que vivieron aquellos momentos me dolió como hija, pero también lo viví en primera persona, esta sensación de miedo, una la lleva dentro”, reflexionó la testigo acerca de las consecuencias de este episodio que la atravesaron y concluyó: “En esta historia todos tenemos nuestra parte”.

“Creció en Italia un poco confundida y perdida”, analizó Roberto Gobulin, hermano menor de Sergio Gobulin, en relación a su sobrina y a su infancia lejos de sus raíces: “Natalia estaba entre Argentina e Italia”, sostuvo haciendo alusión a diferentes momentos en los que ella se debatió entre qué país elegir. El testigo también se refirió a cuando fue el nexo principal de la familia con el entonces padre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, situación que ya tuvo debate en la causa ante el pedido de la querella y de la defensa de incorporarlo como testigo del juicio: “Bergoglio había tocado varias puertas, creía que lo tenía detenido la Fuerza Aérea. Unos días antes de la liberación de Sergio, tuvimos una entrevista en el Colegio Máximo. Había logrado un contacto de alto mando que le había prometido que en esos días o salía o no lo veíamos más”, relató el testigo, en torno a las averiguaciones que pudieron recabar durante el periodo de desaparición de su hermano, mediante contactos militares. “Eso fue terrible para mí. Un golpe muy grande. Pero dentro de todo lo malo llegó la buena noticia, a los 18 días del secuestro me llamó Aldo Barzola: lo habían encontrado y estaba en el Hospital Italiano”. Roberto Gobulin hizo principal hincapié en que la ayuda y el compromiso de Bergoglio fue la clave para la aparición con vida de su hermano: “El se jugó por mucha gente, es una persona muy digna y valorable”, sostuvo.

Roberto Gobulin estuvo muy aprensivo por las consecuencias psicológicas que el secuestro y la tortura cimentaron sobre su hermano, durante el periodo de internación hospitalaria y a posteriori: “Estaba vencido y muy golpeado. Lo encontré quebrado en su caracter. Lo desconocía”, expresó acerca del estado de su hermano tras la liberación. De la misma forma, relató los motivos que arrojaron a su hermano y a su familia al exilio: la persecución posterior al secuestro con un mensaje claro: “A vos te conviene irte”.

Los testimonios en torno al secuestro de Sergio Gobulin se fueron sucediendo y sumaron información de lo ocurrido desde el lugar en que cada uno lo vivió. El tercero en declarar fue el único testigo que presenció el secuestro de Gobulin, Ramiro Ferreiro Rodríguez, amigo que Sergio Gobulin conoció cuando era un joven estudiante de Teología en el Colegio Máximo de San José y con quien luego volvieron a coincidir trabajando en “El Observatorio”, una imprenta de papers académicos y administrativos de la Universidad de Loyola que administra a ambas instituciones perteneciente al grupo religioso jesuita y que integra el papa Francisco. El testigo reflexionó que se puede analizar el secuestro en dos etapas, un primer momento en el que se realizaron tareas de espionaje y luego, la materialización del del hecho: “La semana anterior al secuestro vino un grupo de personas interesadas en el funcionamiento de las máquinas. Con el diario del lunes, sospechamos que en realidad hacían tareas de investigación y les interesaba en realidad el contenido de lo que publicábamos”, analizó el testigo sobre este episodio de inteligencia previo al secuestro.

“Otro día vinieron y preguntaron por Sergio. Él no estaba. Se había tomado licencia para resolver unos problemas en la construcción de su casa. Fui a la construcción a avisarle, pero cuando llegué había tres personas. Una de ellas me encara y me pide documentos, dentro de la campera me muestra un revólver. Estaban vestidos de negro. No tenían insignias ni me mostraron credenciales o identificación. A los minutos llega un auto con otras dos personas, una de las cuales era la que había ido a preguntar al Observatorio”, relató el testigo de forma muy metódica y precisa sumando datos sobre colores, cantidad exacta de personas y modelos de autos. “Lo esposaron y lo metieron en un Peugeot 204 color beige o café y se fueron junto a un 128 verde, que a la semana siguiente lo volví a ver fuera de en un edificio de la Fuerza Aérea -relató y para finalizar agregó:- En esa época se decía que si estabas cerca de un detenido corrías la misma suerte. Sentí esa persecuta, principalmente porque en el allanamiento a la casa de sus suegros habían robado fotos donde yo aparecía. Esta es la primera vez que hablo sin tener presión de ningún tipo”.

