Nov 2, 2017 | Comunidad
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”. La frase de Sergio Maldonado retumbó en los oídos de las más de 120 mil personas que se congregaron ayer en Plaza de Mayo para que el Estado dé respuesta sobre lo sucedido aquel primero de agosto, en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut.
La convocatoria a la movilización había sido realizada por la familia de Santiago y por organismos de derechos humanos bajo el lema “justicia por Santiago Maldonado, el gobierno es responsable”. El punto central de la jornada se vivió frente a la Casa Rosada, donde la foto del joven volvió a copar cada rincón de la Plaza de Mayo, aunque además se realizaron manifestaciones en distintas ciudades del país. Pasadas las cinco, la multitud, con carteles y banderas, cantaba por la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, mientras esperaba al único orador del acto, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
A las seis en punto subió al escenario Sergio, junto a su esposa, Andrea Antico. Acompañándolo estaban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos. Sergio sostuvo que “parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago, olvidándose de todo lo que pasó en estos meses. Y quieren olvidarse del marco donde ocurrieron hechos en que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso la Gendarmería, tiene que dar cuentas de su accionar”.
“Parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago», dijo Sergio Maldonado.
Pese al dolor que vive tras la muerte de su hermano, tras permanecer desaparecido por 78 días, Maldonado advirtió: “No cuentan conmigo para sembrar odio ni división de la sociedad. Porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido obtener la verdad y tener justicia sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar”.
Sergio además pidió verdad y justicia por todos los desaparecidos en democracia. Al momento de hablar de Santiago, su voz se quebró. “Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”.
Entre tanta gente, agrupaciones y organizaciones, ANCCOM conversó con representantes de diferentes sectores políticos. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Héctor Recalde sostuvo que “la historia continúa hasta que no se indague bien los causales de la muerte de Santiago. Vamos a seguir insistiendo porque queremos verdad y queremos justicia. No hay ninguna duda de la responsabilidad de la Gendarmería. Si no hubiera reprimido hoy Santiago estaría vivo”.
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte», expresó Sergio Maldonado.
Por su lado, Nicolás Del Caño, diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) denunció que lo de Santiago fue un crimen de Estado. “Santiago no estaba allí ni paseando ni pescando sino que estaba resguardándose, huyendo de una represión ilegal por parte de Gendarmería. A tres meses de su asesinato, venimos a gritar bien fuerte juicio y castigo a los culpables de su asesinato y también del encubrimiento que se dio durante todo ese tiempo”.
Para Hugo Yasky, actual secretario general de la CTA, Santiago fue víctima de una desaparición forzosa. “La Gendarmería y el encubrimiento del Gobierno nacional forman parte de la trama que más temprano que tarde va a terminar de explicar qué ocurrió con Santiago Maldonado”.
Néstor Pitrola, del Partido Obrero, coincide en la responsabilidad del Estado ante este hecho. “Pasaron 90 días de un crimen de estado y aún no hay esclarecimiento de los hechos. Santiago es un manifestante que fue muerto en ocasión de una represión de Gendarmería. Vamos a luchar hasta el final para que paguen las cuentas la Gendarmería y el Gabinete nacional”
«Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz”, sostuvo Sergio Maldonado.
ATE, en tanto, fue unos de los gremios que tuvo una fuerte presencia en la movilización. Su Secretario General de la seccional Capital, Daniel “El Tano” Catalano, manifestó que “la responsabilidad ejecutora es de la Gendarmería y que hay una responsabilidad política que es del Gobierno nacional, así que venimos a la plaza a reclamar justicia”.
Al cierre de su discurso. Sergio Maldonado agradeció a todos los que acompañaron a su familia en estos tres meses y prometió luchar cada día hasta que se sepa la verdad.“Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz” sostuvo. Mientras tanto, se siguen esperando los resultados de la autopsia para continuar con la investigación.
Actualizado 02/11/2017
Nov 1, 2017 | Comunidad, destacadas
Las nuevas tecnologías permiten formas de aprendizaje sobre la naturaleza que no requieren del cautiverio y de la exhibición de animales; un chimpancé y una orangutana han sido reconocidas por el Poder Judicial argentino como sujetos de derechos y el zoo porteño se encuentra en proceso de reconvertirse en ecoparque. Esos tres elementos caracterizan una época en donde los zoológicos tradicionales se encuentran fuertemente cuestionados. El que está ubicado en Luján, en tanto, soporta críticas por permitir la interacción de los visitantes con distintas especies y algunas personas exigen su cierre.
