Ago 16, 2018 | Comunidad, Novedades
A medida que avanzan los ajustes en el país, sus consecuencias afectan, cada vez más, a los medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Golpeados por un recorte de la pauta publicitaria en febrero, un grupo de ellos, además, recibió una serie de apercibimientos por parte de las autoridades, ante lo cual denunciaron una “persecución política”.
En febrero del 2018 el subsecretario de Comunicación Social del Gobierno porteño, Máximo Merchensky, firmó la resolución 813, la cual rebajó en un 19 por ciento la pauta publicitaria que corresponde a los medios vecinales, de acuerdo con la ley 2587 sancionada hace más de diez años, y afectó la forma de calcular el monto que se debía otorgar a aquellos medios. Mientras que el valor antes correspondía a un porcentaje del valor de la página 7 del diario de mayor tirada de la ciudad- en este caso Clarín- la resolución cambió la forma de cálculo.
“En un país que está proyectando una inflación mayor al 35%, nos estaban disminuyendo el precio de la pauta en un 20%, eso afecta en el sostenimiento de nuestros programas, de los periódicos barriales, las páginas web y hasta incluso el registro de medios cuenta con un canal de televisión, Barricada TV. Los 269 medios, cada uno en la proporción que le corresponde, vieron afectado el valor de la pauta que recibía mes a mes. De alguna manera, un corte como ese es una de las maneras de desfinanciamiento”, afirma Maximiliano Diomedi de FM La Tribu.
Como agravante a este recorte, en agosto de este año, el Registro de Medios Vecinales- creado por la Ley 2587- dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apercibió a 39 producciones radiofónicas, la mayoría pertenecientes a radios comunitarias.
Un apercibimiento corresponde a una advertencia, informando que no se está cumpliendo la ley. Mientras que el apercibimiento es el primer paso, si se continúa incumpliendo los pasos siguientes serían la suspensión y la tercera instancia una expulsión del registro. Esto además afecta a la hora de inscribirse al registro -entre junio y agosto de cada año- ya que no se sabe si ese apercibimiento va a ser utilizado como justificación para no entrar al registro del 2019.
“Entonces lo que nos preocupa más que el apercibimiento en sí mismo, es un incremento del avance que estamos viendo, primero la rebaja, después los apercibimientos y después no queremos que nos digan que 15 medios quedan afuera”, expresa Fernando Tebele de FM La Retaguardia, una de las emisoras apercibidas por uno de sus programas.
Entre las razones de esas medidas se encuentran la supuesta falta de contenido propio o vinculado a la Ciudad de Buenos Aires. Las radios afectadas denuncian la arbitrariedad con la que se realizaron estas medidas y la injusticia de la evaluación que determinó esa sanción.
“Cuando nosotros pedimos los expedientes, nos dimos cuenta que los que habían evaluado lo habían hecho de una manera injusta. De un programa de cuatro horas, habían escuchado una hora y de un programa que se transmite de lunes a viernes lo habían escuchado únicamente un día. No había criterio. Es injusto porque nosotros cumplimos de sobremanera”, afirma Lucas Molinari de Radio Gráfica, otra de las emisoras intimadas por el gobierno porteño.
Las radios afectadas denuncian la arbitrariedad con la que se realizaron estas medidas y la injusticia de la evaluación que determinó esa sanción.
Por su parte, Diomede, de La Tribu, también afectada por el apercibimiento, expresa: “Un 90 % de la producción es propia y un gran porcentaje tiene que ver con cosas que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas porque tenemos un vínculo con los barrios, las comunas, los centros culturales que es muy fuerte. Nosotros visibilizamos un montón de conflictos de la Ciudad, que los grandes medios no toman, eso es lo que hace importante también el rol nuestro y nuestro vínculo con el barrio.”
Por estas razones, los medios radiales afirman que se trata de un tema de persecución política, ya que la mayoría de los apercibidos eran radios comunitarias y eran los que estaban de alguna manera construyendo la protesta por la baja de la pauta publicitaria. Por su parte, la Justicia determinó este lunes 13 de agosto, a través de un fallo del juez Guillermo Scheibler, la suspensión de los efectos de la resolución 813.