“En la época que Ana Barzola estaba por tener el bebe a mí me secuestraron”, inicia el último testimonio de la sesión, Nélida Olivieri, amiga que le facilitó al matrimonio una casilla en el fondo de su casa cuando les allanaron por primera vez, meses antes del secuestro de Gobulin, la vivienda en Villa Mitre. En su declaración hila el secuestro en primera persona, pero también aquello que vivió Sergio Gobulin y el arquitecto Alejandro Miceli, quien declaró en la audiencia anterior. “Tenía una mirada muy inocente, experiencia de otras épocas, cuando mi propio padre estuvo preso y a la gente la detenían y la golpeaban, pero luego la soltaban. No desaparecían o aparecían muertos”. Hija de un mecánico de la Fuerza Aérea, vivió su infancia en la Base Aérea de Moreno, hasta que su padre fue trasladado a Córdoba: “Para mí la Aeronáutica era lo más en la infancia. Mi papá dejó la vida ahí y fue muy duro para mi darme cuenta de que hacían eso”.

Aunque ya declaró en circunstancia de otro juicio y su caso no pertenece a esa causa, Olivieri se refirió al momento de su secuestro durante el testimonio: “Preguntaron por la maestra de cuarto grado. Yo repregunté: ‘¿La maestra de cuarto grado?’. Pero se bajaron del auto y me subieron en el baúl. De entrada supe que estaba en la Base Aérea porque escuchaba el mismo vocabulario que en toda mi infancia: hangares, pista, ‘no somos angelitos pero tenemos alas’”. Agrega que en las torturas se referían a ella como Noemí, le preguntaban por su padre médico y quién era su jefe en el ERP: “En el interrogatorio no salía que yo era estudiante de psicología. En cambio me decían que yo era de esas madres que dejaba a sus hijos para ir a poner bombas. Después de 20 años me pude enterar a qué maestra buscaban en realidad”, aunque confiesa que no recuerda con exactitud su apellido.

En diálogo con ANCCOM, la testigo amplió información sobre amigos y vecinos desaparecidos del barrio: “El doctor Rodolfo “Rolo” Freyre con quien me unió una larga amistad y el arquitecto de mi casa Alejandro Miceli. Solo después de 15 años supe que él -Miceli- también estuvo secuestrado. Nunca lo hablamos. No sé si él sabrá de mi situación. Nadie habla de esto, es muy difícil explicar. Uno se callaba y no decía nada”.

El fiscal Félix Crouse le consultó antes de finalizar su testimonio, cómo analiza a partir de las herramientas que le da su profesión el silencio por parte de las víctimas del terrrorismo de Estado. La respuesta de la sobreviviente y psicóloga fue: “Uno no hace sufrir a las personas que quiere: yo a mis papas no se los conté nunca”, y se tomó un momento para recuperar la voz.

La próxima sesión está programada para el martes 21. Aún resta  confirmar si será de manera virtual, caso en el cual se puede acceder a través de la transmisión de FM en Tránsito y el portal La Retaguardia, o bien, de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734. 

El tribunal que investiga la masacre del Pabellón Séptimo convalidó la transmisión del juicio

El tribunal que investiga la masacre del Pabellón Séptimo convalidó la transmisión del juicio

Oct 16, 2024 | DDHH, Destacado 3

En la segunda audiencia que juzga a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, la defensa de los represores intentó en vano que el proceso no sea público.

Luego de su apertura el pasado miércoles 9 se reanudó la audiencia del debate en el juicio oral y público por la masacre en el Pabellón Séptimo, la mayor matanza carcelaria de la historia, ocurrida entre el 13 y el 14 de marzo de 1978. Los imputados se negaron a volver a prestar declaración indagatoria mientras que sus defensas buscaron impedir la transmisión del proceso. ANCCOM habló con una de las abogadas de la querella.

Al igual que el miércoles anterior, la audiencia tuvo lugar en la Sala SUM del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Nicolás Toselli reanudó la audiencia consultando a las partes si tenían cuestiones preliminares para plantear. Gerardo Miño, defensor público del imputado Gregorio Zerda, solicitó que las audiencias no sean transmitidas en vivo –lo hacen el canal de la Corte Suprema y la plataforma online La Retaguardia– durante la declaración de los testigos. “No es lo mismo ver al testigo, escucharlo, ver a las partes cómo preguntan, ver al tribunal, al público como reaccionan. Todo eso puede afectar sustancialmente la declaración de los testigos posteriores” explicó el defensor. 