El zoo lujanense se encuentra ubicado en el kilómetro 58 del Acceso Oeste. La transparencia del alambrado que lo rodea establece una especie de dualismo entre lo urbano y lo campestre. Al ingresar, enseguida se observan los leones, en dos jaulas ubicadas en la entrada. Luego, en el lugar del control de tickets, ya se puede comprar alimentos para los animales. Un museo de más de 350 ejemplares de máquinas agrícolas, vehículos militares y autos antiguos ambienta el predio de manera rústica. No hay caminos de cemento, solo calles de tierra en las que deambulan libremente patos de diferentes tamaños, mientras los autos que ingresan intentan estacionar con la precaución de no pisarlos.
Algunos guardaparques dan vueltas en bicicleta. Delante de un pony hay un cartel que indica que se puede dar un paseo gratis. El lugar posee un restaurante, áreas de parrillas, mesas amplias, plaza de juegos para niños y una calesita. Con cierta frecuencia, por los parlantes se anuncia una visita guiada por algún sector, en español y en portugués. Una música con ritmo a safari africano acompaña este momento aunque el sonido más fuerte es, sin dudas, el rugido de los leones.
A pesar de estar prohibido, los visitantes del zoológico se sacan fotos con los animales y los alimentan.
Los visitantes forman una fila para sacarse fotos acariciando el lomo de una leona y de un león que permanecen tranquilos. Al costado, separados por un alambrado, hay más leonas durmiendo junto a un perro. Hay otra fila para darle leche a un tigre, otra para alimentar a un oso y una más para brindarle comida a los cachorros de león. Un cuidador mantiene tirante una corta soga del cuello de un dromedario para que las personas puedan fotografiarse apoyándose contra su joroba. Por su parte, la elefanta Sharima está encadenada y debe levantar su trompa para las fotos mientras le dan de comer. Los visitantes parecen más deseosos de sacarse fotografías que por conocer las características particulares de cada animal.
Para Malala Fontán, integrante de la ONG #SinZoo, los zoológicos como el de Luján tienen fecha de vencimiento. “Me parece que la gente ha dejado de ir a zoológicos y que ya es pública la reprobación de usar a los animales en ese tipo de entretenimiento. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en relación a los derechos de los animales, por lo menos en cuanto a zoológicos se refieren. Creo que se está abriendo bastante la conciencia animal en la conciencia de los seres humanos”, expresa.
En su artículo 8, la Ley Provincial 12.238 de Parques Zoológicos prohíbe “la alimentación y el contacto directo de los animales con el público, a excepción de animales domésticos que no revistan peligrosidad”. En el Zoo de Luján hay carteles que indican esta prohibición que, sin embargo, no se cumple.
Una petición en la página Change.org pide el cierre de este Zoo y solicita a las autoridades que hagan cumplir las leyes. Un portavoz de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal informa que enviaron a uno de sus integrantes al zoológico y que luego le escribió al Municipio de Luján para reclamar por lo observado. Por su parte, la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires afirmó que llevó el tema a una instancia judicial. “Hemos hecho las actuaciones correspondientes y el caso lo tiene el juzgado a cargo del tema”, indica Florencia Burgos del Área de Prensa del organismo.
La ONG #SinZoo busca el cierre del zoológico de Luján mediante una petición en Change.org.
Por su parte, Jorge Alberto Semino, director del Zoo de Luján sostiene que la peligrosidad de los grandes felinos es manejada con “educación, amor y respeto”. “Compartimos su vida desde su nacimiento, pasan a ser como nuestros hijos, ellos nos respetan como si fuéramos sus padres. Esto nos da la oportunidad de educarlos. Les enseñamos a compartir la leche y tomarla de nuestra mano, le damos la carne en la boca, compartimos momentos de juegos y paseos con ellos desde bebés, así les enseñamos a ser suaves y por naturaleza son cariñosos. Aprenden a convivir con perros, los cuales nos ayudan en su educación, les enseñan a jugar de manera suave. Hace casi treinta años que criamos a tigres y leones de forma integrada a nuestras vidas, lo que nos permite tener una relación segura y formar lazos muy fuertes con ellos», expresa Semino.
