El combo de Sandra Chagas

El combo de Sandra Chagas

Mujer, feminista, afrodescendiente y lesbiana, la activista Sandra Chagas repasa su historia familiar y lo que significa militar sus causas en la Argentina. El caso de José Delfín Acosta Martínez.

Del otro lado de una puerta de la que cuelgan muñecas, al final de un pasillo aireado de Once, una habitación blanca y memoriosa. Las aberturas son el espacio respirable de pedazos de pasados. Las paredes rebalsan fotos de mujeres con vestidos y hombres con tambores. Un mueble guarda tras sus ventanas más fotos y, ocasionalmente, una taza.

Al lado de la mesa, una escultura de ensamblados de metal: una pierna adelante, la otra atrás, rodillas flexionadas, rulos afro, una mano que toca un tambor y otra que lo sostiene, arriba de una sonrisa, la mirada. Esa mirada de júbilo turbada por algo más grande.

– ¿Quién es?

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José Delfín Acosta Martínez pertenecía al Grupo Cultural Afro, desde el que se inició todo el movimiento de reivindicación afrodescendiente en Argentina. Lo fundó con Diego Bonga, otro inmigrante afrouruguayo, en 1989. El candombe se convirtió otra vez en espacio de reunión y unión afro-rioplatense: el grupo enseñaba el baile y hacía presentaciones.

– Cuando lo asesinan a José, nosotros tenemos un quiebre – dice con pesar y brillo en los ojos Sandra Chagas, activista afro que conoció en bailes al candombero. Su mamá y su hermano eran muy activos en el Grupo Cultural Afro.

El 5 de abril de 1996, José había estado en una clase de la Universidad del Tango en la confitería El Molino. Pasó por la puerta del boliche Maluco Beleza, adonde iban muchos brasileros. La Policía Federal fue a la salida, argumentando que habían recibido la denuncia de una persona armada y quisieron arrestar, sin mucha más prueba que el color de piel, a dos afrodescendientes.

–   José estaba incluso con sus zapatos de tango. Lo único que hizo fue tratar de ayudar y defender a estos dos compañeros brasileños porque sabía de derechos, sabía que no se los podían llevar así nomás. Los estaban acusando de algo, pero se los querían llevar y eso no se puede. Cuando él salió en su defensa, agarraron y se lo llevaron a los tres. Pero el único que sale asesinado es José.

El candombero José, el defensor José. En el living, la escultura hecha por Waldemar Moreira Zurbrigk parece respirar.

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–  En el 98, dos años después del asesinato, Ángel Acosta Martínez, el hermano, hace lo que se llamó el Homenaje a la Memoria: homenajear no tanto a José Delfín, sino a la memoria de todos aquellos afrodescendientes en Argentina.

Para esa fecha, Ángel dio clases gratuitas de candombe en varios espacios de la ciudad de Buenos Aires. Había que pintar la ciudad de memoria afro. En una foto en blanco y negro sobre la pared, se ve una gran comparsa, la Kalakan-Gue.

– La comparsa fue desde Pasaje San Lorenzo hacia el Cabildo. En general, las llamadas – explica Chagas en referencia a las marchas populares con tambores y baile- se hacen desde más o menos Pasaje San Lorenzo hacia Parque Lezama. Pero esa vez se invirtió para visibilizar la presencia y tener ese registro del candombe resurgiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Se visibilizó, no solamente el caso de José, sino también la presencia de los afroargentinos en este territorio, que hacía casi más de cien años que no transitaba por las calles.

La historia afro tiene mucho que ver con perder y recuperar. Los relatos de toda la Nación se destiñen a blanco: padres y madres de la patria, próceres y hasta sus caballos se blanquean en la imprenta de la historia. Aún así, la pérdida más grande es la identidad afro.

–  Venimos de la trata transatlántica esclavista. Las personas que habitan en estos territorios que hoy llamamos Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, somos toda la misma gente, traída en calidad de esclavos. Para mí, esto fue un genocidio que duró cuatro siglos y del que somos consecuencia.

La historia familiar de Sandra requirió cuatro generaciones para recuperar con total orgullo la identidad afro. “Mi madre no era candombera”, cuenta apresurada. Su bisabuela era una mujer criolla de arrugas profundas y mirada perdida. Su foto en blanco y negro reposa, desgastada, en el primer estante del armario familiar.

Primero, la bisabuela se casó con un hombre negro y después con uno blanco. Así, en la familia convivían los hijos negros con los blancos. El abuelo de Sandra era uno de los negros. Cuando le tocó cuidar a la próxima generación, fue determinante: tenían prohibido juntarse con “los negros que estaban en la esquina”.

