Sí, hay plata

Sí, hay plata

Mientras el presidente Javier Milei ajusta a la clase media y baja, un grupo de organizaciones está desarrollando un proyecto de ley para crear un Fondo Alimentario de Emergencia que sirva para contener la crisis social que vive el país.

“¿De dónde sacamos la plata?”, es el argumento que repiten casi al unísono legisladores, funcionarios y militantes ligados al presidente Javier Milei cada vez que reclaman recuperar el poder adquisitivo algunos de los sectores más golpeados por el ajuste de La Libertad Avanza, como los jubilados y los docentes y estudiantes universitarios.

Esa trampa matemática sirve para echar por tierra cualquier intento de evadir el ajuste impulsado desde la Casa Rosada por un mandatario que proclama sin tapujo alguno su anhelo por ser “el topo que destruye el Estado desde adentro”, y lo está cumpliendo. Tanto la recomposición para los adultos mayores como el incremento razonable al presupuesto universitario se encontraron con el veto presidencial y una frase que repite casi tanto como un mantra: “No hay plata”.

La misma suerte corrieron los comedores comunitarios que hay desperdigados por todo el país y que no sólo no recibieron ayuda de parte del Gobierno, sino que también tuvieron que recurrir a la Justicia para que el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello se digne a repartir alimentos que estaban guardados en galpones y a punto de expirar, en un contexto con casi un 53% de pobreza a nivel nacional.

¿Qué pasa si, en realidad, sí hay la plata suficiente para cumplir con la demanda de alimentos que existe actualmente en la Argentina? Esa es la premisa que impulsa a diferentes organizaciones sociales nucleadas en Territorios en Lucha para exigirle al gobierno de Javier Milei que cree un Fondo Alimentario de Emergencia. El pedido no quedó únicamente en palabras, ya que se está elaborando un proyecto de ley que especifica de dónde saldría el dinero para hacerle frente al hambre que hay en el país.

“Venimos planteando la necesidad de tener una propuesta común para debatir con la sociedad esta situación que estamos atravesando fundamentalmente respecto del empobrecimiento y la cantidad de personas en situación de indigencia, algo que nosotros vemos cotidianamente en nuestros comedores”, explica la dirigente de Libres del Sur e impulsora de la iniciativa, Silvia Saravia. El trabajo de Territorios en Lucha va por el mismo andarivel que la campaña que encabeza el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que se llama “La peor violencia es el hambre”, junto a iglesias católicas y evangélicas. En el mismo reclamo también se encuentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo principal referente es el dirigente social y exprecandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois.

“Creemos que además de protestar y denunciar lo que está saliendo del Gobierno, hay que llevar propuestas al Poder Legislativo. Así que por eso es que desde distintos sectores fuimos construyendo este proyecto de ley que todavía no está terminado, es una propuesta que puede seguir teniendo algunos aportes y esperamos lanzar una gran campaña para plantear que sí hay plata en Argentina”, sostiene la dirigente. “Si existiera la decisión política podrían desplegarse políticas públicas para al menos paliar la situación de hambre en Argentina o de malnutrición y la dificultad de acceso a los alimentos saludables”, agrega Saravia. Por eso, comenzará una ronda de reuniones con todas las bancadas para que la iniciativa reciba eventuales aportes y el impulso de alguno de los bloques para llevarla finalmente a las comisiones y al recinto.

¿De dónde la sacamos?

El borrador del proyecto de ley estipula la creación del Fondo Alimentario de Emergencia (FAE), dependiente del Ministerio de Capital Humano, para desarrollar políticas relacionadas al derecho a la alimentación y la desnutrición. A diferencia de la reforma jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario, esta iniciativa contempla de dónde obtener el dinero para cubrir con los costos que se necesitan para cubrir un fondo de tal magnitud.

En líneas generales, comprende la instauración de un impuesto a las ganancias para jueces y funcionarios judiciales, intereses de depósitos en entidad financieras y las sociedades argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, conocidas como ADR; el cobro de bienes personales a los inmuebles rurales y depósitos en entidades financieras; la quita de la exención impositiva a la actividad minera y la economía del conocimiento y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los directores de sociedades.