El amansamiento de los animales es otro blanco de las críticas que recibe el zoológico. Muchos felinos permanecen durmiendo serenamente mientras los visitantes los observan y les sacan fotos, haciendo todo tipo de ruidos. La petición en Change.org indica que “es un secreto a voces que los animales están dopados”. Ante esa versión, Semino asegura: “Acusan de que nuestros animales estarían sedados para que se comporten mansos y tranquilos, cosa que es imposible de realizar. Si todos los animales se comportan de manera tranquila, amable y pacífica es porque se los crió desde chicos con amor y respeto”.
Otra petición en Change.org, más general, solicita que se deje de fomentar la visita a zoológicos y acuarios por parte de las instituciones educativas. Ana María Aboglio, abogada especializada en Filosofía del Derecho y Ética para los Derechos Animales, sostiene que los animales tienen intereses básicos como disfrutar y disponer de sus propias vidas, no sufrir y seguir viviendo. “Cobrar por la exhibición de un ser apresado –y es lo mismo si proviene de un rescate– bajo la excusa de la educación, es vender una realidad intolerable a espectadores que son llevados a insensibilizarse ante la desgracia ajena”, afirma la especialista.
Otra petición en Change.org busca que se deje de visitar al zoológico desde instituciones educativas.
En ese sentido, la iniciativa de transformar el Zoo de Palermo en Ecoparque interactivo y educativo apunta a mejorar la calidad de vida a los animales. Por otra parte, ya se cerraron zoológicos en Yastay, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero y Colón, en la provincia de Buenos Aires. Para Andrei Chtcherbine, guardaparque y también integrante de #SinZoo, convertir los zoológicos en centros de rehabilitación, en lugares para la educación ambiental, en espacios para la ciencia, la investigación, la conservación, lleva riesgos y puede tomar rumbos inciertos, pero es mejor que cerrarlos. “El Ecoparque porteño es un claro ejemplo de cómo las cosas pueden salir mal, sin embargo yo creo que es mejor intentarlo, seguir intentándolo, porque cerrar los zoos sólo empeorará muchos problemas que tenemos de falta de espacios para ayudar a la fauna silvestre”, reflexiona. En ese contexto…¿qué sucederá con el Zoo de Luján?
Actualizado 1/11/2017
Nov 1, 2017 | DDHH, inicio
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en la cuarta audiencia del juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso por su participación, el 12 de enero de 1977, en el operativo ilegal de la casa de Villa Adelina que ocupaban Antonio Domingo García, Beatriz Recchia embarazada de 5 meses, y su pequeña hija Juliana. Los cargos que se le imputaron a Alfonso fueron: allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas cometidas en perjucio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García. Con todas esas acusaciones, los abogados Alan Iud y Carolina Villella, pidieron para el imputado la pena de prisión perpetua.
Iud comenzó los alegatos de la querella en representación de Juliana Inés García y Abuelas de Plaza de Mayo recordando cómo fue ligado Alfonso al caso García-Recchia. El abogado dijo que su vinculación se dio a partir del informe elaborado por Stella Segado, ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del cual se lo identificó como uno de los oficiales que participaron del operativo de la casa de Villa Adelina. El informe partió de tres fuentes: el propio legajo de Alfonso, el Boletín Único del Ejército y una serie de notas periodísticas que dan cuenta que, el 12 de enero de 1976, Fuerzas legales llevaron a cabo un procedimiento de control de población en la calle Independencia al 1900 en Villa Adelina. Iud leyó uno de los recortes que describía lo siguiente: «Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una niña de unos cuatro años de edad cuya madre al parecer se había fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos». Las tres pruebas fueron contrastadas por el equipo de investigación y como resultado se encontró que el acusado fue condecorado por haber sido “herido en batalla en un operativo ocurrido en Villa Adelina”, lo que lo relacionaba al caso García-Recchia por la improbabilidad de que ocurrieran dos operativos a pocas cuadras de diferencia, en el mismo barrio, a la misma hora, la misma noche. Según Iud, el legajo del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico reflejó que cuando Alfonso fue herido no estuvo en un control de tránsito, como consta en la declaración indagatoria de Alfonso. Tampoco hay referencias de que el disparo haya sido desde una moto, como el ex agente describió en su relato. Iud conjeturó que Delaico, siendo un oficial de inteligencia, hubiese sido raro que lo hayan asignado a la simple tarea de un control de tránsito. Para la defensa de Juliana García, este legajo constituye una contundente refutación de la coartada que presenta Alfonso en este proceso y no habría forma de sostener el relato que introduce la defensa con las pruebas acumuladas. Muy por el contrario, todas las pruebas acreditarían la tesis acusatoria.