Martín Bustamante, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explica los argumentos de la cautelar impulsada por el juez Scheibler. “En primer lugar el gobierno no se ajustó al principio de jerarquía normativa, ya que una resolución no puede modificar una ley, que tiene un rango más elevado”. También afirma que “se afecta a la libertad de expresión y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, justamente porque la comunicación es un derecho humano. Por último, se lesionan los derechos culturales reconocidos en el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley 2176, que afirma que hay que proteger a los medios vecinales y que su sustentabilidad está garantizada por la ley de medios vecinales”.
Después de la denuncia de persecución política realizada ayer, según los integrantes de las emisoras comunitarias, el subsecretario Merchensky se comprometió a evaluar algunos casos puntuales y, si esos estuvieron mal sancionados, prometió dejar sin efecto la medida, además de revisar el resto de las situaciones.
Oct 16, 2017 | Culturas, inicio
Gimena Fuertes, periodista del diario Tiempo Argentino, Natalia Vinelli, directora del canal comunitario Barricada TV y Silvia Martínez Cassina, conductora de televisión en el Grupo Artear, son las protagonistas del documental Sacar la voz: trabajadoras de prensa en tiempos de ajuste, dirigido por Lorena Tapia Garzón, Mariela Bernárdez y Natalina Franco dos Santos. ANCCOM dialogó con las protagonistas y las directoras de la película luego de la exhibición realizada durante la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, en la Sala Gaumont, y antes del fin de semana pasado, cuando fue presentada en el Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Resistencia.
Según un relevamiento realizado entre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) ya son 2.500 los trabajadores de prensa despedidos en los últimos dos años. En ese contexto, Lorena Tapia Garzón y Mariela Bernández también perdieron sus trabajos y coincidieron en un posgrado sobre Comunicación, Género y Sexualidades donde decidieron reflejar su situación personal realizando el mediometraje. “En el relato de ellas también está la situación estructural de la gran mayoría de las trabajadoras de prensa, incluidas nosotras”, reconoce Bernández y continúa: “La perspectiva de género y el enfoque feminista permite ver que, en eso particular y personal, está lo político y lo que se dirime ahí son las relaciones de poder entre los sexos-géneros”.
“Mirando el documental una de las cosas que comentaba era cómo estábamos en el 2013, peleando por paritarias en la puerta del Ministerio de Trabajo, cantando, bailando, riéndonos, festejando”, recuerda Gimena Fuertes.
“La llamamos Sacar la voz porque las compañeras empiezan a encontrarse e identificarse en esos lugares de lucha de poder y de referencia para otras personas, algo que en la mayoría de los casos está relegado a compañeros varones en todos los ámbitos”, reconoce Lorena Tapia Garzón y destaca que desde el momento de filmarse el documental en el 2016, de diez delegadas mujeres la cifra se duplicó durante el último año.
Natalia Vinelli, cofundadora y directora de Barricada TV, se encontraba, en el momento de la realización del documental, en plena lucha por la inclusión del canal en la grilla de la Televisión Digital Abierta tras ser interferido el espacio que le correspondía por la señal de Canal 13. “Lo que me parece interesante es que pudimos mostrar los padecimientos y las dificultades pero también las potencias y las fortalezas que cada una de nosotras para poder decir ‘esto lo digo yo‘, que es algo bastante difícil porque parece que siempre nos cuesta el doble”, señala Vinelli respecto del film.
“Mirando el documental una de las cosas que comentaba era cómo estábamos en el 2013, peleando por paritarias en la puerta del Ministerio de Trabajo, cantando, bailando, riéndonos, festejando”, recuerda Gimena Fuertes quien fue delegada en Tiempo Argentino durante el proceso de vaciamiento del Grupo 23, que culminó con la decisión de los trabajadores de continuar con el diario de forma autogestionada. Además, Fuertes destaca la importancia del surgimiento de SiPreBA: “Este momento es radicalmente diferente de ese otro, donde estábamos peleando por más salario y por mejores condiciones de trabajo. También nos sirve para tomar conciencia de lo que por suerte capitalizamos, porque de toda esta organización quedó algo que es nuestro sindicato”.
