Oct 26, 2017 | inicio, Vidas políticas
“La Argentina empieza una etapa de reformismo permanente”. El día después de las elecciones legislativas en las que Cambiemos logró consolidarse como fuerza nacional, el presidente Mauricio Macri anunció la convocatoria a un acuerdo multisectorial para avanzar en una amplia agenda político-económica de cambios estructurales.
Bajo el rótulo de Gran Acuerdo Nacional (GAN) -el mismo que utilizó el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse en julio de 1971-, el primer paso de la secuencia propuesta por Macri se dará el lunes próximo. La Casa Rosada ya convocó a gobernadores, legisladores, autoridades judiciales, sindicatos y empresarios a un primer encuentro inaugural en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Las novedades post-electorales no se agotaron en los anuncios y llamados bajo la trillada figura de “Pacto de la Moncloa” vernáculo. El lunes amaneció con un aumento del 10 por ciento en los combustibles. El gobierno ya adelantó que en los meses que siguen hasta el final de 2017 también aumentarán las tarifas de transportes públicos, taxis y prepagas.
Con los aumentos, también se abrirá la etapa de hiper-reformas: fiscal, tributaria y laboral. Una radiografía de la agenda del macrismo y lo que vendrá.
“El camino que tenemos por delante es presupuesto, responsabilidad fiscal, reforma tributaria y debate en la cuestión jubilatoria”, sintetizó el político y economista Claudio Lozano sobre la agenda que el gobierno plantea como urgente. En diálogo con ANCCOM, Lozano describió los primeros indicadores que deja la letra del Presupuesto 2018. “Ese proyecto de gastos para el año que viene habla por sí solo del tarifazo que quieren llevar. Hay recursos y subsidios que indican que vamos a tener aumentos importantes en el gas, la luz y el transporte”, subrayó.
El gobierno adelantó que en los meses que siguen hasta el final de 2017 también aumentarán las tarifas de transportes públicos, taxis y prepagas.
El vínculo y negociación con la CGT y sindicatos es una pieza clave del diálogo que intenta abrir el oficialismo. El ex diputado nacional explicó que el gobierno apuesta a que una parte de la estructura sindical pueda serle “absolutamente funcional para la reducción de los convenios colectivos con los criterios de flexibilización laboral”. Y advirtió: “No necesariamente su tarea pasa por defender a los trabajadores”.
Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) trazó un mapa de perspectivas a partir de las últimas cifras de la economía.
“Aumentó la tasa de interés a 27,75 por ciento; eso garantiza un negocio financiero y enfría a la economía”, subrayó.
“Si la inflación en la Ciudad de Buenos Aires es del 19 por ciento a septiembre, proyectado a fin de año dará 24, la mayoría de las paritarias cerraron por debajo de ese porcentaje”, agregó.
Sin vacilar, Letcher apuntó al “ADN” del macrismo. Explicó que el resultado electoral pudo darle al gobierno una suerte de “luz verde” para avanzar más rápido en “el proceso que ellos llaman ‘ajuste gradual’ o ‘gradualismo’”.
Y explicó: “Lo que sucede es que este proceso no se ajusta al bolsillo de los trabajadores. Algunos medios, cuando hacen referencia al ‘gradualismo’, le dan cierta connotación positiva, una suerte de ‘el cambio debería ser más rápido, pero como la sociedad no se lo banca, se lo distribuimos en cuotas’”.
«Este proceso no se ajusta al bolsillo de los trabajadores», dijo Hernán Letcher, director del CEPA.
Ambos especialistas coincidieron en que la reforma laboral y los cambios en la edad jubilatoria serán dos ejes centrales de la agenda macrista para los próximos meses. “Una fórmula causa-consecuencia”, diagnosticaron.
Lozano explicó que el Congreso tiene en agenda inmediata el tratamiento del Presupuesto Nacional y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, que le pondría un límite al gasto público en los Estados-Provincias. De la mano de eso vendrá un debate sobre cómo modificar los ingresos brutos, y sobre la reducción de aportes patronales. “En ese proceso van a tratar de convencernos de que como el sistema tiene menos recursos, la lógica sería posponer la edad jubilatoria, sobre todo en la mujer”, remarcó el economista.