Juliana Inés García Recchia, hija mayor de Beatriz Recchia y Domingo Antonio García.
Otro dato a tener en cuenta es que el apropiador de la hija menor de Beatriz Recchia y Antonio Domingo García, el ex suboficial de inteligencia José Ricchiutti, compartió destino con el acusado Alfonso en 1975, en la escuela Sargento Cabral. «Es claro que no estamos acusando a Alfonso de la sustracción de la hija de Beatriz, pero es un dato que debe ponderarse, entendemos tiene relevancia», agregó Iud.
Respecto a algunos descargos de Alfonso, Iud recordó al jurado que el acusado declaró que solo se ocupaba de la instrucción y la educación de aspirantes y que siempre se desempeñó de uniforme y con arma reglamentaria. También recordó que, según los dichos de Alfonso, el 11 de enero de 1976 se le informó que sería parte de una sección de empleo inmediato en la realización de operaciones militares dedicadas a patrullaje, control de tránsito e identificación de personas a cargo de Delaico. Iud, recordó, que en ese caso, Alfonso comenzó sus actividades a la medianoche del 12 de enero, con patrullaje y controles de tránsito en Bella Vista. En ese lugar, según Alfonso, pasó una moto con dos personas que lo atacaron al grito de “alto” y le dispararon, desde allí, aproximadamente a las 4.10 de la madrugada, habría sido conducido al hospital militar de Campo de Mayo. En el relato. Alfonso asegura que fue atendido por el médico militar Agustín Masllorens y permaneció internado casi diez días. «En este relato pueril, señores jueces, está lo que se cae por su propio peso. Es claro que no resiste el confronte con las pruebas de las causas que acabo de mencionar, en particular el legajo de Delaico. Y eso hace pensar el por qué un relato que no se sostiene con las demás evidencias. Hay una razón para ello, Alfonso declaró en indagatoria el 11 de diciembre de 2008 y el legajo de Delaico se obtuvo después de su declaración en 2009. Lo que hizo Alfonso fue tratar de construir una coartada, acomodando detalles. Es realmente difícil creer que el capitán subordinado al Jefe de la División de Inteligencia ordenara un control de tránsito», dijo Iud.
«La defensa pretende que creamos que Alfonso no podría haber participado del operativo porque fue en Villa Adelina, que correspondía a la escuela de Comunicaciones, y paralelamente nos afirma haber estado en un control de tránsito precisamente en Villa Adelina, a pocas cuadras del hecho», agregó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
El ex General de Brigada, Eduardo Alfonso, junto a su abogado en el juicio.
Otro elemento que introdujo Alfonso en su indagatoria es la supuesta discordancia entre la hora de la muerte de García y la hora de la herida que él recibió. Alfonso afirmó que fue herido a las 4.10 y aproximadamente a las 4.30 ingresó al hospital de Campo de Mayo. Alfonso destacó que según el informe de defunción de García, falleció a las 3.45 y así sostiene que García murió 25 minutos antes de que él fuese herido, por lo cual nunca podría haber estado en ese hecho. «Es claro que la hora de la muerte de García fue en base a estimaciones. Quién firmó el acta de defunción dijo que él no hacía autopsias sino reconocimientos y que no lo hacían en el lugar del hecho, sino en la morgue del cementerio. A través de un reconocimiento no se puede establecer con exactitud de minutos la muerte de una persona. Así como tampoco es exacta la hora de la herida de bala de Alfonso. Si bien no se puede establecer la hora de ninguno de los dos hechos, existe una coincidencia temporal notoria en el lugar de la muerte, en la hora de la muerte también. Más que elementos de descargo deberían ser considerados como pruebas de cargo serias», dijo Iud. Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, todos los testigos de Alfonso son de oídas ya que no pueden indicar ni una sola persona que les haya dicho lo que declaran y la defensa no pudo acercar ningún testigo directo del episodio que describió Alfonso en su indagatoria. «Las abundantes pruebas de cargo de ningún modo alcanzan a ser refutadas por dos testimonios incorporados por lectura sin mediación, y que repiten la teoría de la defensa del disparo desde una moto», agregó.