–  Hoy todo el mundo quiere bailar candombe, quiere tocar candombe, como si hubiese sido fácil para la propia comunidad negra hacer entender a la propia familia lo que significaba para una. Para mi mamá era una contradicción no juntarse con esa gente que era su misma gente.

Mientras tanto, levanta uno de los cuadros. Una negra sonriente baila al compás de los tambores. La nieta rebelde, la madre de Sandra.

–  Su madre es negra, ella es negra, ‘¿por qué no me puedo juntar con esa gente?’, se preguntaba mi mamá. Pero vos ves que mi bisabuela es criolla.

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–  Ahora estamos viendo o viviendo un retroceso espantosísimo, donde lo que prima es todo lo que venga otra vez de Europa o de Estados Unidos, lo que venga de fuera… Sin mirar a la propia gente, ni lo que quieren, ni lo que desean, ni lo que piensan… Nada, las propias personas a las que se supone que gobernás o estás dirigiendo un país, ¿para quién? ¿Para qué? Porque no se está escuchando la voz de las personas, no se está escuchando la voz del pueblo. No hay un ida y vuelta. Es solamente tirar cosas que tenés que asimilar y chau – acelera.

De repente, se para en seco.

– Aquella ya está sacando fotos que me ponen más nerviosa. Estás sacando fotos de José igual, ¿no? Hay muchas con mi mamá también. Ellos bailaban juntos.

Arriba de la escultura, hay una foto de una Sandra joven en el Teatro Coliseo en una bailanta del Grupo Cultural Afro.

–  Hay otras fotos más – desliza mientras recorre la pared con la vista. A la derecha, una foto de su mamá en los 80 con el coro Kennedy.

La madre de Sandra bailó la prohibición familiar toda su vida. En esa época, se presentaba con Yavor, después con el Grupo Medio Mundo. Incluso, llegó a bailar en una obra de Egle Martin, una vedette y coreográfa argentina. Cada tanto, también le gustaba cantar.

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– Como mujer tenés otra carga más, porque sos mujer, sos negra, sos… 

– Soy lesbiana. Claro. Tengo el combo cuatro. Yo hablo de afrofeminismo. No puedo dejar mi identidad fuera del activismo, de nada. Es más, a veces hablo del afrolesbianismo feminista, porque en realidad soy afrodescendiente, soy lesbiana desde chica y llegué al feminismo. Ojo: no fue fácil llegar al feminismo.

Menos, cuando la liberación femenina se limita a pequeñas disputas que no cuestionan al sistema colonialista, capitalista y blanco. Un feminismo blanco de panel con cupo negro que excluye, que expulsa.

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–  Estoy estudiando la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús para poder seguir defendiendo los derechos de nosotras, las personas afrodescendientes.

Tras una pausa, Sandra toma aire.

– Vos pensá que en 1996, cuando asesinaron a José, nosotros éramos “los negros”. Igual no va a cambiar eso, ¿eh? Nosotros no necesitamos que cambie, pero sí que la sociedad entienda algunas cosas. Porque, por ejemplo, después de la Cumbre de las Américas de Durban, Sudáfrica (2001), nosotros tenemos derechos humanos. Ahí fueron reconocidos por la política internacional.

El derecho internacional está más presente de lo usual en las historias personales cuando se trata del colectivo afro.

–  Tuvimos que pasar por muchas cosas. Primero, salir de las cárceles. Después, de la esclavización, del apartheid, de la segregación racial. O sea, hay todo un combo. Y lo que siempre nos toca, a cualquier afrodescendiente, esté donde esté: el racismo, la xenofobia, la discriminación racial, la extranjerización -suspira y se le caen los ojos-. Nosotros siempre vamos a terminar siendo extranjeros.

¿Cómo llamarse? ¿Migrante? ¿Transhumante? ¿Afroargentino?

–  La gente se traslada. Las poblaciones se mueven y van de acá para allá. Yo me considero afrodiaspórica. Y lo digo así porque de las dos diásporas, de la primera, la de la trata, y la segunda diáspora, que son de los países latinoamericanos y sus dictaduras económicas.

Con catorce años, su familia la subió a un colectivo de larga distancia de Uruguay a Argentina. De a uno, fueron viniendo. No los persiguieron las cachiporras de los represores. Los expulsó la economía que hacía cerrar los números con la gente afuera.