Por su parte, Letcher consideró que la reforma en la flexibilización laboral no se daría como en Brasil, y que el gobierno trataría de avanzar con los llamados “contratos basura”, famosos en los 90’: relación laboral por tiempo determinado, prueba, renovación a los 90 días.
Además, evaluó que, de llevarse adelante todos estos puntos de la receta, la ampliación de la edad jubilatoria “se llevaría a cabo en un segundo mandato, seguro”, si es que el macrismo logra imponerse en 2019.
“El endeudamiento es el mecanismo que les permite llevar gradualmente esta propuesta. La Argentina toma deuda nueva para pagar la deuda vieja”, amplió Lozano. Y advirtió que esa receta “ha terminado con crisis económica y en conflicto sociales y laborales importantes”.
La reforma laboral y los cambios en la edad jubilatoria serán dos ejes centrales de la agenda macrista para los próximos meses.
Letcher advirtió, sin embargo, que, pese a la predominancia del ´amarillo´en el mapa electoral, el gobierno “va a necesitar de otros espacios políticos” para poder llevar a cabo las reformas y sancionar las leyes correspondientes.
Los primeros indicios de esa negociación y seducción de partes se comenzará a ver el lunes próximo en el CCK, pero comenzarán a tomar cuerpo en la vital reunión con gobernadores que el Presidente tiene previsto realizar el 2 de noviembre. El llamado multisectorial arrancó con arenga: “No tienen que tener miedo de las reformas”, dijo Macri.
Actualizado 26/10/2017
Oct 25, 2017 | DDHH, inicio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en estos días lleva a cabo su 165º período de sesiones extraordinarias en Montevideo, Uruguay, recibió este martes a organismos de Derechos Humanos y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos. “Vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión. El Estado Nacional hizo su descargo representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Szeinfeld. “Rechazamos toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento”, dijo el secretario y aseguró que el gobierno es “víctima de una campaña de desprestigio”.
La audiencia pública comenzó a las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo. Entre los impulsores de la reunión se encontraban la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA); los principales organismos de Derechos Humanos y decenas de agrupaciones sindicales. En primer lugar, se trataron cuestiones relacionadas a la situación de los derechos laborales y gremiales, donde representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, se debatieron problemáticas sobre derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, H.I.J.O.S.- Capital, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros. A través de la lectura de un documento a cargo de Luz Palma Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS; Estela de Carlotto y Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de esa Abuelas, los organismos plantearon sus preocupaciones. “El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional”, comenzó Palma Zaldúa. “Sin embargo, este progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema”, denunció la representante del CELS enumerando distintos casos que evidenciaban una situación de retroceso en materia de Derechos Humanos en los tres poderes del Estado.
La CIDH recibió a organismos de DDHH y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de DDHH cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos.
“El nuevo contexto político y los mensajes del Gobierno nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos Tribunales Orales Federales”, continuó Iud. “El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como “Muiña”, que declaró aplicable a estos procesos la llamada “Ley del 2×1”. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del “2×1” no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, expuso. Luego se refirió a problemáticas como la lentitud del avance de las causas judiciales, la concesión de beneficios a imputados por delitos de lesa humanidad, la absolución de represores y apropiadores, la utilización del procesamiento del ex Jefe del Ejército César Milani como un logro propio del Gobierno, la situación de hostigamiento sufrida por defensores de derechos humanos, el ataque a la independencia de los fiscales –con particular referencia al intento de remoción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó-, y la falta de avances en la investigación por la desaparición de Julio López.
“Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo, no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen”, prosiguió Carlotto. “Fueron resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión, con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un “negocio”. Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, concluyó, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri garantice la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
«La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos», dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.