Rafael López Fader junto a su abogado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
El alegato del letrado finalizó con la lectura de una declaración que hizo Juliana en una audiencia anterior que explicaría por qué se está pidiendo prisión perpetua para Eduardo Alfonso: «Me contaron que yo lloré mucho y no volví a preguntar por mi papá con vida, pero lo difícil era contarme lo de mi mamá. Me contaron que no estaba, me dijeron algo de un viaje y yo preguntaba por un colectivo, qué había pasado. A medida que se iban enterando, me iban contando -los tíos-, nos fuimos enterando juntos. Ya cuando se veía que a los desaparecidos los asesinaban y desaparecían sus cuerpos sin dejar rastros, dejándolos como desaparecidos eternamente, también me lo fueron contando. Yo lo negaba, necesitaba saber que me iba a reencontrar con mi mamá. De repente escuchaba que estaban en España y tenía ganas de viajar y buscarla. Pero mi tío Tito era el encargado de pincharme los globos y bajarme a la realidad de que no la íbamos a encontrar más, que a lo sumo lo que se podía encontrar eran sus restos, pero que los liquidaban. Este es el cimiento de la desaparición, me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, no vas a tener ni una tumba. Esto opera distinto a haber recuperado el cuerpo de mi papá de poder llevarle unas flores y saber que está ahí. Hoy mi papá está en un nicho y voy de vez en cuando. Tengo que abrir el nicho y ver los huesos, suena muy terrible pero yo tengo a mi papá y no a mi mamá. Mi mamá venía en sueños, no hace mucho la soñé viva». Alan dijo que el testimonio era elocuente porque aún después de cuarenta años Juliana pudo transmitir que esa pérdida irreparable sigue presente.
Luego Iud hizo hincapié en cómo afectó a Juliana la fuga de Alfonso durante cuatro años. «Hasta ésta nueva forma de dolor le hizo pasar Alfonso, de tener que pasar nuevamente por otro juicio pues no tuvo el coraje de enfrentar a la Justicia cuando fue llamado por ella. Alfonso tuvo la capacidad de convertir su representación ante la Justicia como un nuevo agravio a las víctimas».
El próximo martes está previsto que a partir de las 9.30 y hasta las 16 continúen los alegatos de las otras querellas.
Querellantes en la causa contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso.
Los jueces Diego Barroetaveña, Marta Milloc y Marcela Mónica Rodríguez escuchan los alegatos de la querella.
Actualizado 1/11/2017
Oct 26, 2017 | inicio, Vidas políticas
“La Argentina empieza una etapa de reformismo permanente”. El día después de las elecciones legislativas en las que Cambiemos logró consolidarse como fuerza nacional, el presidente Mauricio Macri anunció la convocatoria a un acuerdo multisectorial para avanzar en una amplia agenda político-económica de cambios estructurales.
Bajo el rótulo de Gran Acuerdo Nacional (GAN) -el mismo que utilizó el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse en julio de 1971-, el primer paso de la secuencia propuesta por Macri se dará el lunes próximo. La Casa Rosada ya convocó a gobernadores, legisladores, autoridades judiciales, sindicatos y empresarios a un primer encuentro inaugural en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Las novedades post-electorales no se agotaron en los anuncios y llamados bajo la trillada figura de “Pacto de la Moncloa” vernáculo. El lunes amaneció con un aumento del 10 por ciento en los combustibles. El gobierno ya adelantó que en los meses que siguen hasta el final de 2017 también aumentarán las tarifas de transportes públicos, taxis y prepagas.
Con los aumentos, también se abrirá la etapa de hiper-reformas: fiscal, tributaria y laboral. Una radiografía de la agenda del macrismo y lo que vendrá.
