El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
A medida que pasa el tiempo, la pandemia también hace estragos en la economía. A pesar de la ayuda estatal, muchas empresas y muchos empleos quedarán en el camino. Sin embargo, las crisis, a veces, alumbran oportunidades, como la de la pizzería 1893, del barrio porteño de Villa Crespo, que ahora será gestionada por una cooperativa formada por sus trabajadores.
La situación de este comercio es un caso particular. Ubicada hace más de 25 años en la esquina de Scalabrini Ortiz y Loyola, la pizzería gozó siempre de popularidad en el barrio, de manera que muchos clientes habituales visitaban el lugar de manera constante. Pero a diferencia de los demás locales, la situación comenzó a ponerse adversa desde tiempos anteriores a la pandemia, debido a que la relación del dueño con sus empleados nunca fue buena.
“No pagaban las cargas sociales. Yo estoy hace 13 años y nunca me las pagaron, siempre decían que se habían adherido a un plan de pagos”, explica Ernesto De Arco, experimentado mozo de la pizzería. “Un compañero –continúa ejemplificando- fue a atenderse a la obra social y no lo admitieron porque no tenía al día las cuotas. Y había atrasos de hasta tres meses en los pagos del aguinaldo”.
Sumados a todos estos problemas, llegó la pandemia y tuvieron que actuar rápido: “Cuando autorizaron para abrir con la modalidad de delivery, la emergencia económica de los compañeros hizo que metamos presión para que abra el local porque el jefe no estaba dando señales. Así pudimos abrir y administrar todo”, explica De Arco, quien además detalla que su jefe se desligó completamente de la situación, sosteniendo que los pagos de sueldos eran imposibles y la situación irremontable.
La administración en equipo fue uno de los momentos más duros para levantar el negocio: “Con la recaudación del día íbamos guardando para poder comprar la materia prima para trabajar, y lo que quedaba lo repartíamos entre los compañeros y compañeras, si teníamos suerte nos hemos llegado a llevar 500 pesos y había días que no podíamos llevarnos nada”, comenta.
La idea de mantener la pizzería nunca se puso en cuestionamiento. De Arco expresa que la decisión fue colectiva, ya que no había respuestas ni buena predisposición por parte del dueño, Danilo Ferraz: “Nos trataba muy mal, era un tipo muy prepotente”.
Sin embargo, y pese a las adversidades a las que se tenían que enfrentar los empleados de 1893, los buenos comentarios y las ayudas no tardaron en llegar. “Los clientes y los vecinos del barrio nos apoyaron, de hecho hemos recibido muchos llamados para demostrarnos su apoyo y darnos fuerzas. Inclusive hubo gente que se puso a disposición para dar una mano en lo que necesitáramos”, dice De Arco. “También se acercaron referentes políticos de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y nos ofrecieron sus herramientas políticas para llevar adelante el conflicto, así que junto a estos referentes y abogados que nos han acompañado pudimos continuar. También el comunero Leonardo Lucchece se acercó para darnos una mano”, agrega.
Con respecto a la situación actual y qué futuro le depara a 1893, De Arco comenta que el proyecto y las intenciones de mantenerlo están más fuertes que nunca: “Estamos arrancando con la cooperativa, firmamos el contrato de alquiler recién a mitad de julio, nos puso muy contentos. Por suerte gracias al apoyo de vecinos tenemos una buena cantidad de pedidos, así que venimos muy bien.”
“Hoy somos 13 socios, los mismos que arrancamos cuando sucedió el conflicto. También están los cocineros y compañeros de salón, personal que se encarga de todo lo que administrativo, cajera y delivery. Somos las personas que se necesitan para trabajar con el salón lleno, por eso no es necesario por ahora que todos trabajemos todos los días, por la cantidad de ventas de hoy”, comenta De Arco.
“Beneficio económico no estamos sacando mucho –subraya el mozo-, primero porque tuvimos que pedir plata prestada para juntar casi el millón de pesos que necesitábamos para firmar el contrato de alquiler, así que tenemos bastante para devolver. Por supuesto que atendemos las necesidades especiales de algunos compañeros y compañeras que tienen prioridades que no se pueden posponer, como compañeros que alquilan y no pueden demorar los pagos. Pero de a poco vamos a ir haciendo retiros con las ganancias que generemos, recién estamos empezando pero pronto vamos a poder sacar un beneficio todos los socios”, explica.