–  Ahora no estamos en dictadura, aunque sí hay una dictadura económica. Te podés manifestar, el derecho a la protesta está acá, en Naciones Unidas… pero quieren imponer la cultura del miedo: no es que van a perseguir sólo a los indígenas, a los negros, es a todos los que estén en desacuerdo.

Pero cuando la tez se oscurece, los policías gatillan más rápido.

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Aún el caso de José Acosta no está cerrado en la Corte Suprema. Se agotaron las instancias nacionales y Argentina no se presentó a las internacionales de solución amistosa. Así que, en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expidió con una condena histórica. El racismo volvió a ser central para los organismos internacionales por la presión de movimientos como Black Lives Matter, creados con el caso de George Floyd, el ciudadano afroestadounidense asesinado en marzo de 2020 por la policía.

–  Ellos hace años que están teniendo un caso al que no le están dando bola. Hay un caso internacional que todavía lo tenés acá en la gatera. Y al que no le das viabilidad y al que dejaron muchísimo tiempo ahí en espera y espera y espera hasta que no había manera de poder tapar el sol con la mano.

Meses más tarde del violento asesinato de George, a fines de agosto de 2020, la CIDH falló en el caso José por primera vez acentuando la violencia policial por el “perfil racial” del asesinado.

–  A George lo filmaron, pero no había nadie que lo ayudara. José estuvo encerrado en una pieza donde lo golpearon hasta matarlo. Son dos cosas diferentes. No había nadie que filmara, ni que lo viera, ni que…O sea, ¿cómo probás todo lo que tenés que probar?

En la pregunta hay un aliento cansado, acarreado por generaciones.

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–  Hoy las Naciones Unidas hablan de George Floyd y crean un ente, el EMLER, que tiene que ver con un foro por los casos de asesinato. No solamente lo ponen a George Floyd como el caso paradigmático, sino que no visibilizan el caso de José Delfín Acosta Martínez, que es un único caso en toda Latinoamérica y el Caribe.

El caso de José sirvió para el caso de Lucas González: en la primavera de 2021, policías de civil, lo persiguen en auto y le disparan por atrás. Lucas salía del entrenamiento de un club de fútbol, tenía gorra y la tez marrón.

–  Otro caso que tiene que ver es el de Fernando Báez Sosa. Fernando Báez era argentino, pero sus padres paraguayos. Entonces, a él le corría la extranjerización. Esas once personas que lo golpearon hasta matarlo, mientras lo golpeaban, no le decían “marrón”, le decían “negro de mierda”. Hay toda una connotación racista contra el color de la piel, que no te veas blanco.

Cuando hablamos de racismo, tenemos que hablar de clasismo. Y de exclusión.

En la sala, la estructura de metal exhala al ritmo del tambor repiqueteado por siglos de pérdida, rebeldía y rabia.

«Llaman las viejas y venimos todos»

«Llaman las viejas y venimos todos»

Una multitud acompañó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su tradicional ronda de los jueves para repudiar el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei.

“Llaman las viejas y venimos todos, ¿no?”, había dicho un muchacho mientras saludaba a un amigo que recién llegaba a Plaza de Mayo. Se refería a las Madres de Plaza de Mayo, que hoy hacen la ronda número 2.412. Ahora, debajo de un gazebo blanco decorado con banderines de cartulina también blanca, Elia Espen dice que “hay cada vez más para decir. ¿Qué carajo están haciendo? A ver si alguien me lo explica. ¿Cómo puede ser que haya gente que no come, que haya chicos en la calle, que haya gente que se queda sin trabajo? No hay que quedarse callados. No olvidemos a nuestros desaparecidos”. Lo dice con un cartel que le cuelga del cuello, que tiene una foto en blanco y negro de su hijo Hugo Miedan. Él estudiaba Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires cuando en febrero de 1977 fue detenido, a los veintisiete años. 

Resulta que Elia cumplió 93 años hace poco. Las arrugas de su cara delatan parte de su edad, pero también dicen otras cosas, como que desde hace 47 años las Madres se juntan cada jueves en la plaza a las 15:30, una y otra vez, como si no conocieran el significado de la palabra “cansancio”. Las arrugas de Elia ahora se estiran porque está sonriendo. Su sonrisa, a diferencia de sus arrugas, delata un espíritu jovial, no dice nada de su edad. Indica que le gusta la canción que están tocando en vivo y en directo Los Sikuris. “Pañuelos blancos” se llama el tema. La música es para ella, como regalo de cumpleaños. “Te amamos Elia, el pueblo te acompaña”, expresa en forma de alarido una treintañera que está apretujada entre el tumulto caluroso que forman las personas que decidieron destinar dos horas de sus vidas para mantener viva la memoria sobre lo que pasó entre 1976 y 1983 en Argentina.