“El camino que tenemos por delante es presupuesto, responsabilidad fiscal, reforma tributaria y debate en la cuestión jubilatoria”, sintetizó el político y economista Claudio Lozano sobre la agenda que el gobierno plantea como urgente. En diálogo con ANCCOM, Lozano describió los primeros indicadores que deja la letra del Presupuesto 2018. “Ese proyecto de gastos para el año que viene habla por sí solo del tarifazo que quieren llevar. Hay recursos y subsidios que indican que vamos a tener aumentos importantes en el gas, la luz y el transporte”, subrayó.
El gobierno adelantó que en los meses que siguen hasta el final de 2017 también aumentarán las tarifas de transportes públicos, taxis y prepagas.
El vínculo y negociación con la CGT y sindicatos es una pieza clave del diálogo que intenta abrir el oficialismo. El ex diputado nacional explicó que el gobierno apuesta a que una parte de la estructura sindical pueda serle “absolutamente funcional para la reducción de los convenios colectivos con los criterios de flexibilización laboral”. Y advirtió: “No necesariamente su tarea pasa por defender a los trabajadores”.
Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) trazó un mapa de perspectivas a partir de las últimas cifras de la economía.
“Aumentó la tasa de interés a 27,75 por ciento; eso garantiza un negocio financiero y enfría a la economía”, subrayó.
“Si la inflación en la Ciudad de Buenos Aires es del 19 por ciento a septiembre, proyectado a fin de año dará 24, la mayoría de las paritarias cerraron por debajo de ese porcentaje”, agregó.
Sin vacilar, Letcher apuntó al “ADN” del macrismo. Explicó que el resultado electoral pudo darle al gobierno una suerte de “luz verde” para avanzar más rápido en “el proceso que ellos llaman ‘ajuste gradual’ o ‘gradualismo’”.
Y explicó: “Lo que sucede es que este proceso no se ajusta al bolsillo de los trabajadores. Algunos medios, cuando hacen referencia al ‘gradualismo’, le dan cierta connotación positiva, una suerte de ‘el cambio debería ser más rápido, pero como la sociedad no se lo banca, se lo distribuimos en cuotas’”.
«Este proceso no se ajusta al bolsillo de los trabajadores», dijo Hernán Letcher, director del CEPA.
Ambos especialistas coincidieron en que la reforma laboral y los cambios en la edad jubilatoria serán dos ejes centrales de la agenda macrista para los próximos meses. “Una fórmula causa-consecuencia”, diagnosticaron.
Lozano explicó que el Congreso tiene en agenda inmediata el tratamiento del Presupuesto Nacional y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, que le pondría un límite al gasto público en los Estados-Provincias. De la mano de eso vendrá un debate sobre cómo modificar los ingresos brutos, y sobre la reducción de aportes patronales. “En ese proceso van a tratar de convencernos de que como el sistema tiene menos recursos, la lógica sería posponer la edad jubilatoria, sobre todo en la mujer”, remarcó el economista.
Por su parte, Letcher consideró que la reforma en la flexibilización laboral no se daría como en Brasil, y que el gobierno trataría de avanzar con los llamados “contratos basura”, famosos en los 90’: relación laboral por tiempo determinado, prueba, renovación a los 90 días.
Además, evaluó que, de llevarse adelante todos estos puntos de la receta, la ampliación de la edad jubilatoria “se llevaría a cabo en un segundo mandato, seguro”, si es que el macrismo logra imponerse en 2019.
“El endeudamiento es el mecanismo que les permite llevar gradualmente esta propuesta. La Argentina toma deuda nueva para pagar la deuda vieja”, amplió Lozano. Y advirtió que esa receta “ha terminado con crisis económica y en conflicto sociales y laborales importantes”.
La reforma laboral y los cambios en la edad jubilatoria serán dos ejes centrales de la agenda macrista para los próximos meses.
Letcher advirtió, sin embargo, que, pese a la predominancia del ´amarillo´en el mapa electoral, el gobierno “va a necesitar de otros espacios políticos” para poder llevar a cabo las reformas y sancionar las leyes correspondientes.
Los primeros indicios de esa negociación y seducción de partes se comenzará a ver el lunes próximo en el CCK, pero comenzarán a tomar cuerpo en la vital reunión con gobernadores que el Presidente tiene previsto realizar el 2 de noviembre. El llamado multisectorial arrancó con arenga: “No tienen que tener miedo de las reformas”, dijo Macri.