La mítica y reconocida pizzería de la zona de Villa Crespo logró levantarse, no solo de la adversidad que trajo el covid, sino de una situación que también arrastraba hace tiempo y que perjudicaba especialmente a sus trabajadores, principales responsables del engranaje que hacía que el negocio rindiera sus frutos. De a poco, el local se va asentando en buenas bases y pusieron como regla principal algo que es de destacar: el trabajo en equipo y el compañerismo como regla principal, y por sobre todas las cosas.
«Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar», dice Ferrario.
El envío al Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecía inminente a principios de marzo, pero poco después el aislamiento social preventivo y obligatorio lo dejó en pausa. Ahora, en plena pandemia y a dos años del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, es una incógnita cuándo finalmente volverá a tener tratamiento legislativo. Mientras tanto, en estos meses de cuarentena las mujeres siguen abortando, pero lejos de que sea en un marco enteramente legal, seguro y gratuito, las restricciones a la circulación y la enorme demanda del sistema de salud, producto del coronavirus, han puesto más barreras en el camino.
“Con la pandemia se agudizaron mucho los obstáculos de siempre”, cuenta Julieta Ireizo, integrante de la Regional Oeste de Buenos Aires de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y enumera un combo que incluye la derivación hacia otras funciones de equipos de profesionales que acompañaban ILE (interrupción legal del embarazo), el endurecimiento de muchos servicios de salud y la profundización de situaciones de violencia obstétrica en los hospitales, sumado a los pedidos de explicaciones policiales, e incluso un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en situaciones de violencia de género -que se han agudizado- y por falta de acceso a métodos anticonceptivos. “Hay más barreras, atendemos chicas con mucho miedo de salir de su casa y es muy difícil”, comenta esta médica generalista de Moreno.
Desde Socorristas en Red coinciden en que las dificultades han ido en aumento a lo largo de la cuarentena. “El aislamiento se nota muchísimo en los niveles de ansiedad y de emergencia que muestran las mujeres, personas trans y no binaries que se comunican con nosotras”, señala Eugenia Ferrario, integrante de Socorro Rosa Necochea-Quequén en Socorristas en Red. “Todo se puso más intenso. Antes en el segundo momento del dispositivo de acompañamiento socorrista nos encontrábamos cara a cara y ahora es todo virtual, por videollamada. Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar, me pasó de estar en videollamada con una chica que solo podía responder por sí o por no”, cuenta. Y agrega que le tocó acompañar tres casos de “mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado, y nos escribíamos por whatsapp, no mucho porque no podían hacer mucha luz con el teléfono”.
Sólo durante los primeros dos meses de cuarentena, Socorristas acompañó más de 3.000 abortos en todo el país, afirmó Ferrario; mientras que durante todo el 2019 fueron 12.575 acompañamientos. “En provincias donde ya era un desafío acceder a una ILE, ahora se puso más complejo – agrega la docente de Necochea-. Todos los procesos de crisis recrudecen las condiciones de inseguridad en las cuales se realizan los abortos en la Argentina, y más complicaciones hay por la práctica de abortos inseguros”.
“Hay mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado», cuentan desde Socorristas en Red.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron que “en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”. Entre ellas, tres mujeres fueron presas por abortar en Santiago del Estero y una joven de 22 años falleció tras realizarse un aborto inseguro en Formosa, ambas provincias siguen sin adherir al protocolo nacional de ILE. Recién en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires aprobó su adhesión en la Legislatura. Sin embargo, fue reglamentada con restricciones por parte del Ejecutivo porteño, según denunció la Campaña: la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para acceder a la ILE, la imposición de un límite de edad gestacional para la realización de la práctica, la habilitación de objeción de conciencia institucional; cosas contrarias a lo establecido por el protocolo nacional.