Uno de los banderines de cartulina blanca tiene escrita la palabra “Norita” entre corazones de color rosa. Es por Nora Cortiñas, que falleció en mayo. ¿Justo en mayo? Una referente de Madres dice ahora que ella “se fue físicamente pero su lucha continúa”. Un canto empieza a asomar tímido hasta que cobra fuerza. Dice así: “Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos”. Es Adolfo Pérez Esquivel el que habla en este momento. “Por más que quieran desmontar las secretarías de derechos humanos, aquí hay un pueblo de pie que no lo va a permitir. Tenemos que defender los centros de la memoria”, dice. Es que hace poco hubo trabajadores de esos espacios que fueron despedidos, al igual que otros tantos empleados del Estado. De ahí que esta ronda de las Madres tiene algo distinto. Al tradicional pedido de búsqueda de los desaparecidos con vida y de continuidad de los juicios de lesa humanidad, hoy se suma el reclamo para que la Unidad de Investigación de búsqueda de niños desaparecidos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad siga existiendo, y también el repudio ante los despidos en los Espacios para la Memoria y en todas las dependencias estatales. 

Algunos de esos despedidos están en este momento arriba de un escenario montado frente a la Casa Rosada. Junto a ellos están los referentes de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Educación, H.I.J.O.S. Capital, la Asociación de Personal de los Organismos de Control, la Federación de Trabajadores de la Economía Social y de la Asociación de Trabajadores del Estado, entre otras. También están presentes algunos referentes políticos. Pero la que se destaca en el escenario es Estela de Carlotto, que dice: “¡Qué lindo el sol, el cielo y ustedes! Gracias por estar acá porque hoy es un desafío. Es un pueblo que tiene alma y corazón con el recuerdo. Son treinta mil. Falta encontrar a los nietos, que todavía viven”. Un rato antes los trabajadores despedidos habían leído una solicitada en defensa de los Derechos Humanos. Mientras todo eso pasa en el escenario, en la vereda de la plaza unos jóvenes y los no tan jóvenes, hombres y mujeres, agitan carteles escritos a mano que piden por la liberación de los detenidos durante el día del rechazo a la Ley de Bases. “Libertad, libertad a los presos por luchar”, cantan a coro. 

Derechos torcidos

Derechos torcidos

En estos primeros seis meses de Gobierno de Javier Milei hubo un sistemático desmantelamiento de las históricas políticas de derechos humanos consensuadas en estos 40 años de democracia. Los casos de los programas del CAJ, el MECIS, la CONADI y el ERyA.

Masiva marcha por el Día de la Memoria en el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei. 

A seis meses de iniciada la gestión de Javier Milei, el Gobierno viene llevando adelante múltiples políticas regresivas en materia de derechos humanos, como la negativa de brindar datos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la reducción del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la eliminación del equipo de Relevamiento y Análisis de Archivos (ERyA) de legajos del Ministerio de Defensa y el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).

“Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, alerta un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este sentido, Marcela Perelman, integrante del organismo, sostiene que “esto tiene que ver tanto con una visión sobre el pasado y sobre la violencia estatal en el presente. No se trata de una discusión solamente histórica o jurídica, sino sobre todo política sobre el uso de la violencia ahora”.

Sin INCAA y sin memoria

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados de la Nación emitió un proyecto de resolución, presentado por la diputada Cecilia Moreau (Unión por la Patria), expresando preocupación por la situación del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), a partir de la decisión del Presidente del INCAA, Carlos Pirovano, de dejar sin funciones y pasar a disponibilidad al personal técnico profesional encargado de registrar los juicios por delitos de lesa humanidad.

En el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) convocó al INCAA para que se avoque al registro audiovisual de las causas por delitos de lesa humanidad. Para ello, el INCAA creó el MECIS. Así, hasta la fecha el equipo técnico profesional audiovisual registró 80 juicios en todo el país. El MECIS “posibilita un registro profesional de los juicios por delitos de lesa humanidad, que ya son ejemplo ante el mundo. Permite también que la sociedad conozca testimonios e incluso a los genocidas”, señala el protocolo de resolución de la Cámara de Diputados. Y destaca: “El archivo que generan desde MECIS permite que nuestro país tenga para siempre el registro del compromiso en Memoria, Verdad y Justicia”.