Para Vinelli no habría tanta distancia entre su experiencia y la que atraviesa Fuertes al formar parte de la autogestión de Tiempo Argentino: “Estamos en ambos casos apostando por construir un periodismo sin patrón en un doble sentido: sin tener un patrón y al mismo tiempo, poniendo en discusión qué es el periodismo y por qué el periodismo tiene que ser de una determinada manera y no de otra”. Sin embargo, la experiencia se vuelve diferencial cuando se trata de un medio comercial, como lo es, con el caso de Silvia Martínez Cassina, periodista de Canal 13: “Yo tenía una posición más dura producto del contexto de los noventa, donde los periodistas eran los medios. Pero me parece que este material sirve justamente para romper eso y poner en primer plano que somos todas trabajadoras, y que la mejor manera de potenciarnos es trabajando en conjunto contra la bajada de una línea única”.
Natalia Vinelli, directora del canal comunitario Barricada TV.
Martínez Cassina, fue elegida delegada por SiPreBa a fines de 2016, pocos meses después de que en Clarín publicaran una nota que comentaba algunos de sus dichos como un sutil apriete. Dice Fuertes: “Si bien los patrones son patrones, hay algunos que son más agresivos y la pelea contra ellos es mucho más difícil y desgastante como lo es en el Grupo Artear. Yo pensaba: ‘Qué valiente Silvia, yo no sé si me hubiera animado’, me animé a ser delegada pero porque estaba cómoda y estaba contenida por mis compañeros”. Ella agrega que, además, tuvo que disputar el espacio de representación gremial con sus colegas que consideraban que estratégicamente, al ser mujer, no convenía que ella fuera a discutir condiciones con Sergio Szpolski, el dueño del medio.
“Ojalá yo pudiera lograr con mis compañeros hablar de igual a igual como lo hace Gimena. Hay una convivencia que es difícil porque hay algunos que tal vez opinan, que quieren trabajar, quieren luchar, pero que tienen miedo porque a la vez quieren escalar una posición y lograr un crecimiento laboral”, remarca Martínez Cassina que agrega: “Para aquellos trabajadores que estamos en un medio que tenemos patrón, el tema de la autocensura está dentro nuestro y es una de los principales trabas. Entonces se trata de libertad, y de ahí sí, viene sacar la voz”.
Martínez Cassina, fue elegida delegada por SiPreBa a fines de 2016, pocos meses después de que en Clarín publicaran una nota que comentaba algunos de sus dichos como un sutil apriete.
Actualizado 17/10/2017
Sep 13, 2017 | Trabajo
En los barrios late la comunicación comunitaria, esa alejada de los grandes conglomerados mediáticos. ANCCOM recogió voces de aquellos que apuestan por otro tipo de medios, en un contexto nacional de indiferencia hacia el sector, luego de la alteración de aspectos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Aunque la realidad de todas las emisoras comunitarias no sea la misma, muchas de ellas solo cuentan con premisos provisorios y dependen de los escasos recursos que le brinda su comunidad. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), advierte: “La situación de las radios comunitarias es complicada, veníamos en un proceso de fortalecimiento, sobre todo en articular las políticas públicas y la aplicación de fomento para medios comunitarios, que fueron desandadas por el actual gobierno”. Además, con la disolución del AFSCA, se disolvió el Consejo Federal donde los medios comunitarios tenían participación y representación.
FM Moreno (FM90.1) funciona desde el año 1987, su señal tiene un alcance en todos los barrios de la localidad y está nucleada a FARCO, quien gestiona sus recursos y le provee el equipamiento. La programación está realizada, en su mayoría, por gente vinculada a la comunicación y a la cultura. “Nosotros tenemos programas de producción propia, de contenido político y cultural, que va dirigido a un público de sectores profesionales o con una formación educativa completa”, afirmó su presidente, Martín Raffo, quién dijo que esto se puede realizar gracias a algunos programas específicos que alquilan sus espacios, lo que permite no estar dependiendo de la publicidad para tener la radio en funcionamiento.