Desde Nación, en tanto, en el marco de la pandemia se había declarado ya a la ILE y a la provisión de métodos anticonceptivos como servicios esenciales. Un factor clave para el acceso a una ILE es la disponibilidad de misoprostol cuyo precio, sin embargo, no ha hecho sino aumentar de manera sideral: según difundió el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol entre 2015 y 2019 el medicamento subió un 1.280%. En ese sentido, Ireizo señala que “con el cambio de gestión se asumió el compromiso de garantizar las prácticas, hubo una compra muy grande a nivel nacional y también provincial de misoprostol, mucho mayor a años anteriores, pero sigue quedando corta y habiendo faltantes. Estamos esperando que en agosto entre una nueva compra”.
Desde el gobierno bonaerense, en tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Sabrina Cartabia, dice que “la Provincia de Buenos Aires trabaja en la provisión de medicamentos – teniendo en cuenta que el misoprostol es esencial según la OMS-; en la capacitación de los servicios para que den respuesta a la demanda de las mujeres; y en que las mujeres y cuerpos gestantes conozcan que tienen derecho a acceder a un aborto, por las causales permitidas en la Argentina desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal: cuando la salud de la persona gestante se ponga en riesgo o cuando el embarazo provenga de violencia sexual”. Asimismo, destacó que a partir de la pandemia, “desde el Ministerio de Salud se trabajó en las resoluciones que explican cómo se debe trabajar en el contexto de ASPO y pandemia para el acceso a la ILE y otros derechos sexuales”. También se hizo mucho énfasis desde el Estado nacional en la línea telefónica de salud sexual, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
“La mayoría de los abortos se pueden resolver en casa de forma segura, por lo tanto las pastillas de misoprostol, de las que la Provincia hizo una compra muy grande en marzo, permiten la interrupción del embarazo aún con las limitaciones que impone la pandemia”, destaca Cartabia. “Otra cosa muy importante es que en junio salió por primera vez un folleto oficial del Estado argentino, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, explicando cómo se debe realizar un aborto con pastillas, en casa. Es un método seguro, barato y accesible”, añade la abogada feminista. Y apunta que hoy “la mejor manera de tener un contacto directo y exitoso con el Estado es a través del 0800 de salud sexual”.
«En la cuarentena, muchas fueron obligadas a continuar embarazos productos de violaciones”, dice la Campaña.
Que sea ley
El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y con la fecha se hizo sentir la consigna de “aborto Legal 2020”. Si bien distintos funcionarios del gobierno nacional –incluido el presidente Alberto Fernández-han repetido en los últimos meses que ya hay un proyecto listo, la pandemia parece posponer cada vez más la presentación formal del proyecto.
“Con pandemia o sin pandemia, la ley para que el aborto sea legal es una deuda enorme de la democracia. A dos años del horror del Senado, cuando votó en contra de nuestros derechos, a todas las que militamos esta causa la posibilidad del tratamiento de la ley este año nos generó mucha ilusión”, expresa Ferrario, y destaca que “con o sin cuarentena, desde Socorristas sostenemos que el aborto tiene que ser legal ya”.
En tanto, Ireizo, de la Red de Profesionales de la Salud, señala que “la ley de IVE tarde o temprano va a salir, hay interés del actual gobierno en que salga, pero no es el proyecto que hemos presentado nosotras desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una vez que salga, habrá que seguir disputando su implementación, para que no sean los médicos y médicas quienes toman la decisión final, sino que sean las personas quienes puedan ejercer el derecho a decidir por la autonomía de sus cuerpos”.
En plena crisis sanitaria es difícil saber cuándo la marea verde podrá volver a inundar las calles en reclamo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Mientras, con el sostén que siempre han sido las redes feministas y con un Estado que por primera vez no mira para otro lado, las mujeres siguen abortando, pero con las complicaciones adicionales que el contexto impone para su práctica.