Además, contempla la tributación presunta basada en el volumen de negocios de las 500 empresas más grandes del país, la alícuota del Impuesto de Bienes Personales para las 50 primeras fortunas, el tributo con alícuota de 15% a los salarios de legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo y el recupero de impuestos por mayor demanda de alimentos en el mercado interno, entre otros.

“El cálculo que nosotros hicimos fue de un fondo que necesitaría casi 18 mil millones de dólares. Y todas las fuentes de financiamiento que proponemos llegan a contabilizar casi 40 mil millones de dólares. O sea, se duplica la cantidad de fondos para llevar a cabo esta propuesta”, explica Saravia.

“Hemos visto que desde varios sectores se ha comenzado a cuestionar que no se avance sobre lo que sucede con los bienes personales, o con algunos incentivos a lo que es la economía del conocimiento y excepciones de IVA totalmente injustificadas porque se les hace a empresas que tienen muchísimas ganancias. Entendemos que también hay otros sectores que cuestionan el hecho de que se refuerce un sistema impositivo regresivo como el que tenemos hace muchos años, en lugar de que paguen más impuestos los sectores que no solamente tienen más ganancias, sino que tienen la mayor cantidad de dinero en propiedades”, detalla.

“Hay algunas cuestiones que realmente no tienen lógica en un contexto donde el Presidente dice que no hay plata para determinadas cuestiones. Entonces, nosotros decimos que sí, hay plata: hay sectores que hoy tienen grandes fortunas y grandes ganancias y reciben exención de impuestos, o subsidios que no deberían tener”, remarca. Esta iniciativa choca con el discurso de la Casa Rosada, que insiste en que el Gobierno nacional se está ocupando de las clases más bajas y critica a las gestiones que pasaron anteriormente por el palacio presidencial.

“Ellos creen que el tema está resuelto porque han aumentado los montos de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal, que son transferencias que evidentemente han aumentado mucho. Lo que pasa es que ellos no contemplan que aún con eso, hoy tenemos el doble de indigentes en Argentina”, analiza Saravia. “Evidentemente, la situación es muy dramática y muy crítica. Estas herramientas son todas propuestas que hemos hecho desde las organizaciones, pero no como la solución, sino como paliativos ante situaciones críticas, porque nosotros estamos muy lejos de pensar que la solución es un plan social o un comedor comunitario”, sostiene.

De raíz

“La solución es otro modelo productivo, o un sistema impositivo progresivo y no regresivo. O sea, hay otras cuestiones que para nosotros son de fondo que deberían modificarse. Creo que tienen una miopía respecto de no ir más allá. Ven cerquita, ven su entorno, pero no terminan de ver las consecuencias gravísimas a las que están llevando a la población”, insiste la referente de Barrios de Pie. Al hablar del modelo productivo, un dato que no puede pasarse por alto es que la Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas aproximadamente, pero más de la mitad de su población está bajo la línea de la pobreza. Para Saravia, la explicación es que el país tiene “un modelo productivo extractivista”.

“No importa si se produce y el costo de esa producción envenena el agua o envenena la gente que vive cerca de esos lugares donde se siembra, sino que lo único que importa es cuánto se vende el extranjero y cuántas divisas ingresan. Ese modelo lamentablemente hace rato que no se modifica. No es algo nuevo, es histórico, que solo en breves periodos tuvo algún cambio, pero que hoy se está profundizando”, argumenta.

En un contexto en el que 2 de cada 10 personas están bajo la línea de la indigencia, Saravia considera que ese es el primer problema para atacar: “Eso debería ser posible en un tiempo corto con las características que nosotros tenemos en nuestro país respecto de los recursos naturales y las posibilidades de producir alimentos, Estoy convencida que es algo que puede resolverse rápidamente si hay voluntad política”, analiza. A su criterio, “la pobreza tiene que ver ya con algunas otras cuestiones, cómo generar un modelo productivo diferente, pero eso más en general, con desarrollo soberano. No estar pensándonos como un eslabón primario cumpliendo el rol de producción primaria, sino como un eslabón en las economías regionales y mundiales de producción con tecnología y agregado de valor propio. En esas condiciones, yo creo que ahí podríamos hablar de pobreza cero”, agrega. Saravia concluye: “Uno piensa en la urgencia, seguramente, que es lo que ha pasado durante todo este tiempo y ese es un problema. Desde el primer momento hay que pensar en el mediano plazo, sabiendo que iniciaste el camino para revertir esa situación”.