A continuación, hizo su descargo la comitiva del Estado Nacional. “El Presidente de la Nación ha puesto como faro a la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos -que denominamos ampliada- tiene como sostén fundamental a la memoria, el respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Memoria, verdad y justicia es política de Estado, a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados”, comenzó Avruj. “Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la Teoría de los Dos Demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática, que no queremos volver a vivir el horror de la dictadura. Si se nos llama a responder sobre cifras, debemos reconocerle a la gestión anterior la creación en 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas”, ratificó en justificación de la postura oficialista sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Por último, Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina, remarcó la necesidad de unidad y trabajo conjunto entre ambas partes. “Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas. Pero hay temas que son una verdad histórica, como la dictadura, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y siempre lo estará. En ese sentido, es muy importante a partir de esta audiencia la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia.”
Representantes de CTERA, ATE-Capital, SIPREBA, entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Al finalizar la audiencia, el abogado de Abuelas, Alan Iud, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Planteamos en esta audiencia que las decisiones judiciales sobre causas de lesa humanidad son una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente la implementación del 2×1 como se dio en el “fallo Muiña”. La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos. Esto quiere decir que va a hacer un seguimiento directo sobre estos temas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan de cerca la situación de los Derechos Humanos en Argentina para que, como dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (de la CIDH), no haya regresionismos”, remarcó. Luego, en referencia a las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre la cifra de los desaparecidos, especialmente los recientes dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que durante la década del setenta “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”, agregó: “No deberíamos estar discutiendo estas cosas sino acelerando los procesos judiciales”. Y ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en Argentina tras la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, concluyó: “Las Abuelas y las demás organizaciones nos demostraron que, aun en los momentos más difíciles, se han sobrepuesto y han mantenido su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.
«Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un ‘negocio'», dijo Estela de Carlotto.
«Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas», dijo Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina.
Actualizado 25/10/2017
Oct 25, 2017 | Comunidad, inicio
El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?
En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.
“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.
En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.
El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.
Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.
En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.
Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.
Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.
Actualización 25/10/2017
Oct 25, 2017 | destacadas, Géneros
“En la primera denuncia que hice no tenía idea de cómo se hacía, tenía dos hijos chiquitos, de 4 y 5 años, no tenía con quien dejarlos así que salí y me fui a la comisaría. No sabía ni qué carajos estaba haciendo cuando le comenté al cana lo que quería hacer. Y encima andaba con un miedo terrible de que los chicos contaran donde habíamos estado; tuve que ir con ellos porque no tenía con quien dejarlos”. La que habla es Daniela, 45 años, víctima de violencia de género. Su historia es solo una entre tantas que existen, y la pregunta que se formuló es la de muchas: ¿Qué hacer? ANCCOM indagó en un recorrido institucional posible en la zona oeste del Conurbano.
“En el oeste está el agite”, dicen algunas frases pintadas en aerosol que retoman una canción de Divididos. Uno las puede ver desde el Ferrocarril Sarmiento, cuando está a punto de finalizar su recorrido en el partido de Moreno. En la estación cientos de personas van y vienen, miles de historias que circulan en silencio, tal vez queriendo ser escuchadas, tal vez queriendo ser rescatadas. Como la de Daniela, que cuenta: “Hubo un tiempo en que como él trabajaba en seguridad, tampoco quería hacer la denuncia pensando en que los chicos eran chiquitos y él podía llegar a perder la fuente de trabajo. Entonces, no hice una denuncia no pero sí una exposición, para que si pasaba algo por lo menos que la gente que después empezara a investigar supiera lo que en realidad ocurría, si es que llegaban a investigar y si es que pasaba algo”, dice.
El Programa Nacional Ellas Hacen, surgido en el año 2013, fue pensado para incluir a aquellas mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad dentro de una iniciativa laboral y de formación. El programa prioriza principalmente a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género, las ayuda a completar sus estudios y les brinda la oportunidad de formarse en algún oficio, como así también en diferentes temáticas como talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva.
El Programa Nacional Ellas Hacen se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal. Foto Archivo ANCCOM.