Luego tomó la palabra el fiscal general Abel Córdoba para expresar el completo rechazo a la petición porque consideró que “implicaría una prohibición de contacto, un aislamiento de todos los testigos entre sí, de acá hasta que termine el debate, la parte recursiva y demás, es imposible su realización”. Además, Córdoba añadió que lo que se expresa como fundamento no es algo más que un temor eventual, siendo no más que “una situación imaginaria donde algún futuro testigo vaya a guiarse por algo que haya visto realizarse en el proceso y que a partir de eso altere o modifique su testimonio en un sentido que afecte su juramento de verdad”.

Finalizada su intervención, el juez Toselli le dio la palabra a la abogada de la querella, Claudia Cesaroni, quien adhirió a lo planteado por Córdoba y enfatizó en que se comprenda que se está investigando un hecho en el que se ha producido un proceso de construcción de memoria colectiva: “Estamos hablando de víctimas, de sobrevivientes, de familiares que han tardado años en lograr reconocerse como víctimas de un delito, de una masacre, de un crimen contra la humanidad, y que en ese encontrarse durante todos estos años se han visto un montón de veces libros, notas periodísticas que relatan este caso”. Por tanto, la abogada planteó que “sería un ritualismo absurdo, excesivo y carente de todo sentido suponer que no deberían comunicarse a partir de ahora, o que porque van a ver cómo uno de ellos cuenta lo que ya escucharon decenas de veces lo que sucedió y que otros han vivido podrían influir en su testimonio”.

Por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado Máximo Castex también adhirió al rechazo de la petición y retomó lo explicado previamente por Córdoba, manifestando que aquel planteo sería adelantarse a algo que aún no ocurrió. Después de un cuarto intermedio, el juez Toselli, en nombre del resto del tribunal, expresó que se rechazará la cuestión preliminar introducida. “Al contrario de lo que establece el señor defensor, los artículos que tienen que ver con la publicidad y la transmisión de juicios están vigentes para todos los tribunales federales y nacionales desde el 24 de noviembre de 2020”. Así se continuó con la decisión original de la transmisión completa del proceso.

Derecho a no declarar

Toselli continuó con el devenir del debate, refiriéndose particularmente a los imputados, siendo la primera oportunidad que otorga la ley procesal para que cada uno declare. 

Juan Carlos Ruiz, el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, imputado por haber dispuesto una requisa disciplinadora que devino en la feroz represión y el incendio que mató a 65 presos e hirió de gravedad a otros 88, dijo que no declararía. Solo se dio lectura a la declaración indagatoria que había realizado en la etapa de instrucción de la causa ante el juez federal Daniel Rafecas. 

Gregorio Bernardo Zerda, excelador de la División Seguridad Interna, imputado por haber omitido el salvataje de las víctimas y de haber agredido a los sobrevivientes, expresó que por consejo de su abogado, tampoco hablaría. Por último, Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División de Seguridad Interna, imputado por ejecutar la orden de requisa y haber dejado avanzar el incendio tampoco se manifestó. En ambos casos, también se incorporaron, entonces, las declaraciones realizadas en la instrucción.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su solicitud para que se realice una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos en la cárcel de Devoto. “La manera de tomar realmente dimensión y poder poner en contexto las palabras de las personas que van a declarar en lo sucesivo es a través de la presencia del tribunal y de las partes en el lugar en que ocurrieron los hechos”, planteó María Laura Grigera, auxiliar fiscal. Para esta actividad solicitó que se fije una fecha para realizar esta medida en el penal de Devoto con la presencia de las partes y de los testigos, incluyendo la inspección del pabellón, los pasillos y pasarelas vinculadas, así como también todos los espacios aledaños de los lugares a los que fueron llevados los detenidos una vez que retirados del pabellón, incluyendo la visualización de las entradas, las salidas, los muros exteriores e interiores donde se produjeron disparos y cualquier otro espacio que pudiera ser de utilidad para efectuar el reconocimiento teniendo en cuenta el objeto de la imputación. 

Toselli respondió que se tendrá presente la petición y que de por sí el tribunal tiene intenciones de avanzar en esa inspección para tener conocimiento directo de la estructura edilicia. Sin embargo, señaló que también hay cuestiones de logística que implican ponerse en contacto con las autoridades pertinentes para gestionar la mejor forma posible de cumplir con las medidas y también contar con la seguridad de las personas que están cumpliendo su detención. 