Recurseros
Se puede llamar, pedir información y despejar dudas en la línea gratuita de Salud Sexual de Nación: 0800-222-3444. Por otro lado, también existe un recursero para contactarse con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otro de la organización Socorristas en Red
El Puerto de Frutos fue inaugurado originalmente como Mercado de Frutos del Puerto de Tigre, a la vera del Río Luján, por iniciativa de vecinos y productores del Delta en 1938. Abastecía de frutas y hortalizas a una buena parte del gran Buenos Aires y sus alrededores. En 1983 la Municipalidad habilitó los locales de la Feria Artesanal, añadiendo un paseo comercial a cielo abierto que en épocas normales recibe más de cien mil personas por día. En marzo, el Puerto cerró sus puertas con el fin de respetar las medidas sanitarias indicadas por el gobierno nacional. El aislamiento social, preventivo y obligatorio generó que un gran número de trabajadores tuviera que buscar una forma de subsistir y reactivar sus actividades comerciales de manera alternativa. Ahora, algunos se plantean la posibilidad de dejar el predio debido a las deudas acumuladas hasta el momento.
“Hace 26 años que tengo el local en el puerto y en este momento, estoy sin empleados. Ya veníamos con una decadencia bastante importante de los últimos tres años, ya estaba trabajando sola”, cuenta Marta Castro, de Artesanías MB. En su local se pueden encontrar productos de fibras naturales y cestería, pero mayormente realiza trabajos de modelado en fibrofácil: “Yo hago cajas y productos de decoración. Y en éste momento la estoy pasando muy mal porque no puedo vender prácticamente nada por vía telefónica o por Internet. Encima, son productos frágiles, muy propensos a romperse en los traslados”, agrega.
Con respecto a la reactivación del turismo, Castro, como muchos comerciantes, no ve un futuro auspicioso: “Va a ser un tema bastante largo. No lo veo con una solución inmediata, más allá de que todos queremos que así sea. Pero el distanciamiento social ahí va a ser difícil de mantener, los lugares de afluencia son muchos y no creo que puedan controlar a la gente”, comenta.
Algunos artesanos se plantean abandonar el predio debido a las deudas acumuladas durante el ASPO.
La producción en el Puerto es diversa. En muchos casos, depende de personas de diferentes lugares del país que brindan un valor agregado a los productos que se comercializan, generando una compleja cadena productiva que durante la pandemia se ha visto altamente afectada. Trabajadores de un puesto de artesanías wichi, ubicado en el corazón del Puerto de Frutos, contaron que “recibir mercadería se ha vuelto un desafío. Trabajamos con productos del noroeste argentino (NOA). Casi todos nuestros artesanos cerraron, interrumpieron su producción. Logramos apenas un poco de mercadería con artesanos de Formosa y con algunos de Tucumán, pero traer algo de Jujuy y de Salta es imposible”.
Otros emprendimientos dependen mayormente de la producción de cooperativas locales y trabajadores de la zona. Es el caso de Mario De Gois, de Artesanías Delta, que junto a su familia se dedica al comercio de objetos de mimbre, junco, madreselva y pino, entre otros materiales: “La atención al público es familiar, no tengo empleados, y la producción depende de artesanos que trabajan al día, algunos de la zona de Tigre y otros en localidades cercanas. Hoy subsistimos con pocas ventas, habitualmente de clientes que también trabajan de lo mismo y que tienen un mini emprendimiento. Son pocos los pedidos que surgen, debido a que la gente no puede venir a buscarlos, así que los enviamos por encomiendas. La idea es cuidarnos todos, el cliente y nosotros. A nivel económico es muy duro, pero se puede llevar adelante con paciencia. Estaremos con el mango justo, pero sin que el virus nos lleve a otro estado”, relata.
Hoy el predio se encuentra cerrado y sólo se permite a los comerciantes asistir a sus locales para retirar productos. Siempre tomando las medidas necesarias, como el distanciamiento social, la sanitización y el control de temperatura. Muchos pequeños comerciantes coinciden en que hubo una baja importante en el alquiler de los locales.
«Macetas del puerto», el emprendimiento de Mónica Lusquiñox y Camila Otero. Ahora venden online.