 Sentencia del juicio de lesa humanidad conocido como Puente 12 en 2018.  

El acceso a la información, afuera

A fines de marzo, el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, anunció despidos en distintas áreas. Una de las más afectadas fue el ERyA, en donde diez de sus trece integrantes resultaron cesanteados. Mientras que los restantes fueron trasladados a otras oficinas del Ministerio. Este es el caso de Iván Novotny, que anteriormente trabajaba para el ERyA: “Nos enteramos de los despidos de un modo muy cruel cuando la Dirección de Derechos Humanos actual se apersonó en el archivo y el director sacó una listita, adelante de trece compañeros, enumerando diez que no iban a continuar. Fue una forma muy inhumana y sin anticiparse, incluso cuando se le hizo propuestas de poder reformular el área. Los compañeros se pusieron muy mal y les destruyó la vida a varios”, dice Novotny sobre cómo se enteraron de los despidos en el último día hábil de marzo.

El ERyA fue creado a través del decreto 4/2010. “El trabajo principal del equipo era analizar, normalizar y sistematizar los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas para responder a requerimientos de la justicia principalmente sobre los delitos de lesa humanidad”, describe Novotny. Hasta el momento, los investigadores que formaban parte de esta área aportaron alrededor de 170 informes.

Sobre la importancia del equipo, sostiene: “Como trabajadores hacíamos eso porque creíamos en lo que hacíamos y creo que nos despidieron por lo que hicimos. Fue un gran aporte y por eso gracias a eso en nuestro país es este un ejemplo en derechos humanos y políticas de archivo. Esta política fue pionera a nivel mundial reconocida internacionalmente”.

Bullrich contra el derecho a la identidad

El lunes 27 de mayo el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, emitió un comunicado en sus redes sociales señalando que no brindarán a la CONADI la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado.

Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo y del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en diálogo con ANCCOM, señala que “Es bastante absurdo que hagan un comunicado público criticando a otro organismo del Estado. En todo caso esas cuestiones tendrían que discutirlas entre ministros. Yo nunca había visto una disputa pública de este estilo y ni siquiera contestada por el ministro de Justicia. La situación es muy extraña y llega al punto de escandalosa”.

La CONADI se creó en 1992. Desde Abuelas de Plaza de Mayo se venía insistiendo para que existiera un organismo técnico que se ocupara de aplicar los artículos sobre identidad de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2001, se sancionó la Ley 25.457, que ratificó las funciones de la CONADI como receptora de denuncias e impulsora de análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y por medio del decreto 715/2004 se le concedió la posibilidad de acceder a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. De este modo, “las leyes aplicables autorizan el acceso a la información cuando median razones de interés público, tal como sucede en los casos de la CONADI, en los que se busca reestablecer la identidad de personas apropiadas durante la dictadura o que fueron víctimas de redes de tráfico”, dice un comunicado de Abuelas al respecto. Sobre esto, Hazan señala que “Su desfinanciamiento y la obstrucción de su actividad de búsqueda viola la ley, además de los tratados y la Constitución, con lo cual, claramente esto acarrea responsabilidad internacional del Estado”. También enfatiza que llamar a la CONADI como un “organismo militante” es claramente un acto de provocación.

Sin acceso a la Justicia

Este lunes, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado señalando el cierre de múltiples oficinas del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). Este organismo se creó en el 2008 con el objetivo de condensar la atención de personas con derechos vulnerados, historias de vida que demandaban la resolución de problemáticas que cercenaban el acceso y goce a una ciudadanía plena. Desde una perspectiva de derechos humanos, y con el compromiso de fortalecer las instituciones del Estado, los CAJ se desplegaron a lo largo y ancho del país, con equipos profesionales interdisciplinarios del Ministerio y de diversos organismos del Estado.

Sin embargo, la cuestión del acceso a la justicia es de larga data en nuestro país. Julián Axat, escritor, abogado e hijo de desaparecidos señala que “fue durante la dictadura militar, por los años 80 y 81, cuando se comienzan a poner los primeros habeas corpus respecto a la desaparición de personas. Así, se inició el proceso de memoria, verdad y justicia. Después, con el tiempo, ocurrieron otras cuestiones, otras víctimas, como los vulnerados”. Y es allí donde el CAJ cumple un rol clave para que este sector pueda acceder a la justicia.