A su turno, la defensa agregó la necesidad de comunicar a las autoridades para que muestren o informen si hubo modificaciones en las aperturas de las puertas, en el cambio de colchones o cualquier otro cambio posible, solicitud posteriormente aprobada por el juez. 

Casi una hora después de su inicio, Toselli estableció un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 23 de octubre. 

Clase pública

Una vez finalizada la audiencia se produjo una clase pública en el subsuelo del tribunal para los estudiantes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA) que habían asistido a la audiencia. Participaron las abogadas Cesaroni y Natalia Dalessandro, el sobreviviente Juan Olivero y Cristina Cresente, familiar de una de las víctimas. 

A modo de síntesis de la jornada, Cesaroni expresó que “era muy factible que los imputados no volvieran a declarar en el debate oral, aunque recordamos siempre que lo pueden hacer en cualquier momento”, explicó la abogada. Respecto a la solicitud de prohibir la transmisión, Cesaroni comentó que en los juicios de lesa humanidad no se suelen admitir estas objeciones. “Nosotros profundizamos la cuestión de que justamente es un poco absurdo pensar que unos y otros no se han escuchado cuando desde hace 11 años estamos dando batalla por este juicio y cuando precisamente el proceso de construcción de memoria colectiva implica que los sobrevivientes se junten, hablen, se cuenten las cosas. Además los testigos luego juran decir verdad, si la defensa observa que hay alguna situación en la que se puede estar mintiendo tienen las herramientas para hacer sus planteos”, detalló.

Por último, Cesaroni comentó sobre las primeras declaraciones testimoniales que se llevarán a cabo durante la próxima audiencia. “El miércoles que viene van a declarar dos sobrevivientes, Hugo Ricardo Cardozo y Roberto Montiel. Vamos a tratar de que cuenten todo lo que pasó tal cual lo han venido contando pero por primera vez ante jueces que tienen la posibilidad de decidir si hay una condena por esos hechos de los que fueron víctimas”, anticipó.

 

«Nuestra vida no valía nada»

«Nuestra vida no valía nada»

Oct 10, 2024 | DDHH, Destacado 5

Continúa la megacausa judicial Mansión Seré IV y RIBA II por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención de Zona Oeste. En la quinta sesión declararon dos testigos y dos sobrevivientes que reconocieron los centros clandestinos de detención.

En la quinta sesión del juicio de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II testimoniaron los sobrevivientes Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, detenidos en la Comisaría N° 5 de Paso del Rey, ubicada de Moreno, que dependía del ahora acusado Ernesto Rafael Lynch, capitán de la VIII Brigada Aérea de esa localidad. “Se escuchaba gente a lo lejos, que cantaban. Era la procesión a Luján que se hace los 7 de octubre y pasa a dos cuadras de la ruta”, contó Miceli en su testimonio. Por su parte, Ameigeiras sumó otra precisión sobre el lugar de detención: “El tren, al pasar por el puente de hierro del Río Reconquista, hacía en ese tiempo un sonido particular porque iba más despacio. Eso se escuchaba desde la celda”.

Ambos amigos fueron secuestrados el 1º de octubre de 1976 cuando se encontraban cenando en la casa de la familia Ameigeiras, en barrio La Perlita. Compartían la docencia en el CENS N°49 y la actividad religiosa en la comunidad cristiana formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem. Para Alejandro era un “lugar de pertenencia” que había logrado en su infancia al llegar al barrio: “Entré a la parroquia porque mis padres conocían al sacerdote. Me interesaba el cine y él me invitó a los cine-debates que armaban allí. Aldo era uno de los que organizaba las películas. Es un hermano para mí”, dijo.
El momento del secuestro, que también fue vivido por la esposa y el hijo bebé de Ameigeiras, Miceli lo describió como “un instante de mucho ruido, como una explosion que rompió puertas y ventanas. Comenzó a entrar mucha gente y después ya no pude ver porque me pusieron una venda en los ojos y me encapucharon. Me esposaron y solo escuchaba ruidos, gente que se movía de un lado a otro. Viajé en el piso de un auto, pisado por los pies de quienes estuvieran sentados en los asientos. Solo recuerdo sentir que pasamos una vía”, declaró. Luego de ser torturado lo llevaron a un cuarto tan pequeño que no podía recostarse, podía tocar a la vez con ambas manos las paredes a sus costados. “Escuchaba a Aldo pedir agua, duró casi tres días así: ‘Señor, por favor, agua’. Nunca le trajeron. Tampoco comimos. Yo mordía el cinturón de cuero que tenía, no sabía cuanto iba a durar esto y uno quería alimentarse. Las necesidades también las hacía ahí, así que me mojaba la boca con lo que orinaba”, continuó Miceli