Jubilados sin remedio

Jubilados sin remedio

Los adultos mayores se movilizaron frente al PAMI para reclamar la provisión de los medicamentos gratuitos que fueron eliminados de la cobertura social por el gobierno de Javier Milei.

Este viernes se llevó a cabo una gran movilización por parte de jubilados y agrupaciones políticas frente al PAMI, con el objetivo de reclamar por la devolución de la cobertura del 100% de los medicamentos. La manifestación comenzó a las 11 de la mañana en Avenida Corrientes 655, donde el organismo tiene su sede central, y concluyó con un semaforazo en Florida, cerca de las 13.

Carteles, banderas y cánticos, fueron los elementos esenciales para demostrar que los adultos mayores cuentan con fuerza para hacerse escuchar. La utilización de un megáfono en la vereda permitió que todos los jubilados que quisieran hablar de la situación que atraviesan, pudieran hacerlo. El semaforazo comenzó justo al mediodía y se convirtió en una tácticas que permite visibilizar sus reclamos.

Una de las manifestantes que se hallaba en el lugar fue Olivia Riquelme de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL),  quien indicó a ANCCOM la importancia de luchar y que los jubilados se sumen a estas convocatorias, que tienen como fin la recuperación de los derechos perdidos. “Estoy movilizándome por los jubilados, por nosotros mismos, porque nos sacaron la medicación. Teníamos el 100% que nos daban y ya no la dan. Están dando alguna medicación oncológica, pero conseguirla te cuesta tu vida. Somos adultos mayores y se perdió la conciencia de respeto hacia los más grandes”, dijo y agregó: “Tengo psoriasis y tenía que usar la crema de Bagó que pagaba 20.000 pesos;  usaba cuatro pomitos, lo que da un total de 80.000.  Mi jubilación llega a 300.000 pesos y en el hospital público, un preparado solucionó el problema: me lo daban gratis. ¿Cómo no voy a defender a quiénes se preocupan por la gente?”.

Una de las particularidades que se observaron en las horas de movilización hacia el PAMI fue que no todos eran jubilados nucleados en organizaciones políticas. También, se hicieron presentes adultos mayores independientes y que nunca había tenido contacto con una manifestación de este tipo, como María Elena Rodríguez, quien realizó más de 41 años de aportes y se jubiló como operaria de una fábrica. “El PAMI es de todos los trabajadores que aportamos, les pido a todos los jubilados y estudiantes universitarios, que salgan a la calle a luchar. Yo fui operaria de fábrica, me movilizo por mis hijos, mis nietos y los que van a venir. Debemos ganar la calle, así como lo hizo el Posadas, el Bonaparte, ahora hubo despidos de vuelta y voy a salir a luchar de nuevo, porque apoyo a los médicos”, dijo.

“Tengo tiroides, problemas circulatorios y el aumento del valor de los medicamentos es muy elevado. Estoy harta, que se dejen de gastar plata en tanta represión, porque los jubilados no traemos agua caliente como dicen algunos noticieros: ni palos, ni piedras. Somos gente profesional, yo nunca salí a protestar, pero hoy gané la calle y voy a morir de pie, no de rodillas”, añadió María Elena.

Por otra parte, hay jubilados que se movilizan todas las semanas para hacer visibles sus peticiones, como es el caso de Mónica que se desarrollaba como editora. Forma parte del Plenario de Trabajadores Jubilados que se reúne una vez por semana. “Estoy acá como todos los miércoles, porque la situación de los jubilados no da para más. Nos vienen relegando desde hace añares, pero en estos últimos meses la situación se agravó a pasos agigantados. A este gobierno lo único que le interesa son los beneficios de las grandes empresas y el sistema financiero, la situación de los trabajadores no la mira.”