“El abandono y desfinanciamiento de políticas efectivas de acceso y derechos humanos hacia los más vulnerables, es coherente con el mandato que ve a la justicia social como aberración y obstáculo. Entonces lo remueven y en eso no hay algo maligno, son honestos con su mirada filosófica: descreen en la idea del acceso a la justicia. Por eso el abandono de los dispositivos de los territorios”, destaca Axat, sobre esta situación.

Banderas

“El proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe sostenerse y defenderse desde todos los poderes del Estado”, concluye el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la negativa del Ministerio de Seguridad de entregar información. En esta misma línea, Hazan destaca que “es necesario que la sociedad tenga más conocimiento de estos temas y que se puedan discutir en la agenda pública. Encontrar a los nietos apropiados en la dictadura ha sido una lucha encabezada por Las Abuelas de Plaza de Mayo con una gran legitimidad social y cada encuentro de un nieto ha sido un momento de alegría colectiva y de satisfacción y de alguna manera una búsqueda que ha implicado a toda la sociedad.”

Por otra parte, Hazan afirma que el Gobierno debería tener en cuenta que los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos están tomando nota de estas violaciones y de los obstáculos que se está poniendo a las instituciones que trabajan por la protección a los derechos humanos en Argentina. Ya han enviado comunicaciones distintos procedimientos especiales de Naciones Unidas, relatorías y grupos de trabajo, expresando preocupación y haciendo recomendaciones muy concretas y lo que ha sido desde el retorno a la democracia, una política de estado consistente que puso a la Argentina en un lugar de reconocimiento y visibilidad.

“No hay que darse por vencido. Hay que continuar generando propuestas, quizás reinventándose también, viendo de qué modo se llega a los jóvenes y a la sociedad, tal vez con otros proyectos, pero siempre con los derechos humanos como bandera”, dice Novotny. “Hay que darnos el lugar para ser creativos, proactivos, probar nuevos lenguajes y no quedar acorralados a la defensiva”, concluye Perelman.

Hay equipo

Hay equipo

El Equipo Argentino de Antrpología Forense cumple 40 años identificando restos humanos de víctimas de la dictadura militar, un trabajo que trascendió fronteras, habilitó exhumaciones en más de sesenta países y permitió conocer la identidad de los soldados enterrados como NN en Malvinas.

“Los huesos hablan, acusan, cierran heridas, abren nuestros caminos de lucha, alimentan la memoria”

Nora Cortiñas

 

La sala de reuniones es grande. Hay una mesa larga y una biblioteca llena de libros, todos numerados. Las paredes, al igual que la mesa, son blancas. Encima de ella no hay más cosas que unos folletos rojos que dicen “Tenés una historia, tenés un derecho. Equipo Argentino de Antropología Forense”. La sala es grande, pero no lo suficiente como para albergar simultáneamente a los más de 60 integrantes del equipo.

Virginia Urquizu está sentada en la cabecera, tiene el pelo recogido en una media cola y sus manos están apoyadas en la mesa. Es investigadora y también la coordinadora del Área de Casos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Trabaja en él desde 2007 y su rol fue evolucionando con el paso del tiempo a la par del equipo. Ingresó trabajando en atención a los familiares en el marco de la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas. Hoy se encarga del trabajo con las familias, la toma de entrevista, las notificaciones y el proceso de restitución.

“El equipo se divide en diferentes áreas y todas cuentan con un coordinador. Entre las más destacadas se encuentran las Unidades de Casos, Búsqueda, Comunicación e Informática, y el Laboratorio Antropológico y el de Genética Forense”, cuenta Urquizu. Y agrega: “Trabajar en el área que yo coordino implica la necesidad de tener mucho cuidado ya que estamos ante personas que están pasando por una situación muy dolorosa. Estamos ante una familia que está con una búsqueda que viene arrastrando hace décadas y que no tiene muchas certezas sobre lo que pudo haber pasado con su familiar”.

Durante los años de 1976 y 1983, la Argentina atravesó la dictadura militar más cruda y violenta de su historia, la cual estuvo caracterizada por la desaparición sistematizada y forzada de personas a lo largo de todo el país. Estas desapariciones implicaron no solo una violación hacia los derechos humanos sino también un crimen de lesa humanidad. Al día de hoy, el paradero de la mayoría de las más de 30.000 personas sigue siendo aún desconocido.

En 1984, en el marco de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, aparece la figura de Clyde Snow, un antropólogo forense texano convocado para darle inicio a las exhumaciones y el análisis de los restos óseos de los posibles desaparecidos en dictadura. Para ayudarlo a realizar esta labor, Snow junta a un grupo de cuatro estudiantes de no más de veinte años cuyos nombres pasarían a la historia. De esta forma, Luis Fondebrider, Patricia Bernardi, Mercedes Doretti y Morris Tidball Binz fundan el Equipo Argentino de Antropología Forense, que el pasado 23 de mayo cumplió 40 años.