Aldo Ameigeiras dio durante su testimonio mayores detalles de las sesiones de torturas y los interrogatorios que debieron sufrir. Lo acusaban de enseñar marxismo y, en torno a su actividad religiosa, de orquestar campamentos de adoctrinamiento e incluso de armar un cancionero que “contenía canciones de la Guerra Civil española y comunistas, que incitaban a la subversión”. También le preguntaban sobre el médico Rodolfo “Rolo” Freyre  y por el sacerdote Piguillem al que se referían como un “cura subversivo, tercermundista y peligroso”. “Me tiraban agua y me picanearon. Me ahogaban con algo similar a una almohada y cuando me la quitaban lograba respirar. Como no alcanzaba a contestarles, me acusaban de no querer colaborar y todo volvía a empezar”.
Ambos testigos describieron que el activismo religioso constaba de tareas pastorales de catequesis o asistencia a los vecinos del barrio. Alejandro Miceli, que en ese entonces estudiaba arquitectura, ayudaba a construir la capilla y así como él participaba en sesiones de cine, otros realizaban actividades de teatro o coro. “Se arreglaban grandes reuniones y misas muy sentidas por todos los vecinos del barrio que se acercaban”, expresó Ameigeiras.

Fueron liberados el 7 de octubre, luego de pasar un tiempo en otro lugar de detención donde pudieron ver que había más celdas y otros detenidos. Ameigeiras relató que “al baño te llevaban por un pasillo y, si se te corría la venda, veías varias celdas. Aún tengo miedo que aparezca alguien en el pasillo y me vuelvan a buscar”, confiesa. Aunque se mudó, no pudo volver a Moreno. Se sentía vigilado porque “las cosas siguen sucediendo. Viví un exilio forzado. De un minuto a otro no éramos nadie, no valía nada nuestra vida. Y luego, otra vez de la nada, teníamos que volver a ser quienes éramos y simular que no pasó nada. Me costó mucho tiempo y dolor, estaba por empezar mi doctorado cuando pasó todo, me cambió la vida. Uno tenía que construir, la familia, los hijos. No les podía transmitir solo desazón de lo vivido sino también esperanza”.
Ambos amigos se volvieron a mostrar juntos en público luego de cinco años del secuestro. Ameigeiras finalizó su testimonio muy emocionado: “No veía la hora de que llegara este momento. Para ustedes será una instancia permanente. Para uno es la forma de dar vuelta la página. Ahora doy un pequeño testimonio sobre lo que he vivido y sufrido. Por muy pequeño que sea, hubo un tiempo en que para mí no merecía la pena contarlo. Pero en los últimos años me convencí de que no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron”.

Desde la querella de Moreno por la Memoria se presentaron en esta sesión los abogados Sebastián Taiariol y Gastón Fraga, con quien ANCCOM pudo dialogar. Fraga rescató la importancia de los testimonios en cuyas declaraciones se puede acreditar el circuito represivo de Zona Oeste, los esquemas y los lugares físicos de represión. “Además se vinculan con los testimonios del primer día cuando Julio César Leston (excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, RIBA) mencionaba que estaba a cargo del factor religioso en la base de inteligencia y que conocía al padre “Pepe” por  dichos del barrio. Justamente estas dos víctimas formaban parte del grupo religioso y por ello fueron secuestradas y torturadas, es decir, que también está reconociendo Leston en esa declaración que hacía tareas de inteligencia en términos territoriales, y se acredita así el circuito represivo”.

En un juicio anterior, ambos sobrevivientes participaron del reconocimiento de la Comisaría N° 5 de Paso del Rey. “Estaba muy cambiado, no era demasiado reconocible. Sin embargo, el juez hizo retirar el cielorraso y pude ver el lucernario -claraboya de vidrio-. Aldo golpeó desde la celda de al lado y fue claro que el lugar era ese”, relató el arquitecto Miceli, recordando que durante los días de cautiverio golpeaban la pared que los separaba con Aldo para comunicarse que “seguíamos vivos”.