“Aporté 35 años, no cobro la mínima y no me alcanza –agregó-, eso que estoy sana, si tuviera que pagar remedios, no podría vivir. La jubilación no tiene ninguna relación de lo que sería mi salario en la actualidad, es solo el 30% de lo que debería ser”.

No todos los que se encontraban presentes en la lucha de esta mañana son de PAMI, Ana  tiene OSECAC, es jubilada y trabajó 17 años en Entel, cuenta con 75 años y milita en Jubilados de Izquierda. “Tenía la jubilación mínima, pero gracias a que gané un juicio, gano un poco más ahora, pero no es suficiente para vivir. El bono quedó parado en 70.000 pesos y eliminaron los remedios gratuitos, es un desastre este gobierno. Tomo medicamentos para la columna, gasto más de 150.000 pesos al mes, pero tengo casa propia. El abuelo que tiene alquiler y expensas, se muere porque no llega a pagar los medicamentos.”, dijo.

Una de las cosas que más resonaron en la marcha es que los jubilados siempre fueron uno de los grupos más excluidos de la sociedad. Para Mónica, la militante del Plenario de Trabajadores Jubilados, “ningún gobierno piensa en los jubilados, Cristina nos vetó el 82% móvil, con el mismo argumento que Milei: No hay plata. Plata hay, porque es nuestra plata y el Estado vive de los jubilados, porque nuestros aportes han servido hasta para pagar la deuda externa.”.

La marca es lo de menos

La marca es lo de menos

Un estudio de la consultora KANTAR señala que el 54% de los porteños ha dejado de consumir alguna marca preferida para privilegiar mejores precios. Desconfianza con las ofertas de los supermercados.

Ofelia, una jubilada que busca precios de los trapos de rejilla en la góndola en un supermercado en el barrio porteño de Balvanera, declara  que siempre busca promociones y que “la marca es lo de menos, hay productos que no son de primera y son buenos igual. Importa la calidad”. Amalia Maretto, otra jubilada que está haciendo sus compras semanales en un súper de Vicente López, señala que hay algunas marcas que dejó de consumir: “Antes compraba Coca Cola. No era una cosa de todos los días, pero una de vez en cuando me llevaba”.

Esos casos muestran cómo el consumo minorista sufre las consecuencias de la crisis económica. Ocho de cada diez argentinos compran sus marcas preferidas sólo si están en promoción o descuento y algunos sectores han dejado de consumir ciertas categorías, según un informe de Grupo KANTAR al que accedió ANCCOM. Esta es una tendencia que persiste desde marzo, advertida en un estudio anterior realizado por la misma consultora.

En la encuesta desarrollada a principio de año, la principal conclusión fue que sólo 3 de cada 10 pudieron mantener sus hábitos de consumo sin tener que resignar categorías o acudir a alguna promoción. En esta edición del informe sobre el segundo trimestre del año, el dato negativo se mantiene. Pero, a la vez, los resultados sugieren una “recuperación segmentada”, según destaca Estefanía Lestanquet, Account Manager de KANTAR división Insights.

Mientras que jóvenes, residentes del interior del país y personas pertenecientes a niveles socioeconómicos altos declararon que continúan consumiendo sus marcas de preferencia a un nivel mayor que el primer trimestre, en adultos mayores y habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha visto una profundización en los cambios de hábitos de consumo.

En el caso particular de los adultos mayores, un 40% contestó que ha dejado de comprar algunos productos y no los ha reemplazado. Esto se relaciona, afirma Lestanquet, con otros estudios que señalan una caída de los ingresos de este sector.

En paralelo, un 54% de los porteños contestó que optan por opciones más económicas que sus marcas preferidas. Lestanquet remarca que este aumento puede explicarse con que en febrero la ciudad “todavía no se había ajustado”, pero que en el segundo trimestre se efectuaron los aumentos en servicios y transporte. “Quizá, ante gastos fijos más altos, se empieza a recortar en estas cosas”, comenta.

En este marco, los consumos del día a día son regidos por estrategias que tienen el objetivo de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Lestanquet subraya que 7 de cada 10 encuestados “planifican sus compras en base a los descuentos y promociones que hay en ese momento”.