Con el transcurso de los años, el equipo fue expandiéndose y captando a más jóvenes estudiantes, como es el caso de Silvana Turner, investigadora y antropóloga forense que ingresó al EAAF en el año 1988, cuando todavía era un proyecto muy reciente y desconocido. “El equipo no era como lo conocemos hoy. El campo forense todavía no se había constituido como tal, por lo que no estaba en el horizonte de lo posible verlo como un proyecto profesional para estudiantes o inclusive para los mismos profesionales. Al equipo lo fuimos conformando nosotros a partir de la experiencia en esos años”, expresa Silvana a ANCCOM un par de días después, ya que el día de la visita al equipo la antropóloga se encontraba ausente.

“Se tuvo que ir a una excavación urgente. Son cosas que pasan acá, ¿viste?”, bromea Lucas Guagnini, el Coordinador de Prensa y Comunicación del equipo, cuando pregunto por ella. Hace 36 años que la antropóloga forma parte de este proyecto y ella, al igual que el equipo, fue cambiando de labores. Hoy, se ocupa de temáticas relacionadas a migrantes, femicidios, desapariciones forzadas y pueblos originarios. Para Silvana, cada uno de estos casos se vive de forma distinta, principalmente porque cada situación es una experiencia diferente a las otras. No todas se dieron en las mismas condiciones ni tampoco en los mismos lugares. “El EAAF empezó para dar respuesta a una demanda muy puntual que era la búsqueda de los desaparecidos. Y después, esa experiencia trascendió a otros países y otras búsquedas”, explica la investigadora.

Actualmente, la sede principal del equipo antropológico está localizada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, aunque no siempre se encontró allí. El equipo operó en un edificio en el barrio de Once hasta 2017, cuando Abuelas de Plaza de Mayo le cedió un galpón de la Casa por la Identidad para que muden su trabajo a este sitio. Este cambio tuvo una gran importancia simbólica para ellos. Como expresó uno de sus miembros fundadores, Luis Fondebrider, en la firma por el convenio de uso entre ambas instituciones: “Es un orgullo poder estar con ustedes, creo que de alguna manera el círculo se cierra”.

“Nosotros acá recibimos a las familias. Hay algunas que prefieren no venir. Entonces todas esas cosas las tenemos en cuenta. En ese caso nos movemos nosotros a sus casas o buscamos una lugar alternativo para encontrarnos y llevar a cabo la entrevista y la toma de muestras”, aclara Virginia. Y añade que la mudanza al espacio de la exESMA implicó asimismo una ampliación de su espacio de trabajo: “Estar acá nos permitió tener un laboratorio antropológico mucho más grande y poder tener el resguardo de manera más prolija y cuidada los restos óseos que tenemos en custodia”.

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El Laboratorio de Antropología Forense es el lugar más amplio del galpón. En él hay siete mesas sobre las cuales reposan diferentes variedades de huesos humanos. Esqueletos completos y en buen estado; otros, parciales y más destrozados; hasta cráneos rearmados como si fueran piezas en un rompecabezas. Al fin y al cabo, lo son. Son las piezas que ayudan a descifrar un enigma que sólo ellas pueden esclarecer. Todos los huesos tienen una historia propia para contar si uno está dispuesto a escucharlos.

Gala Maruscak sabe cómo hacerlo. Es antropóloga forense y pertenece al equipo desde 2015. Vestida con un sweater colorido, en contraposición con la sobriedad de la habitación, está sentada en frente de un esqueleto. Sus manos se van posando sobre él como si hubiesen sido creadas para ello. De a ratos, se va turnando entre la mesa donde yacen los huesos anatómicamente acomodados y el microscopio del laboratorio. Mientras trabaja, cuenta que estos restos en particular fueron recuperados en el sitio de inhumación clandestina Pozo de Vargas, utilizado por la última dictadura militar en la provincia de Tucumán para enterrar cuerpos de personas desaparecidas. Ahora están siendo analizados como posibles casos de interés pericial para el proyecto que está llevando a cabo el EAAF desde sus comienzos. Sin embargo, desde 1984, el equipo fue ampliando su abanico de trabajos a lo largo del mundo.