Otra emisora es la realidad de FM REC (FM89.5), activa desde el año 2014. Sus instalaciones están dentro de la escuela pública de gestión social Creciendo Juntos. La programación está hecha íntegramente por docentes y alumnos de jardín de primaria y secundaria.“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explica Juan Brunati, docente y programador.
Aunque todavía no tienen un público bien definido, intentan abarcar todos los sectores de la comunidad, por eso difunden hechos de la actualidad, acontecimientos y contenidos de la escuela. Además hacen cortinas en guaraní, ya que muchos de sus alumnos y gente del barrio provienen de Paraguay y de provincias del litoral.
“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explicó Juan Brunati, docente y programador.
“La garantía de una comunicación democrática se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”, afirmó Antonini.
En este sentido, para solventar los gastos de mantenimiento FM REC tuvo que crear un club de oyentes: el pago de una cuota mensual de 30 pesos permite acceder a un carnet con un número de socio que sirve para participar de un sorteo a fin de mes. De este modo, se busca incentivar la colaboración y participación de alumnos, padres y maestros. “Esto es algo que está hecho a pulmón, en su momento estaba el Estado para equiparar la balanza entre lo privado y estatal, sino tenés acompañamiento se hace difícil”, expresó Juan Giménez, director de nivel secundario de la escuela Creciendo Juntos.
El problema más grave por el cual tuvieron que atravesar algunas de las radios comunitarias, fue por la nueva política llevada adelante por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En los temas que habíamos avanzado retrocedimos –aseguró Antonini- y encima aparecieron temas que creíamos superados para siempre, como son los cierres de emisoras y decomisos de equipos, de manera que la situación es complicada”.
Una de las radios que se vio afectada fue FM Ocupas (FM88.3), del barrio de Trujuy, ubicada dentro del predio de la Asociación Ocupas, que ofrece talleres a más de sesenta personas que tienen diferentes discapacidades. Funcionarios de ENACOM intentaron decomisar el equipo de la emisora, argumentando que producía interferencia al servicio del aeródromo Mariano Moreno, por lo que procedieron a desconectarla.
El conflicto se potenció porque en muchos de los programas radiales estaban las voces de los integrantes de la agrupación, así como también la de los profesores, trabajadores sociales y vecinos del barrio. Por eso el apoyo y la protesta fueron masivos, tanto desde sectores políticos y sociales como de diferentes organismos de medios de la comunicación.
Susana Rubino, coordinadora general de Ocupas, precisó:“Pasaron 57 días y no se expidieron. FARCO nos acompañó a hacer la presentación, donde hacíamos un descargo y como no se expidieron, nosotros continuamos”. Aún con cierto temor pero en el aire, contó que no bajaron los brazos y aunque perdieron muchos de sus anunciantes, otros espacios se abrieron y ahora se valen de la realización de festivales barriales y de las publicidades de pequeños anunciantes que todavía conservan.
Finalmente, las adversidades por las que pasan los integrantes de las emisoras potencian aún más sus ganas de querer comunicar. Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas y vecino del barrio, afirmó: “Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”. No pretenden ser un multimedio, sólo quieren tener un espacio para comunicar sus ideas, donde haya una diversidad de voces y una impronta regional, pero con estética profesional.
Por supuesto, el rol del Estado es fundamental. “La garantía de una comunicación democrática –señaló Antonini- se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”.
“Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”, dijo Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas.
Actualizada 12/09/2017
Ago 30, 2017 | Deportes
Entre megáfonos, parlantes y gritos de grupos que practicaban un “picadito”, la consigna de la “comunicación es un derecho” se hizo eco este lunes en todos los rincones y resonó en el Congreso de la Nación. Allí, justo frente al Parlamento, organizaciones sociales, políticas, sindicales y académicas volvieron a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dieron inicio formal a la campaña #Dalepelota, una iniciativa promovida por la Coalición por una Comunicación Democrática en defensa del derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional.
La celebración del Día de la Radiodifusión y la conmemoración de la iniciativa ciudadana de los 21 Puntos por una comunicación democrática sirvieron de marco al reclamo.
La radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) instaló sus bases en la Plaza y realizó la transmisión abierta. Por su micrófono pasaron dirigentes del Sindicato de Medios Gráficos, representantes de la Coalición, integrantes de CONADU y CTERA y dirigentes sociales, entre otros. Todos reiteraron el reclamo por la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que el presidente Mauricio Macri firmó para desarticular siete ejes clave de la Ley de Medios.
Primero llegaron los gazebos. De un lado Radio FARCO, y a su derecha la Coalición. ¿En el medio? Dos canchitas de fútbol. En una, un “mano a mano”, y en la otra un equipo contra otro. Bajo la consigna “el que gana sigue”, un equipo de futbolistas mujeres se hicieron locales. No había hombres que pudieran ganarles. Alrededor de la radio, ciudadanos que filmaban, escuchaban los reclamos y asentían con la cabeza. A la transmisión abierta se sumaban, a cada minuto, nuevas adhesiones.
En medio del bullicio y de los parlantes que se preguntaban a viva voz “¿dónde está Santiago Maldonado?, Susana Pachecoy, integrante de la Coalición, actualizó los alcances del reclamo. “Esta idea surge para defender los derechos que habían sido conquistados y que no se cumplen a partir de las últimas regulaciones”, subrayó en diálogo con ANCCOM. Además, enfatizó la necesidad de entender a la comunicación como un “derecho humano”.
#Dale Pelota: una jornada organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática para la conformación de los nuevos 21 puntos.
El reclamo quedó ampliado por los integrantes de otras dos movilizaciones que se realizaron en la zona casi en simultáneo: el abrazo a las Madres de Plaza de Mayo y la marcha para condenar los casos de “gatillo fácil”. Por detrás de la instalación de FARCO había otra carpa que pertenecía a los trabajadores de PepsiCo que también se sumaron con dos interrogantes: “¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está la libertad de expresión?”.
Las convocatorias tenían ejes distintos, pero cada una de ellas se fusionaban en un punto: el Estado es responsable. Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió: “Estamos claramente en un escenario político donde los grandes grupos comunicacionales juegan a favor de las políticas neoliberales. La sociedad debe tomar conciencia”.
El fútbol como metáfora, como símbolo, y la creatividad como estrategia, fueron las medidas de visibilidad de un conflicto que trae consigo el reclamo “por los 3.000 despidos de trabajadores de medios, la precarización laboral, y el desentendimiento del Estado en la producción nacional”, explicó el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras.
“Este reclamo cobra dimensión en un contexto difícil por la pérdida de políticas públicas en lo educativo, el cierre de las radios escolares, de programas socio-educativos y la cooptación nefasta del gobierno de los medios de comunicación”, completó Alejandro Demichelis, secretario de Prensa de CTERA, en una de las tantas intervenciones “al aire”.
La transmisión de la radio abierta y en vivo, rodeada de gente que se sumaba en el transcurso de la tarde, interrumpía los espacios de debate con un breve relato deportivo, desde el campo de juego. Allí, todas las voces expresaban el descontento por la decisión del gobierno de que el fútbol vuelva “a manos de unos pocos, no como acá en la Plaza que es un fútbol para todos”.
Actualizada 30/08/2017
Ago 29, 2017 | Comunidad
Cumplir la ley. Ese fue el pedido de trabajadores de emisoras FM sin fines de lucro, el viernes pasado, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en octubre de 2009 pero aun sin su plena ejecución. Es que, entre sus diversos artículos, no se está cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la ley: “La administración de espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”. Y en este sentido, el 33 por ciento del espectro radioeléctrico destinado a los medios privados sin fines de lucro, como se dispone en el artículo 89, no se ha ejecutado en la práctica. De aquí, el pertinente reclamo de los trabajadores de medios comunitarios al ENACOM.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro. Unas quince personas -la pequeña cantidad fue intencional debido a que la idea no era lograr una llamativa movilización, sino reclamar de la forma más pacífica posible- se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, ante la atenta mirada de los policías encargados de la seguridad del ENACOM. Inés Farina, periodista de Radio Sur, contó a ANCCOM instantes previos a la presentación del escrito: “Antes de ingresar al ENACOM para presentar el reclamo, nos juntamos afuera y la policía nos vino a preguntar quiénes éramos. Después, cerraron las puertas de acceso pero nos dijeron que nos iban a dejar pasar”. A su vez, otro trabajador de Radio Sur, Leonel Martín, planteó: “Vinimos a hacer una presentación formal de pedido de apertura de concurso para radios sin fines de lucro, porque está vigente el artículo de la ley que establece que el Estado debe garantizar y reservar un 33 por ciento del espectro para las emisoras sin fines de lucro y esto no se está cumpliendo”.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro.