La psicóloga e integrante del Ellas Hacen, Yanina García López, explica que “las mujeres que sufren violencia de género muchas veces tardan en hacer las denuncias, a veces hasta años, y por lo general es por miedo. Porque reciben amenazas, muchas veces no tienen dónde ir porque la casa que habitan es la que comparten con el victimario”. Por eso, el Programa se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal.
Micaela Guaricuyú, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, trabaja hace cuatro años dentro del programa y explica: “Nosotras las acompañamos en todo el proceso; desde lo legal y lo personal, porque hay mujeres que por ahí una vez que denuncian no tienen adónde ir, o no tienen qué comer, o tienen problemas de salud. En esos casos las acompañamos al médico, como compañeras. Armamos un bolsón solidario de mercadería el cual hacemos rotar para las compañeras más necesitadas. También colaboramos con ropa, remedios y trabajamos con la salita barrial, tramitando los turnos para atender a esas mujeres o chicos que muchas veces también son golpeados.”
A pesar de que el programa esté orientado sobre todo a aquellas mujeres más vulnerables, no realiza un seguimiento de los casos, ni brinda un acompañamiento hacia las víctimas. Por esa razón, muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el Frente de Compañeras, hace cuatro años. “Organizamos reuniones donde no solo nos informamos sobre qué hacer sino también sobre los derechos de cada una, como así también cada vez que tenían que asistir al juzgado que le correspondía. Nosotras íbamos y las acompañábamos”, dice Guaricuyú, quien también comenta que el Frente logró agilizar la realización de los informes forenses de las víctimas, ya que el trámite en Moreno demoraba demasiado o, incluso, debían realizarse en el partido de General Rodríguez.
Daniela, después de intentar suicidarse, finalmente decidió denunciar a su abusador. Horas y horas en comisarías y fiscalías junto a sus hijos pequeños, soportando el destrato por parte de aquellos que debían protegerla. Hasta fue ella misma quien tuvo que notificarle a su golpeador que debía retirarse del domicilio.
Muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el Frente de Compañeras. Foto archivo ANCCOM.
“El programa Ellas Hacen fue el que me ayudó a darme cuenta de lo que estaba pasando, las vivencias, el empezar a relacionarme con otra personas, el empezar a escuchar, ir transitando. Me ayudó a darme cuenta de lo que estaba viviendo, me dio las herramientas y también me permitió armar el círculo de contención que pude armar. Por eso, también salí de mi casa, porque él no se iba… me fui y alquilé durante tres años”, recuerda.
En Moreno también está presente Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Ayelén Kelly, coordinadora zonal, dice: “Hemos sido parte del acompañamiento de varias mujeres en el distrito, hemos acompañado a Ailén y Marina, que son dos hermanas que estuvieron privadas de su libertad durante dos años por defenderse de un acosador en la calle, luchamos y exigimos su inmediata liberación.”
Las secuelas siempre las acompañan a las Danielas, tal como lo explica García López. “La violencia psicológica tarda mucho en sanarse, muchas veces pasan años y años y siguen teniendo pesadillas o teniendo miedos. Muchas veces tienen periodos buenos y después recaen en los miedos. Al llevar tanto tiempo se convierte como en una enfermedad crónica y las secuelas siempre están, yo creo que de por vida, solo que algunas por ahí no se ven tanto”, afirma.
Actualizado 24/10/2017
Oct 19, 2017 | inicio, Vidas políticas
Comicios legislativos, elecciones de medio término, validación ciudadana para la gestión ejecutiva. Los argentinos irán a las urnas el domingo para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, pero, al mismo tiempo, para configurar un mensaje decisivo en la definición del rumbo del gobierno de Cambiemos.
Horas antes del abrupto final de campaña derivado de las novedades en el caso Maldonado, ANCCOM dialogó con dos investigadores que dedicaron sus últimos trabajos y publicaciones a analizar la construcción política del PRO y su clivaje en el sello de Cambiemos. “Para el gobierno, las elecciones del 22 de octubre revalidan los resultados de 2015”, subraya Gabriel Vommaro, autor de “Mundo PRO”, junto con Sergio Morresi y Alejandro Bellotti. “El macrismo marcha a estas elecciones después de haber confirmado que es una versión mucho más cristalina de los sectores dominantes de la Argentina”, advierte Andrés Tzeiman, autor de “Radiografía política del macrismo”.