En la sesión también declararon dos testigos cuyos familiares fueron secuestrados por la Fuerza Aérea de Moreno. Una de ellas pidió mantener en reserva su identidad. Por su parte, Mónica Inchauspe, relató que era una adolescente cuando su padre Miguel Angel Inchauspe, secretario del bloque radical de Moreno, fue detenido. Recuerda que dijeron que se debía a “un delito financiero que nunca existió. Fue una interna partidaria. El denunciante tenía buena relación con la Fuerza Aérea. Lo liberaron luego de estar un mes en la Comisaría 1º junto a otros compañeros de partido. Pidió un acta de detención y le dijeron que él nunca había estado detenido, solo demorado”, sostuvo su hija. El día que se presentaron en la casa, su padre no estaba, y una custodia se quedó con ella y su madre. “Cuando volvió lo invitaron a pasar por la comisaría de Moreno. No lo esposaron, tal es así que se fue manejando su auto y ahí perdimos todo contacto con el”. Ya en una ocasión anterior, las “tres Marías” habían buscado a su padre y este debió esconderse por dos meses. Según explica la testigo, “las tres Marías” era la forma coloquial de referirse a las tres camionetas sin identificación que recorrían constantemente las calles de Moreno y que todos sabían que pertenecían a la VIII Brigada Aérea. “En un pueblo chico uno se siente marcado, por más que te hubieran detenido sin motivo y no hayas hecho nada, la gente empieza a mirarte distinto”, dijo haciendo referencia a lo difícil que también fue el después de la liberación.
La quinta audiencia tuvo también, por parte de la defensa de los acusados, el intento fallido de “ensuciar” la escena. Durante el receso tomado al finalizar los testimonios, el hijo de Miceli, según los abogados defensores, “insultó y realizó gestos obscenos” contra ellos. En su posición, alegaron que ellos “sólo hacen una defensa técnica, propia de su trabajo” y solicitaron a la jueza María Claudia Morgese que se lleve a cabo el mismo procedimiento que se aplicó al imputado Juan Carlos Vázquez Sarmiento por su performance en la tercera audiencia. Respecto a este incidente, el abogado querellante Gastón Fraga, dialogó con ANCCOM y sostuvo: “Fui testigo. Solo se dio un entredicho, que podría haberse evitado, pero propio de un hijo que está escuchando las terribles declaraciones de su padre. Y no pasó a mayores. Por lo que la denuncia tampoco puede pasar a mayores porque no hubo ningún delito. No es comparable con un imputado que se desnuda y hace improperios durante la audiencia, y que solo busca de forma muy cínica desestimar este juicio y buscar algún tipo de beneficio personal para sí”.

 La próxima audiencia está pautada para el martes 15 de octubre de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. El público general puede acercarse previa acreditación por mail al tribunal.

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Oct 9, 2024 | DDHH, Destacado 5, slider

Considerado como un crímen de lesa humanidad de la última dictadura militar, se investiga a tres responsables del Servicio Penitenciarios acusados por la muerte de 65 presos comunes y las heridas causadas a otros 88.

El pasado miércoles 9 se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio contra los tres exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados por la muerte de 65 víctimas y las heridas graves de otras 88. Fue tras una requisa y una represión en la cárcel de Devoto en 1978. El caso llega a la instancia oral y pública federal porque en 2014 fue declarado crimen de lesa humanidad.

El juicio dio comienzo en la Sala SUM del TOF 5 con la presencia de familiares y sobrevivientes, entre ellos Juan Olivero, Hugo Cardozo y Roberto Montiel. Los jueces del tribunal, Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, mencionaron la presencia, en representación del Ministerio Público Fiscal, del fiscal general Abel Córdoba y sus auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez. Con relación a las partes querellantes se encontraron presentes por la Secretaría de Derechos Humanos los doctores Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, y por la querella unificada en representación de las víctimas y de la Liga por los Derechos del Hombre se presentó Claudia Cesaroni y Natalia DAlessandro. 

Los imputados estuvieron conectados vía Zoom: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galindez y  el exjefe de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda. Se hizo mención de un cuarto acusado, Carlos Aníbal Sauvage, exjefe del Cuerpo de Requisa, quien falleció en el año 2021 sin que pudiera dilucidar su responsabilidad en los hechos.

Al abrir  el juicio, Toselli dio lugar a las partes acusadoras para hablar y comenzó el fiscal Córdoba. “Los hechos se enmarcan dentro del contexto del plan criminal multidimensional, donde no se tratan por eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio, judicialmente acreditado, de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército”. En ese sentido, aclaró que el Servicio Penitenciario Federal no estuvo exento de participación en la represión durante la última dictadura militar. Junto a ello, el fiscal mencionó el proceso de militarización y alerta en que se encontraban inmersas las distintas fuerzas del país durante el año 1978: “No es casual que mediante la Ley 19594 del 24 de abril de 1972 las cárceles y otros establecimientos o instalaciones que albergaban detenidos, procesados o condenados por hechos de carácter subversivo, terrorista o conexo delitos de competencia de la Cámara Federal en lo penal de la nación o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueran puestos bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, ya que ello respondía a la política de Estado imperante”. 