Mónica Lusquiños y Camila Otero son madre e hija, pintan macetas de manera artesanal desde hace 11 años. Juntas formaron Macetas del Puerto, un emprendimiento familiar que comenzó como en la feria artesanal a través del impulso de la Secretaria de Empleo del Municipio. Actualmente cuenta con dos locales dentro del predio: “La verdad es que con todo esto se está haciendo muy complicado. A partir de este emprendimiento yo puedo solventar, por ejemplo, mis estudios universitarios, mis ingresos son netamente de esto”, dice Otero, estudiante de Veterinaria en la UBA.
“Obviamente que pagar alquileres es imposible, ni hablar de los impuestos. Hay un montón de compañeros que ya se dieron de baja, que ya sacaron toda su mercadería del local, que ya nos dijeron que no iban a volver a abrir. Nos siguen facturando la luz, cuando la última vez que abrimos fue el 15 de marzo”, agrega Otero en relación a la situación genera de los comerciantes.
Mientras tanto, muchos comerciantes intentaron reinventarse con la intención de obtener algún ingreso. Trabajadores de El Productor, un local que vende flores secas frente a la entrada principal del puerto, contaron que “el 70% de las ventas está dedicado a clientes nuevos que se han conectado a través de la página web, gracias a las ventas por internet se puede ir sobrellevando el mal momento”. También Marcelo, de Casa Stella Maris, un comerciante del mismo rubro y que lleva en la zona más de 40 años con su local, dice que están viviendo “un momento durísimo. Veníamos de años flojos, ahora mucha red social, venta mayorista y minorista, nos estamos adaptando para sobrellevar el momento y no cerrar. Pero el adaptarse a mi edad cuesta un poco”, completó.
Todos coinciden en que las ventas online son una alternativa en este momento: “Cuando habilitaron lo que es venta por delivery empezamos a hacer algunas ventas por Facebook, por Instagram, publicamos en Market Place. Y bueno, eso nos ayudó a tener algún pequeño ingreso como para seguir bancándonos en casa: la comida y pagar impuestos de nuestro hogar. Hacer delivery es arriesgarse. Entonces estamos medio desganados” cierra Otero.
La 9ª Feria de Editores (FED) será virtual. El evento reunirá a más de 160 editoriales de Argentina y América Latina y se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de agosto de 18 a 20 horas a través del sitio web de la FED. En esta versión, adaptada a tiempos de pandemia, los lectores podrán hacer un recorrido virtual por cada sello editorial y ponerse en contacto con los editores. La novedad este año: librerías y distribuidoras se suman para completar el circuito del libro. Además, quince charlas con autores y referentes de la actualidad cultural serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de la FED.
Algunas de las editoriales que estarán presentes en la FED virtual son Ediciones Godot, Mardulce, Alto Pogo, Limonero, Gourmet musical, Galeria Editorial, Caja Negra, Editorial Leteo, Pequeño editor, entre otras. Además, las autoras francesas Mathilde Ramadier y Anaïs Depommier contarán los procesos creativos para una biografía ilustrada; la cineasta y guionista brasileña Anna Muylaert tratará el panorama político y cultural brasileño. Luis Chitarroni, Martín Kohan, Karina Galperin y Santiago Kalinowski, también serán parte de los debates.
La FED es un encuentro que invita a los lectores a descubrir nuevos sellos y conversar con los responsables de sus editoriales preferidas. Desde su primera edición, en 2013, fue creciendo año a año hasta consolidarse como un evento cultural que marca el pulso del mercado editorial en la región. Víctor Malumián es editor en Ediciones Godot, un sello que publica textos de no-ficción, cuentos y novelas gráficas, entre otros géneros. Junto a Hernán López Winne dirige y organiza la FED en Buenos Aires.
“Los cambios fueron necesarios, más que obligatorios –señala Malumián-. En esta edición hay cierta federalización del contenido. Pensar en torno a cómo hacer más accesibles los contenidos me parece interesante. Otra cosa que creo interesante del contexto es que motivó a un montón de editoriales a digitalizar sus catálogos. Hay un montón de nuevos tipos de accesos que se dan cuando digitalizás los contenidos”.