 

Los consumidores tienen como los mayores ofertantes de descuentos y promociones a los supermercados (un 54%) y a las aplicaciones de pago (un 39%), por encima de los bancos y de las propias marcas. En base a ello, programan y generan estrategias a la hora de realizar sus compras. Por ejemplo, Juan Regueiro, de 29 años quien hace sus compras en la ciudad bonaerense de Mercedes, asegura que  usa “Mercado Pago para todo. Por ejemplo, compro todos los miércoles que hay descuento en supermercados Día”.

Pero, a su vez, crece la desconfianza en los supermercados, marcas y bancos, reclamando una baja real del precio. “Observamos un consumidor que pide más transparencia. Las promociones son súper importantes, pero hay un paso más al pedir una baja real para poder acceder a algunos productos”, apunta Lestanquet.

En ese sentido, el 89% de los encuestados cree en alguna medida que los supermercados suben los precios antes de aplicar un descuento, mientras que el 71% siente que termina gastando más por tener que comprar más artículos para obtener algún beneficio.

En relación a esto, según el estudio, los consumidores le reclaman a los bancos los bajos topes de reintegro que implementan en el marco de sus promociones. Por otro lado, a las marcas les recriminan que tienen que comprar más productos para acceder a beneficios, como es el caso de las ofertas 2 x 1 o los descuentos a las segundas unidades.

“Obviamente, el contexto recesivo muestra estos hábitos y ésta mayor importancia de las promociones. Hay segmentos que dejan de consumir y no las reemplazan por otras, eso es un dato bastante fuerte y creo que va muy de la mano con el dato de pobreza que se conoció el mes pasado”, cierra Lestanquet.

La ronda de los martes

La ronda de los martes

Con el impulso de organizaciones sociales y la presencia Adolfo Pérez Esquivel y Paco Olveira comenzaron los “martes por la resistencia pacífica”, una convocatoria semanal frente al exministerio de Desarrollo Social para “denunciar las injusticias, los atropellos y la violencia que ejercen los poderes de la muerte, enquistados en estas formas de gobierno”.

«Como nos enseñaron nuestras Madres de Plaza de Mayo, que cada jueves resisten en la Plaza, y como lo hacen nuestros jubilados y jubiladas todos los miércoles frente al Congreso, nosotros también decidimos reunirnos todos los martes a las 15:30 para seguir ese mismo camino de resistencia pacífica», expresó Francisco Paco Olveira, cura y miembro del grupo Opción Por Los Pobres, al inciar el primer encuentro de la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, que tuvo lugar hoy frente al exministerio de Desarrollo Social.

Bajo el lema «¡Basta de hambre! ¡La vida reclama!», un grupo de organizaciones cristianas y de Derechos Humanos como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Curas Villeros, Curas en Opción por las y los Pobres (COPP) entre otros, se congregaron para exigir, a través de una resistencia pacífica, respuestas ante la creciente pobreza y el hambre que afecta a miles de familias en Argentina. La convocatoria reunió a personas de todas las creencias y también a artistas que participaron con música y poesía como forma de denuncia. La convocatoria, prometen, se realizará todos los martes.

En su intervención, Olveira destacó la necesidad de unirse para «terminar con el hambre en nuestra patria». Señaló el simbolismo del lugar de la convocatoria: «Estamos frente al Ministerio de Capital Inhumano, bajo la imagen de Evita. Su rostro que mira al norte refleja la bronca, porque allí se come bien, mientras que su mirada hacia el sur expresa cariño, porque ahí están sus pobres, aquellos que hoy no tienen para comer».

Luego, el pastor Diego Mendieta, de la Pastoral Social Evangélica, reforzó este mensaje, llamando a «construir escenarios que nos convoquen» y a «estar en la calle junto al pueblo, levantando la voz». Subrayó el trabajo territorial de las organizaciones de la Mesa Ecuménica a través de merenderos y comedores, y agregó: «Necesitamos construir una diaconía profética capaz de abrazar a los débiles y sentir el dolor ajeno, pero también de denunciar las injusticias, los atropellos y la violencia que ejercen los poderes de la muerte, enquistados en estas formas de gobierno y políticas que solo buscan robar la dignidad y la felicidad a nuestro pueblo». Además, enfatizó que «no habrá paz sin justicia social, económica, ambiental y de género».