Luego, Córdoba disertó sobre los hechos criminales ocurridos en el interior del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria 2 de Devoto el 14 de marzo de 1978. “No se trató de la imposición de suplicios a través de los métodos convencionales, sino de una salvaje represión donde las personas que resultaron víctimas se encontraban privadas de libertad y se vieron en condiciones de encierro absoluto al alcance del fuego y las balas de los autores”, leyó Córdoba. “A raíz de lo que fue calificado como una insubordinación por parte de los alojados en el Pabellón Séptimo del complejo penitenciario durante la madrugada del 14 de marzo y con el objeto de amedrentar a estos y sacar del pabellón al interno Jorge Omar Tolosa, los funcionarios penitenciarios dispusieron la realización de una requisa integrada por un mayor número de efectivos que lo habitual, ingresando de manera inusualmente violenta al pabellón aproximadamente a las 08:15 de la mañana de aquel 14 de marzo”.

La masacre

El fiscal general siguió con la secuencia de los acontecimientos, al detallar que los internos comenzaron a defenderse del castigo de parte del personal penitenciario, arrojando distintos elementos que tenían a su alcance y utilizando las camas cucheta para resguardarse. El cuerpo de requisa retrocedió, y frente a ello, los reclusos amontonaron camas para impedir que reingresaran. Sin embargo, los penitenciarios comenzaron a utilizar gases lacrimógenos y a disparar con armas de fuego desde la pasarela de vigilancia hacia quienes estaban en el pabellón. Como respuesta a la represión, los internos apilaron sus colchones sobre las camas que habían sido previamente colocadas contra la reja de ingreso obstaculizando así la visión del personal penitenciario hacia el interior. En un momento dado, y por motivos que no pudieron esclarecerse, los colchones que estaban apilados contra la reja de ingreso se prendieron fuego y posteriormente comenzó a presenciarse un denso y tóxico humo negro. 

A pesar de ello, las autoridades presentes del Servicio Penitenciario Federal no auxiliaron a los reclusos ni impidieron que el fuego avance, sino que continuaron disparando contra ellos armas de fuego y lanzando gases lacrimógenos desde las pasarelas exteriores de la unidad y desde los patios del complejo. Una vez consumido el fuego y abiertas las puertas del pabellón, los sobrevivientes fueron obligados a salir y cuando se traspuso la puerta de ingreso fueron recibidos por una doble fila de agentes penitenciarios que los golpearon con objetos contundentes, dándoles golpes de puño y patadas a lo largo de un pasillo que se extendía desde la puerta del pabellón hacia otros calabozos. 

A su turno, la auxiliar Grigera destacó que fueron recapitulados otros eventos relevantes previos a la jornada del incendio. Sin embargo, expresó la necesidad de analizar en profundidad el último episodio: qué se hizo y qué no de parte del servicio penitenciario. “No realizó ninguna maniobra encaminada a extinguirlo”, leía Grigera, en alusión al fuego.

Para fundamentar la acusación hacia las autoridades del penal, Grigera fue leyendo distintos testimonios de sobrevivientes que habían declarado en un sentido similar las circunstancias de los hechos, entre los apellidos mencionados estaban Ciardello, Olivero, Cardozo, Rica, Olivera, Gaitán, Montiel, Vera, Vergara, Cinelli, Berti, Romero, Mantilla, Medina, Díaz y Quintero. “Muéranse cachivaches”, “muéranse como ratas” y “muéranse de a poquito”, fueron las palabras que recuerdan algunos de ellos, y que ayer fueron leídas en la audiencia.

Los acusados

Tiempo después, fueron mencionadas las conductas descriptas y probadas que se le atribuyen a Ruiz, Galindez y Zerda (habiendo mencionado también a Sauvage). Éstas son la imposición de tormentos reiterados en 153 ocasiones, de los cuales 65 se encuentran agravados por la muerte de las víctimas. Juan Carlos Ruíz deberá responder en calidad de autor mediato ya que era quien tenía el poder de mando sobre el personal que intervino en las torturas y por ser la máxima autoridad presente en el día de los hechos en la unidad carcelaria. En tanto, Horacio Galíndez y Gregorio Zerda son señalados como coautores, porque las acciones sólo podrían haberse llevado a cabo bajo expresas órdenes del director y máxima autoridad del instituto penal.