Esto reabre el debate sobre la coexistencia de soportes en el mundo del libro. Malumián afirma que “evidentemente hay algo de la experiencia que se pierde” pero “la historia de la edición nos muestra que los formatos han convivido durante muchos años y nunca un desplazamiento fue radical ni abrupto”. Y asegura que el futuro del mercado editorial estará marcado por “una tríada entre experiencia de lectura, mercado, es decir la capacidad de acceder o no a ese contenido, y el contexto de lectura”.
En torno a la decisión de incorporar a las librerías a la Feria, Malumián argumenta que “tiene que ver con entender el mundo del libro como un ecosistema” en el que confluyen actores interdependientes: “En un momento donde la estamos pasando mal todos, creo que tenemos que tener un tipo de gesto para con las partes que nos rodean y que hacen posible que el libro exista, circule y sea leído. Este año ampliar ese trabajo tuvo que ver con la idea de que cada editorial elija una librería y que ella sea la que ejecute la venta”, agrega.
Otra de las editoriales que participaran de la FED es Limonero, un sello fundado en 2014 por Luciana Kirschenbaum y Manuel Rud, especializado en publicación y difusión de libros ilustrados para pequeños y grandes lectores. En 2019 Limonero recibió el premio a la Mejor Editorial de América Latina, otorgado por la Bologna Children’s Book Fair. Dado el valor estético que llevan las publicaciones de esa casa editora, Kirschenbaum cuenta que algunas modificaciones en la cadena de comercialización durante la pandemia “impactaron fuertemente”, pero también logró extraer “algo positivo”: “Hubo bastante venta en nuestra tienda online. Quizás, con los niños en casa, había algo más de tiempo para compartir lecturas, buscar nuevos libros, y, por ponerle una pincelada optimista al asunto, nos ayudó”.
De cara a la FED virtual, Kirschenbaum sostiene que “todos están haciendo su mejor esfuerzo para mantener el vínculo con los lectores. Las ferias son fundamentales. A la FED vamos especialmente los editores y ahí tenemos un pulso directo de los intereses de los lectores, las repercusiones de las novedades. Ahora estamos imprimiendo y confiamos en que vamos para adelante. Ojalá el año que viene podamos tener el cara a cara con los lectores”.
Galería Editorial es otro de los sellos que participarán. Desde 2011 Matías Duarte y Ioni Scheines ubican su línea editorial en una zona limítrofe entre la historieta, el humor gráfico y la ilustración. Algunos de sus títulos más conocidos son “¿Dónde está Perón?”, “Google Poético” y “Enciclopedia Mundial del Coso”, su último lanzamiento.
Duarte y Scheines aseguran que no registran modificaciones en sus formas de editar: “No vivimos con melancolía este momento. Tampoco es que nos afectó en cambios de edición. Hacemos tiradas que no superan los 1.500 libros. O sea tampoco planeamos hacer un bestseller. No vivimos buscando eso, no es nuestro objetivo”.
En cuanto a la virtualidad de la FED afirmaron estar un poco más preocupados: “Nuestros libros, todos, son distintos entre sí. Cada vez que queremos hacer un libro nuevo pensamos un formato y adaptamos todo el libro a la idea. Por ende, terminan siendo todos objetos distintos. Y para nosotros es clave que la gente interactúe con ellos porque ahí es donde el libro garpa. Si vos encontras en una librería cualquiera de nuestros libros te llaman la atención. Y ahí marcamos la diferencia. Por eso lo virtual nos juega un poco en contra”, comentan.
Sobre la actualidad del libro y las implicancias que la pandemia tuvo en el sector, el traductor, escritor y editor de Editorial Leteo, Christian Kupchik, arroja una reflexión acertada: “Es inevitable tener que asumir la digitalización como una herramienta más de llegada a los lectores. Nosotros al menos defendemos muchísimo el libro en papel. Creo que es un formato, un soporte, que se va a mantener vigente, que llama a cierto fetichismo en muchísimos lectores. La prueba está en que comparados con otros soportes electrónicos, por ejemplo la música o el cine, el libro en papel aún resiste. Y creo que forma parte de un arte, de una manera de leer, de un tiempo que no va a poder ser erradicado tan fácilmente”.