Politólogo, investigador en el Centro Cultural de la Cooperación, Tzeiman describe dos etapas o momentos para entender la construcción del macrismo: lo que marcó el fin de una y el comienzo de la otra fueron las movilizaciones populares y sociales en términos de conflicto educativo (bloqueo de paritaria nacionales), de conflicto laboral (despidos), la movilización de mujeres del 8 de marzo y la marcha del 24 de Marzo. “Si bien en el 2016 el oficialismo había apostado a ciertas instancias de diálogo con movimientos sociales y con el sindicalismo, las movilizaciones ascendentes del mes de marzo generaron un quiebre en la estrategia del gobierno”, explica. La consecuencia fue la marcha del 1A en “defensa de la democracia” y del gobierno.
“Las movilizaciones de marzo generaron un cambio en las formas de relacionarse con los sectores populares”, comenta Tzeiman.
Tzeiman advierte que, si bien el macrismo tiene como proyecto realizar un cambio cultural siguiendo los lineamientos de “Bases para una Argentina Moderna” de José Martínez de Hoz, “las movilizaciones de marzo generaron un cambio en las formas de relacionarse con los sectores populares”.
“El nivel de resistencia social que se produzca de acá en adelante marcará una elevada conflictividad”, subraya. A toda costa, define, el objetivo del oficialismo es “no retornar al pasado”.
Con otro foco de análisis, Vommaro, sociólogo e investigador del Conicet, plantea que el macrismo en el gobierno, también tiene dos momentos: el primero es la salida del modelo anterior; el segundo es la implementación de las bases para un modelo pro-mercado y de desregulación económica. “Lo más probable es que en la segunda fase se intente avanzar en algunas áreas que tienen que ver con la desregulación de protecciones sociales y en el ordenamiento de algunas cuestiones institucionales”, agrega. Sin embargo, el autor no cree que el gobierno abandone el juego de ´tire y afloje´ entre ser muy duro en términos simbólicos y muy dúctil en términos de materia de acuerdo de sectores sociales. “Me parece que ese uso del shock político, cultural y simbólico, disponiendo de todos los resortes del Poder Judicial y los medios masivos de comunicación, se opone al uso más gradualista de su política en términos económicos”, subraya.
Oposición y medios
El diagnóstico sobre la posición de las fuerzas opositoras también resulta complejo de abordar. “La oposición está fragmentada y parece muy complicado, al menos en el corto plazo, unirla”, advierte Vommaro. Y agrega: “Es una primavera macrista en donde todos los sectores parecen creerle que las cosas son como el gobierno dice. Hay una suerte de euforia y optimismo en los actores de las élites económicas”.
Para Tzeiman, hay sectores de la oposición que tienen matices y son camaleónicos. Se muestran de una manera, pero su modus operandi es otro. “La única fuerza de oposición que establece diferencias claras y contundentes, y las hace públicas es el espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner”, razona.
Ambos especialistas sostienen que el gobierno y ciertos medios masivos de comunicación mantienen relaciones cercanas, casi carnales. Tzeiman incluye a los multimedios comunicacionales dentro de un tridente junto al ´partido judicial´ y el establishment político o el consenso conservador en el sistema político. Esas tres bases configuran el “partido del orden”.
Por su parte, Vommaro advierte que “hay un periodismo fuertemente oficialista en este último tiempo, con una enorme debilidad a las voces críticas”. Y concluye: “Vivimos una época de tono monocorde en cuanto al discurso mediático”.
“El macrismo marcha a estas elecciones después de haber confirmado que es una versión mucho más cristalina de los sectores dominantes de la Argentina”, advierte Andrés Tzeiman
El diagnóstico sobre la posición de las fuerzas opositoras también resulta complejo de abordar.
Actualizado 18/10/2017