Después de la intervención de Mendieta, el encuentro continuó con la lectura del Evangelio y canciones interpretadas por el grupo La Tranquera. Finalmente, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tomó la palabra: “Tenemos que unirnos en la diversidad para construir un nuevo amanecer. El pueblo argentino ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistencia y rebeldía contra las injusticias”.

Pérez Esquivel destacó que «sin pan y sin trabajo no habrá paz», recordando que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino «una dinámica permanente de relaciones humanas, de compartir el pan y la libertad», y lamentó que en Argentina hoy esto no exista. También hizo un llamado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiendo una reunión urgente para dialogar: “Es cruel e inhumano que toneladas de alimentos estén secuestradas sin ser compartidas con el pueblo que lo necesita”.

El activista también remarcó que una verdadera democracia debe significar «derecho e igualdad para todos y todas, no solo para algunos que se enriquecen a costa de los pobres», y criticó al gobierno por priorizar los números sin considerar que detrás de ellos «hay rostros de niños, hombres y mujeres que reclaman una vida digna».

En diálogo con ANCCOM, Pérez Esquivel profundizó en su análisis sobre la crisis actual: «Que Argentina, que produce tantos alimentos, tenga niños desnutridos y jubilados que no llegan a fin de mes es el resultado de malas políticas que están destrozando el país. En el norte, les están quitando hasta el agua para favorecer a las mineras», señaló, responsabilizando a los gobernadores que, según él, «son testaferros del gran capital».

También expresó su preocupación sobre el gobierno de Javier Milei: “Lo que más me preocupa no es Milei, sino los diputados y senadores que le votaron todo y entregaron el poder, traicionando al pueblo argentino”. Y finalizó: “Necesitamos construir otras alternativas sociopolíticas, culturales y económicas».

 

El gas levanta vuelo

El gas levanta vuelo

Unos veinte millones de argentinos utilizan gas envasado en garrafa para cocinar y califaccionar sus hogares. Desde que se desreguló su precio hace dos meses, su costo se duplicó. Las defensorías del Pueblo exigen que se declare un servicio esencial y que se fijen valores máximos.

El 19 de agosto mediante la resolución 216/2024 la Secretaría de Energía dirigida por Eduardo González Chirillo desreguló los precios del gas licuado de petroleo (GLP). La decisión fue con el objetivo de  acordar con “los principios de la libertad de mercado” y los lineamientos del Decreto 70/2023. Así, la nueva reglamentación dejó de lado la aplicación de precios máximos de referencia para las etapas de fraccionamiento,  distribución y venta al público de garrafas. Esto, según el Gobierno, llevaría a acomodar precios y lograr estándares de calidad internacional. A casi dos meses de su aplicación, en cambio, los usuarios sufren el alza de precios, reclaman por la baja calidad del gas y las defensorías del Pueblo piden que sea declarado servicio público esencial.

El 43,9 de la población, más de veinte millones de personas, utiliza principalmente gas envasado en  sus hogares, según el censo de 2022 realizado por el INDEC. Las provincias del nordeste argentino – Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco- usan casi en su totalidad garrafas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hacen más de 250.000 hogares, así como 4.100.000 personas en los partidos del Gran Buenos Aires. Tanto Santa Fe como Córdoba tienen cada una más de 1.700.000 usuarios. Ciudades, pueblos, barrios periféricos, zonas vulnerables o viviendas que no pudieron reponer la conexión de gas después de una inhabilitación también componen esa cifra en todo el país.