Dicha acusación se fundamentó al mostrar -a través de testimonios y documentación- que una vez comenzado el incendio, las autoridades presentes dejaron avanzar el estrago con el objeto de someter a los internos a un castigo ilegal. Y una vez apagado el fuego, torturaron a los sobrevivientes. “Ya culminado el mismo sometieron a los sobrevivientes a graves castigos físicos que se prolongaron durante todo el recorrido desde el pabellón séptimo hasta los calabozos a los que fueron arrojados” leyó Grigera.

Torturas

Tras un cuarto intermedio, la abogada Claudia Cesaroni presentó una síntesis del requerimiento de elevación a juicio. “Esta causa fue reabierta a partir de la insistencia de un sobreviviente, Hugo Cardozo, y de la determinación del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en el año 2011. Nosotras somos parte de un equipo jurídico que trabaja activamente de modo militante por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en aquel momento y en el presente”, expresó. Esa insistencia se concretó en la presentación ante la justicia federal en marzo de 2013. 

“Fuimos a pedir que esta causa se reabra, porque había sido archivada por la justicia ordinaria en 1979. A partir de eso se fueron sumando otros sobrevivientes, familiares, así como también expresas políticas que estaban en la cárcel de Devoto en ese momento y que fueron testigos de esa masacre”, explicó Cesaroni. También añadió que cada acción jurídica que fue y vaya a ser llevada a cabo será en el marco de la lucha colectiva por la memoria, verdad y justicia. A criterio de la abogada y criminalista, el Servicio Penitenciario fue parte del aparato de terror de la dictadura.

Más adelante, tuvo la palabra Natalia D’Alessandro, también abogada querellante, quien continuó con la lectura del resumen del requerimiento, reconstruyendo los hechos de las acciones iniciales al motín a partir del conflicto de la televisión con el interno Tolosa. En ella, se contó específicamente todo lo que vivieron los presos durante el incidente, incluyendo las lastimaduras, lo que sintieron al salir, pisar a otros fallecidos y saber que los continuarían golpeando a pesar de estar quemados. “La violencia fue inusual, aún para quienes estaban acostumbrados a recibir palos como parte de la rutina”, leía la abogada. 

Luego Cesaroni retomó la palabra. Entre sus declaraciones estuvo la necesidad de contrastar la versión oficial avalada por Sauvage, un planteo basado en que los presos fueron los que causaron el incendio a partir de una pelea realizada entre ellos. Sin embargo, cuando se le preguntó si se sabía quiénes habían sido los responsables de la acción dada, el exjefe del Cuerpo de Requisa contestó que no reconoció a los actores. Esta versión fue altamente cuestionada por la querella debido a dejar incógnitas sin resolver, entre ellas, cómo podía ser que ningún guardia haya presentado lesiones, o bien, por qué no se realizó ninguna tarea efectiva de parte de las autoridades para frenar el fuego. 

Al rato, Cesaroni, conmocionada,  mencionó a todos los fallecidos y gravemente heridos durante la masacre. 

Finalmente, D’Alessandro brindó unas últimas palabras en homenaje y respeto por los familiares, allegados y sobrevivientes presentes. “Deben considerarse las circunstancias en que fueron cometidos los hechos imputados así como que los mismos fueron perpetrados por agentes del Estado, todos ellos miembros del Servicio Penitenciario Federal, quienes utilizaron en todo momento medios violentos en contra de las víctimas, las cuales se encontraban detenidas bajo su custodia”, leyó. “Por todo ello, solicitamos que en primer lugar, se tenga por realizada la síntesis del requerimiento de elevación a juicio y se juzgue la masacre del Pabellón Séptimo entre el 13 y 14 de marzo de 1978 en el que 65 presos llamados comunes, fueron asesinados mediante el humo, el fuego, las balas y los golpes, y otros 88 sufrieron torturas brutales, como un crimen contra la humanidad, se asignen responsabilidades y se impongan las penas correspondientes. Porque como dicen los familiares que se han reunido para realizar este recorrido en demanda de memoria, verdad y reparación, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, finalizó 

Posteriormente Toselli dio por formalmente cerrado el debate y concluyó la jornada, realizando un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10 horas.