Actualmente, en Argentina el Equipo tiene en curso tres proyectos fuertes: el ya mencionado Lesa Humanidad, que busca devolverle la identidad a los desaparecidos durante la última dictadura argentina; Desapariciones Contemporáneas, basada en la búsqueda de aquellas personas desaparecidas en democracia; y el Plan Proyecto Humanitario Malvinas, que pretende identificar a los excombatientes enterrados sin nombres en las islas. Sobre este último, hay que remarcar la tarea impecable que realizó el equipo, ya que de los 122 cuerpos exhumados quedan solo cinco sin identificar.

Por otra parte, en el exterior, uno de los trabajos que más resalta es el Proyecto Fronteras, cuyo objetivo es identificar a aquellos migrantes que pasan por el corredor migratorio constituido por Centroamérica, México y Estados Unidos. Además de esta labor, el EAAF trabaja tanto en el país como en el resto del mundo formando y capacitando a otros equipos forenses para que puedan dar respuestas a los requerimientos que sus países necesitan.

Los restos recuperados de estos proyectos son analizados y archivados por el equipo bajo un código específico. En el caso de Lesa Humanidad, la codificación consta del nombre del cementerio y la fosa de donde fueron encontrados. Por más distintos que parezcan, todos tienen algo en común: están unidos por el deseo de que esos huesos transformen sus códigos en un nombre y un apellido. En que recuperen su identidad.

Virginia Urquizo, Coordinadora de la Unidad de casos e investigadora del EAAF.

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El Banco de Sangre, por el contrario, es la sala más chica. No supera el tres por tres y la mayor parte de las paredes se encuentran tapadas por las archiveras metálicas donde se guardan las muestras y los formularios. Nuri Quinteiro está parada enfrente de un cajón abierto y lleva puestos guantes blancos de látex. Mientras saca un pedazo de papel secante de un sobre de madera, enuncia: “Cada proyecto tiene una codificación diferente. Acá tenemos muestras de Lesa de Argentina, muestras internacionales, muestras de Malvinas… Cada una cuenta con un formulario que tiene los datos personales del donante y de la persona desaparecida”.

Nuri Quinteiro es la coordinadora de la Unidad de Identificación y trabaja codo a codo con el Laboratorio de Genética localizado en Córdoba. Desde la sede central, el equipo manda al laboratorio la información sobre el donante y el desaparecido de forma anónima. Cada uno de ellos está representado por un código de barras diferente. “Cuando nos avisan que hay un match genético, ahí nosotros entramos a la base de datos para saber a qué persona se refiere. Para ver qué donante está dando con qué desaparecido”, explica la coordinadora.

Fundado en el 2006, el Laboratorio de Genética Forense está especializado en la identificación de muestras óseas cuyo estado se encuentra altamente degradado. Fue una incorporación clave en el desarrollo del equipo forense para la optimización de las búsquedas y reconocimientos de restos. “La incorporación de la genética a partir de los 90 cambió mucho nuestro trabajo. Cuando se comienza con el análisis genético hay un salto muy importante”, expresa Virginia al respecto.

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De vuelta en la sala de reuniones. Virginia mira el folleto que tiene frente a ella en el que se lee: “Tenés una historia, tenés un derecho”. Toma uno en sus manos y finaliza diciendo: “Es necesario plantear la importancia de que los familiares se sigan acercando. De los 1.400 restos que pudimos recuperar, hay 600 que no están identificados y por eso seguimos buscando a las familias que hasta ahora no se han puesto en contacto con nosotros. Sabemos que la búsqueda que realizamos es una búsqueda particular. No estamos buscando personas vivas. Estamos buscando personas que murieron. Hay familias que no están en condiciones de iniciar esa búsqueda, de dar ese paso. Somos totalmente respetuosos con las decisiones personales. Pero sepan que hay una red esperándolos para poder tomar esa muestra y poder compararlo con los cuerpos que aún no han sido identificados”.

Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, tenés derecho a saber si fue encontrado y es uno de los 600 cuerpos bajo resguardo del EAAF que aún no fueron identificados. Podes contactarte: 0800-3453236.

Sonrisa eterna

Sonrisa eterna

A las 92 años murió Lita Boitano, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En tan solo un año, la dictadura le secuestró a sus dos hijos, Adriana y Miguel, y la empujo a ella al exilio. Sin embargo, los represores nunca pudieron robarle la sonrisa. Desde entonces, se convirtió en una incansable activista y defensora de los derechos humanos, militancia que sostuvo de manera inquebrantable hasta hoy, cuando su vida se apagó en el mismo momento que se iluminó su legado. su despedida fue en la Legislatura porteña.