Christian Vitar vive en el centro de Caseros, partido de Tres de Febrero, en el oeste del AMBA. Hace tres años la empresa de gas clausuró la conexión de gas de su casa y le exigió nuevas instalaciones para la rehabilitación. Desde ese momento usa garrafa como medio principal para cocinar y calafeccionarse en el invierno. “Es un montón de dinero hacer la renovación de la cañería de gas, así que no me queda otra. Soy metalúrgico, trabajo en un taller, ahora un poco más de media jornada, no hay forma de juntar la plata”, manifestó. La compró siempre en YPF  porque es el lugar más barato ya que, según dice, “antes de esto salía 8.500 pesos, era casi la única que respetaba el precio. Me dura veinte días, un mes pero trato de no usar horno. Ahora está 15.000 pesos o más”.

La Resolución 216/2024 liberó los valores en todas las etapas del GLP, por lo cual los precios de venta  no tienen ya un precio máximo sino de referencia. Estos se actualizaron en 8.500 pesos para la garrafa de 10 kg, 10.200 la de 12 kg y 12.750 la de 15 kg. Al ser solo de referencia no hay obligación de respetarlos y no hay un tope. En la práctica, los precios difieren según se trate de una planta distribuidora, una empresa repartidora de garrafas o determinado almacén de barrio desde el cual muchos acarrean a pie el pesado envase.

En la entrada de la planta de garrafas sobre la avenida Martín Fierro, en Ituzaingó, hay una cola de personas esperando para comprar. Pamela Flores vino desde Villa Udaondo, al fondo del partido y comentó: “Es el lugar más barato, la última vez me salió 8.500 pesos, no sé ahora, creo que más de 12.000. En el barrio está mucho más cara: cerca de 16.000 pesos. Uso dos o tres por mes. Somos muchos en la familia. Hay chicos, hay que cocinar sí o sí todo el tiempo, no podés racionar. En mi zona, algunas manzanas tienen gas natural y otras no”. Reclamó que “en el último tiempo el gas viene malo, dura poco la garrafa, y el calor de la llama es como débil”. No sabe si cambiar el lugar de compra o en cualquier lugar también tendrá esas características.

El gas licuado de petróleo para el envase de 10 kg es una mezcla de gases, butano un 80% y propano un 20%. Se obtienen del proceso de refinamiento del petróleo y la recuperación en las plantas gasíferas. El gas está “licuado” en el envase y se evapora al ser usado. La empresa YPF, la más referenciada por los consumidores, así como otras reconocidas, certifican que sus productos tienen la cantidad de carga correcta y la calidad adecuada. Los usuarios se quejaron de que estos aspectos han empeorado en empresas menos conocidas y dudan de la cantidad y calidad del contenido.

Nadia Fraselli vive en Castelar, Provincia de Buenos Aires, y también mencionó que las garrafas duran poco: “Vienen con agua. La trato de usar poco y busco el lugar más barato. Ahora se fue al doble. La última vez la pagué 7.500 pesos”. La compró en una distribuidora porque estaba más barata que en su barrio pero le pareció que vino con menos carga. Y agregó: “Cobran lo que quieren, nadie sabe en realidad cuanto es el costo de una garrafa.”

En Parque Patricios, a una cuadra del Hospital Muñiz, Jessica Valdés precisó que el aumento de precios fue de 9.000 pesos a 15.500 en un par de semanas. Explicó sobre las diferencias en el costo: “La  busco en el almacén aquí cerca, es más barata que el camión que me la lleva a domicilio. Uso tres o cuatro garrafas por mes porque cocino para vender, es mi trabajo. Me da miedo usar horno eléctrico porque no sé cuánto me puede venir la factura de luz. Vivo en un edificio que no tiene instalación de gas natural. Dependo de la garrafa.”

El gas envasado es un consumo de primera necesidad para el 43% de la población argentina que no cuenta con redes domiciliarias de gas natural. Con la desregulación del mercado de este tipo de energía los consumidores quedan desprotegidos sin los controles y mecanismos que sí tiene el consumo del gas por red, como el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENERGAS) y las audiencias públicas obligatorias para fijar tarifas.

En esta situación, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), pidió “declarar a la garrafa como servicio público esencial” y “reconsiderar la Resolución 216/2024” que eliminó el precio máximo. Consideran que “este recurso es vital para el bienestar y la salud de los hogares en condiciones extremas” y considerarlo esencial permitiría “proteger los derechos de los usuarios y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios energéticos.”