Actualizado 26/10/2017
Oct 25, 2017 | DDHH, inicio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en estos días lleva a cabo su 165º período de sesiones extraordinarias en Montevideo, Uruguay, recibió este martes a organismos de Derechos Humanos y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos. “Vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión. El Estado Nacional hizo su descargo representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Szeinfeld. “Rechazamos toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento”, dijo el secretario y aseguró que el gobierno es “víctima de una campaña de desprestigio”.
La audiencia pública comenzó a las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo. Entre los impulsores de la reunión se encontraban la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA); los principales organismos de Derechos Humanos y decenas de agrupaciones sindicales. En primer lugar, se trataron cuestiones relacionadas a la situación de los derechos laborales y gremiales, donde representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, se debatieron problemáticas sobre derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, H.I.J.O.S.- Capital, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros. A través de la lectura de un documento a cargo de Luz Palma Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS; Estela de Carlotto y Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de esa Abuelas, los organismos plantearon sus preocupaciones. “El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional”, comenzó Palma Zaldúa. “Sin embargo, este progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema”, denunció la representante del CELS enumerando distintos casos que evidenciaban una situación de retroceso en materia de Derechos Humanos en los tres poderes del Estado.
La CIDH recibió a organismos de DDHH y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de DDHH cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos.
“El nuevo contexto político y los mensajes del Gobierno nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos Tribunales Orales Federales”, continuó Iud. “El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como “Muiña”, que declaró aplicable a estos procesos la llamada “Ley del 2×1”. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del “2×1” no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, expuso. Luego se refirió a problemáticas como la lentitud del avance de las causas judiciales, la concesión de beneficios a imputados por delitos de lesa humanidad, la absolución de represores y apropiadores, la utilización del procesamiento del ex Jefe del Ejército César Milani como un logro propio del Gobierno, la situación de hostigamiento sufrida por defensores de derechos humanos, el ataque a la independencia de los fiscales –con particular referencia al intento de remoción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó-, y la falta de avances en la investigación por la desaparición de Julio López.
“Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo, no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen”, prosiguió Carlotto. “Fueron resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión, con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un “negocio”. Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, concluyó, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri garantice la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
«La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos», dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.
A continuación, hizo su descargo la comitiva del Estado Nacional. “El Presidente de la Nación ha puesto como faro a la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos -que denominamos ampliada- tiene como sostén fundamental a la memoria, el respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Memoria, verdad y justicia es política de Estado, a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados”, comenzó Avruj. “Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la Teoría de los Dos Demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática, que no queremos volver a vivir el horror de la dictadura. Si se nos llama a responder sobre cifras, debemos reconocerle a la gestión anterior la creación en 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas”, ratificó en justificación de la postura oficialista sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Por último, Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina, remarcó la necesidad de unidad y trabajo conjunto entre ambas partes. “Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas. Pero hay temas que son una verdad histórica, como la dictadura, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y siempre lo estará. En ese sentido, es muy importante a partir de esta audiencia la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia.”
Representantes de CTERA, ATE-Capital, SIPREBA, entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Al finalizar la audiencia, el abogado de Abuelas, Alan Iud, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Planteamos en esta audiencia que las decisiones judiciales sobre causas de lesa humanidad son una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente la implementación del 2×1 como se dio en el “fallo Muiña”. La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos. Esto quiere decir que va a hacer un seguimiento directo sobre estos temas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan de cerca la situación de los Derechos Humanos en Argentina para que, como dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (de la CIDH), no haya regresionismos”, remarcó. Luego, en referencia a las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre la cifra de los desaparecidos, especialmente los recientes dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que durante la década del setenta “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”, agregó: “No deberíamos estar discutiendo estas cosas sino acelerando los procesos judiciales”. Y ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en Argentina tras la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, concluyó: “Las Abuelas y las demás organizaciones nos demostraron que, aun en los momentos más difíciles, se han sobrepuesto y han mantenido su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.
«Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un ‘negocio'», dijo Estela de Carlotto.
«Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas», dijo Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina.
Actualizado 25/10/2017