Finalmente, pasadas las 10.30, cuatro trabajadores pudieron ingresar al ENACOM. En la cobertura del hecho, el único medio audiovisual que se hizo presente fue Barricada TV, otro medio alternativo y popular que logró, a finales de junio de este año, salir al aire con alcance hacia toda la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV y pionera en los estudios sobre comunicación alternativa, también estuvo acompañando el reclamo. En diálogo con ANCCOM manifestó: “Siempre vamos a exigirle al Estado que se abran los concursos de licencias para las radios comunitarias. Los canales comunitarios tienen todo preparado para la apertura de los concursos, que es, en definitiva, la demanda histórica del sector”. Consultada por la importancia de los medios alternativos, explicó que se trata de la posibilidad de que “circulen otras voces y, sobre todo, otras fuentes que no suelen ser consultadas por los medios tradicionales”. Y enseguida agregó: “Sin medios comunitarios, no hay democracia, porque los medios comunitarios pueden poner en circulación opiniones, miradas del mundo, perspectivas, que no son las que habitualmente nos encontramos en los medios tradicionales y que, en general, son el elemento que constituye la opinión pública”.
A las 11, los trabajadores representantes de las radios comunitarias salieron del edificio. Entre algunos aplausos y saludos, Mariano Randazzo relató la experiencia: “Vinimos a pedir que el Estado legalice nuestra experiencia de comunicación. Las radios comunitarias, alternativas y populares, son alegales, es decir, tienen la vocación de ser legales pero el Estado no arbitra mecanismos para que esto suceda”. Sin embargo, luego reveló cuál fue el verdadero objetivo de la presentación escrita: “Sabemos que no nos van a dar la licencia pero queremos tener un paraguas legal porque en el contexto de este gobierno, nuestras radios corren peligro. Esto se ha visto en otras emisoras en las que se han incautado equipos”. Ante la pregunta de si percibía una posible presión de los medios comerciales para que no se cumpla la ley, Randazzo contó que el espectro radioeléctrico está saturado y que los medios comerciales están excedidos en su potencia: “El Estado, como un actor imparcial, debería limitar esas potencias, llevar a cabo el plan técnico y reservar un tercio del espacio para los medios sin fines de lucro. Queremos que la ley nos incluya, queremos ser legales. Nosotros existimos, queremos que el Estado nos reconozca”, cerró el referente de la concentración.
“Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”.
Otro de los puntos del reclamo fue el pago del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un dinero que el Tesoro Nacional destina, a través de la LSCA, a fomentar la comunicación sin fines de lucro. Es que los FOMECA 2015 no se han terminado de pagar en su totalidad, mientras que los correspondientes al 2016 fueron convocados recién en este año, tras una movilización de los trabajadores de emisoras comunitarias. Ni hablar de los FOMECA 2017. “Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”, señaló Leonel Martín y continuó: “Todo esto en contra de una política que consiste en un mecanismo redistributivo, que puede favorecer la democratización de la palabra y de los medios”. Inés Farina se expresó en el mismo sentido: “Me parece que se está siguiendo una línea política nacional y es lo que se observa en el recorte de los FOMECA”. “Con la creación del ENACOM, se hace un organismo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo, con mucho menos participación de otros sectores que no sean del gobierno y por lo tanto, menos democrática la aplicación de las políticas que debe regular el ENACOM”, sintetizó Martín.
La periodista Farina hizo saber a ANCCOM: “Un pueblo democrático es un pueblo que pueda garantizar que la gente se junte y pueda tener proyectos colectivos y eso enaltece a un sociedad. No es que somos comunitarios porque no nos queda otra, somos comunitarios porque lo elegimos”.
Actualizada 30/08/2017
